Antonio Riveras v. Cooperativa De Viviendas Rolling Hills

CourtTribunal De Apelaciones De Puerto Rico/Court of Appeals of Puerto Rico
DecidedOctober 27, 2025
DocketTA2025AP00355
StatusPublished

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Antonio Riveras v. Cooperativa De Viviendas Rolling Hills, (prapp 2025).

Opinion

Estado Libre Asociado de Puerto Rico TRIBUNAL DE APELACIONES PANEL IV

ANTONIO RIVERA et als Apelación procedente del Tribunal de Primera Parte Apelante Instancia, Sala Superior de Carolina v. TA2025AP00355

COOPERATIVA DE Caso Núm.: VIVIENDAS ROLLING F DP2014-0233 HILLS Sobre: Parte Apelada Daños y Perjuicios Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, el Juez Bonilla Ortiz y la Jueza Martínez Cordero Ortiz Flores, Jueza Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de octubre de 2025.

Comparece ante nosotros el señor Antonio Rivera Matos (Sr. Rivera

Matos; apelante) mediante el recurso de epígrafe y nos solicita que

revoquemos la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de Carolina (TPI), la cual fue notificada el 18 de agosto de 2025.

En el aludido dictamen, el foro primario declaró No Ha Lugar la Demanda

por interpuesta por el apelante.

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se

desestima el recurso ante la falta de jurisdicción para atenderlo, por tardío.

I

Por hechos ocurridos durante el mes de julio de 2013, el Sr. Rivera

Matos presentó ante el TPI una Demanda sobre daños y perjuicios contra

la Cooperativa de Viviendas Rolling Hills (Cooperativa; apelada).

Posteriormente, el 10 de octubre de 2014, la Cooperativa compareció

mediante con el escrito titulado Contestación a la Demanda.

Luego de los trámites procesales de rigor, se celebró una vista en

su fondo los días 17 y 18 de septiembre de 2024. Posteriormente, el TPI

emitió una Sentencia 8 de agosto de 2025, notificada el 18 de agosto de

2025, en la cual declaró No Ha Lugar la Demanda, ordenó “el cierre y TA2025AP00355 2

archivo del expediente, con las costas a favor de la parte demandada” y

apelada. Dicha sentencia fue notificada el 18 de agosto de 2025.

Inconforme con lo resuelto, el Sr. Rivera Matos acude ante este foro

revisor mediante recurso de apelación presentado el 19 de septiembre de

2025. En su escrito expone los siguientes señalamientos de error:

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL ACOGER LOS PLANTEAMIENTOS DE LA REPRESENTACI[Ó]N LEGAL DE LA “COOPERATIVA” DE QUE EL CO DEMANDADO MAURICIO L[Ó]PEZ QUIÑONES NO HAB[Í]A NOTIFICADO AL TRIBUNAL SI DESIST[Í]A DE LA CAUSA DE ACCI[Ó]N CUANDO ESTE EN DOS OCASIONES LE INFORM[Ó] AL “TPI” QUE CONTINUAR[Í]A COMO CO DEMANDANTE[.]

ERRÓ EL “TPI” AL NO APLICAR A LOS HECHOS DEL CASO LA DOCTRINA DEL CONTRATO DE DEP[Ó]SITO SOBRE EL PERMISO DE ESTACIONAMIENTO OTORGADO POR LA ADMINISTRACI[Ó]N DE LA “COOPERATIVA” SEGÚN LO ESTABLECIDO EN CASO NICOLE V. PONCE YACHT CLUB, 96 DPR 293, 297 (1968).

El 22 de septiembre emitimos Resolución donde otorgamos a la

parte apelada hasta el 20 de octubre de 2025 para presentar su alegato.

La Cooperativa oportunamente cumplió con lo ordenado y compareció el

17 de octubre de 2025, quedando así el perfeccionado el recurso.

II

Una vez una controversia es adjudicada por el Tribunal de Primera

Instancia, la parte que queda adversamente afectada por la decisión

emitida tiene derecho a acudir a un tribunal de mayor jerarquía y solicitar

su revisión. Para ello se han establecido estatutariamente unos términos

de carácter jurisdiccional, los cuales deben cumplir las partes interesadas

al solicitar una apelación. Cónsono a lo anterior, es menester recurrir a la

Regla 52 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 52, que dispone las

normas a seguir para estos procedimientos. En particular, la Regla 52.2(a)

dispone lo siguiente:

Los recursos de apelación al Tribunal de Apelaciones o al Tribunal Supremo para revisar sentencias deberán ser presentados dentro del término jurisdiccional de treinta (30) días contados desde el archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia dictada por el tribunal apelado. (Énfasis nuestro.) 32 LPRA Ap. V, R. 52.2(a). TA2025AP00355 3

En lo pertinente al caso ante nuestra consideración, citamos lo que

dispone la Regla 72 del Tribunal de Apelaciones, como sigue:

Regla 72 — Plazos para presentar escritos; prórrogas

(A) Cuando por mandato de la reglamentación aplicable, un escrito deba ser presentado ante el Tribunal de Apelaciones dentro de determinado periodo de tiempo o en un día determinado y la presentación se realice electrónicamente, el plazo vencerá a las once y cincuenta y nueve de la noche del día correspondiente. Cuando no sea posible presentar un escrito electrónicamente, este deberá ser presentado en la Secretaría del Tribunal de Apelaciones antes del vencimiento del término aplicable y en el horario regular de oficina de las ocho y treinta de la mañana hasta las cinco de la tarde o lo depositará en el buzón de presentaciones disponible desde las cinco de la tarde hasta las once y cincuenta y nueve de la noche en días laborables. (B) Cualquier solicitud de prórroga deberá ser recibida en la Secretaría del Tribunal de Apelaciones por lo menos tres días laborables antes de expirar el plazo cuya prórroga se solicita. El término para toda prórroga concedida empezará a contar desde la fecha de vencimiento del término original, a menos que el Panel que considera el caso disponga otra cosa. (C) No se aceptarán escritos fuera de término, a menos que el Panel que considera el caso disponga otra cosa. En el caso de términos jurisdiccionales, no se concederá prórroga. (D) Cualquier documento que requiera el pago de derechos arancelarios se entenderá presentado oficialmente en el tribunal cuando se paguen los aranceles correspondientes, de así ser requerido por ley. (énfasis nuestro.)

La Regla 68.1 de Procedimiento Civil, dispone cómo computar el

término concedido en la Regla 52.2, antes citada, como sigue:

En el cómputo de cualquier término concedido por estas reglas, o por orden del tribunal o por cualquier estatuto aplicable, no se contará el día en que se realice el acto, evento o incumplimiento después del cual el término fijado empieza a transcurrir. El último día del término así computado se incluirá siempre que no sea sábado, domingo ni día de fiesta legal, extendiéndose entonces el plazo hasta el fin del próximo día que no sea sábado, domingo ni día legalmente feriado. También podrá suspenderse o extenderse cualquier término por causa justificada cuando el Tribunal Supremo de Puerto Rico lo decrete mediante resolución. Cuando el plazo concedido sea menor de siete (7) días, los sábados, domingos o días de fiesta legal intermedios se excluirán del cómputo. Medio día feriado se considerará como feriado en su totalidad. 32 LPRA Ap. V, R. 68.1. TA2025AP00355 4

B

Es norma conocida que los tribunales debemos ser celosos

guardianes de la jurisdicción que nos ha sido concedida, examinando tal

aspecto en primer orden, incluso cuando no haya sido planteado por

ninguna de las partes. Yumac Home v. Empresas Massó, 194 DPR 96, 103

(2015); Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 (2005); Vázquez v. A.R.P.E.,

128 DPR 513, 537 (1991). No podemos atribuirnos jurisdicción si no la

tenemos, así como tampoco las partes en un litigio nos la pueden

otorgar. Maldonado v. Junta Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007). La

ausencia de jurisdicción es insubsanable. Id. Por tanto, cuando un tribunal

determina que no tiene la autoridad para atender un recurso, solo puede

así declararlo y desestimar el caso. Caratini v. Collazo Syst. Analysis, Inc.,

158 DPR 345, 355 (2003).

Asimismo, “[l]as cuestiones de jurisdicción por ser privilegiadas

deben ser resueltas con preferencia, y de carecer un tribunal de jurisdicción

lo único que puede hacer es así declararlo”. González v. Mayagüez Resort

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