Cobra Acquisitions, LLC v. Municipio De Humacao

• Court: Tribunal De Apelaciones De Puerto Rico/Court of Appeals of Puerto Rico
• Decided: June 30, 2025
• Docket: KLAN202500540
• Status: Published

Opinion

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES PANEL ESPECIAL1

COBRA ACQUISITIONS, Apelación LLC procedente del Tribunal de Primera Apelante Instancia Sala Superior de v. San Juan

MUNICIPIO DE KLAN202500498 Civil Núm. SALINAS Y OTROS SJ2020CV01135

Apelada Sobre: Arbitrios de Construcción CONSOLIDADO COBRA ACQUISITIONS, Apelación LLC procedente del Tribunal de Primera Apelante Instancia Sala Superior de v. KLAN202500540 San Juan

MUNICIPIO DE Civil Núm. HUMACAO Y OTROS SJ2020CV01252

Apelada Sobre: Arbitrios de Construcción Panel integrado por su presidente, el Juez Bonilla Ortiz, la Jueza Mateu Meléndez y la Jueza Prats Palerm.

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2025.

Comparece ante este foro COBRA Acquisitions, LLC

(COBRA o “parte apelante”), mediante los recursos

consolidados de epígrafe y nos solicita que revisemos

dos Sentencias emitidas por el Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de San Juan, notificadas el 16

y 20 de mayo de 2025. En virtud del primer dictamen, el

foro primario declaró No Ha Lugar, desestimó la Demanda

instada por COBRA y declaró Ha Lugar la Reconvención

presentada por el Municipio de Humacao. Por

consiguiente, condenó a COBRA a pagarle a dicho

Municipio la cantidad de $5,091,500.00 por concepto de

1 Ver Orden Administrativa OATA-2025-113 del 17 de junio de 2025. Se modifica la integración del Panel.

Número Identificador SEN2025 ______________ KLAN202500498 CONS. KLAN202500540 2

arbitrios de construcción, más los correspondientes

intereses y penalidades acumuladas. A su vez, los

condenó al pago de costas, gastos y honorarios de

abogados.

En cuanto a la segunda Sentencia, el foro primario

declaró No Ha Lugar la Demanda instada por COBRA en

contra del Municipio de Salinas, por consiguiente, la

desestimó y los condenó al pago de las costas, gastos y

honorarios de abogados.

Por los fundamentos que expondremos a continuación,

CONFIRMAMOS las Sentencias apeladas.

I.

Los hechos que originaron las controversias que

tenemos ante nuestra consideración se remontan luego del

paso del Huracán María por Puerto Rico. Cuando, como

parte de los esfuerzos de recuperación del sistema

eléctrico de Puerto Rico tras el paso del Huracán, la

Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) contrató a la

empresa COBRA para llevar a cabo labores de

reconstrucción de la infraestructura eléctrica en varios

Municipios, en este caso, el Municipio de Humacao y el

Municipio de Salinas.

El 10 de febrero de 2020, COBRA presentó una Demanda

de sentencia declaratoria contra el Municipio de

Salinas, AEE y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico

(ELA) sobre el pago de arbitrios de construcción.2 En

esencia, cuestionó la facultad del Municipio para

imponerle un arbitrio de construcción por constituir una

imposición contributiva sobre la AEE, puesto que, el

campo estaba ocupado. Así pues, solicitó le fuera

2 Demanda, anejo A, págs. 1-34 del apéndice del recurso. KLAN202500498 CONS. KLAN202500540 3

aplicada la exención en el pago de arbitrios de

construcción de la AEE, por virtud de su Ley Habilitadora

y la Ley Núm. 81-1991. Añadió que, se ordenara al

Municipio a cancelar la deficiencia por arbitrios de

construcción y que se le impusiera el pago de honorarios

de abogado por temeridad. En la alternativa, solicitó

que se ordenara al Municipio a que redujera la

deficiencia por la cantidad que realmente se habría

constituido alguna obra o actividad de construcción.

De igual forma, el 20 de febrero de 2020, la parte

apelante presentó una Demanda Enmendada de sentencia

declaratoria sobre el cobro de arbitrios de construcción

en contra del Municipio de Humacao, la AEE y el ELA.3

El 27 de julio de 2020, el Municipio de Salinas,

sin someterse a la jurisdicción, presentó una Moción de

Desestimación.4 Mediante la cual, sostuvo que el foro

primario carecía de jurisdicción sobre la materia.

Esbozó que, COBRA debió someterse al proceso

administrativo provisto por el Artículo 2.007 de la Ley

Núm. 81-1991, sobre pagar bajo protesta la deuda, para

agotamiento de remedios.

El 28 de agosto de 2020, COBRA presentó su Oposición

a Solicitud de Desestimación.5 En esta, arguyó que no

estaban obligados a agotar los remedios administrativos

debido a que estaban solicitando una sentencia

declaratoria. Asimismo, reiteró que no estaban

obligados a pagar el arbitrio, ya que la AEE estaba

exenta de toda contribución y, por ende, ellos tampoco

3 Demanda Enmendada, anejo I, págs. 1-25 del apéndice del recurso KLAN202500540. 4 Moción de Desestimación, anejo B, págs. 35-59 del apéndice del

recurso. 5 Oposición a Solicitud de Desestimación, anejo C, págs. 60-77 del

apéndice del recurso. KLAN202500498 CONS. KLAN202500540 4

estaban sujetos al procedimiento administrativo. A su

vez, que no estaban cuestionando la cantidad reclamada,

sino la autoridad del Municipio de Salinas de imponerle

los arbitrios por obras realizadas.

Posteriormente, el 21 de diciembre de 2022, el

Municipio de Humacao presentó su Contestación a Demanda

Enmendada y Reconvención.6 En su reconvención, alegó

que COBRA no había presentado una Declaración de

Actividad de Construcción previo a realizar los trabajos

de restablecimiento y reparación de la red eléctrica

dentro del Municipio, como tampoco luego de realizarlos.

A su vez, solicitó el pago de arbitrios de construcción

por la suma de $7,331,760.00, más intereses, recargos y

penalidades.

El 21 de agosto de 2023, COBRA presentó en el caso

contra el Municipio de Humacao, una Solicitud de

Sentencia Sumaria.7 En esencia, reiteró que éstos como

contratistas de la AEE, eran beneficiarios de la

exención total del pago de arbitrios de construcción

municipal.

El 22 de septiembre de 2023, el Municipio de Humacao

presentó su oposición y solicitud de sentencia sumaria

a su favor.8 El 15 de septiembre de 2023, COBRA presentó

su réplica a la oposición y su oposición a la sentencia

sumaria del Municipio.9

Luego de innumerables incidencias procesales en

ambos pleitos, el 14 de mayo de 2025, COBRA presentó una

6 Contestación a Demanda Enmendada y Reconvención, anejo II, págs. 26-34 del apéndice del recurso KLAN202500540. 7 Solicitud de Sentencia Sumaria, anejo III, págs. 35-45 del apéndice del recurso. 8 Moción en Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria y en Solicitud

de Sentencia Sumaria, anejo IV, págs. 66-77 del apéndice del recurso KLAN202500540. 9 Réplica a “Moción en Oposicion a solicitud de Sentencia Sumaria”

y Oposición a “Solicitud de Sentencia Sumaria”, anejo V, págs. 84- 90 del apéndice del recurso KLAN202500540. KLAN202500498 CONS. KLAN202500540 5

Moción Reiterando Solicitud para que se Adjudiquen as

Mociones Dispositivas.10 En esencia, solicitó fuera

adjudicado el asunto con el Municipio de Salinas, sobre

si la exención contenida en la Ley Habilitadora de la

AEE se extiende a sus contratistas.

