Estado Libre Asociado de Puerto Rico TRIBUNAL DE APELACIONES PANEL III
FÁTIMA SEDA Apelación BARLETTA Procedente del Tribunal de Primera Instancia, Apelante Sala de SAN JUAN KLAN202400405 v. Caso Núm.: SJ2020CV03940 ROBERTO LEITH PÉREZ, TRIPLE S PROPIEDAD Y Sobre: OTROS Enriquecimiento injusto Daños y Perjuicios Apelada
Panel integrado por su presidente el Juez Figueroa Cabán, el Juez Bonilla Ortiz, la Jueza Mateu Meléndez y la Jueza Prats Palerm.
Mateu Meléndez, Jueza Ponente
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 8 de octubre de 2024.
El 24 de abril de 2024, Fátima Seda Barletta (en adelante, la apelante)
compareció ante nos mediante recurso de Apelación y nos solicitó que
revisemos la Sentencia emitida en el caso de autos, el 31 de enero de 2024
por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (en adelante, TPI o
foro primario).1 Específicamente, nos pide que pasemos juicio sobre la
negativa del TPI en incluir algunas de las determinaciones de hechos
adicionales que pidió se añadieran. También, nos solicita que
modifiquemos la cantidad que el foro primario concedió a su favor como
indemnización, por encontrar que esta se aleja de la evidencia que se desfiló
en el juicio y resulta muy baja.
Examinado el expediente, en virtud del derecho aplicable que más
adelante consignaremos, confirmamos la Sentencia apelada. Veamos.
-I-
El pleito de epígrafe trata de una demanda por daños y perjuicios
instada por la parte apelante contra el Sr. Roberto Leith Pérez (en adelante,
1 Este dictamen fue notificado al día siguiente.
Número Identificador
SEN2024 _________________ KLAN202400405 2
el apelado), su aseguradora Triple S Propiedad (en adelante, Triple-S) y
otras personas de nombres desconocidos. En esta, se alegó que el apelado
mantenía en el patio de su residencia un árbol de por lo menos 43 pies de
alto y 12 de diámetro. Según allí se expuso, en la noche del 6 de septiembre
de 2017 o en la madrugada del día siguiente, como consecuencia del paso
por Puerto Rico del Huracán Irma, el árbol- al que se alegó el apelado no le
daba mantenimiento- cayó sobre la propiedad de la parte apelante y causó
graves daños a la propiedad por los que reclamó indemnización.2
Al contestar la demanda, el apelado aceptó ser dueño de la
propiedad contigua a la de la apelante y admitió tener al momento de los
hechos una póliza expedida por Triple-S. No obstante, negó la alegada falta
de mantenimiento del árbol, los alegados daños y levantó un sinnúmero de
defensas afirmativas. Luego de los trámites de rigor, el juicio fue celebrado
los días 5 y 6 de octubre y el 2 y 8 de noviembre del año 2023. Durante el
mismo, por la parte apelante prestó testimonio ella misma, el Sr. Héctor
Balvarena Alfaro, el Sr. William León Figueroa y su perito, el Ing. Carlos
García Sotelo.3 El apelado presentó el testimonio de su perito, Emiliano
Ruiz.
Recibida y aquilatada la prueba, el 1 de febrero de este año, el TPI
emitió Sentencia en la que formuló 110 determinaciones de hechos.
Basándose en estas, y al amparo del derecho aplicable allí consignado, el
foro primario concluyó que la apelante advino dueña titular de la
propiedad en cuestión 2 meses antes del paso del Huracán Irma y que para
esa fecha no estaba operando como negocio de hospedería. Asimismo,
ultimó que, conforme la prueba recibida estableció, el árbol caído era uno
2 Así, se reclamó que se sufrieron daños en la estructura como grietas en el techo, desprendimiento de plafón de concreto en varios lugares, desprendimiento de losetas en varias áreas del segundo piso, descuadre de puertas y ventanas y el desprendimiento de la pared que colinda con la propiedad del señor Leith Pérez, la obstrucción de las cañerías, estimados en no menos de $50,000.00, más una pérdida de ingreso de $3,000.00 mensuales, al no poderse alquilar los apartamentos de la propiedad por los daños. 3 Según surge del expediente, la parte apelante renunció, sin objeción del apelado, al
testimonio del Sr. Luis Ginés Pérez. KLAN202400405 3
de gran extensión en su tronco y ramas y de gran follaje, que las ramas eran
extensas, invadían la propiedad de la demandante, que el apelado había
alterado el tronco del árbol al construir una escalera y una casa de árbol en
él, que sobre este asunto se presentó una querella y que previo al paso del
evento atmosférico, se le había requerido al apelado la poda del árbol.
