Pueblo v. Eliecer Díaz

2011 TSPR 150

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: October 11, 2011
• Docket: CC-2010-395
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido Certiorari

v. 2011 TSPR 150

Rolando Eliecer Díaz 183 DPR ____

Peticionario

Número del Caso: CC - 2010 - 183

Fecha: 5 de octubre de 2011

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Caguas, Panel X

Juez Ponente: Troadio González Vargas

Abogada de la Parte Peticionaria:

Lcda. Ana Rosa Montes Arraiza Lcdo. Félix A. Cifredo Cancel

Oficina de la Procuradora General:

Lcda. Eva S. Soto Castelló Procuradora General Auxiliar

Materia: Art. 5.01, 5.04, 5.07, 5.10 y 6.10 de la Ley de Armas

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Certiorari

El Pueblo de Puerto Rico Recurrido CC-2010-0395 v.

Rolando Eliecer Díaz Peticionario

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Rivera García

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de octubre de 2011.

El presente recurso de certiorari nos brinda

la oportunidad de reiterar y aclarar la normativa

pautada en Pueblo v. Pepín Cortes, 173 D.P.R. 968

(2008). En particular, nos permite expresarnos

sobre la carga probatoria del Ministerio Público en

la vista de necesidad que debe celebrarse cuando el

Estado solicita la exclusión del público de la

vista preliminar porque presentará el testimonio de

un agente encubierto. Asimismo, nos permite pautar

sobre el análisis que debe ejercer el Tribunal de

Primera Instancia para salvaguardar todos los

intereses involucrados. CC-2010-0395 2

I

El 14 de diciembre de 2009, el Tribunal de Primera

Instancia determinó causa probable para el arresto del Sr.

Rolando Eliecer Díaz por violación a los Arts. 5.01, 5.04, 5.07,

5.10 y 6.01 de la Ley Núm. 404 de 11 de septiembre de 2000,

según enmendada, conocida como Ley de Armas de Puerto Rico.1 25

L.P.R.A. sec. 455 et sec. La vista preliminar fue señalada para

el 28 de enero de 2010.

El 28 de diciembre de 2009, el Ministerio Público presentó

una moción al amparo de la Regla 23(c) de Procedimiento

Criminal. 34 L.P.R.A. Ap. II. En ella, expuso que durante la

vista preliminar presentaría los testimonios del agente Julio

Báez Nieves y de un agente encubierto. Puntualizó que el agente

08NAI29 es un agente encubierto en funciones perteneciente a la

División de Drogas y Narcóticos -región de Caguas- de la Policía

de Puerto Rico, y que su testimonio en la vista preliminar

versaría sobre hechos producto de sus gestiones investigativas.

Por ello, en aras de garantizar la seguridad y vida del referido

agente, y de proteger las investigaciones encubiertas que se

encontraban en curso, el Estado le solicitó al foro primario que

limitara el acceso del público a la vista preliminar únicamente

durante el testimonio del agente encubierto. Atendido el

1 Esta determinación de causa probable para el arresto fue hecha en ausencia del peticionario, debido a que el Ministerio Público presentó la denuncia del caso de autos en ausencia del peticionario en aras de proteger la identidad del agente encubierto. CC-2010-0395 3

petitorio, la vista de necesidad fue pautada para el 13 de enero

de 2010.

Durante la vista de necesidad, el Ministerio Fiscal

presentó como único testigo al agente Báez Nieves. Éste declaró

estar adscrito a la División de Drogas y Narcóticos de la región

de Caguas y ser la persona contacto del agente 08NAI29 durante

la investigación criminal que originó el procedimiento de autos

y dio base a la presentación de cargos criminales contra otros

imputados.2 Además, manifestó que el agente encubierto continúa

laborando como tal para la Policía de Puerto Rico. Finalizado

el testimonio del agente Báez Nieves, el foro de instancia

declaró Con Lugar la solicitud del Ministerio Público y ordenó

que la vista preliminar fuera cerrada únicamente mientras el

agente encubierto ofreciera su testimonio.

