Consejo Titu Lares v. Galerias Ponceñas

98 TSPR 43

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: April 16, 1998
• Docket: RE-1995-16
• Status: Published

Opinion

En el Tribunal Supremo de Puerto Rico

Consejo de Titulares del Condominio Galerías Ponceñas Demandante-Recurrido Revisión

.V TSPR98-43

Galerías Ponceñas Incorporado

Demandado-recurrente

Número del Caso: RE-95-16

Abogados Parte Demandada-recurrente: Lic. Miguel Limeres Grau Parra, Del Valle, Frau & Limeres

Abogados Parte Demandante-recurrida: Lic. Luis Muñiz Arguelles Lic. Evelyn Benvenutti Toro

Abogados Parte Interventora:

Tribunal de Instancia: Superior, Sala de Ponce

Juez del Tribunal de Primera Instancia: Hon. Julio Alvarado Ginorio

Tribunal de circuito de Apelaciones:

Juez Ponente:

Fecha: 4/16/1998

Materia:

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Consejo de Titulares del Condominio Galerías Ponceñas

Demandante-Recurrido

v. RE-95-16 Revisión

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Hernández Denton

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de abril de 1998.

El presente recurso nos permite resolver si un

Presidente de la Junta de Directores de un edificio sujeto

al régimen de propiedad horizontal necesita el

consentimiento previo del Consejo de Titulares como

condición para incoar una acción judicial en

representación de dicho cuerpo. Además, nos permite

expresarnos en relación a los remedios que posee una Junta

de Directores de un condominio para evitar que un titular

poseedor de más del cincuenta y un porciento de las

participaciones en los elementos comunes del edificio

pueda abrogarse un poder de veto en las deliberaciones que

le afectan directamente y así impedir que se inicien

procedimientos judiciales en su contra. I.

El Condominio Galerías Ponceñas [en adelante el Condominio] consiste

de un edificio de dos pisos sometido al régimen de propiedad horizontal

mediante la escritura pública número 116 otorgada el 9 de noviembre de

1984 ante el notario Enrique A. Vicens. El primer piso está constituido

por quince (15) locales dedicados a actividades comerciales. El segundo

piso, por su parte, está identificado en la Escritura Matriz como "área

privada abierta" y en la actualidad es utilizado en su totalidad como

área de estacionamiento para vehículos. El mismo comprende un por ciento

de participación equivalente al 57.652 por ciento del total de

participaciones del edificio, de las cuales la recurrente Galerías

Ponceñas Incorporado [en adelante Galerías Ponceñas] es la única titular.

Ésta, además, es dueña de uno de los locales ubicados en el primer piso,

cuya participación es de 4.019 por ciento del total de las

participaciones, la que sumada a su participación en el segundo piso,

equivale a un 61.671 por ciento del total de las participaciones en el

Condominio.

En enero de 1993, el señor Juan Rivera Chévere, como Presidente de

la Junta de Directores y en representación del Consejo de Titulares del

Condominio Galerías Ponceñas [en adelante Consejo de Titulares], presentó

tres demandas independientes contra Galerías Ponceñas. A cada demanda,

el tribunal de instancia le asignó un número diferente.

En el caso Civil Número 93-0004, el Consejo de Titulares reclamó el

pago de $120,204.42 que alegó le adeudaba Galerías Ponceñas por concepto

de cuotas de mantenimiento atrasadas. El caso Civil Núm. 93-0013

consistió de una acción confesoria de servidumbre mediante la cual el

Consejo de Titulares solicitó al tribunal que determinara que era titular

de una servidumbre de paso sobre un predio de terreno que colinda por el

área este del Condominio que pertenece a Galerías Ponceñas. Por último,

en el caso Civil Núm. 93-0014, solicitó al tribunal que declarara nula la

cláusula novena de la Escritura Matriz del Condominio, la cual reserva a Galerías Ponceñas varios derechos sobre el edificio.1 Oportunamente, el

foro de instancia consolidó los recursos para todos los propósitos.

Galerías Ponceñas contestó las tres demandas en un sólo documento.

En éste planteó como defensa afirmativa, entre otras, la incapacidad

legal de Rivera Chévere para instar las reclamaciones judiciales ya que,

a su juicio, no contaba con autorización alguna para ello por parte del

Consejo de Titulares. Posteriormente, presentó una solicitud de sentencia

sumaria en la que reafirmó esta alegación,2 amparado en los Artículos I,

II, III y V del Reglamento sobre Administración del Edificio.3

1 La referida cláusula establece una reserva de derechos a favor de la recurrente, Galería Ponceñas, en cuanto a lo siguiente: (A) El derecho de superficie y de espacio aéreo sobre el "CONDOMINIO GALERIAS PONCEÑAS", al igual que se reserva el derecho de uso de los cimientos y paredes maestras del edificio, troncales principales, (sic) para agua, electricidad, alcantarillado y todas aquellas facilidades necesarias para la construcción en el futuro de aquellas plantas adicionales sobre el edificio que le sea permitido a tenor con la Reglamentación de la Administración de Reglamentos y Permisos de Puerto Rico (ARPE) a tales efectos;

(B) El derecho de utilizar el corredor o pasillo en la planta baja así como la franja de terreno cubierta de cemento en la parte posterior del edificio, identificadas en el Plano de Inscripción como "Common Hallway" y "Rear Patio" respectivamente, para dar acceso a cualquier edificación que en el futuro le sea permitido construir por la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE);

(C) El derecho de construir un nuevo edificio o hacer mejoras en la franja de terreno cubierta de cemento en la planta baja del edificio, e identificada en el Plano de Inscripción como "Rear Patio", que en un futuro le sea permitido construir por la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE). 2 Con ese fin, transcribió algunas de las respuestas dadas por Rivera Chévere a un interrogatorio que le había cursado. Específicamente, a la pregunta número 7 éste respondió lo siguiente: "El Consejo de Titulares no fue convocado a una reunión para discutir los hechos alegados en las demandas radicadas con los números JCD-93-0004; JAC-93-0013 y JAC-93- 0014". 3 Los referidos artículos establecen lo siguiente: Art. I: Se adopta este Reglamento de conformidad con las disposiciones de la ley número ciento cuatro (104) de veinticinco de junio de mil novecientos cincuenta y ocho, según enmendada por la ley número ciento cincuenta y siete (157) de cuatro de junio de mil novecientos setenta y seis, ley de Propiedad Horizontal y quedará sujeto a todas las disposiciones de dichas leyes [...].

