Silva Barreto v. Tejada Martell

2017 TSPR 185

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: December 1, 2017
• Docket: CC-2016-431
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Katia M. Silva Barreto Certiorari Recurrida 2017 TSPR 185 v. 198 DPR ____ Gonzalo F. Tejada Martell

Peticionario

Número del Caso: CC-2016-431

Fecha: 1 de diciembre de 2017

Región Judicial de Bayamón

Abogada de la parte peticionaria:

Lcda. Livia M. Rosado Bermúdez

Abogado de la parte recurrida:

Por derecho propio

Materia: Derecho procesal apelativo: Una parte puede, mediante un solo recurso presentado ante el Tribunal de Apelaciones, impugnar dos determinaciones interlocutorias distintas emitidas en un mismo caso ante el Tribunal de Primera Instancia y cancelar los aranceles correspondientes a una sola acción revisoría.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Katia M. Silva Barreto

Recurrida

v. CC-2016-0431 Certiorari

Gonzalo F. Tejada Martell

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR FELIBERTI CINTRÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 1 de diciembre de 2017.

En el día de hoy nos corresponde atender la

siguiente interrogante: ¿Puede una parte, mediante

un solo recurso presentado ante el Tribunal de

Apelaciones, impugnar dos determinaciones

interlocutorias distintas emitidas en un mismo caso

ante el Tribunal de Primera Instancia, y cancelar los

aranceles correspondientes a una sola acción

revisora? Por los fundamentos que discutimos a

continuación, respondemos en la afirmativa.

I. TRASFONDO FÁCTICO Y PROCESAL

La Sra. Katia M. Silva Barreto (señora Silva o

recurrida) y el Sr. Gonzalo F. Tejada Martell (señor

Tejada o peticionario), ambos oriundos de Perú, CC-2016-0431 2

estuvieron casados entre sí y procrearon dos hijos durante

su matrimonio. Eventualmente la pareja se divorció y el

Tribunal de Primera Instancia nombró a la señora Silva como

madre custodia de ambos menores. Asimismo, se fijó la

pensión alimentaria que el padre debía pagar para beneficio

de sus hijos.

El 29 de mayo de 2013 la señora Silva solicitó al

Tribunal de Primera Instancia autorización para trasladarse

con sus hijos a Perú. El peticionario se opuso al traslado

y solicitó la custodia de los menores. La juez a cargo

refirió el caso a la Unidad Social de Relaciones de Familia

y Asuntos de Menores para el estudio social

correspondiente. Oportunamente, la Trabajadora Social

rindió su informe recomendando el traslado de los menores a

Perú, junto con su madre.

Tras una serie de eventos procesales, se celebró una

vista para dilucidar la petición de la madre. El 23 de

julio de 2015, el Tribunal de Primera Instancia autorizó el

traslado provisional de los menores a Perú, por entender

que era lo más beneficioso para el bienestar de los niños

en ese momento. Entre las razones consignadas para

conceder la solicitud de traslado, el tribunal mencionó

que, en Perú, la señora Silva contaba con una excelente

oferta de empleo con un salario de $3,000 mensuales, además

de otros beneficios.

Así las cosas, el señor Tejada presentó una Moción

para Solicitar Créditos en Relación a Gastos

Extraordinarios y Pensión Alimenticia. A través de esta CC-2016-0431 3

moción, el peticionario pidió al tribunal que acreditase un

pago que efectuó directamente a la recurrida a su deuda de

pensión alimentaria con la Administración para el Sustento

de Menores (ASUME).1 Igualmente, solicitó se ordenase a la

señora Silva reembolsarle ciertas partidas correspondientes

al trabajo de ortodoncia de sus hijos, así como

mensualidades y otros gastos asociados a la escuela de los

menores. La juez a cargo del caso denegó esta moción. La

Resolución y Orden correspondiente se notificó el 9 de

septiembre de 2015.

El señor Silva solicitó reconsideración de la

denegatoria de su moción. Mediante Resolución y Orden

(R&O #1) fechada el 29 de septiembre de 2015 y notificada

el 2 de octubre de 2015, se declaró No Ha Lugar su

solicitud de reconsideración.

De otra parte, el señor Silva también presentó una

Moción para Solicitar Deponer a la Trabajadora Social que

preparó el informe relacionado con el traslado de los

menores a Perú. A requerimiento del Tribunal de Primera

Instancia, el peticionario argumentó su derecho a tomar la

aludida deposición. No obstante, el foro primario denegó

su solicitud. Esta determinación fue informada a las

partes mediante Resolución y Orden que les fuera notificada

el 9 de septiembre de 2015. Inconforme, el señor Tejada

solicitó reconsideración, la cual le fue denegada el 29 de

septiembre de 2015. La correspondiente Resolución y Orden

1 Posteriormente, la Sra. Katia M. Silva Barreto admitió haber recibido este dinero. CC-2016-0431 4

(R&O #2) igualmente se notificó a las partes el 2 de

octubre de 2015.

El 30 de octubre de 2015, el señor Tejada acudió al

Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de certiorari.

Solicitó la revisión conjunta de las dos Resoluciones y

Órdenes que declararon No Ha Lugar sus solicitudes de

reconsideración relacionadas con: (1) el crédito y

reembolso antes mencionado y (2) la toma de deposición a la

Trabajadora Social. Ambas Resoluciones fueron emitidas

coetáneamente el 29 de septiembre de 2015 y notificadas el

2 de octubre de 2015.

El foro apelativo intermedio desestimó el recurso por

falta de jurisdicción, apoyado en el caso M-Care

Compounding et al. v. Depto. Salud, 186 DPR 159 (2012).

Específicamente, resolvió que el señor Tejada no podía

utilizar un solo recurso para impugnar conjuntamente dos

dictámenes emitidos separadamente. Indicó que, en su

lugar, correspondía presentar dos recursos independientes y

pagar los respectivos aranceles para que se reputaran

válidos.2

El señor Tejada presentó entonces el recurso que nos

ocupa donde plantea la siguiente interrogante como único

error:

2 La Resolución del Tribunal de Apelaciones desestimando el recurso se emitió el 29 de enero de 2016 y se notificó el 16 de febrero de 2016. Entretanto, el 8 de febrero de 2016, el señor Tejada presentó una Moción Informativa en la cual indicó que se celebró una vista de impugnación del informe de la Trabajadora Social, por lo cual, su solicitud para deponerla se tornó académica. CC-2016-0431 5

Incidió el Tribunal de Apelaciones al determinar que el recurso de Certiorari adolecía de nulidad y que por ende el Tribunal de Apelaciones carecía de jurisdicción por haberse presentado en un solo recurso la solicitud para que se revocaran dos (2) resoluciones del Tribunal de Primera Instancia que se notificaron el mismo día, de un mismo caso entre las mismas partes. Además que se desistió de una de ellas posteriormente.

El 28 de octubre de 2016 expedimos el auto de

certiorari solicitado y habiendo vencido los términos

correspondientes para que las partes sometieran sus

respectivos alegatos, nos encontramos listos para resolver.3

II. DERECHO APLICABLE

A. Aranceles

La parte que somete un escrito de apelación o

certiorari ante el Tribunal de Apelaciones viene obligada a

pagar los derechos arancelarios correspondientes.4 Ortiz v.

Holsum, 190 DPR 511 (2014); M-Care Compounding et al. v.

Depto. Salud, supra. De lo contrario, conforme dispone el

Código de Enjuiciamiento Civil, el documento se reputará

nulo y se tendrá por no presentado.5 Ortiz v. Holsum,

supra; M-Care Compounding et al. v. Depto. Salud, supra;

Meléndez v. Levitt & Sons of PR, Inc., 106 DPR 437 (1997);

Maldonado v. Pichardo, 104 DPR 778 (1976).

3 Cabe señalar que el peticionario presentó su alegato el 20 de enero de 2017. La recurrida, sin embargo, nunca sometió el suyo.