En virtud de la evidencia admitida, el TPI determinó que el apelado
fue negligente al hacer caso omiso de los requerimientos de poda, al
construir una escalera que debilitó el árbol, así como al permitir que sus
ramas se extendieran demasiado hacia la propiedad colindante. Por ello, lo
encontró responsable de los daños sufridos por la apelante. El foro primario
reconoció la mayoría de las facturas que la apelante presentó durante el
juicio y concedió en compensación, “por los gastos incurridos por la
demandante para reparar los daños a la estructura”, la suma de $7,862.82.
Aparte de esto, tras identificar el caso Anqueira Pérez v. Pérez
Rivera, KLAN200900753 como punto de referencia, el TPI valoró las
angustias mentales de la apelante en $1,500.00, al no albergar duda de que
la apelante debía ser compensada, “por las angustias y vicisitudes vividas
para limpiar su propiedad y arreglarla a consecuencia de los daños
recibidos por el impacto de las ramas del árbol sembrado por el demandado
y quien no le dio el mantenimiento adecuado.”4
El 17 de febrero del año en curso, en desacuerdo con lo resuelto, la
apelante sometió, Moción Solicitando Reconsideración de Sentencia al Amparo
de la Regla 47 de las de Procedimiento Civil de 2009, según enmendadas, y
Determinación de Hechos y Derecho Adicionales Bajo la Regla 43 de las de
Procedimiento Civil, según enmendadas. Allí, primeramente, cuestionó el que
no se dieran por admitidas las alegaciones de su demanda, cuando en
virtud de la Regla 6.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 6.2, debió
hacerse. En segundo lugar, disputó la admisibilidad del testimonio de
4 Véase, pág. 49 del Apéndice. KLAN202400405 4
Emiliano Ruiz Plá, puesto que este no tenía activa su licencia para ejercer
como ingeniero y el informe pericial que presentó no tenía el sello requerido
por la Ley. Por estas razones, lo clasificó como evidencia, “a todas luces
inadmisible.”. También impugnó la admisibilidad del testimonio de la
ajustadora Claribel Marrero.
De otra parte, y en su cuestionamiento de la Sentencia, la apelante
sostuvo que la parte demandada falló en controvertir las imágenes de las
fotografías que sometió en evidencia. A su vez, pone entre dicho el que el
tribunal emitiera juicio de los daños mediante evidencia constituyente de
fotografías, sin haber celebrado una inspección ocular, la ausencia de daño
alcanzada por el foro primario porque pudo vender la propiedad a un valor
mayor al que se le había ofrecido para el año 2017 y ciertas determinaciones
de hechos efectuadas por el foro primario. Por último, en su escrito la
apelante solicitó que el TPI emitiera alrededor de 42 determinaciones de
hechos adicionales, algunas con sub incisos. También, señaló que el ejercicio
valorativo efectuado sobre sus daños fue incorrecto, pues no consideró que
los daños que sufrió fueron sucesivos y continuados. Así reclama, ya que
una vez ocurren los hechos, la propiedad comenzó a deteriorarse por
motivo y causa de los actos y omisiones de la parte demandada.
El 6 de marzo de 2024, el apelado se opuso a la solicitud de
reconsideración interpuesta por la apelante. Negó la procedencia del
reclamo hecho al amparo de la Regla 6.2 de Procedimiento Civil, supra; así
como el ataque y la impugnación levantada frente a las determinaciones de
hechos formuladas y al ejercicio apreciativo y de valorización efectuado por
el juzgador de hechos.
Evaluadas ambas posturas, el 26 de marzo del año en curso, el foro
recurrido emitió Resolución en Reconsideración. Allí, enmendó su Sentencia a
los efectos de que la determinación de hechos número 13, indique que la
señora Fátima Seda Barletta residía en la propiedad al momento del paso KLAN202400405 5
del Huracán Irma y aquella número 13 para que lea “en la parte de atrás
tiene otra estructura de dos pisos y tiene 4 apartamentos”. (Énfasis en el
original) Según allí se indicó, se sustituyó la palabra dos en lugar de tres.
