EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Cobra Acquisitions, LLC Certiorari Peticionario
v. 2022 TSPR 104
Municipio de Yabucoa; Autoridad de 210 DPR ____ Energía Eléctrica, Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Recurridos
Número del Caso: AC-2021-35
Fecha: 15 de agosto de 2022
Tribunal de Apelaciones:
Panel III
Abogados de la parte peticionaria:
Lcdo. Javier Rivera Longchamps Lcda. Mariana Ortiz Colón
Abogados de la parte recurrida:
Lcdo. Luis Francisco Colón Conde Lcdo. Carmen De. Conde Torres Lcda. Luisa S. Valle Castro
Materia: Ley de Municipios Autónomos y Procedimiento Civil - No es necesario agotar remedios administrativos cuando se cuestiona la autoridad de un municipio para cobrar un arbitrio de construcción; cuando una parte solicita un remedio en la alternativa que debe agotar remedios administrativos, y no los agotó, el Tribunal deberá desestimar el caso.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Cobra Acquisitions, LLC
Peticionario
v. AC-2021-0035
Municipio de Yabucoa; Autoridad de Energía Eléctrica, Estado Libre Asociado de Puerto Rico
La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez emitió la Opinión del Tribunal
En San Juan, Puerto Rico, a 15 de agosto de 2022.
En esta ocasión debemos resolver si un contratista
debe agotar los remedios administrativos cuando
pretende impugnar la facultad de un municipio para
cobrar el arbitrio de construcción de una obra por
encargo de una corporación pública. Ello mientras
también cuestiona la cantidad impuesta por dichos
arbitrios.
Por los fundamentos que exponemos, se resuelve que
cuando se cuestiona la autoridad de un municipio para
cobrar un arbitrio de construcción, no es necesario
agotar remedios administrativos. Asimismo, resolvemos
que si una parte solicita un remedio en la alternativa
que debe agotar remedios administrativos, y no los AC-2021-0035 2
agotó, el Tribunal deberá desestimar el caso.
I
Debido a los daños que causó el paso de los huracanes
Irma y María a la infraestructura del país y al sistema de
distribución y transmisión de energía eléctrica de la
Autoridad de Energía Eléctrica (“AEE”), el 19 de octubre de
2017 la AEE y Cobra Acquisitions, LLC (“Cobra”)1 suscribieron
un contrato de Emergencia para la Reconstrucción de la Red
Eléctrica de la AEE. Luego suscribieron un segundo contrato
extendido el 26 de mayo de 2018 con vigencia hasta el 29 de
mayo de 2019 (en conjunto y en lo sucesivo ambos contratos
denominados “Contratos”).
Como parte de los esfuerzos de recuperación y
restablecimiento del sistema eléctrico de Puerto Rico, la
AEE, conforme a los Contratos, le solicitó a Cobra que
trabajase en la demarcación geográfica del Municipio de
Yabucoa (“Municipio”). Desde el 2017 hasta el 25 de mayo
2019, Cobra realizó los servicios de restablecimiento y
recuperación a la red eléctrica para la AEE. Cobra no
presentó una Declaración de Actividad de Construcción ante
el Municipio previo a proveer sus servicios. El Municipio
tampoco la reclamó.
1 Cobra es una compañía foránea de responsabilidad limitada organizada bajo las leyes del Estado de Delaware y debidamente autorizada por el Departamento de Estado para hacer negocios en Puerto Rico. A tenor con lo dispuesto en los Contratos, Cobra se comprometió a proveer mano de obra, supervisión, herramientas, equipo y materiales necesarios para realizar los servicios de restauración en varias localizaciones de servicio de la AEE tras el paso de los huracanes por Puerto Rico. AC-2021-0035 3
Cobra adujo que el 20 de marzo de 2018 recibió una carta
del Director de Finanzas del Municipio. En esta, le comunicó
a Cobra que recibió, inicialmente, dos facturas del proyecto
de energización en Yabucoa. Expuso que, como las dos facturas
fueron por la cantidad total de $9,000,000.00, correspondía
el pago del 5% por concepto de arbitrios de construcción.2
Por otra parte, el 15 de agosto de 2018 la Oficina
Central de Recuperación y Reconstrucción de Puerto Rico
emitió un memorando a todos los contratistas que trabajaban
en el restablecimiento del sistema eléctrico del país para
que le sometieran todos los requerimientos de pago de
contribuciones que habían solicitado los municipios. De
conformidad, Cobra envió el requerimiento y oportunamente
informó al Municipio. El 1 de octubre de 2018 el Municipio
le requirió información a Cobra y solicitó copia de las
facturas y certificaciones de trabajos hechos en Yabucoa.
