Pueblo v. Pérez Delgado

2023 TSPR 35

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: March 23, 2023
• Docket: CC-2020-0477
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico Certiorari Recurrido 2023 TSPR 35 v.

Reynaldo Pérez Delgado 211 DPR ___

Peticionario

Número del Caso: CC-2020-0477

Fecha: 23 de marzo de 2023

Tribunal de Apelaciones:

Panel VI

Oficina del Procurador General:

Hon. Fernando Figueroa Santiago Procurador General

Lcdo. Javier O. Sepúlveda Rodríguez Subprocurador General

Lcda. Marie L. Díaz De León Procuradora General Auxiliar

Lcda. Liza M. Delgado González Procuradora General Auxiliar

Abogado de la parte peticionaria:

Lcdo. José A. Rubio Pitre

Materia: Derecho Penal - Naturaleza del delito de Restricción de comunicaciones tipificado en el Art. 2 de la Ley Núm. 15-2011, frente al delito de Posesión e introducción de objetos a un establecimiento penal estatuido en el Art. 277 del Código Penal de Puerto Rico, enmarcado desde el principio de especialidad.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico Recurrido

v. CC-2020-0477 Certiorari

Reynaldo Pérez Delgado Peticionario

El Juez Asociado señor Rivera García emitió la Opinión del Tribunal.

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de marzo de 2023.

A grandes rasgos, la controversia que presenta este

caso nos convida a examinar si hubo ausencia total de

prueba en un procedimiento de vista preliminar en

alzada. Como explicaremos en detalle más adelante, la

contestación a este señalamiento es en la negativa.

Esto, ya que el peticionario no colocó a este Tribunal

en posición de ejercer un juicio responsable sobre la

prueba que se presentó en el foro primario, pues no

incluyó una transcripción de la prueba oral vertida. Por

ello, es forzoso alcanzar tal conclusión.

No obstante, si bien la médula de este caso gira en

torno al argumento de insuficiencia antes aludido, dada

la discusión complementaria del peticionario, la

realidad es que este caso también nos permite, en primer

lugar, analizar la naturaleza del Art. 2 de la Ley Núm.

15-2011, infra, vis a vis el Art. 277 del Código Penal CC-2020-0477 2

de Puerto Rico, infra. Lo anterior, enmarcado desde el

principio de especialidad.

En segundo lugar, nos permite aclarar los contornos

del delito de Restricción de Comunicaciones, tipificado

en el Art. 2 de la Ley Núm. 15-2011, infra, y sus

elementos probatorios.

En aras de exponer los pormenores del caso, veamos

el trasfondo procesal atinente.

I

Por hechos ocurridos el pasado 8 de octubre de

2019, el Ministerio Público presentó una denuncia por

infracción al Artículo 277 del Código Penal de 2012,

sobre posesión e introducción de objetos a un

establecimiento penal, contra el Sr. Reynaldo Pérez

Delgado (señor Pérez Delgado o peticionario).1 En

esencia, se le imputó la posesión de un SIM Card

mientras se encontraba confinado en una institución

penal y que tal objeto podía afectar el orden o la

seguridad de la penitenciaría.

La vista sobre causa para arresto se celebró el 30

de octubre de 2019 y, luego de examinar la prueba

presentada, el Tribunal de Primera Instancia determinó

causa probable.2 Subsiguientemente, se celebró la vista

1 33 LPRA sec. 5370. 2 Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 28. CC-2020-0477 3

preliminar, sin embargo, el foro primario determinó que

no existía causa probable para acusar.

Insatisfecho, el Ministerio Público solicitó vista

preliminar en alzada, la cual se celebró el 12 de

diciembre de 2019. En esta ocasión, y luego de aquilatar

la prueba, el tribunal primario encontró causa probable

por el delito imputado. Así, el 17 de diciembre de 2019,

el Ministerio Público presentó la correspondiente

acusación.

En desacuerdo, el 14 de enero de 2020, el señor

Pérez Delgado presentó una Moción de desestimación. En

síntesis, alegó que no se presentó prueba sobre todos

los elementos del delito imputado ni la conexión con su

persona, amparado en la Regla 64(p) de Procedimiento

Criminal,3 y que, además, la conducta imputada en la

acusación no constituía delito.4 Como fundamento de su

reclamo, el peticionario arguyó que la posesión de un

SIM card en una institución penitenciaria no estaba

comprendida dentro de la prohibición tipificada en el

Art. 277 del Código Penal, supra. De igual forma, señaló

que tal objeto no podía clasificarse como uno que

pudiera afectar el orden o la seguridad del centro

carcelario y, además, que dicha tarjeta SIM no tiene

valor ni puede usarse por sí sola. Posteriormente, el

3 Íd. 4 34 LPRA Ap. II CC-2020-0477 4

Ministerio Público presentó una Contestación a Moción de

Desestimación.

Evaluados los argumentos de ambas partes, el 4 de

febrero de 2020, el Tribunal de Primera Instancia emitió

una Resolución, notificada el 18 de febrero de 2020, en

la que declaró no ha lugar la solicitud de desestimación

que presentó el peticionario.5 A juicio de ese tribunal,

la posesión de un SIM Card por un confinado dentro de

una institución penal “constituye un objeto que puede

afectar el orden o la seguridad de la institución penal

ya que es capaz de hacer funcionar un teléfono celular,

también es capaz de almacenar data, entre otras cosas”.6

Inconforme, el 10 de junio de 2020, el peticionario

recurrió mediante certiorari ante el Tribunal de

Apelaciones. En su recurso, sostuvo que el Ministerio

Público no presentó prueba suficiente en la vista

preliminar como para probar la comisión del delito

imputado, toda vez que no probó que la tarjeta SIM

estuviese activada, funcionara o que almacenara data. De

igual forma, insistió que la posesión de una tarjeta SIM

no constituía una violación al Art. 277 del Código

Penal, supra. Por su parte, el Estado se opuso y

esencialmente, sostuvo que el peticionario no acompañó

su recurso con la transcripción o la regrabación del

proceso, por lo que el foro apelativo no estaba en

5 Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 43. 6 Íd, pág. 47. CC-2020-0477 5

posición de evaluar la alegada insuficiencia de la

prueba. En la alternativa, sostuvo que la prueba que

presentó fue suficiente para sostener todos los

elementos del delito.

Posteriormente, el 12 de agosto de 2020, el foro

apelativo intermedio emitió una Sentencia en la que

confirmó la determinación del tribunal de instancia.7 En

esta, distinguió que, en la etapa de vista preliminar,

basta con que el Estado presente alguna prueba sobre los

elementos del delito, porque el estándar de adjudicación

opera basado en probabilidades. Además, coincidió con la

interpretación del foro primario en cuanto a que la

posesión de una tarjeta SIM, si se probase en un juico

plenario, podía ser una infracción al Art. 277 del

Código Penal, supra. Sobre ello, concluyó que el

principio de legalidad permite cierto grado de

interpretación, máxime, cuando se trataba de un delito

de amplia cobertura.8

Ulteriormente, el peticionario solicitó la

reconsideración de la determinación, no obstante,

mediante Resolución emitida el 15 de septiembre de 2020,

se declaró no ha lugar.

7 Íd., págs. 1-18. 8 Íd., págs. 14-15. CC-2020-0477 6

Así las cosas, el 29 de octubre de 2020, el

peticionario recurrió ante nos mediante Petición de

certiorari, en la que planteó el error siguiente:

Erró una mayoría del [Tribunal de Apelaciones] al concluir que la mera posesión de un SIM card, [p]uede afectar el orden o la seguridad de una institución penal, porque es capaz de hacer funcionar un teléfono celular y almacenar data, por lo que puede constituir una violación al Artículo 277 del Código Penal.

Luego de varios trámites, y en virtud de una

reconsideración, el 29 de enero de 2021 expedimos el

auto solicitado. Ante ello, las partes presentaron sus

respectivos alegatos. El peticionario arguyó que la

determinación de causa probable para juicio en su contra

fue contraria a derecho. En esencia, planteó que el

Ministerio Público no presentó prueba suficiente para

sostener tal determinación, toda vez que no probó que el

SIM Card funcionaba, que tenía data almacenada, que

estaba activado o que podía hacer funcionar un teléfono.

A juicio del peticionario, como el Estado no probó esas

instancias, presuntamente, decidió acusarlo bajo el Art.

277 del Código Penal9 y no bajo las disposiciones de una

ley especial, como lo es el Art. 2 de la Ley Núm. 15-

2011.10

Por su parte, el Estado, por conducto del

Procurador General de Puerto Rico, compareció a través

9 33 LPRA secc. 5370. 10 4 LPRA sec. 1632. CC-2020-0477 7

de una Moción de desestimación y Alegato del Pueblo de

Puerto Rico. En síntesis, solicitó la desestimación del

recurso debido a que el peticionario no puso en posición

a este Tribunal para pasar juicio sobre lo acaecido en

la vista preliminar en alzada, pues no incluyó ninguna

transcripción o exposición estipulada de la prueba

vertida que le permitiera ejercer su función revisora.

En la alternativa, expresó que procedía la confirmación

de la determinación impugnada, toda vez que la prueba

que se presentó en la vista preliminar en alzada fue

suficiente en derecho.

De esta forma, contando con el beneficio de la

comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver.

II

A. Vista Preliminar

La Regla 23 de Procedimiento Criminal, supra, es la

fuente estatuaria que gobierna los asuntos atinentes a

la vista preliminar. El mecanismo provisto por esta

regla es uno de rango estatutario que tiene como noción

básica determinar la existencia o no de causa probable

para creer que se ha cometido un delito por el acusado.11

El propósito de la vista preliminar es evitar que se

someta a un ciudadano arbitraria e injustificadamente a

11 Véase, Pueblo v. Andaluz Méndez, 205 DPR 7 (2020); Pueblo

v. Nieves Cabán, 201 DPR 853 (2019). CC-2020-0477 8

los rigores y penurias de un juicio en su fondo.12

En ese contexto, la vista preliminar queda

instituida como una audiencia adversarial preliminar en

la que se debe determinar si existe causa probable sobre

dos asuntos: (1) la comisión del delito grave y (2) su

conexión con el imputado.13 Ahora bien, el Ministerio

Público no está obligado a presentar toda la prueba de

cargo que desfilará en el juicio. Por el contrario, su

responsabilidad probatoria en esta etapa se limita a la

presentación de una scintilla de evidencia que dé paso a

una determinación prima facie sobre los dos aspectos

mencionados.14

Una vez el Ministerio Público logre cumplir con

esta carga probatoria, el magistrado que presida la

vista deberá determinar causa probable por el delito

imputado.15 En comunión con lo anterior, a pesar de no

estar obligado a presentar toda la evidencia de cargo,

el Estado deberá tener presente que la prueba ofrecida

en la vista debe ser una admisible en el juicio,

conforme a los parámetros establecidos en nuestras

Reglas de Evidencia, 32 LPRA Ap. V.16

Ahora bien, es importante tener presente que este

12 Íd.; Véase, además, Pueblo v. Fernández Rodríguez, 183 DPR

770 (2011). 13 Pueblo v. Negrón Nazario, 191 DPR 720 (2014). 14 Íd., págs. 733-734. 15 Pueblo v. Andaluz Méndez, supra, pág. 662. 16 Pueblo v. Santiago Cruz, 205 DPR 7 (2020); Pueblo v. Andaluz Méndez, supra; Pueblo v. Nieves Cabán, supra. CC-2020-0477 9

proceso no supone la celebración de un mini juicio.17 La

vista preliminar opera en términos de probabilidades y

su objetivo no es establecer la culpabilidad del

imputado más allá de duda razonable, sino constatar que,

en efecto, el Estado cuenta con una justificación

adecuada para continuar con un proceso judicial más

profundo.18 Así, la determinación que se realiza en la

vista preliminar no es una adjudicación final en los

méritos del caso. De hecho, el imputado ni siquiera

queda expuesto a ser convicto, ya que, al igual que

sucede con la adjudicación final, corresponde

propiamente a la etapa del juicio.19

Por otro lado, al igual que toda decisión de los

foros judiciales, la determinación de causa probable en

la vista preliminar goza de una presunción legal de

corrección.20 En ese sentido, cuando el imputado entienda

que el Ministerio Público no cumplió con el deber

probatorio que le corresponde en esa etapa, puede atacar

la determinación de causa probable y rebatir la

presunción de corrección, para lo cual tiene disponible

el remedio provisto en la Regla 64(p) de Procedimiento

Criminal, supra.21

17 Pueblo v. Guadalupe Rivera, 206 DPR 616, 623 (2021); Pueblo

v. Nieves Cabán, supra; Pueblo v. Rivera Cuevas, 181 DPR 699, 706 (2011). 18 Íd. 19 Íd. 20 Pueblo v. Guadalupe Rivera, supra; Pueblo v. Nieves Cabán,

supra. 21 Íd. CC-2020-0477 10

B. Regla 64(p) de Procedimiento Criminal

En sintonía con lo anterior, cuando un imputado

entienda que el Ministerio Público no presentó prueba

que vincule todos los elementos del delito con la

persona acusada, podrá atacar la determinación de causa

probable y rebatir la presunción de corrección de la

cual gozan las determinaciones judiciales a través del

mecanismo dispuesto en la Regla 64(p) de Procedimiento

Criminal, supra.22 De esta forma, es al acusado a quien

le corresponde el peso de la prueba para establecer que

la determinación de causa no fue correcta.23

Esta regla es, exclusivamente, el remedio procesal

que tiene un acusado para impugnar la determinación de

causa probable y solicitar la desestimación de la

acusación cuando entienda que la misma fue presentada

sin arreglo a la ley y a derecho.24

Una solicitud al amparo del mencionado estatuto

procederá en dos escenarios: (1) cuando se infringió

alguno de los derechos o requisitos procesales de la

vista preliminar, o (2) cuando se determinó causa

probable para acusar, pese a la ausencia total de prueba

sobre alguno de los elementos del delito imputado,

incluido entre estos, la prueba sobre la conexión del

Íd. 22

Pueblo v. Nieves Cabán, supra, pág. 867. 23 24 Pueblo v. Guadalupe Rivera, supra, pág. 651; Pueblo v. Rivera Cuevas, supra, pág. 707; Pueblo v. Rivera Vázquez, 177 DPR 868, 877 (2010). CC-2020-0477 11

acusado. Por ello, es indispensable que el acusado

persuada y demuestre al tribunal que hubo ausencia total

de prueba legalmente admisible respecto a alguno de los

elementos del delito o en cuanto a su conexión con el

delito imputado.25 En ese sentido, el criterio rector es

la ausencia total de prueba; esto es, que no se desfiló

evidencia sobre el particular.26 De no cumplirse con este

requisito, no procederá la desestimación de la

acusación.27

Por otro lado, al evaluar una moción de

desestimación al amparo de la Regla 64(p) de

Procedimiento Criminal, supra, el juzgador debe estar

guiado por los siguientes criterios, a saber: (1)

examinar la prueba de cargo y defensa vertidas en la

vista preliminar, así como la prueba del acusado en

apoyo de la moción; (2) determinar si esa prueba

establece la probabilidad de que estén presentes todos

los elementos del delito, así como la existencia de

prueba que conecte al imputado con su comisión; (3) el

hecho de que a juicio del magistrado la prueba

presentada demuestre con igual probabilidad la comisión

de un delito distinto al imputado, no debe dar base a

una desestimación; y (4) solo en ausencia total de

prueba sobre la probabilidad de que estén presentes y

Pueblo v. Guadalupe Rivera, supra; Pueblo v. Nieves Cabán, 25

supra; Pueblo v. Andaluz Méndez, supra. 26 Pueblo v. Nieves Cabán, supra; Pueblo v. Negrón Nazario,

191 DPR 720 (2014). 27 Íd. CC-2020-0477 12

probados uno o varios elementos del delito o de la

conexión del imputado con tal delito, procede la

desestimación de la acusación.28

En lo concerniente al juez o jueza que evalúa la

moción de desestimación, hemos establecido que debe

tener presente que no se trata de una nueva

determinación de causa probable. De esta forma, si el

tribunal estima necesario la celebración de una vista

para dilucidar la moción, su tarea estará limitada a

examinar la prueba presentada durante la vista en que se

determinó causa probable para acusar. Evaluada tal

prueba, el magistrado debe entonces determinar si hubo

ausencia total de prueba sobre la comisión del delito;

ya sea porque no se presentó alguna evidencia sobre un

elemento del delito imputado o porque no se presentó

alguna evidencia sobre la conexión del acusado con el

delito. Solo ante una situación de ausencia total de

prueba es que procede sustituir el criterio del

magistrado que inicialmente halló causa para acusar.29

C. Artículo 277 del Código Penal de Puerto Rico vis a vis el Art. 2 de la Ley Núm. 15-2011

El Art. 277 del Código Penal de Puerto Rico, supra,

específicamente en su segundo párrafo, dispone que

Toda persona confinada en una institución penal o juvenil que, sin estar autorizado, posea

Pueblo v. Rivera Cuevas, supra. 28

Pueblo v. Nieves Cabán, supra, citando a Pueblo v. Negrón 29

Nazario, supra. CC-2020-0477 13

teléfonos celulares u otros medios de comunicación portátil, o cualquier otro objeto que pudiera afectar el orden o la seguridad de una institución penal o de cualquier establecimiento penal bajo el sistema correccional, dentro o fuera del mismo, será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.30

Como se puede apreciar, este estatuto prohíbe la

introducción o posesión de objetos que pudieran afectar

el orden o la seguridad de una institución penal. Cuando

se trate de un confinado, para que se entienda cometido

el delito antes mencionado, es indispensable que se

prueben los siguientes elementos: (1) que la persona

imputada esté confinada en una cárcel, y que; (2) sin

autorización, (3) posea un celular o un objeto que

pudiera afectar el orden o la seguridad de la

institución penal.

Por su parte, el Art. 2 de la Ley Núm. 15-2011,

dispone, en lo pertinente, lo siguiente:

La posesión por una persona internada en una institución penal o juvenil, de equipos de telecomunicación no autorizados, incluyendo teléfonos celulares y cualquier tipo de equipo o aditamento que permita transmisión de señales radiales o acceso a la red celular de comunicaciones o a una conexión inalámbrica a Internet que no sea el acceso provisto por la institución, constituirá delito grave de cuarto grado, o la falta equivalente en el caso de un menor de edad.31

30 33 LPRA secc. 5370. 31 4 LPRA sec. 1632. CC-2020-0477 14

Este artículo fue aprobado específicamente para

penalizar la posesión de equipos de telecomunicación u

objetos que permitan el acceso a las redes de

telecomunicación en una institución penal. Como se puede

apreciar, además de los teléfonos celulares, este

estatuto prohíbe, específicamente, la posesión de

cualquier artefacto que haga las mismas funciones que un

teléfono celular, así como cualquier objeto que pueda

proveer funcionalidades de conexión a sistemas de

comunicación. Por ello, se incluyó la frase, “cualquier

tipo de equipo o aditamento que permita transmisión de

señales radiales o acceso a la red celular de

comunicaciones o a una conexión inalámbrica a Internet

que no sea el acceso provisto por la institución”.32

De hecho, el propósito cardinal de la Ley Núm. 15-

2011, supra, según establecido en la Exposición de

Motivos de esta pieza legislativa, es evitar las

comunicaciones no autorizadas por los reclusos ⎯entre

ellos y con el exterior⎯, particularmente, por las

implicaciones que estas comunicaciones tienen con la

seguridad de la institución, así como también, con la

seguridad de la población en general.33 Lo anterior,

responde a la creación de nuevas modalidades delictivas

32 Íd. 33 Véase, Exposición de Motivos Ley Núm. 15-2011, supra. CC-2020-0477 15

llevadas a cabo por los confinados mediante el uso de

estos equipos.34

D. Principio de Especialidad

El principio de especialidad establece que cuando

en el ordenamiento jurídico existen dos o más

disposiciones estatutarias que regulan en aparente

conflicto la misma materia, la disposición especial

prevalecerá sobre la general.35 En ese sentido, este

principio descarta cualquier discreción que pueda tener

el Estado sobre por cuál delito debe acusar, pues hace

mandatorio la aplicación del estatuto especial sobre el

general.36 Cuando decimos que las materias en

controversia tienen que estar en conflicto, a lo que nos

referimos es a que tales disposiciones no pueden ser

aplicadas de manera simultánea.37

En el escenario en que la conducta prohibida y los

elementos de ambos delitos, en esencia, aparenten ser

los mismos, la relación de especialidad se determinará

basada en las características y el propósito de ambos

estatutos. De esta forma, el examen girará en torno a si

una de las disposiciones estatutarias recibió un trato

especial diseñado específicamente para la situación

34 Íd. 35 Véase, Pueblo v. Cordero Meléndez, 193 DPR 701 (2015) (Sentencia); Pueblo v. Hernández Villanueva, 179 DPR 872 (2010); Ley 146-2012, 33 LPRA secc. 5009, conocida como Código Penal de Puerto Rico. 36 Íd. 37 Véase, Pueblo v. Cordero Meléndez, supra, pág. 708. CC-2020-0477 16

comprendida. Así, pues, una ley no se considerará

especial frente al Código Penal meramente por haber sido

aprobada fuera de este, sino que el análisis requiere

que se examine la pretensión y el trato que tuvo la

Asamblea Legislativa para con esa pieza. De esta forma,

si el trato especial que tuvo esa legislación está

específicamente diseñado para la situación imputada, en

efecto, nos encontramos ante una legislación especial.

En conclusión, el precepto especial siempre

describirá de forma más completa el curso de acción

antijurídico llevado a cabo por el sujeto.38

E. Apreciación de la prueba

Por otra parte, y en consideración a la norma de

corrección que cobija a las determinaciones realizadas

por el Tribunal de Primera Instancia, cuando un

peticionario señala errores dirigidos a cuestionar la

apreciación o suficiencia de la prueba, la naturaleza

del derecho apelativo requiere que éste ubique al foro

revisor en tiempo y espacio de lo ocurrido en el foro

primario utilizando alguno de los mecanismos de

recopilación de prueba oral, como lo son: (1)

transcripción de la prueba, (2) exposición estipulada o

(3) exposición narrativa.39

38 L.E. Chiesa Aponte, Derecho Penal Sustantivo, 2da ed., Estados Unidos, Pubs. JTS, 2013, pág. 90. 39 Véanse, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 19, 29, 76; 4 LPRA Ap. XXII-

A, R.20(G)(4)(E). CC-2020-0477 17

Los tribunales de mayor jerarquía no pueden cumplir a

cabalidad su función revisora sin que se le produzca,

mediante alguno de estos mecanismos, la prueba que tuvo

ante sí el foro primario.

Tal como hemos reiterado en múltiples ocasiones,

las disposiciones reglamentarias que gobiernan los

recursos que se presentan ante el Tribunal de

Apelaciones deben observarse rigurosamente.40 Así, los

abogados vienen obligados a dar fiel cumplimiento al

trámite prescrito en las leyes y en los reglamentos

aplicables para el perfeccionamiento de los recursos, y

no puede quedar al arbitrio de los abogados decidir qué

disposiciones reglamentarias aplican y cuándo.41 De esta

forma, es tarea del peticionario presentar al foro

revisor la prueba oral bajo la que se pretende impugnar

las determinaciones del tribunal a quo.

En atención a lo anterior, nuestro ordenamiento

procesal apelativo provee los mecanismos necesarios para

atender este tipo de asuntos. Por ejemplo, la Regla 29

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,42 regula todo

lo relacionado con la recopilación de la prueba oral

ofrecida en un caso criminal. En lo pertinente, dispone

que

40 Véase, Pueblo v. Valentín Rivera, 197 DPR 636 (2017); Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281 (2011). 41 Íd. 42 4 LPRA Ap. XXII-B CC-2020-0477 18

(A) Cuando la parte apelante o peticionaria estime que para resolver una apelación o un recurso de certiorari es necesario que el Tribunal de Apelaciones considere alguna porción de la prueba oral presentada ante el Tribunal de Primera Instancia, someterá, en conformidad con los requerimientos que más adelante se exponen, uno de los documentos siguientes o una combinación de ellos: (1) transcripción; (2) exposición estipulada; (3) exposición narrativa. (B) La parte apelante o peticionaria deberá, en el término de diez días de la presentación de la Apelación, acreditar que el método de reproducción de la prueba oral que utilizará es el que propicie la más rápida dilucidación del caso, pudiendo el tribunal determinar el método que alcance esos propósitos. (Énfasis suplido).43

Por su parte, y con relación a las transcripciones

de la prueba oral, la Regla 76 del mismo reglamento

establece, lo siguiente:

(A) Transcripción de la prueba oral en recursos de apelación y de certiorari Una parte en una apelación o en un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones notificará al Tribunal de Apelaciones no más tarde de diez días desde que se presentó el escrito de apelación o se notificó la expedición del auto solicitado, que se propone transcribir la prueba oral. En esa moción, la parte proponente expresará las razones por las cuales considera que la transcripción es indispensable y que propicia mayor celeridad en los procesos que la presentación de una exposición estipulada o una exposición narrativa.44

Asimismo, los requisitos de fondo y forma

concerniente a los otros dos mecanismos de reproducción

43 Íd. 44 Íd. CC-2020-0477 19

de prueba oral, están instituidos en la Regla 76.1 del

reglamento del foro intermedio.

De igual forma, la Regla 19 del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones, expresamente dispone que

“cuando la parte apelante haya señalado algún error

relacionado con la suficiencia de la prueba testifical o

con la apreciación errónea de ésta por parte del

tribunal apelado, someterá una transcripción, una

exposición estipulada o una exposición narrativa de la

prueba”.45

También, es pertinente y necesario mencionar que,

similar a las disposiciones reglamentarias antes

reseñadas, el reglamento de nuestro Tribunal provee

instancias específicas que atienden estos particulares.

De forma concreta, la Regla 20 dispone lo siguiente:

(4) Apéndice Se acompañará a la solicitud de certiorari un apéndice que cumplirá con lo dispuesto en la Regla 34 de este Reglamento y que contendrá́ una copia exacta y completa de los documentos siguientes: […] (E) Si los errores señalados en el recurso se relacionan con la apreciación de la prueba, se incluirá una copia de la Exposición Narrativa de la Prueba presentada ante el Tribunal de Apelaciones o de la Transcripción de Evidencia, si la hay. (Énfasis suplido).46

45 Íd. 46 4 LPRA Ap. XXII-A, R.20(G)(4)(E). CC-2020-0477 20

Finalmente, es preciso señalar que, en Graciani

Rodríguez v. Garage Isla Verde, LLC, 202 DPR 117 (2019),

aunque en el contexto de un proceso administrativo,

similarmente se impugnó la apreciación de la prueba y

sobre ello, señalamos lo siguiente:

[c]uando la impugnación de las determinaciones de hecho se base en la prueba oral desfilada, así como en la credibilidad que le mereció a la agencia administrativa, este Tribunal ha expresado que “[e]s imprescindible que se traiga a la consideración del foro revisor la transcripción de la vista celebrada o una exposición narrativa de la prueba”. (Cita omitida). Dicho de otro modo, los tribunales apelativos no deben intervenir con la apreciación de la prueba oral hecha por la agencia recurrida cuando no se tiene forma de evaluar la evidencia presentada debido a que la parte promovente no elevó una transcripción o una exposición narrativa de tal prueba. J.A. Echevarría Vargas, Derecho administrativo puertorriqueño, San Juan, Ed. SITUM, 2017, pág. 325. (Énfasis suplido).47

De hecho, en dicha ocasión reseñamos lo que

mediante sentencia expresamos en García Fantauzzi v.

Dir. Adm. Trib., 182 DPR 560 (2011), referente a que el

foro intermedio había errado al revocar una

determinación sin haber estado en posición de hacerlo,

toda vez que “no tuvo el beneficio de examinar la

transcripción de la prueba oral desfilada durante el

proceso administrativo” y, por lo tanto, debía brindarle

deferencia a la determinación inicial.

47 Graciani Rodríguez v. Garage Isla Verde, LLC, 202 DPR 117,

129-130 (2019). CC-2020-0477 21

En fin, ante la presunción de corrección que

revisten las determinaciones del foro primario, quien

desee impugnar las mismas deberá colocar al tribunal

revisor en posición de atender correctamente sus

planteamientos sobre la apreciación y la credibilidad de

la prueba oral desfilada.

III

El peticionario solicita la desestimación del cargo

que pesa en su contra amparado en que, presuntamente,

hubo ausencia total de prueba en la vista preliminar en

alzada. Como habíamos adelantado, no le asiste la razón.

Ahora bien, para poder disponer del recurso

responsablemente, es necesario que nos expresemos sobre

varios asuntos particulares.

A.

En primer lugar, si bien el argumento medular del

señor Pérez Delgado estriba mayormente en que hubo

ausencia total de prueba sobre los elementos del delito,

es necesario atender con prioridad lo discutido por éste

con relación a la aparente especialidad que posee el

Art. 2 de la Ley Núm. 15-2011, supra, frente al Art. 277

del Código Penal de Puerto Rico.

Al estudiar detenidamente las disposiciones de

estos estatutos, nos damos cuenta de que ambos le

prohíben a las personas confinadas en las instituciones CC-2020-0477 22

carcelarias de la isla poseer equipos de

telecomunicaciones no autorizados. Como vimos, por un

lado, el Art. 277 del Código Penal de Puerto Rico,

supra, establece como delito el hecho de que un

confinado posea teléfonos celulares u otros medios de

comunicación portátil que puedan afectar el orden o la

seguridad de una institución penal.48

Mientras que, por otro lado, el Art. 2 de la Ley

Núm. 15-2011, supra, en lo pertinente, penaliza el hecho

de que un confinado posea equipos de telecomunicación no

autorizados, incluyendo teléfonos celulares y cualquier

señales radiales, acceso a la red celular o al

internet.49

Si bien ambos estatutos prohíben la posesión de

equipos de telecomunicación no autorizados en nuestras

cárceles, la realidad es que la prohibición tipificada

en el Art. 277 del Código Penal, es una de carácter

general en torno a la mera posesión de teléfonos

celulares u otros medios de comunicación portátil u

objetos que ponen en riesgo la seguridad de la

institución. Por su parte, la prohibición establecida en

el Art. 2 de la Ley Núm. 15-2011, supra, va dirigida,

específicamente, con mayor detalle y precisión, a

penalizar la posesión de equipos de telecomunicación,

48 33 LPRA sec. 5370. 49 4 LPRA sec. 1632. CC-2020-0477 23

así como cualquier equipo o aditamento que permita la

transmisión de señales radiales o acceso a la red

celular de comunicaciones o a una conexión inalámbrica a

Internet.

Según se desprende de la Exposición de Motivos de

la Ley Núm. 15-2011, supra, el objetivo expreso de esta

legislación es restringir el uso no autorizado de

equipos de telecomunicaciones para así evitar la

proliferación y continuación de actividades criminales

dentro de las instituciones penales, como lo sería, por

ejemplo, los fraudes vía telefónica; la intimidación de

testigos; el hostigamiento a víctimas; la administración

de los puntos de venta de drogas, y hasta ordenar

asesinatos, entre otras. Ciertamente, todo esto, además

de crear un riesgo para la seguridad y el bienestar

público, constituye una manera de burlar las reglas de

disciplina y conducta de las instituciones, que de por

sí prohíben la posesión y el uso de equipos no

autorizados.50

Como discutimos en la sección que antecede, al

momento de determinar la especialidad de una ley hay que

estudiar, primeramente, las conductas prohibidas en

virtud de los elementos que la constituyen. Ahora bien,

cuando por diseño legislativo ambas piezas aparenten

requerir los mismos elementos del delito, la relación de

50 Véase, Exposición de Motivos de la Ley Núm. 15-2011, supra.

(4 LPRA 1631 et seq.). CC-2020-0477 24

especialidad se establecerá según las características y

el propósito de ambos estatutos. Es decir, en casos como

este lo importante es determinar si la Asamblea

Legislativa pretendió otorgarle un trato especial y

detallado a la conducta similarmente legislada.

Por ello, es evidente que el trato que nuestra

Asamblea Legislativa le otorgó a la Ley Núm. 15-2011,

supra, fue uno especial. Esto es, con mayor precisión y

detalle respecto a la conducta de poseer un equipo de

telecomunicación o algún complemento de estos, frente al

delito general del Código Penal de poseer un objeto

prohibido que pueda afectar el orden o la seguridad de

una institución carcelaria.

En ese sentido, cuando de una situación de hechos

se desprenda que el equipo incautado es uno que permite

acceso a las telecomunicaciones, automáticamente, se

activa el principio de especialidad, de forma tal que al

momento de imputar la comisión de un delito, el Estado

carecerá de discreción y vendrá obligado a aplicar las

disposiciones de la Ley Núm. 15-2011, supra.

De hecho, en Pueblo v. Cordero Meléndez, 193 DPR

701 (2015) (Sentencia), este Tribunal se encontró con un

planteamiento, en esencia, idéntico al que hoy

atendemos. En aquella ocasión se cuestionaba la

aplicación del principio de especialidad, precisamente,

sobre los mismos delitos que aquí atendemos. Si bien es CC-2020-0477 25

cierto que el citado caso no estableció un precedente

jurídico, estimamos necesario remarcar que las tres

opiniones que acompañaron dicha Sentencia ⎯dos de

conformidad y una disidente⎯ concluyeron que ambos

estatutos regulaban la misma conducta.51 Lo que es más,

tanto la Opinión de Conformidad que emitió el compañero

Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo (a la que se

unieron los Jueces Asociados señores Martínez Torres y

Feliberti Cintrón) como la Opinión Disidente elaborada

por el Juez Asociado señor Estrella Martínez,

coincidieron en que el principio de especialidad

aplicaba de manera diáfana en situaciones como la de

autos.

En lo pertinente a nuestro caso, el objeto que le

fue ocupado al peticionario fue un SIM Card. En términos

generales, y como correctamente aceptó el peticionario,

una tarjeta SIM es un aparato o aditamento que actúa

como el cerebro de un teléfono, pues este conecta al

móvil con su proveedor de red inalámbrica, permite que

tenga acceso a un sistema de comunicación para hacer

llamadas, enviar mensajes de texto, usar los servicios

de internet y almacena información de los contactos, sus

números de teléfono, entre otras cosas. Por lo tanto, es

incuestionable que la capacidad práctica que posee un

51La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez emitió una Opinión de Conformidad. El Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo emitió una Opinión de Conformidad. El Juez Asociado señor Estrella Martínez emitió una Opinión Disidente. CC-2020-0477 26

SIM Card lo posiciona como un elemento integral dentro

de las telecomunicaciones digitales de estos tiempos.

De acuerdo con lo anterior, es evidente que la

conducta y los hechos por los cuales se acusó al

peticionario se encuentran descritos con mayor

especificidad en el Art. 2 de la Ley Núm. 15, supra. Así

las cosas, tiene razón el peticionario en que el delito

por el cual debe ser acusado es el estatuido en el Art.

2 de la Ley Núm. 15, supra, y no el del Código Penal.

Por ello, conforme con lo dispuesto en las Reglas

36 y 38 de Procedimiento Criminal,52 lo que procede es

que se enmiende la acusación para que refleje la cita

correcta, toda vez que la imperfección en esta acusación

no es un defecto que perjudica los derechos sustanciales

del acusado. Recordemos que la calificación del delito

hecha por el Fiscal no es definitiva, ya que son los

hechos alegados, y no las etiquetas formales, los que

52 Por un lado, la Regla 36 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II dispone que “Una acusación o denuncia no será insuficiente, ni podrán ser afectados el juicio, la sentencia o cualquier otro procedimiento basado en dicha acusación o denuncia, por causa de algún defecto, imperfección u omisión de forma que no perjudicare los derechos sustanciales del acusado”. Por su parte, el inciso (a) de la Regla 38 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, establece lo siguiente: “Subsanación de defectos de forma. Si la acusación, la denuncia o un escrito de especificaciones adolecieren de algún defecto, imperfección u omisión de forma aludido en la Regla 36, el tribunal podrá permitir en cualquier momento las enmiendas necesarias para subsanarlo. En ausencia de enmienda, dicho defecto, imperfección u omisión se entenderá subsanado una vez rendido el veredicto del jurado o el fallo del tribunal”. CC-2020-0477 27

deben servir para identificar el delito imputado y la

disposición estatutaria envuelta.53

Ahora bien, este pronunciamiento no dispone de la

controversia. Por ello, abundamos.

B.

Como complemento a lo anterior, el peticionario

señala que el delito estatuido en el Art. 2 de la Ley

Núm. 15-2011, supra, requería que el Ministerio Público

presentara prueba sobre que el SIM Card era funcional, o

sea, que, en efecto funcionaba. Es decir, que tenía data

almacenada y que tenía que ser insertada en un teléfono

móvil para comprobar que le permitía a este operar bajo

el número telefónico asociado a la tarjeta, porque de lo

contrario, el SIM Card era “meramente una tarjeta

plástica o un pedazo de cartón”. Tal acepción es

totalmente incorrecta, y va en contra de las nociones

más básicas de la hermenéutica y del más elemental

propósito del estatuto en cuestión.

Cuando el Art. 2 de la Ley Núm. 15-2011, supra,

establece una prohibición sobre “cualquier tipo de

equipo o aditamento que permita transmisión de señales

[...]”, a lo que en realidad se refiere la frase de

“permita transmisión”, desde un punto de vista

probatorio, es a que el objeto ocupado, debe tener la

53 Véanse, Pueblo v. Cordero Meléndez, supra; Pueblo v. Candelaria Couvertier, 100 DPR 159, 161 (1971); Pueblo v. Bermúdez, 75 DPR 760, 763–764 (1954). CC-2020-0477 28

capacidad de ejercer esas funciones de manera ordinaria,

no de que funcione. O sea, que la naturaleza misma de

ese objeto, bajo su concepción natural de utilidad y

propósito, posibilite la conexión o acceso a las

distintas formas de comunicación.54

En términos sencillos, esa frase no requiere que el

artefacto incautado efectivamente funcione y que, en ese

momento preciso, trasmita señales o se conecte a las

redes de comunicación. Sino más bien, lo que se tiene

que probar es que el objeto tiene la capacidad y la

habilidad para hacer ese tipo de funciones. He ahí la

diferencia medular entre la capacidad del objeto vis a

vis su funcionalidad. Sobre este particular, llamamos la

atención a lo expresado por varios jueces en Pueblo v.

Cordero Meléndez, supra. El Juez Asociado señor Kolthoff

Caraballo, en su Opinión de Conformidad, expresó que “el

Estado no solo tendrá que probar la posesión del

artefacto, sino también la capacidad del mismo de

ejercer las funciones típicas del teléfono celular”.55

Por su parte, en su Opinión de Conformidad, la Jueza

Presidenta Oronoz Rodríguez expresó que la frase

‘posesión’ de equipos de telecomunicación no

54 A manera de ejemplo, lo que se pretende es que se pruebe

que el objeto incautado pueda realizar funciones que propicien la comunicación interpersonal, ya sea a través de redes celulares o de internet, de forma tal que se elimine cualquier posibilidad de que el objeto sea un mero complemento o equipamiento accesorio que no provea beneficio comunicativo alguno. 55 Pueblo v. Cordero Meléndez, 193 DPR 701, 727 (2015) (Sentencia). CC-2020-0477 29

autorizados, “no implica que se tiene que demostrar que

el celular estaba conectado, sino que lo menciona como

un ejemplo de lo que constituye un equipo de

telecomunicación en sí”.56

Por su parte, y en una línea similar, el Juez

Asociado señor Estrella Martínez expresó que “[u]na

simple lectura del artículo lleva a concluir que [...]

se requiere que el equipo tenga la posibilidad de

transmitir señales o acceder a la red de comunicaciones

o a internet”.57

No olvidemos que la prohibición que pretende este

estatuto va dirigida contra la posesión del equipo u

objeto, no a su funcionalidad.

A manera de ejemplo, el primer objeto expresamente

prohibido por esta ley son los teléfonos celulares. El

texto de la legislación es claro por demás y ejemplifica

que el teléfono celular es un equipo de telecomunicación

y que, como tal, tiene la capacidad de conectarse a las

redes de comunicación. Por ello, se encuentra

expresamente identificado como un equipo prohibido.

Ahora bien, en caso de que el objeto ocupado sea

cualquier otro equipo o aditamento, como en nuestro caso

lo es el SIM Card, lo que se debe demostrar es que dicho

objeto tiene la capacidad de permitir la transmisión de

56 Pueblo v. Cordero Meléndez, supra. 57 Íb., pág. 747. CC-2020-0477 30

señales radiales, acceso a la red celular de

comunicaciones o a una conexión de Internet para que se

entienda cometido el delito.

Para contextualizar esta discusión, examinemos los

ejemplos siguientes: Supongamos que se incauta un

teléfono celular en una cárcel, pero este no tiene SIM

Card. Si partimos del errado supuesto de que el Estado

tiene que probar que el objeto, en efecto funciona y se

conecta a las redes de comunicación, la posesión de este

teléfono no constituiría delito porque un celular sin un

SIM Card no puede conectarse o acceder a las redes de

telecomunicaciones. Es decir, al no tener SIM Card, sus

funciones de telecomunicación son nulas y por ende, no

se cometería el delito.

Otro supuesto imaginario que ejemplifica el absurdo

jurídico que representa requerir que el objeto funcione

es el siguiente: Imaginemos que en una cárcel les

incautan teléfonos celulares a dos (2) reclusos

diferentes; uno tiene la tarjeta “SIM” pero el otro no.

Bajo la equivocada teoría del peticionario, solamente

uno de los imputados cometería el delito a pesar de que

ambos poseían equipos no autorizados. De esta forma,

sería extremadamente fácil burlar el sistema. Tal CC-2020-0477 31

acepción es, sin duda alguna, contraria a la intención

legislativa.58

Imaginemos el pasado escenario, pero a la inversa,

como precisamente ocurrió en este caso. Se ocupó una

tarjeta SIM Card, mas no así un teléfono celular. Poder

esquivar las consecuencias que impone la ley, bajo la

errada teoría del peticionario de que los objetos

incautados tienen que efectivamente funcionar, sería tan

fácil como solicitar una nueva tarjeta SIM al proveedor,

lo que haría inoperante a la tarjeta ocupada.

No debemos olvidar que la intención expresa de esta

pieza legislativa es penalizar la posesión de equipos no

autorizados, en aras de mantener la seguridad,

disciplina y buena conducta dentro de las instituciones

carcelarias de nuestra isla y así evitar los riesgos que

estos equipos o aditamentos provocan dentro y fuera de

los centros penitenciarios.

Otro ejemplo que pone de manifiesto lo incongruente que

sería requerir que el objeto funcione y se conecte a las

distintas redes de comunicación, es el caso en el que se

incaute un teléfono celular, con un SIM Card, pero sin

su batería o sin su cargador. Como el artefacto no puede

encenderse, obviamente, no podría conectarse a las redes

58 Por cierto, en su Opinión de conformidad en Pueblo v. Cordero Meléndez, supra, el compañero Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo utilizó este mismo ejemplo. Ciertamente, ejemplifica cuán errónea y desacertada es la teoría de requerir que el objeto, en efecto, funcione y transmita señales en esos momentos. CC-2020-0477 32

de comunicación y, lastimosamente, no se podría probar

que, en efecto, funcionaba y que permitía comunicación,

por lo que no se cometería el delito.

Todos los escenarios anteriormente esbozados

reflejan lo erróneo y simplista del razonamiento del

peticionario y cuán lejos se encuentran del propósito

legislativo de la Ley 15-2011, supra. Nuevamente,

recordemos, que la intención expresa de este estatuto es

penalizar la posesión de equipos de telecomunicaciones

dentro de las instituciones penales del país.59

En fin, requerir que el objeto ocupado funcione y

efectivamente conecte al poseedor con una red celular,

radial o de internet, desvirtúa por completo el

propósito mismo de la Ley 15-2011, supra. En ese

sentido, y a manera de recapitulación, el Ministerio

Público no tenía que probar que efectivamente el SIM

Card funcionaba y que, concretamente, conectaba un

teléfono celular con una red de telecomunicación. Lo que

sí tiene que probar el Ministerio Público es que ese

objeto ocupado tiene la capacidad de ejercer tareas de

conexión con las distintas redes. Lo anterior se puede

59 Tal como reconoció el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo en su Opinión de Conformidad en Pueblo v. Cordero Meléndez, supra, al extraer la porción explicativa del artículo en cuestión, el mismo leería así: “La posesión por una persona internada en una institución penal o juvenil, de equipos de telecomunicación no autorizados, constituirá delito grave de cuarto grado, o la falta equivalente en el caso de un menor de edad”. Tal lectura recoge en esencia, lo que el legislador pretendió con esta ley, motivo que se encuentra diáfano en la exposición de esta legislación. CC-2020-0477 33

lograr inquiriendo sobre: (1) qué clase de objeto es;

(2) cuál es su utilidad; (3) cómo se instala; (4) cómo

se conecta; (5) cómo permite acceso a las redes de

comunicación; entre otras.

Ahora bien, a la luz de lo antes pronunciado, nos

resta por dilucidar si en la vista preliminar en alzada

que se celebró contra el señor Pérez Delgado hubo

ausencia total de prueba. Por las razones que

explicaremos a continuación, la respuesta obligada a

este cuestionamiento es en la negativa. Nos explicamos.

C.

Es harto conocido que, al solicitar la

desestimación de una causa basado en el fundamento de

ausencia total de prueba, es el propio acusado quien

tiene el peso de demostrar que, en efecto, no se desfiló

prueba alguna sobre ello. Lo anterior, responde

primordialmente, a la presunción de corrección que

cobija a las determinaciones judiciales. Por esto, es

imperativo que quien impugne las determinaciones del

foro primario o categorice como errónea la apreciación o

suficiencia de la prueba vertida, reproduzca la prueba

que tuvo ante sí el juzgador de instancia.

Precisamente, ese es el escollo con el que se

encuentra el petitorio del señor Pérez Delgado, pues

este no reprodujo prueba alguna que nos ubicara en

posición de evaluar la evidencia desfilada en sala de CC-2020-0477 34

forma tal que derrotara la presunción de corrección que

alberga la determinación del foro primario.

Sencillamente, el peticionario descansó, exclusivamente,

en sus propias alegaciones y conclusiones.

Su argumento principal se cimienta en que el Estado

no presentó prueba suficiente para sostener una

determinación de causa. Sin embargo, al examinar el

expediente, no encontramos que este haya incluido

documento alguno ⎯como lo sería una transcripción

estipulada o una exposición narrativa estipulada, tal

como lo exige la práctica y reglamentación apelativa

puertorriqueña⎯ que nos ubique en una posición favorable

para examinar lo que ocurrió en el foro primario.

Indudablemente, tal ausencia impide que ejerzamos

nuestra función revisora responsablemente.

En su recurso, el señor Pérez Delgado se limita,

simplemente, a realizar un recuento procesal de los

hechos y alude a generalidades tales como: (i) “el

Ministerio Público no aportó prueba alguna de que la

tarjeta fuera capaz de almacenar data, ni que tuviera

data almacenada […]”;60 (ii) “no presentó prueba alguna

en la vista preliminar en alzada de que la tarjeta sim

tuviera información almacenada, […] ni que estuviera

activada ni que fuera capaz de hacer funcionar un

60 Alegato del peticionario, pág. 5. CC-2020-0477 35

teléfono celular”;61 (iii) “el Ministerio Público no

presentó prueba alguna con respecto a si la tarjeta sim

funcionaba o era capaz de funcionar, lo que era de fácil

determinación”,62 entre otras, para sustentar su reclamo

de ausencia total de prueba sobre los elementos del

delito imputado. Este tipo de relatos unilaterales son

los que, precisamente, nuestro ordenamiento procesal

apelativo pretende evitar al proveer mecanismos de

reproducción de prueba que garantizan la confiabilidad

del proceso para todas las partes.

De este modo, tal como hemos reconocido en

ocasiones anteriores, los tribunales apelativos no

debemos intervenir con la apreciación de la prueba oral

que haga el juzgador primario cuando no tengamos forma

alguna de evaluar la evidencia que allí se vertió debido

a que la parte peticionaria no presentó una

transcripción o una exposición narrativa estipulada de

dicha prueba. Así, cuando no se coloque al tribunal

revisor en posición de ejercer adecuada y

responsablemente su función revisora, como efectivamente

sucedió en este caso, prevalecerá la norma de deferencia

y presunción de corrección sobre las determinaciones del

tribunal primario.

61 Id., pág. 13. 62 Íd., pág. 15. CC-2020-0477 36

IV

Por los fundamentos expresados en esta Opinión, se

confirma la determinación recurrida, aunque por un

fundamento distinto. En consecuencia, se ordena la

enmienda del pliego acusatorio contra el peticionario

para que, conforme con lo aquí discutido, se impute el

hecho delictivo al amparo del Art. 2 de la Ley Núm. 15-

2011, supra. Completado este trámite, podrá el Tribunal

de Primera Instancia proceder con un nuevo acto de

Lectura de Acusación y con el juicio en su fondo.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Edgardo Rivera García Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la que se hace formar parte íntegra de la presente Sentencia, se confirma la determinación recurrida, aunque por un fundamento distinto. En consecuencia, se ordena la enmienda del pliego acusatorio contra el peticionario para que, conforme con lo discutido en la Opinión que se acompaña, se impute el hecho delictivo al amparo del Art. 2 de la Ley Núm. 15- 2011, supra. Completado este trámite, podrá el Tribunal de Primera Instancia proceder con un nuevo acto de Lectura de Acusación y con el juicio en su fondo.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Subsecretaria del Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez disiente y emite las expresiones siguientes:

Difiero de la conclusión a la cual llega la Opinión mayoritaria sobre que el Art. 2 de la Ley Núm. 15-2011 penaliza la posesión de un SIM Card, sin más.

En mi Opinión concurrente en Pueblo v. Cordero Meléndez, 193 DPR 701, 727 (2015), expresé que “[l]a frase ‘posesión [...] de equipos de telecomunicación no autorizados, incluyendo teléfonos celulares y cualquier tipo de equipo o aditamento que permita transmisión de señales radiales o acceso a CC-2020-0477 2 la red celular de comunicaciones o a una conexión inalámbrica a Internet’, incluida en el Art. 2 de la Ley Núm. 15, no implica que se tiene que demostrar que el celular estaba conectado, sino que lo menciona como un ejemplo de lo que constituye un equipo de telecomunicación en sí”. Esto así porque el teléfono celular es un equipo de telecomunicación y que, como tal, tiene la capacidad de conectarse a la red celular de comunicaciones.