Realizadas tales enmiendas, el TPI declaró No Ha Lugar la solicitud de
reconsideración y determinaciones adicionales. Al así hacerlo, atendió
individualmente los planteamientos levantados por la apelante.
Disconforme aun, la apelante instó ante nos el recurso de Apelación de
epígrafe en el que le imputó al foro primario equivocarse al:
[…] al declarar no ha lugar los restantes argumentos de reconsideración, solamente enmendando las determinaciones de hechos 10 y 13.
[…] al declarar no ha lugar las determinaciones de hechos adicionales.
[…] al concluir en derecho que la apelante Fátima Seda Barletta sólo merece la cantidad de daños estructurales, económicos y emocionales mencionados en la Sentencia.
Luego de varios trámites que no hay porque detallar, el 13 de
septiembre de este año, la apelante presentó Moción en cumplimiento de
Orden y Sometiendo Transcripción. En cuanto a este escrito, se suscitó una
controversia, puesto que la parte apelada reclamó que la transcripción
sometida fue preparada por la apelante; quien se desconocía si era una
transcriptora certificada. A los fines de resolver el asunto relacionado a la
reproducción de la prueba oral, el 20 de septiembre de 2024 emitimos
Resolución mediante la cual establecimos el término que tendría la apelante
para entregarle a la parte apelada la regrabación de los procedimientos
obtenida y aquel en el que esta última parte debía someter las objeciones a
esta. También, indicamos la fecha en la que debía la apelante someter su
alegato suplementario y el último día en que la parte apelada podía
oponerse al mismo.
El 27 de septiembre de 2024, la parte apelada sometió Moción en
Cumplimiento de Resolución, en la que sometió sus objeciones a la KLAN202400405 6
transcripción presentada por la apelante. Allí, expuso que, “a pesar de
pretender ser un fiel relato de los trámites en instancia, el documento
contiene múltiples errores y omisiones que impiden que este se pueda
considerar una transcripción fiel y exacta de la prueba oral que desfiló en
instancia.” Asimismo, detalló a modo de ejemplo algunos de los errores u
omisiones que encontró sobre la transcripción que impedían que esta pueda
considerarse como una reproducción correcta de la vista en su fondo.
Empero, pese a los múltiples errores que contiene, manifestó no tener
reparo en que recibamos el documento como una exposición narrativa de
la prueba oral. Ello así, toda vez que las fallas eran inconsecuentes para
evaluar los errores señalados, “pues permiten que al menos se vea un
recuento de la prueba vertida en el juicio.”
Unos días después, conforme establecido, la apelante presentó su
Alegato Suplementario, así como Moción se Tome Conocimiento e Informativa.
El apelado por su parte, el 4 de octubre del año en curso, sometió su Alegato
en Oposición al Alegato Suplementario del Apelante.
Luego de haber leído la transcripción de la prueba oral sometida por
la apelante, así como las objeciones levantadas por la parte apelada,
acogemos esta como una exposición narrativa estipulada y procedemos a
resolver.
-II-
Los daños y el proceso valorativo de éstos
A.
En este caso, los hechos que motivaron la Demanda ocurrieron previo
a la entrada en vigor del nuevo Código Civil de 2020, hoy vigente. Por ende,
a la controversia ante nos le aplican los preceptos del derogado Código
Civil de 1930. Es decir, el derecho citado y aplicado en este caso será aquel
vigente al momento de los hechos. KLAN202400405 7
El Código Civil de 1930 regula lo relativo a la responsabilidad civil
extracontractual. Específicamente, el Artículo 1802 establece la obligación
de reparar daños causados en los que medie culpa o negligencia.5 En lo
pertinente, el citado Artículo dispone:
El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. La imprudencia concurrente del perjudicado no exime de responsabilidad, pero conlleva la reducción de la indemnización. Id.
Para reclamar el resarcimiento por los daños y perjuicios al amparo
del arriba mencionado Artículo, debe establecerse: (1) la existencia de un
daño real, (2) el nexo causal entre el daño y la acción u omisión del
demandado, y (3) el acto u omisión, el cual tiene que ser culposo o
negligente. Sucn. Mena Pamias et al. v. Jiménez Meléndez et al., 212 DPR
758 (2023) al citar a Cruz Flores et al. v. Hosp. Ryder et al, 210 DPR 465, 466
(2022); Pérez et al v. Lares Medical, et al., 207 DPR 965, 976 (2021) y otros.