Además, requirió copia de los contratos entre Cobra y la AEE
para trabajos en el Municipio y evidencia de pago de los
arbitrios de construcción conforme a la Ley Núm. 81-1991,
conocida como la Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico,
según enmendada, 21 LPRA ant. sec. 4001 et seq. (“Ley de
Municipios Autónomos”).
El 14 de noviembre de 2018, notificada el 27 del mismo
mes, el Municipio expidió una Notificación Preliminar de
2 Según Cobra, el Municipio le comunicó que la Ordenanza Municipal Núm. 21, Serie 2005-2006, establece que todo proyecto hasta $15,000,000.00 pagaría un 5% de Arbitrios de Construcción y, de sobrepasar los $15,000,000.00, se cataloga como un megaproyecto y se cobraría un 7% por concepto de Arbitrios de Construcción del total facturado por el proyecto. Véase Demanda, Apéndice, pág. 7. AC-2021-0035 4
Deficiencia - Arbitrios de Construcción.3 El Municipio expuso
que, tras estimar en $400,000,000.00 los trabajos de
construcción hechos en Yabucoa bajo los contratos de
construcción con la AEE, procedía aplicar el 7% de arbitrio
de construcción.4 En consecuencia, el Municipio requirió el
pago de arbitrios de construcción por un total de
$28,000,000.00.5 Tras la ausencia de pago por parte de Cobra,
el 11 de enero de 2019 el Municipio le envió a esta una
Notificación Final de Deficiencia de Arbitrios de
Construcción y le instruyó de su derecho de revisión
judicial.
El 30 de enero de 2019 Cobra le solicitó al Municipio
que reconsiderara la determinación preliminar de las alegadas
deficiencias en concepto de arbitrios. En la alternativa,
solicitó que se celebrara una vista para presentar sus
argumentos. En la solicitud, Cobra adujo que la Notificación
Preliminar no indicaba la base utilizada para determinar la
cuantía exigida en cobro de los arbitrios, no enunciaba bajo
qué contrato exigían el pago, el periodo comprendido para
los arbitrios, las partidas ajustadas, el concepto de la
partida exigida ni la fase a la cual pertenecían. Además,
solicitó que se aclararan los cómputos y fundamentos para la
alegada deficiencia dado que no se desprendían de las
comunicaciones cursadas.
3 Apéndice, págs. 22-23. 4 Íd. 5 Íd. AC-2021-0035 5
Posteriormente, Cobra le entregó al Municipio el detalle
de las facturas por los servicios realizados de conformidad
con los Contratos. El 17 de julio de 2019 se celebró la vista
que Cobra solicitó en la Oficina del Director de Finanzas
del Municipio. Luego, el 5 de agosto de 2019 el Municipio le
cursó a Cobra una segunda Notificación Final de Deficiencia
de Arbitrios de Construcción. En esta, el Municipio expuso
que la actividad de construcción tributable era de
$178,451,578.50, por lo que procedía aplicar el arbitrio del
7% y, por tanto, Cobra le debía a la municipalidad el total
de $12,491,610.50. Además, se le advirtió a Cobra que,
conforme al Art. 2.007(e) de la Ley de Municipios Autónomos,
supra, era un requisito jurisdiccional efectuar el pago de
la deficiencia notificada como condición para atender
cualquier demanda de impugnación de la determinación final.
