VDE Corporation, Iván F. Tort v. F & R Contractors

2010 TSPR 210

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: October 15, 2010
• Docket: CC-2009-882
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

VDE Corporation, Iván F. Tort

Recurridos Certiorari v.

F & R Contractors Inc. 2010 TSPR 210

Peticionario 180 DPR ____ Jorge Pierluisi; Banco Santander de Puerto Rico

Recurridos

Número del Caso: CC-2009-882

Fecha: 15 de octubre de 2010

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan Panel IV

Jueza Ponente: Hon. Luisa M. Colom García

Abogado de la Parte Peticionaria: Lcdo. Edgardo L. Rodríguez Cardé

Abogado de la Parte Recurrida: Lcdo. Edilberto Berríos Pérez

Materia: Sentencia Declaratoria, Entredicho Provisional, Injuction Preliminar y Permanente

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

VDE Corporation, Iván F. Tort Certiorari

v.

F & R Contractors Inc. CC-2009-0882

Peticionario

Jorge Pierluisi; Banco Santander de Puerto Rico

Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada señora Pabón Charneco

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de octubre de 2010.

Nos compete revisar una Resolución emitida por

el Tribunal de Apelaciones que denegó expedir un

auto de certiorari solicitado por F&R Contractors,

Inc., para revisar una Orden dictada por el

Tribunal de Primera Instancia, mediante la cual,

dicho foro emitió una orden de injunction

preliminar en la que le ordenó al Ing. Jorge

Pierluisi Díaz, (árbitro del procedimiento de

arbitraje entre F&R Contractors, Inc., y VDE

Corporation), que cesara y desistiera de continuar

con el proceso de arbitraje y la ventilación de las

controversias no adjudicadas en el Laudo Parcial. CC-2009-882 2

Además, se presenta como interrogante a este recurso, si un

laudo parcial puede cumplir con el principio de finalidad

de los laudos de arbitraje para efectos de revisión ante

los foros judiciales, sin la necesidad de que el árbitro

resuelva la totalidad de las controversias que se le

presentan para adjudicación. A continuación, veamos los

hechos que dieron génesis a la controversia aquí trabada.

I

El 1 de abril de 2005, VDE Corporation, en adelante,

VDE o la recurrida, y F&R Contractors Inc., en adelante,

F&R o la peticionaria, suscribieron un Contrato de

Construcción de un complejo de viviendas tipo walk up en el

Municipio de Gurabo. En la Cláusula 7.6.11 del Anejo A del

Contrato de Construcción suscrito entre las partes, se

pactó un procedimiento de arbitraje para resolver cualquier

disputa o reclamación que surgiera en cuanto a la ejecución

de los trabajos dentro del ámbito del mencionado Contrato o

con cualquier cuestión contractual.1

Así las cosas, el 14 de junio de 2007, VDE inició un

proceso de arbitraje con F&R a fin de resolver varias

controversias surgidas entre las partes. Comenzado el

1 El Art. 7.6.11 del Anejo A del Contrato de Construcción convenido entre las partes reza en lo pertinente:

Quality and time are of the essence in the performance of the work referred to in this Contract and every dispute, or claim, regarding any of these, or any other contractual matter, shall be decided by arbitration as per procedures established in this article, or in any other way that is mutually agreeable between Owner and Contractor. Véase, Apéndice de Certiorari, pág. 181. CC-2009-882 3

procedimiento, VDE declaró a F&R en incumplimiento y

terminó el Contrato de Construcción con ésta. Las partes

voluntariamente decidieron designar al Ing. Jorge A.

Pierluisi Díaz como árbitro.

Luego de varios trámites procesales, el 7 de agosto de

2008, las partes suscribieron una Estipulación a fin de

extender hasta el 22 de septiembre de 2008 el término que

tendría el árbitro para rendir el Laudo.

El 18 de septiembre de 2008, el Ing. Jorge Pierluisi

Díaz emitió un laudo, denominado como parcial final, en el

que resolvió la disputa sobre el Termination for Default, y

otras incidentales a ésta. De esa manera, dejó pendiente

para resolución el resto de las controversias habidas entre

las partes.2

Posteriormente, el 5 de diciembre de 2008 se celebró

una vista de arbitraje a la que asistieron las partes. En

la misma, VDE levantó el planteamiento de falta de

jurisdicción del árbitro para continuar atendiendo las

disputas entre las partes, y de manera enfática, estableció

que cualquier actuación o laudo emitido con posterioridad a

la fecha estipulada para éste actuar carecía de efecto

legal alguno. A pesar de ello, el árbitro insistió en

continuar la vista. 2 Entre esas controversias se encontraban: Alegación de VDE de que F&R no siguió el ritmo del trabajo establecido para los hormigones y sobre facturación del movimiento de tierra; controversia sobre la charca de retención; controversia sobre la subordinación de la cesión de $1.4 millones por F&R y descuento en las certificaciones por dicha cantidad; reclamaciones de F&R por cantidades no adeudadas, etc. Véase, Apéndice del Certiorari, págs. 393, 412. CC-2009-882 4

Así las cosas, en esa misma fecha, y en vista de que

su reclamo jurisdiccional no fue atendido, VDE presentó una

Demanda sobre sentencia declaratoria, entredicho

provisional, injunction preliminar y permanente contra F&R,

el Ing. Jorge Pierluisi Díaz, y el Banco Santander de

Puerto Rico. Entre otros extremos, peticionó al Tribunal

de Primera Instancia que emitiera un injunction preliminar

al amparo de la Regla 57 de Procedimiento Civil, 32

L.P.R.A. Ap. III, para impedir al árbitro continuar con los

procedimientos en el caso de arbitraje. Alegó que bajo el

palio de la Ley Núm. 376 de 8 de mayo de 1951, según

enmendada, conocida como Ley de Arbitraje de Puerto Rico,

32 L.P.R.A. sec. 3201 et seq., el árbitro no tenía facultad

para continuar adjudicando las disputas pendientes dentro

del procedimiento de arbitraje, toda vez que con la emisión

del Laudo Parcial, había perdido su jurisdicción. Amparó su

posición en la Estipulación suscrita por las partes. Señaló

que ésta extendía hasta el 22 de septiembre de 2008 el

término del cual disponía el árbitro para emitir el laudo

final.

En cuanto a la petición de sentencia declaratoria,

peticionó que el tribunal declarara que el árbitro perdió

jurisdicción para continuar con el arbitraje y para emitir

un laudo respecto a todas las disputas sometidas por las

partes que estuvieron ante su consideración; que declare el

laudo parcial emitido nulo al no haberse resuelto de forma CC-2009-882 5

final antes del 22 de septiembre de 2008 todas las disputas

sometidas, por no ser conforme a derecho y por estar

viciado por arbitrariedad, capricho y perjuicio. Además

adujo que el árbitro había incurrido en error y perjudicado

sus derechos y que se había extendido en sus funciones.

Véase, Apéndice del Certiorari, Demanda, págs. 65-68.

F&R se opuso a la Demanda incoada y solicitó su

desestimación. Alegó que faltaban disputas por resolver,

por lo que debía continuarse con el procedimiento de

arbitraje. Como fundamento, adujo que la Estipulación

suscrita sólo contemplaba la resolución parcial de las

disputas relacionadas a la validez de la declaración de

incumplimiento y terminación del Contrato de Construcción

por parte de VDE. Alegó que no procedía el injunction, ya

que el daño que pudiera causársele a VDE era resarcible

pecuniariamente; no se había ejecutado el Laudo; y que el

mismo no era revisable judicialmente hasta que fuera final.

VDE presentó oportuna réplica. Fue su contención que,

pasada la fecha de la Estipulación, el árbitro no contaba

con jurisdicción. Planteó que sólo existía una Estipulación

válida para extender el término del árbitro para emitir el

laudo, y que la peticionaria no había establecido que

existiera otra Estipulación que enmendara la suscrita el 7

de agosto de 2008.

