EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Verónica Rentas Santiago
Peticionaria Certiorari
v. 2011 TSPR 131
Autogermana, Inc. 182 DPR ____
Recurrido
Número del Caso: AC - 2009 - 103
Fecha: 8 de septiembre de 2011
Tribunal de Apelaciones:
Región de Ponce Panel IX
Jueza Ponente: Hon. Luisa Colom García
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Gilberto Oliver Dávila
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Frank Zorrilla Maldonado
Materia: Despido Injustificado
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilació n y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Verónica Rentas Santiago Peticionaria Certiorari
v. AC-2009-0103
Autogermana, Inc. Recurrido
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 8 de septiembre de
2011.
El presente recurso nos exige determinar si
el despido de una empleada luego de ésta haber
acudido a la Corporación del Fondo del Seguro del
Estado (Fondo) para recibir beneficios al amparo
de la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según
enmendada, 11 L.P.R.A. sec. 1 et seq., conocida
como Ley de Compensaciones por Accidentes de
Trabajo, constituye un acto en violación de la Ley
Núm. 115 de 20 septiembre de 1991, según
enmendada, 29 L.P.R.A. sec. 194a et seq., conocida
como Ley de Acción por Represalia del Patrono. AC-2009-0103 2
Por entender que la peticionaria fue objeto de
represalias en su empleo luego de acudir al Fondo para
recibir tratamiento por un accidente ocurrido en el
trabajo, revocamos en parte al Tribunal de Apelaciones.
Veamos.
I.
El 20 de febrero de 2007, la Sra. Verónica Rentas
Santiago (señora Rentas Santiago o peticionaria)1 fue
impactada por un brazo mecánico ubicado en la salida de
las facilidades de su patrono, Autogermana, Inc.
(Autogermana o recurrida). A raíz del referido accidente,
la peticionaria solicitó a la recurrida los formularios
correspondientes para acogerse a los beneficios
administrados por el Fondo. El 23 de marzo de 2007, el
patrono entregó a la peticionaria los formularios
solicitados.
Posteriormente, el 26 de marzo del mismo año, la
señora Rentas Santiago acudió al Fondo para iniciar su
proceso de reclamación de beneficios al amparo de la Ley
Núm. 45, supra. Ese mismo día, la agencia determinó que
la peticionaria debía recibir tratamiento mientras se
encontraba en descanso. Por tal motivo, el 28 de marzo de
2007, la señora Rentas Santiago comunicó lo anterior a la
recurrida.
1 La señora Rentas Santiago laboró como Administradora de Garantías en Autogermana, Inc., desde el 20 de febrero de 2006 al 9 de abril de 2007. AC-2009-0103 3
Así las cosas, el 29 de marzo del 2007 la Gerente del
Departamento de Recursos Humanos de Autogermana, llamó a
la peticionaria “para [presionarla]... para que... se
reincorporara en su empleo, ya que había mucho trabajo en
la empresa”.2 Por causa de lo anterior, la peticionaria
gestionó que el Fondo le permitiese recibir tratamiento
médico mientras trabajaba (CT). Su petición fue concedida
el 30 de marzo de 2007.
Una vez la señora Rentas Santiago se reincorporó a su
empleo el 2 de abril de 2007, la peticionaria aduce haber
experimentado un patrón de acoso, humillación, menosprecio
y hostigamiento constante por motivo de haber instado una
reclamación ante el Fondo.3 De acuerdo a su querella, el
referido patrón se manifestó mediante órdenes del patrono
que modificaban su horario de trabajo, sus horas de
alimentos y restringían su posibilidad de trabajar horas
extras.4
Lo anterior, unido a rumores de sus compañeros sobre
su posible despido, motivó a la señora Rentas Santiago a
presentar su renuncia el 9 de abril de 2007.5 No obstante,
2 Petición de certiorari, Apéndice, págs. 58 y 270. 3 Íd., pág. 271. 4 Íd. El memo que afectó las condiciones de empleo mencionadas fue emitido por Autogermana el 2 de abril de 2007. Íd. Según el Tribunal de Primera Instancia, la peticionaria fue la única empleada que sufrió las modificaciones de las condiciones de empleo previamente indicadas. 5 Íd., págs. 58-59. AC-2009-0103 4
su dimisión no fue aceptada por la recurrida, la cual, en
su lugar, optó por despedirla el mismo día.6
Como resultado de los hechos reseñados, el 2 de mayo
de 2007, la señora Rentas Santiago presentó ante el
Tribunal de Primera Instancia una querella en contra de
Autogermana por vía de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de
1961, según enmendada, conocida como Ley de Procedimiento
Sumario para Reclamaciones de Obreros y Empleados.7 Su
querella aducía causas de acción al amparo de la Ley Núm.
80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, 29 L.P.R.A.
sec. 185 et seq., conocida como Ley de Despido
Injustificado, y la Ley Núm. 115, supra.8
6 Íd. De acuerdo a las determinaciones de hecho encontradas por el foro primario, la señora Rentas Santiago fue citada el 5 de abril de 2007 a una reunión con la Directora de Personal y la Sra. Jocelyn Viera. Petición de certiorari, Apéndice, pág. 59. No obstante, la peticionaria no compareció a la reunión señalada porque tenía una cita previa para ese día por la tarde. Íd. En cambio, el 9 de abril de 2007 la señora Rentas Santiago compareció al trabajo con una carta de renuncia la cual fue rechazada por la empresa. Íd. En su lugar, el patrono le entregó una carta de despido, la cual fue destruida por la peticionaria debido a un error en la redacción de su nombre. Íd. Posteriormente, al avisársele que no recibiría la liquidación de ciertos haberes si no firmaba la carta de despido, la peticionaria optó por firmar una segunda carta de destitución con fecha del 5 de abril de 2007. 7 Véase Petición de certiorari, Apéndice, págs. 269-274. El 19 de julio de 2007, Autogermana presentó una moción solicitando que la querella se ventilara por la vía del procedimiento ordinario. Íd., pág. 280. Debido a que la peticionaria no se opuso a la referida moción, el 26 de junio de 2007, el Tribunal de Primera Instancia la declaró Con Lugar. Íd., pág. 283. 8 Al amparo de la Ley Núm. 115 de 20 septiembre de 1991, según enmendada, 29 L.P.R.A. sec. 194 et seq., conocida como Ley de Acción por Represalia del Patrono, la peticionaria solicitó su reinstalación en su antiguo puesto; $3,950.00 por aquellos ingresos dejados de percibir desde el 9 de abril de 2007 hasta la fecha de la sentencia; $30,000.00 por los supuestos daños y perjuicios experimentados; una suma igual al doble de las cuantías indicadas ($67,900.00); y una suma equivalente al 33% de las cuantías relatadas por concepto de honorarios de abogado. Íd., pág. 272. En la alternativa, solicitó la cantidad de $8,777.09, correspondiente al pago de la mesada dispuesto por la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, 29 L.P.R.A. sec. 185 et seq., AC-2009-0103 5
En contestación, el 10 de mayo de 2007, el patrono
arguyó, entre otras cosas, que el despido de la señora
Rentas Santiago se debió a su pobre desempeño, sus malas
actitudes, su alteración de una tarjeta de ponchar y sus
ausencias sin notificación.9 Según Autogermana, la
peticionaria fue objeto de múltiples acciones
disciplinarias –verbales y escritas- destinadas a remediar
los actos señalados.10
Luego de varios trámites procesales, el 15 y el 20 de
octubre de 2008 se celebró el juicio en su fondo.11 Tras
recibir prueba documental y testifical de ambas partes, el
11 de junio de 2009 el foro primario dictó Sentencia.12 En
ésta, el tribunal sentenciador resolvió que la
peticionaria había sido despedida injustificadamente, ya
que jamás fue sujeta a un proceso de disciplina progresiva
o recibió amonestación o reprimenda alguna por parte de
Autogermana.13 A su vez, determinó que la recurrida
conocida como Ley de Despido Injustificado. Íd., pág. 273. Además, solicitó que le fuesen pagadas ciertas comisiones por concepto de las garantías obtenidas mientras cubrió las vacaciones de otros administradores de garantía ($1,000.00); $908.60 por concepto de los salarios devengados y no pagados desde el 2 al 9 de abril de 2007, y $2,952.95 por concepto de 16.25 días acumulados de vacaciones. Petición de certiorari, Apéndice, pág. 273. 9 Petición de certiorari, Apéndice, pág. 277. 10 Íd., pág. 276. 11 Íd., pág. 56. 12 Esta Sentencia fue notificada a las partes el 1 de julio de 2009. Íd. 13 Íd., pág. 59. Según el foro primario, la Sra. Joselyn Viera, Supervisora de la señora Rentas Santiago, redactó un memorando disciplinario el 4 de abril de 2007 el cual detallaba las faltas cometidas por la peticionaria durante el periodo del 19 al 28 de marzo del año indicado. Íd., pág. 68. Entre las faltas señaladas, el Tribunal de Primera Instancia resaltó las siguientes: (1) alterar un AC-2009-0103 6
despidió a la peticionaria en represalia por ésta haber
acudido al Fondo en un momento crítico para la empresa,
toda vez que Autogermana estaba atrasada en sus procesos
de facturación.14
Como resultado –y según lo exige la Ley Núm. 115,
supra- el tribunal le confirió a la peticionaria la suma
de $163,891.56 por concepto de ingresos dejados de
devengar (“Back Pay”) y $50,000.00 por ingresos futuros
(“Front Pay”).15 Igualmente, ordenó a la recurrida a pagar
$5,447.42 correspondientes a las vacaciones acumuladas y
no liquidadas a la señora Rentas Santiago. Por otra
parte, le concedió a la peticionaria el 25% de la suma de
las cantidades previamente enunciadas por concepto de
honorarios de abogado.16 Empero, el foro primario no le
otorgó a la peticionaria las siguientes partidas: (1) el
pago de la mesada al amparo de la Ley Núm. 80, supra; (2)
ponche de entrada en la mañana del 21 de marzo de 2007 y (2) retirarse temprano de la oficina el 19 de marzo de 2007. Íd., págs. 68-69. Sin embargo, el foro sentenciador no le confirió credibilidad al contenido del memorando ya que éste sancionaba actuaciones de la peticionaria que fueron realizadas meses antes de la redacción del comunicado disciplinario. Íd., pág. 69.
Amerita añadir que este memorando nunca fue entregado a la señora Rentas Santiago. Íd., pág. 68. De acuerdo al patrono, la amonestación escrita nunca se pudo entregar, ya que la señora Santiago Rentas no compareció a la reunión pautada para el jueves, 5 de abril de 2007. Íd., pág. 35. Igualmente, el patrono reconoce que la señora Rentas Santiago nunca recibió una amonestación o reprimenda escrita. Íd. 14 Petición de certiorari, Apéndice, pág. 59. 15 Íd., pág. 71 16 Íd.. AC-2009-0103 7
la compensación solicitada por sus alegados daños y
perjuicios; y (3) el pago de comisiones reclamadas.17
Inconforme con el dictamen del Tribunal de Primera
Instancia, el 19 de agosto de 2009 la recurrida acudió en
alzada ante el Tribunal de Apelaciones. En su recurso de
apelación, Autogermana le imputó al foro sentenciador
haber errado (1) al determinar que el despido de la
peticionaria violentó la Ley Núm. 115, supra; (2) al
concluir que la señora Rentas Santiago fue despedida, y
que no renunció voluntariamente a su puesto; (3) en sus
determinaciones de hechos y conclusiones de derecho y (4)
en el cálculo de la compensación concedida a la
peticionaria.18
Atendido el recurso de apelación, el foro apelativo
intermedio emitió su dictamen el 29 de octubre de 2009.19
En su decisión, el Tribunal de Apelaciones resolvió que la
señora Rentas Santiago había sufrido un despido
injustificado y no una renuncia voluntaria, contrario a lo
argüido por el patrono.20 Ello, pues, la peticionaria
nunca fue amonestada o disciplinada en sus años de empleo
con Autogermana.21
17 Íd. El 6 de julio de 2009, Autogermana presentó ante el Tribunal de Primera Instancia una moción solicitando determinaciones adicionales de hechos. Íd., págs. 254-257. El día siguiente sometió una moción de reconsideración. Íd., págs. 258-264. Ambas fueron declaradas No Ha Lugar el 15 de julio de 2009. Íd., pág. 268. 18 Petición de certiorari, Apéndice, págs. 37-52. 19 Id., pág. 26. 20 Íd., pág. 16. 21 Íd., págs. 21-23. AC-2009-0103 8
Con respecto a la causa de acción de la señora Rentas
Santiago al amparo de la Ley Núm. 115, supra, el foro
apelativo intermedio concluyó que la peticionaria
estableció un caso prima facie de represalias.22 Sin
embargo, entendió que el patrono logró rebatirlo
adecuadamente al ofrecer prueba que constataba (1) que
existían otros empleados acogidos a los beneficios de la
Ley Núm. 45, supra, que no sufrieron despidos represivos y
(2) que el cambio de la hora de entrada al trabajo de la
peticionaria –de 8:00 a.m. a 7:00 a.m.- representó un
acomodo razonable el cual no afectó a la señora Rentas
Santiago porque ésta siempre llegaba al trabajo a las 7:00
a.m.23
Consecuentemente, el Tribunal de Apelaciones
desestimó la causa de acción de la peticionaria al amparo
de la Ley Núm. 115, supra. A la luz de lo anterior,
resolvió que la peticionaria sólo tenía derecho al pago de
la mesada estipulada por las partes.24
En desacuerdo con la Sentencia del foro apelativo
intermedio, el 3 de diciembre de 2009 la señora Rentas
Santiago presentó ante nos un recurso de apelación. En
éste, le imputó al Tribunal a quo los errores siguientes:
1. ERRÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL INTERVENIR CON LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA HECHA POR EL TPI (sic).
22 Íd., pág. 17. 23 Petición de certiorari, Apéndice, págs. 18-20. 24 Íd., pág. 21. AC-2009-0103 9
2. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL CONCLUIR QUE NO HUBO DESPIDO POR REPRESALIA.25
Revisado el recurso de apelación de la peticionaria,
el 14 de mayo de 2010 resolvimos acogerlo como una
petición de certiorari y procedimos a ordenar su
expedición. Contando con los alegatos de ambas partes,
procedemos a examinar el marco jurídico aplicable a las
controversias inicialmente esbozadas.
II.
A. Principios generales de una causa de acción al amparo
de la Ley Núm. 115, supra.
La Ley Núm. 115, supra, “provee protección a
empleados frente a represalias que puede tomar un patrono
contra éstos por proveer testimonio, expresión o
información a un foro judicial, legislativo o
administrativo”.26 Esta protección se concretiza en el
Art. 2 de la ley bajo examen, el cual dispone lo
siguiente:
(a) Ningún patrono podrá despedir, amenazar, o discriminar contra un empleado con relación a los términos, condiciones, compensación, ubicación, beneficios o privilegios del empleo porque el empleado ofrezca o intente ofrecer, verbalmente o por escrito, cualquier testimonio, expresión o información ante un foro legislativo, administrativo o judicial en Puerto Rico, cuando dichas expresiones no sean de carácter difamatorio ni constituyan divulgación de información privilegiada establecida por ley.27 25 Íd., pág. 6. 26 S.L.G. Carrasquillo v. A.A.A., 177 D.P.R. 345, 361 (2009), citando a, Ocasio v. Kelly Servs., 163 D.P.R. 653 (2005). 27 (Énfasis nuestro.) 29 L.P.R.A. sec. 194a (a). AC-2009-0103 10
Cuando un patrono violenta el articulado citado, el
estatuto bajo examen le provee al empleado perjudicado una
causa de acción en contra del empleador, mediante la cual
podrá exigir que se le compense “por los daños reales
sufridos, las angustias mentales, la restitución en el
empleo, los salarios dejados de devengar, beneficios y
honorarios de abogado”.28 Como penalidad por incurrir en
la conducta proscrita, “la responsabilidad del patrono con
relación a los daños y a los salarios dejados de devengar”
estará sujeta a una duplicación.29
Al instar una causa de acción al amparo de la Ley
Núm. 115, supra, el empleado gozará de dos vías
probatorias, a saber: (1) la directa y (2) la indirecta.30
Si optare por la vía indirecta, deberá establecer un caso
prima facie de represalia mediante evidencia que demuestre
que (1) participó en una actividad protegida por la Ley
Núm. 115, supra; y (2) que fue subsiguientemente
despedido, amenazado o discriminado en su contra por su
patrono.31
Con relación al primero de los criterios esbozados –
que el empleado haya participado en una actividad
protegida por la ley bajo análisis- en Irizarry v. J & J
28 Íd., sec. 194a (b). 29 Íd. 30 29 L.P.R.A. sec. 194a (c). 31 Íd. AC-2009-0103 11
Cons. Prods. Co., Inc.,32 fuimos diáfanos en resolver que
cuando un empleado acude al Fondo para acogerse a los
beneficios provistos por la Ley Núm. 45, supra, tal
proceder constituye una actividad protegida por la Ley
Núm. 115, supra.33 Ello, pues, el Fondo constituye un foro
administrativo protegido por el citado estatuto.
En cuanto al segundo criterio para el establecimiento
de un caso prima facie –que el empleado haya sido
despedido, amenazado o discriminado en el empleo,
subsiguiente a su incursión en la actividad protegida-
nuestras más recientes expresiones en Feliciano Martes v.
Sheraton Old San Juan son pertinentes e indispensables.34
Allí, manifestamos que este segundo requisito exige que el
empleado provea suficiente evidencia indirecta que
constate que existe un nexo causal entre su incursión en
la actividad protegida y la subsiguiente acción adversa
efectuada por el patrono.35 Al interpretar el Art. 2 de
nuestra Ley Núm. 115, supra, resolvimos que, “al
establecer su caso prima facie,... bastará [que el
empleado compruebe]... que la acción adversa que
experimentó ocurrió al poco tiempo de haber incurrido en
la alegada actividad protegida”.36
Empero, reconocimos que
32 150 D.P.R. 155 (2000). 33 Íd., pág. 170. 34 2011 T.S.P.R. 97, 182 D.P.R. ___ (2011). 35 Íd., págs. 31-32. 36 (Énfasis en el original.) Íd., pág. 35. AC-2009-0103 12
no todo caso se configura dentro de un espacio temporal que pueda catalogarse como de poco tiempo. Ante tales circunstancias, la proximidad temporal, como inferencia de causalidad, resulta insuficiente, requiriéndose entonces que el empleado constate elementos adicionales que comprueben la existencia de un nexo causal entre la acción protegida y la acción disciplinaria adversa. Así, el trabajador deberá presentar evidencia que establezca (1) que fue tratado de forma distinta a otros empleados; (2) que existió un patrón de conducta antagonista en su contra; (3) que las razones articuladas por el patrono para fundamentar su acción adversa están plagadas de inconsistencias, o (4) cualquier otra evidencia que obre en el expediente para establecer el elemento del nexo causal. Lo anterior implica, necesariamente, un acercamiento caso a caso.37
Una vez el empleado evidencie los dos criterios
previamente explicados, queda establecido su caso prima
facie por represalias. Consecuentemente, se activa una
presunción juris tantum de violación a la Ley Núm. 115,
supra.38 Esta presunción deberá ser rebatida por el
patrono, quien vendrá obligado a comprobar que la acción
adversa que tomó en contra del empleado estuvo justificada
y libre de todo ánimo represivo.39
Si la acción adversa tomada por el patrono constituye
un despido represivo, éste sólo podrá rebatir la
presunción reseñada al comprobar que la destitución del
empleado estuvo justificada. Según el Art. 2 de la Ley
Núm. 80, supra, un patrono podrá despedir justificadamente
a un empleado, si se configura una de las causales
37 (Énfasis en el original.) Íd., págs. 35-36. 38 Marín v. Fastening Systems, Inc., 142 D.P.R. 499, 511 (1997). 39 Íd. AC-2009-0103 13
siguientes: (a) que el obrero siga un patrón de conducta
impropia o desordenada; (b) la actitud del empleado de no
rendir su trabajo en forma eficiente, o de hacerlo tardía
y negligentemente, o en violación de las normas de calidad
del producto que se produce o maneja por el
establecimiento; (c) la violación reiterada por el
empleado de las reglas y reglamentos razonables
establecidas para el funcionamiento del establecimiento,
siempre que copia escrita de los mismos se haya
suministrado oportunamente al empleado; (d) el cierre
total, temporero o parcial de las operaciones del
establecimiento; (e) los cambios tecnológicos o de
reorganización, así como los de estilo, diseño o
naturaleza del producto que se produce o maneja por el
establecimiento y los cambios en los servicios rendidos al
público; y (f) las reducciones en empleo que se hacen
necesarias debido a una reducción en el volumen de
producción, ventas o ganancias, anticipadas o que
prevalecen al ocurrir el despido.40
Si el patrono, por preponderancia de la prueba,
derrota la presunción de violación a la Ley Núm. 115,
supra, y establece que el despido del trabajador estuvo
justificado, el empleado “aún puede prevalecer si prueba
que la razón alegada por el patrono es un simple pretexto
para” una acción adversa represiva.41 Teniendo presente el
40 29 L.P.R.A. sec. 185b. 41 Íd. AC-2009-0103 14
estado de derecho aplicable a los hechos del caso de
marras, pasemos a resolver la controversia inicialmente
planteada.
III.
De entrada, anticipamos que, al igual que el Tribunal
de Apelaciones, entendemos que los hechos acaecidos el 9
de abril de 2007 representaron un acto de despido y no una
renuncia, contrario a lo sugerido por el patrono. Ello es
así, pues, la renuncia de la señora Rentas Santiago no fue
aceptada por la recurrida, sino que, al contrario, se le
informó a la peticionaria que desde algunos días antes se
había tomado la decisión de despedirla.
Cónsono con tal determinación, el 9 de abril de 2009
se le entregó a la señora Rentas Santiago una primera
carta de despido. Por ésta estar plagada de errores,
Autogermana redactó una segunda carta de destitución la
cual se le entregó a la peticionaria algunos días después
de haberla despedido originalmente. Tal proceder, a todas
luces, representó una ratificación por parte del patrono
de su decisión inicial de destituir a la peticionaria.
Más aún, en la contestación a la demanda presentada por
Autogermana, ésta reconoció que sus actuaciones
configuraron un despido.42 No fue sino hasta el inicio de
otras gestiones legales posteriores a la contestación de
la demanda que la recurrida adoptó como defensa el
42 Véase Petición de certiorari, Apéndice, pág. 277, incisos 7-9. AC-2009-0103 15
argumento de que la peticionaria renunció y nunca fue
despedida.
Ante tales hechos, resulta forzoso concluir que la
señora Rentas Santiago fue despedida y que no renunció.
Por tal motivo, nos limitaremos a examinar si dicho
despido configuró una violación a la Ley Núm. 115, supra,
y si el mismo fue uno justificado o no. Veamos.
Como indicamos anteriormente, un empleado establece
un caso prima facie al amparo de la Ley Núm. 115, supra,
si logra evidenciar dos hechos bases, a saber: (1) que
participó en una actividad protegida por la Ley Núm. 115,
supra; y (2) que fue subsiguientemente despedido,
amenazado o discriminado en su contra por su patrono. Al
examinar el caso de autos, coincidimos con el Tribunal a
quo en que la señora Rentas Santiago logró establecer un
caso prima facie al amparo del citado estatuto.
En primer lugar, y como bien articulamos en Irizarry
v. J & J Cons. Prods. Co., Inc., supra, cuando la
peticionaria acudió al Fondo para acogerse a los
proceder constituyó una actividad protegida por la Ley
Núm. 115, supra. En segundo plano, la peticionaria fue
despedida cinco días laborables después de haberse
reincorporado a su antiguo puesto tras encontrarse en el
ejercicio de dicha actividad protegida. Estos dos hechos,
a la luz del derecho esbozado, configuraron un caso prima
facie de represalias el cual activó una presunción juris AC-2009-0103 16
tantum de violación a la Ley Núm. 115, supra. Ante tal
presunción, le correspondía al patrono articular una razón
justificada –y no discriminatoria- que legitimara el
despido de la señora Rentas Santiago.
En aras de cumplir con dicha encomienda, Autogermana
presentó el testimonio de la otrora supervisora directa de
la peticionaria, la Sra. Joselyn Viera García. Ésta
declaró que dos o tres semanas antes del despido, la
señora Rentas Santiago comenzó a comportarse de forma
inadecuada.43 Específicamente, comentó que la
peticionaria: (1) en una ocasión discutió con un
coempleado en horas laborables y en la oficina en la cual
ambos trabajaban; (2) se ausentó de la oficina el 19 de
marzo de 2007 por 40 minutos sin autorización; (3) cometió
errores en su trabajo de administración de garantías; (4)
alteró su tarjeta de ponchar correspondiente al 21 de
marzo de 2007 y (5) habló alto por teléfono en horas
laborables y por periodos de larga duración.44
No obstante, la única evidencia que obra en el
expediente para constatar el patrón de conducta inadecuada
imputado a la peticionaria, lo es un memorando
disciplinario preparado por la señora Viera García el día
laborable antes del despido de la señora Rentas Santiago.
43 Petición de certiorari, Apéndice, págs. 248-249. 44 Íd., págs. 231, 240-242. AC-2009-0103 17
Como apuntalamos anteriormente, este memorando nunca le
fue entregado a la señora Rentas Santiago.45
Ante la ausencia de amonestaciones o acciones
disciplinarias escritas, sólo queda el testimonio de la
señora Viera García frente a las declaraciones de la
peticionaria. Ante tales testimonios en conflicto, el
Tribunal de Primera Instancia le adjudicó credibilidad a
las declaraciones de esta última. Así, resolvió que el
único motivo para el despido de la señora Rentas Santiago
lo fue su decisión de acogerse a los beneficios provistos
por la Ley Núm. 45, supra, en un momento de mucho trabajo
pendiente en la empresa.
Sabido es que “[las] determinaciones de hechos
basadas en testimonio oral no se dejarán sin efecto a
menos que sean claramente erróneas, y se dará la debida
consideración a la oportunidad que tuvo [el Tribunal de
Primera Instancia] para juzgar la credibilidad de las
personas testigos”.46 Por tal motivo, “un tribunal
apelativo no debe intervenir con las determinaciones de
hechos ni con la adjudicación de credibilidad del foro
primario a menos que este último haya incurrido en error
45 Aunque el patrono presentó el testimonio del Sr. Rafael Malavé Medina, Gerente del Área de Servicios y supervisor directo de la Sra. Joselyn Viera García, encontramos que éste demostró en sus declaraciones que no conocía personalmente sobre las alegaciones imputadas a la peticionaria, con excepción de una discusión que tuvo ésta con otro administrador de garantías, ya “que no estaba de lleno en la oficina”. Véase, Íd., págs. 191-192. Tal admisión le resta credibilidad a su testimonio. 46 Regla 42.2 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V. AC-2009-0103 18
manifiesto, pasión, perjuicio o parcialidad”.47 Al
contrario, los tribunales revisores estamos llamados a
conferirle deferencia a tales adjudicaciones de
credibilidad, ya que son los tribunales sentenciadores
aquellos que se encuentran en mejor posición para evaluar
la credibilidad de un testigo.48 A esos efectos, y
considerando el expediente del caso de marras en su
totalidad, no encontramos razones de peso que ameriten
revocar las determinaciones de hechos y las adjudicaciones
de credibilidad efectuadas por el foro primario.
A la luz de todo lo anterior, resulta forzoso colegir
que el patrono no logró establecer que el despido de la
peticionaria se debiese a una de las causales establecidas
en el Art. 2 de la Ley Núm. 80, supra. Como resultado, el
patrono no rebatió exitosamente la presunción de despido
represivo que pesaba en su contra.49 Ante ello, revocamos
47 S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., supra, pág. 356, citando a, Flores v. Soc. de Gananciales, 146 D.P.R. 45, 49 (1998); Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 129 D.P.R. 49 (1991); Ortiz v. Cruz Pabón, 103 D.P.R. 939 (1975). 48 S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., supra, pág. 356, citando a, Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 D.P.R. 799 (2009); Trinidad v. Chade, 153 D.P.R. 280, 291 (2001); Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 D.P.R. 721, 728 (1984). 49 El Tribunal de Apelaciones encontró que el patrono rebatió satisfactoriamente la presunción de despido represivo al comprobar que: (1) existían otros empleados acogidos a los beneficios de la Ley Núm. 45, supra, que no sufrieron despidos y (2) que el cambio de la hora de entrada al trabajo de la peticionaria –de 8:00 a.m. a 7:00 a.m.- representó un acomodo razonable el cual no afectó a la señora Rentas Santiago porque ésta siempre llegaba al trabajo a las 7:00 a.m.
Sin embargo, tales criterios no abonan a determinar si el despido de la peticionaria estuvo o no justificado –criterio central que debe examinar un tribunal para resolver si el patrono rebatió satisfactoriamente la presunción que obra en su contra-. Al contrario, esta evidencia sólo aporta al ejercicio de concluir si hubo o no un ánimo represivo en la decisión del patrono. Incluso, aún tomando esos dos factores para fines de resolver si hubo o no tal AC-2009-0103 19
en parte al Tribunal de Apelaciones, en cuanto resolvió
desestimar la causa de acción de la peticionaria al amparo
IV.
Por los fundamentos antes expuestos, revocamos
parcialmente el dictamen del Tribunal de Apelaciones,
respecto a su determinación de desestimar la causa de
acción de la peticionaria al amparo de la Ley Núm. 115,
supra. Como resultado, resolvemos que la señora Rentas
Santiago tiene derecho al cobro de las partidas
originalmente dispuestas por el Tribunal de Primera
Instancia, a saber: (1) $163,891.56 por los ingresos
dejados de devengar; (2) $50,000 por paga prospectiva
(“Future Pay”); (3) $5,447.42 por las vacaciones
acumuladas y no liquidadas, y (4) el 25% de la suma de las
cantidades indicadas por concepto de honorarios de
abogado.
ánimo represivo, encontramos que esta evidencia resulta insuficiente.
En primer lugar, el hecho de que los otros empleados acogidos a la Ley Núm. 45, supra, pertenecían a otros departamentos de la empresa (Petición de certiorari, Apéndice, págs. 223-224) sólo abona a comprobar la intención represiva del patrono, ya que sólo el departamento de cobro de garantías era aquel que se encontraba con atrasos en facturación. Al encontrarse afectada por la ausencia de la peticionaria en un momento crítico para la empresa, Autogermana castigó a la señora Rentas Santiago por recurrir al Fondo.
Con relación al cambio de horario de trabajo, aunque el Tribunal de Apelaciones entienda que éste beneficiaba a la peticionaria por ella llegar siempre temprano a sus labores, eso no quita que ella fue la única que sufrió tal alteración en su itinerario de empleo. Por tal motivo, el ánimo represivo queda evidenciado aún más. AC-2009-0103 20
Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora
Fiol Matta emitió Opinión de Conformidad. La Juez
Asociada señora Rodríguez Rodriguez, no intervino.
Aida I. Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Verónica Rentas Santiago Peticionaria
Opinión de Conformidad emitida por la Jueza Asociada señora Fiol Matta
En San Juan, Puerto Rico, a 8 de septiembre 2011.
Estoy conforme con la Sentencia que emite el Tribunal
en el caso de autos. Entiendo que la misma es producto de
una correcta aplicación de nuestra decisión en Feliciano
Martes v. Sheraton Old San Juan,50 particularmente en
cuanto la activación y tramitación de un caso prima facie
bajo la Ley 115 de 20 de diciembre de 1991, mejor conocida
como la Ley de Represalias.51
Bajo la Ley 115, un reclamante puede probar su causa
de acción de dos maneras. La primera es
50 2011 T.S.P.R. 97, 182 D.P.R. ___ (2011). 51 29 L.P.R.A. § 194 et seq. AC-2009-103 2
la típica de toda causa de acción en nuestro ordenamiento,
la llamada acción ordinaria, en la que el demandante tiene
que probar su caso mediante evidencia directa o
circunstancial demostrando un nexo causal entre la conducta
del demandado y el daño sufrido.52 La segunda manera de
probar su reclamo es estableciendo un caso prima facie. A
esos efectos, la ley dispone como sigue:
El empleado podrá, además, establecer un caso prima facie de violación de ley probando que participó en una actividad protegida por las secs. 194 et seq. y que fue subsiguientemente amenazado o discriminado en su contra de su empleo. Una vez establecido lo anterior, el patrono deberá alegar y fundamentar una razón legítima y no discriminatoria para el despido. De alegar y fundamentar el patrono dicha razón, el empleado deberá demostrar que la razón alegada por el patrono era un mero pretexto para el despido.53
Como se desprende de lo anterior, para poder establecer
un caso prima facie al amparo de la Ley 115, todo lo que el
empleado debe demostrar es que (1) participó en una
actividad protegida y (2) que fue despedido, amenazado o
discriminado subsiguientemente.54 Este segundo requisito, a
su vez, requiere la demostración de dos elementos: una
acción adversa hacia el empleado y que dicha acción sea
subsiguiente a la conducta constitutiva de actividad
protegida. Es decir, que haya proximidad temporal entre
ambos sucesos. En Feliciano Martes v. Sheraton Old San Juan
52 29 L.P.R.A. § 194a(c). “El empleado deberá probar la violación mediante evidencia directa o circunstancial”. 53 Id. 54 Sobre lo que constituye actividad protegida para efectos de la Ley 115, véase el artículo 2 de dicho estatuto. AC-2009-103 3
resolvimos que si dicha acción adversa ocurre al poco tiempo
de que el empleado haya incurrido en alguna actividad
protegida, esto será suficiente para activar un caso prima
facie. Ello es cónsono con el mandato legislativo que
condiciona la existencia de un caso prima facie a que la
acción adversa haya ocurrido subsiguientemente al ejercicio
de la actividad protegida.
Si el empleado demuestra que, en efecto, llevó a cabo
una actividad protegida y que subsiguientemente sufrió una
acción adversa, ello será suficiente para establecer un caso
prima facie. En dicho caso, le corresponde al patrono
demostrar que la acción adversa que tomó en contra del
empleado estuvo justificada y libre de todo ánimo
represivo.55 De no presentar prueba a esos efectos o de ésta
ser insuficiente para derrotar el caso prima facie el
empleado prevalecerá en su causa. Si el patrono demuestra
que no hubo ánimo de represalia o, en casos de despidos, que
hubo justa causa, ello derrota el caso prima facie. Cuando
esto ocurre, el empleado tiene una segunda oportunidad para
presentar prueba que demuestre sus alegaciones mediante
preponderancia de la evidencia, como en cualquier otro caso
civil. En ese caso, tendría una oportunidad para demostrar
que las explicaciones presentadas por el patrono eran un
mero pretexto.
55 Marín v. Fastening Systems, Inc.¸ 142 D.P.R. 499, 511 (1997). AC-2009-103 4
El esquema probatorio establecido en la Ley 115, que
facilita la activación de un caso prima facie, es parte de
una importante política pública que protege a los
trabajadores y trabajadoras para que, en caso de que acudan
a los organismos gubernamentales, lo hagan sin miedo a ser
castigados por sus patronos. De esta manera, la Ley protege
a los trabajadores y trabajadoras, más que del capricho, de
la venganza patronal. Con ello en mente, la Asamblea
Legislativa estableció un mecanismo probatorio sencillo para
estos casos. De lo contrario, es decir, si no existiera la
posibilidad de presentar un caso prima facie como
explicáramos anteriormente, los trabajadores se inhibirían
de ofrecer información valiosa a los foros gubernamentales
por miedo a ser víctimas de represalias y a no poder probar
dicho castigo en un tribunal. En el caso de autos, al
aplicar correctamente nuestra decisión en Feliciano Martes
v. Sheraton Old San Juan, el Tribunal reconoce y fortalece
el esquema estatutario que nuestros legisladores diseñaron
para proteger la clase trabajadora en casos de represalias.
Liana Fiol Matta Jueza Asociada