Inconforme, el 26 de agosto de 2019 Cobra presentó una
Demanda de sentencia declaratoria contra el Municipio, la
AEE y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (“ELA”) sobre
pago de arbitrios de construcción. En esta, cuestionó
principalmente la facultad del Municipio para imponerle un
arbitrio de construcción por constituir una imposición
contributiva sobre la AEE. Solicitó que se le aplicara la
exención en el pago de arbitrios de construcción de la cual
goza la AEE por virtud de la Ley de la Autoridad de Energía
Eléctrica de Puerto Rico, Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941,
22 LPRA sec. 191 et seq. y la Ley de Municipios Autónomos,
supra. Conjuntamente, requirió que se le ordenara al AC-2021-0035 6
Municipio cancelar la deficiencia por concepto de arbitrios
de construcción y que se le impusiera el pago de honorarios
de abogado por temeridad. En la alternativa, solicitó que se
ordenara al Municipio reducir la deficiencia por aquella
cantidad que realmente haya constituido alguna obra o
actividad de construcción.
En respuesta, el Municipio presentó una moción de
desestimación de la demanda por falta de jurisdicción sobre
la materia. Argumentó que Cobra tenía que pagar la deuda bajo
protesta como requisito para que el foro primario tuviera
jurisdicción. Para el Municipio, debido a que Cobra no pagó
bajo protesta, no había culminado el trámite en el foro
municipal de forma que se cumpliera con la doctrina de
agotamiento de remedios administrativos por lo que el
Tribunal General de Justicia carecía de jurisdicción. Adujo,
además, que la exención reclamada por Cobra era inaplicable
por lo que esa entidad no se encontraba exenta del pago de
los arbitrios de construcción.
Cobra se opuso a la desestimación y argumentó que no
tenía la obligación jurídica de pagar el arbitrio que
reclamaba el Municipio bajo el fundamento de que sería
permitir de forma indirecta el cobro de arbitrios que está
vedado hacer directamente a la AEE. Asimismo, arguyó que no
tenía que completar el procedimiento administrativo
dispuesto en el Art. 2.007 de la Ley de Municipios, supra,
porque no impugnaba la cantidad, sino la autoridad del
Municipio de imponerle arbitrios de construcción por obras AC-2021-0035 7
realizadas. En consecuencia, tenía derecho a acudir al foro
primario.
El 27 de marzo de 2020 el Tribunal de Primera Instancia
emitió una Resolución en la que concluyó que cuando se
impugna la autoridad en ley que tiene un municipio para
imponer una contribución, y no la cuantía de esta, es
innecesario agotar el procedimiento administrativo dispuesto
en el Art. 2.007 de la Ley de Municipios Autónomos, supra. A
tono con ello, señaló que el planteamiento principal de Cobra
era que el Municipio no tenía facultad para imponer arbitrios
de construcción sobre obras realizadas por encargo de la AEE.
Por tanto, declaró No Ha Lugar la moción de desestimación.
Razonó que, si la parte que impone el tributo no tiene la
autoridad concedida por ley para exigirlo, la persona sujeta
al tributo puede recurrir a un foro judicial mediante un
recurso de sentencia declaratoria, pues agotar los remedios
administrativos resultaría innecesario.
Inconforme con dicho dictamen, el Municipio presentó un
recurso de certiorari ante el foro apelativo. Sostuvo que el
foro primario erró al no desestimar la demanda por falta de
jurisdicción sobre la materia. Por su parte, Cobra presentó
su alegato en oposición y esbozó que no necesitaba agotar el
procedimiento administrativo para cuestionar si un municipio
tenía la facultad de imponer arbitrios de construcción.