Oportunamente, el imputado Eliecer Díaz presentó una

solicitud de reconsideración y adujo que el referido dictamen

atentaba contra su derecho a un juicio público. El 22 de enero

de 2010 el foro primario emitió una resolución y en

reconsideración, declaró No Ha Lugar la petición de cierre de la

vista. Al así proceder, el foro de instancia concluyó que

[d]e la prueba presentada por el Ministerio Público a través de su testigo Julio Báez Nieves, solamente podemos concluir que el agente encubierto 08NAI29 continúa ejerciendo sus labores como tal. No se

2 Tomamos conocimiento judicial de los casos Pueblo v. Luis A. Otero Lebrón, Crim. Núm. E1VP200903087; Pueblo v. Israel García García, Crim. Núms. E1VP200903090, E1VP200903091, E1VP200903091, E1VP200903092, E1VP200903093, y E1VP200903099; los cuales fueron presentados a raíz de las gestiones encubiertas investigativas del agente 08NAI29, y quien, a su vez, ha sido anunciado como testigo de cargo en dichos procedimientos. CC-2010-0395 4

demostró por parte del Ministerio Público que este agente [esté] realizando investigaciones dentro de la misma Región (Caguas), o que dichas investigaciones estén relacionadas con los cargos que se radicaron, o que [involucren] el mismo tipo de acto delictivo con relación al trasiego de armas o drogas. No se demostró por parte del Ministerio Público que se hayan tomado medidas para proteger la identidad del agente ya que, a diferencia de otros casos, en las denuncias presentadas figura el nombre y [número] de placa reales del Agente encubierto. Tampoco fue materia de prueba que este agente recibiera algún tipo de amenaza hacia él o sus familiares. No se demostró que la vida de este agente estuviera en peligro ya fuera por la investigación en curso o que al prestar testimonio la investigación de la cual participa se vería afectada.3

En consecuencia, el Tribunal de Primera Instancia entendió

que el Ministerio Público no probó ninguno de los criterios

esbozados por este Tribunal en Pueblo v. Pepín Cortés y otros,

supra. Por ello, concluyó que el Estado había incumplido con su

carga probatoria; es decir, con el deber de demostrar que por

ser un agente encubierto en funciones “el limitar el acceso al

público en la vista preliminar constituía la alternativa menos

abarcadora”4 y que “la protección de ese interés debía ceder ante

un derecho constitucional como el que nos ocupa”.5

3 Véase Apéndice de recurso de certiorari, pág. 32. El Tribunal de Primera Instancia también señaló estar consciente del impedimento del Ministerio Público en revelar información detallada sobre las investigaciones que llevaba en curso el agente encubierto. Sin embargo, el foro primario añadió que el Ministerio Público sí podía, de forma general, “poner al Tribunal en posición de determinar que en el curso y protección de las mismas, la seguridad del agente corre peligro haciendo necesaria la solicitud [de cierre]”. Íd., pág. 32, nota 2. Asimismo, el Tribunal de Primera Instancia indicó que aun cuando no compartía “el planteamiento de la defensa en cuanto a que el nombre y número de placa [contenidos en la denuncia] revelan la identidad del agente, ciertamente es evidencia de una medida de seguridad menos tomada por el estado para proteger la identidad”. Íd., pág. 32, nota 3. 4 Véase Apéndice de recurso de certiorari, pág. 32. 5 Íd., págs. 32-33. CC-2010-0395 5

Inconforme, el 12 de febrero de 2010 la Procuradora General

presentó una petición de certiorari ante el Tribunal de

Apelaciones. En ella adujo que el foro de primera instancia

erró al declarar No Ha Lugar su solicitud para que se excluyera

al público de la vista preliminar únicamente mientras el agente

encubierto testificara.

Así las cosas, el 30 de marzo de 2010 el foro apelativo

intermedio dictó una sentencia mediante la cual revocó el

dictamen del Tribunal de Primera Instancia. Al así hacerlo,

señaló que durante la vista de necesidad la Fiscalía probó que

el agente 08NAI29 aún continuaba en funciones y que ello

constituía un interés apremiante a los fines de cumplir con la

norma pautada en Pueblo v. Pepín Cortés, supra. En estas

circunstancias, añadió el foro apelativo intermedio, no es

necesario demostrar que dicho agente teme por su vida ni que su

seguridad física o emocional corre peligro porque ello es

inherente a la función encubierta que ejerce dicho agente.