4 Véase In re Aprob. Derechos Arancelarios RJ, 192 DPR 397 (2015).

5 Véase Sec. 5 de la Ley Núm. 17 de 11 de marzo de 1915, según enmendada, 32 LPRA sec. 1481 (2017). CC-2016-0431 6

B. Reglamento del Tribunal de Apelaciones

La Regla 17 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B (2012) (Regla 17), permite a

varias personas afectadas por una misma sentencia presentar

un solo recurso de apelación conjuntamente, siempre y

cuando sus derechos en alzada sean compatibles. Igualmente

autoriza al tribunal a consolidar apelaciones que han sido

presentadas individualmente, cuando así lo estime

pertinente, ya sea motu proprio o a solicitud de parte.6

Paralelamente, la Regla 80.1 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B (2012), reconoce la potestad

del tribunal a consolidar todo tipo de dictámenes, no sólo

sentencias, con el fin de atenderlos simultáneamente.7

En M-Care Compounding et al. v. Depto. Salud, supra,

tuvimos la oportunidad de interpretar la Regla 17 y, luego

de un examen integral de la normativa relevante, resolvimos

que, por analogía, sus disposiciones se podían extender a

otras clases de recursos, aparte de apelaciones de

sentencias como dispone taxativamente este precepto

reglamentario. Asimismo, decretamos que la Regla 17

6 La Regla 17 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B

(2012), dispone lo siguiente:

Si dos (2) o más personas tuvieren derecho a apelar una sentencia y sus derechos fueren tales que la acumulación fuere factible, podrán presentar un escrito de apelación conjunto y podrán comparecer subsiguientemente como una sola parte apelante. Las apelaciones de una sentencia podrán ser consolidadas por orden del Tribunal de Apelaciones expedida por iniciativa propia, a solicitud de parte o por estipulación de quienes sean partes en distintas apelaciones. (Énfasis nuestro). 7 Según la Regla 80.1 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B (2012): Los recursos sobre una sentencia, orden o resolución podrán ser consolidados por orden del Tribunal de Apelaciones expedida por iniciativa propia o a solicitud de parte. (Énfasis nuestro). CC-2016-0431 7

únicamente contempla la presentación conjunta cuando más de

una persona pretende recurrir de un mismo dictamen. En

otras palabras, esta normativa procesal no permite a una

parte agrupar determinaciones de varios casos en un mismo

recurso. De manera que, cuando se trata de dictámenes en

casos diferentes, la parte afectada debe someter los

recursos separadamente y pagar los aranceles

correspondientes para cada uno de ellos.

C. Facultad del Tribunal Supremo

Conforme a nuestro ordenamiento, el derecho de todo

ciudadano a que un tribunal de mayor jerarquía revise las

determinaciones de un foro inferior es de origen

estatutario, no constitucional. García Morales v. Mercado

Rosario, 190 DPR 632 (2014); Pérez Soto v. Cantera Pérez,

Inc. et al., 188 DPR 98 (2013); Gran Vista I v. Gutiérrez y

otros, 170 DPR 174 (2007). “Por tanto, toca a la Asamblea

Legislativa definir el alcance del mismo y concederlo con

las limitaciones que tenga a bien hacer”. R. Hernández

Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal

Civil, 6ta ed., Pubs. LexisNexis de Puerto Rico, Inc.,

2017, pág. 471. Claro está, la definición de ese alcance

nunca podrá trastocar las facultades de este Tribunal,

conferidas por el Artículo V, Sección 3 de la Constitución

de Puerto Rico. Art. V, Sec. 3, Const. PR, LPRA, Tomo 1,

ed. 2016, pág. 426.

Acorde lo anterior, la Legislatura optó por establecer

un Tribunal de Apelaciones como foro intermedio entre el

Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal Supremo. Arts. CC-2016-0431 8

2.001 y 4.001 de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico

de 2003, Ley Núm. 201-2003, según enmendada, 4 LPRA secs.

24b y 24t (2010) (Ley de la Judicatura). Como parte del

imperativo estatutario, el Tribunal de Apelaciones debe

valerse de procesos judiciales más accesibles a la

ciudadanía y “ofrecer acceso fácil, económico y efectivo a

sus procedimientos, eliminando obstáculos y barreras que

impidan impartir justicia apelativa a los ciudadanos con

reclamos válidos”. Art. 4.002 de la Ley de la Judicatura,

4 LPRA sec. 24u (2010).

Una vez implantados los diversos niveles adjudicativos

de la Rama Judicial mediante legislación, le corresponde al

Tribunal Supremo la tarea de diseñar y poner en vigor

aquellas normas necesarias para facilitar una sana y

efectiva administración de la justicia por parte de cada

uno de esos foros. Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc. et

al., supra.

A esos efectos, el Art. 4.004 de la Ley de la

Judicatura, 4 LPRA sec. 24w (2010), reconoce nuestra

responsabilidad de diseñar el esquema reglamentario

aplicable a los procedimientos ante el Tribunal de

Apelaciones con el fin de “proveer un acceso fácil,

económico y efectivo”. A tono con lo anterior, aprobamos

el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-

B (2012), el cual rige el trámite y perfeccionamiento de

los recursos apelativos junto con otras reglas y estatutos.

In re Aprobación Reglamento TA, 162 DPR 444 (2004).

Cónsono con el mandato estatutario, este cuerpo CC-2016-0431 9

reglamentario está dirigido a “[o]frecer acceso fácil,

económico y efectivo al tribunal, eliminando obstáculos y

barreras que impidan impartir justicia apelativa a los

ciudadanos con reclamos válidos”. Regla 2(1) del

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.

Esta política de impulsar la economía judicial se

insertó igualmente en nuestro ordenamiento procesal. A

esos efectos, la Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. V (2010), promueve “una solución justa, rápida y

económica de todo procedimiento”.

III. DISCUSIÓN

Comenzamos por reafirmar el alcance de nuestra

decisión en M-Care Compounding et al. v. Depto. Salud,

supra, ello con el propósito de distinguir nuestros

pronunciamientos en esa ocasión de la controversia que hoy

tenemos ante nuestra consideración. En aquel momento, las

partes afectadas por ciertas determinaciones del

Departamento de Salud en diversos casos solicitaron la

revisión judicial de los dictámenes de dicha agencia

mediante un mismo recurso ante el Tribunal de Apelaciones.

Asimismo, propusieron pagar un solo arancel por el trámite

en alzada. De modo que, la controversia formulada

entonces, giraba en torno a múltiples determinaciones

administrativas en casos separados.

En el presente recurso, tenemos un escenario

diferente. El señor Tejada elevó a la atención del

Tribunal de Apelaciones dos resoluciones interlocutorias

del foro primario sobre asuntos colaterales atendidos CC-2016-0431 10

dentro de un mismo caso. Las cuestiones tratadas en dichas

resoluciones son: una solicitud del peticionario para

llevar a cabo descubrimiento de prueba vinculado a la

custodia de sus hijos menores y una petición de crédito y

reembolso relacionada con los alimentos correspondientes a

sus hijos. En otras palabras, a través de su recurso, el

peticionario cuestionó dos determinaciones interlocutorias

promulgadas por un mismo tribunal, en un mismo proceso

judicial y notificadas en una misma fecha.

No cabe duda que quedaba a la discreción de la juez de

instancia, como parte del manejo del pleito que tenía a su

cargo, resolver las dos controversias planteadas por el

señor Tejada para su consideración de manera separada, tal

como lo hizo, o disponer de ellas conjuntamente en un solo

escrito.8 También es correcto que, en la eventualidad del

foro primario haber dispuesto de los asuntos en cuestión en

una misma resolución, se hubiesen podido atender esas

determinaciones a través de un solo recurso. Es decir,

bajo este supuesto, era viable impugnar estos asuntos,

aunque diversos, dentro de un mismo trámite en alzada.

Entonces, ¿qué justificación existe para obligar a la

parte peticionaria en este caso a presentar dos recursos?

El mero hecho de que existan resoluciones separadas no es

razón suficiente para exigirle a la parte en desacuerdo que

presente igual número de recursos como de determinaciones

8 No intimamos que un método de trabajo sea mejor a otro. Por el contrario, queda a la entera discreción de cada juez, como parte de su función de manejar los casos que le son asignados y administrar la justicia, optar por uno u otro según estime apropiado. CC-2016-0431 11

promulgadas. Esta trayectoria procesal redunda en

perjuicio de aquellos promoventes cuyos litigios son

atendidos por jueces que, por las razones que estimen

pertinentes de acuerdo al caso en particular o por su

método de trabajo, opten por disponer de asuntos pendientes

de manera separada. Cuando se emiten múltiples

resoluciones individuales, la parte interesada en

cuestionarlas incurre en gastos adicionales de reproducción

de documentos, notificación a las partes y al foro

recurrido, trabajo administrativo y honorarios de abogado.

Inclusive, en ocasiones viene obligada a fotocopiar los

mismos documentos para diversos recursos. Estos costos

pueden multiplicarse, dependiendo del número de recursos de

que se trate, encareciendo sustancialmente los costos

apelativos.

No vemos razón de peso para obligar a las partes que

estén en desacuerdo con este tipo de determinaciones del

foro primario en un mismo caso, a tener que presentar

recursos separados ante el Tribunal de Apelaciones, si las

fechas de las notificaciones correspondientes permiten

acumularlas. Exigir este curso de acción, bajo estas

circunstancias, milita en contra del principio de economía

procesal que permea todo nuestro ordenamiento y el cual

debemos tener como norte al descargar nuestra función de

implantar la forma y manera de acceder al foro apelativo.

Cabe recordar que nuestro ordenamiento procesal

requiere la agilización de los trámites ante los tribunales

de manera que se promueva la economía judicial y se dé paso CC-2016-0431 12

a un proceso justo, rápido y económico. De igual forma,

según provisto en la Ley de la Judicatura, las Reglas de

Procedimiento Civil y el Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, los procesos que se instauren deben viabilizar

un acceso dinámico, económico y efectivo ante el foro

apelativo.