El requisito de “acción u omisión negligente o culposa” se refiere a aquella
falta del debido cuidado al no anticipar y prever las consecuencias
racionales de un acto, o la omisión de un acto, que una persona prudente y
razonable habría previsto en las mismas circunstancias. Íd. Por su parte, el
concepto de “culpa” del Artículo 1802, supra, es tan infinitamente abarcador
como lo suele ser la conducta humana. Nieves Díaz v. González Massas,
178 DPR 820, 823 (2010); López v. Porrata Doria, 169 DPR 135 (2006). Por
ello, ésta se debe analizar con un criterio amplio. Nieves Díaz v. González
Massas, supra.
Sobre el requisito de la “relación causal entre daño y culpa o
negligencia”, rige en Puerto Rico la doctrina de la causalidad adecuada.
Conforme a ella, se considera causa aquella condición que ordinariamente
produciría el daño, según la experiencia general. Camacho Rivera v.
Richard Mitchell, Inc., 202 DPR 34 (2019) y otros allí citados. De otra parte,
5 31 LPRA Sec. 5141. KLAN202400405 8
en cuanto al requisito de “daño”, nuestro más alto foro ha expresado que
éste constituye el menoscabo material o moral que sufre una persona, ya
sea en sus bienes vitales naturales, en su propiedad o en su patrimonio,
causado en contravención de una norma jurídica y por el cual ha de
responder otra persona. Nieves Díaz v. González Massas, supra.
En lo correspondiente a la estimación y valoración de los daños,
repetidamente se ha afirmado que la tarea judicial de estimar y valorar los
daños es una compleja y delicada debido a que no existe un sistema de
computación que permita llegar a un resultado exacto en relación con el
cual todas las partes queden satisfechas y complacidas. Semidey et al. v.
Fcia. Belmonte et al., 211 DPR 222 (2023), al citar a Herrera, Rivera v. S.L.G.
Ramírez-Vincéns, 179 DPR 774, 791 (2010) y otros.
Ese ejercicio de valoración de daños involucra cierto grado de
especulación y elementos subjetivos, que dependen en cierto grado, en el
sentido de justicia y conciencia humana del juzgador de los hechos. Sucn.
Mena Pamias et al. v. Jiménez Meléndez et al., supra, a la pág. 770 y casos
allí citados. Al realizar dicha tarea, los tribunales sentenciadores deberán
considerar concesiones otorgadas en casos anteriores, ajustándolas al valor
presente. Id. De igual forma, y luego de evaluar aquellos casos comparables,
deberán tomar en consideración las circunstancias particulares del caso
ante su consideración. Entiéndase pues, que no puede descansarse
meramente en un cálculo matemático. Íd.
B.
El avalúo de la prueba
La Regla 110 de Evidencia, por su parte, dispone que, “será el
juzgador de hechos quien deberá evaluar la prueba presentada con el
propósito de determinar cuáles hechos fueron establecidos o
demostrados”.6 Es por esta razón que es una norma firmemente establecida
6 32 LPRA Ap. VI, R. 110 KLAN202400405 9
que, ante la ausencia de error manifiesto, prejuicio, parcialidad o pasión, no
se favorece la intervención de los tribunales apelativos en la apreciación de
la prueba, la adjudicación de credibilidad o las determinaciones de hechos
formuladas por el Tribunal de Primera Instancia. Pena Rivera v. Pacheco
Caraballo, 2024 TSPR 48, 213 DPR ___. Esta deferencia judicial, está
predicada en que los jueces de las salas de instancias están en mejor
posición de aquilatar la prueba testifical debido a que estos tienen la
oportunidad de oír, ver y apreciar el comportamiento del testigo. Íd., al
mencionar a Ortiz Ortiz v. Medtronic, 209 DPR 759, 778 (2022) y otros.
Existe error manifiesto cuando el foro apelativo queda convencido
de que existe un conflicto entre las conclusiones alcanzadas por el Tribunal
de Primera Instancia y el balance más racional, justiciero y jurídico de la
totalidad de la evidencia recibida. Entiéndase pues, cuando la apreciación
de la prueba se distancia de la realidad fáctica o es inherentemente
imposible o increíble. Íd.