El 29 de enero de 2009, el Tribunal de Primera

Instancia emitió la Orden de injunction preliminar, CC-2009-882 6

ordenándole al árbitro Ing. Pierluisi Díaz cesar y desistir

de proseguir con el proceso de arbitraje en disputa hasta

que se resolviera el interdicto permanente o se emitiera

orden al contrario. A su vez, ordenó a la recurrida prestar

fianza por la cantidad de veinticinco mil dólares

($25,000). En consecuencia, y conforme reseñado, denegó la

solicitud de desestimación de la Demanda instada.

La peticionaria solicitó la reconsideración de este

dictamen. Acogida y evaluada por el foro de instancia a la

luz de los argumentos de las partes, la petición fue

denegada. El Tribunal de Primera Instancia, por lo tanto,

señaló la Conferencia con Antelación a Vista de Interdicto

Permanente.

Insatisfecha, la peticionaria acudió ante el Tribunal

de Apelaciones. El foro apelativo intermedio denegó la

expedición del auto solicitado. Entendió que:

Una lectura de la Estipulación suscrita por las partes de epígrafe, nos lleva a coincidir con el TPI en cuanto a que la letra de ésta demuestra la clara intención de las partes en prorrogar la emisión del laudo por el árbitro sólo hasta el 22 de septiembre de 2008. La Estipulación a la cual llegaron las partes durante el procedimiento de arbitraje fue redactada de forma sucinta y con un lenguaje simple y claro. En lo pertinente, establece que las partes acuerdan que la vista del caso finalizó el 7 de agosto de 2008 y que se prorroga el término del cual dispone el árbitro para rendir el laudo, hasta el 22 de septiembre de 2008. Nada más expresa sobre el laudo en controversia.

Como vemos, en la referida estipulación no se hizo referencia a las controversias específicas a ser resueltas mediante el laudo. Tampoco se CC-2009-882 7

trasluce de la Estipulación que el laudo a emitirse sea uno parcial. Mucho menos revela una intención de las partes de que luego de la fecha límite allí pactada, se reanuden las vistas de arbitraje para la solución de las disputas restantes. La letra clara de la Estipulación firmada por las partes de epígrafe no está sujeta a interpretación alguna. No vemos razones para apartarnos de su sentido literal, máxime cuando la parte apelante no ha demostrado la existencia de una estipulación en contrario. Concluimos que el presente caso no presenta una controversia de intención de las partes al contratar.

Como consecuencia de esta Estipulación, a partir del 22 de septiembre de 2008, el árbitro estaba privado de entrar a dilucidar las controversias pendientes entre las partes. Al ser esta determinación producto de un acuerdo entre las partes, éste estaba limitado por lo allí pactado. La autoridad del árbitro se deriva esencialmente del acuerdo entre las partes por ser una figura de naturaleza contractual. Municipio Mayagüez v. Lebrón, supra. Los árbitros tienen que conformarse a los términos y limitaciones de lo convenido.

Por lo tanto, carecen de autoridad para ir más allá de sus términos, ya que una vez aceptan su designación como árbitros deben descargar sus funciones dentro de los límites impuestos. G. Ormazabal Sánchez, La Ejecución de Laudos Arbitrales, J.M. Bosch Editor, S.A. (1996), pág. 163.

En el presente caso, el árbitro carecía de autoridad para continuar con el procedimiento de arbitraje en exceso del término prorrogado y pactado entre las partes para ello en la Estipulación... .

Inconforme, la peticionaria acude ante nos y alega los

errores siguientes:

1. Erraron los tribunales inferiores (TPI y TA) al no desestimar la causa de acción sobre el Interdicto Permanente y Nulidad de Laudo por falta de jurisdicción, toda vez que el Laudo Parcial Final emitido por el Árbitro y CC-2009-882 8

objeto de la solicitud de revocación no constituye un “laudo final” sujeto a revocación a tenor con lo dispuesto en el Artículo 22 de la Ley de Arbitraje.

2. Erraron los tribunales inferiores (TPI y TA) al no desestimar la reclamación de VDE al amparo de la Ley de Derechos Civiles de P.R., toda vez que el procedimiento de arbitraje objeto de la reclamación de VDE se condujo entre partes privadas por lo que no existe el requisito de Acción Gubernamental o State Action necesario para que se configure una causa de acción al amparo de la Ley de Derechos Civiles de P.R.

3. Erraron los tribunales inferiores (TPI y TA) al no desestimar las causas de acción sobre incumplimiento [de] contrato presentada por VDE contra el Árbitro y F&R por el alegado incumplimiento de éstos con el Convenio de Arbitraje, por falta de jurisdicción sobre la materia, ya que toda disputa entre VDE y F&R relacionada con el Contrato de Construcción debe resolverse mediante arbitraje y por no ser el Árbitro una parte del Convenio de Arbitraje al que se le pueda reclamar su cumplimiento.

4. Erraron los tribunales inferiores (TPI y TA) al sostener la expedición de una orden de injunction preliminar sin que VDE cumpliera con los requisitos establecidos para la expedición de la misma. (Énfasis en el original). Petición de Certiorari, pág. 9.

Vista la petición de certiorari, acordamos expedir.

Mediante Resolución al efecto le ordenamos a la recurrida

que mostrara causa por la cual no debíamos expedir el auto

solicitado. Con el beneficio de la comparecencia de las

partes, procedemos a resolver el presente caso.

II

En su escrito, la peticionaria sostiene que no

procedía emitir un interdicto preliminar y que lo CC-2009-882 9

procedente es desestimar la causa de acción de la

recurrida. Es su contención que no existe jurisdicción para

atender el pleito ya que aún no existe un laudo final

revisable. Indica que la recurrida no tenía una causa de

acción válida a su favor y que todas las disputas

relacionadas al Contrato de Construcción debían tramitarse

mediante arbitraje, tal y como se había acordado en el

Contrato original. En ese tenor, la parte peticionaria

argumenta que en la Estipulación del 7 de agosto de 2008 no

se acordó culminar el proceso de arbitraje per se, sino de

ponerle fin a una controversia específica. Es decir, que la

Estipulación se refería a un trámite parcial, por lo que el

árbitro tiene la jurisdicción para continuar el proceso de

arbitraje y con ello dirimir el resto de las controversias.

Además, sostiene que solamente cuando es emitido un laudo

final, éste es revisable en los tribunales conforme a la

Ley Núm. 376, supra. Arguye que el Art. 22 de la Ley Núm.

376, supra, 32 L.P.R.A. sec. 3222, concede un remedio en

ley para cuando una parte quiere impugnar un laudo, por lo

que no procedía conceder el interdicto preliminar, ya que

existía un remedio que le aplicaba en ley.

A contrario sensu, la parte recurrida expone que la

Estipulación suscrita entre las partes prorrogaba el

término del árbitro para emitir un laudo sobre todas las

controversias. Sostiene que dado a que el árbitro emitió un

laudo parcial y no uno final, éste perdió jurisdicción y CC-2009-882 10

poder para decidir las controversias. Por lo tanto, aduce

que el Tribunal de Primera Instancia emitió el injunction

preliminar correctamente toda vez que le impidió al árbitro

continuar con un procedimiento arbitral donde ya había

perdido la jurisdicción.

A priori, podemos resumir los errores planteados por

las partes en las siguientes controversias: 1) dilucidar si

la Estipulación arbitral pactada entre las partes,

prorrogando el término del árbitro para emitir un laudo, se

refería a un laudo que adjudicara, primeramente, una

controversia específica o a uno que resolviera todas las

disputas entre las partes; y 2) determinar si el Tribunal

de Primera Instancia erró al ordenar el injunction

preliminar solicitado por la recurrida, en el que le ordenó

al árbitro que cesara y desistiera de continuar con el

procedimiento de arbitraje.3 Por último, lo anterior

presenta de manera ineludible la interrogante de si un

laudo parcial emitido por el árbitro, puede ser revisado

por el Tribunal de Primera Instancia de acuerdo al

principio de finalidad de los laudos de arbitraje previsto

en la Ley Núm. 376, supra.