El mero hecho de que la situación que nos ocupa no se

encuentre atendida específicamente en el Reglamento del

Tribunal de Apelaciones no nos impide delinear criterios

necesarios y equitativos para abordar un asunto como el

presente que conlleva grandes repercusiones para los

litigantes. A esos efectos, tenemos la encomienda de

establecer pautas que promuevan que los trámites judiciales

se efectúen de manera ágil, accesible y justa.

Por lo tanto, guiados por consideraciones de justicia

y economía procesal, y en aras de promover un proceso más

sencillo y económico, resolvemos que una parte tiene

derecho a recurrir simultáneamente de varias resoluciones

promulgadas en un mismo caso, siempre y cuando acuda al

foro apelativo dentro del término provisto para ello bajo

la normativa aplicable. En otras palabras, se permite

acumular en un mismo recurso apelativo varias

determinaciones interlocutorias del foro primario, emitidas

en un mismo caso, condicionado a que el recurso se presente

oportunamente en alzada.9 Así pues, todo litigante tendrá

9 Debe quedar claro que la decisión a la cual hoy llegamos no tiene el efecto de modificar los términos de los cuales disponen las partes para recurrir ante los foros revisores. Es decir, si una parte que acude en alzada desea agrupar dos o más determinaciones interlocutorias en el mismo trámite CC-2016-0431 13

la misma oportunidad de acudir al foro apelativo intermedio

para la revisión de varias determinaciones interlocutorias

del foro primario, indistintamente de si fueron acumuladas

en un mismo escrito o en escritos separados, siempre y

cuando presente su recurso dentro del término apelativo

correspondiente.10

En vista a lo anterior, erró el Tribunal de

Apelaciones al declararse sin jurisdicción para atender los

reclamos del señor Tejada por considerar que debían haberse

encausado a través de dos recursos separados y pagar los

aranceles correspondientes a cada uno de ellos.

IV. CONCLUSIÓN

Por los fundamentos anteriormente indicados, se revoca

la Resolución emitida por el Tribunal de Apelaciones el

29 de enero de 2016 y se devuelve el caso a dicho foro para

trámites ulteriores cónsonos con nuestros pronunciamientos

en el día de hoy.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Roberto Feliberti Cintrón Juez Asociado

______________________________________________________________

apelativo, el término máximo para así hacerlo transcurrirá a partir de la fecha de la notificación del primer dictamen recurrido. 10 Ahora bien, el hecho de que el término jurisdiccional para solicitar la revisión de alguna de las determinaciones interlocutorias recurridas haya vencido, no será impedimento para examinar el resto de las determinaciones que hayan sido presentadas oportunamente. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente Sentencia, revocamos la Resolución emitida por el Tribunal de Apelaciones el 29 de enero de 2016 y se devuelve el caso a dicho foro para trámites ulteriores cónsonos con nuestros pronunciamientos en el día de hoy.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco emitió una Opinión Concurrente.

Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Katia M. Silva Barreto Certiorari

v. CC-2016-0431

Opinión Concurrente emitida por la Jueza Asociada señora Pabón Charneco.

La Opinión que antecede “permite acumular en un mismo

recurso apelativo varias determinaciones interlocutorias

del foro primario, emitidas en un mismo caso, condicionado

a que el recurso se presente oportunamente en alzada.” Sin

embargo, la controversia realmente ante nuestra

consideración se circunscribe a determinar si una misma

persona puede recurrir de dos (2) resoluciones

interlocutorias, dictadas por el mismo tribunal, como

parte del mismo proceso judicial, mediante la presentación

de una sola Petición de Certiorari. (Énfasis suplido).

El ratio decidendi propuesto por la Opinión

Mayoritaria es más amplio que la controversia ante nuestra

consideración. Entretanto no se nos solicitó determinar si

en un mismo recurso de apelación se puede recurrir de una

combinación de resoluciones, sentencias parciales y CC-2014-0429 2

sentencias finales, cualquier pronunciamiento que aparente

resolver tales controversias es puro dictum. Como

demostraré, en algunos casos el Tribunal de Apelaciones ha

desestimado un sinnúmero de recursos apelativos por

precisamente haberse recurrido en estos de una combinación

de resoluciones, sentencias parciales y sentencias

finales. Sin embargo, en otros casos, el Tribunal de

Apelaciones ha optado por resolver tales recursos en los

méritos y, para justificar tal proceder, ha utilizado una

variedad de razones. Por lo tanto, entiendo que no debemos

extender el ratio decidendi a tal controversia. La misma

no está ante nuestra consideración. De ser planteada en

algún momento, entiendo que su resolución amerita hacer un

análisis más completo e individualizado debido al impacto

que puede tener en la eficiencia del Tribunal de

Apelaciones a la hora de considerar y adjudicar los

distintos recursos apelativos. Por entender que el

análisis de la Opinión que antecede se extralimita

innecesariamente de la controversia realmente planteada

ante nos y por considerar necesario evaluar las posibles

implicaciones que la presente controversia pudiera tener

en los recaudos de la Rama Judicial, concurro.

Incorporo por referencia los antecedentes fácticos

que dieron génesis a la controversia de autos, según

fueron reseñados en la Opinión del Tribunal. A

continuación, paso a delinear el derecho aplicable al caso

que nos ocupa y esbozo el análisis que entiendo era CC-2014-0429 3

meritorio realizar para disponer apropiadamente de la

controversia ante nuestra consideración.

I

A.

Como cuestión de umbral, examinamos la norma pautada

en M-Care Compounding et al. Depto Salud, supra, en aras

de evaluar la extensión de la misma y determinar si esta

es aplicable al caso de autos.

El Departamento de Salud emitió dos (2) resoluciones

en dos (2) procedimientos administrativos distintos, en

los que varias farmacias solicitaron Certificados de

Necesidad y Conveniencia (CNC) para instituir ciertos

programas de salud en el hogar.11 Tras haber agotado los

remedios administrativos disponibles, dos (2) entidades

afectadas por la concesión de los CNC recurrieron de las

dos (2) resoluciones administrativas mediante la

presentación de un (1) recurso de revisión judicial.12

Dos (2) de las farmacias que obtuvieron los CNC

objetaron la presentación del recurso de revisión en

conjunto.13 Señalaron que dicho recurso constituyó una

11Las farmacias fueron: (1) M-Care Compounding Pharmacy/M-Care Medical Supply, Inc.; (2) Island Infusion Pharmacy, Inc.; (3) SPS Specialty Pharmacy Services, Inc.; (4) Vision Infusion Services, Inc. (Vision); (5) Optima Infusion Pharmacy, Inc. (Optima) y (6) Special Care Pharmacy Services, Inc.

12 Estas dos entidades fueron la Asociación de Enfermería Visitante Gregoria Auffant, Inc. y el Programa de Servicios de Salud en el Hogar Géminis.

13 Vision y Optima. CC-2014-0429 4

consolidación motu proprio de dos (2) recursos de revisión

de dos (2) resoluciones administrativas distintas. Además,

indicaron que debido a que los recursos de revisión

debieron haberse presentado por separado –uno (1) por cada

resolución administrativa- no se cancelaron aranceles

suficientes, por lo que el recurso nunca fue debidamente

presentado y el Tribunal de Apelaciones carecía de

jurisdicción para atenderlo. El foro a quo denegó la

solicitud de desestimación.

Inconformes, acudieron ante nos y solicitaron la

revocación de la Resolución emitida por el foro a quo. En

síntesis, luego de analizar la Regla 17 del Tribunal de

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XII-B, y aplicarla por analogía a

los recursos de revisión judicial, resolvimos que no se

podían presentar recursos conjuntos para revisar

resoluciones administrativas de casos diferentes. Ello,

debido a que no se cumplía con el segundo requisito para

la presentación de recursos conjuntos, a saber: que lo que

se pretendiera recurrir fuera un mismo dictamen. M-Care

Compounding et al. v. Depto. Salud, supra. Por ende,

indicamos que las recurridas debieron presentar los

recursos de revisión de sus respectivas resoluciones

administrativas por separado y, una vez presentados y

cancelados los aranceles correspondientes, de así

desearlo, debieron solicitar la consolidación de estos en

virtud de la Regla 80.1 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, supra. CC-2014-0429 5

B.

La Regla 17 del Tribunal de Apelaciones, supra,

contempla dos mecanismos distintos, a saber: (1) la

presentación de apelaciones conjuntas y (2) la

consolidación de apelaciones. M-Care Compounding et al. v.