El 28 de enero de 2021 el foro intermedio emitió una
Sentencia en la que resolvió que el Tribunal de Primera
Instancia erró al declararse con jurisdicción para atender AC-2021-0035 8
el reclamo de Cobra. Razonó que Cobra incumplió con el
procedimiento administrativo y los requisitos
jurisdiccionales establecidos en la Ley de Municipios
Autónomos, supra, por lo que el foro primario no tenía
jurisdicción para atender la controversia. En específico,
expuso que como Cobra en su demanda también cuestionó la
cifra del arbitrio de construcción que el Municipio le
reclamó, el foro primario debía abstenerse de atender la
disputa pues Cobra no agotó los remedios administrativos
correspondientes.
En desacuerdo, Cobra solicitó reconsideración, pero el
Tribunal de Apelaciones la denegó mediante una Resolución.
Oportunamente, Cobra presentó una Apelación ante este
Tribunal en la que alegó que el foro apelativo erró al
determinar que el foro primario carecía de jurisdicción sobre
la materia y al adjudicar una controversia en la alternativa
que no tenía ante su consideración.
En su recurso, Cobra expuso que demandó para que se
declarara que el Municipio carecía de autoridad legal para
imponerle a un contratista de la AEE un arbitrio de
construcción por trabajos realizados para el
restablecimiento del sistema eléctrico de Puerto Rico. De no
tener éxito en su argumento principal, Cobra suplicó como
remedio alternativo que se redujera la contribución por la
cantidad que realmente hubiere constituido obra o actividad
de construcción. Fundamentó su contención en que las Reglas
de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, permiten que una parte AC-2021-0035 9
solicite remedios alternativos o de diversa naturaleza en la
misma demanda, aunque sean remedios incompatibles e
inconsistentes entre sí. Insistió que el foro primario
resolvió la moción de desestimación en cuanto al remedio
principal. Por tanto, planteó que el foro apelativo erró al
resolver la controversia jurisdiccional al amparo del remedio
alternativo.
El 8 de marzo de 2021 compareció el Municipio mediante
un Memorando En Oposición A Recurso Presentado Por Cobra
Acquisitions, LLC. Se opuso a la expedición del recurso por
entender que el foro apelativo resolvió conforme a derecho.
En particular, señaló que Cobra se sometió al procedimiento
administrativo dispuesto por la Ley de Municipios Autónomos,
supra, para luego recurrir al foro primario y alegar que no
procedía agotar los remedios administrativos. Además,
argumentó que Cobra no tiene derecho a las exenciones que
solicita.
El 30 de abril de 2021, luego de atender la solicitud
de Apelación que presentó Cobra, acogimos el auto como
certiorari y expedimos.6 Con el beneficio de la comparecencia
de ambas partes, resolvemos.
II
A. Jurisdicción
La jurisdicción es el poder o autoridad que ostenta un
tribunal para resolver los casos y las controversias que
6 El 27 de agosto de 2021 atendimos una Solicitud de autorización para intervenir como amicus curiae de Whitefish Energy Holdings LCC, a la cual se proveyó No Ha Lugar. AC-2021-0035 10
tiene ante sí. Administración de Terrenos de Puerto Rico v.
Ponce Bayland Enterprises, Inc., 207 DPR 586, 600 (2021).
Para adjudicar un caso, el tribunal debe tener
“tanto jurisdicción sobre la materia como sobre las partes
litigiosas”. Íd.; Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 122
(2012).