-C-
En nuestro ordenamiento jurídico, como norma general, la evidencia
pertinente es admisible. Sin embargo, cuando aplique alguna de las reglas
de exclusión reconocidas o aquellas dispuestas en la Regla 403 de
Evidencia, pudiera excluirse evidencia pertinente. Izagas Santos v. Family
Drug Center, 182 DPR 463, 466 (2011). La mencionada regla establece qué
evidencia pertinente podrá ser excluida cuando su valor probatorio queda
sustancialmente superado por el riesgo de causar perjuicio indebido, de
causar confusión o de causar desorientación del Jurado; la dilación indebida
de los procedimientos o una innecesaria presentación de prueba
acumulativa.7
Si una parte entiende que el tribunal admitió erróneamente
evidencia debe, conforme a la Regla 104 de Evidencia, presentar una
7 Regla 403 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI R. 403. KLAN202400405 10
objeción oportuna, específica y correcta. En caso de que se trate de una
exclusión errónea de prueba, la parte perjudicada deberá invocar el
fundamento específico para la admisibilidad de la evidencia ofrecida y
hacer una oferta de prueba de forma que surja claramente cuál es la
evidencia que ha sido excluida y la naturaleza, propósito y pertinencia para
la cual se ofrece. Regla 104 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI R. 104.
Pese a lo antes dicho, los tribunales apelativos no revocarán una
sentencia por admisión errónea de evidencia, a menos que el error haya
sido, “un factor decisivo o sustancial en la sentencia emitida”. Regla 105 de
Evidencia, 32 LPRA Ap. VI R. 105. Así, si el error se considera benigno o no
perjudicial- porque la exclusión de la evidencia no hubiese producido un
resultado distinto- se confirma el dictamen a pesar del error. Pueblo v.
Santiago Irizarry, 198 DPR 35, 36 (2017) al citar a Izagas Santos v. Family
Drug Center, supra.
-III-
Al comparecer ante nos en su recurso de Apelación para atacar la
sentencia apelada a modo de primer señalamiento de error, la apelante
argumenta que la falta de una enmienda a la Contestación a Demanda por
parte del apelado en la que cambiara aquellas alegaciones que negó por
falta de información, obligaba al foro primario a dar por ciertas cada una
de estas al dictarse la Sentencia. Así pues, cuestionó alguna de las
determinaciones de hechos enunciadas por el TPI, por entender que son
contrarias a las alegaciones incluidas en su Demanda que, conforme reclamó,
debían acogerse.
De otra parte, en su segundo señalamiento, la apelante lista 35
determinaciones de hechos que propuso al TPI y a su entender debían
adicionarse a la Sentencia, más erróneamente no se agregaron. Asimismo, al
argumentar el tercer error señalado, asevera que la concesión de daños a su
favor fue una excesivamente baja que no consideró todas sus circunstancias, KLAN202400405 11
la ausencia de testimonio y prueba documental por parte del apelado y el
mal manejo de la reclamación por parte de Triple S Propiedad.
El apelado, por su parte, en su primera comparecencia afirma que
ninguno de los errores señalados fue cometido. Así, establece que la
solicitud de la apelante al amparo de la Regla 6.2 es improcedente, puesto
que el expediente judicial evidencia que sí enmendó sus alegaciones
responsivas. De igual manera, expone que el tribunal realizó el ejercicio
valorativo de los daños conforme la prueba presentada por la apelante y
que las conclusiones alcanzadas por el foro primario descansan en la
evidencia sometida, por lo que debe respetarse la adjudicación y valoración
de daños realizada por el TPI. De otro lado, al oponerse al alegato
suplementario, este afirma que dicho documento es esencialmente una
réplica de la Apelación con algunas referencias a la transcripción añadidas,
mediante las que la apelante falló en rebatir la deferencia judicial que la
apreciación de la prueba merece.
Según expresamos en el acápite que recoge el derecho aplicable de
esta sentencia, los foros revisores no intervendremos con la apreciación de
la prueba, la adjudicación de credibilidad o la formulación de
determinaciones de hechos que realicen los tribunales de primera instancia
a menos que se demuestre la existencia de pasión, prejuicio, parcialidad o
error manifiesto. Analizada la prueba sometida por las partes durante el
juicio en su fondo, determinamos que la Sentencia dictada en el caso, así
como la posterior Resolución en Reconsideración emitida, deben ser
confirmadas. Explicamos.