Depto. Salud, supra. A pesar del sinnúmero de reglamentos

que han regido nuestra práctica apelativa, la referida

disposición ha permanecido prácticamente intacta.14

Actualmente, dicha regla dispone que:

Si dos o más personas tuvieren derecho a apelar una sentencia y sus derechos fueren tales que la acumulación fuere factible, podrán presentar un escrito de apelación conjunto y podrán comparecer subsiguientemente como una sola parte apelante. Las apelaciones de una sentencia podrán ser consolidadas por orden del Tribunal de Apelaciones, expedida por iniciativa propia, a solicitud de parte o por estipulación de quienes sean partes en distintas apelaciones. Regla 17 del Tribunal de Apelaciones, supra.

Por un lado, la apelación conjunta es el mecanismo en

virtud del cual dos (2) o más personas pueden recurrir de

una sentencia mediante la presentación de un solo recurso

de apelación. Para hacer uso de la apelación conjunta se

requiere el cumplimiento de tres requisitos, a saber:

(1) que dos o más personas tengan derecho a apelar; (2)

que lo que se pretende apelar sea una misma sentencia y

14La Regla 17 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XII-B, titulada Apelaciones conjuntas o consolidación de apelaciones, ha formado parte del Reglamento del Tribunal de Apelaciones desde que se aprobó originalmente el 9 de noviembre de 1992. Véanse: Regla 17 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra; Regla 17 del Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones, aprobado el 1 de mayo de 1996; Regla 15(B) del Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones, aprobado el 13 de enero de 1995; Regla 14(B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, aprobado el 9 de noviembre de 1992. CC-2014-0429 6

(3) que los derechos de las partes sean acumulables, lo

cual impide que estas posean intereses incompatibles o

antagónicos. M-Care Compounding et al. v. Depto. Salud,

supra. En estos casos, se le permite a dos o más partes

comparecer como una sola parte apelante mediante la

presentación de un solo recurso de apelación, en

consideración a que sus intereses se encuentran

similarmente situados con respecto a la sentencia que

pretenden apelar. Según indicamos en M-Care Compounding et

al. v. Depto. Salud, supra, las normas relativas a la

presentación de apelaciones conjuntas aplican por analogía

a la presentación de recursos de revisión conjuntos. Ello

significa que si dos o más personas tienen derecho a

recurrir de una resolución u orden y sus derechos son

tales que la acumulación es practicable, podrán presentar

un recurso de certiorari conjunto y comparecer

subsiguientemente como una sola parte recurrente.

Por otro lado, la consolidación de apelaciones es el

mecanismo en virtud del cual el foro a quo puede ordenar

que dos (2) o más recursos de apelación sean atendidos y

resueltos simultáneamente. La consolidación de apelaciones

requiere que: (1) se hayan presentado dos o más

apelaciones sobre una sentencia y (2) el tribunal ordene

la consolidación, ya sea motu proprio, a solicitud de

parte o por estipulación de quienes sean partes en

distintas apelaciones. M-Care Compounding et al. v. Depto.

Salud, supra. Al amparo de la Regla 80.1 del Reglamento

del Tribunal de Apelaciones, supra, los requisitos para la CC-2014-0429 7

consolidación de apelaciones aplican igualmente para la

consolidación de otros recursos de revisión. M-Care

Compounding et al. v. Depto. Salud, supra.

C. Los procedimientos relativos a la revisión de

dictámenes del foro de instancia se tramitan conforme a

las leyes aplicables, las Reglas de Procedimiento Civil y

las reglas adoptadas por este Tribunal. Regla 52.1 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1 (2010).

Examinemos el lenguaje de las distintas disposiciones

aplicables al recurso de certiorari, para determinar si

alguna de estas dispone o limita el número de dictámenes

que pueden ser revisados mediante la presentación de un

recurso de esta naturaleza.

Hacemos una primera parada en la Ley Núm. 201-2003,

según enmendada, 4 LPRA sec. 24, et seq. Al instituir el

Tribunal de Apelaciones como foro apelativo intermedio en

nuestro Tribunal General de Justicia, la Asamblea

Legislativa delimitó preliminarmente su competencia.

Véase: Art. 4.006 de la Ley Núm. 201-2003, supra. En lo

relativo al recurso de certiorari, se circunscribió a

disponer que el foro a quo conocería “[m]ediante auto de

Certiorari expedido a su discreción, de cualquier

resolución u orden dictada por el Tribunal de Primera

Instancia”.

Por su parte, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil

regula, inter alia, los escenarios en los cuales se puede

recurrir de una orden o resolución interlocutoria emitida CC-2014-0429 8

por el foro de instancia. Íd. A estos efectos, dispone

que: “[e]l recurso de certiorari para revisar resoluciones

u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de

Primera Instancia” solo se expedirá por el Tribunal de

Apelaciones si se recurre de una resolución u orden bajo

las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción

dispositiva, entre otras. Por otro lado, la Regla 52.2 de

Procedimiento Civil, supra, dispone el término que tiene

una parte para presentar el recurso de certiorari ante el

Tribunal de Apelaciones. Específicamente, establece que

“los recursos de certiorari al Tribunal de Apelaciones

para revisar resoluciones u órdenes del Tribunal de

Primera Instancia” deberán presentarse dentro del término

de treinta (30) días, a partir de la fecha de notificación

de la resolución u orden recurrida.

La Parte VI del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones contiene las normas relativas al

perfeccionamiento de los recursos de certiorari

presentados ante dicho foro. 4 LPRA Ap. IX, Rs. 31-40. La

Regla 32(D) establece que el recurso de certiorari para

revisar “cualquier otra resolución u orden […] del

Tribunal de Primera Instancia” se formalizará con la

presentación del recurso dentro de los treinta (30) días

siguientes, a partir del archivo en autos de una copia de

la notificación de la resolución u orden recurrida. En

cuanto al contenido de la petición de certiorari, la Regla

34(C) requiere, inter alia, que se incluya en el cuerpo

del recurso: una referencia a la decisión objeto de CC-2014-0429 9

revisión; un señalamiento de los errores que a juicio del

peticionario cometió el Tribunal de Primera Instancia y

una discusión de los errores señalados. En cuanto al

apéndice, la Regla 34(E) requiere que el mismo contenga la

decisión del foro primario objeto de revisión y, de

haberla, la notificación del archivo en autos. Además, se

debe incluir toda otra resolución u orden en la que se

discuta expresamente cualquier asunto planteado en la

solicitud de certiorari o que sea relevante a la misma.

Tras examinar las disposiciones estatutarias y

reglamentarias relacionadas al recurso de certiorari no

encontramos disposición alguna que limite o establezca el

número de resoluciones interlocutorias de las cuales se

puede recurrir en un solo recurso. Examinemos el propósito

y los objetivos del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones.

D. Todo ciudadano tiene un derecho estatutario a la

revisión judicial. Pérez Soto v. Cantera Pérez, 188 DPR 98

(2013). Una vez la Asamblea Legislativa reconoce tal

derecho, es este Tribunal el llamado a diseñar e

implementar un sistema de normas coherentes para fomentar

la más adecuada y efectiva administración de la justicia.

Así lo reconoció la Asamblea Legislativa en el Art. 2.002

de la Ley Núm. 201-2003, supra.

El Tribunal de Apelaciones fue instituido para

proveerle a la ciudadanía un foro apelativo intermedio que

revisara, como cuestión de derecho, las sentencias finales CC-2014-0429 10

del Tribunal de Primera Instancia, las decisiones finales

de las agencias administrativas y, discrecionalmente, las

resoluciones u orden dictadas por el Tribunal de Primera

Instancia. 4 LPRA sec. 24u. En cuanto a la función

revisora del foro a quo, el Art. 4.002 de la Ley Núm. 201-

2003 dispone que este “[d]eberá ofrecer acceso fácil,

económico y efectivo a sus procedimientos, eliminando

obstáculos y barreras que impidan impartir justicia

apelativa a los ciudadanos con reclamos válidos”. Íd.

La Asamblea Legislativa le confirió a esta Curia la

encomienda de aprobar las reglas internas relativas a la

organización y los procedimientos que habrían de regir en

el Tribunal de Apelaciones. Al hacerlo, puntualizó que el

cuerpo reglamentario a adoptarse debía “promover un acceso

fácil, económico y efectivo [al Tribunal de Apelaciones]”

y debía contener, sin limitación alguna, “reglas dirigidas

a reducir al mínimo el número de recursos desestimados por

defectos de forma o de notificación,[…]”. 4 LPRA sec. 24w.

En cumplimiento con este mandato, el Tribunal Supremo

de Puerto Rico aprobó el Reglamento Transitorio del

Tribunal de Apelaciones del 18 de noviembre de 2003, el

cual fue sustituido eventualmente por el Reglamento del

Tribunal de Apelaciones vigente. In re Aprobación del

Tribunal de Apelaciones, 162 DPR 444 (2004).