Asimismo, el Tribunal de Apelaciones sostuvo que la

solicitud del Estado se circunscribía al cierre parcial de la

vista preliminar; es decir, el Ministerio Público solicitó que

se excluyera al público de la vista únicamente mientras el

agente 08NAI29 prestaba su testimonio. Por tal razón, el foro

apelativo razonó que la solicitud se ajustaba a la normativa

pautada en Pueblo v. Pepín Cortés, supra, toda vez que el cierre

solicitado no es más amplio que lo necesario. CC-2010-0395 6

Además, el Tribunal de Apelaciones puntualizó que el

“preservar y proteger la seguridad personal del agente

encubierto, se torna, en un interés apremiante que requiere

mayor protección que el menoscabo circunstancial y limitado del

derecho del imputado a [un] juicio público”.6 Por ello, razonó

que “el hecho de la identificación del agente en la denuncia

reduce ciertamente la efectividad de la medida solicitada...,

pero no la derrota totalmente, en la medida que es un hecho

incontrovertido que aún el testigo continúa prestando ese tipo

de servicio encubierto”.7 Consecuentemente, el foro apelativo

intermedio coligió que para propósitos del caso de autos, “lo

pertinente y determinante es el hecho de que, por las razones

que sean, todavía el agente en cuestión presta estos servicios,

por lo que su seguridad personal y emocional se encuentra aún

comprometida”.8

No conteste con esa determinación, el 10 de mayo de 2010 el

peticionario presentó un recurso de certiorari ante este

Tribunal. En su petición, afirma que el foro recurrido erró al

ordenar que la vista preliminar fuese cerrada únicamente

mientras el agente encubierto ofrecía su testimonio. Ello, a

pesar que el Ministerio Público “no probó ni tan sólo uno de los

criterios esbozados en [Pueblo v. Pepín Cortés, supra]”.

Posteriormente, el 1 de junio de 2010 el peticionario presentó

6 Véase Apéndice de recurso de certiorari, pág. 85. 7 Íd., pág. 85. 8 Íd. CC-2010-0395 7

una moción en auxilio de jurisdicción y solicitó que ordenáramos

la paralización de la vista preliminar pautada para el 7 de

junio de 2010 mientras entendíamos el recurso de certiorari.

Subsiguientemente, el 4 de junio de 2010, emitimos una

resolución mediante la cual ordenamos la paralización de la

vista preliminar. Asimismo, le concedimos a la Procuradora

General un término de quince días para que mostrara causa por la

cual no se debía expedir el recurso de certiorari presentado por

el peticionario y revocar la sentencia del Tribunal de

Apelaciones.

Todas las partes han comparecido. Por ello, con el

beneficio de sus argumentos, procedemos a resolver.

II

Como es sabido, la Sexta Enmienda de la Constitución de

Estados Unidos expresa que “en todos los procedimientos

criminales el acusado gozará del derecho a... un juicio

público”. Const. EE.UU., Enmd. VI. Este fue uno de los

primeros derechos contenidos en la Sexta Enmienda que el

Tribunal Supremo federal catalogó como “elemento esencial del

debido proceso de ley y, por ello, aplicable a los Estados a

través de la Decimocuarta Enmienda”. In re Oliver, 333 U.S. 257

(1948); W. LaFave, J. Israel, N. King, O. Kerr, 6 Crim. Proc. §

24.1(a)(3d ed.). De igual forma, la Constitución de Puerto Rico

garantiza que “[e]n todos los procesos criminales, el acusado

disfrutará del derecho a un juicio rápido y público...”. Const.

E.L.A., Art. II, Sec. 11. CC-2010-0395 8

Es oportuno apuntalar que el derecho a un juicio público le

pertenece al acusado. El público y la prensa, más bien, gozan

de un derecho a “acceso a los juicios criminales” que tiene sus

orígenes -y está cimentado- en la Primera Enmienda de la

Constitución de Estados Unidos y en la Sec. 4 del Art. II de la

Constitución de Puerto Rico, “así como también en el derecho de

acceso a la información en manos del Estado, el cual hemos

reconocido en nuestra jurisdicción como corolario del derecho a

la libre expresión”. Pueblo v. Pepín Cortés, supra, pág. 977;

Globe Newspaper Co. v. Superior Court, 457 U.S. 596 (1982).

Véanse, además: López Vives v. Policía de P.R., 118 D.P.R. 219

(1987); Soto v. Srio. de Justicia, 112 D.P.R. 477 (1982). “El

carácter fundamental del derecho de acceso a los juicios penales

a favor del público y de la prensa ha dado lugar a que se

extienda este derecho a etapas anteriores al juicio. Waller v.

Georgia, 467 U.S. 39 (1984); Press-Enterprise Co. v. Superior

Court, 464 U.S. 501 (1984) (Press-Enterprise I).

Específicamente, se ha reconocido que el derecho del acceso

alcanza procedimientos como la vista preliminar”. Pueblo v.

Pepín Cortés, supra, pág. 978; Press-Enterprise Co. v. Superior

Court, 478 U.S. 1 (1986) (Press-Enterprise Co. II).

La exigencia de un juicio público es en beneficio del acusado; que el público pueda observar la forma en que él está siendo enjuiciado y no condenado injustamente mantiene a sus juzgadores atentos a la responsabilidad e importancia de sus funciones.

Aparte de asegurar que el juez y el fiscal desempeñan sus funciones ministeriales responsablemente, el juicio CC-2010-0395 9

público fomenta la participación de los testigos y desalienta el perjurio.9 (Citas omitidas)

A

En el pasado, la anterior Regla 23 de Procedimiento

Criminal concebía la vista preliminar como una vista privada a

la cual, como norma general, el público no tenía acceso. El

precepto disponía que la vista preliminar “será privada a menos

que al comenzar la misma la persona solicitare que fuere

pública. La „persona‟ se refiere al imputado”. E.L. Chiesa

Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos,

Colombia, Ed. Forum, 1993, Vol. III, pág. 51. Cónsono con ello,

en El Vocero de P.R. v. E.L.A., 131 D.P.R. 356 (1992),

rechazamos el ratio decidendi de Press Enterprise Co. II v.

Superior Court, supra, y resolvimos que éste “no se aplicaba a

la vista preliminar en Puerto Rico, por lo que la Regla 23 de

Procedimiento Criminal, en cuanto dispone que la vista

preliminar será privada a menos que el acusado la quiera

pública, no viola la [Primera Enmienda]”. E.L. Chiesa Aponte,

op. cit., pág. 51.

No obstante lo anterior, en El Vocero de Puerto Rico v.

Puerto Rico, 508 U.S. 147 (1993), el Tribunal Supremo federal

dejó sin efecto el dictamen emitido en El Vocero de Puerto Rico

v. E.L.A., supra, y declaró la inconstitucionalidad de nuestra

antigua Regla 23 de Procedimiento Criminal. Como consecuencia

de ello, mediante la Ley Núm. 197 de 12 de agosto de 1995,

9 Press Enterprise Co. v. Superior Court, 464 U.S. 501 (1984). CC-2010-0395 10

nuestra Asamblea Legislativa enmendó la Regla 23 de

Procedimiento Criminal para que la vista preliminar fuese

pública. Así, en la Exposición de Motivos del estatuto el

legislador declaró:

Resulta imprescindible atemperar las disposiciones de la Regla 23 con la reciente determinación del Tribunal Supremo Federal para evitar la situación de que diferentes jueces puedan darle diferente interpretación a dicha decisión. Las enmiendas incorporadas al estatuto tienen el propósito de aclarar el alcance de la determinación jurisprudencial, brindando así uniformidad en el procedimiento criminal.

. . . . . . . . .

Las enmiendas incorporadas a la Regla 23 tienen el propósito de atemperar dicha disposición legal con la reciente determinación del Tribunal Supremo Federal al establecerse que las vistas preliminares serán de naturaleza pública y disponerse las circunstancias excepcionales cuando podrán ser privadas. 1995 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico, págs. 976-978.

Cónsono con esos propósitos, la Regla 23 de Procedimiento

Criminal fue enmendada y, en lo pertinente, dispone lo

siguiente:

La vista preliminar será pública a menos que el magistrado determine, previa solicitud del imputado, que una vista pública acarrea una probabilidad sustancial de menoscabo a su derecho constitucional a un juicio justo e imparcial, y que no hay disponibles otras alternativas menos abarcadoras y razonables que una vista privada para disipar tal probabilidad. En tales casos, la decisión del magistrado deberá fundamentarse en forma precisa y detallada.

También se podrá limitar el acceso a la vista preliminar cuando el magistrado determine, previa solicitud a tales efectos, que tal limitación es necesaria para proteger cualquier otro interés de naturaleza apremiante y que no existen otras alternativas menos abarcadoras y razonables. La decisión del magistrado deberá fundamentarse en forma precisa y detallada. CC-2010-0395 11

Se dispone que el magistrado deberá limitar el acceso a la vista preliminar, previa solicitud del fiscal, en aquellos casos en que éste interese presentar el testimonio de un agente encubierto o un confidente que aún se encuentre en funciones o cuando esté declarando la víctima de un caso de violación o actos impúdicos o lascivos. 33 L.P.R.A. Ap. II, R.23.