3 Como ya mencionamos, el Tribunal de Primera Instancia determinó que el árbitro carecía de jurisdicción para continuar con el procedimiento de arbitraje en exceso del término prorrogado y pactado entre las partes en la estipulación. CC-2009-882 11

III

A

El arbitraje en Puerto Rico, como método alterno de

solución de disputas, juega un papel preeminente. Nuestro

ordenamiento jurídico hace asequible que las partes en un

contrato se obliguen a llevar ante un árbitro, mediante un

procedimiento de arbitraje, las posibles controversias

futuras relacionadas con su contrato. Esa facultad surge

principalmente de la Ley Núm. 376, supra. Así, el Art. 1 de

la mencionada ley establece que las partes “podrán incluir

en un convenio por escrito una disposición para el arreglo

mediante arbitraje de cualquier controversia que en el

futuro surgiere entre ellos de dicho acuerdo o en relación

con el mismo. Art. 1, Ley Núm. 376, supra; Municipio

Mayagüez v. Lebrón, 167 D.P.R. 713, 720 (2006); Crufon

Const. v. Aut. Edif. Púbs., 156 D.P.R. 197, 204 (2002).

“Tal convenio será válido, exigible e irrevocable salvo por

los fundamentos que existieran en derecho para la

revocación de cualquier convenio”. Art. 1, Ley Núm. 376,

supra.

Es indubitado el carácter contractual que comporta la

figura del arbitraje. Por lo tanto, se puede exigir

únicamente cuando se ha pactado y además cuando conste por

escrito. Art. 1 de la Ley Núm. 376, supra; Crufon Const. v.

Aut. Edif. Púbs., supra, pág. 204; Municipio Mayagüez v.

Lebrón, supra; U.C.P.R. v. Triangle Engineering Corp., 136 CC-2009-882 12

D.P.R. 133, 144 (1994). Así, una cláusula de arbitraje

subsumida en un Contrato de Construcción (como ocurre en el

caso de autos), así como cualquier acuerdo entre las partes

relacionado a dicha cláusula, no son ajenas a los

principios generales que imperan en nuestra jurisdicción en

materia de obligaciones y contratos.

Entre estos principios se encuentra la libertad de la

autonomía de la voluntad de los contratantes, el cual le

otorga gran libertad de acción a los particulares que

desean obligarse. Banco Popular de Puerto Rico v. Sucn.

Talavera, res. el 31 de julio de 2008, 175 D.P.R.___

(2008), 2008 T.S.P.R. 132, 2008 J.T.S.___. Esta norma bien

asentada, consagra la libertad que gozan los particulares

en el ámbito de las obligaciones para regular sus propios

intereses y fijar el contenido de los contratos. D. Espín

Cánovas, Manual de Derecho Civil Español, 6ta ed., Ed. Rev.

de Derecho Privado, Madrid, 1983, Vol. III, pág. 365.

Véase, además, Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil,

T. II., Vol. I, 3ra ed., Bosch, Barcelona, 1988, págs. 5-9.

Dicha norma se encuentra recogida en el Art. 1207 del

Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3372, el cual

dispone que “los contratantes pueden establecer los pactos,

cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre

que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden

público”. CC-2009-882 13

A su vez, el Art. 1044 del Código Civil, 31 L.P.R.A.

sec. 2992, postula el principio de pacta sunt servanda, el

cual propugna que las obligaciones que nacen de los

contratos tienen fuerza de ley entre las partes y deben

cumplirse a tenor con los mismos. Véase, Painwebber, Inc.

v. Soc. de Gananciales, 151 D.P.R. 307, 311 (2000). En

consideración a dicho postulado, se dice que “cuando las

personas contratan crean normas obligatorias; tan

obligatorias como la ley misma”, por lo que “los

contratos... tienen fuerza de obligar; tienen que ser

cumplidos...”. J.R. Vélez Torres, Curso de Derecho Civil,

San Juan, Ed. Universidad Interamericana de Puerto Rico,

2006, T. IV, Vol. II, págs. 99-100.

Por otro lado, no debemos olvidar que las preteridas

normas convergen con el principio de la buena fe

contractual, el cual esta latente en todo nuestro

ordenamiento. “Sus dictámenes vinculan a las partes durante

las relaciones precontractuales, afectan la interpretación

de los contratos, regulan su cumplimiento y permiten su

modificación”. Oriental Financial v. Nieves, 172 D.P.R.

462, 471 (2007). Se trata de una fuente que produce deberes

especiales de conducta exigible en cada caso, según la

naturaleza de la relación jurídica y la finalidad

perseguida por las partes a través de ella. Íd., págs. 471-

472; Arthur Young & Co. v. Vega III, 136 D.P.R. 157, 170-

171 (1994). CC-2009-882 14

Como expresamos en Colón v. Glamourous Nails, 167

D.P.R. 33, 45 (2006), citando a Díez-Picazo:

[L]a buena fe... es la lealtad en el tratar, el proceder honrado y leal. Supone el guardar la fidelidad a la palabra dada y no defraudar la confianza, ni abusar de ella; supone un conducirse como cabe esperar de cuantos, con pensamiento honrado, intervienen en el tráfico como contratantes. (Énfasis suplido y citas omitidas). Véase, además, J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 3ra ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1988, T. II, Vol. I, pág. 16.

En cuanto a la interpretación contractual, el Art.

1233 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3471, postula, como

norma elemental de exégesis, la limitación a la letra del

estatuto cuando esta sea diáfana: “[s]i los términos de un

contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de

los contratantes, se estará al sentido literal de sus

cláusulas”. Art. 1233 del Código Civil, supra. Ahora bien,

el propio Art. 1233 del Código Civil, supra, señala que si

las palabras parecieren contrarias a la intención evidente

de las partes, esta prevalecerá sobre las palabras.

La intención de las partes es el criterio fundamental

para fijar el alcance de las obligaciones contractuales.

Véanse: Marcial Burgos v. Tome, 144 D.P.R. 522, 537 (1997);

Unisys v. Ramallo Brothers, 128 D.P.R. 842, 852-853 (1991);

Marina Ind. Inc. v. Brown Corp., 114 D.P.R. 64, 69-70

(1983). Por eso, hemos dicho que “[e]l norte de la

interpretación contractual es determinar cuál fue la real y

común intención de las partes”, Municipio Mayagüez v. CC-2009-882 15

Lebrón, supra, pág. 723, por lo que “interpretar si un

contrato es claro presupone concordar su letra con la

intención de las partes”. Íd.; Marcial Burgos v. Tome,

Para auscultar la intención de los contratantes

hemos aplicado una metodología pragmática: estudiar los

actos anteriores, coetáneos y posteriores al momento de

perfeccionarse el contrato, incluyendo otras circunstancias

que puedan denotar o indicar la verdadera voluntad de los

contratantes como el acuerdo que se intentó llevar a cabo.

Art. 1234 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3472;

Municipio Mayagüez v. Lebrón, supra, pág. 724; Ramírez

Segal & Latimer v. Rojo Rigual, 123 D.P.R. 161, 174 (1989);

Merle v. West Bend Co., 97 D.P.R. 403, 410 (1969).

Asimismo, al momento de interpretar un contrato es

necesario presuponer lealtad, corrección y buena fe en su

redacción para evitar llegar a resultados absurdos o

injustos. S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, 155 D.P.R. 713,

726 (2001). Véanse: Municipio Mayagüez v. Lebrón, supra,

pág. 724; Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, 120 D.P.R. 61,

75 (1987).

A lo anterior debemos añadir que la fuerte política

pública que existe en Puerto Rico a favor del arbitraje,

exige que toda duda que pueda existir sobre si procede o no

el arbitraje debe resolverse a favor de éste. Méndez

Acevedo y otros v. Nieves Rivera, et als, res. el 22 de CC-2009-882 16

junio de 2010, 179 D.P.R. ___, 2010 T.S.P.R. 105, 2010

J.T.S. 114; U.C.P.R. v. Triangle Engineering Corp., supra,

págs. 141-142, 143; Quiñones v. Asociación, 161 D.P.R. 668,

673 (2004); PaineWebber v. Soc. de Gananciales, 151 D.P.R.

307, 312-313 (2000); McGregor-Doniger, Inc. v. Tribunal

Superior, 98 D.P.R. 864, 869 (1970). De hecho, este Foro ha

afirmado que “ante un convenio de arbitraje lo prudencial

es la abstención judicial, aunque esa intervención no esté

vedada”. Méndez Acevedo y otros v. Nieves Rivera, supra;

Municipio Mayagüez v. Lebrón, supra, pág. 721; U.C.P.R. v.