El Reglamento del Tribunal de Apelaciones recoge los

propósitos enunciados en la Ley Núm. 201-2003. Sin

embargo, este Tribunal consideró importante extender los

propósitos y esfuerzos a los cuales nuestro foro apelativo CC-2014-0429 11

intermedio debía ceñirse. En atención a ello, adoptamos un

reglamento que hiciera al foro a quo uno más eficiente.

Regla 2 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA

Ap. XII-B. El propio Reglamento dispone que su norte es:

(1) Ofrecer acceso fácil, económico y efectivo al tribunal, eliminando obstáculos y barreras que impidan impartir justicia apelativa a los ciudadanos con reclamos válidos. (2) Promover la efectiva, rápida y uniforme adjudicación de casos complejos, procedimientos especiales o asuntos que ameriten atención particular. (3) Implantar el principio rector de que las controversias judiciales se atiendan en los méritos y no se desestimen los recursos por defectos de forma o de notificación que no afecten los derechos de las partes. (4) . . . (5) Establecer mecanismos y sistemas eficientes para la clasificación de recursos, el movimiento de los casos y el término de su resolución. 4 LPRA XII-B (Énfasis suplido).

E. Como norma general, el pago de los aranceles de

presentación es un requisito sine qua non para el

perfeccionamiento de los recursos apelativos. El cobro de

estos aranceles permite sufragar los gastos inherentes a

todo proceso judicial. Véase: Gran Vista I v. Gutiérrez y

otros, 170 DPR 174, 188 (2007). El pago y la cancelación

de aranceles es de tal importancia que, el no adherir los

sellos de rentas internas al recurso apelativo presentado,

de ordinario, priva al foro apelativo de jurisdicción y

conlleva la desestimación del recurso. M-Care Compounding

et al. v. Depto. Salud, supra; Meléndez v. Levitt & Sons

of P.R., Inc., 106 DPR 437 (1977); Maldonado v. Pichardo, CC-2014-0429 12

104 DPR 778 (1976). Véase además: Sec. 5 de la Ley Núm. 17

de 11 de marzo de 1915, según enmendada, 32 LPRA sec.

1481. De esta manera, se evita que los litigantes

defrauden al erario. Salas v. Baquero, 47 DPR 108, 113-114

(1934).

El Código de Enjuiciamiento Civil dispone lo relativo

al pago de los aranceles. Sin embargo, la Ley Núm. 47-

2009, según enmendada, modificó parcialmente tales

disposiciones. 32 LPRA sec. 1477. Inter alia, fijó los

nuevos derechos arancelarios pagaderos a la hora de

tramitar acciones civiles en los tribunales. Asimismo,

reconoció la facultad de este Tribunal para disponer, vía

resolución, los derechos que habrán de pagarse en la

tramitación de las acciones civiles en el Tribunal General

de Justicia y en otros servicios prestados por la Rama

judicial. Art. 3 de la Ley Núm. 47-2009.

Cónsono con la facultad que nos fue conferida, el 24

de septiembre de 2010, aprobamos una Resolución en la que

se adoptaron nuevos derechos arancelarios. Véase: In re

Aprobación Der. Arancelarios RJ, 180 DPR 232 (2010). No

obstante, los hasta entonces nuevos derechos arancelarios

no fueron inmunes a cambios. El 9 de marzo de 2015, una

mayoría de este Tribunal aprobó otra Resolución en virtud

de la cual se instituyó un nuevo esquema de derechos

arancelarios pagaderos a los(as) Secretarios(as), los(as)

Alguaciles(as) y otro Personal de la Rama Judicial que

ejerce funciones de recaudación. Véase: In re Aprob. CC-2014-0429 13

Derechos Arancelarios RJ, 2015 TSPR 21, 192 DPR 397

(2015).

Los incisos (K) al (P) de la mencionada Resolución

regulan los derechos de presentación que deberá pagar todo

litigante a la hora de presentar el recurso apelativo

correspondiente. En lo atinente a la controversia que nos

ocupa, el inciso (N) dispone que “[p]or cada escrito de

apelación civil o de certiorari en el Tribunal de

Apelaciones” se pagarán ciento dos dólares ($102.00) en

sellos de rentas internas. (Énfasis suplido).

Luego de examinar la normativa jurisprudencial

pautada en M-Care Compounding et al. v. Depto. Salud,

supra, y de considerar los estatutos y demás disposiciones

reglamentarias concernidas al recurso de certiorari, nos

encontramos en posición de resolver.

III

El peticionario señaló como único error que el foro a

quo incidió al decretarse sin jurisdicción y desestimar el

recurso de certiorari basándose en M-Care Compounding et

al. v. Depto. Salud, supra, e interpretando que tal

precedente prohíbe que una parte recurra de dos (2) o más

resoluciones interlocutorias emitidas en un mismo proceso

judicial mediante la presentación de un solo recurso de

certiorari. Tiene razón.

En primer lugar, el contexto fáctico que motivó

nuestro ratio decidendi en M-Care Compounding et al. v.

Depto. de Salud, supra, es perfectamente distinguible al CC-2014-0429 14

del caso de autos. Por un lado, en M-Care Compounding

Pharmacy v. Depto. de Salud, supra, resolvimos que dos (2)

personas no podían presentar un (1) recurso de revisión

conjunto para solicitar la revisión de dos (2)

resoluciones administrativas emitidas en dos (2)

procedimientos administrativos separados e independientes

entre sí. Por otro lado, en el recurso de certiorari que

nos ocupa, una (1) misma parte recurre de dos (2)

resoluciones emitidas como parte de un (1) mismo proceso

judicial. Como corolario, erró el foro a quo al aplicar

irreflexivamente dicho precedente al caso de epígrafe y

desestimar ipso facto el recurso que nos ocupa.

En segundo lugar, no estamos ante dos o más personas

recurriendo de un mismo dictamen y procediendo como una

parte recurrente. Simple y llanamente estamos ante una

parte que recurrió de dos (2) resoluciones interlocutorias

en un solo recurso de certiorari. Consecuentemente, ni la

Regla 17 ni la Regla 80.1 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, supra, aplican al caso de epígrafe. Dichas

disposiciones reglamentarias parten de una premisa: la

concurrencia de dos (2) o más recurrentes. Por un lado, la

Regla 17 le permite a varias partes –que recurren del

mismo dictamen y cuyos intereses son acumulables-

presentar un recurso de revisión conjunto y comparecer

como una sola parte recurrente. Por otro lado, la Regla 17

(en cuanto a apelaciones) y la Regla 80.1 (en cuanto a

otros recursos de revisión) permiten que una o varias

personas que hayan recurrido de un dictamen le soliciten CC-2014-0429 15

al foro a quo la consolidación de los distintos recursos

de revisión que presentaron. Ambas disposiciones permiten

el uso de mecanismos procesales fundados en

consideraciones de economía procesal y que pretenden

asegurar una sana administración de la justicia. Ahora

bien, ninguna de estas contempla el escenario ante nos. En

fin, ni la Regla 17 ni la Regla 80.1 del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones, supra, permite ni prohíbe que una

parte recurra de dos (2) resoluciones interlocutorias

dictadas en el mismo proceso judicial mediante la

presentación de un solo recurso de certiorari.

En tercer lugar, la Ley de la Judicatura, las Reglas

de Procedimiento Civil ni el Reglamento del Tribunal de

Apelaciones especifican o limitan el número de

resoluciones interlocutorias que pueden ser revisadas

mediante la presentación de un recurso de certiorari. En

ausencia de disposición estatutaria o reglamentaria que

permita o prohíba a una parte a recurrir de dos

resoluciones en un mismo recurso de certiorari, nos vemos

obligados acudir a la Regla 2 del Tribunal de Apelaciones,

supra, relativa a la interpretación y los propósitos del

Requerir la presentación de un recurso de certiorari

por cada resolución u orden interlocutoria, junto con la

cancelación de los aranceles correspondientes, trastocaría

los objetivos y principios subyacentes al Reglamento del CC-2014-0429 16

Tribunal de Apelaciones, supra. Particularmente, exigiría

multiplicidad de esfuerzos en la preparación de recursos

de certiorari para que cumplan con los requisitos de forma

que exige el Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

supra. Al final, todos estos esfuerzos se traducirían en

tiempo y dinero. Específicamente, implicaría requerir a

los recurrentes, en ciertas instancias, a reproducir los

mismos documentos (i.e. alegaciones, apéndice,

transcripciones de prueba oral) para distintos recursos,

con la asunción de costo que ello implica. Como resultado,

multiplicaría el costo de notificación de los recursos. En

fin, restringiría el acceso al Tribunal de Apelaciones y

como corolario el ejercicio del derecho a una revisión

judicial.

Por otro lado, permitir la presentación de recursos

de certiorari en los que se solicite la revisión de varias

resoluciones interlocutorias, le permitiría al Tribunal de

Apelaciones disponer de dos (2) o más recursos, que de

ordinario se hubieran presentado por separado, al mismo

tiempo. Igualmente, disminuiría la cantidad de documentos

que serían acompañados con los recursos de revisión.