Así las cosas, el 19 de mayo de 2025, el foro

primario emitió una Resolución Interlocutoria, mediante

la cual declaró No Ha Lugar a la moción de desestimación

presentada por el Municipio de Salinas.11

Posteriormente, el 16 de mayo de 2025, el foro

apelado notificó la primera Sentencia apelada.12 En

esta, declaró No Ha Lugar y desestimó la Demanda instada

por COBRA contra el Municipio de Humacao. A su vez,

declaró Ha Lugar la Reconvención presentada por dicho

Municipio. Por consiguiente, condenó a COBRA a pagarles

la cantidad de $5,091,500.00 por concepto de arbitrios

de construcción, más los correspondientes intereses y

penalidades acumuladas. Asimismo, expuso los siguientes

hechos incontrovertidos:

1. El Municipio Autónomo de Humacao (“el Municipio”) es una entidad jurídica creada al amparo de las leyes del Gobierno de Puerto Rico con capacidad para demandar y ser demandado.

2. COBRA es una compañía de responsabilidad limitada organizada y existente al amparo de las leyes del Estado de Delaware y autorizada a hacer negocios en Puerto Rico.

3. El 19 de octubre de 2017, la AEE y COBRA suscribieron un Master Services Agreement (“el Contrato”) para rehabilitar y/o reconstruir la infraestructura del sistema eléctrico de Puerto Rico, tras el paso devastador de los huracanes Irma y María.13

10 Véase, Moción Reiterando Solicitud para que se Adjudiquen as Mociones Dispositivas, entrada núm. 72 en el Sistema de Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC). 11 Resolución Interlocutoria, anejo __, págs. 81-82 del apéndice del

recurso. 12 Sentencia, anejo VI, págs. 92-113 del apéndice del recurso KLAN202500540. 13 Para poder examinar el Master Services Agreement, este Tribunal

tuvo que recurrir al expediente del caso SJ2020CV03931, el cual fue presentado por COBRA en contra de otro municipio (Utuado) y versa sobre idéntica controversia. Footnote en la Sentencia original. KLAN202500498 CONS. KLAN202500540 6

4. Posteriormente, el 26 de mayo de 2018, la AEE y COBRA suscribieron un segundo contrato – bajo idénticos términos y condiciones a los incluidos en el Master Services Agreement - con vigencia hasta el 29 de mayo de 2019.

5. En el Exhibit B (“Contractor’s Rate Schedule”) del Master Services Agreement se estableció que la AEE incluiría como parte del costo del Contrato cualquier contribución que exceda el 8.5%; y para la cual COBRA no haya obtenido la correspondiente exención. Citamos:

“In the event that any amounts to be paid to Contractor under this Contract are subject to any taxes (including withholding) imposed by any governmental authority of Puerto Rico in excess of 8.5% and Contractor has not obtained an exemption for such taxes, the amount to be paid to Contractor shall be increased by an amount that, after the payment of such taxes, leaves Contractor with the amount that Contractor would have received if Contractor had been exempt from all such taxes.” (Énfasis en el original)

6. COBRA estuvo realizando los servicios de restablecimiento y recuperación del sistema eléctrico de Puerto Rico tras el paso de los Huracanes en el 2017 hasta el 25 de mayo 2019.

7. Como parte de los esfuerzos de recuperación y restablecimiento del sistema eléctrico de Puerto Rico, la AEE le solicitó a COBRA que trabajara en el área del Municipio de Humacao.

8. El 8 de enero de 2019 y el 15 de marzo de 2019 el Municipio envió a COBRA unas facturas con relación a los años 2017-2018, requiriendo el pago, entre otros, de arbitrios de construcción municipales conforme a la Ley 81- 1991 por obras de construcción cuyo costo ascendía a la cantidad de $81,830,000.00 y por consiguiente arbitrio de construcción por la suma de $4,091,500.00 (5%) mientras que la factura final reflejaba un costo de construcción de $101,830,000.00 y una contribución por arbitrio de construcción de $5,091,500.00 (5%). (Énfasis en el original)

9. Mediante Notificación Final de Cobro de Arbitrios de Construcción, fechada el 4 de octubre de 2019 y notificada el 15 de octubre de 2019, el Municipio de Humacao reclamó a COBRA el pago de $5,091,500.00 (5% del costo del Proyecto) por concepto de arbitrio de construcción para el periodo 2017-2019.

10. El 22 de octubre de 2019 COBRA presentó ante el Municipio una Solicitud de Reconsideración y Vista Administrativa, donde estableció su posición con relación al cobro de la deuda notificada y las faltas de garantías de debido proceso de ley provisto por el Municipio.

11. Mediante Memorando del 5 de diciembre de 2019, la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico KLAN202500498 CONS. KLAN202500540 7

(“COR3”) estableció lo siguiente en torno a la necesidad de incluir los arbitrios de construcción en los costos estimados para proyectos bajo FEMA:

“No exemption is found for any reconstruction or recovery project performed by third party private contractors for Government Instrumentalities, Municipalities and PNP’s. The only exemption is for equipment and contents purchased by health care facilities that are duly certified as exempt under Act 168 of June 30, 1986.

For all of the above, all cost estimates for projects under FEMA Public Assistance shall include Municipal Construction Taxes, Municipal Patents and the 11.5% Sale and Use taxes (IVU) over materials and equipment as State or Municipal project costs, since these projects will be bid out and performed by private (third party) contractors. For PNP’s, all taxes shall be applied as project costs, except for equipment and contents purchased by health care facilities duly certified as exempt under Act 168 of June 30, 1986.” (Énfasis en el original)

12. El 5 de diciembre de 2019, a solicitud de COBRA, el Municipio de Humacao celebró una Vista Administrativa. Durante la Vista Administrativa se concedió a COBRA amplia oportunidad para presentar testigos y proveer cualquier documentación y/o información que esta considerara necesaria para poder atender su reclamo en torno a la Notificación Final de Cobro de Arbitrios de Construcción que le fuera notificada el 15 de octubre de 2019.

13. El 20 de diciembre de 2019 COBRA presentó al Municipio un “Memorando Suplementario a la Solicitud de Reconsideración”.

14. Mediante Notificación Final de Cobro de Arbitrios de Construcción (Proyecto AEE) / Notificación luego de Vista Administrativa, fechada el 21 de enero de 2020 y ponchada como recibida el 6 de febrero de 2020, el Municipio de Humacao le notificó a COBRA que adeudaba $5,091,500.00 por concepto de PRINCIPAL (5% del costo del Proyecto); $1,221,980.00 por concepto de INTERESES; y $509,150.00 por concepto de PENALIDADES – para un TOTAL de $7,331,760.00 al 31 de diciembre de 2019. (Énfasis en el original)

15. Por estar en desacuerdo con la Notificación Final luego de Vista Administrativa, y dentro del término provisto en ley para ello, COBRA presentó Demanda mediante la cual impugna la autoridad del Municipio de Humacao para cobrarle el arbitrio de construcción en cuestión – al amparo del Artículo 22(a) de la Ley Habilitadora de la Autoridad de Energía Eléctrica; y de la entonces vigente Ley 81-1991, mejor conocida como la Ley de Municipios Autónomos. KLAN202500498 CONS. KLAN202500540 8

16. Como resultado de su impugnación, COBRA no ha pagado los arbitrios de construcción que le notificó el Municipio mediante la Notificación Final de Cobro de Arbitrios de Construcción Adeudados-Periodo 2017-2019.