Los tribunales estatales de Puerto Rico poseen
jurisdicción general, lo que significa que ostentan la
“autoridad para atender cualquier causa de acción que
presente una controversia propia para adjudicación, a menos
que no tengan jurisdicción sobre la materia”. Beltrán Cintrón
v. ELA, 204 DPR 89, 101 (2020); Rodríguez Rivera v. De León
Otaño, 191 DPR 700, 708 (2014). Ello significa que “cualquier
parte del sistema tiene jurisdicción para resolver una
causa”, aunque ese tribunal no tenga competencia para
ello. Freire Ayala v. Vista Rent, 169 DPR 418, 441 (2006)
(citando a J. Trías Monge, El Sistema Judicial de Puerto
Rico, San Juan, Ed. Universitaria, 1978, pág. 136). La
jurisdicción sobre la materia es la “capacidad del tribunal
para atender y resolver una controversia sobre un aspecto
legal”. Rodríguez Rivera v. De León Otaño, supra, pág. 708,
(citando a J.A. Echevarría Vargas, Procedimiento civil
puertorriqueño, [s.l.], [Ed. del autor], 2010, pág. 25). La
ausencia de jurisdicción sobre la materia:
(1) no es susceptible de ser subsanada; (2) las partes no pueden voluntariamente conferírsela a un tribunal como tampoco puede éste arrogársela; (3) conlleva la nulidad de los dictámenes emitidos; AC-2021-0035 11
(4) impone a los tribunales el ineludible deber de auscultar su propia jurisdicción; (5) impone a los tribunales apelativos el deber de examinar la jurisdicción del foro de donde procede el recurso, y (6) puede presentarse en cualquier etapa del procedimiento, a instancia de las partes o por el tribunal motu proprio. Fuentes Bonilla v. ELA et al., 200 DPR 364, 372–373 (2018).
Por tanto, cuando un tribunal determina que no tiene
jurisdicción sobre la materia, solo puede así declararlo y
desestimar el caso. Beltrán Cintrón v. ELA, supra, pág. 102;
Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 909 (2012).
B. Las alegaciones y la moción de desestimación
Las alegaciones tienen la misión de notificar cuáles
son las reclamaciones y defensas que presentan las partes.
De esta manera, se bosqueja cuál es la controversia y se
notifica al tribunal y a las partes cuál es la contención.
Torres, Torres v. Torres Serrano, 179 DPR 481, 501 (2010).
Hemos expresado que una alegación de solicitud de remedio
deberá exponer una relación sucinta y sencilla de los hechos
demostrativos que establezcan el alegado derecho reclamado.
Álamo v. Supermercado Grande, Inc., 158 DPR 93 (2002). La
Regla 6.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, dispone lo
siguiente:
Una alegación que exponga una solicitud de remedio contendrá:
(1) Una relación sucinta y sencilla de los hechos demostrativos de que la parte peticionaria tiene derecho a un remedio
(2) una solicitud del remedio a que crea tener derecho.
Podrán ser solicitados remedios alternativos o de diversa naturaleza. (Énfasis suplido). AC-2021-0035 12
El tratadista José A. Cuevas Segarra explica que la
Regla 6.1 “autoriza que se soliciten remedios alternativos.
Se permite que se aduzcan reclamaciones o defensas
alternativas o inconsistentes”. J. Cuevas Segarra, Tratado
de Derecho Procesal Civil, San Juan, Publicaciones J.T.S.,
Tomo II, pág. 391. En otras palabras, “[l]a parte puede
suplicar remedios de distintos tipos, o en la alternativa”.
Íd., pág. 392.
Por el otro lado, la Regla 10.2 de Procedimiento Civil,
supra, autoriza a la parte contra la cual se presente una
alegación a presentar una moción de desestimación por los
fundamentos siguientes: falta de jurisdicción sobre la
materia; falta de jurisdicción sobre la persona;
insuficiencia del emplazamiento; insuficiencia del
diligenciamiento del emplazamiento; dejar de exponer una
reclamación que justifique la concesión de un remedio, y
dejar de acumular una parte indispensable. Conde Cruz v.
Resto Rodríguez, 205 DPR 1043, 1066 (2020).
Cuando se considera una moción de desestimación al
amparo de esta regla, los tribunales tienen que tomar como
ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda y
considerarlos de la forma más favorable para la parte
demandante. Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. FirstBank,
193 DPR 38, 49 (2015); Colón Rivera et al. v. ELA, 189 DPR
1033, 1049 (2013). Ello, debido a que lo que se ataca es un
vicio intrínseco de la demanda, no los hechos aseverados. R. AC-2021-0035 13
Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan,
LexisNexis, 2010, pág. 269. Para que proceda una moción de
desestimación, el Tribunal debe convencerse de forma certera
que “el demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo
cualquier estado de [D]erecho que se pudiere probar en apoyo
a su reclamación, aun interpretando la demanda lo más
liberalmente a su favor”. Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir.
FirstBank, supra, pág. 49.
Para propósitos de la controversia que tenemos ante
nuestra consideración, es indispensable examinar ambas
reglas de manera conjunta. Ello responde a la máxima de
hermenéutica que dispone que al interpretar una legislación
se debe evaluar la totalidad de su contenido para determinar
cuál es el significado de cada una de sus partes. Rolón
Martínez v. Caldero López, 201 DPR 26, 40 (2018); R.E.
Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e Interpretación
de las Leyes en Puerto Rico, 2da Ed., San Juan, Publicaciones
JTS, 1987, Vol. II, pág. 315. Así se logra hacer de la
legislación un todo armónico y efectivo. Rolón
Martínez v. Caldero López, supra, pág. 40. Y es que “[n]o se
pueden tomar aisladamente los distintos apartados de la ley,
sino que deben tomarse todos en conjunto, o sea,
íntegramente”. Bernier y Cuevas Segarra, op. cit., pág. 315.
Por tal razón, al interpretar la Regla 6.1 y la 10.2 de
manera conjunta, podemos colegir que cuando se pretende
desestimar la totalidad de una demanda que solicita remedios
alternativos, se debe examinar si las alegaciones sustentan AC-2021-0035 14
la concesión de dichos remedios. Es decir, como las
alegaciones pretenden bosquejar las distintas reclamaciones
y proveer a cada una de ellas unos remedios, una moción de
desestimación sobre la totalidad de la demanda debe mover la
conciencia del juzgador a concluir que, si al dar por cierto
las alegaciones bien hechas, no existe remedio al que la
parte tenga derecho. El juzgador deberá auscultar, en ese
sentido, si la parte demandante no tiene derecho alguno a
que se ventile el pleito, ya sea al amparo del remedio
principal o del alternativo. Tras este proceder, y luego de
un examen pormenorizado, este estará en mejor posición de
decidir si en efecto desestima total o parcialmente la
demanda.
C. La Ley de Municipios Autónomos y la facultad para imponer contribuciones7
Nuestra Constitución establece que “[e]l poder del
Estado Libre Asociado para imponer y cobrar contribuciones y
autorizar su imposición y cobro por los municipios se
ejercerá según se disponga por la Asamblea Legislativa, y
nunca será rendido o suspendido”. Art. VI, Sec. 2, Const.
ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2016, pág. 435. Al ser la Rama
Legislativa la entidad con el poder impositivo del Estado,
esta puede delegarle a los municipios su poder para imponer
contribuciones. ECA Gen. Contrac. v. Mun. de Mayagüez, 200
DPR 665, 675 (2018).
7 La Ley Núm. 107-2020, según enmendada, conocida como Código Municipal de Puerto Rico, 21 LPRA sec. 7001 et seq., derogó la Ley de Municipios Autónomos. No obstante, esta última es la aplicable a los hechos de esta controversia. AC-2021-0035 15
La Ley de Municipios Autónomos, supra, tenía como parte
de sus objetivos, fomentar y propiciar la autonomía
municipal. Coop. Ahorros Rincón v. Mun. Mayagüez, 200 DPR
546, 553 (2018). Ello responde a la política pública
implantada que busca descentralizar el gobierno con el fin
de desarrollar una mayor autonomía municipal. ECA Gen.
Contrac. v. Mun. de Mayagüez, supra, pág. 688. De esta
manera, la Asamblea Legislativa aprobó el Art. 2.002 de la
Ley de Municipios Autónomos, supra, que le delegaba a los
municipios la facultad de imponer ciertas contribuciones,
derechos y licencias, entre las cuales se encontraba el
arbitrio de construcción. Íd., pág. 676; Coop. Ahorros
Rincón v. Mun. Mayagüez, supra, pág. 553. Así, por medio de
una ordenanza municipal los municipios podían imponer una
contribución, conocida como el arbitrio de construcción, que
“reca[yera] sobre el derecho de llevar a cabo una actividad
de construcción y/o una obra de construcción dentro de los
límites territoriales del municipio”. Art. 1.003(cc) de la
Ley de Municipios Autónomos, supra; Coop. Ahorros Rincón v.
Mun. Mayagüez, supra, pág. 553; Const. José Carro v. Mun.
Dorado, 186 DPR 113, 123 (2012); Levy, Hijo v. Mun. de
Manatí, 151 DPR 292, 300 (2000).
Por otro lado, cabe resaltar que el Tribunal de Primera
Instancia posee jurisdicción para dilucidar si un municipio
tiene facultad para imponer un arbitrio de construcción sin
la necesidad de agotar los remedios administrativos
dispuestos en el Art. 2.007 de la Ley de Municipios AC-2021-0035 16
Autónomos, supra. En Coop. Ahorros Rincón v. Mun. Mayagüez,
supra, expresamos que cuando se impugna la autoridad en ley
de un municipio para imponer una contribución, y no la
cuantía de esta, “resulta innecesario agotar el procedimiento
administrativo dispuesto en ley Íd., pág. 556; Interior
Developers v. Mun. de San Juan, 177 DPR 693, 710 (2009).8
Por lo anterior, hemos dicho que “el intento de cobrar
contribuciones a quien no las adeuda constituye una situación
excepcional en la que los tribunales pueden ejercer su
jurisdicción de naturaleza extraordinaria”. Alcalde de
Guayama v. ELA, 192 DPR 329, 334 (2015). Véase también:
Durlach Bros., Inc. v. Domenech, Tes., 47 DPR 654, 659
(1934).
El procedimiento apropiado para impugnar e impedir el
cobro de contribuciones que no le corresponde pagar a una
parte es el interdicto y la sentencia declaratoria. Alcalde
de Guayama v. ELA, supra, pág. 334. Si una persona logra
demostrar con claridad que no puede ser considerada como un
contribuyente ante el arbitrio que se le pretende imponer,
entonces es irrazonable obligarle a tributar para luego
hacerle agotar los mecanismos administrativos y judiciales
disponibles. Íd.; Yiyi Motors, Inc. v. ELA, 177 DPR 230, 279
(2009). Por tanto, reiteramos que si una parte no ostenta la
autoridad jurídica para imponer una contribución, no se le
8 Véanse: Alcalde de Guayama v. ELA, 192 DPR 329 (2015); Yiyi Motors, Inc. v. ELA, 177 DPR 230 (2009); Mun. Trujillo Alto v. Cable TV, 132 DPR 1008, 1011 (1993); Compañía Azucarera del Toa v. Municipio, 76 DPR 331, 337 (1954). AC-2021-0035 17
puede exigir a quien impugna esa autoridad agotar los
procedimientos administrativos.
III
La controversia que nos presenta Cobra es si el
Tribunal de Apelaciones erró al desestimar la demanda de
sentencia declaratoria porque, al amparo de uno de los
remedios alternativos que solicitó, presuntamente era
necesario que se agotaran los remedios administrativos. Es
decir, la cuestión que debemos resolver es si el Tribunal de
Primera Instancia carece de jurisdicción para atender la
impugnación de la facultad legal del Municipio para imponer
un arbitrio de construcción porque, en la alternativa, se
impugnó la cuantía de este y esto último, según se alega,
requiere agotar remedios administrativos.
Cobra argumentó que el Tribunal de Apelaciones debió
evaluar si la moción de desestimación procedía en derecho a
la luz de la contención principal: si el Municipio puede
cobrarle a Cobra el arbitrio de construcción de una obra por
encargo de la AEE. Tiene razón. Como vimos, cuando se
cuestiona la facultad de un municipio de imponer una
contribución, no es necesario agotar los remedios
administrativos y, por tanto, el foro primario tiene
jurisdicción para atender dicha controversia.