Asimismo, promovería la presentación de menos recursos,

por lo que aliviaría los esfuerzos administrativos y

operacionales del personal del foro a quo. Además,

evitaría el fraccionamiento de controversias relacionadas

a un mismo caso. Consecuentemente, militaría a favor de la

economía judicial, agilizaría los trámites ante los

tribunales y, de esta manera, contribuiría a la solución CC-2014-0429 17

justa, rápida y económica de las acciones civiles

pendientes ante las distintas Salas del Tribunal de

Primera Instancia.

Por todo lo anterior, entiendo que una misma persona

puede recurrir de dos (2) o más resoluciones u órdenes

interlocutorias, emitidas en un mismo proceso judicial,

mediante la presentación de un solo recurso de certiorari.

Así, una parte adversamente afectada por dos o más

resoluciones u órdenes puede optar por recurrir de estas

en un solo recurso de certiorari o en recursos separados.

La norma aquí pautada pretende promover el acceso fácil,

económico y efectivo al Tribunal de Apelaciones. Asimismo,

procura contribuir a la rápida, efectiva y uniforme

adjudicación de recursos.

Ahora bien, la norma aquí adoptada no altera ni exime

a las partes de cumplir con su obligación de observar el

cumplimiento estricto de las disposiciones reglamentarias

relativas al perfeccionamiento del recurso de certiorari y

su jurisprudencia interpretativa. Véanse: Reglas 31-40 del

Tribunal de Apelaciones, supra. Tampoco los releva de

cumplir con los términos reglamentarios dispuestos para su

presentación. En cuanto a este particular, una parte podrá

acumular dos (2) o más resoluciones u órdenes

interlocutorias en un recurso de certiorari siempre y

cuando cumpla con el término reglamentario para ello, con

respecto a todas las resoluciones u órdenes cuya revisión CC-2014-0429 18

se solicite.15 Por lo tanto, un recurso de certiorari en el

que se recurra de una o más resoluciones interlocutorias

deberá ser presentado dentro de los treinta días

siguientes a la fecha del archivo en autos de una copia de

la notificación de la resolución u orden recurrida de

mayor antigüedad.16

C.

Tomando en consideración la normativa anterior,

evaluemos su aplicación a los antecedentes fácticos que

suscitaron la controversia de autos.

En la Petición de Certiorari que presentara el

peticionario en el Tribunal de Apelaciones el 30 de

octubre de 2015 este solicitó la revisión de dos (2)

resoluciones interlocutorias.17 El Tribunal de Primera

Instancia notificó ambas resoluciones el 2 de octubre de

2015. Por lo tanto, el peticionario recurrió oportunamente

de ambas resoluciones. Además, según expresamos, el

peticionario podía cancelar ciento dos dólares ($102.00)

en aranceles por el escrito de certiorari presentado,

independientemente de que en el mismo hubiera solicitado

15La Regla 32(D) del Tribunal de Apelaciones, Ap. XII-B, dispone que el recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes interlocutorias deberá ser presentado “dentro de los treinta días siguientes a la fecha del archivo en autos de una copia de la notificación de la resolución u orden recurrida. Este término es de cumplimiento estricto.”

16 El foro a quo únicamente estará en posición de resolver los señalamientos de error relacionados con las resoluciones u órdenes respecto a las cuales se recurrió a tiempo.

17 Petición de Certiorari, Apéndice, págs. 34-35. CC-2014-0429 19

la revisión de dos (2) resoluciones. Ello, debido a que,

según la normativa aquí adoptada, podía recurrir de dos

(2) o más resoluciones en su escrito de certiorari y, a

fin de cuentas, la cantidad a pagar en sellos de rentas

internas es por escrito, mas no por señalamiento de error

ni por dictamen recurrido. Véase: In re Aprob. Derechos

Arancelarios RJ, supra, pág. 3.

En fin, y conforme a todo lo anterior, erró el

Tribunal de Apelaciones al decretarse sin jurisdicción y

desestimar sin más el recurso de certiorari presentado por

el peticionario.

D.

Ahora bien, en el descargo responsable de nuestra

función judicial, realizamos un análisis estadístico para

evaluar el impacto, si alguno, que podría tener la nueva

normativa adoptada en los recaudos de la Rama Judicial, en

la operación y funcionamiento de los tribunales y, en

última instancia, en el acceso a la justicia de todos los

ciudadanos que acuden diariamente a nuestro foro apelativo

intermedio para ejercer su derecho a una revisión

judicial. Anticipamos que la norma aquí adoptada no tendrá

un impacto adverso significativo en los recaudos de la

Rama Judicial. Nos explicamos.

Desde que pautamos la norma de M-Care Compounding et

al. v. Depto. Salud, supra, se han publicado un total de

doscientos ochenta (280) Resoluciones y Sentencias en las CC-2014-0429 20

que el Tribunal de Apelaciones lo ha citado.18 En la gran

mayoría de los casos en los que el foro a quo ha

descansado en M-Care Compounding et al. v. Depto. Salud,

supra, lo ha hecho para justificar la desestimación de

recursos de revisión por una de dos razones, a saber:

(1) por no haberse pagado los aranceles correspondientes o

(2) por no haberse cumplido con los requisitos de forma

establecidos en el Reglamento del Tribunal de Apelaciones

para el perfeccionamiento de los recursos de revisión. Los

recursos que el foro a quo ha desestimado por haberse

pretendido en estos la revisión de varios dictámenes

representan solo una fracción de los recursos que el

Tribunal de Apelaciones ha desestimado por falta de

jurisdicción. Veamos.

En el año fiscal 2012-13, el foro a quo desestimó

novecientos veinticuatro (924) recursos por carecer de

jurisdicción.19 Sin embargo, en dicho año no se desestimó

18A la fecha de hoy 7 de noviembre de 2017. El análisis está basado en las Resoluciones y Sentencias del Tribunal de Apelaciones que han sido publicadas en Westlaw, uno de los servicios principales de investigación jurídica en línea utilizados por abogados y demás miembros de la profesión. El Tribunal de Apelaciones no publica sentencias ni resoluciones sobre asuntos de menores ni sobre asuntos regulados por una ley que establezca que el proceso es confidencial. Sin embargo, el análisis de la data disponible brinda un aproximado e ilustra que el recurrir de varios dictámenes en un mismo recurso apelativo es sólo uno de los varios fundamentos que utiliza el Tribunal de Apelaciones para desestimar recursos por falta de jurisdicción y representa solo una fracción de los recursos desestimados bajo ese fundamento.

19 De los novecientos veinticuatro (924) recursos desestimados por falta de jurisdicción, trescientos setenta y siete (376) recursos, equivalente a un cuarenta punto siete por ciento (40.7%), fueron desestimados por ser prematuros. Asimismo, doscientos cincuenta y dos (252) recursos, equivalente a un veintisiete punto tres por ciento CC-2014-0429 21

ninguna petición de certiorari por haberse recurrido en

ella de dos o más resoluciones, como en el caso de autos,

equivalente a un cero por ciento (0%) de los recursos

desestimados por falta de jurisdicción.20 En el año fiscal

2013-14, el foro a quo desestimó ochocientos noventa y un

(891) recursos por falta de jurisdicción.21 No obstante,

sólo desestimó una (1) petición de certiorari por haberse

recurrido en ella de dos o más resoluciones

interlocutorias, equivalente a un cero punto once por

ciento (0.11%) de los recursos desestimados por falta de

______________________________________________________________

(27.3%), se desestimaron por haberse presentado tardíamente. Solamente doscientos noventa y seis (296) recursos, equivalente a un treinta y dos por ciento (32%), se desestimaron por otros fundamentos. Véase, Informe Estadístico del Tribunal de Apelaciones, San Juan, Puerto Rico, Año Fiscal 2012-13, págs. 30-32.

20El Tribunal de Apelaciones desestimó al menos un (1) recurso en el que se pretendió la revisión de dos o más dictámenes mediante la presentación de un solo recurso de revisión, equivalente a un cero punto treinta y cuatro por ciento (0.34%) de los recursos desestimados por falta de jurisdicción por fundamentos ajenos a la temporalidad de la presentación del recurso. No obstante, se desestimó aplicando estrictamente lo resuelto en M-Care Compounding et al. v. Depto. Salud, supra, pues se trataba de varias resoluciones administrativas recurridas conjuntamente. Véase, Antonetti Zequeira v. Fondo del Seguro del Estado, KLRA201201067 (Resolución del 19 de abril de 2013).