Art. II: Ante este cuadro, la Junta de Directores convocó una reunión del

Consejo de Titulares el 27 de agosto de 1993 con el objetivo de que los

condóminos ratificaran la presentación de las demandas. En ella,

Galerías Ponceñas estuvo debidamente representada. Sin embargo, según

alega, Rivera Chévere le impidió ejercer la totalidad de los votos a los

que tenía derecho según su participación en el condominio, ya que tan

sólo le permitiría votar por su participación correspondiente al local

ubicado en el primer piso, en relación al cual la Junta de Directores

estimaba no había deuda alguna pendiente.

Luego de oponerse a este curso de acción, el representante de

Galerías Ponceñas abandonó la reunión. Surge del expediente que los

condóminos presentes en esa ocasión ratificaron la actuación del

Presidente de la Junta de Directores.

Posteriormente, Galerías Ponceñas presentó en el Tribunal de Primera

Instancia una demanda en la que impugnó las decisiones tomadas en la

asamblea del 27 de agosto de 1993 bajo el fundamento de que, al tomar los

acuerdos, la Junta no cumplió con el criterio de mayoría para su adopción

según lo establece el Reglamento de Administración del Edificio. Al

respecto, adujo que posee una participación como dueño de área privada

equivalente al 61.671 por ciento de la superficie del Condominio y que al

no participar en la reunión, la suma de las participaciones

Todos los dueños de los locales comerciales o áreas privadas o existentes actualmente en dicha propiedad o que advinieran dueños en el futuro, arrendatarios, futuros arrendatarios, o sus empleados y cualquier otra persona que residan [sic] en ellos o los utilicen quedan sujetos y obligados por este Reglamento [...].

Art. III: Los titulares de los locales comerciales o áreas privadas constituirán la junta de Administración a la cual corresponderá tomar acuerdos pertinentes a la administración del edificio, tales como fijación del presupuesto de gastos [...].

Art. V: Los acuerdos de la Junta de Administración se adoptarán por mayoría, esto es, con el voto de por lo menos la mitad más uno de los titulares cuyos locales comerciales o áreas privadas a su vez representen el cincuenta y un por ciento de participación en los elementos comunes [...]. correspondientes a los presentes sólo alcanzaba el 38.33 por ciento de

participación en la totalidad del condominio, lo que, a su juicio, no

configuraba la mayoría requerida para que los acuerdos tomados fueran

válidos.

Ambas partes solicitaron al tribunal que emitiera sentencia sumaria

a su favor: Galerías Ponceñas en cuanto a su demanda de impugnación y el

Consejo de Titulares en cuanto a las restantes reclamaciones. Así las

cosas, el Tribunal de instancia emitió por separado una resolución y dos

sentencias parciales. En la resolución determinó que procedía consolidar

la demanda de impugnación con la reclamación de cobro de dinero ya que, a

su juicio, para adjudicar ambas controversias debía determinar si

Galerías Ponceñas estaba obligada a pagar el 57.652 por ciento, por

concepto de su participación en el segundo piso del edificio, de la suma

de $36,000.00 anuales fijada por el Consejo de Titulares para el pago del

mantenimiento de áreas comunes. Además, en esta resolución expresó que

era necesaria la presentación de prueba testifical para hacer las

determinaciones de hechos correspondientes. En vista de ello, el foro de

instancia declaró no ha lugar la solicitud de las partes en cuanto a

estas dos reclamaciones.

Por su parte, en las sentencias parciales, dicho foro consideró de

forma separada las reclamaciones restantes. En cuanto a la acción

confesoria de servidumbre determinó que conforme surgía de los documentos

presentados por las partes, el Consejo de Titulares había demostrado que

en efecto se había constituido una servidumbre de paso a su favor en el

predio de terreno perteneciente a Galerías Ponceñas.4 En la otra

4 Es preciso destacar que en la sentencia en la que fue adjudicada la acción confesoria de servidumbre, el Tribunal de instancia hizo referencia a una previa resolución en la que otro magistrado había declarado no ha lugar una solicitud de sentencia sumaria de Galerías Ponceñas amparada en la incapacidad legal del Presidente de la Junta de Directores del Condominio para instar la reclamación. Véase, Apéndice de la Petición de Certiorari, a la pág. 91. La resolución aludida concluyó que el planteamiento de Galerías Ponceñas era inmeritorio porque el Consejo de Titulares del Condominio ratificó la gestión de su Presidente en la asamblea realizada el 27 de agosto de 1993.

Advertimos que en esta resolución, el tribunal de instancia adjudicó sentencia, adjudicó sumariamente la reclamación a favor del Consejo de

Titulares, por lo que declaró nula la cláusula novena de la Escritura

Matriz del Condominio.5

Denegada una solicitud de reconsideración, Galerías Ponceñas acudió

ante nos para que examinemos ambas sentencias parciales. En su escrito

plantea que "[h]abiendo concluído [sic] el Tribunal de Primera Instancia

que existía una controversia real en relación con la existencia o no de

la deuda en la cuota de mantenimiento, ello tiene el efecto de afectar

directamente las demás demandas radicadas [...]". Petición de Revisión, a

la pág. 4. Al respecto, plantea como único error que:

Erró el Tribunal Recurrido al resolver que hay una controversia real sobre la existencia o no de deuda de pago de cuota de mantenimiento y dicta sentencia sumaria a favor del recurrido cuya capacidad legal para demandar ha sido impugnada y está sujeta a que se determine si existe o no deuda para justificar negarle el derecho a votar en la junta de Condómines [sic] a lo recurrentes.

