Pueblo v. Serrano Morales

2018 TSPR 193

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: December 4, 2018
• Docket: CC-2016-983
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico Certiorari Peticionario 2018 TSPR 193 v.

Danny Serrano Morales 201 DPR ____

Recurrido

Número del Caso: CC-2016-983

Fecha: 4 de diciembre de 2018

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Bayamón-Aibonito, Panel VI

Oficina de la Procuradora General:

Lcda. Margarita Mercado Echegaray Procuradora General

Lcda. Mónica Cordero Vázquez Procurador General Auxiliar

Sociedad para Asistencia Legal:

Lcda. Wanda Tamara Castro Alemán

Materia: Derecho Probatorio – Admisibilidad de prueba de conducta específica sobre actos criminales en otro caso. (Regla 404(b) de las Reglas de Evidencia)

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

v. CC-2016-983 Certiorari

Danny Serrano Morales

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo

San Juan, Puerto Rico, a 4 de diciembre de 2018.

En esta ocasión, precisa que determinemos si,

en virtud de la Regla 404(b) de las Reglas de

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, es admisible prueba de

conducta específica sobre actos criminales en otro

caso, de los cuales el acusado resultó absuelto en

los méritos, para los fines excepcionales

reconocidos por la regla.

I

Por hechos presuntamente ocurridos el 24 de

febrero de 2015, el Ministerio Público presentó

denuncias en contra del Sr. Danny Serrano Morales

(señor Serrano Morales) por infringir el CC-2016-983 2

Art. 190(e) del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5260

(robo agravado), y el Art. 5.07 de la Ley de Armas, 25 LPRA

sec. 458f (posesión o uso ilegal de armas largas

semiautomáticas, automáticas o escopeta de cañón cortado).

Una vez se determinó causa probable para juicio, el

Ministerio Público presentó las acusaciones por ambos

delitos y alegó reincidencia simple, en vista de que el

acusado había sido convicto por un delito grave

anteriormente.

Luego de varios trámites procesales, incluyendo la

supresión de la identificación realizada por el perjudicado

en una rueda de confrontación, el Ministerio Público

presentó una Moción al amparo de la Regla 404(b) de las de

Evidencia. En ésta, solicitó al tribunal de instancia que,

en virtud de la mencionada regla, admitiera como evidencia

el testimonio de un testigo que fue víctima del delito de

robo presuntamente cometido por el señor Serrano Morales

media hora después de los hechos ocurridos en el caso de

epígrafe, así como los testimonios del agente investigador

y otro agente relacionado con la investigación de ese otro

robo. Específicamente, los testimonios versarían sobre la

misma manera (modus operandi) en que se realizaron ambos

robos, ya que el alegado asaltante llegó en la misma guagua

modelo Rodeo de color vino y estaba acompañado por otro

individuo que conducía el vehículo, apuntó a ambas víctimas

con un rifle color negro y verde (camuflaje) y en ambos

robos el sujeto fue descrito como de tez trigueña y que CC-2016-983 3

vestía una gorra de camuflaje, pantalón largo, camisa negra

y un pañuelo en la cara.1 De esa forma, el Ministerio

Público arguyó que procedía la presentación de la referida

prueba, esto con el propósito de, además de corroborar el

testimonio del perjudicado, establecer en el presente caso

la identidad del acusado mediante otros actos o delitos que

presentan el mismo modus operandi y, a su vez, presentar

evidencia de la elaboración de un plan por parte de éste.2

Durante una vista para atender la solicitud del

Ministerio Público, la Defensa argumentó que la excepción

que provee la Regla 404(b) de Evidencia, supra, no aplicaba

a este caso, pues, a su entender, el Ministerio Público

pretendía presentar una prueba de otro caso que aún no había

concluido y en el cual al señor Serrano Morales le cobijaba

la presunción de inocencia. Asimismo, la Defensa planteó

que la prueba que el Ministerio Público interesaba presentar

lo que procuraba era establecer propensión.

Evaluados los argumentos de las partes, el tribunal

de instancia declaró “no ha lugar” la moción del Ministerio

Público. En síntesis, concluyó que la prueba que el

Ministerio Público pretendía presentar no constituía, al

momento de la solicitud, prueba de conducta específica

1Véase Moción al amparo de la Regla 404(b) de las de Evidencia, Petición de certiorari, pág. 36.

2 Íd., pág. 37. CC-2016-983 4

atribuible al imputado que fuese admisible en virtud de la

Regla 404(b) de Evidencia, supra.3

Inconforme con esa determinación, el Estado recurrió

al Tribunal de Apelaciones arguyendo que el foro de instancia

incidió en su determinación al denegar la solicitud del

Ministerio Público por el fundamento de que no había

concluido el otro proceso criminal en contra del señor

Serrano Morales.

No obstante, el foro apelativo intermedio confirmó el

dictamen recurrido.4 En específico, manifestó lo siguiente:

[N]o es procedente en Derecho presentar como prueba el alegado testimonio de un testigo de otro pleito judicial inconcluso, con el objetivo de pretender atribuir la “conducta específica” del [señor] Serrano Morales en el pleito presente, cuando al momento de la presente Sentencia la comisión del alegado acto que se pretende presentar como conducta específica, no ha sido probada aún más allá de toda duda razonable. (Énfasis en el original).

Como surge claramente de su dictamen, el Tribunal de

Apelaciones determinó que el alegado acto que se pretendía

presentar como conducta específica no era admisible porque

aún no había sido probado más allá de duda razonable. Es

decir, no se había probado con el quantum de prueba de un

caso criminal.

3 Esta determinación del tribunal de instancia fue recogida mediante una Minuta/Resolución de la vista celebrada el 19 de julio de 2016 y transcrita el 1 de agosto de 2016. Véase Minuta/Resolución, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 22-25. 4 Una copia de la notificación de la Sentencia se archivó en autos el 14 de septiembre de 2016. CC-2016-983 5

Insatisfecho, el Estado recurre ante nos con este

único señalamiento:

Erró el Tribunal de Apelaciones al confirmar el dictamen del Tribunal de Primera Instancia y validar la denegatoria de la solicitud del Ministerio Público al amparo de la Regla 404(b) de Evidencia.5

En su escrito, el Estado fundamentó su solicitud en

dos casos resueltos por el Tribunal Supremo de Estados

Unidos al interpretar la regla equivalente a nivel federal

(Fed. R. Evid. 404(b)): Huddleston v. US, 485 US 681 (1988)

y Dowling v. US, 493 US 342 (1990). A base de esos casos y

la aplicación de la Regla 404(b) de Evidencia, supra, el

Estado sostuvo que es admisible prueba de conducta

específica cuando se presenta para establecer, entre otras

cosas, oportunidad, plan e identidad. Asimismo, el Estado

expresó que éstos serían usos legítimos reconocidos en

nuestro ordenamiento. Así, esbozó que “[d]ado que en un

contexto como éste no se está juzgando concretamente la

culpabilidad del señor Serrano Morales por el otro robo que

se le imputa, el Ministerio Público no tiene que establecer

que -en efecto- el acto previo sucedió”. (Énfasis omitido).6

Ante lo cual enfatizó que la jurisprudencia federal lo que

requiere para determinar si la prueba es admisible es que

el juez examine si un jurado podría estimar razonablemente

que la conducta en cuestión sí ocurrió. A su entender, esto

5 Petición de certiorari, pág. 7. 6 Íd., pág. 13. CC-2016-983 6

es distinto al quantum de prueba requerido (más allá de duda

razonable) para juzgar la culpabilidad del acusado por el

otro delito imputado. A su vez, indicó que como el quantum

probatorio en cada instancia es distinto, entonces la

determinación inicial al amparo de la Regla 404(b) de

Evidencia, supra, no constituye impedimento colateral.7

Por su parte, la Defensa argumentó que existe una

distinción entre la regla federal que hace referencia a

prueba sobre actos criminales y la nuestra que utiliza el

término “comisión de otros delitos”. En ese sentido, adujo

que se puede interpretar que la regla federal no requiere

una convicción previa de los hechos delictivos extrínsecos

que se quieren presentar como prueba de conducta específica.

Por el contrario, manifestó que nuestra regla, por su

lenguaje, sí requiere la existencia de una convicción

previa; es decir, que se haya demostrado la culpabilidad más

allá de duda razonable.8 De ese modo, consideró que solo se

debe admitir prueba cuando existe una convicción previa, ya

que habría una determinación de culpabilidad en cuanto a la

conexión del acusado con otro delito conforme al debido

proceso de ley.

Expedido el recurso y pendiente de adjudicación en

los méritos, la Defensa presentó una Moción informativa

urgente mediante la cual nos informó que el juicio en su

fondo por el segundo caso (que estaba pendiente al momento

7 Véase Petición de certiorari, pág. 13.

8 Alegato del recurrido, pág. 9. CC-2016-983 7

de surgir la controversia del caso de epígrafe), ya había

finalizado. A esos efectos, indicó que en dicho proceso,

en el cual se imputó al acusado los mismos delitos que en

el caso de epígrafe, el tribunal de instancia había

declarado “no culpable” al señor Serrano Morales, por lo que

resultó absuelto de los cargos allí imputados.9

Después de examinar las circunstancias particulares

del caso ante nuestra consideración, la totalidad del

expediente y el estado de Derecho aplicable, procedemos a

resolver mediante los fundamentos que expondremos a

continuación.

II

Como nos menciona el profesor Ernesto L. Chiesa

Aponte, existe un gran interés en que los hechos imputados

en una demanda o acusación sean probados mediante evidencia

sobre tales hechos y no sobre otra conducta de las partes

distinta a los hechos imputados.10 A esos efectos, añade el

profesor Chiesa Aponte que la Regla 404(b) de Evidencia,

supra, establece una regla de exclusión de evidencia de lo

que constituye mala conducta distinta a la imputada

(uncharged misconduct) cuando se presenta con el objetivo

de inferir propensión a incurrir en este tipo de conducta

y, por ende, inferir que el actor incurrió en la conducta

9 Véase Moción informativa urgente de 7 de febrero de 2017. La Sentencia fue dictada el 3 de enero de 2017 y una copia de la notificación de la Sentencia se archivó en autos el 23 de enero de 2017. 10Véase E.L. Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia Comentadas, San Juan, Ediciones Situm, 2016, pág. 95. CC-2016-983 8

imputada.11 Específicamente, la Regla 404(b) de Evidencia,

supra, dispone lo siguiente:

Evidencia de conducta específica, incluyendo la comisión de otros delitos, daño civil u otros actos, no es admisible para probar la propensión a incurrir en ese tipo de conducta y con el propósito de inferir que se actuó de conformidad con tal propensión. Sin embargo, evidencia de tal conducta es admisible si es pertinente para otros propósitos, tales como prueba de motivo, oportunidad, intención, preparación, plan, conocimiento, identidad, ausencia de error o accidente o para establecer o refutar una defensa.

Si la persona acusada lo solicita, el Ministerio Público deberá notificarle la naturaleza general de toda prueba que el Ministerio Público se proponga presentar bajo este inciso. La notificación deberá proveerse con suficiente antelación al juicio, pero el tribunal podrá permitir que la notificación se haga durante el juicio si el Ministerio Público demuestra justa causa para no haber provisto la información antes del juicio. (Énfasis suplido).

Como mencionamos, de la disposición antes citada surge

que la evidencia de conducta específica relacionada a la

comisión de otros delitos, daño civil u otros actos es

admisible cuando se ofrece con fines legítimos distintos a

establecer propensión.

Por otro lado, en repetidas ocasiones hemos resuelto

que cuando en Puerto Rico se adopta una norma tomada de otra

jurisdicción se adopta también la interpretación y el

alcance que se le ha dado en su lugar de origen.12 En este

11 Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia Comentadas, op. cit., pág. 96. 12U.P.R. v. Asoc. Pur. Profs. Universitarios, 136 DPR 335, 369 (1994); Pérez Maldonado v. J.R.T., 132 DPR 972, 981 (1993); Peña Clos v. Cartagena Ortiz, 114 DPR 576, 588 (1983); Pueblo v. Reyes Bonilla, 100 CC-2016-983 9

caso, nuestra regla es casi idéntica a la regla federal

(Fed. R. Evid. 404(b)), la cual dispone lo siguiente:

(b) Crimes, Wrongs, or Other Acts. (1) Prohibited Uses. Evidence of a crime, wrong, or other act is not admissible to prove a person's character in order to show that on a particular occasion the person acted in accordance with the character. (2) Permitted Uses; Notice in a Criminal Case. This evidence may be admissible for another purpose, such as proving motive, opportunity, intent, preparation, plan, knowledge, identity, absence of mistake, or lack of accident. On request by a defendant in a criminal case, the prosecutor must: (A) provide reasonable notice of the general nature of any such evidence that the prosecutor intends to offer at trial; and (B) do so before trial--or during trial if the court, for good cause, excuses lack of pretrial notice.

En el ordenamiento federal, el Tribunal Supremo de

Estados Unidos ha tenido la oportunidad de interpretar el

alcance de la citada regla en contadas ocasiones.

Por consiguiente, procedemos a exponer lo resuelto por el

Alto Foro federal en relación con la controversia pendiente

ante nuestra consideración.

En Huddleston v. US, 485 US 681 (1988), el Tribunal

Supremo de Estados Unidos resolvió la referida controversia

al interpretar la Regla 404(b) federal. En ese caso,

Huddleston fue acusado por dos cargos, uno de venta de bienes

DPR 265, 269 (1971); Luce & Co. v. Junta Relaciones del Trabajo, 82 DPR 96, 98 esc. 2 (1961); Jiménez v. Jones, 74 DPR 260, 262-263 (1953); Corretjer v. Tribl. de Distrito, 72 DPR 754, 760 (1951); Nieves v. Jones, Jefe Interino Penitenciaría, 72 DPR 287, 290-291 (1951); Padilla v. Vidal, 71 DPR 517, 520 (1950); Legarreta v. Tesorero de P.R., 55 DPR 22, 25 (1939); Vázquez v. Font, 53 DPR 265, 268 (1938); Díaz v. P.R. Railway, Light & Power Co., 21 DPR 78 (1914). CC-2016-983 10

robados y otro cargo de posesión de propiedad robada en el

comercio interestatal. Ambos cargos se referían a dos

partes de un cargamento de cintas de vídeo de la marca

Memorex que Huddleston supuestamente poseía y vendía,

sabiendo que habían sido robadas. No existía controversia

de que las cintas vendidas por el acusado eran robadas, sino

que la controversia se basaba en si el peticionario conocía

ese hecho. El Tribunal de Distrito de Michigan permitió que

el Estado presentara prueba de actos similares relacionados

a Huddleston en virtud de la Regla 404(b) federal por

entender que la referida prueba era relevante para demostrar

el conocimiento del acusado de que las cintas eran robadas.

Por su parte en Huddleston, el Tribunal de Apelaciones

para el Sexto Circuito confirmó la convicción al concluir

que, a base de un estándar de preponderancia de la prueba,

la evidencia admitida por el Tribunal de Distrito de

Michigan sobre actos similares fue admitida para el

propósito adecuado y su valor probatorio no sobrepasó el

posible efecto perjudicial. A su vez, el Tribunal Supremo

Federal confirmó ese dictamen y dispuso que, al evaluar

prueba de conducta específica, el juez estimará si un jurado

podría razonablemente creer que tal conducta ocurrió. En

ese sentido, ni siquiera se requiere preponderancia de la

prueba.13 Ello pues, al determinar si la evidencia pasa al

jurado, el juez no aquilata credibilidad, sino que decide

13 Huddleston v. US, 485 US 681, 689 (1988). CC-2016-983 11

si un jurado podría razonablemente estimar que lo más

probable tal conducta ocurrió.14

Posteriormente, en Dowling v. US, 493 US 342 (1990),

el más Alto Foro federal resolvió que aun cuando un acusado

haya sido absuelto de una conducta, ello no constituye un

impedimento constitucional para que se presente evidencia

de esa conducta si ésta es pertinente para un fin legítimo

bajo la Regla 404(b) federal. Este caso presentaba unos

hechos similares al que se encuentra ante nuestra

consideración. Allí, para probar la identidad del acusado

por robo a un banco, se presentó evidencia de que

posteriormente éste había asaltado a una señora con una

máscara y un arma similares a los utilizados en el robo

bancario imputado. Al igual que en el presente caso, en

Dowling el acusado había sido absuelto en el caso en el cual

le imputaron el asalto a la señora y, aún así, el Tribunal

Supremo de Estados Unidos concluyó que la evidencia de la

conducta anterior era admisible, pues la absolución solo

implicaba que no se cumplió con el quantum de prueba más

allá de duda razonable para probar el delito, aspecto que

no es pertinente bajo la Regla 404(b) federal.15 A esos

efectos, el Tribunal Supremo federal dispuso lo siguiente:

For present purposes, we assume for the sake of argument that Dowling's acquittal established that there was a reasonable doubt as to whether Dowling was the masked man who entered Vena Henry's home with Delroy Christian two weeks after the First Pennsylvania Bank robbery.2 But to introduce

14 Huddleston v. US, supra. 15 Dowling v. US, 493 US 342, 348-349 (1990). CC-2016-983 12

evidence on this point at the bank robbery trial, the Government did not have to demonstrate that Dowling was the man who entered the home beyond a reasonable doubt: the Government sought to introduce Henry's testimony under Rule 404(b), and, as mentioned earlier, in Huddleston v. United States, supra, 485 U.S., at 689, 108 S.Ct., at 1501, we held that “[i]n the Rule 404(b) context, similar act evidence is relevant only if the jury can reasonably conclude that the act occurred and that the defendant was the actor.” Because a jury might reasonably conclude that Dowling was the masked man who entered Henry's home, even if it did not believe beyond a reasonable doubt that Dowling committed the crimes charged at the first trial, the collateral-estoppel component of the Double Jeopardy Clause is inapposite.16

En este contexto, queda claro que el Tribunal Supremo

de Estados Unidos ha establecido en reiteradas ocasiones que

para determinar si se puede presentar evidencia de conducta

específica, incluyendo la comisión de otros delitos, daño

civil u otros actos, lo necesario es que el juez determine

si un jurado razonable podría creer que tal conducta

ocurrió. Por entender que el asunto ciertamente es uno de

credibilidad que debe ser determinado en última instancia

por el jurado, adoptamos también esa regla en nuestra

jurisdicción.