21 De los ochocientos noventa y un (891) recursos desestimados por falta de jurisdicción, trescientos treinta y cuatro (334) recursos, equivalentes a un treinta y siete punto cinco por ciento (37.5%), fueron desestimados por ser prematuros. Asimismo, doscientos treinta y siete (237) recursos, equivalente a un veintiséis punto seis por ciento (26.6%) fueron desestimados por haberse presentado tardíamente. Solamente trescientos veinte (320) recursos, equivalente a un treinta y cinco punto nueve por ciento (35.9%), fueron desestimados por otros fundamentos. Véase: Informe Estadístico del Tribunal de Apelaciones, San Juan, Puerto Rico, Año Fiscal 2013-14, págs. 72-74. CC-2014-0429 22

jurisdicción.22 Durante el año fiscal 2014-15, el foro a

quo desestimó mil sesenta y seis (1,066) recursos por

carecer jurisdicción para atenderlos.23 Aun así, solo

desestimó dos (2) peticiones de certiorari por haberse

solicitado en ellas la revisión de dos o más resoluciones,

equivalente a un cero punto dieciocho (0.18%) de los

22 Véase, Solivan Cartagena v. González Delgado, KLCE201301146 (Resolución del 17 de octubre de 2013) (Se solicitó la revisión de tres resoluciones).

El Tribunal de Apelaciones desestimó al menos cinco (5) recursos en los cuales se pretendió la revisión de dos o más dictámenes mediante la presentación de un solo recurso de revisión, equivalente a uno punto cincuenta y seis por ciento (1.56%) de los recursos desestimados por falta de jurisdicción por fundamentos ajenos a la temporalidad de la presentación del recurso; sin embargo, ninguno con el cuadro fáctico como el caso de autos. Véanse, Castro Cruz v. Mun. Caguas, KLAN201400309 (Sentencia del 30 de mayo de 2014) (En un recurso de revisión judicial se solicitó la revisión de dos resoluciones administrativas interlocutorias por lo que el recurso era prematuro); Acevedo Cruz v. Administración de Corrección y Rehabilitación, KLRA201400179 (Sentencia del 24 de abril de 2014) (En un recurso de revisión judicial se solicitó la revisión de dos dictámenes; sin embargo, el recurso era tardío en cuanto a ambos); Site Max Corp. v. Constructora FL & H, Inc., KLAN201301700 (Sentencia del 31 de enero de 2014) (En una apelación se solicitó la revisión de dos sentencias parciales); Bonilla Montalvo v. APNI, Inc., KLAN201301874 (Sentencia del 26 de noviembre de 2013) (En una apelación se solicitó la revisión de una sentencia y una resolución); Cruz Salamán v. Depto. Corrección y Rehabilitación, KLRA201300898 (Sentencia del 31 de octubre de 2013) (El foro a quo desestimó el recurso aplicando estrictamente M-Care Compounding et al. v. Depto. Salud, supra).

23 De los mil sesenta y seis (1,066) recursos desestimados por falta de jurisdicción, trescientos cincuenta y dos (352) recursos, equivalente a un treinta y tres por ciento (33%), fueron desestimados por ser prematuros. Asimismo, trescientos trece (313) recursos, equivalente a un veintinueve punto cuatro por ciento (29.4%), fueron desestimados por haberse presentado tardíamente. Solamente cuatrocientos un (401) recursos, equivalente a un treinta y siete punto seis por ciento (37.6%), se desestimaron por otros fundamentos. Véase: Informe Estadístico del Tribunal de Apelaciones, San Juan, Puerto Rico, Año Fiscal 2014-15, págs. 58-60. CC-2014-0429 23

recursos desestimados por falta de jurisdicción.24 Durante

el año fiscal 2015-16, el foro a quo desestimó mil setenta

24Véanse, Molina González v. Cora Rodríguez, KLCE201500431 (Resolución del 7 de abril de 2015) (En una petición de certiorari se solicitó la revisión de cuatro órdenes; sin embargo, el recurso era tardío en cuanto a una de ellas. El foro a quo solo revisó una de las tres órdenes recurridas oportunamente); Lynn García v. Fischer, KLCE201401262 (Sentencia del 10 de octubre de 2014) (En un solo recurso de certiorari se solicitó la revisión de dos resoluciones).

El Tribunal de Apelaciones desestimó al menos seis (6) recursos en los que se solicitó la revisión de dos o más dictámenes mediante la presentación de un solo recurso, equivalente a uno punto cincuenta por ciento (1.50%) de los recursos desestimados por falta de jurisdicción por fundamentos ajenos a la temporalidad de la presentación del recurso; sin embargo, ninguno con un cuadro fáctico similar al caso de autos. Véanse, Soto Sánchez v. Banco Popular de Puerto Rico, KLAN201500728 (Sentencia del 30 de junio de 2015)(En una apelación se solicitó la revisión de dos sentencias parciales; sin embargo, el recurso también era prematuro); Morales Márquez v. Depto. Recursos Naturales y Ambientales, KLRA201401209 (Sentencia del 30 de abril de 2015)(Una misma parte solicitó la revisión de dos resoluciones administrativas en un solo recurso de revisión judicial); Vidal Vidal v. Fernández, KLAN201500026 (Sentencia del 31 de marzo de 2015)(En una apelación se solicitó la revisión de dos sentencias parciales); Rivera Román v. Wal-Mart de Puerto Rico, Inc., KLAN201401170 (Resolución del 25 de febrero de 2015)(En un recurso de apelación se solicitó la revisión de una sentencia y una resolución); Santos Rivera v. Santos Rivera, KLAN201402085 (10 de febrero de 2015)(En una apelación se solicitó la revisión de una sentencia y de una resolución); Flex Deck Corp v. Depto. Vivienda del ELA, KLAN201401628 (Sentencia del 19 de diciembre de 2014)(En una apelación se solicitó la revisión de una sentencia parcial y de una orden; sin embargo, en cuanto a la sentencia parcial el recurso también era prematuro).

Por otro lado, aplicó estrictamente M-Care Compounding et al. v. Depto. Salud, supra, en al menos tres (3) casos. Véanse, Burgos Colón v. Depto. Corrección y Rehabilitación, KLRA201500441 (Resolución del 11 de mayo de 2015); Carrión Torres v. Depto. Corrección y Rehabilitación, KLRA201500271 (Sentencia del 10 de abril de 2015); Galarza Cintrón v. Depto. de Corrección y Rehabilitación, KLAN201500113 (Sentencia del 27 de febrero de 2015) (El recurso también era tardío).

Sin embargo, y a pesar de haberse solicitado la revisión de varios dictámenes en un mismo recurso, en ciertas instancias el foro a quo optó por no desestimar el recurso. Véanse, MUSA Developers Corp. v. Junta de Planificación de Puerto Rico, KLRA201500365 (Sentencia del 30 de junio de 2015) (En un recurso de revisión judicial se solicitó revisión de varias resoluciones administrativas. El foro a quo CC-2014-0429 24

y tres (1,073) recursos por falta de jurisdicción.25 No

obstante, solamente desestimó dos (2) peticiones de

certiorari por haberse recurrido en ellas de más de una

resolución, equivalente a un cero punto dieciocho (0.18%)

de los recursos desestimados por falta de jurisdicción.26

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únicamente revisó una de ellas); Colón Machuca v. Santos González, KLAN201500234 (Resolución del 15 de mayo de 2015) (En una apelación se solicitó la revisión de dos sentencias parciales y una resolución. El foro a quo únicamente revisó la resolución porque los señalamientos de error con respecto a las sentencias parciales no fueron discutidos); Joaquín Hidalgo v. Corporación “Everywhere Music & Entertainment” Corp., KLCE201300001 (Sentencia del 18 de diciembre de 2014) (En una apelación se solicitó la revisión de una sentencia parcial y de una resolución. El foro a quo no desestimó el recurso pues ambos dictámenes eran de un mismo pleito y tenían el mismo carácter dispositivo); Pueblo v. Soto García, KLCE201401338 (Sentencia del 18 de noviembre de 2014) (En una petición de certiorari se solicitó la revisión de dos resoluciones. El foro a quo no desestimó el recurso porque el peticionario estaba exento del pago de aranceles por lo que no eran necesarios presentar dos recursos separados).

25De los mil setenta y tres (1,073) recursos desestimados por falta de jurisdicción, trescientos quince (315) recursos, equivalente a un veintinueve punto cuatro por ciento (29.4%), fueron desestimados por ser prematuros. Asimismo, trescientos siete (307) recursos, equivalente a un veintiocho punto seis por ciento (28.6%), fueron desestimados por haberse presentado tardíamente. Solamente cuatrocientos cincuenta y un (451) recursos, equivalente a un cuarenta y dos por ciento (42%), se desestimaron por otros fundamentos. Véase: Informe Estadístico del Tribunal de Apelaciones, San Juan, Puerto Rico, Año Fiscal 2014-15.

26 Véanse, Rivera Torres v. Guerríos Rivera, KLCE201600987 (Sentencia del 10 de junio de 2016) (Se solicitó la revisión de cuatro resoluciones con un solo señalamiento de error); Pérez Colón v. Lorenzo Soto, KLCE201600937 (Sentencia del 31 de mayo de 2016) (A pesar de haberse recurrido de dos resoluciones en un mismo certiorari, el recurso era tardío en cuanto a una de ellas).