Oportunamente, ordenamos al Secretario de este Tribunal que

expidiera el correspondiente mandamiento de revisión dirigido al tribunal

a quo. Eventualmente, las partes presentaron sus alegatos. Resolvemos.

sólo el planteamiento de la alegada incapacidad legal del señor Rivera Chévere para instar las reclamaciones iniciales contra Galerías Ponceñas, aspecto que fue traído por ésta mediante moción de sentencia sumaria. Esta resolución no adjudicó el planteamiento de Galerías Ponceñas, señalado en la demanda de impugnación presentada el 10 de octubre de 1993, en términos de que los acuerdos tomados en la reunión del 27 de agosto no eran válidos, por la reunión no haber cumplido con el criterio de mayoría que establece el reglamento del Condominio. Esta controversia fue la que el foro de instancia señaló que ameritaba ser considerada de forma consolidada con la reclamación en cobro de dinero y que aún resta por resolver. 5 Debemos aclarar que las sentencias recurridas no se denominan sentencias parciales. Sin embargo, queda claro que el foro de instancia consolidó las tres reclamaciones instadas por el Consejo de Titulares. De este modo, cualquier adjudicación final de cualesquiera de estas reclamaciones constituiría una sentencia parcial, cuya finalidad estaba sujeta a que se cumpliera con lo dispuesto en la Regla 43.5 de las de Procedimiento Civil. En este extremo, el juez de instancia debía concluir expresamente que no existía razón alguna que impidiera adjudicar de forma final la reclamación, y ordenar expresamente la notificación de la sentencia parcial. Hemos examinado detenidamente las sentencias parciales recurridas. Aunque en ellas el juez de instancia omitió expresar que no había razón alguna que impidiera la adjudicación de forma final de ambas reclamaciones, esta omisión, aunque incide sobre la finalidad de ambas sentencias parciales, no altera la jurisdicción que posee este Tribunal sobre el recurso. Véase, Asociación de Propietarios v. Santa Bárbara Co., 112 D.P.R. 33 (1982). II.

En síntesis, Galerías Ponceñas alega que la ratificación de la

presentación de las tres reclamaciones en su contra efectuada en la

asamblea de condóminos del 27 de agosto de 1993 no fue realizada de

acuerdo al Reglamento de Administración del Edificio que requiere que los

acuerdos del Consejo sean aprobados mediante el voto de una mayoría de

los condóminos, esto es, mediante "el voto de por lo menos la mitad más

uno de los titulares cuyos locales comerciales o áreas privadas a su vez

representen el cincuenta y un por ciento de participación en los

elementos comunes [...]". Reglamento de Administración del Edificio,

Art. V.

Señala que al abandonar dicha reunión, y ya que posee un 61 por

ciento de las participaciones de los elementos comunes del edificio, el

total de participaciones correspondientes a los titulares presentes en la

asamblea era menor al 50 por ciento del total de las participaciones del

edificio. Por ello, afirma que cualquier acuerdo allí tomado es nulo ya

que las decisiones no cumplieron con el criterio de mayoría adoptado en

el Reglamento de Administración del Edificio.

A la luz de lo anterior, ante nos aduce que ya que la causa para su

exclusión de la reunión fue la alegada deuda por concepto de cuotas de

mantenimiento, aspecto, que según el foro de instancia está en

controversia y "requiere el desfile de prueba testifical", era

improcedente adjudicar mediante sentencia sumaria las demás reclamaciones

en su contra. Afirma que en la eventualidad de que se determinara que su

exclusión de la reunión de ratificación fue infundada, todos los acuerdos

allí tomados, incluyendo el propio acuerdo de ratificación de los

procedimientos judiciales, carecerían de validez. Como resultado de lo

anterior, su planteamiento de incapacidad legal de Rivera Chévere para

demandarla, prevalecería. Al respecto señala:

asumamos que luego de escuchar la prueba el Tribunal de Primera Instancia concluye que efectivamente para agosto de 1993, Galerías Ponceñas, Inc. tenía derecho a votar en dicha reunión con su participación de 61% de la superficie de la totalidad de los condominios y el negarle dicho derecho al voto fue contrario, a lo establecido por el Reglamento y la Ley.

Esa conclusión, a su vez tendría el efecto de anular todas las decisiones tomadas por la junta de Condómines [sic] en agosto de 1993, entre las cuales estaba la ratificación de las demandas radicadas en el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Ponce, [...], ya que la mayoría de los condómines [sic] del Condominio Galerías Ponceñas no habrían autorizado la radicación de todas estas demandas.

A juicio de Galerías Ponceñas, en buena práctica judicial

adjudicativa, el foro recurrido debió resolver previamente su demanda de

impugnación y la controversia de hechos que ese foro alegó que existía en

cuanto a la deuda, para determinar si su exclusión del proceso de

votación en cuanto a la participación que adeudaba según la Junta, fue

correctamente efectuada.

De entrada es preciso aclarar que aunque Galerías Ponceñas parece

entender que ante nos tan sólo ha planteado un asunto meramente procesal,

queda patente que toda su argumentación parte del supuesto de que,

conforme al ordenamiento jurídico que rige en materia de propiedad

horizontal, un Presidente o funcionario de la Junta de Directores de un

edificio sometido a este régimen está obligado a obtener el

consentimiento de los titulares del condominio como condición previa para

utilizar el cauce judicial en nombre del Consejo de Titulares. Atendamos

esta interrogante.

III.

La Ley de Propiedad Horizontal, Ley Núm. 104 del 23 de junio de

1958, según enmendada por la Ley Núm. 157 de 4 de junio de 1976, 31

L.P.R.A. secs. 1291 et seq., establece un esquema de manejo y

administración de los edificios organizados a su amparo en el cual el

Consejo de Titulares es el "organismo supremo del régimen con

personalidad jurídica". Alvarez Figueredo v. González Lamela, Opinión y

Sentencia de 14 de julio de 1995, 138 D.P.R. ___ (1995). Constituye el

cuerpo deliberativo y normativo encargado de tomar las decisiones de

trascendencia para los condóminos. Distinto al Consejo de Titulares, el Director o la Junta de

Directores, según sea el caso, constituye "el órgano ejecutivo de la

comunidad de titulares". Art. 38-D, 31 L.P.R.A. sec. 1293b-4. Su función

básica es dirigir y supervisar "la gestión administrativa del edificio de

acuerdo a las directrices contenidas en la escritura, en el Reglamento y

en los acuerdos del Consejo de Titulares". Michel J. Godreau, El

condominio; el régimen de propiedad horizontal en Puerto Rico 111 (1992).

