Ramos Rivera, Fernando v. D De Correccion Y Rehabilitacion
This text of Ramos Rivera, Fernando v. D De Correccion Y Rehabilitacion (Ramos Rivera, Fernando v. D De Correccion Y Rehabilitacion) is published on Counsel Stack Legal Research, covering Tribunal De Apelaciones De Puerto Rico/Court of Appeals of Puerto Rico primary law. Counsel Stack provides free access to over 12 million legal documents including statutes, case law, regulations, and constitutions.
Opinion
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO TRIBUNAL DE APELACIONES PANEL VI
FERNANDO RAMOS Revisión Administrativa RIVERA
Recurrente
v. KLRA202500103 Caso núm.:150101
ESTADO LIBRE ASOCIADO
Recurrido Sobre: Reconsideración Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, la Jueza Aldebol Mora y la Jueza Boria Vizcarrondo
Ortiz Flores, Jueza Ponente
RESOLUCIÓN
En San Juan, Puerto Rico, a 5 de marzo de 2025.
Comparece por derecho propio el señor Fernando Ramos Rivera
(Sr. Ramos; el recurrente) mediante el escrito titulado Declaración en
apoyo de solicitud para litigar como indigente en forma pauperis, radicado
como un recurso de revisión judicial.
Adelantamos que se desestima el recurso por falta de jurisdicción
sin trámite ulterior bajo lo dispuesto en la Regla 7 (B) (5) del Reglamento
del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B) (5).
I
El Sr. Ramos nos expone en su escrito que se encuentra confinado
en la institución Guayama-500 del Departamento de Corrección y
Rehabilitación (DCR), también denominada Complejo Correccional
Anexo-500, localizada en Guayama, Puerto Rico cumpliendo una
sentencia de 49 años y 6 meses, que tiene 65 años, y que ha cumplido 19
años en reclusión, por los “delitos [identificados como en los artículos 142,
155, 195, 5.04 y 5.15]”, y nos expone lo siguiente:
1. que, en cumplimiento de la Ley Núm. 17 de 11 de marzo de 1912 (32 LPRA sec. 1482) y por razón de su situación económica, está imposibilitado de pagar los derechos y aranceles de esta acción, y que su reclamación es meritoria;
Número Identificador RES2025_______________ KLRA202500103 2
2. expone que todos estos años de reclusión ha tenido una excelente conducta, ha tomado tratamientos de drogas y alcohol, control de impulsos, el programa de N.E.A., y terapias sociológicas con diferentes sicólogos;
3. añade que ha tomado talleres educativos como barbería, ha trabajado de electricista y en cocina y otras labores, siempre con disciplina, y que se ha beneficiado de los planes correccionales que le han ofrecido en las distintas instituciones en las que ha estado recluido;
4. expone que los delitos antes mencionados fueron por primera vez, y que antes se dedicaba a trabajar honradamente, que fue una buena persona, buen hijo y ciudadano.
Finalmente, el Sr. Ramos nos solicita que se atienda este recurso
en reconsideración, a los fines de verificar su plan institucional y que se le
conceda una oportunidad para “estar bajo palabra o en un plan de
desvío.” El recurrente no presenta documento alguno en apoyo a su
reclamo ante este Tribunal de Apelaciones.
II
A. Jurisdicción
La jurisdicción se ha definido como “el poder o la autoridad que
posee un tribunal para considerar y decir un caso o controversia”.
González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 854 (2009), que
cita a ASG v. Mun. San Juan, 168 DPR 337, 343 (2006). Así, los
tribunales tienen el deber ineludible de auscultar su propia jurisdicción. En
el caso de los tribunales apelativos, debemos examinar la jurisdicción del
foro de donde procede el recurso. Como guardianes celosos de nuestra
jurisdicción, estamos obligados a considerarla, aun en ausencia de algún
señalamiento de las partes al respecto. Constructora Estelar v. Aut. Edif.
Pub., 183 DPR 1, 22-23 (2011), que cita a S.L.G. Szendry-Ramos v. F.
Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007). Por tanto, “[l]as cuestiones de
jurisdicción por ser privilegiadas deben ser resueltas con preferencia, y de
carecer un tribunal de jurisdicción lo único que puede hacer es así
declararlo”. (Énfasis nuestro.) Autoridad Sobre Hogares v. Sagastivelza,
71 DPR 436, 439 (1950); véase, Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172
DPR 216, 222 (2007). Al hacer esta determinación, sólo resta desestimar KLRA202500103 3
la reclamación sin entrar en los méritos de la cuestión ante sí”. González
Santos v. Bourns P.R., Inc., 125 DPR 48, 63 (1989).
En armonía con lo anterior, la Regla 83 (C) del Reglamento del
Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (C), concede a este
foro revisor la facultad de desestimar un recurso a iniciativa propia por los
siguientes fundamentos:
1. que el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción; 2. que el recurso fue presentado fuera del término de cumplimiento estricto dispuesto por ley sin que exista justa causa para ello; 3. que no se ha presentado o proseguido con diligencia o de buena fe; 4. que el recurso es frívolo y surge claramente que no se ha presentado una controversia sustancial o que ha sido interpuesto para demorar los procedimientos; 5. que el recurso se ha convertido en académico. (Énfasis nuestro.) 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (B).
B. La revisión judicial de resoluciones finales administrativas
En nuestro ordenamiento jurídico, la Ley Núm. 38 del 30 de junio
de 2017, Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de
Puerto Rico, 3 LPRA sec. 9601, et seq. (LPAU) es el estatuto aplicable a
todos los procedimientos administrativos conducidos ante todas las
agencias, incluyendo la agencia recurrida: el DCR. Véase, Sección 1.4 de
la LPAU, 3 LPRA. sec. 9604. En lo pertinente al caso que nos ocupa, la
Sección 4.2 de la LPAU, 3 LPRA sec. 2172, dispone lo siguiente:
Una parte adversamente afectada por una orden o resolución final de una agencia y que haya agotado todos los remedios provistos por la agencia o por el organismo administrativo apelativo correspondiente podrá presentar una solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelaciones, dentro de un término de treinta (30) días contados a partir de la fecha del archivo en autos de la copia de la notificación de la orden o resolución final de la agencia o a partir de la fecha aplicable de las dispuestas en la Sec. 2165 de este título [...]. (Énfasis nuestro.)
Conforme a lo antes expuesto, es requisito que la parte haya
agotado todos los remedios disponibles en el DCR y que la base para
la revisión judicial sea la orden o resolución final, de conformidad con
el procedimiento administrativo provisto por la agencia. Lo que se exige
es que la disposición sea final a los efectos de que la misma refleje la
posición del DCR, ponga fin a las controversias presentadas y tenga KLRA202500103 4
efectos sustanciales sobre las partes. A.E.E. v. Rivera, 167 DPR 201
(2006); Padilla Falú v. A.V.P., 155 DPR 183, 189-190 (2001).
En resumen, los dos requisitos para que las órdenes o
resoluciones emitidas por el DCR puedan ser revisadas por este Tribunal
son los siguientes: 1) que la resolución sea final y no interlocutoria; y 2)
que la parte adversamente afectada por la orden o resolución haya
agotado los remedios provistos por la agencia. Depto. Educ. v. Sindicato
Puertorriqueño, 168 DPR 527, 543 (2006), que cita a Procuradora
Paciente v. MCS, 163 DPR 21, 34-35 (2004).
III
En la presente causa, el Sr. Ramos nos solicita verificar su plan
institucional y que se le conceda una oportunidad para estar bajo palabra
o en un plan de desvío. En el recurso presentado ante nuestra
consideración, no surge que el recurrente haya cumplido con el
procedimiento descrito. El recurso no contiene copia de ningún dictamen
administrativo final del DCR que pueda ser revisable. En consecuencia,
una vez decretamos nuestra ausencia de jurisdicción, sólo procede que
desestimemos el recurso, al amparo de la Regla 83 (C) del Reglamento
Free access — add to your briefcase to read the full text and ask questions with AI
Related
Cite This Page — Counsel Stack
Ramos Rivera, Fernando v. D De Correccion Y Rehabilitacion, Counsel Stack Legal Research, https://law.counselstack.com/opinion/ramos-rivera-fernando-v-d-de-correccion-y-rehabilitacion-prapp-2025.