Por otro lado, la Regla 403 de las Reglas de

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, establece lo siguiente en

relación con la exclusión de evidencia:

Evidencia pertinente puede ser excluida cuando su valor probatorio queda sustancialmente superado por cualesquiera de estos factores: a) Riesgo de causar perjuicio indebido. b) Riesgo de causar confusión. c) Riesgo de causar desorientación del Jurado. d) Dilación indebida de los procedimientos. e) Innecesaria presentación de prueba acumula- tiva.

16 Dowling v. US, supra. CC-2016-983 13

Es preciso destacar que esta regla 403 debe ser

utilizada con prudencia y cuidado por los tribunales, pues

nuestra Regla 402 de las Reglas de Evidencia, 32 LPRA

Ap. VI, establece un principio fundamental de que toda

evidencia pertinente es admisible, salvo que sea aplicable

una regla de exclusión.17

Este análisis debe tener como eje central que el juez

determine, a su juicio y criterio, si la admisibilidad de

esa prueba puede llegar a ser perjudicial para el jurado.

Es decir, debe determinar si el perjuicio que puede llegar

a causar en el jurado es mayor que el valor probatorio de

la prueba que se pretende utilizar.18 En caso de resolver

en la afirmativa y entender que esa evidencia podría

potencialmente causar un mayor perjuicio que algún tipo de

beneficio en el jurado, el juez debería llegar a la

conclusión de que la prueba no debe ser admisible por su

posible efecto. En este contexto aplica la deferencia y

sana discreción que se le reconoce al juez que tiene ante

sí los hechos del caso y que conoce a ese jurado que tiene

ante su presencia. Por lo cual, éste debe reconocer el

nivel de perjuicio que podría tener la prueba de ser

presentada ante el jurado.

En conclusión, es claro que evidencia admisible de

conducta específica no se limita, según el texto de la Regla

17Véase E.L. Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia de Puerto Rico de 2009, San Juan, Pubs. JTS, 2009, pág. 116.

18 Íd., pág. 117. CC-2016-983 14

404(b) de Evidencia, supra, a actos que hayan producido una

convicción criminal.

Es importante entender que, contrario a lo intimado

por el señor Serrano Morales, la salvaguarda o protección

en favor del acusado que establece la Regla 404(b) de

Evidencia, supra, no se relaciona con el tipo de acto, sino

con el propósito para el cual el Estado pretende

presentarlo. Así, al aludir a “comisión de otros delitos”,

la regla no está estableciendo un requisito con el que tiene

que cumplir el Estado si pretende presentar determinado acto

o conducta específica. Por el contrario, la regla lo que

hace es abrir la oportunidad al Estado, en contra de los

intereses del acusado, de que se pueda presentar en su contra

actos específicos, aunque sean convicciones previas. Esto,

siempre y cuando tal prueba sea pertinente a los propósitos

que como excepción establece la propia Regla, y que el valor

probatorio del acto o conducta específica que se pretende

presentar como evidencia supere o sobrepase cualquier otro

efecto perjudicial. De cumplirse con lo anterior, la

conducta específica, aun cuando sea una convicción anterior

es admisible y no aplica la doctrina de impedimento

colateral de la Cláusula de Doble Exposición.19

Además, es incorrecta la contención del señor Serrano

Morales con relación a que la expresión “comisión de otros

delitos” que surge del texto de la Regla 404(B) local

19 Dowling v. US, supra, pág. 349. CC-2016-983 15

significa que se requiere para su aplicación la existencia

de una convicción previa por parte del acusado contra quien

se trae el acto como conducta específica. El Informe de las

Reglas de Derecho Probatorio del Comité Asesor Permanente

de Reglas de Evidencia de marzo de 2007 señala que “[l]a

conducta no imputada no tiene que ser constitutiva de

delito: puede ser mala conducta no delictiva”.20 Asimismo,

el profesor Chiesa Aponte señala lo siguiente:

La Regla 20 (B) se refiere a "otros delitos, daño civil u otros actos"; la regla federal se refiere a "other crimes, wrongs or acts". Se trata de "misconduct", difícil de traducir al español con una sola palabra. Se trata de conducta mala, negativa, que arroja sombra sobre la moral o virtud del actor. También se habla de "prior misdeeds". En aras de la brevedad, usaré la expresión "conducta no imputada" para referirme a la evidencia de conducta específica permisible bajo la Regla 20 (B).

En primer lugar, la conducta no imputada no tiene que ser constitutiva de delito. Puede ser mala conducta no delictiva de suyo, como mentir, jugar lotería (apostar). Si se imputa homicidio a la acusada por haber dado muerte a su esposo, el fiscal, bajo la Regla 20 (B), podría presentar evidencia de relaciones amorosas de la víctima con otra mujer, para establecer motivo, aunque ese tipo de relaciones no constituya delito. Si se tratara de adulterio, la evidencia sería admisible independientemente de que el adulterio estuviera o no tipificado como delito.

Consideremos el caso usual, en donde la evidencia ofrecida bajo la Regla 20 (B) es constitutiva de delito. El proponente debe presentar evidencia de que se incurrió en la conducta específica, y no debe ser suficiente

20 Informe de las Reglas de Derecho Probatorio, Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, marzo de 2007, pág. 150. CC-2016-983 16

evidencia de arresto, denuncia o acusación. Pero tampoco puede decirse que el hecho de que no se presentara acusación, o que se archivara el caso, es impedimento para traer evidencia de la conducta bajo la Regla 20 (B). Aún más, ni siquiera la absolución por la conducta criminal tiene efecto de impedimento para el uso de la evidencia de la conducta bajo la Regla 20 (B). Así lo resolvió la Corte Suprema en Dowling v. United States.21

III

Analicemos los hechos que nos ocupan, a la luz de las

normas de Derecho antes reseñadas. En el caso ante nuestra

consideración, el Ministerio Público solicitó al tribunal

de instancia que, de acuerdo con la Regla 404(b) de

Evidencia, supra, admitiera como evidencia el testimonio de

una persona que fue víctima del delito de robo supuestamente

cometido por el señor Serrano Morales media hora después de

los hechos ocurridos en el caso de epígrafe, así como los

testimonios del agente investigador y otro agente

relacionado con la investigación de ese otro robo.

Posteriormente, expedido el recurso y pendiente de

resolución ante esta Curia, la Defensa nos notificó que el

juicio en su fondo por el segundo caso ya había finalizado

y que el señor Serrano Morales resultó absuelto en los

méritos de todos los cargos presentados en su contra.22

Retomando el error señalado por el Estado, en el cual

considera que el Tribunal de Apelaciones erró al confirmar

21E.L. Chiesa Aponte, Tratado de Derecho Probatorio, Pubs. JTS, 1999, Vol. I, Sec. 2.4, págs. 82-83.

22 Moción informativa urgente de 7 de febrero de 2017, págs. 1-3. CC-2016-983 17

el dictamen del foro de instancia y validar la denegatoria

de la solicitud del Ministerio Público al amparo de la Regla

404(b) de Evidencia, supra, entendemos que le asiste la

razón.

Anteriormente repasamos las expresiones y

determinaciones del Tribunal Supremo federal en cuanto a

este asunto de admisibilidad de la prueba, toda vez que las

reglas son prácticamente idénticas.

El asunto deberá volver ante la consideración del foro

de instancia, el cual una vez evalúe la prueba de conducta

específica que pretende presentar el Ministerio Público,

entonces determinará si un jurado podría razonablemente

creer que la conducta ocurrió.23 Además, en esa evaluación,

el tribunal de instancia deberá determinar si en efecto la

prueba presentada posee un valor probatorio mayor al

perjuicio que pudiese causar en el jurado.24

IV

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la

decisión emitida por el Tribunal de Apelaciones y devolvemos

el caso al foro de instancia para la continuación de los

procedimientos conforme a lo aquí resuelto.

Se dictará sentencia de conformidad.

Erick V. Kolthoff Caraballo Juez Asociado

23 Huddleston v. US, supra.

24Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia de Puerto Rico de 2009, op. cit., pág. 117. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede la cual se hace formar parte íntegra de la presente, revocamos la decisión emitida por el Tribunal de Apelaciones y devolvemos el caso al foro de instancia para la continuación de los procedimientos conforme a lo aquí resuelto.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez emitió Opinión concurrente a la cual se unió el Juez Asociado señor Colón Pérez. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez se unió a esta Opinión concurrente, excepto a lo expresado en el acápite III-B. El Juez Asociado señor Estrella Martínez emitió Opinión de conformidad en parte y disidente en parte.

José Ignacio Campos Pérez Secretario del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico Peticionario v. Núm. CC-2016-0983 Danny Serrano Morales Recurrido

Opinión concurrente emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez a la que se une el Juez Asociado señor Colón Pérez. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez se une en parte.25

Concurro con la determinación de la mayoría de adoptar

en nuestra jurisdicción la normativa desarrollada a nivel

federal para evaluar la admisibilidad de prueba presentada

al amparo de la Regla 404(B) de las Reglas de Evidencia de

Puerto Rico, 32 LPRA Ap. VI, R. 404(B). Pero sólo puedo

concurrir. La mayoría ha desaprovechado la oportunidad que

la controversia en este caso brindaba para formular y

enunciar un método racional de adjudicación en aquellas

instancias en las cuales nos propongamos adoptar una

normativa jurídica previamente pautada por el Tribunal

Supremo de Estados Unidos. Estimo que el método más certero

y eficaz para adjudicar este tipo de controversia es aquel

que no es meramente declarativo, sino que, además, tiene el

efecto de impartir seguridad, confiabilidad y certidumbre al

proceso mismo de adjudicación mediante un análisis ponderado

de los fundamentos que sustentan cualquier conclusión. A fin

25La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez se une a esta Opinión Concurrente, excepto a lo expresado en el acápite III-B. CC-2016-983 2

de cuentas, en nuestra jurisdicción, “donde compiten diversos

sistemas de ley y maneras de entender la ley”, es

imprescindible que seamos conscientes de lo anterior. J.

Trías Monge, Teoría de Adjudicación, (Editorial UPR, 2000),

en la pág. 3.

Esto responde al llamado que nos hiciese el Comité

Asesor Permanente de las Reglas de Evidencia en su Informe

de las Reglas de Derecho Probatorio preparado en marzo de

2007, cuando nos propuso, como principio de hermenéutica

estatutaria, que: “no se adoptarán indiscriminadamente

conceptos del derecho probatorio federal sin atemperarlos a

la realidad forense puertorriqueña”. Informe de las Reglas de

Derecho Probatorio, Comité Asesor Permanente de las Reglas

de Evidencia (marzo, 2007), en la pág. 3 (énfasis suplido)

(en adelante, Informe de las Reglas).

Si bien es cierto que nuestra Regla 404(B) “es casi

idéntica” a su contraparte federal, el análisis no puede

culminar ahí. Le corresponde a este Tribunal, como máximo

intérprete de las leyes en nuestro País, esbozar los

fundamentos por las cuales procede, en derecho, adoptar un

estándar proveniente de otra jurisdicción. Máxime cuando la

Opinión mayoritaria constituye la primera ocasión que este

Tribunal se expresa sobre el alcance de la Regla 404(B),

anterior Regla 20(B), de las Reglas de Evidencia de 1979.

Una discusión cabal de la trascendencia de esta regla de

evidencia, cuya homóloga federal ha sido probablemente la CC-2016-983 3

regla de evidencia más litigada ante los tribunales

estadounidenses, despejaría cualquier duda sobre cómo

aplicar la normativa federal que hoy acogemos.26

Para lograr este acometido, en primer lugar, corresponde

detallar la amplia discusión teórica y práctica esbozada en

las últimas décadas, por un sinnúmero de tratadistas

puertorriqueños y estadounidenses, en torno al alcance de la

regla en cuestión y su análoga federal. De otra parte,

resulta imperativo, como un ejercicio coherente de derecho

comparado, considerar aquellas determinaciones de los

tribunales supremos estatales que han atendido controversias

similares a la del caso de epígrafe y sus fundamentos para

adoptar o rechazar la normativa federal. En atención a todo

esto, expongo a continuación las razones por las cuales estoy

de acuerdo con el dictamen de una mayoría, más no así con

los fundamentos expuestos en la Opinión que hoy se certifica.

I.

26 Véase Charles A. Wright & Michael H. Graham, Federal Practice and Procedure, sec. 5242 (Thomas Reuters, 2007) (“Judges, trial and appellate, face question of the application of the rules on the admissibility of uncharged misconduct more frequently than most other evidence rules.”)(énfasis suplido). De hecho, comentan Wright y Graham que hace setenta (70) años, el reconocido tratadista de Derecho Probatorio, Charles T. McCormick sostuvo que “the cases were as numerous ‘as the sands of the sea.’ As any reader who has waded through the digest will agree, the situation has only gotten worse.” Id. en la sec. 5243, n. 2 (énfasis suplido). CC-2016-983 4

En lo pertinente a la controversia ante nuestra

consideración, se deben puntualizar varios asuntos fácticos

y del trámite procesal.

Tras encontrarse causa probable para juicio por los

delitos de robo agravado y posesión ilegal de un arma larga

contra el Sr. Danny Morales Serrano (recurrido), y llevarse

a cabo las gestiones de rigor correspondientes, el Ministerio

Público presentó una moción al amparo de la Regla 404(B) de

las Reglas de Evidencia de Puerto Rico. Esto, con el

propósito de presentar prueba para establecer la identidad

del acusado por otros actos o delitos y, a su vez, presentar

la elaboración de un plan por parte de éste. Según alegó el

Ministerio Público, el señor Serrano Morales cometió un

segundo robo media hora más tarde de los hechos que dieron

lugar a la presente acusación y que, conforme a los

testimonios de varios agentes del orden público, se llevó a

cabo de la misma forma (modus operandi).27 El señor Serrano

Morales también fue acusado, en un procedimiento separado,

por los hechos suscitados en ese segundo incidente. La

Defensa se opuso a la solicitud por entender que no aplicaba

27Los testimonios que el Ministerio Público desea admitir en evidencia versarían sobre la forma en que se llevaron a cabo los robos. Según alega el Estado, en ambas instancias el presunto asaltante llegó en una guagua, marca Isuzu modelo Rodeo color vino, acompañado por otro individuo que conducía el vehículo, que apuntó a las víctimas con un rifle color negro y verde (estilo camuflaje) y que el sujeto fue descrito como uno de tez trigueña vestido con una gorra estilo camuflaje pantalón largo, camisa negra y con un pañuelo cubriendo el rostro. CC-2016-983 5

la Regla 404(B) de Evidencia, dado que el Ministerio Público

pretendía presentar prueba de un procedimiento criminal que

aún no había concluido y en el cual al señor Serrano Morales

le cobijaba una presunción de inocencia.

El Tribunal de Primera Instancia, luego de evaluar los

argumentos de las partes, declaró no ha lugar la moción

presentada por el Ministerio Público. Según la Minuta y

Resolución, el foro primario sostuvo que, “[e]n cuanto a la

‘comisión de otros delitos’, la regla [404(B)] se refiere a

la ‘comisión’, no la ‘imputación’ de otros delitos”. Minuta

y Resolución de 19 de julio de 2016, en la pág. 2. Para el

Tribunal de Primera Instancia, “aceptar” dicha prueba tendría

el efecto de resolver “el asunto y la cuestión última que le

corresponde resolver a otra sala”. Id. Señaló, además, que

“[d]iferente sería el caso si existiera una condena, si

hubiese recaído una sentencia de culpabilidad”. Id. Así las

cosas, el foro primario concluyó que, “la prueba que se

pretende traer al amparo de la Regla 404(B) de las Reglas de

Evidencia[,]en este momento[,] no constituye ‘conducta

específica’ atribuible a la persona contra la cual se

pretende traer”. Id. en la pág. 3.

Inconforme, el Ministerio Público recurrió al Tribunal

de Apelaciones mediante un recurso de certiorari. Dicho foro

confirmó el dictamen recurrido y resolvió que la Regla 404(B)

resultaba clara en cuanto a “su ilustración de lo que

constituye ‘conducta específica’, cuando apunta a la comisión CC-2016-983 6

de otros delitos, la comisión de un daño civil, o la comisión

de otros actos”. Sentencia del Tribunal de Apelaciones del

13 de noviembre de 2016, en la pág. 4 (énfasis en original).

Anclado en esto, el foro apelativo intermedio sostuvo que

para que “proceda en Derecho la admisión como evidencia en

juicio de la conducta específica de un individuo, debe la

misma . . . ser un acto probado más allá de toda duda

razonable”. Id. Así la cosas, el Tribunal de Apelaciones

concluyó que:

[L]a improcedencia en Derecho de la solicitud del Ministerio Público estriba en el principio cardinal de que tanto en el pleito de epígrafe, como en cualquier otro pleito criminal pendiente aún de concluir donde el aquí recurrido comparezca como parte acusada, a éste se le presume inocente hasta que lo contrario sea demostrado mediante evidencia que así lo pruebe más allá de toda duda razonable, esto es, conforme al quantum de prueba requerido por nuestro ordenamiento.

Id. en la pág. 5.

Aún insatisfecho, el Estado acudió ante este foro

mediante una petición de certiorari y expuso que, conforme a

lo resuelto en Huddleston v. US, 485 US 681 (1988) y Dowling

v. US, 493 US 342 (1990), la prueba presentada debía ser

admitida en evidencia. En específico, arguyó que, según dicha

jurisprudencia federal, sólo correspondía al juzgador

determinar si un jurado razonable podría concluir que la

conducta ocurrió. Es decir, el quantum de prueba era uno

sustancialmente menor al de más allá de duda razonable

requerido en un proceso criminal ordinario. En oposición a

ello, la Defensa argumentó en su alegato que el lenguaje de CC-2016-983 7

la Regla 404(B) de las Reglas de Evidencia de Puerto Rico

requiere, a diferencia de la regla federal, que exista una

convicción previa para presentar cierta prueba de conducta

específica.

Conviene señalar que una vez expedido el recurso, la

Defensa presentó una Moción Informativa urgente en la que

informó que el juicio en su fondo por el segundo caso de robo

había culminado y que el señor Serrano Morales había sido

declarado “no culpable” y, por ende, resultó absuelto de los

cargos imputados (mismos delitos del presente caso). El

Ministerio Público no presentó una moción en oposición a la

moción informativa de la Defensa.

Con el beneficio de la comparecencia de las partes,

procedo a exponer mis fundamentos para disponer de la

controversia en el caso de epígrafe.

II.

Para dilucidar esta controversia es necesario detallar

el estado de Derecho en Puerto Rico sobre la presentación de

prueba en un procedimiento judicial dirigida a establecer el

carácter de una persona. En específico, conviene trazar la

trayectoria de la Regla 404(B) de Evidencia, anterior Regla

20(B), en nuestro ordenamiento jurídico, así como su

contraparte federal y la jurisprudencia aplicable en dicha

esfera y otras jurisdicciones estatales estadounidenses.

Veamos.

A. CC-2016-983 8

El objetivo del cuerpo normativo que regula la

admisibilidad de prueba en todos los procedimientos

judiciales en Puerto Rico es la búsqueda de la verdad. Regla

102, Reglas de Evidencia de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. VI, R.

102. Cónsono con este principio, la prueba que se pretende

admitir en dichos procedimientos tiene que ser pertinente;

es decir, que arroje luz o tenga algún valor probatorio para

adjudicar la causa de acción involucrada. Véase E. L. Chiesa

Aponte, Reglas de Evidencia Comentadas (Edición Situm, 2016)

en las págs. 72-73. Sin embargo, en nuestro ordenamiento

probatorio existen reglas de exclusión, y normas de

discrecionalidad judicial, que permiten excluir cierta

prueba pertinente fundadas en la búsqueda de la verdad o por

razones de política pública que son necesarias para el mejor

funcionamiento de un sistema democrático de justicia. Esto

se extiende a ciertas exclusiones de rango constitucional.

Una de las reglas de exclusión más importante en el

derecho probatorio puertorriqueño se encuentra contenida en

las Reglas 404 y 405, en relación con el uso de evidencia

sobre el carácter de una persona o relativa a una conducta

distinta a la imputada a ésta, y que, a su vez, se trae como

prueba circunstancial de la conducta imputada inicialmente.

Véase E.L. Chiesa Aponte, Tratado de Derecho Probatorio, Vol.

I, Sec. 2.4, en la pág. 76 (Publicaciones JTS, 1999); véase

además, E.L. Chiesa Aponte, Evidencia de carácter y de

conducta no imputada, 66 Rev. Jur. UPR 41, 83 (1996) (en CC-2016-983 9

adelante, Chiesa Aponte, Evidencia de carácter). Una conducta

anterior, por ejemplo, sobre la agresividad de una persona

podría tener un alto valor probatorio y ser pertinente para

la controversia civil o penal en la cual se presenta. No

obstante, existen consideraciones más allá de la pertinencia

-extrínsecas a la búsqueda de la verdad- como sería evitar

que un juzgador adjudique una controversia a base del

carácter o una “conducta no imputada”, anterior o posterior

a los hechos ante su consideración.28

A la luz de estos principios básicos en materia de

derecho probatorio, corresponde enmarcar el alcance de la

Regla 404(B). Ésta establece que:

Evidencia de conducta específica, incluyendo la comisión de otros delitos, daño civil u otros actos, no es admisible para probar propensión a incurrir en ese tipo de conducta y con el propósito de inferir que se actuó de conformidad con tal propensión. Sim embargo, evidencia de tal conducta es admisible si es pertinente para otros propósitos, tales como prueba de motivo, oportunidad, intención, preparación, plan, conocimiento, identidad, ausencia de error o accidente o para establecer o refutar una defensa Si la persona acusada lo solicita, el Ministerio Público deberá notificarle la naturaleza general de toda prueba que el Ministerio Público se proponga presentar bajo este inciso (B). La notificación deberá proveerse con suficiente antelación al juicio, pero el Tribunal podrá permitir que la notificación se haga durante el juicio si el Ministerio Público demuestra justa

28Conviene recordar que, en un procedimiento criminal, esto adquiere mayor importancia en los casos en que el juicio se celebra frente a un jurado. Éstos últimos tienen el deber de evaluar si la persona que enfrenta un proceso penal cometió el delito imputado, a base exclusivamente de la prueba admitida, por los hechos específicos que dieron lugar a la acusación y no por actuaciones pasadas. CC-2016-983 10

causa para no haber provisto la información antes del juicio.

Regla 404(B), supra.

Con excepción del segundo párrafo, el cual fue añadido

para “reducir el elemento sorpresa y promover la resolución

temprana sobre la cuestión de admisibilidad de dicha

evidencia”, la regla permaneció inalterada con la aprobación

de las Reglas de Evidencia de 2009. Informe de las Reglas,

supra, en la pág. 149.29

La Regla federal 404(b), equivalente a la nuestra,

dispone que:

(b) Crimes, Wrongs, or Other Acts. (1) Prohibited Uses. Evidence of a crime, wrong, or other act is not admissible to prove a person's character in order to show that on a particular occasion the person acted in accordance with the character. (2) Permitted Uses; Notice in a Criminal Case. This evidence may be admissible for another purpose, such as proving motive, opportunity, intent, preparation, plan, knowledge, identity, absence of mistake, or lack of accident. On request by a defendant in a criminal case, the prosecutor must: (A) provide reasonable notice of the general nature of any such evidence that the prosecutor intends to offer at trial; and (B) do so before trial--or during trial if the court, for good cause, excuses lack of pretrial notice.

Fed. R. Evid. 404.

Como se desprende de la regla federal, aunque contiene

ciertas diferencias por un asunto de la traducción al

29Por razón de esto, estimo que cualquier discusión teórica propuesta por los tratadistas puertorriqueños en torno a la entonces Regla 20(B) tiene el mismo valor persuasivo para definir el alcance de la actual Regla 404(B). CC-2016-983 11

español, ésta es prácticamente idéntica. Chiesa Aponte,

Tratado de derecho probatorio, supra, en las págs. 82-83;

Chiesa Aponte, Evidencia de carácter, supra, en la pág. 86.

Recurrir a las Reglas de Evidencia Federal, como parte de un

ejercicio consciente de derecho comparado, resulta

imperativo dado que, como se señaló el Informe de las Reglas

de Derecho Probatorio, se reconoce, junto al Código de

Evidencia de California, “su marcada influencia en las Reglas

de Evidencia de 1979 y en el desarrollo de nuestra

jurisprudencia. Además, tienen el beneficio de estudios

exhaustivos, tratados y una diversidad de jurisprudencia que

las ha interpretado y que sirven de orientación y guía en el

estudio del derecho”. Informe de las Reglas, supra, en la

pág. 3 (énfasis suplido). Esto, siempre y cuando, como se

dijo anteriormente, no desemboque en la adopción

indiscriminada de conceptos del Derecho Probatorio federal.

Id.

Ahora bien, según surge de los textos de las reglas

precitadas, ambas establecen una prohibición expresa en

relación con la admisibilidad de evidencia de conducta

específica que se presente para propósitos de establecer la

propensión de esa persona (sea demandante, demandado, acusado

o víctima) de incurrir en ese tipo de acto o conducta; es

decir, usar una “conducta no imputada” como evidencia

circunstancial para establecer la conducta imputada, CC-2016-983 12

contenida en las alegaciones de una demanda civil o en los

elementos del delito de la acusación.30

A pesar de la prohibición en torno a la admisibilidad

de evidencia de carácter específico para establecer

propensión, la Regla permite que cierta “conducta no

imputada” se analice fuera del contexto de una regla de

exclusión ya que se podría traer para otros fines. En

específico, para presentar prueba circunstancial que

acredite un aspecto independiente pero pertinente de dicha

conducta específica, como sería el motivo, la oportunidad,

intención, preparación, plan, conocimiento, identidad o

ausencia de error o accidente, entre otros no enumerados. R.

404 (B), supra.31 El profesor Chiesa Aponte reconoce que es

“tanta la evidencia que puede resultar admisible bajo esta

cláusula, que la regla puede bien ser concebida como una de

inclusión más que de exclusión”. Chiesa Aponte, Evidencia de

carácter, supra, en la pág. 85.

Para contextualizar esta llamada “regla de inclusión”

se debe aclarar cuál es la naturaleza de una “conducta o acto

no imputado”. En la esfera federal, el reconocido tratadista

30 Otra forma de considerar el efecto adverso de permitir este tipo de acto o conducta surge mediante el proceso inferencial propio de la admisibilidad de prueba circunstancial; ya que con esta prohibición la regla busca excluir el uso circunstancial de la prueba de carácter. Véase E. Vélez Rodríguez, Evidencia de la comisión de otros actos- Regla 20 (B): breve análisis de la determinación de admisibilidad, 34 Rev. Jurídica Inter. P.R. 309, 312 (2000). 31 Esta enumeración es una ejemplificativa y no taxativa o

cerrada. Chiesa Aponte, Evidencia de carácter, supra, en la pág. 85. CC-2016-983 13

Edward J. Imwinkelried acuñó el término “uncharged

misconduct” para describir aquella conducta o acto específico

inadmisible para propósitos de establecer propensión.32 De

otra parte, según el Diccionario Jurídico: inglés-español,

español-inglés publicado por Steven M. Kaplan la palabra

“misconduct” se define como: “mala conducta, comportamiento

ilícito, incumplimiento de deberes de un cargo”. Steven M.

Kaplan, Diccionario Jurídico: inglés-español, español-inglés

199 (2nda Ed., Aspen Publishers, 2001).

El profesor Chiesa Aponte reconoce que la palabra

“misconduct” resulta difícil de traducir al español en una

sola palabra, pues se refiere a “conducta mala, negativa,

que arroja sombra sobre la moral o virtud del actor”. Chiesa

Aponte, Tratado de Derecho Probatorio, supra, en la pág. 83;

Chiesa Aponte, Evidencia de carácter, supra, en la pág. 89.

El Profesor también explica que a este acto o conducta

específica se le ha catalogado como un “prior misdeeds”. Id.

en la pág. 90. Ante las distintas definiciones presentadas,

el profesor Chiesa Aponte opta por utilizar la frase “mala

conducta” o simplemente “conducta no imputada” para

catalogarla.33 Coincido con el Profesor y estimo que ambas

32 Desde 1984, Imwinkelried ha publicado un tratado, en dos volúmenes, titulado Uncharged Misconduct Evidence por la publicación de West Group (y antes por Callaghan & Company); es de ahí que surge el término. En estos tratados ha estudiado en gran detalle el impacto de la Regla federal 404(b) y sus respectivas contrapartes estatales. 33 El profesor Emmanuelli Jiménez se refiere a la “conducta

no imputada” de la misma forma. Véase R. Emmanuelli Jiménez, CC-2016-983 14

frases se pueden utilizar de forma intercambiable. Ahora

bien, ¿qué, en efecto, se puede considerar como una “mala

conducta” en el contexto de la Regla 404(B), más allá de su

mera traducción al español?

La Regla dispone específicamente que, para propósitos

de probar propensión, no será admisible prueba de conducta

específica “incluyendo la comisión de otros delitos, daño

civil u otros actos”. Regla 404(B), supra. El profesor Chiesa

Aponte sostiene que, tanto en el contexto civil como en el

penal, “la conducta no imputada no tiene que ser constitutiva

de delito. Puede ser mala conducta no delictiva de suyo, como

mentir”. Chiesa Aponte, Tratado de Derecho Probatorio, supra,

en la pág. 83; Chiesa Aponte, Evidencia de conducta, supra,

en la pág. 90 (énfasis suplido).34 El Informe del Comité

Asesor Permanente de las Reglas de Evidencia coincide con

esta explicación. Véase Informe de las Reglas, supra, en la

pág. 150. De hecho, la propia Regla establece que pueden ser

“otros actos” distintos a aquellos que estén tipificados como

Prontuario de Derecho Probatorio Puertorriqueño, (4ta ed., Ed. Situm 2015). 34 Para explicar, por ejemplo, cómo se podría presentar

evidencia en el contexto de una mentira, el profesor Chiesa Aponte presenta la situación en la que se acusa a una mujer de asesinato por haber dado muerte a su esposo y en el procedimiento en su contra, el fiscal presenta evidencia de relaciones amorosas de la víctima con otra persona para establecer “motivo”, conforme a la ahora Regla 404(B), aunque esa presunta relación “adúltera” no estuviese tipificada como delito. Chiesa Aponte, Tratado de derecho probatorio, supra, en la pág. 83. CC-2016-983 15

delitos en el Código Penal o que constituyan un acto

negligente en el supuesto de un daño civil.

En la situación en que la “mala conducta” sea

constitutiva de un delito, el profesor Chiesa Aponte -al

evaluar decisiones de distintos foros federales

interpretando la regla federal 404(b)- sostiene que el

proponente “debe presentar evidencia de que se incurrió en

la conducta específica, y no debe ser suficiente la evidencia

de arresto, denuncia o acusación”. Chiesa Aponte, Tratado de

derecho probatorio, supra, en la pág. 83; Chiesa Aponte,

Evidencia de conducta, supra, en la pág. 90. Sin embargo,

esto no implica que sea necesario probar dicha conducta

específica mediante una sentencia condenatoria dado que,

incluso cuando “no se presentara acusación, o que se

archivara el caso, [esto no constituye] impedimento para

traer evidencia de la conducta”. Id. De hecho, “ni [siquiera]

la absolución por la conducta criminal tiene efecto de

impedimento para el uso de la evidencia de conducta”. Id.35

Como surge de estas explicaciones, la evidencia sobre qué

podría considerar “mala conducta” resulta muy amplia; claro,

en tanto y cuanto, no se traiga para probar propensión.

Ahora bien, para pasar juicio sobre si se incurrió en

la “mala conducta” que se pretende presentar como evidencia,

es decir, para dilucidar su admisibilidad para otros

35Esto, precisamente, fue lo que sucedió en la decisión de Dowling, la cual se discutirá a fondo en el Acápite III. CC-2016-983 16

propósitos pertinentes distintos a establecer propensión, el

Tribunal Supremo de Estados Unidos desarrolló un estándar

adjudicativo particular. Veamos.

B.

En Huddleston, el Gobierno federal acusó al Sr. Guy

Rufus Huddleston de poseer y vender videocintas “con

conocimiento” de que éstas eran hurtadas. Durante el juicio

celebrado ante el Tribunal de Estados Unidos para el Distrito

de Michigan, el juez permitió que la fiscalía federal

presentara prueba de conducta específica, bajo la Regla

federal 404(b), para el propósito de establecer que el

acusado anteriormente había participado de la venta de

enseres y televisores hurtados provenientes, presuntamente,

de la misma fuente que le vendió las videocintas. El Tribunal

de Distrito admitió la evidencia por entender que la misma

era pertinente, no para establecer propensión, sino para

probar el elemento subjetivo (mens rea) de que el señor

Huddleston poseyó y distribuyó las cintas “con conocimiento”

de que éstas habían sido hurtadas.

Así las cosas, un jurado encontró culpable al acusado

por el cargo imputado de posesión de las videocintas. El

Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Sexto

Circuito confirmó la convicción y sostuvo que, para evaluar

la pertinencia de dicha evidencia, correspondía probar por

preponderancia de la prueba que el acusado había cometido la

presunta “mala conducta” que se le imputaba. En una Opinión CC-2016-983 17

unánime, emitida por el entonces Juez Presidente Rehnquist,

el máximo foro federal confirmó la convicción del señor

Huddleston y, a su vez, aclaró el estándar adjudicativo, en

específico el quantum de prueba, aplicable para considerar

prueba presentada bajo la Regla federal 404(b).

El Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió que, para

analizar la admisibilidad de una conducta específica,

considerada “mala conducta”, debe considerarse, primero, su

pertinencia. Esto implica evaluar si un jurado podría

razonablemente concluir que tal conducta ocurrió y que el

acusado fue quién la llevó a cabo.36 Paso seguido, el máximo

foro federal sostuvo que este análisis es uno sobre

pertinencia condicionada (sujeta a satisfacer una condición

de hecho), según los parámetros de la Regla federal 104(b).

Huddleston, 485 US en la pág. 690.37 En otras palabras, al

considerar prueba presentada bajo la Regla federal 404(b),

no se evalúa la credibilidad de la condición de hecho ni se

realiza una determinación preliminar sobre si se estableció

la condición de hecho necesaria para su admisibilidad. Al

fin de cuentas, la función del tribunal es asegurarse de que

36 “In Rule 404(b) context, similar act evidence is relevant only of the jury can reasonably conclude that the act occurred, and that the defendant was the actor”. Huddleston, 485 US en la pág. 689. 37 Dicha regla federal, equivalente a nuestra Regla 109(B),

requiere que cuando se ofrece evidencia que, a su vez, depende de que se satisfaga una condición de hecho, ésta última sólo será admisible si se presenta prueba suficiente que sostenga la conclusión de que, en efecto, la condición de hecho fue satisfecha. CC-2016-983 18

exista prueba suficiente para que un jurado pueda en su

momento concluir, a base de toda la prueba, que el acusado,

en efecto, cometió la “mala conducta” en cuestión.

En atención a lo antes discutido, el Tribunal Supremo

federal puntualizó que los foros de primera instancia poseen

amplia discreción para alterar el orden de la prueba y, en

ese sentido, luego de que se admita condicionalmente la

prueba de conducta específica en cuestión, y mientras

continúe el juicio, el tribunal podría, incluso, estimar -

bajo la totalidad de la prueba presentada y conforme la Regla

federal 104(b)- que el proponente, en este supuesto el

Estado, no logró establecer el valor probatorio de la “mala

conducta”. Id.

En el contexto específico de los hechos en Huddleston,

la condición de hecho era establecer si los enseres

eléctricos y televisores habían sido hurtados; esto, habiendo

ocurrido en un evento anterior a los que dieron lugar a la

acusación por hurto de las videocintas. El Tribunal Supremo

federal sostuvo que un jurado pudo haber razonablemente

concluido que, conforme a la evidencia presentada en el

juicio, dichos objetos, que en su momento estuvieron en

posesión del acusado, habían sido hurtados y que dicha

evidencia era admisible para establecer el elemento subjetivo

(“con conocimiento”) de que el señor Huddleston había poseído

unas videocintas hurtadas. CC-2016-983 19

Por último, el Tribunal Supremo de Estados Unidos

reiteró que cualquier posible peligro de perjuicio indebido

en contra del acusado quedará subsanado por una serie de

elementos o factores necesarios para evaluar la evidencia en

cuestión. Id. en las págs. 691-92. Primero, el texto de la

Regla federal 404(b) exige que la prueba de carácter se

ofrezca para un propósito distinto al de establecer la

propensión a incurrir en una “mala conducta” en el acto

delictivo imputado. Segundo, el análisis en cuanto a la

pertinencia de esa “mala conducta”, según los parámetros de

la Regla federal 402, debe ser considerada en conjunto con

los parámetros de la Regla federal 104(b) sobre admisibilidad

limitada (condicionada). Tercero, al examinar todo esto,

corresponde evaluar, conforme a la Regla federal 403, si el

valor probatorio de “mala conducta” resulta mayor al

perjuicio indebido que podría causar; es decir, entra en

juego la discrecionalidad que ostentan los tribunales para

excluir cierta evidencia pertinente pero que resulta

perjudicial. Por último, bajo la Regla federal 105, a

solicitud de parte, se deben impartir instrucciones

limitativas al jurado para que se evalúe la prueba presentada

únicamente para establecer motivo, oportunidad, intención,

preparación, plan, conocimiento, identidad, ausencia de

error o accidente, o para establecer o refutar una defensa.38

38En específico, el Tribunal Supremo federal estableció que: CC-2016-983 20

En síntesis, la necesidad de recurrir a todos estos

factores implica que el hecho de que un proponente logre

establecer la pertinencia condicionada de la “mala conducta”

(factores uno y dos) esto, de por sí, no asegura su

admisibilidad. El quantum de prueba establecido en Huddleston

anclado en “la razonabilidad del jurado” no basta para

permitir prueba de “mala conducta”. Según el Tribunal Supremo

de Estados Unidos se requiere, además, establecer el valor

probatorio de la conducta específica vis-á-vis el perjuicio

indebido que pueda causar, mediante un “examen nivelador” e

instrucciones al jurado, si así se solicita, sobre el

carácter limitado del ofrecimiento en cuestión (factores tres

y cuatro).39

[F]first, from the requirement of Rule 404(b) that the evidence be offered for a proper purpose; second, from the relevancy requirement of Rule 402— as enforced through Rule 104(b); third, from the assessment the trial court must make under Rule 403 to determine whether the probative value of the similar acts evidence is substantially outweighed by its potential for unfair prejudice, and fourth, from Federal Rule of Evidence 105, which provides that the trial court shall, upon request, instruct the jury that the similar acts evidence is to be considered only for the proper purpose for which it was admitted.

Huddleston, 485 US en la pág. 691–92 (citas y notas al calce omitidas). 39 Véase David P. Leonard, The New Wigmore: Evidence of Other

Misconduct and Similar Events, sec. 4.5., en las págs. 232- 270 (Aspen Publisher, 2009) (Cumulative Supplement, 2018), para un análisis minucioso sobre el estándar establecido en Huddleston. Véase además, Vélez Rodríguez, supra, en las págs. 313-322. CC-2016-983 21

La acogida de la normativa establecida en Huddleston

por parte de otras jurisdicciones estatales estadounidenses

ha sido variada. Véase Leonard, The New Wigmore, supra, en

la pág. 287. Conviene recordar que la decisión de Huddleston

no obliga a los estados y ni a Puerto Rico puesto que la

Cláusula de Supremacía de la Constitución de los Estados

Unidos no requiere que las jurisdicciones estatales

interpreten sus leyes de la misma forma que los tribunales

federales, incluso cuando contengan el mismo lenguaje. Véase

Const. EE. UU., art. VI, sec. 2. En atención a ello, para

poder comprender a cabalidad las ventajas y desventajas de

adoptar en Puerto Rico lo resuelto en Huddleston, conviene

considerar ciertas determinaciones de los tribunales

supremos estatales que han atendido controversias

relacionadas con la regla equivalente a nuestra Regla 404(B)

en sus respectivas jurisdicciones. Veamos.

C.

Al evaluar cuáles jurisdicciones estatales han adoptado

el estándar establecido en Huddleston, el tratadista

Imwinkelried comenta que varias no tuvieron otra opción que

rechazar la normativa federal porque los informes oficiales

sobre sus respectivas reglas de evidencia o decisiones

estatales anteriores requerían un quantum de prueba distinto

al pautado por el máximo foro federal. E. J. Imwinkelried, CC-2016-983 22

“Where There’s Smoke, There’s Fire”: Should the Judge or the

Jury Decide the Question of Whether the Accused Committed an

Alleged Uncharged Crime Proffered Under Federal Rule of

Evidence 404?, 42 St. Louis U. L.J. 813, 831 (1998) (en

adelante, Imwinkelried, Where There’s Smoke). En otras

instancias, las asambleas legislativas estatales enmendaron

las reglas de evidencia para incorporar Huddleston o

establecer una metodología diferente. Id. en la pág. 832.

Por último, un grupo nutrido de jurisdicciones estatales

incorporaron o rechazaron, por la vía judicial, el quantum de

prueba de Huddleston sobre “la razonabilidad del jurado”.

En el caso de Puerto Rico, como se mencionó

anteriormente, la Opinión que se certifica hoy constituye la

primera ocasión en la que este Tribunal se expresa

específicamente en torno al alcance de la regla en cuestión,

incluso bajo la Regla 20(B) de las Reglas de Evidencia de

1979.40 De hecho, el Comité Asesor Permanente de las Reglas

de Evidencia, con relación al caso de Huddleston, expresó

que:

El Comité es consciente del caso federal Huddleston v. U.S. en donde el Tribunal Supremo Federal resolvió que la admisión de actos específicos de conducta, ofrecida bajo la Regla Federal de Evidencia 404(b), es asunto de "pertinencia condicionada" sujeta a la Regla Federal 104(b). Existen argumentos igualmente convincentes para alegar que la determinación

40Previo a esta decisión, sólo en Pueblo v. Martínez Solís, 128 DPR 135 (1991) hicimos una breve referencia a la Regla 20(B) anterior. CC-2016-983 23

preliminar de admisibilidad debe realizarse bajo el crisol de la Regla 109(A)(Regla 9(A) de 1979). Estimamos prudente no expresarnos al respecto y dejar a la interpretación jurisprudencial la decisión de si seguir o no el precedente federal.

Informe de las Reglas, supra, en la pág. 151 (citas omitidas) (énfasis suplido).

Como se desprende de las expresiones del Comité Asesor

Permanente, existen “argumentos igualmente convincentes”

para decidir si la determinación de admisibilidad de prueba

presentada al amparo de la Regla 404(B) se debe realizar en

conjunto con la Regla 109(A) o la Regla 109(B). La Regla

109(A) sobre admisibilidad en general implica que le

corresponde al juez o jueza, y no al jurado, determinar la

admisibilidad del “uncharged misconduct”. Mientras que, como

ya se discutió anteriormente, un análisis de la Regla 404(B)

en conjunto con la Regla 109(B) sobre admisibilidad

condicionada, indica que “un juez sólo hace una determinación

literalmente preliminar, quedando en manos del jurado la

determinación final de admisibilidad”. Chiesa Aponte, Reglas

de Evidencia Comentadas, supra, en la pág. 46 (énfasis

suplido).

Lo señalado por el Comité Asesor Permanente ha sido,

precisamente, el debate que se ha suscitado en los distintos

tribunales supremos estatales. Algunos optaron por dejar en

manos del juez la determinación de admisibilidad de “mala

conducta”, fundamentados en distintos quanta de prueba, a

saber: preponderancia de la prueba, prueba clara y

convincente o más allá de duda razonable; mientras que otras CC-2016-983 24

jurisdicciones siguieron el análisis esbozado por el Tribunal

Supremo federal en Huddleston.41 Véase Chiesa Aponte, Tratado

de Derecho Probatorio, supra, en la pág. 82.

Entre las jurisdicciones que se alejaron de la decisión

de Huddleston y adoptaron por la vía judicial el quantum de

preponderancia de la evidencia en manos del juzgador están

Colorado, Oregón, Virginia del Oeste y Washington. De otra

parte, aquéllas que incorporaron por la vía judicial el

quantum de prueba clara y convincente en manos del juzgador

son las jurisdicciones de Arizona, Delaware, Distrito de

Columbia, Florida, Nueva Jersey, Maryland y Nueva York, entre

otros. Curiosamente, sólo el estado de Texas requiere que

una “mala conducta” sea establecida mediante el riguroso

quantum de más allá de duda razonable; aunque el tribunal

apelativo de dicho estado parece haberse alejado del mismo.42

Ahora bien, una mayoría de los estados han acogido lo

decidido por Huddleston, fundamentados en que desean mantener

un grado de uniformidad con las Reglas de Evidencia federales

o porque coinciden con el razonamiento del máximo foro

federal. Entre ellos se encuentran los estados de Alaska,

California, Connecticut, Georgia, Massachusetts, Dakota del

Sur, Michigan, Wisconsin, Vermont, Virginia, entre otros.43

41 Véase Leonard, The New Wigmore, supra, en las págs. 287- 299; 12-13 (Cum. Suppl. 2018). 42 Id. en la pág. 299. 43 Véase, Jason Tortora, Reconsidering the Standards of Admission for Prior Bad Acts Evidence in Light of Research on False Memories and Witness Preparation, 40 Fordham Urb. L.J. 1493, 1510-1512 (2013), para un resumen detallado de la CC-2016-983 25

En relación con esto último, el tratadista Imwinkelried,

comenta que:

Although the Huddleston decision is several decades old, during that period of time most state supreme courts have not had an occasion to revisit the question of the standard of proof for establishing the defendant’s identity as the perpetrator of an uncharged act. Consequently, the battle remains to be fought in many jurisdictions. The Huddleston position has emerged as the prevailing view, but the clear and convincing evidence standard still has adherents in a significant minority of states.

Véase E. J. Imwinkelried, Uncharged Misconduct Evidence, sec. 2:9, en la pág. 2-57 (West Group, Revised Edition, 2013) (énfasis suplido).

Para propósitos ilustrativos, y como parte del ejercicio

de derecho comparado, reseñaré brevemente las decisiones de

los estados de Colorado (preponderancia de la prueba) y

Arizona (prueba clara y convincente); enfocándome no tanto

en los hechos particulares, sino en los fundamentos por los

cuales rechazaron el estándar establecido en Huddleston.44

D.

En People v. Garner, 806 P.2d 366 (Colo. 1991), el

Tribunal Supremo de Colorado se alejó de la normativa pautada

en Huddleston fundamentado en el hecho de que en dicha

jurisdicción existía un “long standing restrictive practice

concerning the admisibility of other-crime evidence”. Id. en

jurisprudencia más reciente de tribunales supremos estatales sobre su equivalente a nuestra Regla 404(B). 44 Estos dos (2) estándares, distintos al de Huddleston son

los que han recibido mayor apoyo por parte de los tribunales supremos estatales, como se mencionó anteriormente. Por tal razón, no hay necesidad de discutir aquellas jurisdicciones que afirmativamente adoptaron Huddleston. CC-2016-983 26

la pág. 372. Asimismo, sostuvo que la prueba de “mala

conducta” necesariamente crea un riesgo de perjuicio indebido

en contra del acusado el cual podría influenciar al jurado,

independientemente de las debidas precauciones que tome el

juzgador. En atención a ello, adoptaron el quantum de

preponderancia de la evidencia para establecer que el

“uncharged misconduct” ocurrió y que fue cometida por el

imputado; para dicho foro, esto sirve como salvaguarda ante

un potencial perjuicio indebido hacia la persona imputada.

Bajo este quantum de prueba, el Tribunal Supremo de Colorado

resolvió que, en los hechos particulares del caso ante su

consideración, el acusado, en efecto, había cometido los

actos anteriores (asesinar a dos personas) y que, conforme a

su regla de evidencia, se podía presentar dicha prueba para

establecer su identidad.

De otra parte, en State v. Terrazas, 944 P.2d 1194

(Ariz. 1997), el Tribunal Supremo de Arizona, en una decisión

en banc, rechazó la normativa adoptada en Huddleston y aclaró

que previo a dicha decisión federal la gran mayoría de las

jurisdicciones estatales estadounidenses asignaban la tarea

final de evaluar la admisibilidad de “uncharged misconduct”

al juzgador de instancia. Para dicho foro, “[t]o allow a

lesser standard in a criminal case is to open too large a

possibility of prejudice”. Id. en la pág. 1198. Por tal

razón, acogieron el quantum de prueba clara y convincente

por ser una estándar claro y reconocido por litigantes y los CC-2016-983 27

jueces por igual y que, a su vez, resulta cónsono con el

debido proceso ley contenido en la Constitución federal y su

propia constitución estatal. Id. A la luz de este quantum de

prueba, el Tribunal Supremo de Arizona concluyó que no podía

inmiscuirse en el razonamiento del juez de primera instancia

cuando éste valora la prueba de “mala conducta” (en torno a

un robo) y, por ende, revocó a los foros inferiores y ordenó

un nuevo juicio.

Al analizar estas dos (2) decisiones estatales, el

tratadista Imwinkelried comenta que, para varias

jurisdicciones estatales y otros estudiosos del tema, la

preocupación principal en contra de adoptar el estándar de

Huddleston estriba en una falta de confianza en la figura

del jurado. Imwinkelried, Where There’s Smoke, supra, en la

pág. 834 (“[T]he key question is whether the jury can be

trusted to make the decision on the preliminary or

foundational fact.”). En respuesta a ello, Imwinkelried

sostiene que dicha desconfianza -atada con el presunto

perjuicio indebido que la prueba de “mala conducta”

supuestamente podría causar- nace de una premisa errónea. En

palabras del tratadista:

If a juror decided that the accused did not perpetrate an uncharged act, it is difficult to understand why the juror would nevertheless hold the act against the accused. Quite to the contrary, if the juror concluded that the act did not occur or that a third party committed the act, common sense and fairness would naturally lead the juror to disregard testimony about the act in deciding the accused’s guilt or innocence. The average person should understand the normative proposition CC-2016-983 28

that the accused should not be held legally liable for an act unless the accused was personally involved in the commission of the act. Thus, in the typical case, it seems more sensible to accept the Huddleston Court’s contrary assumption that the jurors will be capable of setting aside the testimony about the uncharged act. The risk of misuse of the evidence largely evaporates if it is unlikely that the jurors will consider the evidence at all.

Id. en la pág. 836 (énfasis suplido).45

Como se desprende de esta aseveración, el razonamiento

de Huddleston -en particular el rol importante que juegan

las instrucciones al jurado- subsana cualquier daño

potencial. De hecho, para Imwinkelried el estándar de

Huddleston representa un triunfo para la concepción

Jacksoniana de la democracia estadounidense, provisto que la

figura del jurado-lego constituye una de las características

más importante de las instituciones democráticas del sistema

legal norteamericano. Id. en la pág. 845. Por último,

conviene destacar que también se ha señalado que adoptar un

estándar más riguroso a Huddleston, en una etapa tan temprana

45 La única instancia en la cual el tratadista Imwinkelried estima que el estándar de Huddleston podría resultar problemático surge en la situación atípica de que, en un procedimiento penal, el Ministerio Público presente prueba testimonial de varios testigos sobre múltiples pruebas de “mala conducta” parecidas a la conducta imputada. Esto, a su entender, podría activar en el jurado-lego un razonamiento inferencial (“doctrine of chances”) que posiblemente resulte perjudicial para el acusado. En este contexto, el Profesor invoca el proverbio popular “where there’s smoke, there’s fire” como ejemplo para su preocupación. A pesar de esto, Imwinkelried entiende que estos supuestos suelen ser excepcionales y que, para evitar un potencial efecto dañino, le corresponde al juzgador emplear instrucciones específicas y completas a los miembros del jurado. Véase Imwinkelried, Where There’s Smoke, supra, en las págs. 836-840. CC-2016-983 29

de un proceso judicial, conllevaría que, si la prueba de

“mala conducta” que se intenta presentar es de carácter

testimonial, dichos testigos tendrían que presentar

testimonios muy detallados y específicos que, a su vez,

podría resultar en cierta preparación de testimonios falsos

(“witness preparation of false testimony”) por parte del

Ministerio Público.46 Esta preocupación no estaría presente

o se reduciría al mínimo bajo el quantum de la “razonabilidad

del jurado”.

A la luz de la discusión que antecede, no albergo duda

alguna que este Foro debe adoptar -en su totalidad- el

estándar esbozado por el Tribunal Supremo de Estados Unidos

en Huddleston. Ahora bien, previo a evaluar específicamente

la controversia ante nuestra consideración y las

determinaciones de los foros recurridos, corresponde

discutir las consideraciones de índole constitucional de

extender a Puerto Rico la decisión del máximo foro federal

en Dowling, como propone la Opinión mayoritaria. Veamos.

III.

A.

En Dowling, el Gobierno de Estados Unidos presentó

acusaciones en contra de Sr. Reuben Dowling por los delitos

federales de robo de un banco y robo armado. Durante el

juicio, se presentó prueba de que el señor Dowling utilizó

una máscara de esquiar y estuvo armado con una pistola

46 Véase Tortora, supra, en las págs. 1515-1529. CC-2016-983 30

pequeña. En relación con dicha prueba, una testigo de cargo,

la Sra. Vena Henry, declaró que dos semanas luego del asalto

al banco, había sido asaltada en su hogar por dos personas,

uno de los cuales utilizó una máscara y pistola similares a

las que el señor Dowling presuntamente usó en el banco.

Asimismo, la señora Henry declaró que cuando el asaltante se

quitó la máscara lo pudo identificar y que, en efecto, era

el señor Dowling.

En el proceso criminal en contra del señor Dowling por

el robo en el hogar de la señora Henry, éste había sido

absuelto. Sin embargo, el juez del Tribunal de Estados Unidos

para el Distrito de las Islas Vírgenes permitió dicha

evidencia al amparo de la Regla federal 404(b) con la

intención de establecer la identidad del asaltante del banco.

Luego del testimonio de la señora Henry, el juez impartió

instrucciones al jurado en torno al propósito limitado por

el cual se traía dicho testimonio y les recordó que el señor

Dowling había sido absuelto de dicho procedimiento. Esto se

le volvió a explicar al jurado justo antes de que entrara a

deliberar. El señor Dowling resultó convicto por el robo del

banco y fue sentenciado a cumplir setenta (70) años en

prisión.

El Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el

Tercer Circuito confirmó la convicción del foro recurrido,

pero resolvió que no se debió de haber permitido el

testimonio de la señora Henry tras evaluarlo bajo el estándar CC-2016-983 31

de Huddleston. Esto, en particular, porque entendió que el

perjuicio indebido que pudo haberle causado a Dowling pesaba

más que su valor probatorio. Sin embargo, entendió que esto

resultó en un “harmless error” porque no comprendía una

dimensión constitucional.

Ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, el señor

Dowling arguyó que el testimonio de la señora Henry era

inadmisible al amparo de la cláusula en contra de la doble

exposición y el debido proceso de ley consagrado en la Quinta

Enmienda de la Constitución federal. Por voz del Juez

Asociado White, el Tribunal Supremo federal sostuvo que la

cláusula contra la doble exposición no constituye un

impedimento para la presentación de dicho testimonio, puesto

que la absolución pudo haber estado predicada en razones

ajenas a la identidad el señor Dowling; es decir, existe poco

valor inferencial en una absolución. A fin de cuentas, la

absolución por la conducta no imputada no tiene efecto de

impedimento colateral por sentencia (“collateral estoppel”)

y, por ende, acertó el Tribunal de Distrito en permitir el

testimonio. Uno de los fundamentos principales para arribar

a esta conclusión es que existen unas diferencias en cuanto

al quantum de prueba necesario para permitir la evidencia en

cuestión; para la absolución fue más allá de duda razonable

y para presentar el testimonio de la señora Henry, el

estándar de Huddleston, anclado en la “razonabilidad del

jurado”. Dowling, 493 US en las págs.350-52. CC-2016-983 32

El Juez Asociado Brennan disintió y criticó el criterio

mayoritario por ser uno hipertécnico y que no tomaba en

consideración los intereses y propósitos inherentes a la

protección contra la doble exposición. A dicha disidencia se

le unieron los Jueces Asociados Marshall y Stevens.

Al comentar sobre la decisión de Dowling, el profesor

Chiesa Aponte reconoce que ésta no obliga a Puerto Rico,

aunque sí señala que –en teoría- este Tribunal podría invocar

una “factura más ancha” al amparo de la Constitución de

Puerto Rico. E. L. Chiesa Aponte, Doble Exposición, 59 Rev.

Jur. UPR 479, 505 (1990).

Sin embargo, al margen de esto, el Profesor manifiesta

que Dowling “está bien concebido y debe seguirse en nuestra

jurisdicción”. Chiesa Aponte, Tratado de derecho probatorio,

supra, en las págs. 84; Chiesa Aponte, Evidencia de carácter,

supra, en la pág. 91. Asimismo, Chiesa Aponte critica la

Opinión Disidente del Juez Asociado Brennan y sostiene que

“el fundamento [de la Opinión mayoritaria] de la cantidad de

prueba tiene fuerza lógica”. E. L. Chiesa Aponte, Doble

Exposición, 59 Rev. Jur. UPR 479, 505 (1990). Es decir, para

el Profesor, “la base del argumento es que la absolución no

establece inocencia sino duda razonable. Si en el

procedimiento posterior se exige un quantum de prueba menor,

no hay impedimento [colateral por sentencia]”. Id. Esta

“fuerza lógica”, comenta Chiesa Aponte, a su vez, proviene

de “la tendencia clara de la Corte Suprema Federal [de] no CC-2016-983 33

dar efecto de impedimento a una absolución con relación a un

caso civil posterior en donde está en controversia la

conducta objeto de la absolución”. Id.

Coincido con el análisis esbozado por el profesor Chiesa

Aponte y considero que debemos adoptar en nuestra

jurisdicción, además del estándar de Huddleston, la normativa

pautada en Dowling, ya que dicha decisión no atenta contra

las protecciones consagradas en nuestra Constitución. Me

explico.

La Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico dispone que “[n]adie será puesto en

riesgo de ser castigado dos veces por el mismo delito”.

Const. PR, Art. II, Sec. 11, LPRA, Tomo 1, ed. 2008, pág.

343. Véase Pueblo v. Santiago, 160 DPR 618 (2003). De igual

forma, la Constitución de Estados Unidos consagra una

protección análoga en su Quinta Enmienda: “No person shall

[...] be subject for the same offense to be twice put in

jeopardy of life or limb.” Const. EE. UU., Enmda. V. Véase

además, Benton v. Maryland, 395 US 784 (1969) (en donde se

resuelve que la protección contra la doble exposición es

oponible ante los estados en virtud de la Decimocuarta

Enmienda).

Si bien es cierto que el profesor Chiesa Aponte señala

que nuestra Constitución pudiese proveer una “factura más

ancha” en su protección contra la doble exposición, éste CC-2016-983 34

limita dicho análisis al contexto del concurso de delitos y

la disolución del jurado por la imposibilidad de llegar a un

veredicto. Véase Chiesa Aponte, Los derechos de los acusados

y la factura más ancha, 65 Rev. Jur. UPR 83, 119 (1996) (En

adelante, Chiesa Aponte, Factura más ancha). Fuera de esas

dimensiones, “[n]o hay base para sostener que se le haya dado

o que se le debe dar un contenido mayor a la cláusula” en el

orden constitucional puertorriqueño. Chiesa Aponte, Doble

Exposición, supra, en la pág. 480. Chiesa Aponte, Factura

más ancha, supra, en la pág. 119.

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

requiere que nuestro análisis constitucional esté

fundamentado en los principios recogidos en la Carta de

Derechos y no que se adopte irreflexivamente una protección

mayor a la dispuesta en la Constitución federal, sin

consideración ulterior alguna. Así pues, para considerar el

alcance de una cláusula constitucional puertorriqueña,

aunque ésta cuente con una cláusula análoga en la

Constitución de Estados Unidos, es nuestra obligación

recurrir, como fuente primaria, al Diario de Sesiones de la

Convención Constituyente. Véase Tatiana Vallescorbo Cuevas,

Interpretando La factura más ancha, 46 Rev. Jur. U.I.P.R.

303, 327-330 (2012).

En atención a ello, surge del Informe de la Comisión de

la Carta de Derechos que dicha “sección contiene las

garantías que protegen al acusado en el derecho común [y] CC-2016-983 35

[s]e expresan en la forma tradicional para incorporar así el

significado jurídico que han adquirido en las

interpretaciones judiciales”. 4 Diario de Sesiones de la

Convención Constituyente de Puerto Rico 2568–2569 (1961).

Así pues, no cabe duda de que, “la formulación de nuestra

protección constitucional se hizo en función de su

contraparte federal, con tal de que se entendiera incorporado

el significado judicial de ésta, elaborado a través de

numerosas opiniones suscritas por el Tribunal Supremo de EE.

UU.”. Pueblo v. Sánchez Valle, 192 DPR 695,734 (2015) (J.

Rodríguez Rodríguez, Op. Disidente) (nota al calce omitida).

Desde un punto de vista metodológico se entiende que,

en cuanto a la interpretación específica de la cláusula

contra la doble exposición, hay un llamado por parte de

nuestros Constituyentes a emplear la metodología

adjudicativa desarrollada por el movimiento del nuevo

federalismo judicial denominada como, “lockstepping”. Este

acercamiento nos invita a que, en el contexto de un derecho

con una cláusula puertorriqueña análoga a la federal (por

razón de la intención original de los Constituyentes), la

interpretación que hagamos sobre nuestra constitución

comienza y termina con el análisis de la interpretación que

haya hecho sobre ese derecho el Tribunal Supremo federal.47

47Véase Asoc. de Maestros v. Departamento de Educación, 2018 TSPR 150, 6-9 (Sentencia) (J. Rodríguez Rodríguez, Op. Disidente), para una discusión más a fondo sobre el “new judicial federalism”. Véase además, Jorge M. Farinacci Fernós, Originalism in Puerto Rico: Original Explication and CC-2016-983 36

A la luz de esto, la normativa de Dowling resulta

completamente compatible con la Constitución del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico y no hay impedimento alguno para que

sea adoptada en nuestra jurisdicción.48 Esto sin necesidad de

recurrir a nuestra jurisprudencia, a mi juicio desacertada,

en materia de la cláusula en contra de la doble exposición

(en particular, su vertiente de impedimento colateral por

sentencia).

IV.

Its Relation with Clear Text, Broad Purpose and Progressive Policy, 85 Rev. Jur. UPR 203, 205 (2016), para un estudio sobre las teorías adjudicativa, o falta de ellas, empleadas por este Tribunal en materia de Derecho Constitucional. 48 Es por ello que las decisiones de los tribunales estatales

de Massachusetts, Carolina del Norte y Hawái brevemente discutidas por el Juez Asociado señor Estrella Martínez en su opinión de conformidad en parte y disidente en parte tienen un escaso valor persuasivo en relación con el ordenamiento constitucional puertorriqueño. Primero, el estado de Massachusetts, a diferencia de Puerto Rico, no tiene una disposición expresa en su propia constitución en contra de la doble exposición. De ahí que, al aplicar principios de derecho común anglosajón, su hermenéutica de adjudicación constitucional permite conceder una protección mayor al mínimo federal. Asimismo, la decisión citada del estado de Carolina del Norte no rechazó Dowling bajo fundamentos constitucionales, sino que realizó un análisis estatutario de sus reglas de evidencia y cómo éstas hacen un llamado a proteger la presunción de inocencia. Por último, a pesar de que Hawái sí tiene una cláusula en contra de la doble exposición en su constitución, la justificación empleada por dicho tribunal supremo estatal estuvo fundamentada en un precedente en materia de derecho a la intimidad que nada tiene que ver con la controversia en cuestión, y no en un análisis del historial de dicha cláusula constitucional hawaiana. En ese aspecto, estimo que, en dicha determinación, la metodología adjudicativa constitucional del estado de Hawái carece de coherencia y resulta cuestionable para fines comparatistas. CC-2016-983 37

Como se indicó, las determinaciones de los foros

recurridos estuvieron centradas exclusivamente en evaluar si

la prueba que el Ministerio Público intentaba presentar

constituía en sí una “conducta específica”, conforme al texto

de la Regla 404(B). El Tribunal de Primera Instancia declaró

no ha lugar la solicitud del Ministerio Público luego de

razonar que la Regla 404(B) requería la “comisión” y no la

“imputación” de otros delitos para aceptar dicha evidencia.

De igual forma, el Tribunal de Apelaciones resolvió que

“proced[ía] en Derecho la admisión como evidencia en juicio

de la conducta específica de un individuo, debe la misma . .

. ser un acto probado más allá de toda duda razonable”.

Sentencia del Tribunal de Apelaciones del 13 de noviembre de

2016, en la pág. 4. Como surgen de estas conclusiones de

Derecho, los foros recurridos limitaron el alcance de la

Regla 404(B) al hecho de que exista una convicción previa

que compruebe, en conexión al quantum de prueba de más allá

de duda razonable, la comisión de un delito imputado.

Este razonamiento resulta contrario, en primer lugar,

al texto expansivo de la Regla 404(B), el cual no restringe

que la conducta específica imputada sea constitutiva de

delito. De otra parte, esta interpretación contradice la

interpretación que tratadistas puertorriqueños y

estadounidenses han esbozado sobre esta regla con relación

al hecho de que la mera presentación de evidencia sobre el

arresto, la denuncia, la acusación, la sentencia condenatoria CC-2016-983 38

o la absolución en cuanto a una conducta específica previa

que sí es constitutiva de delito no resulta suficiente para

su admisibilidad, sino que es necesario presentar evidencia

de que -en efecto- se incurrió en dicha “mala conducta”.

La determinación de los foros recurridos en torno a que

el testimonio de la presunta víctima del segundo robo de por

sí no podía presentarse como evidencia de conducta específica

tuvo el efecto de que el Ministerio Público ni tan siquiera

pudiera poner en posición al foro primario de evaluar,

mediante el testimonio que se intentaba presentar, si se

incurrió en esa conducta imputada. Por todo lo cual, erraron

el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de

Apelaciones.

A diferencia de las decisiones de Huddleston y Dowling,

este Tribunal está impedido de aplicar el estándar

adjudicativo de la “razonabilidad del jurado” dado que el

caso de epígrafe se encuentra en una etapa procesal distinta

y no contamos con el beneficio de la prueba que intentaba

presentar el Ministerio Público. En dichas decisiones del

máximo foro federal, los señalamientos de error en relación

con la Regla federal 404(b) surgieron una vez había concluido

el juicio en su fondo. Por razón de ello, concurro con la

Opinión mayoritaria en cuanto a que procede devolver el caso

al Tribunal de Primera Instancia para que el juzgador tenga

la oportunidad de evaluar el testimonio de la víctima en el

segundo robo y los testimonios de los agentes investigadores. CC-2016-983 39

Este ejercicio interpretativo se tiene que realizar

empleando el estándar de Huddleston y los factores allí

esbozados, que hoy se acoge en nuestro ordenamiento jurídico

probatorio. No podemos olvidar que estos elementos buscan

evitar cualquier posible peligro de perjuicio indebido en

contra del acusado.

En el contexto de las Reglas de Evidencia de Puerto

Rico, esto requiere que: (1) conforme el texto de la Regla

404(B) la prueba de la “conducta no imputada” se ofrezca para

un propósito distinto al de establecer el carácter o

propensión a incurrir en “mala conducta”; (2) el análisis en

cuanto a la pertinencia de dicha “mala conducta”, según los

parámetros de la Regla 402, debe ser considerada en conjunto

con los parámetros de la Regla 109(B) sobre admisibilidad

limitada (condicionada);49 (3) al examinar todo esto,

corresponde evaluar, conforme a la Regla 403, si el valor

probatorio de “mala conducta” resulta mayor al perjuicio

indebido que podría causar; es decir, entra en juego la

discrecionalidad que ostentan los tribunales para excluir

cierta evidencia pertinente pero que resulta perjudicial

(“examen nivelador”), y (4) bajo la Regla 107, a solicitud

de parte, se deben impartir instrucciones limitativas al

49Conviene detallar que, en nuestra jurisdicción, hasta el momento, sólo hemos evaluado la regla de admisibilidad limitada (condicionada) en el contexto de la figura de la autenticación, en específico, la cadena de custodia. Véase Pueblo v. Carasquillo, 123 DPR 690 (1989); Pueblo v. Bianchi, 117 DPR 484 (1986), para una discusión sobre del alcance de dicha doctrina de Derecho Probatorio. CC-2016-983 40

jurado para que se evalúe la prueba presentada sólo para los

fines a los cuales ésta sería admisible; en otras palabras,

para establecer motivo, oportunidad, intención, preparación,

plan, conocimiento, identidad, ausencia de error o accidente,

o para establecer o refutar una defensa.50

Este último factor resulta particularmente importante

para la situación de hechos del presente caso dado que la

“conducta no imputada” que se desea presentar en evidencia

surge de un procedimiento criminal en el cual el señor

Serrano Morales resultó absuelto.51 De prosperar la solicitud

del Ministerio Público, y celebrarse un juicio en su fondo

con jurado, a la luz de lo resuelto en Dowling, el Tribunal

de Primera Instancia tiene que impartir instrucciones al

jurado en las cuales reitere que esta “conducta no imputada”

no se presenta para establecer propensión, que el señor

Serrano Morales resultó absuelto de dicho procedimiento y

que deben evaluar dicha evidencia bajo un criterio de

razonabilidad. Es decir, si razonablemente se podría concluir

que ocurrió la “mala conducta” presentada y si fue el señor

50 Estimo que la Opinión mayoritaria no discute a fondo estos elementos y debe quedar claro que la adopción del estándar de Huddleston requiere que los mismos se utilicen siempre que se evalúe una solicitud al amparo de la Regla 404(B) y según los hechos particulares de cada caso. 51 Precisamente, en este ejercicio adjudicativo, se atiende

la preocupación adelantada por el Juez Asociado señor Estrella Martínez. Sin embargo, a diferencia de su razonamiento, y como mencioné anteriormente, estimo que, incluso si se evalúa el expediente del segundo procedimiento criminal, no cabe la posibilidad de que se active la cláusula contra la doble exposición (en su vertiente de impedimento colateral). CC-2016-983 41

Serrano Morales quién la llevó a cabo.52 Sin embargo, de

prosperar la solicitud del Ministerio Público, y celebrarse

un juicio por tribunal de derecho, le corresponde al propio

juez de instancia evaluar la prueba presentada considerando

todos los elementos antes mencionados.

V.

Por los fundamentos antes expuestos, revocaría la

sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones y devolvería

el caso al Tribunal de Primera Instancia para que continúe

con los procedimientos conforme a los parámetros específicos

aquí expuestos.

Anabelle Rodríguez Rodríguez Juez Asociada

52Esto, sin olvidar que, en la evaluación de la pertinencia, el juez podrá considerar la totalidad de las circunstancias que rodearon el proceso criminal anterior, en el que el hoy acusado resultó absuelto. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico Peticionario

Danny Serrano Morales Recurrido

Opinión de conformidad en parte y disidente en parte emitida por el Juez Asociado señor ESTRELLA MARTÍNEZ

Tras un estudio de nuestra Regla 404(b) de Evidencia,

infra, a la luz de la totalidad del derecho aplicable,

coincido con la Mayoría de este Tribunal en que esta norma

evidenciaria no necesariamente requiere, para la admisión

de evidencia de conducta específica distinta a la imputada,

que dicha conducta haya sido probada más allá de duda

razonable en un proceso judicial anterior. Claro está,

siempre y cuando, se cumpla alguno de los propósitos

establecidos en la propia Regla. Por ello, coincido con

revocar la sentencia del Tribunal de Apelaciones y devolver

el caso al foro de instancia para que se celebre una vista. CC-2016-983 2

Ahora bien, me veo obligado a disentir en cuanto a las

instrucciones impartidas al Tribunal de Primera Instancia y

los asuntos que debe considerar al momento de determinar si

procede la admisión de la prueba propuesta por el Ministerio

Público en el escenario de que la misma esté basada en unos

hechos previamente juzgados con un fallo de absolución. En

esa línea, entiendo que, contrario al razonamiento de la

Mayoría de este Tribunal, la doctrina de impedimento

colateral de la cláusula de doble exposición podría

activarse ante hechos como los que tenemos ante nuestra

consideración. Resulta peligrosa la práctica de adoptar

jurisprudencia que nos resulta persuasiva, cuando

precisamente incide y menoscaba derechos constitucionales.

Ello, nos puede llevar a resultados discordes con las

garantías extendidas en la Constitución de Puerto Rico.

A continuación, repaso los hechos y trámites procesales

que originaron la controversia ante nosotros.

El 20 de marzo de 2015, el Ministerio Público presentó

dos denuncias contra el Sr. Danny Serrano Morales (señor CC-2016-983 3

Serrano Morales) por infringir el artículo 190(e) del Código

Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5260, y el artículo 5.07 de la

Ley de Armas, 25 LPRA sec. 458(f). Según las

denuncias, los hechos se remontan al 24 de febrero

de 2015 y se le imputa al señor Serrano Morales

haberse apropiado ilegalmente, por medio de

violencia o intimidación con el uso de un rifle, de

unos bienes muebles pertenecientes al Sr. Jorge Luis

Hernández Medina. Tras los trámites procesales de

rigor, el Ministerio Público presentó acusaciones por ambos

delitos.

Posteriormente, el Ministerio Público presentó una

moción al amparo de la Regla 404(b) de Evidencia, 32 LPRA

Ap. VI, en la que le solicitó al tribunal admitir en

evidencia la prueba relacionada a un segundo robo también

imputado el señor Serrano Morales, ventilándose

simultáneamente en otra Sala del mismo tribunal. La prueba

consistía tanto del testimonio de la víctima en ese segundo

robo, como de los agentes investigadores, al igual que

cualquier evidencia relacionada con tales testimonios.

Entiéndase, pretendía presentar prácticamente la totalidad CC-2016-983 4

de la prueba de ese otro caso. Según el Ministerio Público,

el segundo robo en cuestión ocurrió alrededor de 30 minutos

después que ocurrieron los hechos que se ventilan en este

juicio y componían “acciones concertadas en común como parte

de un plan”. (Énfasis suplido).53 Arguyó el Ministerio

Público que el propósito de presentar esa prueba era

establecer la identificación del señor Serrano Morales

mediante actos o delitos que presentan el mismo modus

operandi.54 Asimismo, el Ministerio Público negó que su

intención respondiera a conducir al juzgador a inferir

propensión del acusado a incurrir en una conducta en

particular. En oposición, el señor Serrano Morales argumentó

que la Regla 404 de Evidencia prohíbe traer prueba de otro

53Mociónal amparo de la Regla 404(b) de las de Evidencia, pág. 2. 54Ensu moción, el Ministerio alegó que “ambos robos fueron llevados a cabo de la misma manera . . . ya que el alegado asaltante de ambos robos . . . llegó en la misma guagua Rodeo color vino”, también “acompañado por otro individuo” quien permanecía en el volante de la guagua mientras el asaltante se bajaba por el lado del pasajero y “apunta a su víctima con un rifle (arma larga) color negro y verde (camuflaje)”. Continúo el Ministerio Público alegando que en ambos robos el asaltante es descrito con tez trigueña, que vestía con gorra de camuflaje, pantalón largo, camisa negra y un pañuelo en la cara. CC-2016-983 5

caso y que la excepción contenida en el inciso (b) de la

citada Regla solo permite, bajo las presentes

circunstancias, traer prueba de otros casos criminales en

los que la persona haya sido declarada culpable.

El Tribunal de Primera Instancia, luego de escuchar

las argumentaciones de las partes, declaró no ha lugar en

corte abierta la moción presentada por el Ministerio

Público. Dispuso que admitir evidencia de un asunto que se

estaba ventilando en otra Sala tendría el efecto de resolver

el asunto y la cuestión última que le correspondía a esa

otra Sala resolver. Resaltó que permitir la admisibilidad

de la evidencia en controversia en esos momentos implicaba

acabar con la presunción de inocencia del acusado en cuanto

a ese otro juicio. Por ello, concluyó que la prueba que

pretendía traer el Ministerio Público no constituía, al

atribuible al imputado que fuese admitida en virtud de la

Regla 404(b) de Evidencia, supra.

Inconforme con la decisión, el Estado recurrió en

certiorari al Tribunal de Apelaciones arguyendo que el foro

de instancia erró al interpretar como inadmisible bajo la CC-2016-983 6

Regla 404(b), supra, la evidencia hasta que no recayera un

fallo de culpabilidad en el otro caso. Por su parte, el

Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen del Tribunal

de Primera Instancia. Para el foro apelativo intermedio, no

es procedente en Derecho presentar prueba de otro pleito

judicial inconcluso por la alegada comisión de un acto

criminal distinto al que se le está imputando y sin éste

haber sido probado más allá de duda razonable en ese otro

pleito. Determinó el Tribunal de Apelaciones que, para que

proceda en Derecho la admisión de esa evidencia de conducta

específica, ésta tenía que ser probada bajo el quantum de

prueba de un caso criminal (más allá de duda razonable),

acorde “con el principio cardinal de la presunción de

inocencia”.55

Así las cosas, el Estado recurrió, vía certiorari, a

este Tribunal y señaló como único error que se denegara su

solicitud al amparo de la Regla 404(b) de Evidencia, supra.

En su escrito, argumentó, a modo de síntesis, que la Regla

404(b) de Evidencia, supra, es equivalente a la Regla 404(b)

55Sentencia del Tribunal de Apelaciones, pág. 7. CC-2016-983 7

de las Reglas de Evidencia Federal, Fed. R. Evid. 404(b), y

que, por tanto, su interpretación debía tomar en cuenta la

interpretación dada a esta última por el Tribunal Supremo

de los Estados Unidos. A base de ello, señaló que en

Huddleston v. U.S., 485 US 681 (1988), el Tribunal Supremo

federal determinó que, para que el juez admita prueba de

conducta específica por actos distintos al imputado bajo la

excepción de la Regla 404(b), supra, no es necesario que el

juez determine que la conducta en cuestión ocurrió, sino

que bastaba estimar que había base suficiente para que un

jurado razonablemente estimara que así fue. Por tanto,

aplicando ese análisis, bajo la Regla 404(b) de las Reglas

de Evidencia, supra, el Estado indicó que lo único que se

requeriría era que el juez examinara la evidencia y

decidiera si un jurado razonablemente la creería. Además,

arguyó que en Dowling v. U.S., 493 US 342 (1990), el Tribunal

Supremo federal determinó que la absolución de la persona

por la conducta que se pretende traer en otro proceso no

constituye impedimento para su admisibilidad. Determinó

que, bajo la Constitución federal, la admisión de tal

evidencia no viola la cláusula contra la doble exposición CC-2016-983 8

ni la cláusula que garantiza el debido proceso de ley.

Adicional, arguyó que en ese caso también la evidencia que

se pretendía traer era para fortalecer la identificación

del imputado. Así, sostiene que el Tribunal de Apelaciones

erró al interpretar que bajo la Regla 404(b), supra, la

admisión de esta prueba requiere que se satisfaga un quantum

de prueba más allá de duda razonable.

Por su parte, el señor Serrano Morales argumentó que

existe una distinción entre la regla federal y la regla

estatal en cuanto al uso del término “comisión de delito”.

Según su argumento, la regla federal no exige una convicción

previa por hechos delictivos distintos a los imputados

cuando se pretenden traer como prueba de conducta

específica. Según el señor Serrano Morales, nuestra regla,

por su lenguaje, requiere una convicción previa en la que

se haya demostrado la culpabilidad más allá de duda

razonable. Consideró que solo se debe admitir la prueba, en

tanto y en cuanto, exista una convicción donde se haya

probado la ocurrencia de los hechos extrínsecos al caso más

allá de duda razonable. Cónsono con su teoría, permitir los CC-2016-983 9

testimonios en controversia tendría el efecto de litigar un

asunto que no le corresponde al procedimiento en cuestión.

Luego de expedido el recurso y estando pendiente de

adjudicación, el señor Serrano Morales presentó ante este

Tribunal una moción informativa en la que avisaba sobre la

finalización de los procesos en el segundo juicio, caso que

se estaba ventilando simultáneamente en otra Sala del mismo

tribunal. En ese caso, el señor Serrano Morales fue

declarado no culpable, por lo que resultó absuelto de los

cargos allí imputados.56

En síntesis, la controversia que llegó originalmente a

este Tribunal fue si la admisión de evidencia de conducta

específica por alegados actos delictivos extrínsecos al

delito imputado para propósitos distintos a establecer

propensión bajo la Regla 404(b) de Evidencia, supra,

56Tras la celebración del juicio en su fondo, el Tribunal de Primera Instancia (Hon. Marta Rosario Santana) dictó su sentencia de la siguiente manera:

Examinada la prueba, el Tribunal declara a dicho acusado NO CULPABLE de los cargos de epígrafe y lo absuelve decretando la cancelación y/o devolución de la fianza, si hubiere sido presentada. (Énfasis en el original). CC-2016-983 10

requería una convicción previa sobre esos actos. Esto es,

si para poder traer esa evidencia, es necesario que esa

conducta primero se haya probado bajo un quantum de prueba

más allá de duda razonable en el otro juicio.

Nótese que, tomando en cuenta los últimos

acontecimientos del caso, resulta necesario que este

Tribunal también determine si, luego de que recayera un

dictamen de absolución sobre la conducta específica que se

pretende traer en evidencia, esta es admisible a la luz de

las garantías mínimas reconocidas bajo la Constitución de

Estados Unidos y la Constitución de Puerto Rico.

La Constitución de Puerto Rico reconoce la protección

contra la doble exposición al expresar que “[n]adie será

puesto en riesgo de ser castigado dos veces por el mismo

delito”. Art. II, Sec. 11, Const. ELA, LPRA, Tomo 1. Esta

disposición también forma parte de los derechos conferidos

por la Constitución de Estados Unidos. A esos efectos, la

Quinta Enmienda de la Constitución federal dispone: “nor CC-2016-983 11

shall any person be subject for the same offense to be twice

put in jeopardy of life or limb . . .”. Enmda. V, Const.

EE.UU., LPRA, Tomo 1. La protección bajo la Constitución

federal, reconocida como un derecho fundamental, aplica a

los estados y a Puerto Rico a través de la cláusula del

debido proceso de ley de la Decimocuarta Enmienda de la

Constitución de los Estados Unidos. Pueblo v. Torres

Irizarry, 199 DPR 11 (2017); Lugo v. Tribunal Superior, 99

DPR 244 (1970); Benton v. Maryland, 395 US 784 (1969).

Asimismo, la protección está reconocida en nuestro

ordenamiento jurídico a nivel estatutario. Véase, Regla

64(e) de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II.

La cláusula contra la doble exposición busca “evitar

que el Estado, con todos sus recursos y poderes, abuse de

su autoridad y hostigue a un ciudadano con múltiples

procedimientos intentando conseguir su convicción por la

comisión de una misma conducta delictiva”. Pueblo v.

Santiago, 160 DPR 618, 627 (2003). También evita que el

Estado tenga una segunda oportunidad para presentar prueba

y tome ventaja sobre lo aprendido en el primer juicio en

cuanto a las fortalezas del caso de la defensa y las CC-2016-983 12

debilidades de su propio caso. Íd., pág. 628. Véase, Pueblo

v. Martínez Torres, 126 DPR 561, 568 (1990); Plard Fagundo

v. Tribunal Superior, 101 DPR 444, 448 (1973); United States

v. DiFrancesco, 449 US 117, 128 (1980); Green v. United

States, 355 US 184, 187–88 (1957).

Para poder invocar la protección de la cláusula

constitucional contra la doble exposición se tienen que

cumplir con los siguientes requisitos: (1) que el

procedimiento o la sanción a la que esté sujeto el ciudadano

sean de naturaleza criminal o conllevar el estigma o

privación de libertad o propiedad; (2) que el juicio se haya

iniciado o celebrado, que se efectúe bajo un pliego

acusatorio válido y en un tribunal con jurisdicción, y (3)

la existencia de un segundo proceso en el cual se pretenda

procesar al acusado por la misma conducta delictiva por la

cual ya fue convicto, absuelto o expuesto. Pueblo v. Sánchez

Valle et al., 192 DPR 594, 602-603 (2015); Pueblo v.

Santiago, supra, págs. 628-629. En cuanto al segundo

requisito, en Pueblo v. Martínez Torres, supra, pág. 568,

el Tribunal expuso que “[b]asta con que el juicio haya

comenzado, o sea, que la persona quede expuesta”. A estos CC-2016-983 13

efectos, el Tribunal expresó, citando a la profesora Dora

Nevares Muñiz, que “[e]n casos por jurado, el juicio

comienza al tomársele el juramento definitivo [al jurado]

para oficiar en la causa; en casos por tribunal de derecho,

al tomársele el juramento al primer testigo”. Íd.

La garantía constitucional contra la doble exposición

protege al ciudadano contra: (1) ulterior exposición tras

absolución por la misma ofensa; (2) ulterior exposición tras

convicción por la misma ofensa; (3) ulterior exposición tras

exposición anterior por la misma ofensa, y (4) castigos

múltiples por la misma ofensa. Pueblo v. Santiago, supra,

pág. 628.

Más allá de las acepciones antes mencionadas, se ha

reconocido como una extensión de tal protección

constitucional la doctrina de impedimento colateral. El

Tribunal Supremo federal incorporó la doctrina de

impedimento colateral bajo la garantía constitucional

contra la doble exposición en Ashe v. Swenson, 397 US 436

(1970). Al definir lo que implica “collateral estoppel”

indicó: “[i]t means simply that when an issue of ultimate

fact has once been determined by a valid and final judgment, CC-2016-983 14

that issue cannot again be litigated between the same

parties in any future lawsuit”. Íd., pág. 443. De ese modo,

aplicó la doctrina de impedimento colateral en el contexto

de la protección contra exposiciones ulteriores tras un

veredicto de absolución. Allí, se aplicó a dos procesos

judiciales consecutivos relacionados a una misma relación

de hechos.57

El Tribunal Supremo federal determinó que, mediada una

absolución sobre un asunto de cuestión última, en ese caso

la identificación, el asunto no puede volver a litigarse en

un juicio criminal posterior. No obstante, añadió el

Tribunal que la doctrina tiene que aplicarse en un contexto

realista y racional. A base de ello, delineó la manera en

57En Ashe v. Swenson, 397 US 436 (1970), se había acusado

a un individuo de perpetuar un robo a mano armada a seis jugadores de póker, además de haber robado un vehículo. En un primer juicio, los testigos tuvieron problemas al identificar al acusado, por lo que resultó absuelto por insuficiencia de evidencia. El individuo fue acusado nuevamente, esta vez por el robo a otro de los jugadores de póker. En el segundo juicio, se pretendía traer el testimonio de los mismos testigos que testificaron en el primer caso, con la diferencia que en esta ocasión los testigos brindaron detalles que no trajeron en el primer juicio. El acusado obtuvo un veredicto de culpabilidad en el segundo juicio. CC-2016-983 15

que los tribunales deberán hacer esa determinación en

relación al pleito judicial anterior. Específicamente,

expresó:

Where a previous judgment of acquittal was based upon a general verdict, as is usually the case, this approach requires a court to ‘examine the record of a prior proceeding, taking into account the pleadings, evidence, charge, and other relevant matter, and conclude whether a rational jury could have grounded its verdict upon an issue other than that which the defendant seeks to foreclose from consideration’. The inquiry must be set in a practical frame and viewed with an eye to all the circumstances of the proceedings. Any test more technically restrictive would, of course, simply amount to a rejection of the rule of collateral estoppel in criminal proceedings, at least in every case where the first judgment was based upon a general verdict of acquittal. (Énfasis suplido) Ashe v. Swenson, supra, pág. 444 (citas omitidas).

A ello, añadió:

The question is not whether Missouri could validly charge the petitioner with six separate offenses for the robbery of the six poker players. It is not whether he could have received a total of six punishments if he had been convicted in a single trial of robbing the six victims. It is simply whether, after a jury determined by its verdict that the petitioner was not one of the robbers, the State could CC-2016-983 16

constitutionally hale him before a new jury to litigate that issue again. Íd., pág. 446.58

Existe un principio fundamental de que todo acusado o

demandado sea juzgado por los hechos que se le imputan y no

por su carácter o conducta pasada. E.L. Chiesa Aponte,

Reglas de Evidencia Comentadas, 1ra ed., San Juan, Ed.

Situm, 2016, pág. 83. De esa manera, como norma general, la

Regla 404(b) de Evidencia, supra, ordena la exclusión de

prueba de mala conducta distinta a la imputada cuando se

pretende traer con el fin de probar la propensión del

acusado a incurrir en cierta conducta y de ahí inferir que

éste actuó conforme a la conducta imputada. Íd., pág. 96.

En cuanto a ello, la Regla 404(b) de Evidencia, supra,

dispone:

Evidencia de conducta específica, incluyendo la comisión de otros delitos, daño civil u otros actos, no es admisible para probar la propensión a incurrir en ese tipo de conducta y con el propósito de inferir que se actuó de conformidad con tal propensión. Sin

58EnPuerto Rico también se ha adoptado el impedimento colateral en los casos criminales. Pueblo v. Ortiz Marrero, 106 DPR 140 (1977). CC-2016-983 17

embargo, evidencia de tal conducta es admisible si es pertinente para otros propósitos, tales como prueba de motivo, oportunidad, intención, preparación, plan, conocimiento, identidad, ausencia de error o accidente o para establecer o refutar una defensa. (Énfasis suplido).

Según citado, la regla permite que se admita evidencia

de conducta específica distinta a la imputada cuando se

ofrece con otros fines legítimos diferentes a establecer

propensión. Entre estas excepciones, la regla acepta que se

admita evidencia de conducta específica a los fines de

establecer la identidad del acusado. Esto es, podría

admitirse evidencia de actos anteriores distintivos del

acusado que permitan inferir, por la similitud entre esos

actos, que se trata de la misma persona. Chiesa Aponte, op.

cit., págs. 99-100. También, entre las excepciones

expresadas en la regla, se podría permitir traer evidencia

de conducta que constituya preparación o plan para cometer

el delito imputado.

Ahora bien, el examen de este tipo de prueba debe ser

cauteloso, pues puede ser perjudicial al acusado si el

juzgador de hechos no distingue su finalidad. Por ello, la

Regla 403 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, resulta fundamental, CC-2016-983 18

“ya que se debe impedir a toda costa que el jurado . . .

realice inferencias perjudiciales basadas en alguna

supuesta predisposición de la persona acusada a cometer

delitos”. R. Emmanuelli Jiménez, Prontuario de Derecho

Probatorio Puertorriqueño, 4ta ed., San Juan, Ed. Situm,

2015, pág. 215.

A los efectos de la Regla 403 de Evidencia, supra, el

Tribunal, a discreción suya, puede optar por excluir

evidencia pertinente cuando su valor probatorio queda

sustancialmente superado por alguno de los cinco valores

negativos que alude la regla. Chiesa Aponte, op. cit., pág.

75. Específicamente, la Regla 403, supra, establece:

Evidencia pertinente puede ser excluida cuando su valor probatorio queda sustancialmente superado por cualesquiera de estos factores:

(a) Riesgo de causar perjuicio indebido. (b) Riesgo de causar confusión. (c) Riesgo de causar desorientación del jurado. (d) Dilación indebida de los procedimientos. (e) Innecesaria presentación de prueba acumulativa. CC-2016-983 19

A esos efectos, es necesario que las excepciones

permitidas bajo la Regla 404(b), supra, se analicen tomando

en consideración el perjuicio indebido que la admisión de

dicha evidencia pudiera ocasionar sobre el proceso judicial

que se lleva en contra del acusado. De determinar el juez

del foro de instancia que el valor probatorio de la

evidencia queda sustancialmente superado por alguno de los

cinco valores negativos expresados en la Regla 403, supra,

el juez debe excluirla.

Debido a que nuestra Regla 404(b), supra, está basada

en la Regla 404(b) de las Reglas de Evidencia Federales,

entiendo pertinente incluir a este análisis, a modo

comparativo y limitado al asunto en controversia, las

interpretaciones que el Tribunal Supremo federal ha

expresado sobre dicha regla.

La Regla 404(b) de las Reglas de Evidencia Federales,

Fed. R. Evid. 404(b), lee:

(b) CRIMES, WRONGS, OR OTHER ACTS. CC-2016-983 20

(1) Prohibited Uses. Evidence of a crime, wrong, or other act is not admissible to prove a person’s character in order to show that on a particular occasion the person acted in accordance with the character.

(2) Permitted Uses; Notice in a Criminal Case. This evidence may be admissible for another purpose, such as proving motive, opportunity, intent, preparation, plan, knowledge, identity, absence of mistake, or lack of accident. On request by a defendant in a criminal case, the prosecutor must:

(A)provide reasonable notice of the general nature of any such evidence that the prosecutor intends to offer at trial; and

(B)do so before trial--or during trial if the court, for good cause, excuses lack of pretrial notice.

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha

determinado el alcance de esta regla federal, ante la

controversia que nos ocupa, de la siguiente manera. En

Huddleston v. U.S., supra, un individuo fue acusado en el

foro federal por posesión y venta de bienes robados en el

comercio interestatal. El acusado adujo que no conocía la

procedencia ilegítima de los bienes. La fiscalía, mediante

la Regla 404(b) federal, supra, pretendía traer evidencia

de actos similares en los que el acusado también había CC-2016-983 21

tratado de vender mercancía robada de la misma manera en

que lo hizo con los hechos que se le acusaban.59 El propósito

de presentar esta prueba era mostrar que el acusado,

contrario a lo que adujo, conocía que la mercancía vendida

era robada.

En ese caso, el Tribunal Supremo federal estableció

que el juez debe determinar si la evidencia presentada bajo

las excepciones de la Regla 404(b) federal, supra, se trae

para probar un asunto material probativo distinto al

carácter del acusado, y si éste estima que un jurado

razonablemente podría creer que tal conducta ocurrió. Es

decir, rechazó que el proponente de la prueba tuviese que

demostrar más allá de duda razonable o por preponderancia

de la prueba que el acto previo se llevó a cabo. En esta

determinación, el juez no aquilata credibilidad, sino que

se basa en un asunto de razonabilidad. Una vez determinado

por el juez que un jurado razonablemente podría determinar

que es probable que la conducta presentada sí ocurrió, le

toca al jurado determinar si entiende probada o no la

59Dela Opinión no se desprende si el acusado había sido imputado por estos actos en otro proceso criminal. CC-2016-983 22

conducta a la que hace referencia la evidencia. Adviértase

que el Tribunal llega a esa conclusión interpretando

exclusivamente la regla y no hace un análisis constitucional

sobre el asunto.

Ahora bien, en Dowling v. U.S., supra, el Tribunal

Supremo federal tuvo la oportunidad de analizar la

interacción entre el asunto evidenciario de la Regla 404(b)

de Evidencia, supra, con el asunto constitucional de la

doble exposición y su vertiente de la doctrina de

impedimento colateral. Así, determinó que la admisión de

evidencia de conducta específica bajo las excepciones de la

Regla 404(b) de las Reglas de Evidencia Federal, supra, no

viola la cláusula de doble exposición ni de debido proceso

de ley de la Constitución federal, aun cuando, en un proceso

criminal previo, el acusado haya sido absuelto de esa

conducta que se pretende traer. En este caso, se acusaba a

un individuo de haber robado un banco. Allí, se pretendía

traer como evidencia el testimonio de una señora que, en un

alegado altercado posterior en su casa y separado de los

hechos del caso en cuestión, logró desenmascarar al intruso, CC-2016-983 23

persona que ella identificó como el acusado. Esa testigo ya

había declarado en un procedimiento criminal anterior

instado contra el acusado, procedimiento del cual fue

absuelto.

Ante ese cuadro, el Tribunal sostuvo que la evidencia

era admisible bajo la Regla 404(b) federal, supra, puesto

que se pretendía traer para fortalecer la identificación

del acusado basándose en la identificación del primer

pleito. Para el Tribunal, la admisión de la evidencia en

esas circunstancias no constituye una violación a la

doctrina de impedimento colateral de la cláusula de doble

exposición. El razonamiento del Tribunal en Dowling v. U.S.,

supra, sobre el particular se basa en que: (1) la doctrina

de impedimento colateral en casos criminales, según

establecida en Ashe v. Swenson, supra, requiere que un

jurado haya tomado la determinación de absolución sobre un

asunto de cuestión última; (2) la prueba sometida bajo la

Regla 404(b), supra, según Huddleston v. U.S., supra, se

aceptaría requiriendo únicamente que el juez determine si

un jurado razonablemente pudiera concluir que el acto

ocurrió y que el acusado fue el actor, y (3) una absolución CC-2016-983 24

en un procedimiento criminal no priva al Gobierno de volver

a litigar un asunto en otro proceso bajo un estándar de

prueba menor.60 Se razonó que la conducta que se pretendía

traer del primer juicio donde surgió la absolución no

constituía una cuestión última (ultimate issue) a ser

probada en el segundo pleito. También resolvió que el peso

de probar que la determinación de absolución recayó sobre

ese asunto en particular en el otro procedimiento criminal

es del acusado.61 Aun así, la Corte Suprema aplicó lo

anterior y concluyó que la absolución en el primer juicio

no estuvo basada en la identificación del allí acusado,

motivo por la que tal prueba se permitió en el segundo

juicio en virtud de la Regla 404(b), supra.62

60Véase, U.S. v. One Assortment of 89 Firearms, 465 US 354 (1984) (no viola la doctrina de impedimento colateral llevar un proceso civil contra una persona que salió absuelta por los mismos hechos en un caso criminal, puesto que el quantum de prueba requerido en un proceso civil es menor que en uno criminal). 61En Dowling v. U.S., 493 US 342 (1992), el Tribunal determinó que el acusado no había probado que el veredicto de absolución en el proceso anterior se había basado en su identificación. Según el Tribunal, el acusado no podía invocar impedimento colateral por sentencia, puesto que no había probado que un tribunal ya había llegado a una determinación sobre ese asunto en particular. 62(“As the record stands, there is nothing at all that

persuasively indicates that the question of identity was at CC-2016-983 25

A pesar de que Dowling v. U.S., supra, resuelve una

controversia similar a la presente, la Mayoría de este

Tribunal no debió aplicarlo automáticamente sin hacer,

precisamente, lo que hizo el Tribunal Supremo federal, a

saber: analizar integralmente el Derecho Probatorio con el

Derecho Constitucional aplicable, dentro de su marco

jurisdiccional. Es por ello que disiento en parte de la

ponencia mayoritaria porque debimos analizar el contenido

mínimo federal, a la luz de las normas constitucionales

aplicables al marco jurisdiccional estatal. De hecho, ese

fue el ejercicio interpretativo que correctamente han

realizado múltiples foros estatales que poseen garantías

adicionales al marco federal y que han rechazado adoptar lo

establecido en Dowling v. U.S., supra, a base de la

interpretación de su estado de derecho. Por tanto, el citado

caso no obliga automáticamente a Puerto Rico en cuanto

podríamos reconocer garantías adicionales bajo la Carta de

issue and was determined in Dowling's favor at the prior trial; at oral argument, Dowling conceded as much”). Íd., pág. 674. CC-2016-983 26

Derechos de nuestra Constitución. (Énfasis suplido). Chiesa

Aponte, op cit., págs. 102-103.63 Además, Huddleston v. U.S.,

supra, se limita a interpretar reglas federales, por lo que

su análisis tampoco obliga a los Estados ni a Puerto Rico.

Íd., pág. 102.

Es norma reiterada en nuestro ordenamiento jurídico

jurisdicción, también se adopta la interpretación y el

alcance que se le ha dado en ese lugar de origen. UPR v.

Asoc. Pur. Profs. Universitarios, 136 DPR 335, 369 (1994).

63El Prof. Ernesto Chiesa reconoce que en Puerto Rico la protección contra la doble exposición es mayor que la ofrecida en la Constitución federal, como mínimo en las dimensiones del concurso de delitos y la disolución del jurado por la imposibilidad de llegar a un veredicto. E.L. Chiesa, Los derechos de los acusados y la factura más ancha, 65 Rev. Jur. UPR 83 (1996). Pertinente a la controversia ante nos, en nuestro ordenamiento jurídico se ha incorporado la figura del concurso de delitos, en sus diversas vertientes, como una protección adicional a la garantía constitucional contra la doble exposición. Arts. 71 y 72 del Código Penal, 33 LPRA secs. 5104 y 5105; Pueblo v. Santiago Pérez, 160 DPR 618, 630 (2003); González Zayas v. Tribunal, 100 DPR 136, 139-140 (1971). Al interpretar el alcance de esta protección, hemos expresado que “[l]a misma resulta más beneficiosa para el ciudadano que la garantía constitucional” porque expande el ámbito de protección a “un mismo acto u omisión”, distinto al requisito de “un mismo delito u ofensa” constitucionalmente exigido. Pueblo v. Santiago Pérez, supra, págs. 630-631. CC-2016-983 27

No obstante, también es igualmente cierto que los tribunales

estatales están llamados a interpretar el derecho local bajo

el crisol de sus propias constituciones locales, siempre y

cuando, sea para reconocer los mismos o más derechos de los

reconocidos por provisiones similares en la Constitución

federal. Arizona v. Evans, 514 US 1 (1995); Pueblo v. Dolce,

105 DPR 422 (1976).

A esos efectos, nuestra Regla 404(b) de Evidencia,

supra, es casi idéntica a la misma en la versión federal,

por lo que la jurisprudencia federal podría resultarnos muy

persuasiva. Ahora bien, la aplicación de la Regla 404(b),

supra, sobre conducta específica relacionada a otro proceso

penal puede incidir sobre protecciones constitucionales. En

consecuencia, las interpretaciones dadas por el Tribunal

federal en Huddleston v. U.S., supra, y Dowling v. U.S.,

supra, no pueden ser aplicadas de manera automática en

nuestra jurisdicción y mucho menos estamos obligados a

adoptarlas. Debe tomarse en consideración su interacción

con las garantías reconocidas en nuestra Constitución.

Veamos. CC-2016-983 28

En Dowling v. U.S., supra, se rechazó extender el

esquema de Ashe v. Swenson, supra, a situaciones

evidenciarias en las que el hecho adjudicado se pretende

traer como evidencia de conducta específica para otra

ofensa. Es por ello, que el Juez Brennan en su disidente, a

la que se unieron los Jueces Marshall y Stevens, indicó que

“[t]hus, I would extend the collateral-estoppel doctrine to

preclude the Government from introducing evidence which

relies on facts previously determined in the defendant's

favor by an acquittal”. Ello, por entender que era lo más

cónsono con el propósito mismo del impedimento colateral.

Relacionado con ello, la disidencia destacó que el acusado

se ve forzado a defenderse por segunda ocasión sobre un

asunto ya adjudicado y que ello no va a la par con la

protección a la doble exposición.

Principalmente por entender que Dowling v. U.S., supra,

limita injustificadamente lo reconocido en Ashe v. Swenson,

supra, y que no es acorde con las garantías bajo su estado

de derecho, distintos foros máximos estatales han optado

por no aplicar automáticamente Dowling v. U.S., supra, en

sus jurisdicciones. Véase, Com. v. Dorazio, 37 N.E. 3d 566 CC-2016-983 29

(2015) (Massachusetts)64; State v. Mundon, 292 P.3d 205

(2012) (Hawaii)65; State v. Scott, 413 S.E.2d 787 (1992)

(North Carolina)66.

Según he mencionado, en Dowling v. U.S., supra, se

limitó la norma establecida en Ashe v. Swenson, supra, al

distinguir la prueba que se pretende traer en virtud de la

Regla 404(b) de Evidencia, supra. A tales efectos, ese Foro

razonó que la absolución en un proceso criminal anterior no

determinaba un “ultimate issue” en relación a una cuestión

64(“Weagree with Justice Brennan that the majority in Dowling does precisely what the Supreme Court in Ashe admonished, employing a hypertechnical application of the collateral estoppel doctrine. We add that such an approach offends the principles of the presumption of innocence, the significance of being treated ‘legally innocent’ that results when the prosecution fails to prove a defendant guilty beyond a reasonable doubt, and notions of fairness and finality.”). 65(“Ashe and the dissenters’ view in Dowling are thus more faithful than the majority’s position in Dowling to the principles of the presumption of innocence, the burden of proof beyond a reasonable doubt and the efficacy of an acquittal.”). 66(“Weconcluded that evidence that defendant committed a prior alleged offense for which he has been tried and acquitted may not be admitted in a subsequent trial for a different offense when its probative value depends, as it did here, upon the proposition that defendant in fact committed the prior crime.”). CC-2016-983 30

evidenciaria en un proceso posterior sobre otros hechos.67

Aun así, el Tribunal Supremo federal aplicó el análisis de

Ashe v. Swenson, supra, en cuanto consideró el expediente

del primer juicio del señor Dowling y concluyó que el asunto

de la identificación no fue una cuestión última en el primer

juicio. A pesar de que la Corte Suprema federal parecería

haber descartado el análisis de Ashe en cuanto a un asunto

evidenciario por considerar que no aplica el impedimento

colateral, recurrió a tal análisis en su Opinión. Ello, para

asegurarse que no se tratara de un asunto previamente

adjudicado. Eso nos deja la duda de qué hubiera resuelto el

Tribunal Supremo de los Estados Unidos si, en efecto, el

asunto de la identificación hubiese sido la base de la

absolución anterior. Por ello, sostengo que el análisis de

Ashe v. Swenson, supra, en referencia al examen del

expediente del caso penal anterior no podemos descartarlo

67“[U]nlike the situation in, the prior acquittal did not determine an ultimate issue in the present case. This much Dowling concedes, and we decline to extend Ashe v. Swenson and the collateral-estoppel component of the Double Jeopardy Clause to exclude in all circumstances, as Dowling would have it, relevant and probative evidence that is otherwise admissible under the Rules of Evidence simply because it relates to alleged criminal conduct for which a defendant has been acquitted”. Dowling v. U.S., supra, pág. 348. CC-2016-983 31

sin más. Esencialmente, porque hay asuntos que inciden sobre

derechos constitucionales a favor del acusado.

Además, Dowling, supra, adoptó lo resuelto en

Huddleston, supra, sin distinguir que allí no mediaba un

fallo de absolución previo, por lo que no se hizo mención

de disposición constitucional alguna, pues está resuelto

exclusivamente bajo el alcance de las Reglas de Evidencia

Federal. En otras palabras, el estándar más laxo de

Huddleston, supra, se hizo en otro contexto. Entiendo que

el panorama es distinto cuando la evidencia que se pretende

traer tiene algún roce con una protección constitucional.

Por otra parte, Dowling, supra, basó su razonamiento

en que el impedimento colateral no aplica en los casos

civiles ante una absolución previa en el foro criminal,

según se aplica en los casos de confiscación, pues el

estándar de prueba es menor. De ese modo, el Tribunal

Supremo federal razonó que, al ser el estándar de prueba en

las cuestiones evidenciarias menor al requerido para

demostrar la culpabilidad de un acusado, no aplicaba el

impedimento colateral. Sin embargo, la interpretación dada

por este Tribunal al impedimento colateral en los casos de CC-2016-983 32

confiscación es diametralmente distinta. Aquí ha

prevalecido la postura de que la absolución en un proceso

penal constituye un impedimento colateral en el proceso

civil de confiscación. Véase, Santini Casiano v. ELA, 199

DPR 389 (2017) (Sentencia); Mapfre v. ELA, 198 DPR 88 (2017)

(Sentencia); Coop. Seg. Mult. v. ELA, 180 DPR 655 (2011);

Ford Motor v. ELA, 174 DPR 735 (2008); Suarez v. ELA, 162

DPR 43 (2004); Del Toro Lugo v. ELA, 136 DPR 973 (1994);

Carlo v. Srio. de Justicia, 107 DPR 356 (1978).

Por ello, aunque el estándar de la Regla 404(b) es

menor por ser un asunto evidenciario, no podemos obviar que,

en la controversia de autos, la prueba que se pretende

presentar de un proceso penal anterior será utilizada en

otro proceso penal contra el mismo acusado. Es decir,

estamos ante dos procesos, ambos en el contexto penal. En

esta circunstancia, el acusado tiene unas protecciones

constitucionales, como lo sería la protección a la doble

exposición. Independientemente de la diferencia del quantum

de la prueba y que se traten de procesos judiciales con

hechos distintos, el acusado será juzgado más de una vez

por el mismo acto delictivo. CC-2016-983 33

Existe otro punto medular que me resulta preocupante y

que no es acorde con nuestra jurisdicción, a saber: la carga

probatoria que se le impone al acusado. En Dowling v. U.S.,

supra, al reconocer lo resuelto en Ashe v. Swenson, supra,

se determinó que el peso de probar que la determinación de

absolución recayó sobre ese asunto en particular en el otro

procedimiento criminal es del acusado. El Tribunal expresó

que eso no estaba en controversia puesto que el peticionario

no cuestionó ni presentó evidencia a los efectos de

demostrar que el jurado en el primer procedimiento tomó una

determinación basada en su identificación. A esos efectos,

el Juez Brennan expresó en su Opinión disidente:

The Court's summary conclusion that the defendant should bear the burden of proof when invoking the collateral-estoppel doctrine fails to serve the purposes of the doctrine and the Double Jeopardy Clause in general. Since the doctrine serves to protect defendants against governmental overreaching, the Government should bear the burden of proving that the issue it seeks to relitigate was not decided in the defendant’s favor by the prior acquittal. Dowling v. U.S., supra, pág. 357 (Brennan, J., Opinión disidente). CC-2016-983 34

Esta carga probatoria impuesta al acusado, no debe

tener apoyo en nuestra jurisdicción. Al presentar prueba de

conducta específica sobre delitos previos, el Estado es el

que tiene la carga probatoria de demostrar que cumple con

las excepciones de tal regla y con ello su admisibilidad.

Por tanto, el Estado es el que tiene la responsabilidad de

poner al tribunal en posición que la absolución anterior no

constituye un impedimento colateral en el pleito para el

cual se pretende utilizar como prueba de conducta

específica. Máxime, cuando están de por medio protecciones

constitucionales a favor del acusado frente al Estado y a

los cuales no ha renunciado.68

En el caso ante nosotros, el Ministerio Público

solicitó la admisión del testimonio de la víctima y dos

agentes investigadores de un alegado robo ocurrido treinta

minutos después del robo por el que se le acusa al señor

68En Pueblo v. Torres Irizarry, 199 DPR 11 (2017), se reconoció que una alegación preacordada no equivale a una renuncia al derecho a la doble exposición en la etapa apelativa. CC-2016-983 35

Serrano Morales. Según el Estado, se solicita la admisión

bajo las excepciones de la Regla 404(b) de Evidencia, supra,

con el propósito de establecer la identidad del acusado y

establecer conducta preparatoria (plan) conducente al

delito imputado. De ese modo, el Estado niega que el

propósito de presentar esa evidencia sea llevar al juzgador

a inferir propensión y que, por tanto, la admisión de ésta

es legítima y permisible. Para basar sus argumentos, expone

que la Regla 404(b) de Evidencia, supra, no exige prueba de

convicción previa. En ese aspecto en particular, no me queda

más que concluir que el Estado tiene la razón.

No hay nada en el lenguaje de la Regla 404(b) de

Evidencia, supra, que exija que la admisibilidad de

evidencia de conducta específica por una de sus excepciones

esté condicionada exclusivamente a que esta evidencia haya

pasado por un proceso judicial en el que se haya declarado

probado el hecho más allá de duda razonable. La expresión

en la regla “incluyendo la comisión” es importante, puesto

que, aún si concluyéramos que, por “comisión de otros

delitos, daño civil u otros actos”, la regla acarrea una

connotación de que debe haber un fallo de culpabilidad sobre CC-2016-983 36

estos actos, ésta se dispone de manera inclusiva y no

exclusiva. Esto es, se admitiría, bajo esas circunstancias,

prueba de conducta específica y de convicciones anteriores.

De ese modo, coincido con el resultado de la Opinión

mayoritaria en que la prueba de conducta específica de

delitos previamente cometidos y al amparo de la Regla 404(b)

de Evidencia, supra, no requiere una convicción previa. Es

decir, que el Estado puede presentar prueba de actos

delictivos bajo la excepción de la Regla 404(b), supra, sin

que tales actos sean previamente sometidos a un proceso

penal con un resultado de culpabilidad.

Ahora bien, si el resultado del proceso penal previo

es de absolución, hay que reconocer garantías

constitucionales que no pueden ser obviadas, como la

protección a la doble exposición que cobija a todos los

acusados, incluyendo la vertiente del impedimento

colateral. Es por ello que discrepo de la postura de la

Mayoría en cuanto a no reconocer la aplicación de la

doctrina de impedimento colateral, como corolario de la

protección contra la doble exposición, a las circunstancias

del caso de autos. No estamos ante un asunto meramente CC-2016-983 37

evidenciario, sino que se activan protecciones

constitucionales, incluidas también el debido proceso de

ley; un juicio justo e imparcial y la presunción de

inocencia.

A mi juicio, la doctrina de impedimento colateral

pudiera aplicar si el hecho que se pretende presentar como

evidencia de conducta específica fue sujeto a un fallo de

absolución previo. Particularmente, si la absolución estuvo

basada en el hecho que se pretende traer como prueba de

conducta específica en un próximo juicio penal contra el

mismo acusado. Aunque propiamente el acusado no estaría

expuesto a ser castigado dos veces por el mismo delito, en

una extensión de tal protección, debemos reconocer que al

presentarse prueba de conducta específica sobre delitos

previos con un resultado de absolución, el acusado está

sujeto a ser doblemente juzgado. Además, la prueba de

conducta específica sobre tales hechos delictivos previos

incidirá en el encausamiento del acusado, ya sea para

efectos de la identificación, plan, motivación o

cualesquiera de las excepciones reconocidas en la Regla

404(b) de Evidencia, supra. Consecuentemente, aun cuando un CC-2016-983 38

juzgador previo determinó que ese hecho no fue probado, se

le brinda la oportunidad al Ministerio Público de volver a

relitigar el asunto y, con ello, el acusado sea forzado a

defenderse nuevamente. Bajo este escenario, el acusado

estaría expuesto a defenderse en una segunda ocasión por

unos hechos previamente dilucidados en otro pleito criminal.

Este peligroso razonamiento trae como resultado que el

Estado tenga la enorme ventaja de relitigar casos perdidos,

como ocurre en el caso ante nuestra consideración.

Distinto a Dowling, supra, donde se permitió un testigo

de un caso previo, en el caso del señor Serrano Morales, el

Ministerio Público pretende traer la totalidad de la prueba

del caso previo para intentar probar el mismo propósito.

Sobre ese particular, el Tribunal Supremo federal en Ashe

criticó el que se tratara el primer juicio como práctica

preparativa para la segunda acusación. En ese caso, el

Tribunal concluyó que eso es exactamente lo que la garantía

constitucional prohíbe. A todas luces, estamos ante ese

cuadro.

Aunque en Ashe se trataba de una misma relación de

hechos, procede aplicarlo a la controversia de autos, a CC-2016-983 39

tenor con las dimensiones reconocidas jurisprudencialmente

de esa garantía. De ese modo, el Ministerio Público pretende

que el acusado relitigue asuntos previamente adjudicados,

violando así la esencia propia de la doctrina de impedimento

colateral.

Una vez determinado que el impedimento colateral

debería aplicar en esta controversia, me parece acertado,

según establecido en Ashe, que se evalúe el expediente del

caso anterior para determinar si el hecho que se pretende

relitigar fue previamente adjudicado a favor del acusado.

Ello, como un mínimo esfuerzo del Estado a los fines de

conservar la garantía constitucional reconocida a favor del

acusado y la cual no debemos desplazar solapadamente.

La Opinión mayoritaria aduce que no ve inconveniente

alguno en aplicar la interpretación del Tribunal en

Huddleston v. U.S., supra, requiriendo que, ante la

presentación de esta evidencia, el juez solo determine, bajo

un estándar de evidencia laxo, si un jurado razonablemente

podría creer que tal conducta ocurrió. Refuerza su argumento

expresando que esto es un asunto de credibilidad que le toca

adjudicar al jurado. Sin embargo, no le da peso a que en CC-2016-983 40

Huddleston v. U.S., supra, el Alto Foro federal no tuvo que

aplicar ese estándar ante un escenario donde lo que se

sopesaba era el impacto que podría tener en las protecciones

constitucionales del acusado y donde tampoco se hacía

mención de que sobre esa evidencia de conducta que se

pretendía traer en el juicio había recaído antes un fallo

de absolución. Es decir, Huddleston no tiene las

implicaciones constitucionales presentes en el de autos, en

el que media un fallo previo de absolución relacionado con

la prueba de carácter que se pretende traer a un segundo

juicio. Por ello, no debemos minimizar las posibles

violaciones a las garantías constitucionales a las que

tienen derecho los acusados de delito, al introducir de

manera automática evidencia de otros actos imputados por

los que el acusado salió absuelto. El análisis no debe ser

el mismo cuando la admisibilidad de alguna prueba tiene

algún roce con una protección constitucional. Por ello, en

estas circunstancias, le corresponde al tribunal, previo a

evaluar la admisibilidad de la prueba acorde con Huddleston,

analizar las consideraciones e implicaciones

constitucionales. CC-2016-983 41

En respuesta a ese particular, la Opinión mayoritaria

le da peso a que en Dowling v. U.S., supra, el Alto Foro

federal avaló la aplicación de Huddleston v. U.S., supra,

aún en los casos donde el Ministerio Público pretende traer

evidencia de conducta distinta a la imputada habiendo un

fallo absolutorio sobre esos hechos en un proceso criminal

distinto. Según discutí previamente, mi postura es que, como

máximos intérpretes de nuestra Constitución y de las

garantías allí plasmadas, no debemos adoptar Dowling, supra,

aislada y automáticamente en nuestra jurisdicción cuando

atenta contra la garantía constitucional de doble exposición

reconocida expresamente tanto en la Constitución de Puerto

Rico como en la Constitución federal.

A tenor con todo lo anterior, coincido en que procede

devolver el caso de autos al Tribunal de Primera Instancia

para la celebración de una vista a los fines de determinar

si procede la admisión de la prueba de conducta específica

ofrecida por el Ministerio Público, tanto bajo la

consideración de la Regla 404(b) como de la Regla 403 ambas

de Evidencia. Ello, particularmente para evitar que se

afecte el debido proceso de ley del acusado y determinar, CC-2016-983 42

como establece la Mayoría, si la prueba que se pretende

presentar tiene un valor probatorio mayor al perjuicio.

Por mi parte, incluiría instrucciones adicionales a los

efectos de ordenar al foro primario evaluar la totalidad

del expediente del procedimiento criminal del cual el Estado

pretende traer la nueva evidencia. Esto, a los fines de

determinar si la absolución en ese otro caso versó sobre

algunos de los elementos por los cuales el Ministerio

Público interesa presentarla en el presente caso. De

responderse en la afirmativa, aplicaría el impedimento

colateral (doble exposición) y tal evidencia sería excluida.

VI

Por los fundamentos expuestos anteriormente, estoy

conforme con el resultado al que llega la Opinión

mayoritaria en cuanto a revocar el dictamen del Tribunal de

Apelaciones y devolver el caso al Tribunal de Primera

Instancia. Sin embargo, disiento de la adopción de la

interpretación establecida en Dowling v. U.S., supra, y en

Huddleston v. U.S., supra, a los hechos de autos. En

consecuencia, ordenaría al Tribunal de Primera Instancia a CC-2016-983 43

celebrar una vista para realizar una determinación

preliminar con el propósito de establecer si debe ser

admitida o no la evidencia de conducta específica distinta

a la imputada por la que resultó el acusado absuelto en otro

proceso, ello en consideración al expediente del proceso

judicial anterior y con la salvedad de que la carga

probatoria la llevaría el Estado.

Luis F. Estrella Martínez Juez Asociado