Es preciso advertir, sin embargo, que "[t]odas sus decisiones, e incluso

el propio cargo como director, están sujetos a la voluntad del Consejo de

Titulares". Id.

Como puede apreciarse, en el esquema creado por la Ley de Propiedad

Horizontal el Consejo de Titulares y la Junta de Directores son

organismos distintos. De entre éstos, la personalidad jurídica la

ostenta el Consejo de Titulares, no la Junta de Directores. Arce Preston

v. Caribbean Home Construction Corp., 108 D.P.R. 225 (1978). Esta

personalidad jurídica capacita al Consejo de Titulares para instar

acciones ante los tribunales dentro del ámbito de las atribuciones que la

Ley le confiere. En este contexto, "[l]a parte actora del colectivo será

siempre el Consejo de Titulares, representado por quien la Ley faculte

para hacerlo". Michel J. Godreau, Personalidad jurídica, legitimación

activa y propiedad horizontal: capacidad legal de la junta de directores

y del Presidente para llevar acciones a nombre del condominio, 64 Rev.

Jur. U.P.R. 481, 485 (1995), [en adelante Michel J. Godreau, Personalidad

jurídica].

Queda claro, sin embargo, que la personalidad jurídica que ostenta

el Consejo de Titulares y que lo capacita para instar procedimientos

judiciales en su nombre no le otorga la facultad de demandar ni lo

convierte en demandado en cualquier tipo de procedimiento en el que esté

involucrado un titular del Condominio o algún asunto que pueda tener

relación con éste. Como en toda acción presentada por una persona o

entidad con personalidad jurídica, para que el Consejo de Titulares pueda

comparecer ante los tribunales como entidad es preciso que esté legitimado para ello, ya sea porque la propia Ley de Propiedad

Horizontal, como fuente primaria de legitimación, así lo disponga, o

porque se satisfacen los criterios jurídicos que al respecto hemos

establecido. Noriega Rodríguez v. Hernández Colón, Opinión y Sentencia de

18 de marzo de 1994, 135 D.P.R. ___ (1994); Hernández Torres v. Hernández

Colón, Opinión y Sentencia de 31 de enero de 1992, 129 D.P.R. ___ (1992);

Colegio de Ópticos v. Vani Visual Center, 124 D.P.R. 559 (1989). Sin

embargo, la legitimación del organismo, si bien es condición necesaria

para acudir ante los tribunales, no resuelve la controversia en relación

a si la Junta de Directores del Condominio o su Presidente necesitan

obtener el consentimiento previo del Consejo de Titulares para acudir a

los tribunales en representación de éste.

La Ley de Propiedad Horizontal nada dispone sobre este aspecto.6

Tan sólo expresa que: "[e]l Presidente [de la Junta de Directores]

representará en juicio y fuera de él a la comunidad en los asuntos que la

afecten [...]". Art. 38; 31 L.P.R.A. sec. 1293b (a)(1).

En Condominio Profesional San Juan Health Centre v. P.R.F. Inc.,

Opinión y Sentencia de 27 de mayo de 1993, 133 D.P.R. ___ (1993),

consideramos una controversia similar a la que nos ocupa. Allí, al

considerar la impugnación judicial de cierta reserva de derechos

establecida en la Escritura Matriz del Condominio Professional San Juan

Health Centre a favor del desarrollador del edificio, indicamos que, al

instar la reclamación, el Presidente de la Junta de Directores del

Condominio actuó en nombre del Consejo de Titulares. Indicamos que el

hecho de que uno de los titulares no estuviera de acuerdo con el curso de

acción judicial tomado por la Junta de Directores en nombre del Consejo

de Titulares no equivalía a que la acción judicial no hubiese sido

instada por el Consejo de Titulares por conducto del Presidente de la

6 Debemos advertir que no estamos considerando la facultad de alguno de los condóminos de instar procesos judiciales en su carácter personal. Tan sólo consideramos la validez de acudir al foro judicial por parte del Director o de la Junta de Directores a través de su Presidente, en representación del Consejo de Titulares de un condominio. Junta. Expresamos, además, que la personalidad jurídica que ostenta el

Consejo de Titulares lo capacita para "ejercer sus derechos, tomar

ciertas determinaciones y a incurrir en obligaciones, incluso por encima

de la voluntad individual de una minoría de sus miembros, siempre y

cuando actúe conforme a la Ley y dentro del ámbito de sus finalidades".

Id. Véase además, Consejo de Titulares v. Vargas, 101 D.P.R. 579, 587

(1973).

Luego de analizar las disposiciones de la Ley de Propiedad

Horizontal, concluimos que las atribuciones conferidas por ley a la Junta

de Directores,

necesariamente implican la facultad para acudir a los tribunales en representación de la comunidad de titulares con el fin de exigir el cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Propiedad Horizontal respecto a asuntos que afectan a aquella y en relación a los cuales la misma decide actuar conforme la capacidad jurídica que se le reconoce para ello. San Juan Health Centre v. P.R.F., Inc., supra, (énfasis suplido).

Más tarde, en Junta de Directores del Condominio Montebello v.

Fernández, Opinión y Sentencia de 31 de mayo de 1994, 136 D.P.R. ___

(1994), consideramos si era válida la acción de una Junta de Directores

de un condominio de acudir a los tribunales para solicitar que se pusiera

en vigor una orden administrativa del D.A.C.O.. Al responder esta

pregunta en la afirmativa, señalamos que la Ley de Propiedad Horizontal

le conferían a la Junta de Directores la facultad de velar por el

cumplimiento de las normas relativas a los elementos comunes generales

del inmueble, y expresamente la autorizaban a cumplir y hacer cumplir las

disposiciones de la propia Ley de Propiedad Horizontal y del Reglamento

del edificio. En vista de ello, expresamos que tales deberes podían

"razonablemente interpretarse como una autorización a recurrir a los

tribunales". Aunque en esa ocasión fue el cuerpo directivo del Consejo

de Titulares quien tramitó el pleito judicial, la parte realmente

concernida lo era el Consejo de Titulares, único órgano que posee

personalidad jurídica y que en esa ocasión estaba legitimado para

comparecer ante los tribunales. No obstante, en los casos anteriores no nos expresamos en términos de si un Presidente de una Junta de Directores

o en su defecto, el Director Ejecutivo, debe obtener el consentimiento

previo de los condóminos para poder acudir al foro judicial en

representación del Consejo de Titulares.