Triangle Engineering Corp., supra, pág. 142. Por eso, una

vez acordado el arbitraje, los tribunales carecen de

discreción respecto a su eficacia y tienen que dar

cumplimiento al arbitraje acordado. Municipio Mayagüez v.

Lebrón, supra, pág. 721. Véase, Moses H. Cone Hospital v.

Mercury Constr. Corp., 460 U.S. 1, 24 (1983). Claro está,

no se puede obligar a una parte a someter una disputa al

procedimiento de arbitraje si esa parte no lo ha pactado de

esa forma. Municipio de Ponce v. Gobernador, 136 D.P.R.

776, 783 n. 1 (1994).

B

La Estipulación suscrita por las partes en

controversia reza como sigue:

1. La vista en el caso de epígrafe terminó en el día de hoy, 7 de agosto de 2008.

2. Las partes acuerdan prorrogar el término del cual dispone el Árbitro (Ing. Jorge A. CC-2009-882 17

Pierluisi Díaz) para rendir el laudo hasta el día 22 de septiembre de 2008. (Énfasis suplido en original y énfasis suplido).

De una lectura ad verbatim de la consabida

Estipulación, se desprende que esta concertaba una fecha

final para emitir el Laudo por parte del árbitro. Empero,

la referida Estipulación no especifica si se refiere a un

laudo parcial o a uno final. Sin embargo, luego de haber

realizado un minucioso examen del expediente, somos de la

opinión que la intención de las partes al redactar dicha

Estipulación fue, la de prorrogar el término del árbitro

para emitir un laudo parcial sobre la controversia

relacionada a la terminación del Contrato de Construcción.

En primer lugar, de la Minuta de una reunión especial

llevada a cabo por las partes y el árbitro el día 13 de

marzo de 2008 surge lo siguiente:

Nuevamente, la controversia sobre el “Termination for Default” fue objeto de consideración por este árbitro y consignado en su Resolución y Orden del 26 de febrero de 2008, sin ninguna intervención activa o pasiva de ninguna parte en este caso.

........

El Árbitro tomará conocimiento de lo que sea sometido en este proceso y en lo que se declara en las Vistas Programadas que tenga relación con el “Default” para emitir un Laudo Parcial Final sobre esta controversia. Véase, Apéndice del Certiorari, págs. 324-327.

Posteriormente, el 20 de marzo de 2008, mediante

documento titulado “Resolución y Orden”, el árbitro señaló

que la controversia sobre el Termination for Default o CC-2009-882 18

declaración de terminación de contrato, era la controversia

principal que tenían las partes. Expresó que le había

concedido a las partes llevar a cabo un descubrimiento de

prueba limitado al asunto del Termination for Default.

Véase, Apéndice del Certiorari, pág. 335.

A su vez, en la Minuta de las Vistas Núm. 28, 29 y 30

celebradas entre los días 5, 6 y 7 de agosto de 2008 el

árbitro señaló:

En un documento aprobado por ambas Partes se concederá al Árbitro que en o antes del 22 de septiembre de 2008, [é]ste somet[a] su Laudo Parcial y Final en cuanto a la pertinencia de la Declaración de Terminación del Contrato de Construcción (Default) y su resolución en cuanto a las controversias sometidas al Árbitro [sic] tomando como base las presentaciones hechas por las partes en las 30 vistas celebradas. (Énfasis suplido). Véase, Apéndice del Certiorari, pág. 383.

Finalmente, del propio Laudo parcial suscrito por el

árbitro surge, no solamente la intención de éste de

continuar con el procedimiento de arbitraje en torno a las

otras controversias no adjudicadas, sino también una

síntesis de los acuerdos entre las partes para que se

resolviera primero la controversia sobre la declaración de

terminación del contrato. Por su especial importancia en la

solución de este caso, citamos las porciones pertinentes de

dicho Laudo que constatan lo antes dicho:

Se discutió extensamente en varias reuniones especiales durante los meses de febrero y marzo 2008 si procedía que el Árbitro [sic] considerara resolver primeramente la controversia que surgió por haber declarado VDE el Default. El Árbitro CC-2009-882 19

decidió en la Orden del 23 de abril de 2008, que en el descargo de su responsabilidad delegada y de acuerdo con lo aprobado por las Partes en el Contrato para el proceso de arbitraje se procederá a celebrar las Vistas para resolver el “Default”. Se seleccionaron las fechas para la celebración de las Vistas.

Se llevaron a cabo 24 vistas durante los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2008. La última Vista se celebró el 7 de agosto de 2008 y se dio por terminada las mismas [sic]. Por acuerdo de las Partes se concedió al Árbitro [sic] por escrito hasta el 22 de septiembre de 2008 para rendir el Laudo Parcial Final sobre la Declaración de Terminación del Contrato (Default) por VDE a F&R. Se incluirá en el Laudo la resolución de aquellas controversias sobre las cuales se ha sometido la evidencia suficiente para poder resolver cada una. Las Partes someterían en forma simultánea una Propuesta Determinación de Hechos el 27 de agosto de 2008, lo cual [se] hizo. Véase, Apéndice del Certiorari, pág. 371.

De los documentos reseñados es ostensible que la

verdadera intención de las partes al pactar la Estipulación

prorrogando el término del árbitro para someter el Laudo,

se refería a la controversia sobre la declaración de

terminación del contrato. Como ya mencionamos, la intención

de las partes es el criterio fundamental para fijar el

alcance de las obligaciones contractuales. De ahí que

cuando las palabras sean contrarias a la clara intención de

las partes, ésta debe prevalecer sobre aquellas.

En el caso de autos, aunque en la Estipulación no se

hace ninguna referencia en torno al alcance del Laudo, los

actos anteriores y posteriores a la Estipulación traslucen,

inequívocamente, la intención de las partes de que la CC-2009-882 20

prórroga al árbitro se circunscribiera a la adjudicación de

la controversia sobre la declaración de terminación del

contrato y no sobre todas las controversias que tenían las

partes. Al concordar la letra de la Estipulación con la

intención de las partes, tenemos que concluir que esa es la

interpretación más razonable de dicha Estipulación.

Esta conclusión encuentra apoyo en el hecho de que del

expediente del caso no surge oposición alguna de la parte

recurrida que contradiga los entendidos entre las partes de

prorrogar el término del árbitro para que emitiera por

adelantado un laudo parcial sobre la controversia

relacionada a la declaración de terminación del contrato.

Es decir, la recurrida no objetó ninguno de los documentos,

minutas u órdenes que suscribió el árbitro, en evidente

asentimiento a que éste atendiera dicha controversia

primero.

Como ya expresamos, el principio de la buena fe exige

que las partes honren sus acuerdos y la palabra dada con el

propósito de no defraudar la confianza de la otra parte con

quien pactó, de forma que con su comportamiento puedan

realizar las expectativas comunes que mutuamente se

trazaron. Por lo tanto, nos parece cuestionable que la

recurrida haya esperado a que el árbitro emitiera un laudo

parcial --que no le favoreció-- para alegar, por primera

vez, que la Estipulación acordada con la peticionaria, se

refería a una prórroga para que el árbitro emitiera un CC-2009-882 21

laudo final sobre todas las controversias. Tal contención,

además de ser contraria a la prueba documental que aflora

del expediente del caso, es una acomodaticia que atenta

contra la buena fe, la libertad de la voluntad en la

contratación y el principio de pacta sunt servanda.

Por lo tanto, colegimos que la verdadera intención de

las partes al acordar la Estipulación para prorrogar el

término del árbitro, era que la controversia sobre la

declaración de terminación del contrato se resolviera antes

que el resto de las controversias entre las partes.

IV

En general, el recurso extraordinario del injunction

está encaminado a prohibir o a ordenar la ejecución de

determinado acto, con el fin de evitar causar perjuicios

inminentes o daños irreparables a alguna persona, en casos

en que no hay otro remedio adecuado en ley. E.L.A. v. Asoc.

de Auditores, 147 D.P.R. 669, 679 (1999). Sin embargo, el

injunction es un remedio dirigido principalmente contra

actos futuros que amenazan ser cometidos o que se anticipa

que serán cometidos. R. Hernández Colón, Práctica Jurídica

de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 4ta ed., Puerto

Rico, Lexis Nexis, sec. 57.03, pág. 463.