Del citado texto puede colegirse diáfanamente que la vista

preliminar es de carácter público. Empero, la actual Regla 23

de Procedimiento Criminal, supra, reconoce cuatro supuestos en

los que la vista puede celebrarse en privado; a saber: (1)

cuando se pretenden proteger los derechos constitucionales del

imputado a un juicio público, justo e imparcial; (2) cuando la

vista privada sea necesaria para proteger cualquier otro interés

de naturaleza apremiante; (3) cuando el Ministerio Público

interese presentar el testimonio de un agente encubierto que aún

se encuentre en funciones o de un confidente; y (4) cuando esté

declarando la víctima de un caso de violación o de actos

impúdicos o lascivos. Pueblo v. Pepín Cortés, supra, pág. 979.

B

En cuanto al primer supuesto enunciado (cuando se pretende

proteger el derecho constitucional del imputado a un juicio

público, justo e imparcial), en Press-Enterprise I v. Superior

Court, supra, el Tribunal Supremo federal resolvió que el

derecho a juicio público contenido en la Sexta Enmienda de la

Constitución de Estados Unidos se extiende a los procedimientos

de selección del jurado y que ello, como norma general, no

atenta contra el derecho a un juicio justo e imparcial que

cobija al acusado. CC-2010-0395 12

En el contexto fáctico el Sr. Albert Greenwood Brown, Jr.,

fue acusado de violar y asesinar a una niña adolecente. Antes

de comenzar la desinsaculación del jurado (voir dire), Press-

Enterprise Co. compareció ante la corte de primera instancia del

Estado de California y solicitó acceso a ese procedimiento. En

apoyo de su petitorio, adujo que el público tenía un derecho

absoluto de acceder al juicio del señor Greenwood Brown, Jr., y

que éste comenzaba –propiamente- con el voir dire. El

Ministerio Público, por su parte, arguyó que si el Tribunal le

concedía el acceso a la prensa, las contestaciones de los

jurados potenciales adolecerían del candor necesario para

asegurarle al acusado su derecho a un juicio justo. Press-

Enterprise I v. Superior Court, supra, pág. 503.

Examinados los argumentos de las partes, el foro primario

permitió que Press-Enterprise Co. asistiera a los procedimientos

preliminares de desinsaculación del jurado. Sin embargo, señaló

que el procedimiento sería cerrado al público tan pronto las

partes comenzaran a interrogar a los jurados potenciales sobre

sus cualificaciones para imponer la pena de muerte y sobre

cualquier otra área especial. El procedimiento de

desinsaculación en su totalidad duró seis semanas y tan sólo

tres días fueron abiertos al público. Íd.

Luego de constituido el jurado, Press-Enterprise Co. le

solicitó al tribunal de instancia que revelara en su totalidad

la transcripción del voir dire. Ante tal solicitud, la defensa

de Greenwood Brown, Jr., y el Ministerio Público alegaron que CC-2010-0395 13

ello atentaría contra del derecho a la privacidad del jurado.

De igual forma, el Ministerio Público añadió que los jurados

habían contestado las preguntas que se les hicieron bajo una

“promesa implícita de confidencialidad”. El foro primario

denegó la solicitud de Press-Enterprise Co. Íd., págs. 503-504.

Una vez sentenciado, el señor Greenwood Brown, Jr., Press-

Enterprise Co., solicitó nuevamente la transcripción completa

del voir dire. El foro primario, nuevamente, denegó la

solicitud. Íd., pág. 504.

El Tribunal Supremo federal señaló que las circunstancias

bajo las cuales la prensa y el público pueden ser excluidos de

un juicio criminal son limitadas, como también indicó que la

justificación del Estado denegando el acceso debe ser una de

alta importancia. Así, cuando el Estado pretenda denegar el

acceso del público con el propósito de impedir la divulgación de

información sensitiva, debe demostrarse que la exclusión

responde a un interés apremiante y que este proceder está

diseñado estrechamente en consecución de ese interés. Press-

Enterprise Co., I v. Superior Court, supra, págs. 509-510,

citando a Globe Newspaper Co. v. Superior Court, supra. Véase,

además, Pueblo v. Pepín Cortés, supra, pág. 983.

En armonía con lo anterior, el Máximo Foro federal razonó

que el tribunal de instancia erró al concluir que la celebración

pública de los procedimientos de desinsaculación atentaba contra

el derecho del acusado a un juicio justo e imparcial y el

derecho de privacidad de los potenciales jurados. Añadió que el CC-2010-0395 14

foro primario no consideró otras alternativas al cierre

prolongado disponibles para proteger los intereses esgrimidos,

por lo que no se justificaba el cierre. Press-Enterprise Co., I

v. Superior Court, supra, págs. 510-511.

Posteriormente, en Waller v. Georgia, supra, el Tribunal

Supremo federal estableció que la celebración cerrada e

injustificada de una vista de supresión de evidencia atentaba

contra el derecho del imputado a un juicio público.

El marco fáctico del citado precedente, en síntesis, es el

siguiente. Para el año 1981, la Policía del Estado de Georgia

grabó un sinnúmero de conversaciones, de las cuales se

desprendió un gran esquema de lotería clandestina basado en el

tráfico y volumen de los valores negociados en el Mercado de

Valores del Estado de Nueva York (NYSE, por sus siglas en

inglés). Como resultado de estos hallazgos, treinta y seis

imputados fueron acusados bajo el “Racketeer Influenced and

Corrupt Organizations Act.” (RICO, por sus siglas en inglés) del

Estado de Georgia,10 y por cometer los delitos de “apuestas

comerciales” y “divulgación de información sobre apuestas”.11

Waller v. Georgia, supra, pág. 41.

Iniciado el procesamiento criminal en su contra, los

imputados solicitaron del tribunal que suprimiera las

grabaciones. Adujeron que las órdenes judiciales no fueron

obtenidas mediando causa probable, estuvieron basadas en

10 Ga. Code Ann. §§ 16-14-1 a 16-14-15 (1982, Supp. 1983). 11 Ga. Code Ann. §§ 16-12-22 y 16-12-28 (1982). CC-2010-0395 15

información general y que las grabaciones de las conversaciones

no fueron supervisadas.

Por su parte, el Estado solicitó del Tribunal que se

excluyera al público de la vista de supresión de evidencia. En

apoyo a su contención, alegó que bajo las leyes de Georgia

“cualquier publicación” de las comunicaciones grabadas que no

fuese necesaria y esencial conllevaría su inadmisibilidad como

evidencia. Íd., págs. 41-42. Además, el Ministerio Público

señaló que las grabaciones involucraban a varias personas

acusadas, pero no enjuiciadas, y otras que no fueron acusadas.

Consecuentemente, razonó que la publicación de las grabaciones

contaminaría la evidencia obtenida y ésta no podría ser

utilizada en procedimientos posteriores. Luego de escuchar a

las partes, el Tribunal ordenó el cierre de la vista. Íd., pág.

42.

La celebración de la vista de supresión duró siete días y

tan solo dos horas y media fueron destinadas a escuchar las

grabaciones obtenidas.12 Íd. Así, luego de celebrado el juicio,

los imputados fueron exonerados de los cargos bajo el “RICO Act”

del Estado de Georgia pero convictos bajo los cargos de

“apuestas comerciales” y “divulgación de información sobre

apuestas”. Íd., pág. 43.

12 El resto de la vista versó sobre el procedimiento seguido para obtener la autorización para grabar las comunicaciones, las órdenes de allanamiento, y la forma en que éstas fueron ejecutadas. A raíz de lo anterior, y ante la admisión del Ministerio Público que una gran cantidad de los documentos allanados eran de naturaleza personal y no estaban relacionados a crimen alguno, el Tribunal ordenó la supresión de dichos documentos. CC-2010-0395 16

El Tribunal Supremo del Estado de Georgia confirmó las

convicciones. En cuanto a la exclusión del público durante la

celebración de la vista de supresión de evidencia, dispuso que

el tribunal de instancia ponderó adecuadamente el derecho de los

imputados a un juicio público y el derecho a la intimidad de los

otros. Íd.

Atendido el caso por el Tribunal Supremo federal, se

reconoció que el derecho a un juicio público contenido en la

Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos se extiende

a las vistas de supresión de evidencia. Íd. De este modo,

reiteró a Press Enterprise I v. Superior Court, supra, y señaló

que la norma general de apertura sólo podrá ser circunvalada

ante la existencia de un interés apremiante fundado en que el

cierre de la vista es esencial para la preservación de un valor

superior y en que ese remedio no es más amplio de lo debido.

Este interés debe ser articulado en conjunto con circunstancias

suficientemente específicas como para permitirle a un tribunal

de superior jerarquía revisar la adecuacidad de la orden de

clausura. