EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Luis O. Rodríguez Quintana
Recurrido
v.
Raquel Rivera Estrada
Demandada
Procuradora de Asuntos de Familia, en Certiorari representación de los menores L.O.R.R. e I.A.R.R. 2015 TSPR 36 Peticionaria
192 DPR ____
Peticionaria
Número del Caso: CC-2013-385 CC-2013-339
Fecha: 9 de abril de 2015
Materia: Sentencia con Votos
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Raquel Rivera Estrada CC-2013-385 Demandada
Procuradora de Asuntos de Familia, en representación de los menores L.O.R.R. e I.A.R.R.
Peticionaria Certiorari
Recurrido CC-2013-339 v.
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 9 de abril de 2015
En esta ocasión nos corresponde determinar cuándo
comienza a transcurrir el término de caducidad de seis (6)
meses para ejercitar una acción de impugnación de
paternidad según dispone la Ley Núm. 215 de 29 de diciembre CC-2013-385 CC-2013-339 2
de 2009 (Ley Núm. 215).1 En particular, debemos evaluar si
éste comienza en la fecha de aprobación de la Ley Núm. 215
o en la fecha en que éste entró en vigor.
I
El 28 de julio de 2010 el señor Luis O. Rodríguez
Quintana presentó una Demanda de impugnación de paternidad
contra la señora Raquel Rivera Estrada, a tenor con las
disposiciones de la Ley Núm. 215.2 Alegó que tenía base para
creer que los menores L.O.R.R. y I.A.R.R., hijos de la señora
Rivera Estrada y reconocidos voluntariamente por el
demandante, no eran sus hijos biológicos. Por lo tanto,
solicitó que el tribunal ordenara a los menores a someterse a
una prueba de paternidad, entre otras cosas. Posteriormente,
el señor Rodríguez Quintana presentó una moción ante el
tribunal solicitando el emplazamiento por edicto de la señora
Rivera Estrada, el cual fue autorizado el 8 de diciembre de
2010.3 A su vez, el 12 de enero de 2011, el tribunal designó
a la Procuradora de Familia (“Procuradora”) como defensora
judicial de los menores.
El 4 de marzo de 2011, la Procuradora, sin someterse a
la jurisdicción del tribunal, presentó una Moción de
Desestimación alegando que procedía la desestimación por no
haberse acumulado a los menores, que son partes
indispensables en el pleito, antes del término de caducidad
1 Esta Ley enmendó los artículos 113-117 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 461-465. 2 En el epígrafe de la demanda sólo se incluyó a la señora Rivera Estrada. 3 El emplazamiento por edicto se publicó en el periódico Primera Hora el 12 de enero de 2011. CC-2013-385 CC-2013-339 3
que provee la Ley Núm. 215. Por su parte, el 11 de marzo de
2011, la señora Rivera Estrada presentó una moción
solicitando la desestimación de la demanda bajo los mismos
fundamentos de la Procuradora. Asimismo, alegó que el señor
Gerardo René Díaz Gómez, el hombre con quien la señora Rivera
Estrada estaba casada cuando nacieron los menores L.O.R.R. y
I.A.R.R., era también parte indispensable.
El 1 de abril de 2011, el señor Rodríguez Quintana
presentó una demanda enmendada en la cual incluyó en el
epígrafe como parte demandada al señor Díaz Gómez y a la
señora Rivera Estrada, por sí y en representación de los
menores L.O.R.R. y I.A.R.R. Además, en las alegaciones indicó
que los resultados de unas pruebas de ADN demostraron que él
no era el padre biológico de los menores L.O.R.R. y I.A.R.R.
Luego de varios trámites procesales, el 3 de mayo de 2011, el
Tribunal de Primera Instancia dictó una orden indicando que
una vez resolviera las mociones de desestimación presentadas,
determinaría si procedía la demanda enmendada y la expedición
de los emplazamientos por edicto solicitados por el señor
Rodríguez Quintana.
El 9 de noviembre de 2011, el Tribunal de Primera
Instancia emitió una Resolución mediante la cual declaró no
ha lugar las mociones de desestimación presentadas y permitió
que el señor Rodríguez Quintana enmendara la demanda con
efecto retroactivo para incluir a los menores L.O.R.R. y
I.A.R.R. como partes indispensables. Determinó que en este
caso aplicaba el término de caducidad de seis (6) meses del
Artículo 117 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 465, según CC-2013-385 CC-2013-339 4
enmendado, contado a partir de la aprobación de la Ley Núm.
215 porque el señor Rodríguez Quintana conocía de la
inexactitud de la filiación antes de la aprobación de la
Ley.4 Razonó que, debido a que el artículo 7 de la Ley Núm.
215 disponía que la Ley entraba en vigor 30 días después de
su aprobación, el término de seis (6) comenzó el 28 de enero
de 2010 y vencía el 28 de julio de 2010, por lo cual el señor
Rodríguez Quintana presentó la demanda oportunamente.5
Además, indicó que los derechos de los menores estuvieron
protegidos en el pleito, ya que se incluyó a la señora Rivera
Estrada como parte demandada y se nombró a la Procuradora
como defensora judicial de los menores.
Insatisfechas, la Procuradora y la señora Rivera Estrada
presentaron sus respectivos recursos de revisión ante el
Tribunal de Apelaciones.6 La Procuradora alegó que el
Tribunal de Primera Instancia erró al determinar que el
término de caducidad comenzó a transcurrir en la fecha en que
entró en vigor la Ley Núm. 215 en vez de cuando fue aprobada.
Asimismo, argumentó que erró el tribunal al permitir la
enmienda a la demanda para incluir a los menores, a pesar de
que el término de caducidad había vencido. Por su parte, la
4 En lo pertinente, el artículo 117 del Código Civil dispone que “[l]a acción para impugnar la presunción de paternidad o de maternidad, por parte del padre o madre legal, deberá ejercitarse dentro del plazo de caducidad de seis meses, contados a partir de la fecha de que advenga en conocimiento de la inexactitud de la filiación o a partir de la aprobación de esta ley, lo que sea mayor”. 31 L.P.R.A. sec. 465. 5 La Ley Núm. 215 fue aprobada el 29 de diciembre de 2009 y entró en vigor el 28 de enero de 2010. 6 La señora Rivera Estrada presentó su recurso de revisión el 6 de diciembre de 2011. La Procuradora presentó su recurso de revisión el 19 de diciembre de 2011. CC-2013-385 CC-2013-339 5
señora Rivera Estrada alegó que el Tribunal de Primera
Instancia erró al permitirle al señor Rodríguez Quintana
enmendar la demanda para añadir a los menores L.O.R.R. y
I.A.R.R., habiendo transcurrido el término de caducidad
dispuesto en la Ley Núm. 215.
Luego de varios trámites procesales y la consolidación
de ambos recursos, el 5 de marzo de 2013 el Tribunal de
Apelaciones confirmó la Resolución del Tribunal de Primera
Instancia. Entendió que la demanda de impugnación de
paternidad fue presentada oportunamente por el señor
Rodríguez Quintana y que procedía corregir el defecto de
forma en el epígrafe, ya que desde el inicio del pleito
surgía de las alegaciones que los menores L.O.R.R. y
I.A.R.R. eran parte en el pleito. Con respecto a cuándo
comenzó a transcurrir el término de seis (6) meses,
determinó que en Puerto Rico una ley aprobada es efectiva a
partir de su promulgación por el Secretario de Estado y, en
vista de que la Ley Núm. 215 fue promulgada el 5 de enero
de 2010, ésta entró en vigor el 4 de febrero de 2010, según
los treinta (30) días dispuestos en el artículo 7 de la Ley
Núm. 208. A base de lo anterior, el señor Rodríguez
Quintana tenía hasta el 2 de agosto de 2010 para presentar
la demanda de impugnación de paternidad, por lo cual la
presentación de la misma fue oportuna. Asimismo determinó
que si se computa el término de seis meses una vez pasados
los 30 días desde la fecha de la aprobación de la ley, el
término de caducidad vencía el 28 de julio de 2010, el día
que el señor Rodríguez Quintana presentó la demanda. El 20 CC-2013-385 CC-2013-339 6
de marzo de 2013, la Procuradora presentó una solicitud de
reconsideración ante el Tribunal de Apelaciones, la cual
fue declarada no ha lugar mediante Resolución de 10 de
abril de 2013.
Inconformes, la Procuradora y la señora Rivera Estrada
presentaron sus respectivos recursos de certiorari ante este
Tribunal, solicitando que revoquemos la sentencia emitida por
el foro apelativo intermedio.7 En esencia, ambas alegan que
erró el Tribunal de Apelaciones al permitir la enmienda a la
demanda para añadir a los menores cuyo reconocimiento se
impugna transcurrido el término de caducidad para ejercitar
la acción de impugnación, apartándose de lo resuelto por este
Tribunal en Bonilla Ramos v. Dávila Medina, 185 D.P.R. 667
(2012).
Planteada así la controversia, el 28 de junio de 2013
expedimos el auto solicitado y consolidamos ambos casos.
Con el beneficio de la comparecencia de las partes,
procedemos a resolver.
II
Como cuestión de umbral, es preciso determinar si el
señor Rodríguez Quintana presentó su demanda de impugnación
antes de que transcurriera el término de caducidad para
ello. El artículo 117 del Código Civil, según enmendado por
la Ley Núm. 215, establece un término de caducidad de seis
(6) meses para que el padre legal ejercite una acción de
7 La señora Rivera Estrada presentó su recurso de certiorari el 2 de mayo de 2013 en el caso CC-2013-339. La Procuradora presentó su recurso de certiorari el 20 de mayo de 2013 en el caso CC-2013-385. CC-2013-385 CC-2013-339 7
impugnación de paternidad. El artículo indica, sin embargo,
que este término comenzará a transcurrir a partir de la
fecha en que el padre legal advenga en conocimiento de la
inexactitud biológica o, en la alternativa, a partir de la
aprobación de la Ley Núm. 215. 31 L.P.R.A. sec. 465. Por
otra parte, el artículo 7 de la Ley Núm. 215 dispone que la
Ley entraría en vigor treinta (30) días después de su
aprobación. En el caso que nos ocupa, los foros recurridos
determinaron que el referido término de caducidad comenzaba
a transcurrir una vez la Ley entrara en vigor y no al
momento de su aprobación. Así, concluyeron que el señor
Rodríguez Quintana presentó su demanda el último día hábil
para ello: el 28 de julio de 2010. De esta manera,
razonaron que el término debía contarse a partir de que la
Ley entrara en vigor y no a partir de su aprobación.
Además, determinaron que, dado que la demanda de
impugnación fue presentada oportunamente, la enmienda a
ésta para incluir a los menores de edad procedía en
Derecho. Esto, puesto que de las alegaciones de la demanda
original se desprendía que los menores eran parte en el
pleito y la enmienda sólo tuvo el propósito de corregir un
error de forma en el epígrafe.
III
Evaluados los planteamientos de las partes, se dicta
sentencia revocando el dictamen del Tribunal de
Apelaciones. Consiguientemente, se desestima la demanda de
impugnación de paternidad presentada contra la Sra. Raquel
Rivera Estrada. CC-2013-385 CC-2013-339 8
Así lo pronunció el Tribunal y certifica la Secretaria
del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Rodríguez
Rodríguez emitió un Voto Particular de Conformidad al que se
une el Juez Asociado señor Estrella Martínez y la Jueza
Asociada Oronoz Rodríguez. El Juez Asociado señor Martínez
Torres emitió un Voto Particular Concurrente al que se unen
los Jueces Asociados señores Rivera García y Feliberti
Cintrón. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco disiente sin
expresiones escritas. El Juez Asociado señor Kolthoff
Caraballo no intervino.
Aida I. Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Procuradora de Asuntos de Familia, en representación de los menores L.O.R.R. e I.A.R.R.
Voto Particular de Conformidad emitido por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez al que se une el Juez Asociado señor Estrella Martínez y la Jueza Asociada Oronoz Rodríguez
Estoy conforme con la sentencia emitida por este
Tribunal mediante la cual se desestima la demanda de
impugnación presentada por el Sr. Luis O. Rodríguez Quintana.
Sin embargo, considero necesario emitir algunas expresiones
adicionales con relación a cuándo comienza a transcurrir el
término de caducidad de seis (6) meses para ejercitar una CC-2013-385 CC-2013-339 2
acción de impugnación de paternidad según dispone la Ley Núm.
215 de 29 de diciembre de 2009 (Ley Núm. 215). En particular,
estimo que el referido término comienza a transcurrir en la
fecha en que entró en vigor la Ley Núm. 215 y no en la fecha
de su aprobación.
Hemos expresado que “[l]a filiación es el estado civil
de la persona, determinado por la situación que, dentro de
una familia, le asigna el haber sido engendrada en ella o
el estar en ella en virtud de la adopción o de otro hecho
legalmente suficiente al efecto”. Castro v. Negrón, 159
D.P.R. 568, 579-580 (2003). Sin embargo, la filiación no
necesariamente se deriva de un hecho biológico, por lo cual
el padre del menor según el vínculo jurídico no siempre es
el padre biológico. Bonilla Ramos v. Dávila Medina, 185
D.P.R. 667, 672 (2012). Por la discrepancia que puede haber
entre la realidad jurídica y la biológica, los artículos
113 al 117 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A.
secs. 461-465, regulan las presunciones de paternidad y
maternidad, los sujetos autorizados a impugnar la filiación
y los términos para ejercitar dicha acción. Bonilla Ramos,
185 D.P.R. en la pág. 673. Estos artículos fueron
enmendados por la Ley Núm. 215 de 29 de diciembre de 2009
para “armonizar nuestro ordenamiento jurídico con los
avances científicos, [al igual que] atemperarlos a los
tiempos en que vivimos”. Exposición de motivos de la Ley
Núm. 215; Bonilla Ramos, 185 D.P.R. en la pág. 673. Las
disposiciones de la Ley Núm. 215 aplican a los casos que CC-2013-385 CC-2013-339 3
estuvieran pendientes de adjudicación al momento de entrar
en vigencia. Vázquez Vélez v. Caro Moreno, 182 D.P.R. 803
(2011).
Una de las enmiendas introducidas por la Ley Núm. 215
fue en relación a los términos que establecía el artículo
117 para impugnar la paternidad o maternidad. 31 L.P.R.A.
sec. 465. El anterior artículo 117 disponía que la acción
para impugnar debía ejercitarse dentro de los 3 meses
siguientes a la inscripción del menor, si el esposo estaba
en Puerto Rico. En cambio, si se encontraba fuera de Puerto
Rico, tenía 6 meses a partir del momento que tuvo
conocimiento del nacimiento. Estos términos le aplicaban
tanto al padre legal como al que reconocía voluntariamente
los menores. Bonilla Ramos, 185 D.P.R. en la pág. 674. La
Ley Núm. 215 enmendó el artículo 117 para disponer que:
“[l]a acción para impugnar la presunción de paternidad o de
maternidad, por parte del padre legal deberá ejercitarse
dentro del plazo de caducidad de seis meses, contados a
partir de la fecha que advenga en conocimiento de la
inexactitud de la filiación o a partir de la aprobación de
esta Ley, lo que sea mayor”. 31 L.P.R.A. sec. 465. A su
vez, la Ley Núm. 215 en su artículo 7 dispuso que entraría
en vigor treinta (30) días después de su aprobación.
Recientemente, en Bonilla Ramos v. Dávila Medina, este
Tribunal se expresó sobre los artículos 113 al 117, según
enmendados por la Ley Núm. 215, y resolvió que, en casos de
impugnación de paternidad, el menor cuya paternidad se
impugna es parte indispensable. Por lo tanto, el menor debe CC-2013-385 CC-2013-339 4
ser incluido en el pleito antes de que transcurra el
término de caducidad dispuesto en ley para instar la acción
de impugnación. Esto porque el menor cuya paternidad se
impugna sería la parte afectada por el cambio de estado
civil. Por tanto, conforme a las Reglas de Procedimiento
Civil, si el menor demandado tiene 14 años o más, se le
tiene que entregar una copia del emplazamiento y de la
demanda a él personalmente y a su padre o madre con patria
potestad. A su vez, si el menor tiene menos de 14 años de
edad, se debe entregar copia del emplazamiento y de la
demanda a su padre o madre con patria potestad, o tutor. 32
L.P.R.A. Ap. V. R. 4.4(b). En todo caso, el menor debe ser
demandado antes de que transcurra el término de caducidad
dispuesto en la Ley Núm. 215 para instar la acción de
impugnación. En síntesis, si se presenta una demanda de
impugnación dentro del término de caducidad, pero no se
incluye en la demanda, al menor cuya paternidad o
maternidad se impugna dentro del término de caducidad,
operará la extinción del derecho que se intenta ejercitar.
Como cuestión de umbral, la controversia planteada nos
exige determinar cuándo comienza a transcurrir el término
de caducidad de seis (6) meses que establece el artículo
117 del Código Civil, según enmendado por la Ley Núm. 215.
El señor Rodríguez Quintana presentó la demanda el 28 de
julio de 2010. Si el término de caducidad comenzó el 29 de
diciembre de 2009, fecha en que se aprobó la Ley Núm. 215,
el señor Rodríguez Quintana presentó la demanda luego de CC-2013-385 CC-2013-339 5
transcurrido el término de caducidad, ya que vencía el 28
de junio de 2010. Por otro lado, si comenzó el 28 de enero
de 2010, el señor Rodríguez Quintana presentó la demanda el
último día hábil. Por su parte, tanto el foro apelativo
intermedio como el foro primario determinaron que, a pesar
de que la fecha de aprobación fue el 29 de diciembre de
2009, el término de caducidad comenzó luego de pasados los
treinta (30) días que dispone el artículo 7 de la Ley Núm.
215, a saber, cuando la ley entró en vigor.
La Sección 5 del Artículo VI de la Constitución del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece que “[l]as
leyes deberán ser promulgadas conforme al procedimiento que
se prescriba por ley y contendrán sus propios términos de
vigencia”. Const. P.R. Art. VI, Sec. 5. Por tanto, es a la
Asamblea Legislativa a quien le compete establecer la fecha
que entrará en vigor una ley, ya sea inmediatamente que sea
aprobada o luego de un término específico posterior a su
aprobación. Herrero y otros v. E.L.A., 179 D.P.R. 277, 298
(2010). “El fundamento que existe para que la vigencia de
una ley tenga lugar en fecha posterior a la de su
aprobación, es el de informar al público con certeza la
fecha en que la ley entrará en vigor para que los
individuos que van a ser regidos por dicha ley puedan
conformar sus derechos y obligaciones a la nueva
situación”. R. Elfren Bernier y José A. Cuevas Segarra,
Aprobación e Interpretación de las Leyes en Puerto Rico 119
(2da ed. 1987). Cabe mencionar que, al interpretar las
leyes para precisar la voluntad legislativa, hemos señalado CC-2013-385 CC-2013-339 6
que las leyes deben recibir una interpretación sensata.
Como consecuencia, “una interpretación de una ley que
conduzca a una conclusión absurda, debe ser rechazada”.
Orta v. Registrador, 60 D.P.R. 789, 794 (1942); Véase
Elfren Bernier, supra, en la pág. 242.
Considerando lo anterior, entiendo que resultaría
absurdo resolver que el término de caducidad de seis (6)
meses comenzó a transcurrir el 29 de diciembre de 2009,
fecha en que se aprobó la Ley Núm. 215, ya que para esa
fecha las disposiciones de la ley no estaban en vigor y no
se podía actuar conforme a las mismas. El término de seis
(6) meses que la Ley Núm. 215 le otorga al padre legal para
impugnar la paternidad no podía comenzar hasta que sus
disposiciones entraran en vigor, lo cual ocurrió el 28 de
enero de 2010. Distinto sería si la Asamblea Legislativa
hubiera establecido que la Ley entraba en vigor
inmediatamente luego de su aprobación. Por tanto, contando
el término de seis (6) meses a partir del 28 de enero de
2010, fecha en que la Ley Núm. 215 entró en vigor, el señor
Rodríguez Quintana presentó la demanda de impugnación el
último día hábil, el 28 de julio de 2010.
Resuelto lo anterior, pasemos a examinar si los
tribunales inferiores erraron al permitir la enmienda a la
demanda para añadir a los menores vencido el término de
caducidad de seis (6) meses. Según se desprende de la
sentencia que hoy dictamos y, a base a lo resuelto por este
Tribunal en Bonilla Ramos v. Dávila Medina, estimo que
procedía la desestimación de la demanda de impugnación CC-2013-385 CC-2013-339 7
presentada. Como se expuso anteriormente, el término de
caducidad en este caso venció el 28 de julio de 2010. Así,
el señor Rodríguez Estrada tenía hasta esa fecha para
demandar a los menores. En cambio, el señor Rodríguez Estrada
presentó la demanda enmendada incluyendo a los menores el 1
de abril de 2011, transcurrido el término de seis (6) meses
de caducidad.