En primer lugar, es cierto- como señala la apelante al discutir su
primer error- que la Regla 6.2 de Procedimiento Civil, supra, obliga a
cualquier demandado que niegue cualquier alegación por falta de
información o conocimiento a investigar la certeza del hecho alegado y
enmendar su contestación a la demanda dentro del término fijado por el KLAN202400405 12
tribunal. Igual de correcto es que, si luego del descubrimiento de prueba,
no le es posible constatar las aseveraciones negadas, debe enmendar su
alegación responsiva para negarlas o de lo contrario estas se considerarán
admitidas.8 Sin embargo, es equivocada su premisa de que el apelado no
enmendó aquellas alegaciones responsivas que negó por falta de
información y creencia para proceder a negarlas.
Tal hecho surge claramente del acápite III-B sobre Enmiendas a las
Alegaciones del Informe de Conferencia Preliminar Entre Abogados, sometido en
el caso en el que la parte demandada consignó lo siguiente: “Las que surgen
del presente informe. Se reafirman defensas afirmativas presentadas en la
Contestación a Demanda. Además, cualquier alegación responsiva en la
Contestación a Demanda que se haya negado por falta de información
queda negada de plano.” Siendo ello así, a la situación de hechos del caso
no le eran aplicables las disposiciones de la Regla 6.2 de Procedimiento
Civil.
Segundo, vemos que, al discutir su segundo señalamiento de error,
la apelante reclamó que debieron añadirse a la Sentencia al menos 36
determinaciones de hechos adicionales de las 41 que peticionó al TPI
incluyera. Así, por ejemplo, en su recurso solicitó que se añadieran como
hechos adicionales que el señor Leith Pérez no asistió al juicio y que este, ni
Triple-S, contestaron la demanda enmendada.9 También, propuso que-
entre muchas otras cosas- se:
(1) incluyeran hechos adicionales dirigidos a establecer el incumplimiento de la aseguradora con ciertas disposiciones del Código de Seguro;10
(2) dieran por admitidas 8 de las alegaciones levantadas en la Demanda, pues no fueron controvertidas conforme la Regla 6.2 de Procedimiento Civil, supra;11
8 Véase Regla 6.2 (b) y (c) de Procedimiento Civil, supra. 9 Hechos adicionales propuestos: F, G y H. 10 Hechos adicionales propuestos: M, N, y O. 11 Hecho adicional propuesto P. KLAN202400405 13
(3) determinara que el tribunal nunca realizó una inspección ocular; 12 y
(4) estableciera que el señor Leith Pérez conocía el riesgo que el árbol representaba para la propiedad en controversia al mutilarlo con el fin de construir ilegalmente una segunda planta de zinc y madera en su residencia, una escalera para acceder a esta, así como una casa de árbol que construyó posteriormente;13
Ahora bien, advertimos que, en su escrito de apelación la apelante
sólo enumeró los hechos que entendía debían añadirse. Más allá de listarlos,
no incluyó argumento o explicación alguna en apoyo a su pretensión. Por
su parte, en su alegato suplementario, exclusivamente añadió en 11 de los
hechos propuestos la correspondiente referencia a las páginas de la
transcripción que estima apoya su contención. Nos parece que la somera
discusión efectuada por la apelante no derrotó la deferencia que debemos
observar hacia el avalúo de la prueba efectuado por el TPI y sobre qué
determinaciones de hechos encontró probadas conforme a la misma. Por
esta razón, no intervendremos.
Por último, aunque cuestiona la cantidad que le fue concedida en
daños, más allá de citar el derecho aplicable, la apelante solamente planteó
que la concesión otorgada era una excesivamente baja, “sin tomar en
consideración todas sus circunstancias, la ausencia de testimonio y prueba
documental del apelado, Leith Pérez, y el mal manejo de Triple SSS
Propiedad.”. Asimismo, se limitó a reclamar que el foro primario no podía
perder de perspectiva que, al momento de los hechos, era “una anciana
incapacitada legalmente por sus problemas de visión baja”; que
“[s]obreponiéndose a eso, mitigó los daños causados por los coapelados.”;
que el TPI no consignó la jurisprudencia utilizada para la valorización de
los daños.14 También, le atribuyó a Triple S un manejo inadecuado de la
reclamación.
12 Hecho adicional propuesto R. 13 Hecho adicional propuestos S, T, U y V. 14 Es meritorio señalar, no obstante, que en la página 27 de la Sentencia el Tribunal sí
identificó como comparable el caso Anqueria Pérez v. Pérez Rivera, KLAN200900753. De KLAN202400405 14
En cuanto a la cuantía de los daños concedida, el TPI en su Sentencia
consignó lo siguiente:
La propiedad que heredó la demandante dos meses antes del paso del huracán Irma, es una propiedad construida entre 1960 y 1961 de concreto armado. La propiedad está localizada en un área cerca del mar, por lo que está más afectada por el salitre. A excepción del cambio de ciertas ventanas y decoración interior, no surge de la prueba sometida, prueba suficiente que convenza al Tribunal de que la propiedad en controversia era una que recibía el mantenimiento constante y adecuado. Al contrario, de las fotos sometidas por la parte demandante podemos notar que muchos de los alegados daños reclamados por ésta, corresponden a grietas y desprendimiento de plafón que no es compatible con el impacto de unas ramas sobre una parte del techo de una de las estructuras. En relación con la prueba traída por la parte demandante en cuanto al peso y estruendo que pudo causar las ramas del árbol en la propiedad, este Tribunal no le mereció credibilidad. El testimonio pericial de la parte demandante en cuanto a los cálculos para establecer el espesor de dichas ramas y por tanto su peso, resultó sumamente especulativo y no nos convenció. Por otra parte, no resulta creíble aun con la prueba de la propia parte demandante, que el impacto de las ramas al sur de la estructura haya causado daños estructurales consistentes en grietas, desprendimiento de losas, concreto, descuadre de todas las ventanas y puertas, cuando no surge de la prueba que dicho impacto haya tenido el efecto de romper una figurita, decoración interior, estantes caídos y cuadros o algún otro objeto de decoración no anclado a la estructura.
Por tanto, se concluye que algunos de los daños alegados por la parte demandante fueron exagerados e inconsistentes con el impacto de las ramas del árbol. Por otra parte, no podemos perder de perspectiva que la señora demandante alegó pérdida de ingresos por no poder operar la hospedería ni poder continuar con el compromiso de venta de la propiedad. Sin embargo, contrario a lo alegado, la prueba demostró que la hospedería no estaba en funciones previo al paso de los huracanes porque precisamente había que hacer unos arreglos. Además, luego del paso de los huracanes, quedó establecido que aún si hubiesen querido operar, ello no era posible por la situación de falta de energía eléctrica y emergencia que vivió toda la isla de Puerto Rico. Por otra parte, quedó establecido que la demandante -durante la pendencia de este litigio- vendió la propiedad por 1,300,000.00, es decir $400,000,00 más que el compromiso de venta que tenía antes del paso del huracán. En vista de ello, se desestima la reclamación de daños y perjuicios por enriquecimiento injusto, pérdida de ingresos y pérdida del valor de la propiedad.
Ahora bien, en relación con los daños probados, este Tribunal determina reconocer la mayoría de las facturas presentadas por la parte demandante y que no fueron objetadas. Dicha cuantía suma $7,862.82. En vista de ello, se concede dicha cantidad en compensación por los gastos incurridos por la demandante para reparar los daños a la estructura. (Énfasis suplido)
igual forma, en el escolio 14 del dictamen, explicó el cálculo matemático efectuado para alcanzar la cantidad concedida por angustias mentales. KLAN202400405 15
Como se aprecia de la porción antes transcritas, la propia prueba de
la apelante no convenció al tribunal que los daños sufridos por su
propiedad a consecuencia de la caída del árbol fueran los reclamados. Más
aún, según allí señalado, su testimonio en cuanto al peso y estruendo
causado por el árbol al caer, así como sobre los daños estructurales que
sufrió la propiedad le resultaron poco creíbles.
Es claro por las expresiones consignadas por el tribunal, que la
juzgadora de hechos no solo estimó que los daños que la apelante reclamó
en su Demanda no se probaron, sino que encontró que los mismos fueron
exagerados e inconsistentes con el impacto de las ramas del árbol caído.
Tras estudiar la prueba presentada durante el juicio y confrontar las
expresiones vertidas por el foro primario en su Sentencia con los superfluos
argumentos sometidos por la apelante, no encontramos razón por la cual
debamos desviarnos de su apreciación de la prueba y así no lo haremos.
-IV-
Es por todo lo hasta aquí consignado que confirmamos la Sentencia,
así como la Resolución en Reconsideración que fueran emitidas en el pleito de
epígrafe.
Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del
Tribunal.
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís Secretaria del Tribunal de Apelaciones