Para determinar si procede el recurso extraordinario

de injunction hay que detectar si la acción connota o no

un agravio de patente intensidad al derecho del individuo CC-2009-882 22

que reclame urgente reparación. Gracia Ortiz v. Policía de

Puerto Rico, 140 D.P.R. 247 (1996). Constituye, por tanto,

un daño irreparable aquél que no puede ser adecuadamente

satisfecho mediante la utilización de los remedios legales

disponibles. Pérez Vda. Muñiz v. Criado, 151 D.P.R. 355,

373 (2000). De ahí, que la parte promovente deberá

demostrar que de no concederse el mismo, sufriría un daño

irreparable. Misión Industrial v. Junta Planificación, 142

D.P.R. 656, 681 (1997).

En cuanto al injunction preliminar o pendente lite,

hemos dictaminado que la concesión de este remedio se debe

evaluar a la luz de los siguientes factores o criterios:

1) la naturaleza de los daños que pueden ocasionárseles a

las partes de concederse o denegarse el injunction; 2) su

irreparabilidad o la existencia de un remedio adecuado en

ley; 3) la probabilidad de que la parte promovente

prevalezca eventualmente al resolverse el litigio en su

fondo; 4) la probabilidad de que la causa se torne en

académica de no concederse el remedio; 5) y el posible

impacto sobre el interés público. Rullán v. Fas Alzamora,

166 D.P.R. 742, 764, (2006); Mun. de Loíza v. Sucn. Suárez

et al, 154 D.P.R. 333, 367 (2001); Puerto Rico Telephone

Co. v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 200, 202 (1975).

Véase, además, R. Hernández Colón, op. cit., sec. 57.11,

pág. 471. CC-2009-882 23

El propósito fundamental del injunction preliminar

surge de la razón de ser del cuarto criterio esbozado:

mantener el status quo hasta que se celebre el juicio en

sus méritos para que no se produzca una situación que

convierta en académica la sentencia que finalmente se

dicte al atender la petición de injunction permanente, o

se le ocasionen daños de mayor consideración al

peticionario mientras perdura el litigio. Rullán v. Fas

Alzamora, supra; Cobos Liccia v. DeJean Packing Co., Inc.,

124 D.P.R. 896, 902 (1989). Véase, además, D. Rivé Rivera,

Recursos Extraordinarios, 2da ed., San Juan, Prog. Educ.

Jurídica Continua Univ. Interamericana de P.R., Facultad

de Derecho, 1996, pág. 21. Asimismo, debemos mencionar que

aunque el cuarto criterio es el más importante, éste es

concomitante con el segundo criterio: la irreparabilidad

de los daños o la existencia de un remedio adecuado en

ley. Rullán v. Fas Alzamora, supra.

Ahora bien, la concesión de una orden de injunction

preliminar o entredicho provisional descansa en la sana

discreción del tribunal, por lo que la decisión que lo

ordene no será revocada en apelación a menos que se

demuestre que dicho foro abusó de su facultad discrecional.

E.L.A. v. Asoc. de Auditores, supra, pág. 680; Delgado v.

Cruz, 27 D.P.R. 877, 880 (1919). Véase, además, J. Rivé

Rivera, op cit., pág. 23. CC-2009-882 24

En armonía con lo antes expuesto, entendemos que en el

caso de autos no procedía la imposición del injunction

preliminar para impedir que el árbitro continuara el

procedimiento de arbitraje de las demás controversias entre

las partes. No cabe duda que la concesión del injunction

preliminar que hizo el Tribunal de Primera Instancia y que

fue avalada por el Tribunal de Apelaciones, descansó

esencialmente en su interpretación literal de la

Estipulación de prórroga habida entre las partes. Sin

embargo, como ya hemos expresado, nuestra interpretación de

dicha Estipulación es diametralmente distinta.

En primer lugar, la recurrida no ha probado que la no

concesión de dicho remedio le ocasione un daño irreparable

o que no exista un remedio adecuado en ley. A contrario

sensu, en su Oposición al Auto de Certiorari, ésta reconoce

que la Ley Núm. 376, supra, le otorga autoridad al Tribunal

de Primera Instancia para conceder un remedio. Véase,

Oposición a Auto de Certiorari, pág. 13. En efecto, el Art.

22 de la Ley Núm. 376, supra, le otorga un término de tres

(3) meses4 a las partes para que soliciten la revocación de

un laudo por los motivos expresamente expuestos en la ley.

Por su parte, el Art. 23 de la citada Ley Núm. 376, 32

L.P.R.A. sec. 3223, le concede igual término a las partes

4 Véase, Art. 24 de la citada Ley Núm. 376, 32 L.P.R.A. sec. 3224. CC-2009-882 25

para solicitar la modificación o corrección de un laudo por

las razones allí estatuidas.5

Por lo tanto, no cabe duda que la Ley Núm. 376, supra,

le provee un remedio a la parte que no esté de acuerdo con

el laudo que emita el árbitro. De ahí, que el daño que

pueda sufrir una parte con el laudo de arbitraje sea

reparable. Tampoco creemos que la naturaleza del daño en

este caso amerite la concesión del injunction preliminar. A

lo sumo, se trata de un daño de naturaleza monetaria que

como ya hemos dicho puede recuperarse a través del remedio

disponible por la Ley Núm. 376, supra.

Así también, la probabilidad de que la parte

promovente prevalezca al resolverse el litigio en su fondo

es, como poco, altamente especulativa. Las razones que

esboza la recurrida en su Demanda para solicitar la

revocación del Laudo parcial bajo el Art. 22 de la Ley Núm.

376, supra, son que: el árbitro se excedió en sus

funciones; que el Laudo emitido por éste no fue uno final y

definitivo; que el árbitro cometió errores que perjudicaron

sus derechos. Véase, Apéndice de Certiorari, pág. 66. Acota

5 El Art. 23 de la Ley Núm. 376, supra, establece tres (3) motivos para modificar o corregir un laudo, a saber:

a) Cuando hubo evidente error de cálculo en cuanto a las cifras, o evidente error en la descripción de cualquier persona, cosa o propiedad.

b) Cuando los árbitros hayan resuelto sobre materia no sometida a ellos.

c) Cuando el laudo sea imperfecto en materia de forma, sin afectar los méritos de la controversia. d) CC-2009-882 26

que el árbitro perdió jurisdicción para continuar con el

procedimiento de arbitraje, por lo que no puede emitir un

laudo sobre las disputas no resueltas. Íd. Por esto,

solicita que se declare nulo el Laudo parcial y que se le

prive al árbitro de continuar con el proceso.

Todas esas contenciones parten de la premisa de que el

árbitro violó la Estipulación pactada entre las partes,

porque no emitió un laudo final y definitivo que adjudicara

todas las controversias en la fecha allí consignada. No

obstante, como ya hemos discutido, la intención de las

partes al pactar dicha Estipulación era prorrogar el

término del árbitro en torno a la controversia sobre la

declaración de terminación del Contrato solamente y no con

relación a la totalidad de las controversias. Por ende, es

bastante improbable preconizar que el Laudo parcial debe

revocarse bajo el Art. 22 de la Ley Núm. 376, supra, cuando

el cimiento de esa postura es la Estipulación.

En cuanto a la probabilidad de que la causa se torne

académica al no concederse el injunction preliminar,

entendemos que en este caso dicha probabilidad esta

enervada. Como ya dijimos, este criterio busca mantener el

status quo hasta que se celebre el juicio en sus méritos

para que no se produzca una situación que convierta en

académica la sentencia que finalmente se dicte al atender

la petición de injunction permanente, o se le ocasionen

daños de mayor consideración al peticionario mientras CC-2009-882 27

perdura el litigio. En el presente caso, no hace falta

mantener el status quo porque luego de finalizado el

proceso de arbitraje, la recurrida tendrá a su disposición

los remedios provistos por la Ley Núm. 376, supra.

Finalmente, no vemos como se puede impactar el interés

público con la no concesión del injunction preliminar. Al

contrario, se resguardaría y honraría la fuerte política

pública que hay en Puerto Rico a favor del arbitraje. A su

vez, se respetaría lo pactado por las partes y con ello se

honraría la libertad de contratación y el principio de

pacta sunt servanda. En otras palabras, permitiendo la

continuación del procedimiento de arbitraje se harían valer

los principios rectores de nuestro ordenamiento en materia

contractual.

Por todo lo antes esbozado, sostenemos que el Tribunal

de Primera Instancia abuso de su discreción al conceder el

injunction preliminar a favor de la recurrida para evitar

que el árbitro continuara el procedimiento de arbitraje

pactado entre las partes. En aras de la justicia y por

existir prueba que refuta claramente la teoría del foro

primario, debemos revocar el dictamen y requerir que se

continúe el proceso de arbitraje con relación a las

controversias no resueltas. Esta conclusión está en

sintonía con la normativa expuesta, incluyendo la fuerte

política pública que favorece al arbitraje en nuestra

jurisdicción como método alterno de solución de disputas. CC-2009-882 28

V

Por otro lado, la parte peticionaria plantea como

error y argumenta en su alegato que el Tribunal de Primera

Instancia no tiene jurisdicción para atender la acción

interpuesta por la recurrida debido a que aún no existe un

laudo final revisable. Arguye, que todavía hay otras

controversias que no se han adjudicado por lo que el Laudo

emitido carece de finalidad. Esto plantea la interrogante

de si un laudo parcial puede ser revisado por el Tribunal

de Primera Instancia, o si debe concluir todo el proceso

arbitral antes de que la parte interesada pueda acudir al

tribunal de instancia a solicitar su revisión (revocación,

modificación, corrección o confirmación).

El Tribunal Supremo de Estados Unidos no se ha

expresado sobre el particular. Empero, los tribunales

federales inferiores sí han tenido que lidiar con la

controversia que nos toca resolver y no podemos obviar que

las interpretaciones que han realizado estos foros en el

campo del arbitraje comercial, nos han sido de gran ayuda a

la hora de resolver controversias sobre esta materia en

Puerto Rico. Véase, World Films, Inc. v. Paramount Pictures

Corp., 125 D.P.R. 352 (1990). Máximo, cuando dichos foros

basan sus dictámenes en interpretaciones de la Ley Federal

de Arbitraje, 9 U.S.C.A. sec. 1, et seq, que es la matriz

de nuestra Ley Núm. 376, supra. CC-2009-882 29

Para comenzar nuestro análisis, creemos pertinente

definir lo que es un “laudo” de arbitraje. En cuanto a su

naturaleza, un laudo de arbitraje no es ni un contrato ni

una sentencia, sino que disfruta de las cualidades de

ambos. Junta Relaciones del Trabajo v. N.Y. & P.R. S/S.

Co., 69 D.P.R 782, 800 (1949). No obstante, en Municipio de

Mayagüez v. Rivera, 113 D.P.R. 467, 471 (1982), señalamos

que “[u]n laudo de arbitraje ocupa una posición muy similar

a la de una sentencia o decreto judicial”.

Ahora bien, en sentido estricto, un laudo de arbitraje

no es otra cosa que la decisión final de un árbitro al

disponer de una controversia; es la “[d]ecisión o fallo

que dictan los árbitros...”. Véanse: M. Domke, Domke on

Commercial Arbitration, 3ra ed., Ed. Thomson Reuters/West,

2009, Vol. I, Sec. 33:1, pág. 1; I; Rivera García,

Diccionario de Términos Jurídicos, 3ra ed., San Juan,

LexisNexis, 2000, pág. 144.

Inherente a estas connotaciones se encuentra latente

el principio de finalidad de los laudos de arbitraje, que

propugna que la controversia o las controversias que sean

sometidas ante un árbitro deben ser resueltas de manera

final y definitiva. Véase, M. Domke, op. cit., Vol. I,

Sec. 33:1, pág. 2. Esta norma de finalidad está plasmada

implícitamente en la Sec. 10(a)(4) de la Ley de Arbitraje

Federal, supra6 y en el Art. 22 de la Ley Núm. 376, supra,7

6 Esta disposición lee de la siguiente manera: CC-2009-882 30

la cual establece como fundamentos para revocar un laudo,

entre otras:

...

(d) Cuando los árbitros se extendieren en sus funciones o cuando el laudo emitido no resolviera en forma final y definitiva la controversia sometida. (Énfasis suplido).

Surge pues, del inciso (d) antes transcrito, que la no

revocación de un laudo está condicionada a que éste sea uno

final y definitivo con respecto a la controversia o las

controversias que sean sometidas ante un árbitro para ser

adjudicadas.

Los foros federales han entendido que para que un

laudo sea definitivo, deberá ser lo suficientemente claro y

específico como para poder ser puesto en vigor por el

tribunal en caso de ser confirmado.8 Véanse: IDS Life Ins.

Co. v. Royal Alliance Assocs., 266 F.3d 645, 650 (7mo Cir.

In any of the following cases the United States court in and for the district wherein the award was made may make an order vacating the award upon the application of any party to the arbitration

4) where the arbitrators exceeded their powers, or so imperfectly executed them that a mutual, final, and definite award upon the subject matter submitted was not made. Ley Federal de Arbitraje, 9 U.S.C.A. sec. 10(a)(4). 7 Esta norma fue anunciada en nuestra jurisdicción con anterioridad a la Ley Núm. 376, supra. Se trata de un principio general en materia de arbitraje, que si bien fue expuesto en casos de arbitraje laboral, no es ajeno, como puede apreciarse, al arbitraje comercial. Véanse, Junta Relaciones del Trabajo v. N.Y.&P.R. S/S. Co., supra, pág. 800; Junta Relaciones del Trabajo v. Eastern Sugar, 69 D.P.R. 818, 821 (1949).

8 Véase el Art. 21 de la citada Ley Núm. 376, 32 L.P.R.A. sec. 3221, que permite la confirmación de un Laudo. CC-2009-882 31

2001); Diapulse Corp. of America v. Carba, Ltd., 626 F.2d

1108, 1111 (2do Cir. 1980). Por eso, un laudo no debe

arrojar, de su faz, duda razonable en cuanto a qué fue lo

que resolvió el árbitro, ni en cuanto al carácter final y

concluyente de las controversias adjudicadas. M. Domke, op.

cit., Vol. I, Sec. 33:1, pág. 3.

Asimismo, y como regla general, un laudo final de

arbitraje deberá ser completo. Véase, Local 36, Sheet Metal

Workers Intl. Assoc. AFL-CIO v. Pevely Sheet Metal Co.

Inc., 951 F2d. 947, 949-950 (8vo Cir. 1992). Esto es, que

debe disponer de todos los asuntos que hayan sido sometidos

ante la consideración del árbitro, de manera que los

derechos y obligaciones de las partes, con relación a esos

asuntos, no requieran ulterior adjudicación. M. Domke., op.

cit., Vol. I, Sec. 33:1, pág. 4. Véanse además: National

Wrecking Co. v. Sarang Corp., 581 N.E.2d 787 (1er Dist.

2006); Mandl v. Bailey, 858 A.2d 508 (2004).

Sin embargo, por vía de excepción, se ha resuelto que

un laudo parcial que disponga de manera final y definitiva

un asunto separado e independiente, no tiene que disponer

de todas las reclamaciones coetáneamente. Véanse: Bull HN

Information Systems Inc. v. Hutson, 983 F. Supp. 284, 289

(D. Mass. 1997); Eurolines Shipping Co., S.A. v. Metal

Transport Corp., 491 F. Supp. 590, 592 (S.D.N.Y. 1980). En

otras palabras, el principio de finalidad no impide que un

árbitro disponga final y definitivamente de las CC-2009-882 32

controversias que tenga ante su consideración por medio de

una pluralidad de laudos. M. Domke, op. cit., Íd., Vol. I,

Sec. 33:1, pág. 2.9 Así, el hecho de que un árbitro decida

emitir distintos laudos para resolver las controversias que

tenga ante sí, no soslaya la finalidad del laudo si éste

adjudica una o más de las controversias sometidas a

arbitraje de forma final y definitiva.10

9 Así por ejemplo, la California Arbitration Act, Cal. Code Civ. Proc. Sec. 1283.4, prevé el que un árbitro pueda emitir varios laudos para decidir finalmente todas las controversias ante su consideración. De igual manera, la Revised Uniform Arbitration Act de Alaska, provee en su Sec. 8(b)1) para que los árbitros puedan emitir laudos parciales de entenderlo necesario. Véase, C.H. Johnson, Is The Revised Uniform Arbitration Act a Good Fit for Alaska, 19 Alaska L. Rev. 339, 364 (2002).