Sin embargo, en aquel momento distinguí entre cuando se incauta un teléfono celular y cuando se incauta otro equipo o aditamento que no sea un celular, como lo sería un SIM Card. La segunda situación —cuando se incauta un SIM Card— simplemente no está regulada por el Art. 2 de la Ley Núm. 15-2011. Del texto del referido artículo surge expresamente que la posesión de un celular está prohibida. No obstante, no se menciona explícitamente una prohibición a la posesión de un SIM Card, sino a un objeto con la capacidad de transmitir señales radiales o acceso a la red celular de comunicaciones o a una conexión inalámbrica a Internet. Un SIM Card, por si solo, no es un objeto de la naturaleza que prohíbe la disposición en cuestión. El SIM Card solamente es capaz de transmitir señales radiales o acceso a la red celular de comunicaciones o a una conexión inalámbrica a Internet en conjunto con un teléfono celular compatible con el SIM Card. El Art. 2 de la Ley Núm. 15- 2011 no prohíbe la posesión de un objeto que, en conjunto con un celular, tenga las capacidades ahí descritas. Entonces, haciendo una lectura cónsona con el principio de legalidad que impera en el Derecho Penal, es forzoso concluir que la Asamblea Legislativa solamente prohibió la posesión de objetos que tienen, por si solos, las capacidades descritas en el referido artículo. Si la Asamblea Legislativa hubiese tenido la intención de prohibir objetos que, junto con un celular, tuviesen las capacidades ahí descritas, entonces lo hubiese expresado de manera inequívoca.

Al equiparar la posesión de un SIM Card a la posesión de un teléfono celular, una CC-2020-0477 3 mayoría de este Tribunal comete el error lógico de entender que un elemento singular de un objeto es equivalente al objeto entero. A modo de ejemplo, podemos analizar cómo se trata la portación de armas y de municiones en la Ley 169-2019, conocida como la Ley de Armas de Puerto Rico de 2020. No hay duda de que, igual que un SIM Card es necesario para utilizar un celular, es necesario tener municiones para poder utilizar un arma de fuego. Sin embargo, nótese que la posesión de armas de fuego sin licencia se prohíbe en el Art. 6.08, mientras que la posesión de municiones se regula en el Art. 6.22 de la misma ley. Es decir, la ley reconoce que la posesión de una es conducta distinguible a la posesión de otra, a pesar de que ambas son necesarias para poder utilizar el arma de fuego. No sería correcto acusar a una persona por posesión ilegal de un arma de fuego cuando solamente se le incautan municiones. De la misma manera, no sería correcto penalizar a una persona como si hubiese estado en posesión de un teléfono celular, cuando solamente se le incautó un SIM Card.

Obsérvese que esto no implica que la posesión de un SIM Card no conlleve consecuencias, pues la institución carcelaria puede penalizar su posesión, sin más, por parte de un confinado si así lo dispone algún reglamento interno. Mis expresiones se circunscriben a analizar el texto del Art. 2 de la Ley Núm. 15-2011 y la conducta que la Asamblea Legislativa prohibió. Ciertamente las instituciones carcelarias tienen la prerrogativa de promulgar reglamentos que prohíban la posesión de un SIM Card, sin más, y de entablar un proceso disciplinario administrativo en contra de cualquier confinado que viole esos reglamentos.

Por lo aquí expuesto, difiero con lo expresado en la Opinión Mayoritaria sobre que la posesión de un SIM Card es suficiente para acusar a una persona por violación al Art. 2 de la Ley 15-2011.

El Juez Asociado señor Estrella Martínez disiente de la Opinión mayoritaria y hace constar la expresión siguiente: CC-2020-0477 4 La Opinión que hoy emite este Tribunal tiene el efecto infortunado de dejar a medias la consecución de uno de nuestros cometidos más imperiosos: salvaguardar el debido proceso de ley que cobija a todas las personas que son acusadas de delito en nuestro ordenamiento jurídico.

Y es que, a pesar de reconocer el error fatal del Estado en su afán de procesar al Sr. Reynaldo Pérez Delgado (señor Pérez Delgado) bajo la disposición penal equivocada en desafío abierto al principio de especialidad, la mayoría de los miembros de este Foro refrenda el que se pretenda corregir este acto con una mera enmienda a la acusación. Por las mismas razones que esbocé en mi Opinión disidente en Pueblo v. Cordero Meléndez, 193 DPR 701, 731 (2015), afirmo que procedía la desestimación de la acusación.

Lo que es peor, la posición mayoritaria también consigue con éxito alivianar el peso que nuestro ordenamiento le impone al Estado de probar todos los elementos del delito al concluir que no existe necesidad de probar la capacidad del Sim Card ocupado para permitir la transmisión de señales o acceso a la red de comunicaciones que proscribe el Art. 2 de la Ley Núm. 15-201, 4 LPRA sec. 1632. Aunque la Mayoría reconoce que, en efecto, el Estado viene obligado a demostrar que el objeto ocupado tiene, en términos generales, la capacidad de ejercer tareas de conexión, esta evade atender la suficiencia de la prueba con respecto a este asunto al indicar que la ausencia de una transcripción o exposición narrativa de la prueba le impide realizar su función revisora. Ello, a pesar de que del expediente surge que ambas partes ofrecieron resúmenes de lo expresado durante la Vista preliminar en alzada por los testigos del Estado en sus respectivos escritos y, además, que, por tratarse de un tribunal unificado, nada prevenía que este Tribunal obtuviera la regrabación de los procedimientos del tribunal.

En fin, por entender que este Tribunal erró en sus conclusiones y que procedía desestimar la acusación que pesa en contra del señor Pérez Delgado, disiento.” CC-2020-0477 5 El Juez Asociado señor Colón Pérez disiente y emite las siguientes expresiones:

En el presente caso estábamos llamados a evaluar exclusivamente el señalamiento de error articulado por el Sr. Reynaldo Pérez Delgado (en adelante, “señor Pérez Delgado”) en su recurso de certiorari el cual iba dirigido a cuestionar la suficiencia de la prueba presentada por el Ministerio Público, ante el Tribunal de Primera Instancia, para establecer todos los elementos del delito tipificado en el Art. 277 del Código Penal de Puerto Rico (33 LPRA sec. 5370). Dicho delito le fue imputado a éste en determinado proceso criminal, toda vez que en cierto registro de la celda en que se encuentra confinado presuntamente se le ocupó un “SIM card”, tarjeta que sirve para ser utilizada en los dispositivos de telecomunicaciones.

Así pues, frente a un señalamiento de error dirigido a la apreciación de la prueba, le correspondía a este Tribunal determinar -- en primera instancia -- si el peticionario lo había puesto en posición de ejercer dicha tarea, bien sea porque no acompañó una transcripción de la prueba desfilada ante el foro primario, una exposición narrativa de esta, o una exposición estipulada de la misma. Incluso, por tratarse aquí de un confinado, al momento de ejercer la anterior tarea, correspondía plantearnos si era necesario que este Tribunal obtuviera la regrabación de los procedimientos celebrados ante el foro primario. Ello, máxime cuando al parecer el señor Pérez Delgado podía tener razón en su planteamiento. Lamentablemente, ese no fue el curso seguido por una mayoría de mis compañeros y compañera de estrado.

Y es que, evaluado el señalamiento de error presentado por el señor Pérez Delgado, éstos y ésta -- se van más allá de los asuntos ante nuestra consideración -- y -- sin nadie haberlo solicitado -- determinan que, en virtud del principio de especialidad, hubo un error en la acusación, pues, correspondía acusar a éste último por el delito tipificado en el Art. 2 de la Ley Núm. 15-2011 (4 LPRA sec. 1632), y no por el Art. 277 del Código Penal de 2012, supra. En virtud de ello, ordenan que se enmiende el CC-2020-0477 6 pliego acusatorio presentado en contra del señor Pérez Delgado y se devuelva el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos de conformidad con lo aquí sentenciado.

De dicho proceder, enérgicamente disentimos. Emprender ese camino no era nuestra tarea”.

Bettina Zeno González Subsecretaria del Tribunal Supremo