Así pues, el foro a quo concluyó que a COBRA no le

aplicaba la exención del pago de arbitrios de

construcción municipal conferida a la AEE mediante la

Sección 22(a) de su Ley Habilitadora, supra. Añadió

que, la propia AEE se encargó contractualmente de

excluir las contribuciones del costo de la obra y de

limitar cualquier responsabilidad contributiva que

excediera del 8.5%. No obstante, que la parte apelante

insistió temerariamente en reclamar lo contrario. Por

ello, los condenó al pago de costas, gastos y honorarios

de abogados.

Posteriormente, el 20 de mayo de 2025, el foro a

quo emitió la segunda Sentencia apelada.14 En esta,

declaró No Ha Lugar y desestimó la Demanda presentada

por COBRA en contra del Municipio de Salinas. En

consecuencia, esbozó los siguientes hechos que no

estaban en controversia:

1. El Municipio Autónomo de Salinas (“el Municipio”) es una entidad jurídica creada al amparo de las leyes del Gobierno de Puerto Rico con capacidad para demandar y ser demandado.

2. COBRA es una compañía de responsabilidad limitada organizada y existente al amparo de las leyes del Estado de Delaware y autorizada a hacer negocios en Puerto Rico.

3. El 19 de octubre de 2017, la AEE y COBRA suscribieron un Master Services Agreement (“el Contrato”) para rehabilitar y/o reconstruir la infraestructura del sistema eléctrico de Puerto Rico, tras el paso devastador de los huracanes Irma y María.15

4. Posteriormente, el 26 de mayo de 2018, la AEE y COBRA suscribieron un segundo contrato – bajo idénticos términos y condiciones a los

14Sentencia, anejo __, págs. 83-104 del apéndice del recurso. 15 Para poder examinar el Master Services Agreement, [el foro primario] tuvo que recurrir al expediente del caso SJ2020CV03931, el cual fue presentado por COBRA en contra de otro municipio (Utuado) y versa sobre idéntica controversia. KLAN202500498 CONS. KLAN202500540 9

incluidos en el Master Services Agreement - con vigencia hasta el 29 de mayo de 2019.

5. En el Exhibit B (“Contractor’s Rate Schedule”) del Master Services Agreement se estableció que la AEE incluiría como parte del costo del Contrato cualquier contribución que exceda el 8.5%; y para la cual COBRA no haya obtenido la correspondiente exención. Citamos:

“In the event that any amounts to be paid to Contractor under this Contract are subject to any taxes (including withholding) imposed by any governmental authority of Puerto Rico in excess of 8.5% and Contractor has not obtained an exemption for such taxes, the amount to be paid to Contractor shall be increased by an amount that, after the payment of such taxes, leaves Contractor with the amount that Contractor would have received if Contractor had been exempt from all such taxes.”

6. COBRA estuvo realizando los servicios de restablecimiento y recuperación del sistema eléctrico de Puerto Rico tras el paso de los Huracanes en el 2017 hasta el 25 de mayo 2019.

7. Como parte de los esfuerzos de recuperación y restablecimiento del sistema eléctrico de Puerto Rico, la AEE le solicitó a COBRA que trabajara en el área del Municipio de Salinas.

8. El 2 de noviembre de 2018 Cobra recibió una carta del Municipio, fechada el 25 de octubre de 2018, mediante la cual se reclamaba el pago de arbitrios de construcción, entre otros, dentro del término de cinco (5) días.

9. El 30 de octubre de 2018, el Municipio presentó Demanda ante el Tribunal de Primera Instancia, Centro Judicial de Guayama, bajo el caso SA2018CV00158, por concepto de pago de arbitrios de construcción y patentes municipales.

10. El 18 de diciembre de 2019 el Municipio, en acuerdo con COBRA, desistió voluntariamente del pleito SA2018CV00158. El desistimiento fue: sin perjuicio en el caso de la reclamación de pago de arbitrios de construcción; y con perjuicio en el caso de la reclamación de patentes municipales.

11. El 24 de enero de 2020 el Municipio envió Notificación de Imposición de Arbitrios y Penalidades (“la Notificación”) con relación a los Contratos entre COBRA y la AEE sobre Reparación de la Red Eléctrica de la Autoridad de Energía Eléctrica luego del paso de los huracanes Irma y María. La Notificación establece una deficiencia por la cantidad de $5,057,938.92, incluyendo una penalidad administrativa conforme al Artículo 2.007(g) de la Ley de Municipios Autónomos.

12. En su Notificación el Municipio indicó que: KLAN202500498 CONS. KLAN202500540 10

“Según nos fue evidenciado, la empresa Cobra facturó a la AEE las siguientes cantidades por contratos: Contrato Núm. 79503 - $32,261,015.97; Contrato Núm. 81388 - $370,848.42; Total facturado a la AEE - $32,631,864.39. De esa cantidad, a noviembre de 20[1]29 la AEE ha desembolsado a Cobra la cantidad de $32,438,054.46, restando un balance de pago a favor de Cobra por la cantidad de $193,809.93.”

13. En su Notificación, el Municipio también indicó que:

“En vista de que COBRA ha ignorado nuestras solicitudes, la Oficina de Finanzas impone el arbitrio de construcción de oficio, tomando en consideración la información ofrecida en el documento del Departamento de la Vivienda:

Conforme al contrato 79503 y 81388 entre la AEE y COBRA - $32,631,864,39.

05% de acuerdo a (sic.) la Ordenanza Núm. 23, Serie 2007-08 – $1,631,593.20

Penalidad Administrativa Articulo 2.007(9) = (doble del importe del arbitrio impuesto con los intereses correspondientes) - $3,426,345.72

Cantidad Arbitrio de Construcci6n a pagar - $5,057,938.92 36.

14. Finalmente, en la Notificación del Municipio se apercibe que:

“COBRA tiene derecho a solicitar una vista administrativa conforme dispone la Sección 3.1 de la Ley 38-2017, conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, según enmendada, dentro de los 15 luego de recibir esta comunicación, ante el Director de Finanzas. Este a su vez puede delegar el asunto ante un Oficial Examinador.”

15. Mediante Memorando del 5 de diciembre de 2019, la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico (“COR3”) estableció lo siguiente en torno a la necesidad de incluir los arbitrios de construcción en los costos estimados para proyectos bajo FEMA:

“No exemption is found for any reconstruction or recovery project performed by third party private contractors for Government Instrumentalities, Municipalities and PNP’s. The only exemption is for equipment and contents purchased by health care facilities that are duly certified as exempt under Act 168 of June 30, 1986. For all of the above, all cost estimates for projects under FEMA Public Assistance shall include Municipal Construction Taxes, Municipal Patents and the 11.5% Sale and Use taxes (IVU) over materials and equipment as State or Municipal KLAN202500498 CONS. KLAN202500540 11

project costs, since these projects will be bid out and performed by private (third party) contractors. For PNP’s, all taxes shall be applied as project costs, except for equipment and contents purchased by health care facilities duly certified as exempt under Act 168 of June 30, 1986.”

16. Por estar en desacuerdo con la Notificación de Imposición de Arbitrios y Penalidades, COBRA presentó Demanda mediante la cual impugna la autoridad del Municipio de Salinas para cobrarle el arbitrio de construcción en cuestión – al amparo del Artículo 22(a) de la Ley Habilitadora de la Autoridad de Energía Eléctrica; y de la entonces vigente Ley 81-1991, mejor conocida como la Ley de Municipios Autónomos.

17. Como resultado de su impugnación, COBRA no ha pagado los arbitrios de construcción que le notificó el Municipio mediante la Notificación de Imposición de Arbitrios y Penalidades.

Conforme a lo anterior, concluyó lo siguiente:

[N]os vemos forzados a concluir que, al ser la AEE una instrumentalidad gubernamental cobijada bajo las definiciones de los entonces vigentes Artículos 1.003(a) y (r) de la Ley de Municipios Autónomos, y por ser COBRA un contratista privado, con personalidad jurídica distinta e independiente, no le aplica a COBRA la exención contributiva que le proveyó la Asamblea Legislativa expresamente a la AEE. En particular porque:

1) En el Exhibit B del Master Services Agreement, la AEE tomó las medidas necesarias y pertinentes para asegurarse de que – en última instancia – no vendría obligada a pagar el arbitrio de construcción de 5% que reclama el Municipio de Salinas;

2) En los Artículos 1.003(a) y (r) de la entonces vigente Ley de Municipios Autónomos, supra, la Asamblea Legislativa incluyó, de manera expresa, a las corporaciones públicas bajo la definición de Agencia Pública; razón por la cual a los contratistas de dichas corporaciones públicas les aplican las disposiciones expresas de los Artículos 1.003(dd) y 2.007(f)(7) de la entonces vigente Ley de Municipios Autónomos, supra; y

3) La Asamblea Legislativa – consciente de la exención total de arbitrios de construcción que les confiere su Ley Habilitadora a muchas de las corporaciones públicas (incluyendo a la AEE) – no solo reconoció y validó tal exención de manera expresa; sino que taxativamente dispuso en dos ocasiones distintas y separadas (Arts. 1.003(dd) y 2.07(f)(7) de la entonces vigente Ley de Municipios Autónomos, supra), que:

“No obstante, esta exención no aplica a las obras de construcción llevadas a cabo por una KLAN202500498 CONS. KLAN202500540 12

persona natural o jurídica privada, actuando a favor o en representación de o por contrato o subcontrato suscrito con una agencia o instrumentalidad del Gobierno Central o municipal.” (Énfasis en el original)

Así pues, determinó que COBRA había sido temeraria

al mantener al Municipio de Salinas en un litigio

evitable, puesto que, sabían que no había riesgo de que

la AEE fuera el responsable del pago de los arbitrios de

construcción (5%) que reclamaba dicho Municipio, ya que

así lo establecía el Contrato. Por ello, condenó a COBRA

al pago de las costas, gastos y honorarios de abogados

incurridos por el Municipio.

Finalmente, declaró que el Municipio de Salinas

tenía autoridad en ley para imponer y requerirle a COBRA

el pago de los arbitrios de construcción por las obras

que llevó a cabo bajo el contrato con la AEE.

Además, que conforme a “lo reiterado en Cobra

Acquisitions, LLC v. Municipio de Yabucoa, 210 DPR 384

(2022), COBRA abandonó el procedimiento administrativo

que le requiere agotar el Artículo 2.07(d) de la entonces

vigente Ley de Municipios Autónomos, se devuelve el caso

al Municipio de Salinas para la continuación de dicho

procedimiento ante su director de Finanzas.”

Inconforme con los dictámenes, el 2 de junio de

2025, la parte apelante presentó el recurso de Apelación

KLAN202500498. Mediante el cual, señaló los siguientes

errores:

Cometió grave error y abusó de su discreción el Tribunal Primera Instancia al desestimar la Demanda bajo el mecanismo de sentencia sumaria cuando lo solicitado por el ayuntamiento fue la desestimación de la acción por falta de jurisdicción del tribunal.

Cometió grave error y abusó de su discreción el Tribunal de Primera Instancia al concluir que la compareciente, como KLAN202500498 CONS. KLAN202500540 13

contratista de la AEE, no está exenta del pago de arbitrios de construcción, aun cuando el Tribunal de Apelaciones resolvió en un caso idéntico que sí lo estaba.

Cometió un grave error y abusó de su discreción el Tribunal de Primera Instancia al desviarse de la posición adoptada por este Tribunal de Apelaciones cuando le revocó en un caso con controversia idéntica a la de autos.

Cometió grave error y abusó de su discreción el Tribunal de Primera Instancia al imponerle temeridad a las compareciente.

En la misma fecha, COBRA presentó una Urgente

Solicitud en Auxilio de Jurisdicción. No obstante,

emitimos una Resolución, declarándola No Ha Lugar.

Posteriormente, el 13 de junio de 2025, COBRA

presentó el recurso KLAN202500540 y señaló los

siguientes errores:

Cometió grave error y abusó de su discreción el Tribunal Primera Instancia al concluir que la compareciente, como contratista de la AEE, no está exenta del pago de arbitrios de construcción, aun cuando el Tribunal de Apelaciones resolvió en un caso idéntico que sí lo estaba.

Cometió grave error y abusó de su discreción el Tribunal de Primera Instancia al desviarse de la posición adoptada por este Tribunal de Apelaciones cuando le revocó en un caso con controversia idéntica a la de autos.

Cometió un grave error y abusó de su discreción el Tribunal de Primera Instancia al dictar sentencia sumaria introduciendo defensas, argumentos y documentos que no fueron levantados ni forman parte del expediente judicial.

Cometió grave error y abusó de su discreción el Tribunal de Primera Instancia al imponerle temeridad a las compareciente.

Con el propósito de lograr el “más justo y eficiente

despacho” del asunto ante nuestra consideración,

prescindimos de términos, escritos o procedimientos

ulteriores. Regla (7)(B)(5) del Reglamento del Tribunal

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.7. KLAN202500498 CONS. KLAN202500540 14

II.

-A-

La Ley de Municipios Autónomos, Ley Núm. 81-1991,

21 LPRA sec. 4001 et seq. (Ley Núm. 81-1991) fue creada

con el propósito de garantizar a los municipios la

autonomía fiscal y gobierno propio para atender con

mayor eficacia las necesidades de sus habitantes.

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 81-1991, supra.

Véase, además: Const. Jose Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR

113, 121 (2012). Como parte de su política pública, le

fue reconocido a todo Municipio autonomía en el orden

jurídico, económico y administrativo, lo que incluía la

libre administración de sus bienes, disposición de sus

ingresos y la forma de recaudarlos e invertirlos. 21

LPRA sec. 4004. Consecuentemente, la Ley de Municipios

Autónomos facultó a los ayuntamientos municipales a

imponer y cobrar contribuciones, derechos, licencias,

arbitrios de construcción y otros arbitrios e impuestos,

tasas y tarifas razonables, dentro de los límites

territoriales del municipio a través de ordenanzas

municipales. Íd., sec. 4001; sec. 4052. Véase, además:

HBA Contractors v. Mun. de Ceiba, 166 DPR 443, 454

(2005).

Posteriormente, la precitada Ley fue objeto de

varias enmiendas, entre ellas, la Ley Núm. 130 de 10 de

junio de 1998. 21 LPRA sec. 4052. Dicha enmienda,

aclaró que la intención legislativa era que, incluso

“aquella obra que no requiera la solicitud o expedición

de un permiso por la Administración de Reglamentos y

Permisos o por un municipio autónomo, deberá pagar

arbitrios de construcción”. Exposición de Motivos de la

Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de KLAN202500498 CONS. KLAN202500540 15

Puerto Rico, Ley Núm. 130-1998. Conforme a las

expresiones contenidas en la Exposición de Motivos de la

precitada Ley Núm.130-1998:

[L]a exención otorgada por Ley Núm. 199, antes citada, no se extiende a las personas naturales o jurídicas privadas creadas al amparo de las leyes que las rigen, excepto cuando la ley así lo disponga explícitamente; por lo que tampoco es correcto asumir que las protecciones constitucionales y la ley que cobijan a las agencias estatales, corporaciones públicas y municipios, al Gobierno Federal, se extienden automáticamente a una persona natural o jurídica privada que contrate con estas para realizar obras de construcción.

…

La enmienda propuesta por la Ley tiene como propósito asegurar que todo contratista que realice una obra pública del Gobierno Central pague el arbitrio de construcción correspondiente en el municipio en donde se lleve a cabo dicha obra, previo al comienzo de la misma. Con esta disposición, la Asamblea Legislativa reafirma la facultad cedida por Ley a los municipios de allegar fondos a sus respectivos Gobiernos Municipales para sufragar los servicios que otorgan a sus ciudadanos. Íd.

Subsiguientemente, la Ley de Municipios Autónomos

fue derogada y sustituida por el Código Municipal de

2020.16 Este nuevo estatuto, igualmente faculta a las

entidades municipales a imponer y cobrar los arbitrios

de construcción y otros arbitrios e impuestos, tasas y

tarifas razonables, dentro de los límites territoriales

del municipio a través de ordenanzas municipales. 21

LPRA sec. 7331 y sec. 8351. Bajo el palio de su Artículo

2.109, toda obra de construcción realizada por una

persona natural o jurídica dentro de los límites

territoriales municipales deberá pagar el arbitrio de

construcción que corresponda, previo al comienzo de

dicha obra, a tenor con las ordenanzas aplicables. Íd.

sec. 7331.

16Es de aplicación la derogada Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico, Ley Núm. 81-1991 por ser la vigente en el momento que ocurrieron los hechos del presente caso. KLAN202500498 CONS. KLAN202500540 16

El Artículo 1.003(cc) de la derogada Ley de

Municipios Autónomos, definía arbitrio de construcción

como “aquella contribución impuesta por los municipios

a través de una ordenanza municipal aprobada con dos

terceras partes para ese fin, la cual recae sobre el

derecho de llevar a cabo una actividad de construcción

o una obra de construcción dentro de los límites

territoriales del municipio.” 21 LPRA sec. 4001.

Además, actividad de construcción se definía como “el

acto o actividad de construir, reconstruir, ampliar,

reparar, demoler, remover, trasladar o relocalizar

cualquier edificación, obra, estructura, casa o

construcción de similar naturaleza fija y permanente,

pública o privada, realizada entre los límites

territoriales de un municipio.” Íd.

Por ser de gran importancia para la determinación

de las controversias ante nos, el Artículo 2.007(f) de

la Ley de Municipios Autónomos, declaraba exentas de

pagar el referido arbitrio a:

[A]quellas obras hechas mediante el método conocido como administración, es decir, como parte de los programas de construcción de una agencia del Gobierno Central o sus instrumentalidades, una corporación pública, un municipio o una agencia del Gobierno Federal. No obstante, esta exención no aplica a las obras de construcción llevadas a cabo por una persona natural o jurídica privada, actuando a favor o en representación de o por contrato o subcontrato suscrito con una agencia17 o instrumentalidad del Gobierno Central18 o Municipal. Tampoco aplica dicha exención cuando se trate de obras de construcción llevadas a cabo por una persona natural o jurídica privada actuando a favor o en representación de o por

17 El Art. 1.003 de Ley Núm. 81-1991 define como agencia pública “cualquier departamento, negociado, administración, oficina, comisión junta, tribunal examinador, cuerpo, programa, autoridad, entidad, corporación pública y subsidiaria de ésta, instrumentalidad e institución de la Rama Ejecutiva del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluyendo la Oficina propia del Gobernador”. 21 LPRA sec. 4001. 18 De otra parte, Gobierno Central, “significará el Gobierno del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus agencias públicas, instrumentalidades y subdivisiones políticas, excluyendo la Rama Legislativa y la Rama Judicial”. Íd. KLAN202500498 CONS. KLAN202500540 17

contrato o subcontrato suscrito con una agencia del Gobierno Federal, cuando las leyes o reglamentos federales aplicables así lo permitan. 21 LPRA sec. 4057.

De esta disposición y las definiciones que

anteceden se colige que, la exención reconocida a la

entidad gubernamental o corporación pública “no aplica

a las obras de construcción ejecutadas por una persona

natural o jurídica privada, actuando a favor o en

representación de o por contrato o subcontrato suscrito

con una agencia o instrumentalidad del Gobierno Central

o Municipal”. Íd. sec. 4057.

Cónsono con lo anterior, es pertinente señalar que

la Sección 22 de la Ley Núm. 83-1941, establece que la

AEE estará exenta del pago de contribuciones.

Expresamente dispone lo siguiente:

[L]a Autoridad no será requerida para pagar ningunas contribuciones estatales o municipales, o impuestos de cualquier tipo sobre ninguna de las propiedades muebles e inmuebles adquiridas por ella o bajo su potestad, dominio, posesión o inspección, o sobre sus actividades en la explotación y conservación de cualquier empresa, o sobre los ingresos derivados de cualesquiera de sus empresas y actividades, o sobre su volumen de negocios. 22 LPRA sec. 212.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha tenido que

atender múltiples controversias relacionadas a la

procedencia o no, de la imposición y el cobro de

arbitrios de construcción por parte de los municipios.

Algunos de estos casos son los que se discuten a

continuación.

En Interior Developers v. Mun. de San Juan, 177 DPR

693 (2009), nuestro Más Alto Foro resolvió que la Ley

Núm. 81-1991, supra, no contemplaba el cobro de

arbitrios de construcción a una empresa que contratase

con la Rama Legislativa para realizar una obra de

construcción en el Capitolio. 21 LPRA sec. 7012. A su KLAN202500498 CONS. KLAN202500540 18

vez, fundamentándose en el Artículo 2.002(d) de la Ley

Núm. 81-1991, nuestro Tribunal Supremo reiteró que el

surgimiento de la obligación tributaria del

contribuyente para con el municipio depende de: (1) que

se trate de una obra de construcción; (2) que esté dentro

de los límites territoriales del municipio, y (3) que

sea realizada por una persona natural o jurídica

privada, o una persona natural o jurídica privada

contratada por una agencia o dependencia del Gobierno

Central, municipal o federal. Interior Developers v.

Mun. de San Juan, 177 DPR 693, 705 (2009). Así pues,

determinó que al analizar si un municipio está facultado

para cobrar el arbitrio de construcción correspondiente,

se debe considerar: (1) el tipo de obra realizada; (2)

su localización; y (3) a quién pertenece la obra. Íd.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico explicó que,

conforme a la definición de contribuyente contenida en

el Artículo 1.003(ee) de la Ley de Municipios Autónomos,

supra, existen dos (2) posibles escenarios. Interior

Developers v. Mun. de San Juan, supra, pág. 706.

Primero, puede ser contribuyente “la persona que sea

dueña de la obra y que personalmente la ejecute”.

Segundo, también puede ser contribuyente la persona que

“sea contratada para realizar la construcción, que a su

vez podrá pasar el costo al dueño de la obra.” Íd.

Destacó que, en cuanto al requisito del dueño de la obra,

la definición de Gobierno Central ofrecida por la Ley

excluía expresamente a la Rama Legislativa y la Rama

Judicial. Íd. Por ello concluyó que, aunque se trataba

de una obra de construcción dentro de los límites

territoriales del Municipio de San Juan, el dueño de la

obra era la Rama Legislativa, faltando, por tanto, el KLAN202500498 CONS. KLAN202500540 19

requisito esencial de que la obra fuera realizada por

una persona natural o jurídica privada, o por una persona

natural o jurídica privada contratada por una agencia o

dependencia del Gobierno Central, Municipal o Federal.

Mientras que, en Cooperativa de Ahorro y Crédito de

Rincón v. Mun. Mayagüez, 200 DPR 546 (2018), el Tribunal

Supremo analizó por primera vez la extensión o alcance

de la exención de pagos de arbitrios de contribución a

la luz de la ley orgánica de la entidad gubernamental en

controversia, más allá de la disposición contenida en la

Ley de Municipios Autónomos. En esencia, una compañía

que contrató la realización de una obra de construcción

con una Cooperativa solicitó al Municipio donde estaba

localizada la obra que le eximiera de los arbitrios de

construcción. Basó su petición en lo dispuesto en el

Artículo 6.08(a)(3) de la Ley de Cooperativas. Ley de

Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito de 2002, Ley

Núm. 255-2002, 7 LPRA sec. 1366g.

En dicho caso, nuestro Más Alto Foro resolvió que,

el “lenguaje sumamente abarcador ilustrativo de una

intención legislativa contra el ejercicio del poder

tributario sobre las cooperativas” impedía interpretar

que la exención solamente aplicaba a los arbitrios que

los municipios les cobran directamente a las

cooperativas, pues ello no considera que, eran las

cooperativas las que terminarían pagando los arbitrios.

Coop. Ahorro Rincón v. Mun. Mayagüez, supra, pág. 560.

La Ley de Cooperativas expresamente incluyó los

arbitrios municipales entre los pagos que las

cooperativas no tenían que satisfacer. Por ello,

distinto a otros casos, la extensión de la exención del

pago de los arbitrios de construcción aplicable a la KLAN202500498 CONS. KLAN202500540 20

dueña de la obra, concedida en el caso por fiat judicial

a la persona jurídica privada que contrató con esta para

realizarla, se hizo a modo de excepción, pues, la

disposición que la regula así lo hizo posible.

En Municipio de Utuado v. Aireko Construction

Corp., 176 DPR 897 (2009), el Tribunal Supremo determinó

validar la imposición de arbitrios de construcción a un

contratista que contrató una obra de construcción con la

Autoridad de Edificios Públicos en el Municipio de

Utuado. En este, una persona jurídica privada que

contrató la realización de una obra de construcción con

una instrumentalidad gubernamental pagó sin cuestionar

los arbitrios de construcción al Municipio. El Tribunal

Supremo aclaró, que el arbitrio de construcción recae

sobre la obra, por lo que, el mero cambio de contratista

no requería imponer otro arbitrio de construcción sobre

la misma. Este dictamen buscó evitar la doble

tributación de arbitrios de construcción cuando el

contratista original es sustituido luego de haber

iniciado la obra.

De otra parte, en Río Construction Corp. v.

Municipio de Carolina, 153 DPR 615 (2001), nuestro

Tribunal Supremo interpretó que la Ley de Municipios

Autónomos, exigía el pago de arbitrios municipales a las

empresas privadas contratadas por los gobiernos

municipales para realizar una actividad de construcción,

aun cuando se le exima de obtener un permiso de ARPE.19

19En este caso, la Autoridad de Carreteras de Puerto Rico contrató a una corporación privada para construir un puente en el Municipio de Carolina. Tras el Municipio facturarle los arbitrios de construcción correspondientes, la Corporación se opuso aduciendo que la Ley Núm. 199 de 6 de septiembre de 1996, le eximía de pagar los arbitrios reclamados. Se refirió a que la mencionada Ley excluía “del pago de los arbitrios a los proyectos que no necesitaban obtener un permiso de la Administración de Reglamentos y Permisos”. Río Construction Corp. v. Municipio de Carolina, 153 DPR 615, 618 (2001). KLAN202500498 CONS. KLAN202500540 21

21 LPRA sec. 4001 et. seq. Específicamente sostuvo lo

siguiente:

En vista que la intención legislativa claramente pretende ampliar las facultades contributivas de los municipios, y que la propia Ley Núm. 199, supra, no exime del pago de arbitrios a entidades que contraten con el Gobierno, Río Construction debe pagar los arbitrios adeudados al Municipio. … En otras palabras, el referido Artículo 2.007(f) hace clara distinción que, aunque la entidad gubernamental pueda estar exenta de pagar arbitrios de construcción, por administración y con su propio personal, este relevo de obligaciones no se extiende a entidades que contraten con el gobierno. La referida entidad, por ende, tiene que pagar arbitrios de construcción. Íd.

Por otra parte, este Foro Apelativo ha atendido

varias controversias similares. Por ejemplo, en Aireko

v. Municipio de Moca, un Panel Hermano de este Foro

resolvió que contratistas de la Compañía de Fomento

Industrial de Puerto Rico (PRIDCO) estaban exentos del

arbitrio de construcción. Se fundamentó en que, al igual

que interpretó el Tribunal Supremo en Coop. Ahorro

Rincón v. Mun. Mayagüez, supra, la amplia exención a

favor de PRIDCO era extensible a Aireko. Conforme

dispuso el Panel, lo contrario sería limitar la exención

contributiva concedida a PRIDCO de una manera que no es

acorde a la intención legislativa y limitaría su función

y razón de ser para el importante fin público de promover

el desarrollo económico. Añadió, que, resolver que

Aireko no estaba exento del pago de los arbitrios de

construcción que el Municipio le reclamó, burlaría la

intención legislativa de eximir a PRIDCO e

indirectamente a Aireko del pago de arbitrios de

construcción municipales.

Mientras que, en Municipio de Maunabo v. Cobra

Acquisitions, LLC., este Foro resolvió que, si bien era

cierto que la AEE estaba exenta del pago de KLAN202500498 CONS. KLAN202500540 22

contribuciones sobre, entre otras cosas, sus actividades

en la explotación y conservación de cualquier empresa,

o sobre los ingresos derivados de cualesquiera de sus

empresas y actividades, o sobre su volumen de negocios,

según disponía la Sección 22 de su Ley Habilitadora, la

compañía contratada, no lo estaba.

De otra parte, en Lord Construction v. Mun. San

Juan, este foro intermedio determinó que procedía

extender la exención concedida a la AEE en virtud de su

Ley Habilitadora, a la compañía contratada, Lord

Constructions.20 El Panel, aplicó por analogía lo

resuelto en Cooperativa de Ahorro de Rincón v. Mun.

Mayagüez, supra, y concluyó que debido a que el arbitrio

de construcción recaía sobre la obra, y no sobre la

persona que la realizaba, al ser la AEE una corporación

pública exenta del pago de los arbitrios la dueña de

esta, el Municipio no podía requerirle el pago de los

arbitrios de construcción a la compañía contratada; esto

porque no nace la obligación de pago de arbitrios de

construcción. Indicó que, interpretar lo contrario

frustraría la intención legislativa de otorgarle la

exención contributiva a la AEE, pues es ésta quien en

última instancia viene obligada a pagar dicho arbitrio.

Finalmente, este Tribunal de Apelaciones en Super

Asphalt Pavement Corp. v. Municipio Autónomo de Cayey,

KLAN202400286, concluyó que la compañía Super Asphalt

contratada por la Autoridad de Carreteras y Transporte

20 La Sección 22(a), establecía: [L]a Autoridad no será requerida para pagar ningunas contribuciones estatales o municipales, o impuestos de cualquier tipo sobre ninguna de las propiedades muebles e inmuebles adquiridas por ella o bajo su potestad, dominio, posesión o inspección, o sobre sus actividades en la explotación y conservación de cualquier empresa, o sobre los ingresos derivados de cualesquiera de sus empresas y actividades, o sobre su volumen de negocios. KLAN202500498 CONS. KLAN202500540 23

(ACT) tenía que satisfacer los arbitrios de la

construcción al Municipio de Cayey. Determinaron que,

la disposición de exención sobre el pago de arbitrios de

construcción contenida en la Ley habilitadora de la ACT

no disponía nada para extenderla a favor de una persona

natural o jurídica privada que fuera contratada para la

realización de una obra de construcción. Por ello, una

vez aplicaron las guías establecidas sobre los arbitrios

de construcción “es decir, el tipo de obra, su

localización y a quién pertenece la misma, y a la luz

del análisis preciso de la disposición de la Ley

habilitadora de la ACT, resolvemos que Super Asphalt no

está eximida del pago de los arbitrios de construcción

de la obra que contrató con la ACT realizar en el

Municipio de Cayey.”

Nuestro Tribunal Supremo ha examinado la intención

legislativa de cada ley habilitadora o de la medida

aplicable para determinar si la exención contributiva de

la entidad contratante en particular cobija a aquellas

personas contratadas o subcontratadas para realizar la

obra de construcción. Véase, Interior Developers v.

Mun. de San Juan, supra; Cooperativa de Ahorro y Crédito

de Rincón v. Mun. Mayagüez, supra. En otras palabras,

el análisis incluye la evaluación de la ley habilitadora

de la agencia o entidad gubernamental para determinar

si, contrario a lo que dispone la Ley de Municipios

Autónomos, las personas naturales o jurídicas privadas

que contraten con esta, también estaría eximida del pago

de arbitrios.

-B-

En nuestro ordenamiento jurídico, la concesión de

costas en el litigio está gobernada por la Regla 44.1 de KLAN202500498 CONS. KLAN202500540 24

las de Procedimiento Civil. 32 LPRA Ap. V, R. 44.1. En

lo pertinente, ésta dispone que “le serán concedidas a

la parte a cuyo favor se resuelva el pleito o se dicte

sentencia en apelación o revisión […]”. Íd. De acuerdo

con la norma procesal, el criterio para que el tribunal

decida cuáles partidas de las costas solicitadas

concede, es que se trate de los “gastos incurridos

necesariamente en la tramitación de un pleito o

procedimiento que la ley ordena o que el tribunal, en su

discreción, estima que una parte litigante debe

reembolsar a otra.” Íd.

Particularmente, la Regla 44.1 señala en el inciso

(d), que en caso de que cualquier parte o su abogado o

abogada haya procedido con temeridad o frivolidad, el

tribunal deberá imponerle en su sentencia al responsable

el pago de una suma por concepto de honorarios de abogado

que el tribunal entienda que corresponde a tal conducta.

Aunque el concepto temeridad no está expresamente

definido por la Regla 44.1 (d) de Procedimiento Civil,

se trata de una actitud que se proyecta sobre el

procedimiento y que afecta el buen funcionamiento y la

administración de la justicia. Fernández v. San Juan

Cement Co., Inc., 118 DPR 713 (1987).

El propósito de este mecanismo es penalizar al que

con su conducta ha obligado a la parte adversa en un

litigio a incurrir en gastos y con ello le ha causado

innecesariamente molestias e inconvenientes. SLG

Flores-Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843, 867 (2008). La

imposición del pago de honorarios de abogado, de

conformidad con la Regla 44.1, supra, depende de que el

tribunal haga una determinación de temeridad. KLAN202500498 CONS. KLAN202500540 25

Por último, “[l]a determinación de si un litigante

ha procedido con temeridad descansa en la sana

discreción del tribunal sentenciador.” Raoca Plumbing

v. Trans World, 114 DPR 464, 468 (1983). El tribunal

impondrá la cuantía que el juzgador entienda que

corresponde a la conducta temeraria. Meléndez Vega v.

El Vocero de PR, 189 DPR 123, 212 (2013); citando a

Andamios de PR v. Newport Bonding, 179 DPR 503, 519-520

(2010). Los criterios para evaluar al determinar si una

parte litigante incurrió en temeridad son: (1) el grado

de temeridad desplegada durante el litigio; (2) la

naturaleza del procedimiento judicial; (3) los esfuerzos

y la actividad profesional ejercida en el litigio; (4)

la habilidad y reputación de los abogados. Asociación

de Condóminos v. Trelles Reyes, 120 DPR 574, 579 (1988).

Cónsono con lo anterior, reconocemos que de

ordinario el ejercicio de las facultades discrecionales

por el foro de primera instancia merece nuestra

deferencia. Como corolario de lo anterior, sólo

intervendremos con el ejercicio de dicha discreción en

aquellas situaciones en que se demuestre que el foro

recurrido: (1) actuó con prejuicio o parcialidad; (2)

incurrió en un craso abuso de discreción; o (3) se

equivocó en la interpretación de cualquier norma

procesal o de derecho sustantivo. Rivera Durán v. Banco

Popular, 152 DPR 140 (2000).

III.

En el caso de autos, en esencia, COBRA impugna las

Sentencias en la que el foro primario declaró no ha lugar

y desestimó la reclamación para que fueran eximidos del

pago de arbitrios de construcción solicitados por el KLAN202500498 CONS. KLAN202500540 26

Municipio, además de la imposición de honorarios por

temeridad.

En sus recursos, la parte apelante alega que erró

el foro primario al concluir que no le era extensiva la

dispensa total de contribuciones que la Ley Habilitadora

le confiere a la AEE, como consecuencia, debían pagarle

a los Municipios los arbitrios de construcción por el

trabajo realizado a la red eléctrica. Sostiene que, el

foro primario inició su análisis jurídico dándole

prioridad a la Ley Núm. 81-1991, supra, cuando debió ser

a la Ley Núm. 83-1941, supra, la cual expresamente

dispone que sus disposiciones prevalecerán sobre

cualquier otra ley. Por ello, arguye que la Ley de

Municipios Autónomos no incorporó alguna disposición que

estableciera que las obras a realizarse en propiedad de

la AEE estarían obligados a pagar arbitrios de

construcción, por lo que, su omisión es que prevalece la

exención de la Ley Núm. 83-1941. Así pues, reitera que,

si la AEE está exenta del pago, su obra también lo está.

Por ello, enfatizan que exigirle el pago del arbitrio de

construcción a COBRA, sería imponerle el arbitrio de

facto a la AEE como dueño de la obra.

La Ley Núm. 81-1991, supra, establece quién debe

pagar los arbitrios por las obras de construcción que

son llevados a cabo dentro de los límites geográficos de

un Municipio. En particular y pertinente a la

controversia ante nos, el Artículo 2.002(d) de la

precitada Ley, dispone que una obra de construcción “que

sea llevada a cabo por una persona natural o jurídica

privada a favor o en representación de, o por contrato

o subcontrato suscrito con una agencia o

instrumentalidad del Gobierno Central o Municipal o del KLAN202500498 CONS. KLAN202500540 27

Gobierno Federal […] deberá pagar arbitrio de

construcción correspondiente […]” al municipio donde se

lleve a cabo la obra. Artículo 2.002(d) de la Ley Núm.

81-1991, supra.

La Ley de Municipios Autónomos incluye a las

corporaciones públicas bajo el término de agencia

pública. Art. 1.003(a) de la Ley de Municipios

Autónomos, supra. De igual forma, considera

contribuyente a toda:

[…] persona natural o jurídica obligada al pago del arbitrio sobre la actividad de la construcción cuando:

(1) Sea dueño de la obra y personalmente ejecute las labores de administración y la labores físicas e intelectuales inherentes a la actividad de construcción.

(2) Sea contratada para que realice las labores descritas en la cláusula (1) de este inciso para beneficio del dueño de la obra, sea éste una persona particular o entidad gubernamental. El arbitrio formará parte del costo de la obra. Art. 1.003(a) de la Ley de Municipios Autónomos, 21 LPRA sec. 4001(ee).

El Artículo 2.002 inciso (d) de la Ley Núm. 81-

1991, supra, fue interpretado por nuestro Tribunal

Supremo en el caso de ECA General Contractors, Inc. v.

Municipio Autónomo de Mayagüez, 200 DPR 665 (2018), en

el que reiteró la norma sobre la obligación de pagar el

arbitrio de construcción. Específicamente, indicó que

esta obligación nace cuando concurren las siguientes

circunstancias:

(1) que se trate de una obra de construcción;

(2) que esté dentro de los límites territoriales del municipio; y

(3) que la realice una persona natural o jurídica privada, o una persona natural o jurídica privada contratada por una agencia o dependencia del Gobierno Central, municipal o federal. KLAN202500498 CONS. KLAN202500540 28

Luego de evaluar la controversia ante nos, resulta

preciso concluir que los Municipios tienen un derecho a

obtener un remedio en Ley respecto a su reclamo de

arbitrios contra COBRA. Veamos.

La AEE contrató a COBRA para trabajos de

construcción sobre el servicio eléctrico en varios

Municipios. Es evidente que, dicho contrato fue llevado

a cabo dentro de los límites territoriales de cada

Municipio afectado y fue realizado por una empresa

privada (COBRA) contratada por una instrumentalidad

pública (AEE).

De otra parte, el Artículo 2.007(f) de la Ley de

Municipios Autónomos, 21 LPRA sec. 4057(f)(7), establece

unas exenciones para el pago de arbitrios de

construcción, donde dispone lo siguiente:

Quedan exentas del pago de arbitrio de construcción aquellas obras hechas mediante el método conocido como administración, es decir, como parte de los programas de construcción de una agencia del gobierno central o sus instrumentalidades, una corporación pública, un municipio o una agencia del Gobierno Federal. No obstante, esta exención no aplica a las obras de construcción llevadas a cabo por una persona natural o jurídica privada, actuando a favor o en representación de o por contrato o subcontrato suscrito con una agencia o instrumentalidad del Gobierno Central o Municipal. Tampoco aplica dicha exención cuando se trate de obras de construcción llevadas a cabo por una persona natural o jurídica privada actuando a favor o en representación de o por contrato o subcontrato suscrito con una agencia del gobierno federal, cuando las leyes o reglamentos federales aplicables así lo permitan.

Así pues, podemos concluir que, en efecto la AEE

está exenta del pago de los arbitrios de construcción

por ser una corporación pública. De igual forma lo

establece la Sección 22(a) de Ley de la Autoridad de

Energía Eléctrica, supra, que dispone que:

[…] la Autoridad no será requerida para pagar ningunas contribuciones estatales o municipales, o impuestos de cualquier tipo KLAN202500498 CONS. KLAN202500540 29

sobre ninguna de las propiedades muebles e inmuebles adquiridas por ella o bajo su potestad, dominio, posesión o inspección, o sobre sus actividades en la explotación y conservación de cualquier empresa, o sobre los ingresos derivados de cualesquiera de sus empresas y actividades, o sobre su volumen de negocios. […].

Como podemos apreciar, la disposición de exención

sobre el pago de arbitrios de construcción establecida

en la Ley Núm. 83-1941, supra, nada dispone sobre

extenderla a favor de personas naturales o jurídicas

privadas que contraten con ella para una obra de

construcción. Por tanto, la ausencia de una disposición

especial que conflija con la Ley Núm. 81-1991, supra, es

el mandato de ley aplicable. Así pues, es forzoso

concluir que no hubo intención del legislador en

extender la exención del pago de arbitrios de la AEE a

COBRA. En Coop. Ahorro Rincón v. Mun. Mayagüez, supra,

Nuestro Tribunal Supremo expresó que “las exenciones

contributivas se deben interpretar restrictivamente y,

en caso de duda, a favor de su inexistencia”. Íd.;

Pfizer Pharm. v. Mun. de Vega Baja, 182 DPR 267 (2011).

Por consiguiente, luego de analizar las

legislaciones aplicables, podemos determinar que las

exenciones no son aplicables a COBRA. La Ley de

Municipios Autónomos, supra, provee para el pago de

arbitrios a la compañía que ejecuta la obra y que haya

sido contratada por la AEE, así pues, su exención no le

es extensiva.

En cuanto a su último señalamiento de error, COBRA

alega que incidió el foro primario al imputarle

temeridad. Señala que, no surge hecho o razón alguna

para justificar la imputación de temeridad. Por lo que,

reitera procede su revocación. KLAN202500498 CONS. KLAN202500540 30

La Regla 44.1(d), dispone que en caso de que

cualquier parte o su abogado haya procedido con

temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en

su sentencia al responsable, el pago de una suma por

concepto de honorarios de abogado que el tribunal

entienda que corresponde a tal conducta. Cabe precisar

que, “[l]a determinación de si un litigante ha procedido

con temeridad descansa en la sana discreción del

tribunal sentenciador.” Raoca Plumbing v. Trans World,

supra.

Cónsono con lo anterior, sólo intervendremos con el

ejercicio de dicha discreción en aquellas situaciones en

que se demuestre que el foro recurrido actuó con

prejuicio o parcialidad, abusó de su discreción o se

equivocó en la interpretación de las normas procesales

o de derecho. En este caso, no le asiste la razón a

COBRA al plantear que el foro primario incidió al

imponerles temeridad. Por tanto, concluimos que el

cuarto señalamiento de error no se cometió.

En virtud de lo anterior, concluimos que los

señalamientos de error no fueron cometidos por el

Tribunal de Primera Instancia.

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, CONFIRMAMOS

las Sentencias apeladas.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís Secretaria del Tribunal de Apelaciones