IV
Por los fundamentos previamente reseñados, estoy
conforme con desestimar la demanda de impugnación de
paternidad presentada en contra de la señora Rivera
Estrada. Considero, sin embargo, que no erraron los foros
recurridos al concluir que el término de caducidad de seis
(6) meses comienza a transcurrir a partir de la vigencia de
la Ley Núm. 215 y no a partir de su aprobación.
Anabelle Rodríguez Rodríguez Juez Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
v. CC-2013-339 CC-2013-385 Raquel Rivera Estrada
____________________________
Luis O. Rodríguez Quintana Certiorari Recurrido
Procuradora de Asuntos de Familia, en representación de los menores L.O.R.R. e I.A.R.R.
Voto Particular de Conformidad emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ TORRES a la cual se unieron los Jueces Asociados señor RIVERA GARCÍA y señor FELIBERTI CINTRÓN.
En San Juan, Puerto Rico, a 9 de abril de 2015.
Estoy de acuerdo con la Sentencia emitida por el
Tribunal en el día de hoy en la que se desestima la demanda
de impugnación de paternidad presentada por el señor Luis O.
Rodríguez. Según surge del propio texto de la Ley Núm. 215-
2009, 31 LPRA secs. 461-465, el término de caducidad de seis CC-2013-385 CC-2013-339 2
meses para ejercer la acción de impugnación de paternidad
comenzó a transcurrir a partir de la aprobación del referido
estatuto, es decir, el 29 de diciembre de 2009. Así, ese
periodo concluyó el 28 de junio de 2010. Dado que el recurso
de epígrafe fue presentado el 28 de julio de 2010, procede su
desestimación por tardío.
I.
A pesar de que nuestra Sentencia expone los hechos
pertinentes de este caso, me parece importante destacar
ciertos asuntos que dan origen a la controversia que hoy
atendemos. El 29 de diciembre de 2009 se aprobó la Ley Núm.
215-2009, 31 LPRA secs. 461-465, la cual enmendó los
Artículos 113, 114, 115, 116 y 117 del Código Civil de Puerto
Rico. En lo pertinente a este caso, se enmendó el Art. 117
para que leyese de la siguiente forma:
La acción para impugnar la presunción de paternidad o de maternidad, por parte del padre legal deberá ejercitarse dentro del plazo de caducidad de seis meses, contados a partir de la fecha de que advenga en conocimiento de la inexactitud de la filiación o a partir de la aprobación de esta Ley, lo que sea mayor. […] 31 LPRA sec. 465. (Énfasis suplido). Por su parte, el Art. 7 de la Ley Núm. 215-2009, supra,
dispuso que la “[l]ey entrará en vigor treinta (30) días
después de su aprobación”.
El 28 de julio de 2010, el señor Rodríguez Quintana
presentó una acción de impugnación de paternidad en contra de
la señora Rivera Estrada al amparo de la Ley Núm. 215-2009,
supra. El 1 de abril de 2011 se enmendó la demanda para CC-2013-385 CC-2013-339 3
incluir como partes demandadas a los menores y al señor Díaz
Gómez. Luego de varios incidentes procesales muy bien
recogidos en la Opinión mayoritaria, el Tribunal de Primera
Instancia emitió una resolución en la que permitió la
enmienda a la demanda con efecto retroactivo. Además,
determinó que como la Ley Núm. 215-2009, supra, entró en
vigor el 28 de enero de 2010, el término de seis meses se
debía calcular a partir de esa fecha, por lo que la demanda
del señor Rodríguez Quintana fue presentada oportunamente.
Insatisfechos, la Procuradora de Familia y la señora
Rivera Estrada acudieron ante el Tribunal de Apelaciones y
alegaron que el foro primario erró al determinar que el
término de caducidad de seis meses había comenzado a
transcurrir en la misma fecha en que entró en vigor la Ley
Núm. 215-2009, supra, y no al momento de su aprobación.
También alegaron que el Tribunal de Primera Instancia erró al
permitir la enmienda a la demanda para incluir a los menores,
puesto que en ese momento, el término de caducidad ya había
transcurrido.
El Tribunal de Apelaciones emitió una resolución en la
que confirmó el dictamen del Tribunal de Primera Instancia.