Al evaluar una moción de desestimación, se deben dar
por ciertas todas las alegaciones bien fundamentadas hechas
en la demanda e interpretarlas a favor de la parte
demandante. Recordemos que solamente corresponde desestimar AC-2021-0035 18
una demanda cuando el tribunal se convenza de que el
demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo cualquier
estado de Derecho que se pudiere probar en apoyo de su
reclamación. Si existen reclamaciones alternativas, para que
proceda la desestimación de la totalidad de la demanda, el
adjudicador se debe convencer de que ninguna de las
reclamaciones, aunque sean inconsistentes entre sí,
justifica la concesión de un remedio. Si el tribunal
entendiese que una reclamación en particular no justifica la
concesión de un remedio, pero otras reclamaciones sí,
entonces no procede desestimar toda la demanda, sino
solamente aquellas que no procedan en derecho.
El Municipio sostiene que el foro apelativo no erró al
desestimar la Demanda en su contra pues no tiene jurisdicción
sobre la materia. Explica que Cobra no agotó el procedimiento
administrativo dispuesto en la Ley de Municipios Autónomos,
supra, dado que se negó a pagar la deuda bajo protesta. No
obstante, de la demanda se desprende que la reclamación
principal de Cobra impugna la capacidad del Municipio de
imponerle el arbitrio por construcción.
De un examen puntilloso de la totalidad de los
documentos del expediente de autos, surge de manera clara e
inequívoca que Cobra impugnó la autoridad del Municipio para
imponerle un arbitrio a las obras de reconstrucción del
sistema eléctrico que realizó bajo contrato con la AEE. Así,
es forzoso concluir que Cobra podía acudir al foro primario
sin tener que agotar los remedios administrativos. Ello, pues AC-2021-0035 19
reconocemos que la controversia medular del caso es
establecer si Cobra tiene una exención sobre los arbitrios
de construcción debido a su relación con la AEE, por lo que
el remedio principal que busca Cobra no lo obliga a agotar
remedios administrativos. El hecho de que exista un remedio
en la alternativa mediante el cual se cuestiona la cuantía
del arbitrio de construcción ─y ello podría requerir agotar
los remedios administrativos─ no significa que se deba
desestimar la totalidad de la demanda.
Ahora bien, para que la resolución de esta controversia
sea práctica, el foro primario deberá examinar, en primer
lugar, la procedencia del reclamo principal, a saber, si el
Municipio tiene autoridad para imponerle a Cobra el tributo.
De resolverse que el Municipio no tiene la autoridad, sería
innecesario atender el remedio alternativo. No obstante, si
el foro primario concluyera que el Municipio puede cobrar el
tributo y que Cobra es considerado un contribuyente para
fines del arbitrio, correspondería, en segundo lugar,
examinar si se agotaron los remedios administrativos. Como
en este caso Cobra no cumplió con el trámite administrativo
─específicamente el pago de la deficiencia notificada para
poder impugnar la cuantía─ procedería desestimar el pleito.
Solo así, se podrá atender cabalmente la demanda que se
incoó. De esta forma, no le cerramos de plano las puertas
del tribunal a Cobra y damos paso a que sus reclamos se
ventilen en los méritos. Habida cuenta de que el litigio se
encuentra en sus etapas iniciales, y que al interpretar las AC-2021-0035 20
alegaciones de la manera más favorable a Cobra esta tiene
derecho a que, en esta etapa de los procedimientos, no se le
descarten, este curso de acción es el más adecuado.
IV
Por los fundamentos antes expuestos, se revoca el
dictamen recurrido y se devuelve el caso al Tribunal de
Primera Instancia para que continúen los procedimientos
conforme con lo aquí resuelto.
Se dictará sentencia de conformidad.
Maite D. Oronoz Rodríguez Jueza Presidenta EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
v. AC-2021-0035 Municipio de Yabucoa; Autoridad de Energía Eléctrica, Estado Libre Asociado de Puerto Rico
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte de la presente Sentencia, se revoca el dictamen recurrido y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que continúen los procedimientos conforme con lo aquí resuelto.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo.
Javier O. Sepúlveda Rodríguez Secretario del Tribunal Supremo