El profesor Michel Godreau se ha expresado sobre el tema que nos

ocupa. A su juicio, requerirle a un Presidente de una Junta de

Directores una previa aprobación del Consejo de Titulares para instar un

proceso judicial debe depender del tipo de acción judicial de que se

trate. Michel J. Godreau, Personalidad jurídica, supra, a la pág. 495.

Afirma que aunque la mejor práctica sería obtener el previo

consentimiento del Consejo de Titulares para incoar una acción, pueden

surgir instancias en las cuales es preciso acudir a los tribunales con

premura, por lo que resulta enteramente razonable acudir al cauce

judicial sin notificarlo a los condóminos. No obstante, aconseja que en

tales casos "la Junta o el Presidente deben actuar de acuerdo a las

normas de razonabilidad y de sana administración y decidir el curso a

seguir, procurando notificar al Consejo con la premura que el caso

amerite". Id. Asimismo afirma que "[e]n todo caso [...] el Presidente o

la Junta, en su caso, deben procurar que el Consejo de Titulares

ratifique su gestión". Id.

En este contexto, y ante las múltiples y diversas situaciones que

pueden surgir en el manejo de los asuntos de un edificio sometido al

régimen de propiedad horizontal, Godreau plantea la siguiente

alternativa:

la mejor viabilización de los intereses del Régimen de Propiedad Horizontal se logra estableciendo una presunción iuris tantum de que la Junta o el Presidente del Condominio están autorizados por el Consejo de Titulares cuando incoan la acción a nombre del Consejo o cuando comparecen en defensa de éste. Como presunción rebatible debe estar sujeta a impugnación. Adviértase que esta presunción no derrota la necesidad de que el Presidente o la Junta obtengan el consentimiento del Consejo. Decir que la autorización es necesaria no significa que la acreditación de la misma constituya condición sine qua non para que el Presidente o la Junta puedan comparecer ante un tribunal. La función de la presunción es en realidad la de facilitar las relaciones del Consejo frente a terceros. Sólo en los casos que la otra parte en la controversia cuestione con fundamentos la ausencia de autorización consideraríamos necesario acreditar la misma. Id. a la pág. 496 (énfasis suplido) (notas al calce omitidas).

Reconocemos que esta alternativa podría salvaguardar el poder del

Consejo de Titulares, como organismo supremo del régimen, frente a la

posibilidad de actuaciones de la Junta de Directores que no sean

refrendadas por la mayoría de los titulares. Sin embargo, estimamos que

una lectura del texto de la ley revela que la facultad del Presidente de

la Junta de Directores de acudir a los tribunales sin el consentimiento

previo del Consejo de Titulares está razonablemente implícito, al menos,

en aquellas facultades que la ley le delega de forma expresa.

El artículo 38-D de la Ley de Propiedad Horizontal establece los

deberes y facultades del organismo ejecutivo de un condominio, ya sea un

Director o una Junta de Directores. Un análisis de estas facultades y

deberes revela que en algunas de ellas el legislador claramente señaló

que su cumplimiento efectivo requería la participación del Consejo de

Titulares. Véase Art. 38-D, incisos (b), (f) y (g), 31 L.P.R.A. sec.

1293b-4 (b), (f) y (g). En otras, el legislador no hizo tal salvedad.

Así por ejemplo, la facultad de cobrar a los titulares las cuotas con las

que deben contribuir a los gastos comunes, constituye una facultad

conferida de forma expresa por el legislador al Director o a la Junta de

Directores que no fue condicionada a la intervención oportuna del Consejo

de Titulares.7

Tal distinción se fundamenta en la naturaleza de la facultad

conferida y en virtud de la agilidad que la Legislatura pretendió

conferirle a la Junta de Directores en el descargo de los deberes

impuestos. Por ello, y dada la regularidad con la que tales facultades

deben realizarse, resulta perfectamente entendible que para ejercerlas no

se requiera una previa intervención del Consejo de Titulares.

7 El Art. 38-D(d) establece que será facultad del Director, o en su defecto, de la Junta de Directores: "Cobrar a los titulares las cantidades con que deben contribuir a los gastos comunes y realizar los demás cobros y pagos que sean necesarios, extendiendo los correspondientes recibos y cheques". 31 L.P.R.A. sec. 1293b-4(d). De igual forma, las múltiples situaciones que pueden surgir como

parte de la administración de un edificio sujeto al régimen de propiedad

horizontal requiere que de ordinario la Junta de Directores tenga a su

disposición aquellos mecanismos que viabilicen el cabal cumplimiento de

sus deberes. Acudir al foro judicial para lograr el efectivo ejercicio

de las facultades conferidas expresamente por ley y cuyo ejercicio no

está condicionado por el estatuto a la intervención del Consejo de

Titulares, evidentemente es uno de esos mecanismos. En vista de lo

anterior, resolvemos que el Director, o en su defecto el Presidente de la

Junta de Directores, no necesita obtener el consentimiento del Consejo de

Titulares para acudir a los tribunales con el propósito de lograr el

efectivo cumplimiento de las facultades que la Ley de Propiedad

Horizontal le confiere de forma expresa y cuyo cumplimiento no fue

condicionado por la Asamblea Legislativa a intervención alguna del

Consejo de Titulares. En este tipo de acciones, el Director o el

Presidente de la Junta de Directores no necesitan la intervención

oportuna del Consejo de Titulares para que su gestión sea válida, siempre

que la Junta lo autorice.

La norma que hoy establecemos es claramente consecuente con el

principio de interpretación legislativa "que exige que los estatutos se

interpreten tomando en consideración los fines que persiguen y la

política pública que los inspira". Alvarez Figueredo v. González Lamela,

supra; véase además, Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513 (1991). Sin

embargo, un aspecto debe quedar claro. Como norma general, la

presentación de una reclamación judicial en nombre del Consejo de

Titulares conlleva gastos para el patrimonio de este organismo.

Asimismo, pudiera ser que determinada gestión judicial que sea realizada

como parte inherente del ejercicio de las facultades conferidas de forma

expresa por ley, y que a juicio de la Junta de Directores amerita

incurrir en los gastos que el litigio conlleva, no sea refrendada por la

mayoría de los condóminos. Por ello, lo resuelto hoy por este Tribunal

no excluye el deber del Director y la Junta de Directores, según sea el caso, de informar a los condóminos dentro de un período de tiempo

razonable de la acción seguida.

Tampoco infringe el poder del Consejo de Titulares en los asuntos

que le conciernen. Como cuerpo deliberativo supremo dentro del régimen

de la horizontalidad, la determinación de acudir a los tribunales por

parte del Director o del Presidente de la Junta de Directores para hacer

efectivas las facultades que la Ley de Propiedad Horizontal les confiere

expresamente no es absoluta. La misma queda siempre sujeta a la voluntad

del Consejo de Titulares, organismo que conserva el poder de utilizar

aquellos mecanismos que la propia Ley de Propiedad Horizontal y nuestro

ordenamiento jurídico les confiere para alterar el curso de acción

seguido por el cuerpo directivo.

Por otro lado, en las instancias en las que el Presidente de la

Junta de Directores considere apropiado acudir a los tribunales en

representación del Consejo de Titulares en relación a asuntos que la Ley

de Propiedad Horizontal no le ha delegado de forma expresa, estimamos

prudente la intervención oportuna del Consejo de Titulares. No obstante,

dada la diversidad de situaciones que pudieran ameritar recurrir al cauce

judicial para proteger los intereses del Consejo de Titulares, así como

la premura con la que en ocasiones se debe actuar, estimamos viable

canalizar la necesidad de esta intervención adoptando la propuesta del

profesor Godreau. En este sentido, en los casos en que la gestión

judicial no es realizada como consecuencia del ejercicio de facultades o

deberes impuestos de forma expresa al Presidente o a la Junta de

Directores, operará una presunción rebatible a favor del Presidente de la

Junta de Directores en términos de que se encuentra autorizado para

acudir a los tribunales en representación del Consejo de Titulares. Si

la parte adversa logra controvertir tal presunción con fundamentos,

compete al Presidente o a la Junta de Directores demostrar al Tribunal

que posee la autorización necesaria en este tipo de acciones, ya sea

demostrando que el Consejo de Titulares prestó previamente su

consentimiento, u obteniendo la ratificación de su actuación dentro de un período de tiempo razonable. Véase, Regla 15.1 de las de Procedimiento

Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III R. 15.1; véase además, Ríos Rosario v. Vidal

Ramos, Opinión y Sentencia de 30 de junio de 1993; 134 D.P.R. ___ (1993).

De esta forma, se brinda flexibilidad a la gestión directiva del cuerpo

administrativo de los condominios, a la vez que se minimiza la

posibilidad de actuaciones arbitrarias de su parte.

Ahora bien, a la luz de todo lo anterior ¿estaba facultado el

presidente de la Junta para instar las acciones que son objeto de

revisión y que el tribunal de instancia adjudicó mediante sentencia

sumaria? Examinemos las reclamaciones que fueron adjudicadas

sumariamente y que son objeto del presente recurso.

IV.

En la acción confesoria de servidumbre el Consejo de Titulares

reclamó la constitución de una servidumbre de paso en un predio de

terreno colindante con el Condominio y que pertenece a Galerías Ponceñas.

Se trata de un predio de terreno que no forma parte del Condominio.

Según lo antes resuelto, el Presidente de la Junta de Directores

posee facultad para acudir al cauce judicial para cumplir con aquellas

facultades y deberes que la Ley de Propiedad Horizontal o el Reglamento

de Administración del Edificio le han conferido expresamente. La acción

confesoria de servidumbre no es enmarcable dentro del alguna de estas

facultades. No nos parece que sea una gestión meramente administrativa o

de buen gobierno. Véase Art. 38-D(a), 31 L.P.R.A. sec. 1293b-4(a).

Tampoco parece ser una medida requerida para la conservación del

inmueble, aunque de serlo, el texto del Art. 38-D(g), sugiere que se

requiere la intervención del Consejo de Titulares.8

Por otro lado, de los autos tampoco surge que tal facultad le haya

sido conferida a la Junta por el Consejo de Titulares en su Reglamento de

8 El referido artículo dispone que será deber del Director o de la Junta de Directores: "Atender a la conservación del inmueble y disponer de las reparaciones ordinarias y en cuanto a las extraordinarias, adoptar las medidas necesarias dando inmediata cuenta al Consejo". 31 L.P.R.A. sec. 1293b-4(g). Administración. En vista de ello, estimamos que la presentación de la

acción confesoria de servidumbre requería la intervención oportuna del

Consejo de Titulares.

En el caso de autos, no medió una previa intervención de ese

organismo. No obstante, al acudir a los tribunales, y ser cuestionada la

capacidad del Presidente para así obrar, correspondía a éste demostrar al

tribunal que el Consejo de Titulares refrendaba ese proceder. Una de los

medios que tenía a su disposición para ello era obteniendo la

ratificación de su actuación por parte del Consejo de Titulares.

Esta parece ser la situación ocurrida en el caso de autos. Una vez

Galerías Ponceñas planteó como defensa afirmativa la incapacidad legal

del Presidente de la Junta de Directores para instar la reclamación, fue

convocada una asamblea de condóminos para la ratificación de la gestión

del Presidente de la Junta. No obstante, los acuerdos tomados en esa

asamblea fueron impugnados por Galerías Ponceñas y hasta el momento dicha

impugnación no ha sido adjudicada por el foro de instancia. Por ello, y

ante el hecho de que la acción confesoria de servidumbre no puede ser

concebida como parte del ejercicio de facultades expresamente conferidas

por ley al Presidente o a la Junta de Directores, estimamos que en buena

práctica judicial el foro de instancia debió considerar inicialmente la

controversia sobre la facultad que tenía el Presidente de la Junta para

instar esa reclamación, y una vez evaluada tal facultad, debía proceder a

adjudicarla.

No tenemos ante nos copia del acta de la asamblea del 27 de agosto

de 1993 en donde se detallan los acuerdos tomados por el Consejo de

Titulares. Tampoco tenemos el expediente de los casos pendientes ante el

foro de instancia de forma que podamos evaluar cabalmente la procedencia

de los planteamientos de Galerías Ponceñas. En vista de ello,

corresponde revocar esta sentencia y devolver el caso al tribunal de

instancia para que luego de adjudicar la demanda de impugnación, ese foro

resuelva la procedencia de la acción confesoria de servidumbre. Véase,

Alvarez Figueredo v. González Lamela, supra, (en donde devolvimos el caso al foro de instancia para determinar si un acuerdo de sobreelevación

había sido adoptado por unanimidad).

La sentencia sumaria parcial en la que el foro de instancia resolvió

que la cláusula novena de la Escritura Matriz del Condominio es nula,

requiere hacer el mismo análisis.

V.

La Ley de Propiedad Horizontal establece que los acuerdos del

Consejo de Titulares estarán subordinados a la propia Ley de Propiedad

Horizontal, a las disposiciones del Reglamento de Administración que

adopte y a lo preceptuado en la Escritura Matriz. La Escritura Matriz

constituye, así, una de las fuentes que rigen la conducta del Consejo de

Titulares y cuyas disposiciones viene obligado a obedecer. El sitial

preferente de la Escritura Matriz dentro del régimen de la horizontalidad

también queda manifestado en la Ley de Propiedad Horizontal al ésta

establecer que cualquier alteración al uso de un apartamento, según

fijado en ella, tan sólo podrá ser efectuada mediando el voto unánime del

Consejo de Titulares. Art. 2, 31 L.P.R.A. sec. 1291.9 Por lo anterior,

de ordinario constituiría un contrasentido que se le reconociera a la

Junta de Directores la facultad de acudir a los tribunales para solicitar

un remedio que tenga el efecto de enmendar el Reglamento de

Administración o la Escritura Matriz sin el consentimiento del Consejo de

Titulares, único cuerpo con capacidad en ley para alterarlos. Más aún,

cuando una acción de esta naturaleza es instada para cuestionar de forma

específica el Reglamento de Administración o la Escritura Matriz, cuyas

disposiciones la Ley de Propiedad Horizontal impone al Presidente el

deber de cumplir y hacer cumplir. Véase, Michel J. Godreau, Capacidad

Legal, supra, a la pág. 497.

9 El Art. 2 de la Ley de Propiedad horizontal fue enmendado por la Ley Núm. 153 de 11 de agosto de 1995, la cual, entre otras cosas, alteró este requisito para sólo requerir el voto de por lo menos 75 por ciento de los titulares que a su vez representen el 75 por ciento de los elementos comunes. Sin embargo, esta ley fue derogada por la Ley Núm. 43 de 21 de mayo de 1996, lo que tuvo el efecto de restablecer el estado de derecho anterior, y por ende, de restablecer el requisito de unanimidad para realizar la referida alteración. Sin embargo, estas fuentes del régimen de propiedad horizontal no

tienen la misma jerarquía entre sí. De entre ellas, la Ley de Propiedad

Horizontal posee primacía, por lo que cualquier disposición claramente

contraria a sus disposiciones que contenga la Escritura Matriz o el

Reglamento de Administración sería nula. Por tal razón, cuando la Ley de

Propiedad Horizontal impone a la Junta de Directores el deber de

"[c]umplir y hacer cumplir las disposiciones de esta ley, del reglamento

y los acuerdos del Consejo de Titulares", Art. 38-D(i), 31 L.P.R.A. sec.

1293b-4(i), le impone a ese cuerpo directivo la expresa obligación de

velar porque aún las disposiciones de la Escritura Matriz y del

Reglamento de Administración sean consecuentes con la Ley de Propiedad

Horizontal.

De este claro deber impuesto sobre la Junta de Directores se deriva

la facultad que ese organismo y su Presidente poseen para acudir a los

tribunales para vindicar lo preceptuado en la Ley de Propiedad

Horizontal. Estimamos que para así obrar, el Presidente de la Junta de

Directores del Condominio Galerías Ponceñas no requería el consentimiento

previo del Consejo de Titulares. Por ello, no erró el foro de instancia

al adjudicar sumariamente la acción de nulidad de la cláusula de la

Escritura Matriz en disputa, sin previamente resolver la demanda de

impugnación instada por la corporación Galerías Ponceñas. Tal

adjudicación no era necesaria para resolver sumariamente este caso, ya

que el Presidente de la Junta de Directores del Condominio podía acudir

al tribunal en representación del Consejo de Titulares para instar una

acción en donde "se cuestiona[ba] la validez de una cláusula de la

escritura matriz, que se alega[ba] viola[ba] precisamente la Ley de

Propiedad Horizontal". Condominio Profesional San Juan Health Centre v.

P.R.F. Inc., supra.

La eventual reunión realizada por el Consejo de Titulares en la que

se discutió la presentación de la demanda, constituyó notificación

adecuada a los condóminos sobre la acción judicial tomada por la Junta de

Directores. No surge de los autos, que alguno de los miembros, con excepción del representante de Galerías Ponceñas, se opusiera al curso de

acción seguido.

En vista de lo anterior, y por el hecho de que para considerar este

señalamiento de error no es necesario considerar la validez de los

fundamentos de derecho esbozados por el foro de instancia para resolver

que la referida cláusula era nula, confirmamos la sentencia sumaria

parcial que al respecto emitió ese foro.

VI.

La decisión que hoy tomamos requiere que se devuelva el caso al foro

de instancia para procedimientos ulteriores. Sin embargo, debemos

aclarar varios aspectos que deben guiar la adjudicación final que

eventualmente realice el tribunal recurrido.

El Consejo de Titulares del Condominio instó tres reclamaciones

judiciales contra Galerías Ponceñas. En una de ellas se le exigió el

cumplimiento de su obligación de pagar cuotas de mantenimiento; en otra,

se solicitó al tribunal la imposición de un gravamen sobre un predio de

terreno de su pertenencia, lo que en última instancia la coloca en

posición de reconocer sobre su patrimonio derechos reales a favor

terceros; y en la restante, se solicitó al tribunal que declarara nula

cierta reserva de derechos contenida a su favor en la Escritura Matriz.

Según surge de los autos, el único titular que se ha opuesto a la

presentación de las tres reclamaciones, y que además reclama participar

en la asamblea que al respecto fue realizada, es la recurrente Galerías

Ponceñas. Esta, por su parte, nos plantea que para excluir a una persona

de las votaciones en una asamblea de condóminos habría que obtener una

previa orden judicial para lo cual, a su vez, habría que realizar una

asamblea en donde una mayoría de titulares, poseedora de más del

cincuenta y un porciento de participaciones en el edificio, refrende tal

proceder. Bajo este esquema, lo que parece ser un simple ejercicio

democrático en el seno del Consejo de Titulares se convierte en un

ejercicio fútil cuando el titular contra el cual el Consejo de Titulares pretende dirigir la acción judicial es el único poseedor de más del

cincuenta y un por ciento de las participaciones del edificio y al

pretender participar en esa votación, actúa de forma contraria al

principio de buena fe. No podemos refrendar esta posición.

Como se sabe, es un principio del derecho de profundo arraigo dentro

de nuestro ordenamiento jurídico que las personas deben obrar conforme a

la buena fe en el ejercicio de los derechos y privilegios que les son

reconocidos. Véase Art. 1210 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A.

sec. 3375; véanse además, Arts. 1042, 1043, 1049, 1051 y 1054; 31

L.P.R.A. secs. 2992, 2993, 3013, 3015 y 3018. Este principio constituye

un criterio de conducta derivado de imperativos éticos socialmente

existentes, Arthur Young & Company v. Virgilio Vega III, Opinión y

Sentencia de 24 de mayo de 1994, 136 D.P.R. ___ (1994); Levy v. Autoridad

de Edificios Públicos, Opinión y Sentencia de 15 de marzo de 1994, 135

D.P.R. ___ (1994), que trasciende la esfera contractual. Michel J.

Godreau Robles, Lealtad y buena fe contractual, 58 Rev. Jur. U.P.R. 367

(1989).

De igual forma, nuestro ordenamiento jurídico impone a las personas

el deber de dar fiel cumplimiento a las obligaciones en las que incurren.

Ambos son principios jurídicos estrechamente vinculados que matizan todo

nuestro esquema jurídico.

Si validáramos la posición de Galerías Ponceñas nos encontraríamos

ante la situación de que, en casos como el de autos, un titular poseedor

de más del cincuenta y un por ciento del total de las participaciones en

un condominio se abrogaría un poder de veto en las deliberaciones que lo

afectan directamente. Esto equivaldría a dejar al arbitrio del deudor el

cumplimiento de sus obligaciones. Véase, Art. 1068 del Código Civil, 31

L.P.R.A. sec. 3043. Equivaldría a sostener una posición que violenta el

principio de buena fe en el cumplimiento de las obligaciones que socava

el espíritu de rectitud que debe imperar en el proceso deliberativo del

Consejo de Titulares. Además, implicaría refrendar un flagrante abuso de

derecho por parte del titular o titulares que, para incumplir sus obligaciones, puedan impedir que el Consejo de Titulares inicie

procedimientos judiciales en su contra para proteger los intereses de los

restantes condóminos. Véase, Carmelo Campos Cruz, Consideraciones en

torno a la aplicación de la doctrina del abuso del derecho en el ámbito

de la Propiedad Horizontal, 63 Rev. Jur. U.P.R. 887 (1994).

En consecuencia, resolvemos que en situaciones como la de autos, en

las que un titular posee una participación mayoritaria en los elementos

comunes y, a su vez, pretende ejercer sus derechos como titular en una

forma que constituye un claro abuso de derecho, la Junta de Directores

está facultada para excluirlo de las votaciones que realice para obtener

el consentimiento del Consejo de Titulares para instar procedimientos

judiciales en su contra, y para excluir su participación en los elementos

comunes del edificio en el cómputo que se realiza para determinar la

concurrencia de mayoría, según ésta es definida en la Ley de Propiedad

Horizontal y en el Reglamento de Administración. Este proceder evitaría

que, en circunstancias como la de autos, una actuación abusiva por parte

de un titular impida que el Consejo de Titulares actúe según sus mejores

intereses.

Lo anterior nos convence de que en el presente caso, Galerías

Ponceñas debe ser excluida de la votación en donde se buscaba ratificar

la actuación de acudir ante los tribunales en una acción confesoria de

servidumbre en su contra, y su participación en los elementos comunes no

debe ser considerada en la determinación de si se satisfizo el criterio

de mayoría adoptado en el Reglamento del edificio. Considerar su

participación, constituiría conferirle poder de veto a esa gestión de una

forma claramente abusiva, lo que impediría que el Consejo de Titulares

pudiera reclamar ante los tribunales un derecho que de ordinario

cualquier otra persona natural o jurídica podría reclamar. Se trata de

una actuación que infringe el principio de buena fe, más aún cuando una

de las alegaciones que se ha hecho en el foro de instancia es que

Galerías Ponceñas adeuda dinero al Consejo de Titulares por concepto de

cuotas de mantenimiento. VII.

Por los fundamentos que anteceden, revocamos la sentencia sumaria

parcial en la que el foro de instancia determinó que el Condominio

Galerías Ponceñas era poseedor de una servidumbre de paso sobre un predio

de terreno perteneciente a la corporación Galerías Ponceñas, y

confirmamos la sentencia sumaria parcial en la que declaró nula la

cláusula novena de la Escritura Matriz del referido condominio. El foro,

de instancia, además, procederá a adjudicar la acción confesoria de

servidumbre de conformidad con lo aquí resuelto.

Federico Hernández Denton Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Demandantes

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico a 16 de abril de 1998.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte de la presente Sentencia, se expide el auto solicitado en el caso de epígrafe. Se revoca la sentencia sumaria parcial emitida en el caso Civil Núm. 93-0013 y se devuelve el caso al tribunal de instancia para procedimientos ulteriores compatibles con lo expuesto en la Opinión del Tribunal.

Se confirma la sentencia sumaria parcial emitida en el caso Civil Núm. 93-0014.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Rebollo López concurrió sin Opinión escrita. El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri disintió sin Opinión escrita. El Juez Asociado señor Corrada del Río no intervino.

Isabel Llompart Zeno Secretaria del Tribunal Supremo