En particular, determinó que procedía la enmienda debido a
que en realidad se trataba de un defecto de forma en el
epígrafe, pues se desprendía de las alegaciones que los
menores eran parte del pleito desde el principio. En cuanto a
cuándo comenzó a transcurrir el término de caducidad de seis
meses, el Tribunal de Apelaciones concluyó que como la Ley CC-2013-385 CC-2013-339 4
Núm. 215-2009, supra, fue promulgada por el Secretario de
Estado el 5 de enero de 2010, esta entró en vigor
transcurridos treinta días, contados a partir de esa fecha.
Según el foro apelativo intermedio, era a partir de ese
momento que se debía calcular el término de caducidad de seis
meses, por lo que en este caso la demanda se presentó
oportunamente.
Inconformes con esa determinación del Tribunal de
Apelaciones, la Procuradora de Familia y la señora Rivera
Estrada acuden ante este Foro y nos solicitan que revoquemos
la determinación del foro apelativo intermedio. El 28 de
junio de 2013 consolidamos ambas solicitudes y expedimos el
auto.
II.
Conforme a nuestro esquema constitucional, una vez un
proyecto de ley es debidamente aprobado por la Asamblea
Legislativa, se remite al Gobernador y se convierte en ley si
este lo firma o no lo devuelve con sus objeciones a la cámara
de origen dentro de los diez días de haberlo recibido. Const.
PR, Art. III, Sec. 19. Es en ese momento en que se entiende
que la ley ha sido aprobada. Sin embargo, eso no significa
que la ley entra en vigor inmediatamente.
El término vigencia se refiere al momento en que una ley
es efectiva. I. Rivera García, Diccionario de Términos
Jurídicos, 2da ed., Lexisnexis, 1986, pág. 314. Sobre ese
particular, la Constitución de Puerto Rico establece que CC-2013-385 CC-2013-339 5
“[l]as leyes deberán ser promulgadas conforme al
procedimiento que se prescriba por ley y contendrán sus
propios términos de vigencia”. Const. PR, Art. VI, Sec. 5.
Por eso, “es a la Asamblea Legislativa a quien le compete
establecer la fecha de vigencia de las leyes aprobadas”.
Herrero y otros v. ELA, 179 DPR 277, 298 (2010).
Así, “las leyes comienzan a regir cuando en ellas así se
establezca expresa o tácitamente, bien con referencia a una
fecha de calendario, o bien con referencia a algún otro
dato”. (Énfasis original suprimido y énfasis suplido). Íd.
citando a González v. Merck, 166 DPR 659, 675 (2006). De esta
forma, la Asamblea Legislativa puede disponer que la vigencia
de una ley sea inmediata con su aprobación o que sea aplazada
por un término específico (también conocido como vigencia
diferida). Íd. Por otro lado, el Art. 3 del Código Civil de
Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3, dispone que las leyes pueden
tener efecto retroactivo cuando así se disponga expresamente
por la Asamblea Legislativa. En fin, determinar en qué
momento una ley entrará en vigor “es parte inherente de la
facultad de la Asamblea Legislativa de aprobar las leyes y
dependerá del juicio del legislador […]”. Herrero y otros v.
ELA, supra.
Por otro lado, cuando el texto de una ley es claro y
libre de ambigüedades, debemos ceñirnos al mismo, pues “es la
expresión por excelencia de toda la intención legislativa”.
S.L.G. Rodríguez Rivera v. Bahía Park, 180 DPR 340, 355
(2010). En esos casos, no debemos menospreciar el texto claro
de la ley “bajo el pretexto de cumplir con su espíritu”. Art. CC-2013-385 CC-2013-339 6
14 del Código Civil de Puerto Rico, supra, sec. 14. Por eso,
al interpretar una ley tenemos que darle “efecto a todas
[sus] disposiciones [,] sin omitir ninguna”. (Énfasis
suplido). R. Elfren Bernier y J. Cuevas Segarra, Aprobación e
interpretación de las leyes en Puerto Rico, Publicaciones
JTS, 2da Ed., 1987, pág. 317.
En esa misma línea, es norma conocida que “el Legislador
no hace cosas inútiles”. García v. Tribunal Superior, 91 DPR
153, 156 (1964). Tampoco “escribe cosas redundantes [,]
[t]odo lo que ha dicho ha sido por alguna razón y a todo lo
que ha expresado debe dársele efecto […]”. (Énfasis suplido).
R. Elfren Bernier y J. Cuevas Segarra, op cit., pág. 316.
Cuando el legislador utiliza un lenguaje diferente en
distintas partes de una ley en “relación al mismo asunto, se
presume que intentó un significado distinto”. Íd., pág. 335.
III.
En el presente caso, el texto del Art. 117 del Código
Civil (Art. 5 de la Ley Núm. 215-2009, supra) es claro y
libre de ambigüedades. Allí se dispuso que el término de
caducidad de seis meses comenzaría a transcurrir a partir de
la aprobación de la Ley Núm. 215-2009, supra, es decir, desde
el momento en que el Gobernador le estampara su firma. Esa
fue la voluntad expresa del legislador.
El Gobernador firmó la Ley Núm. 215-2009, supra, el 29
de diciembre de 2009 y, de acuerdo al texto del propio
estatuto, es desde ese momento que debe computarse el término
de caducidad de seis meses. Esa conclusión no es absurda.
Este Tribunal ha dejado claro que “si el legislador ha CC-2013-385 CC-2013-339 7
deseado tales resultados y no hay margen en el texto de la
ley para imputarle otra intención que sea más racional y
justa, los tribunales no deben imponer su propio criterio de
justicia y razonabilidad, y deberán entonces respetar la
voluntad legislativa”. (Énfasis suplido). Atiles, Admor. V.
Comisión Industrial, 77 DPR 16, 20 (1954). Lo que sería
desatinado es resolver lo contrario e ignorar el texto
aprobado por el legislador. No podemos, mediante fíat
judicial, dejar sin efecto una parte de la Ley Núm. 215-2009,
supra.
El Tribunal de Apelaciones resolvió que el término de
caducidad de seis meses se computa desde que la Ley Núm. 215-
2009, supra, entró en vigor, es decir, treinta días luego de
su aprobación. Para adoptar ese análisis, tendríamos que
apartarnos del texto del estatuto e igualar los términos
“aprobación” y “vigencia”, los cuales fueron expresamente
utilizados por el legislador en distintas partes de la Ley
Núm. 215-2009, supra, con una intención diferente. El término
“aprobación” fue utilizado para referirse al momento en que
se debe comenzar a contar los seis meses del término de
caducidad, mientras que el término “vigencia” fue utilizado
para referirse al momento en que el estatuto comenzaría a ser
efectivo. Si el legislador hubiera querido que la ley entrara
en vigor al momento de su aprobación o que el término de
caducidad se calculara a partir de la vigencia de la ley, así
lo habría hecho constar en el texto de la ley. Pero ese no es
el caso. Por eso, no nos encontramos ante una contradicción
interna en el texto del estatuto que amerite nuestra CC-2013-385 CC-2013-339 8
intervención para “resolver tal contradicción a base del
establecimiento de la intención auténtica del legislador”.
Clínica Juliá v. Secretario de Hacienda, 76 DPR 509, 521
(1954).
Es conveniente recordar que “[e]l juez es un intérprete
y no un creador.” Íd. Por eso, cuando “el lenguaje [de una
ley] es tan inequívoco que postula un solo significado, un
sentido cabal de humildad y autodisciplina judicial requiere
la aplicación de la voluntad legislativa. […] Ese es un
postulado del honor judicial”. (Énfasis suplido). Íd.
Claro está, la consecuencia del lenguaje utilizado por
el legislador es que una vez la Ley Núm. 215-2009, supra,
entró en vigor, el término remanente para presentar una
demanda de impugnación de paternidad es de cinco meses,
puesto que ya transcurrieron los primeros treinta días del
término de seis meses. Esa fue la intención del legislador y
es lo que se desprende del texto claro del estatuto. Por eso,
no nos encontramos ante una laguna que amerite otra
interpretación para llegar a otro resultado.
No nos corresponde enmendar la ley. Por todo lo
anterior, entiendo que el término de caducidad de seis meses
comenzó a transcurrir el 29 de diciembre de 2009 y concluyó
el 28 de junio de 2010. Dado que la demanda de epígrafe se
presentó el 28 de julio de 2010, debe desestimarse porque se
presentó fuera del término establecido por el legislador.
IV.
Por los fundamentos antes expuestos, estoy de acuerdo
con la Sentencia mediante la cual se revoca al Tribunal de CC-2013-385 CC-2013-339 9
Apelaciones y se ordena la desestimación de la demanda de
impugnación de paternidad al amparo de la Ley Núm. 215-2009,
supra. La demanda se presentó fuera de término.
RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES JUEZ ASOCIADO