La práctica de adjudicar por separado las reclamaciones de las partes en un proceso de arbitraje tampoco es ajena a las Reglas Institucionales de Arbitraje, que permiten en su gran mayoría, la bifurcación de laudos para solucionar las controversias entre las partes. Véase, J.M. Gaitis, The Federal Arbitration Act: Risks and Incongruities Relating to the Issuance of Interim and Partial Awards in Domestic and International Arbitrations, 16 Am. Rev. Int´l Arb. 1, 11-15 (2005). Véanse en general, las Reglas de Arbitraje y Procedimientos de Mediación para la Industria de la Construcción de las Asociación Americana de Arbitraje (por sus siglas en inglés, conocida como las Construction Industry Arbitration Rules and Mediation Procedures). Por lo tanto, si las partes desean que el árbitro solucione sus conflictos de forma aislada, éstas pueden incorporar las Reglas Institucionales de Arbitraje que así se lo permitan. Claro está, las partes pueden por medio del principio de libertad en la contratación, otorgarle dicha facultad al árbitro sin tener que incorporar dichas reglas al procedimiento de arbitraje. Al fin y al cabo queda a discreción de las partes decidir en cada caso qué hacer. 10 De hecho, tanto en el ámbito internacional como a nivel doméstico en otros países, se entiende que todos los laudos son finales, en el sentido de que estos resuelven de manera final uno, varios o todos los asuntos que están en disputa entre las partes. A. Redfern y M. Hunter, Law and Practice of International Commercial Arbitration, London, Sweet & Maxwell, 1986, pág. 281. La diferencia es que unos laudos se denominan parciales y otros finales. A. Redfern y M. Hunter, op. cit., pág. 270; P.M.B. Rowland, Arbitration Law and Practice, Great Britain, Pub. The Institute of Chartered Accountants in England and Wales in association with Sweet & Maxwell Ltd., 1988, págs. 73-74.

Con relación a los laudos finales, se considera que un laudo final es aquel que dispone de todas las controversias que están ante la consideración de un árbitro o aquel que resuelve el resto de las controversias que hayan quedado pendientes ante un árbitro, luego de CC-2009-882 33

En consonancia con lo anterior, distintos foros

federales han avalado la revisión de laudos parciales para

efectos de confirmación o revocación. Véanse: Hart

Surgical, Inc. v. UltraCision, Inc., 244 F.3d 231, 234 (1er

Cir. 2001); Publicis Communication v. True North

Communications, Inc., 206 F.3d 725, 727-729 (7mo Cir.

2000); Metallgesellschaft A.G. v. M/V Captain Constante,

790 F.2d 280, 283 (2do Cir. 1986); Island Creek Coal Sales

Co. v. City of Gainesville, 729 F.2d 1046, 1049 (6to Cir.

1984); The Home Insurance Company v. RHA/Pensylvania

Nursing Homes, 127 F. Supp 482, 490 (S.D.N.Y. 2001);

Eurolines Shipping Co., S.A. v. Metal Transport Corp.,

supra; Puerto Rico Maritime Shipping Authority v. Star

Lines Ltd., 454 F. Supp. 368, 372 (S.D.N.Y. 1978).

En estos precedentes se reconoció que un laudo parcial

que adjudica de manera final y definitiva reclamaciones

separadas e independientes, puede ser confirmado o revocado

aunque no solucione todas las controversias sometidas ante

la consideración del árbitro. Al así resolver, dichos foros

sostuvieron, al interpretar el requisito de finalidad

que éste emita preliminarmente uno o varios laudos parciales. A. Redfern y M. Hunter, op. cit., pág. 270. En fin, se trata de un laudo que finiquita el procedimiento de arbitraje, poniendo fin a la misión del árbitro de resolver las disputas entre las partes. Íd., pág. 281; P.M.B. Rowland, op. cit., pág. 72.

En cuanto a los laudos parciales, se trata de aquellos laudos que disponen de algunos asuntos que se encuentran en disputa entre las partes. A. Redfern y M. Hunter, op. cit. pág. 270. Sin embargo, aunque este tipo de laudo no resuelve todas las controversias que tiene ante su consideración un árbitro, sí resuelve, de manera final, aquellos asuntos que sean planteados por separado. Íd., pág. 287. CC-2009-882 34

estatuido en la Sec. 10(a)(4) de la Ley Federal de

Arbitraje, que éste no se quebranta cuando los laudos

parciales adjudican de manera final y definitiva alguna de

las controversias planteadas.11

Para refrendar este proceder, se han esgrimido

distintos argumentos. Así por ejemplo, se ha mencionado que

dado que el propósito del arbitraje es permitir una

solución rápida y económica a las controversias entre las

partes, el permitirles la confirmación o revocación de

laudos parciales finales y definitivos, agilizaría el

proceso de arbitraje. Metallgesellschaft A.G. v. M/V

Captain Constante, supra, pág. 283.12 Véanse: A. Redfern y

M. Hunter, op. cit., pág 284; P.M.B. Rowland, op. cit.,

pág. 74. Asimismo, se ha reconocido que la emisión de un

laudo parcial final y definitivo es razonablemente

necesaria para proteger los intereses de las partes, según

lo amerite cada caso. J.M. Gaitis, supra, pág. 64.

11 Cabe señalar que este proceder no siempre fue avalado por los foros federales. Por ejemplo, en Michaels v. Mariforum Shipping, S.A., 624 F.2d 411, 414 (2do Cir. 1980), el Tribunal Federal para el Segundo Circuito resolvió que bajo la Sec. 10(a)(4) de la Ley Federal de Arbitraje, era improcedente revocar un laudo parcial por no cumplir con el requisito de finalidad. Empero, con el tiempo dicho precedente se fue dejando a un lado por los distintos tribunales federales. Véase, J.M. Gaitis, supra, págs. 30-38. 12 En Metallgesellschaft A.G. v. M/V Captain Constante, supra, pág. 83, el Tribunal de Apelaciones para el Segundo Circutio Federal expresó: “We have held that ‘the purpose of arbitration is to permit a relatively quick and inexpensive resolution of contractual disputes’ [citas omitidas]. It would be a perversion of this salutary design for a shipowner to be denied the same prompt and commercially important relief from an arbitration panel that it could have received from a court”. CC-2009-882 35

Un ejemplo en el que la confirmación de este laudo

sería beneficiosa, es en una situación en la que el deudor

reconozca parcialmente su responsabilidad y su deuda, y aún

así, se rehúse a pagar, sin ningún fundamento, la suma de

dinero adeudada. Íd., pág. 64. Otra situación en la que un

laudo parcial puede ser de gran utilidad, es cuando exista

alguna controversia jurisdiccional con relación al foro

arbitral. En tales casos una decisión parcial sobre ese

asunto puede acortar o simplificar el procedimiento de

arbitraje considerablemente. A. Redfern y M. Hunter, op.

cit., pág 284. Así también, se ha favorecido la utilización

y revisión de laudos parciales, en casos donde se adjudica

primeramente la responsabilidad de una de las partes, y se

deja para posterior resolución la cuestión relacionada a

los daños e indemnización. Hart Surgical, Inc. v.

UltraCision, Inc., supra, págs. 232, 235-236. Véase, P.M.B.

Rowland, op. cit., pág. 74.

De la misma manera, la revisión de laudos parciales

que adjudiquen de manera final y definitiva una

controversia ha sido avalada en casos donde una de las

partes alega parcialidad por parte de alguno de los

árbitros al emitir el laudo. Véase, Applied Indus.

Materials Corp. v. Ovalar Makine Ticaret Ve Sanayi, A.S.,

492 F.3d 132 (2do Cir. 2007). Véase, además, Y. Andreeva,

How Challenging is the Challenge, or can U.S. Courts Remove

Arbitrators before an Arbitration has come to an End? 19 CC-2009-882 36

Am. Rev. Int´l Arb. 127, 135-136 (2008). En estos casos, es

evidente que esperar a que se concluya todo el proceso de

arbitraje puede ocasionarle un perjuicio mayor a la parte

que sufre la parcialidad del árbitro.13

Finalmente, la Ley Núm. 376, supra, no contiene

disposición alguna que le impida a un árbitro emitir laudos

parciales. Por consiguiente, si las partes pactan la

bifurcación de la adjudicación de las controversias, dicho

pacto deberá ser válido y exigible por no contravenir la

Ley Núm. 376, supra, a no ser que sea contrario a la moral

o al orden público. Así lo exigen en nuestra jurisdicción,

los principios de la libertad de la autonomía de la

voluntad de los contratantes y de pacta sunt servanda. Por

eso, para que un árbitro pueda emitir laudos parciales, del

acuerdo arbitral debe surgir que las partes le han

concedido tal facultad. Véase, Hart Surgical, Inc. v.

UltraCision, Inc., supra. Véase, además, K.M. Blankley,

Current Developments in Alternative Dispute Resolution: Did

the Arbitrator Sneeze?-—Do Federal Courts Have Jurisdiction

13 Cf. J.M. Rhodes, Judicial Review of Partial Arbitral Awards under Section 10(a)(4) of the Federal Arbitration Act, 70 U. Chi. L. Rev. 663. (En síntesis, esta autora no favorece la revisión judicial de laudos parciales porque entiende que ello conllevaría mayor intromisión de los foros judiciales en el proceso de arbitraje, lo que haría menos atractivo para las partes optar por el arbitraje como una alternativa para solucionar sus problemas; y que la intervención judicial puede dilatar el proceso de arbitraje). Íd., pág. 669. CC-2009-882 37

Over Interlocutory Awards in Class Action Arbitrations?, 34

VT. L. Rev. 493, 508-509 (2010).14

En el presente caso, según discutimos previamente,

surge de los entendidos entre las partes, durante el

procedimiento de arbitraje, que éstas acordaron que el

árbitro atendiera con preferencia la controversia

Ello produjo la adjudicación bifurcada de las disputas

entre las partes, y por consiguiente, la emisión de un

laudo parcial que no culminó la solución de todas las

controversias.

Además, del Convenio de Arbitraje no se desprende que

las partes le hayan prohibido al árbitro adjudicar las

controversias por separado. Por el contrario, dicho acuerdo

contiene un lenguaje laxo en torno a las prerrogativas

concedidas al árbitro para dirigir el procedimiento

arbitral. Así por ejemplo, dicho acuerdo establece, inter

alia, que:

The arbitrator will rule himself by what he in his sole judgment finds just and equitable without regard to applicable law and without regard to legal procedures except that he shall hear the parties and their witnesses, consider the documentary or demonstrative evidence and conduct such inspections as he deem proper. Although the parties may be represented by

14 A falta de disposición estatutaria que regule o conceda expresamente dicha facultad a un árbitro, son las partes en controversia las que pueden facultarlo para que resuelva las disputas de forma separada. Por lo tanto, nada de lo que aquí expresado impide que la Legislatura en un futuro legisle para regular la emisión de laudos parciales. CC-2009-882 38

counsel, the arbitrator shall direct the manner by which all proceedings shall be conducted. Véase, Apéndice de Certiorari, pág. 181.

Como se puede apreciar, las facultades que se le

reconocieron al árbitro bajo la preterida cláusula

arbitral son amplias. Éste tenía y tiene gran discreción

para decidir cómo conducir el procedimiento de arbitraje.

Por ende, a la luz de la Estipulación y del propio acuerdo

arbitral, entendemos que el árbitro tenía la prerrogativa

de emitir un laudo parcial para adjudicar por adelantado

la controversia relacionada a la declaración de

terminación del Contrato.

De igual manera, contrario a lo planteado por la parte

peticionaria, creemos que no existe ningún inconveniente en

nuestra jurisdicción para que se permita la revisión de

laudos parciales que cumplan con el principio de finalidad

en materia de arbitraje comercial. Es decir, procede la

revisión judicial de laudos que resuelvan de manera final y

definitiva aquellas controversias separadas e

independientes de las que estén pendientes por adjudicarse.

Ese ha sido el derrotero seguido por los foros federales al

interpretar la Ley Federal de Arbitraje, supra, que como

hemos dicho es la que inspiró nuestra Ley Núm. 376, supra.

Por lo tanto, concluimos que la norma más justa y

equitativa para las partes inmersas en un procedimiento de

arbitraje es permitir que puedan solicitar la revisión de

laudos parciales, que a su vez, sean finales y definitivos CC-2009-882 39

y que resuelvan controversias independientes y separadas a

las demás. Ello, en vista de que, por un lado, se le

garantiza a las partes una protección en casos en que sea

necesaria la intervención judicial para vindicarle sus

derechos, y por otro, se asegura que la intervención

judicial, al estar guiada por los parámetros de finalidad,

definición e independencia, sea una justificada y

razonable.15 Por eso, los Tribunales de Primera Instancia

deberán ser sumamente cautelosos a la hora de evaluar una

solicitud de revisión judicial de un laudo parcial, puesto

que si dicho laudo no es final y definitivo, y no resuelve

controversias separadas e independientes a las demás, el

laudo carece de finalidad y, por lo tanto, los tribunales

no tendrán jurisdicción para revisarlo.

Según lo esbozado, resolvemos que le corresponde al

Tribunal de Primera Instancia, antes de pasar juicio sobre

la revocabilidad del Laudo parcial bajo alguna de las

instancias contempladas en el Art. 22 de la Ley Núm. 376,

15 La revisión judicial debe circunscribirse a aquellas situaciones que nuestro ordenamiento contempla. Como es sabido, luego de culminar el trámite ante el árbitro, las determinaciones que éste haga en el laudo son, como regla general, finales e inapelables. Es decir, las cuestiones atendidas en el laudo no pueden litigarse ante los tribunales. J.R.T v. Otis Elevator Co., 105 D.P.R. 195 (1976).

Empero, existen ciertas instancias en las que no está vedada la intervención judicial. Así, la revisión judicial está permitida en aquellos casos en los que las partes convengan expresamente a que el árbitro resuelva la controversia conforme a derecho. U.C.P.R. v. Triangle Engineering Corp., supra, pág. 142; Rivera v. Samaritano & Co., Inc., 108 D.P.R. 604, 608 (1979). Además, se permite la intervención judicial bajo la Ley Núm. 376, supra, cuando alguna de las partes solicite la confirmación del laudo o la revocación, modificación o corrección de éste. Arts. 21 y 24 de la Ley Núm. 376, 32 L.P.R.A. secs. 3221 y 3224. CC-2009-882 40

supra, según alegadas por la parte recurrida en la Demanda,

determinar si éste resuelve de forma final y definitiva, al

menos una controversia separada e independiente a las que

restan por resolverse.

VI

Por todo lo antes expuesto, se expide el auto de

certiorari solicitado y se revoca la Resolución recurrida

emitida por el Tribunal de Apelaciones. En su

consecuencia, se devuelve el caso al Tribunal de Primera

Instancia para que proceda de conformidad con lo aquí

expuesto. Además, se ordena la continuación del

procedimiento de arbitraje con relación al resto de las

controversias que no se han adjudicado.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Mildred G. Pabón Charneco Jueza Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

SENTENCIA

Por todo lo antes expuesto, se expide el auto de certiorari solicitado y se revoca la Resolución recurrida emitida por el Tribunal de Apelaciones. En su consecuencia, se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que proceda de conformidad con lo aquí expuesto. Además, se ordena la continuación del procedimiento de arbitraje con relación al resto de las controversias que no se han adjudicado.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no intervino. El Juez Presidente Señor Hernández Denton no interviene.

Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo