EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Raúl Zambrana García
Recurrido Certiorari
v. 2020 TSPR 47 Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Departamento de Salud, 204 DPR _____ Oficina de Gerencia y Presupuesto
Peticionarios
Número del Caso: CC-2016-694
Fecha: 15 de junio de 2020
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan, Panel I
Oficina del Procurador General:
Lcdo. Luis A. Román Negrón Procurador General
Lcda. Karla Z. Pacheco Álvarez Subprocuradora General
Lcda. Miriam Álvarez Archilla Procuradora General Auxiliar
Lcda. Gisela Rivera Matos Procurador General Auxiliar
Abogado de la parte recurrida:
Lcdo. Nelson Rosario Rodríguez
Materia: Derecho Laboral: Definición del concepto “ingreso neto” a ser deducida de la compensación por concepto de salarios dejados de percibir que un patrono adeuda a un empleado público cesanteado ilegalmente.
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Recurrido
v. CC-2016-0694 Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Departamento de Salud, Oficina de Gerencia y Presupuesto
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ TORRES.
En San Juan, Puerto Rico, a 15 de junio de 2020.
La controversia que tenemos ante nuestra
consideración requiere que definamos cuál es el
“ingreso neto” que se va a deducir de la compensación
por concepto de salarios dejados de percibir que un
patrono adeuda a un empleado público cesanteado
ilegalmente. Por los fundamentos que exponemos a
continuación, concluimos que “ingreso neto” se define
como el salario que devengó el empleado despedido por
trabajos obtenidos y realizados durante la cesantía
correspondiente a la cantidad de horas que habría
trabajado para el patrono si no le hubiera
cesanteado, menos los gastos en que incurrió para
devengarlo. CC-2016-0694 2
I
El Dr. Raúl Zambrana García (doctor Zambrana) trabajó
para el Departamento de Salud desde el año 1978 hasta el
2000, cuando fue cesanteado. Posteriormente, apeló la
decisión en la Junta de Apelaciones del Sistema de
Administración de Personal (JASAP).1 Tras varios incidentes
procesales, la JASAP emitió una resolución en la que declaró
ha lugar la apelación y ordenó la reinstalación y el pago de
los haberes dejados de percibir, según resuelto por este
Tribunal en el caso Hernández v. Mun. de Aguadilla, 154 DPR
199 (2001). Finalmente, el doctor Zambrana fue reinstalado
en su antiguo puesto de jefe del Hospital Regional de Ponce
el 16 de noviembre de 2011. Al ser reinstalado, se le
liquidaron las cantidades correspondientes a las licencias
de vacaciones y enfermedad, y el bono de navidad. Sin
embargo, no se le pagó al doctor Zambrana ninguna cuantía
por salarios dejados de percibir.
Ante esto, el doctor Zambrana presentó una demanda de
ejecución de sentencia contra el Departamento de Salud el 4
de septiembre de 2013, para que se le pagara la cuantía por
los salarios dejados de percibir desde el año 2000 que fue
cesanteado hasta el 2011 que fue reinstalado. El gobierno
contestó la demanda en representación del Departamento de
Salud como patrono y negó la existencia de la alegada deuda.
1 En 2004 se aprobó la Ley para la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 184-2004, 3 LPRA 1461 et seq., y la JASAP pasó a llamarse Comisión Apelativa de Administración de Recursos Humanos. Posteriormente se aprobó el Plan de Reorganización Núm. 2 de 2010, 3 LPRA Ap. XIII, y pasó a llamarse Comisión Apelativa del Servicio Público. CC-2016-0694 3
En síntesis, adujo que le pagó al doctor Zambrana un total
de $50,433.18 en concepto de liquidación de licencias por
enfermedad y vacaciones, así como por bono de Navidad,
dejadas de percibir. Agregó que, en el caso del salario
dejado de percibir, solo le correspondía al doctor Zambrana
aquella cuantía que este hubiese dejado de devengar como
consecuencia de su destitución luego de reducírsele
cualquier cuantía que hubiera recibido en su práctica
privada durante el tiempo en que estuvo cesanteado. Indicó
que, en el caso del doctor Zambrana, no procede el pago por
salario dejado de percibir porque sus ingresos de la práctica
privada excedieron el ingreso que hubiera recibido como
empleado del Departamento de Salud de no haber sido
despedido.
Culminado el descubrimiento de prueba, las partes
sometieron sus respectivas mociones de sentencia sumaria. El
Departamento de Salud argumentó en su moción de sentencia
sumaria que al realizar el cálculo y deducir las cantidades
que ganó el doctor Zambrana en su práctica privada no le
adeudaban salario alguno. Además, adujo que, por error, se
le pagó al doctor Zambrana $41,639.76 por concepto de
licencia de enfermedad y vacaciones acumuladas en exceso,
pagos que no correspondían a los salarios dejados de
percibir. Por ello, peticionó que se restara la referida
cantidad de la cuantía por haberes dejados de percibir que
se le adeudaban al doctor Zambrana, de entenderse que estos
procedían. CC-2016-0694 4
Por su parte, en su moción de sentencia sumaria, el
doctor Zambrana sostuvo que siempre tuvo una segunda fuente
de ingreso, por lo que no procedía que se descontaran los
ingresos generados en su práctica privada de la suma que
habría cobrado de no haber sido cesanteado. Expresó que la
normativa vigente disponía que la cantidad a descontarse de
los salarios dejados de percibir correspondía a aquellos
trabajos que se obtuvieron y se realizaron luego de la
cesantía. Cabe destacar que el doctor Zambrana no atendió en
su solicitud de sentencia sumaria el asunto del aumento que
pudieron haber tenido los ingresos producto de su práctica
privada luego de la cesantía.
El Tribunal de Primera Instancia emitió una sentencia
en la que proveyó ha lugar a la moción de sentencia sumaria
que presentó el gobierno, por lo que desestimó la demanda
del doctor Zambrana. Entendió que, de acuerdo con lo resuelto
en el caso de Hernández v. Mun. de Aguadilla, supra, procedía
que se descontara el sueldo que el doctor Zambrana devengó
en su práctica privada durante el tiempo que estuvo
cesanteado.
Inconforme, el doctor Zambrana apeló al Tribunal de
Apelaciones. Adujo que el foro primario erró al acoger el
cálculo realizado por el Departamento de Salud en lugar del
cálculo que indica los documentos estipulados por las partes
y al concluir que los ingresos de su práctica privada
aumentaron tanto que sobrepasaron la cantidad de sus haberes
dejados de percibir. El Tribunal de Apelaciones revocó el CC-2016-0694 5
dictamen del foro primario. Concluyó que la cifra utilizada
por el Tribunal de Primera Instancia en su sentencia no era
la correcta. Explicó que lo que debió deducirse era el
aumento en ingreso que generó el doctor Zambrana en su
práctica privada. Al aplicar la nueva fórmula, concluyó que
el doctor Zambrana tenía razón al indicar que el foro
primario erró en la cantidad total que utilizó. Finalmente,
el foro apelativo intermedio determinó que el balance
adeudado al doctor Zambrana por concepto de haberes dejados
de percibir era de $373,810.50. Sin embargo, determinó que
el pago de $41,819.76 efectuado por el Departamento de Salud
por concepto de licencia de vacaciones y enfermedad
acumuladas era improcedente, por lo que lo restó del monto
calculado. Así la suma final adeudada al doctor Zambrana
pasó a ser $331,990.74.2
En desacuerdo, el gobierno de Puerto Rico presentó una
moción de reconsideración en la cual alegó que la cantidad
que el Tribunal de Apelaciones utilizó como base para hacer
los cálculos era incorrecta, ya que a esta no se le hicieron
los descuentos que requiere la ley. El foro apelativo
intermedio reconsideró su dictamen para ordenar al Tribunal
de Primera Instancia que dedujera las aportaciones del
Seguro Social, Medicaid, Sistema de Retiro y Asociación de
Empleados.
2 Esta determinación del Tribunal de Apelaciones no fue objeto de revisión ante este foro. CC-2016-0694 6
El gobierno, inconforme con el dictamen del Tribunal de
Apelaciones, acudió ante este foro mediante una solicitud de
certiorari el 22 de julio de 2016. Planteó que el Tribunal
de Apelaciones erró al negarse a deducir de la compensación
el ingreso que devengó el doctor Zambrana durante el tiempo
que este estuvo cesanteado. Además, alegó que el Tribunal de
Apelaciones debió devolver el caso al foro primario porque
existen controversias de hechos materiales que impiden que
se dicte sentencia sumaria.
Posteriormente, expedimos el auto y el recurso quedó
sometido el 16 de marzo de 2017. Sin embargo, el gobierno
presentó un aviso de paralización de los procedimientos el
31 de mayo de 2017, en virtud de la petición de quiebra que
presentó el gobierno de Puerto Rico al amparo Título III del
Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability
Act (PROMESA), 48 USC sec. 2162. De acuerdo con la normativa
de quiebra adoptada por PROMESA, todos los casos que hayan
comenzado o que hayan podido comenzar antes de presentarse
la petición de quiebra quedan automáticamente paralizados
hasta que culmine el proceso o el tribunal federal con
jurisdicción autorice la continuación del pleito. 48 USC
sec. 2161(a). El 6 de junio de 2018 el doctor Zambrana
compareció y nos notificó que el Tribunal Federal para el
Distrito de Puerto Rico dejó sin efecto parcialmente la
paralización del caso, para que resolvamos este recurso.
Constatado esto, procedemos a resolver la controversia que
tenemos ante nuestra consideración. CC-2016-0694 7
II
La Sec. 7.17 de la Ley de Personal del Servicio Público,
Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, 3 LPRA sec. 1397 (ed.
2000), vigente al momento en que se presentó la apelación,
dispone que se ordenará el pago total o parcial de los
salarios dejados de percibir desde la fecha de la
destitución hasta la restitución. Asimismo, se ordenará el
pago de todos los beneficios marginales a los que el empleado
cesanteado hubiese tenido derecho, si, luego del proceso de
apelación, la persona es restituida a su puesto o a un puesto
similar.3
En Hernández v. Mun. de Aguadilla, supra, nos
enfrentamos a una controversia similar a la que tenemos ante
nuestra consideración e interpretamos esta disposición. En
aquella ocasión unos empleados fueron cesanteados por el
Municipio de Aguadilla. Los empleados apelaron la decisión
en la JASAP, prevalecieron y fueron reinstalados a sus
posiciones. Además, la JASAP ordenó el pago de los haberes
dejados de percibir y que se descontara cualquier
compensación recibida por servicios ofrecidos en el sector
público durante el tiempo de la cesantía. El Municipio de
Aguadilla recurrió de esta decisión ante el Tribunal de
3 En 2004 se enmendó la Ley de Personal del Servicio Público y se aprobó la Ley para la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 184-2004, 3 LPRA 1461 et seq. (ed. 2006) La ley contiene una disposición equivalente, el Art. 13.9 (9), 3 LPRA sec. 1468h (ed. 2006). Posteriormente, se volvió a enmendar la ley y se aprobó el Plan de Reorganización Núm. 2 de 2010, 3 LPRA Ap. XIII, el cual contiene una disposición equivalente en el Art. 8(i), 3 LPRA Ap. XIII. CC-2016-0694 8
Apelaciones. El foro apelativo intermedio modificó el
dictamen de la JASAP, pues entendió que se debían descontar
todos los salarios que recibieron los empleados,
independientemente de su procedencia. Inconformes con ese
dictamen, los empleados municipales acudieron ante este foro
y alegaron que el Tribunal de Apelaciones erró al concluir
que se debía descontar todo salario que los empleados
obtuvieron durante el tiempo de la cesantía.
Tras evaluar la controversia, confirmamos al foro
apelativo intermedio y concluimos que procedía que se
descontara de la cantidad de salarios dejados de percibir
cualquier compensación por trabajos obtenidos y realizados
durante el tiempo de la cesantía, independientemente de su
origen. Íd. pág. 209. Para llegar a esta conclusión
analizamos jurisprudencia de este Tribunal que analizó la
disposición similar de la Ley de Relaciones del Trabajo, Ley
Núm. 130 de 8 de mayo de 1945, 29 LPRA 61 et seq. Mencionamos
que el propósito de la ley es reparador, por lo que su fin
es restituir al empleado afectado a la misma posición que
hubiera estado de no haber ocurrido el acto ilegal. También,
analizamos el propósito de la Sección 7.17 de la Ley de
Personal del Servicio Público, supra, y concluimos que el
propósito de esa disposición es también reparador, pues
busca colocar al empleado en la misma posición en que hubiese
estado de no haber sido destituido ilegalmente. De esta
forma, es necesario descontar el ingreso neto que recibió
el empleado por cualquier otro trabajo obtenido y realizado CC-2016-0694 9
en el periodo que estuvo cesanteado. Íd., pág. 209. Resolver
lo contrario, dijimos entonces, significaría que el empleado
cesanteado recibiría una doble compensación, lo que derrota
el propósito reparador que contempla la sección. Hernández
v. Mun. de Aguadilla, supra, pág. 209, citando a J.R.T. v.
Ceide, 89 DPR 674, 686 (1963). La doble compensación, de
hecho, está prohibida expresamente a los empleados públicos
en el Art. VI, Sec. 10, de la Constitución de Puerto Rico,
1 LPRA, Tomo 1. Por eso, hemos resuelto que no se le
concederá a un empleado público compensación adicional por
los servicios prestados, en este caso los que el empleado
público habría prestado de no haber sido cesanteado. Véase,
Estrella v. Mun. de Luquillo, 113 DPR 617, 620 (1982).
La controversia en Hernández v. Mun. de Aguadilla,
supra, no nos requirió definir lo que es “ingreso neto”. Sin
embargo, este caso nos da esa oportunidad, ya que la
controversia gira en torno a la fórmula para obtener la
cuantía del ingreso que el empleado cesanteado dejó de
devengar como consecuencia de la cesantía. Como mencionamos
anteriormente, en Hernández v. Mun. de Aguadilla, supra,
págs. 206-207, incorporamos las interpretaciones que se
hicieron de disposiciones similares sobre empleados
privados, ya que tienen un propósito similar. Al analizar
esos casos, hicimos referencia a casos federales que
interpretaban disposiciones similares en la ley federal.
Íd., pág. 206; J.R.T. v. Caide, 89 DPR 674, 684-686 (1963).
En esta ocasión, también, hacemos referencia a esos casos CC-2016-0694 10
federales para explicar lo que es ingreso neto. El propósito
de calcular el ingreso neto es cumplir con que el remedio
no sea uno punitivo, sino reparador al empleado cesanteado.
N.L.R.B. v. Reed & Prince Mfg.Co., 130 F.2d 765, 771 (1er
Cir. 1942). De esa forma, solo se descuentan de la
compensación aquellos ingresos que sustituyeron los que el
empleado habría percibido de su antiguo empleo si no hubiese
sido cesanteado.
Ahora bien, en el contexto de la controversia que
atendemos, ingreso neto es aquel salario que el empleado
despedido devengó en otro trabajo y que correspondería a las
horas que este habría laborado con el patrono que lo
cesanteó, menos lo que gastó para realizar dicho trabajo.
Phelps Dodge Corp. v. N.L.R.B., 313 US 199, esc. 7 (1941);
N.L.R.B. v. Reed & Prince Mfg.Co., supra, 771. Nótese que
esta definición es la base de la fórmula para computar
ingreso neto.
Para ello, en primer lugar, calcularemos la porción del
ingreso que el empleado cesanteado ganó en el trabajo que
obtuvo y realizó durante el tiempo de la cesantía y que
corresponde a las horas que el empleado habría trabajado en
el empleo del que fue cesanteando (I). Íd.; N.L.R.B. v. S.E.
Nichols of Ohio, INC., 704 F.2d 921, 924 (6to cir. 1983).
A la cantidad anterior, que identificamos como (I), se
le restará los gastos en que incurrió el empleado para llevar
a cabo el trabajo que obtuvo y realizó luego de ser
cesanteado (G). The matter of Reed & Prince Mfg. Co., 12 CC-2016-0694 11
N.L.R.B. 944, 977, n. 18 (1939) (“net earnings” is meant
earnings less expenses, such as for transportation, room,
and board incurred by an employee in connection with
obtaining work and working elsewhere than for the
respondent, which would not have been incurred but for his
unlawful discharge and the consequent necessity of seeking
employment elsewhere).Es decir, como el despido causó que
el empleado incurriera en el gasto, el patrono no se puede
beneficiar reclamándolo como parte del descuento a la
compensación.
En palabras sencillas, se toma lo que el empleado
devengó en su otro empleo, durante las horas que habría
trabajado para el patrono que lo cesanteó (I). A esa suma
se le resta los gastos incurridos para devengar ese ingreso
(G). El resultado de ese cálculo es el ingreso neto (I-G=IN)
Véanse, Phelps Dodge Corp. v. N.L.R.B., supra; N.L.R.B. v.
Reed & Prince Mfg.Co., supra, 771.
Entonces, al salario total que el empleado dejó de
devengar mientras estuvo cesanteado (S) se le resta el
ingreso neto (IN). El remanente de este cálculo, si alguno,
es la cantidad que el patrono pagará al empleado restituido
por concepto de salario dejado de devengar que identificamos
como cantidad total (CT) en la siguiente fórmula: S-IN=CT.
Ahora bien, en caso de que el empleado cesanteado tenga
un segundo empleo al momento de la cesantía y continúe
desempeñándose en este, solo se descontará la cantidad de
horas adicionales -si alguna- que el empleado dedicó a su CC-2016-0694 12
segundo empleo luego de la cesantía y que correspondan a la
cantidad de horas que el empleado dedicaba a su empleo del
cual fue cesanteado.
Así, al momento de calcular el “ingreso neto” no se
considerará en el cálculo el ingreso correspondiente a la
misma cantidad de horas que el empleado dedicaba a su segundo
trabajo antes de la cesantía. Véanse Kansas Refined Helium
Co., 252 NLRB 1156, 1158 (1980) (“The law is settled
that moneys earned during the period of discrimination from
a supplemental job which a discriminatee also held during
his or her employment with a respondent employer are not
deductible from gross backpay as interim earnings.”); Matter
of Pusey, Maynes & Breish Co., 1 NLRB 482, 486-487 (1936)(la
Junta Nacional de Relaciones del Trabajo resolvió que el
ingreso que un empleado ilegalmente cesanteado generó como
músico durante la cesantía no se podía descontar de la suma
de salarios dejados de percibir, pues el empleado se
desempeñaba como músico antes de la cesantía).
Esto es sumamente importante, ya que evita que, de la
compensación por ingreso dejado de percibir, se deduzca la
cantidad que comoquiera el empleado hubiese podido generar
de no haber sido despedido.
Por lo tanto, si con posterioridad a la cesantía el
empleado despedido no aumenta la cantidad de horas que
dedicaba a su segundo empleo antes de la destitución, no
procedería descontar de la compensación ningún ingreso
proveniente de esa fuente. Esto es así, ya que se entiende CC-2016-0694 13
que ese ingreso no sustituyó lo que hubiese devengado del
empleo del cual fue despedido, en la medida en que es el
producto de la misma cantidad de horas que el empleado
dedicaba a ese trabajo antes de la cesantía. Al respecto,
cabe recordar que en Hernández v. Mun. de Aguadilla, supra,
se dijo que lo que corresponde descontar de la compensación
son los ingresos netos por trabajos que se obtuvieron y
realizaron luego de la cesantía.
III
En la controversia que tenemos ante nuestra
consideración, el doctor Zambrana fue restituido a su puesto
el 16 de noviembre de 2011. Cuando el galeno fue cesanteado,
este ya tenía un segundo empleo (su práctica privada), el
cual continuó realizando durante el periodo en que estuvo
cesanteado. Conforme a lo anterior, para calcular lo que el
hospital le adeuda al doctor Zambrana aplicaremos la fórmula
antes mencionada. Primero, se computará el ingreso que el
galeno generó en su práctica privada tras su despido y que,
a su vez, corresponderían a la cantidad de horas que el
doctor Zambrana habría trabajado en el hospital de no haber
sido cesanteado (I). Al hacer ese cálculo no se incluirá la
compensación que el doctor Zambrana recibió por razón de la
práctica privada correspondiente a la cantidad de horas que
el galeno ya dedicaba a ese trabajo antes de la cesantía.
Al producto de este cálculo se le restarán los gastos
incurridos por este para realizar dicha práctica (G). El
resultado de esta operación nos brinda el ingreso neto. CC-2016-0694 14
Luego, al salario total que el galeno dejó de devengar
mientras estuvo cesanteado (S) se le sustrae el ingreso neto
(IN). Entonces, de existir algún remanente, este será la
cantidad que el hospital le pagará al doctor Zambrana (CT).
Como podemos ver, el foro apelativo intermedio se
equivocó al concluir que el dinero que corresponde descontar
para calcular el ingreso neto es el exceso de ganancia que
el doctor Zambrana recibió cada año que estuvo cesanteado.
Como mencionamos, “ingreso neto” se refiere a la
remuneración que percibió el empleado por trabajo obtenido
y realizado luego de la cesantía en la misma cantidad de
horas que hubiese trabajado para el patrono que lo cesanteó,
menos los gastos en que incurrió para devengar esa
remuneración.
IV
La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, trata
todo lo relacionado a la sentencia sumaria. El propósito de
la sentencia sumaria es resolver de manera rápida los
litigios civiles en los que no exista una controversia de
hechos real o sustancial sobre algún hecho material que
requiera la celebración de un juicio en su fondo. Roldán
Flores v. M. Cuebas, et al., 199 DPR 664, 676 (2018);
Rodríguez García v. Universidad Carlos Albizu, Inc., 199 DPR
929, 940 (2018). Hemos dicho que existe una controversia real
cuando para disponer de la misma es necesario que el juez
celebre un juicio ordinario. Ramos Pérez v. Univisión de
P.R., 178 DPR 200, 213 (2010). Asimismo, hemos definido que CC-2016-0694 15
un hecho material es aquel que, de acuerdo con el derecho
aplicable, puede alterar la forma en que se resuelve un caso.
Meléndez González v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 110 (2015). De
la prueba que acompaña la sentencia sumaria debe surgir de
manera preponderante que no existe controversia sobre hechos
medulares del caso. Jusino et als. v. Walgreens, 155 DPR 560,
577 (2001).
Una sentencia resuelve finalmente la cuestión
litigiosa. Regla 42 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V;
Peerless Oil v. Hermanos Pérez, 186 DPR 239, 251 (2012).
Ausente la prueba necesaria para realizar el cálculo para
determinar el monto de la compensación al doctor Zambrana,
no es posible que el Tribunal de Primera Instancia dicte
sentencia sumaria en esta etapa de los procedimientos.
Conforme con lo anterior, revocamos la sentencia del
Tribunal de Apelaciones. De esta forma, devolvemos el caso
al Tribunal de Primera Instancia para que continúen los
procedimientos y se calcule la compensación por el salario
dejado de percibir por el doctor Zambrana, conforme a lo aquí
expuesto.
Se dictará Sentencia de conformidad.
RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
v. CC-2016-0694 Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Departamento de Salud, Oficina de Gerencia y Presupuesto
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte de esta Sentencia, revocamos la sentencia del Tribunal de Apelaciones. De esta forma, devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para que continúen los procedimientos y se calcule la compensación por el salario dejado de percibir por el doctor Zambrana, conforme a lo aquí expuesto.
Lo acordó el Tribunal y lo certifica el Secretario del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Estrella Martínez disiente con opinión escrita, a la que se une el Juez Asociado señor Rivera García. El Juez Asociado señor Colón Pérez disiente y emite la siguiente expresión:
El Juez Asociado señor Colón Pérez disiente del lamentable curso de acción seguido por una mayoría de esta Curia en el presente caso. Ello, por fundamentos similares a los expuestos por el entonces Juez Asociado de este Tribunal, señor Fuster Berlingeri, en su Opinión Disidente en Hernández v. Mun. de Aguadilla, 154 D.P.R. 199 (2001), CC-2016-0694 2
precedente en que esta Corte fundamenta -- gran parte -- de la decisión que hoy emite.
En el referido caso, al tratar el tema de los salarios que han de pagarse al empleado público que es despedido ilegalmente de su empleo -- luego de un cuidadoso y cavilado examen de la Sec. 7.17 de la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico, 3 LPRA Sec. 1397 -- el Juez Asociado señor Fuster Berlingeri sentenció lo siguiente:
…[M]e parece que la única interpretación correcta de la Sec. 7.17 en cuestión es que no procede descontar de los salarios que han de pagarse al empleado público despedido ilegalmente aquellos ingresos que éste haya recibido de la empresa privada mientras estaba cesanteado del cargo público. Tal es la evidente intención legislativa, que nos obliga. Resolver de otra forma no sólo va en contra de los más fundamentales principios de hermenéutica y de nuestra propia jurisprudencia [la jurisprudencia vigente en aquel momento], sino que resulta en una injusticia contra el empleado público que ya sufrió el vejamen del despido ilegal. Además, socava un importante disuasivo para que los patronos gubernamentales respeten la ley.
La mayoría opta por otro curso de acción, que considero muy desacertado. Otra vez más la mayoría opta por una interpretación estatutaria errónea, que socava injustificadamente la condición y los derechos de unos trabajadores. Por ello, yo disiento.
Sin lugar a dudas, las anteriores expresiones del Juez Asociado señor Fuster Berlingeri, emitidas hace ya más de quince (15) años atrás, a nuestro juicio, hoy mantienen toda su vigencia. Así las cosas, -- en vez de elaborar en la norma establecida en Hernández v. Mun. de Aguadilla, supra, como hoy hace la mayoría de este Tribunal -- hubiésemos aprovechado esta oportunidad para revocar el injusto precedente establecido por esta Curia en dicho caso.
Por no ser ese el curso de acción seguido por una mayoría de este Tribunal en la causa de CC-2016-0694 3
epígrafe, como ya adelantamos, respetuosamente disentimos.
El Juez Asociado señor Rivera García disiente sin opinión escrita. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez no intervino.
José Ignacio Campos Pérez Secretario del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
v. CC-2016-0694 Certiorari Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Departamento de Salud, Oficina de Gerencia y Presupuesto
Opinión disidente emitida por el Juez Asociado señor ESTRELLA MARTÍNEZ a la cual se une el Juez Asociado señor RIVERA GARCÍA
San Juan, Puerto Rico, a 15 de junio 2020.
Por considerar que un empleado cesanteado ilegalmente
que no se cruzó de brazos y obtuvo ingresos privados para
remediar los embates de esa ilegalidad, no puede ser
castigado nuevamente al ordenar que se le descuente lo
devengado en ese ámbito, respetuosamente disiento.
En nuestro ordenamiento, las personas despedidas
ilegalmente de empleos gubernamentales tienen derecho a ser
restituidos en sus puestos y a recibir “el pago total o
parcial de los salarios dejados de percibir por éste desde
la fecha de la efectividad de la destitución, y la concesión
de todos los beneficios marginales” a los que hubiese tenido
derecho. Ley de Personal del Servicio Público, Ley Núm. 5 de CC-2016-0694 2
14 de octubre de 1975, (Parte 2) 1975 LPR 828. La Asamblea
Legislativa no ha alterado esta disposición en leyes
posteriores. Véase, Art. 2 de Plan de Reorganización de la
Comisión Apelativa del Servicio Público, Ley Núm. 2 del 26
de julio de 2010, 3 LPRA Ap. XIII.
De este modo, los patronos gubernamentales están
obligados a resarcir a los servidores públicos por el período
de tiempo que estuvieron cesanteados ilegalmente. Este
remedio “tiene un propósito que va más allá del interés de
indemnizar a la víctima. Sirve, además, como un freno para
evitar los despidos ilegales y la perturbación que ello puede
ocasionar a una sana administración pública”. Municipio de
Coamo v. Tribunal Superior, 99 DPR 932, 941 (1971).
Sin embargo, este Tribunal pautó, a mi juicio
desacertadamente, que la persona despedida ilegalmente que
obtiene otro empleo mientras se tramita su causa de acción
tendrá derecho a una compensación menor. Hernández v. Mun.
de Aguadilla, 154 DPR 199, 209 (2001). Ello, pues se deducirá
de la compensación adeudada todo ingreso que reciba durante
ese período de cesantía ilegal. En su lugar, lo que procede
es descontar los ingresos devengados si éstos provienen de
un trabajo del sector público, pues la Constitución de Puerto
Rico impide que una persona reciba más de un sueldo
gubernamental simultáneamente. Art. VI, Sec. 10, Const. PR,
LPRA, Tomo 1. Como puede apreciarse, la única limitación
contemplada por nuestro ordenamiento es en torno a los
salarios públicos. CC-2016-0694 3
En consecuencia, discrepo de la aplicación extensiva de
esta norma a los ingresos provenientes de un empleo en la
esfera privada, pues no hay fundamento jurídico alguno para
ello. En ese ámbito, en Hernández v. Mun. de Aguadilla,
supra, se interpretó erróneamente el estatuto en
controversia y se pautó una norma contraria a la intención
legislativa. Como explicó el Hon. Juez Asociado señor Fuster
Berlingeri:
[E]s evidente que el legislador no incluyó en la Sec. 7.17 en cuestión lenguaje alguno sobre descuentos salariales, porque tuvo la intención de que ninguno se hiciese. Su intención, más bien, fue que al empleado público despedido ilícitamente se le pagase los salarios completos que había dejado de percibir durante el tiempo en que estuvo cesanteado. (Énfasis en el original). Hernández v. Mun. de Aguadilla, supra, pág. 215 (Fuster Berlingeri, J., Opinión disidente).
Más aún, la conclusión del Tribunal se basó en
jurisprudencia y estatutos laborales aplicables a la empresa
privada. Al extrapolar esta norma del andamiaje privado, se
vulneraron los derechos y las protecciones propias de los
empleados del sector público.
De hecho, con posterioridad a Hernández v. Mun. de
Aguadilla, supra, la agencia con conocimiento especializado
en la materia, la entonces Junta de Apelaciones del Sistema
de Administración de Personal (JASAP), tuvo la oportunidad
de reaccionar a ese precedente. Específicamente, confirmando
que la Sección 7.17 solamente encontraba límite en la
disposición constitucional que prohíbe doble compensación.
Por tanto, en el ámbito de ingresos privados, el entonces CC-2016-0694 4
presidente de la JASAP, Hon. Miguel A. Romero Lugo, expresó
que:
Nótese que la redacción de la citada Sección 7.17 (2), por sí sola, nada estableció sobre descuento (o deducción) al determinarse la cuantía a otorgarse por concepto de sueldos dejados de percibir. . . . . [A]doptar el razonamiento expuesto por el Honorable Juez Fuster Berlingeri, tiene[] el efecto de establecer sin lugar a dudas, que “el remedio establecido en la Sección 7.17 (2) tiene un propósito que va más allá de indemnizar a la víctima. Sirve, además, como un freno para evitar los despidos ilegales y la perturbación que ello puede ocasionar a una sana administración pública”. . . . . En el análisis final, lo cierto es que no es justo pretender que el empleado ilegalmente cesado se cruce de brazos a esperar el resultado final de la litigación interpuesta, pues necesita de algún ingreso para poder subsistir. (Énfasis en el original) (Citas omitidas). Miguel A. Romero Lugo, Comentarios al P de la C. 2311 y P. del S. 848, Comisión del Trabajo, Cámara de Representantes, 3ra Ses. Ord., 14ta Asam. Leg., 9 de mayo de 2002, págs. 2-3.
El razonamiento antes expuesto revela claramente que
antes, durante y posterior a Hernández v. Mun. de Aguadilla,
supra, no existe un mandato legislativo para realizar el
descuento que se instauró en ese precedente y la limitación
constitucional es clara en torno a su aplicación limitada a
los ingresos públicos. No existe razón para perpetuar ese
precedente.
Tal como adelanté en Acevedo Sepúlveda v. Depto. Salud,
191 DPR 28, 74 (2014) (Estrella Martínez, J., Opinión de
conformidad en parte y disidente en parte), este precedente
atropella a los servidores públicos que vindican sus
derechos. Así, penaliza a las personas diligentes que, tras CC-2016-0694 5
ser despedidas ilegalmente, buscan sostenerse mediante otro
empleo en el ámbito privado. Lo anterior “resulta en una
injusticia contra el empleado público que ya sufrió el
vejamen del despido ilegal”. Hernández v. Mun. de Aguadilla,
supra, pág. 217 (Fuster Berlingeri, J., Opinión disidente).
Asimismo, se beneficia a los patronos gubernamentales
que despiden ilegalmente a sus empleados o empleadas. Bajo
esta doctrina, “un patrono público recalcitrante que sigue
una estrategia de demora sabe que si pierde en los tribunales
puede contar con la disminución de la paga atrasada por lo
ganado del cesanteado de otras fuentes de compensación”. D.
M. Helfeld, Derecho Laboral, 71 Rev. Jur. UPR 447, 465
(2002). Al debilitar este importante incentivo que tenía
como propósito garantizar que el patrono gubernamental
respetara la ley, se premia al patrono que actuó
ilícitamente.
Por tanto, a la luz de los fundamentos expuestos, no
puedo avalar la postura de una mayoría de este Tribunal.
Como agravante, la fórmula propuesta no abarca la
multiplicidad de casos en que los servidores públicos tienen
que mitigar con creatividad y sacrificio la pérdida de su
empleo de forma ilegal. A su vez, no provee un remedio que
se ajuste al mandato legislativo. En consecuencia,
respetuosamente disiento.
Luis F. Estrella Martínez Juez Asociado