Por otro lado, aplicó estrictamente M-Care Compounding et al. v. Depto. Salud, supra, en al menos dos (2) casos. Véase, Rivera González v. Depto. Recursos Naturales y Ambientales, KLRA201500787 (Sentencia de 31 de agosto de 2015). CC-2014-0429 25

Similarmente, durante el año fiscal 2016-2017, el Tribunal

de Apelaciones solamente desestimó dos (2) peticiones de

certiorari en las que se solicitó la revisión de más de

una resolución interlocutoria.27

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Sin embargo, y a pesar de haberse solicitado la revisión de varios dictámenes en un mismo recurso, en ciertas instancias el foro a quo optó por no desestimar el recurso. Véanse, Puerto Rico Consumer Debt Management Co., Inc., Martínez Evangelista, KLCE201600544 (Resolución del 28 de abril de 2016) (En una petición de certiorari se solicitó la revisión de dos resoluciones. El foro a quo, en lugar de desestimar el recurso, optó por revisar una de ellas solamente); Ortiz Rivera v. Díaz Bonilla, KLAN201501698 (Sentencia del 3 de marzo de 2016) (En una petición de certiorari se solicitó la revisión de dos resoluciones emitidas en casos distintos. El foro a quo, en lugar de desestimar el recurso, atendió el planteamiento relacionado a la resolución correspondiente al caso en el que se presentó el recurso); Díaz Aviation Corp. V. Aerostar Airport Holdings, KLAN201500760 (Sentencia del 25 de septiembre de 2015) (En una apelación se solicitó la revisión de una sentencia parcial y de una resolución. El foro a quo, en lugar de desestimar el recurso, atendió únicamente el planteamiento en cuanto a la sentencia parcial); Banco Popular de Puerto Rico v. Vázquez Lazo, KLAN201500590 (Sentencia del 31 de agosto de 2015) (En una petición de certiorari se solicitó la revisión de dos resoluciones. El foro a quo optó por atender únicamente el planteamiento en cuanto una de las resoluciones en lugar de desestimar el recurso).

27Además del caso de autos y Cubano Calderón v. O’Neill Herrera, CC- 2017-0110, que también está ante nuestra consideración, no se ha publicado ninguno otro a la fecha de hoy.

El Tribunal de Apelaciones desestimó al menos cinco (5) recursos en el que se solicitó la revisión de dos o más dictámenes; sin embargo, el cuadro fáctico era distinto al caso de autos. Véase, Vicente Colón v. Depto. Corrección, KLAN201601755 (Sentencia del 19 de diciembre de 2016) (En una apelación se solicitó la revisión de una sentencia parcial y una sentencia final); Rivera Antúnez v. Empresas Velázquez, Inc., KLCE201601535 (Resolución del 15 de noviembre de 2016) (En una petición de certiorari se solicitó la revisión de dos resoluciones. El recurso se presentó fuera de término y no se presentaron aranceles en lo absoluto); Barletta Rivera v. Soto Román, KLCE201601445 (Sentencia del 31 de octubre de 2016)(En una apelación se solicitó la revisión de una sentencia parcial, una sentencia nunc pro tunc y una sentencia final); Tirado Flores v. ELA, KLAN201601277 (Sentencia del 20 de octubre de 2016)(Una misma persona apeló dos sentencias de casos distintos); Río Mar Community Association, Inc. v. Mayol Bianchi, KLAN201601115 (Sentencia del 21 de septiembre de 2016) (En una apelación se solicitó la revisión de una sentencia parcial y de una CC-2014-0429 26

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resolución. La Jueza Brignoni Mártir emitió un voto disidente en el que indicó que hubiera revisado al menos la sentencia parcial en pro de la economía procesal, para salvaguardar el derecho a apelar y porque se había pagado aranceles correspondientes a un recurso).

Sin embargo, y a pesar de haberse solicitado la revisión de varios dictámenes en un mismo recurso, en ciertas instancias el foro a quo optó por no desestimar el recurso. Véanse, Río Mar Community Association, Inc. v. Mayol Bianchi, KLAN201601115 (Sentencia del 30 de junio de 2017) (El foro a quo reconsideró una sentencia anterior en la que había desestimado una sentencia en la que se solicitó la revisión de una sentencia parcial y una resolución. El Tribunal acogió el recurso y lo resolvió en los méritos por entender que ambos dictamenes estaban “íntimamente relacionadas”); García Santos Ex Parte, KLCE201700626 (Sentencia del 28 de abril de 2017) (En una petición de certiorari se solicitó la revisión de dos resoluciones. El foro a quo optó por revisar la primera de las resoluciones en lugar de desestimar el recurso); Rivera Solá Ex parte, KLCE201602204 (Sentencia del 22 de diciembre de 2016) (En una petición de certiorari se solicitó la revisión de dos resoluciones. El foro a quo atendió el recurso pues ambos dictámenes descansaban en el mismo fundamento por lo que al resolver uno se atendían ambos indirectamente); Barrau Lake v. Barrau Lake, KLAN201501528 (Sentencia del 15 de diciembre de 2016) (En una apelación se solicitó la revisión de una sentencia parcial y una sentencia final. El foro a quo reconsideró su dictamen y en lugar de desestimar el recurso lo resolvió en los méritos porque ambos dictámenes se habían emitido el mismo día y disponían de la totalidad de las reclamaciones); Casillas Pizarro v. Autoridad de Edif. Públicos, KLCE201600040 (Sentencia del 30 de noviembre de 2016) (En una apelación se solicitó la revisión de una sentencia parcial y de una resolución. El foro a quo reconsideró su dictamen y optó por revisar la sentencia parcial, en lugar de desestimar el recurso en su totalidad, para no privar a la parte de su derecho a apelar); Banco Popular de Puerto Rico v. Mercado Rivera, KLAN201500932 (Sentencia del 30 de noviembre de 2016) (En una apelación se solicitó la revisión de una sentencia parcial y de una sentencia final. El foro a quo optó por resolver el recurso debido a que ambos dictámenes se habían emitido simultáneamente); Peña Mendoza v. Algarín Hernández, KLCE201601298 (Sentencia del 11 de octubre de 2016) (En una petición de certiorari se solicitó la revisión de dos resoluciones. El foro a quo entendió que haber pagado aranceles para un solo recurso le daba al peticionario derecho a solicitar la revisión de una sola resolución y, por tanto, en lugar de desestimar el recurso, revisó una de las resoluciones recurridas); Ríos Berríos v. McDougall Quiñones, KLCE201601258 (Resolución del 12 de septiembre de 2016) (En un recurso de certiorari se solicitó la revisión de dos determinaciones interlocutorias. El foro a quo acogió el recurso en por entender que las determinaciones estaban “íntimamente relacionadas”. Sin embargo, el recurso era tardío en cuanto a una de las determinaciones recurridas y, en última instancia, se denegó la solicitud de certiorari por no cumplirse con los criterios para su expedición); Pueblo v. Candelario Rivera, KLCE201601332 (Sentencia del 19 de julio de 2016) (En una petición de certiorari se solicitó la revisión de dos resoluciones. El foro a quo limitó la revisión judicial a una de ellas). CC-2014-0429 27

Por lo tanto, desde que resolvimos M-Care Compounding

et al. v. Depto. Salud, supra, el foro a quo ha

desestimado aproximadamente siete (7) recursos de

certiorari en los cuales los recurrentes solicitaron la

revisión de dos o más resoluciones u órdenes

interlocutorias. Específicamente, en dichos recursos se

solicitó la revisión de un total de diecinueve (19)

resoluciones. Presumiendo arguendo que en cada uno de los

siete (7) recursos desestimados únicamente se pagaron

aranceles correspondientes a un recurso, cabe concluir que

hubo un déficit arancelario por una suma equivalente a los

doce (12) recursos que se debieron haber instado por

separado.

Tomando en consideración que por cada recurso de

certiorari debió haberse pagado ciento dos dólares

($102.00), la suma que la Rama Judicial dejó de devengar

como consecuencia de la presentación de tales recursos fue

de aproximadamente mil doscientos veinticuatro dólares

($1,224.00). Cualquier abogado con experiencia en la

práctica apelativa está consciente que dicha suma es

ínfima comparada con el tiempo que toma y el dinero que

cuesta preparar, reproducir y perfeccionar doce (12)

recursos apelativos. En fin, y en abono a la norma que hoy

adoptamos, entendemos que la misma no tendrá un impacto

adverso significativo a nivel macro en los recaudos de la

Rama Judicial vis-à-vis a los ahorros que puede

______________________________________________________________ CC-2014-0429 28

representar para los abogados que diariamente ejercen la

práctica apelativa y, en última instancia, a sus clientes.

Mildred G. Pabón Charneco Jueza Asociada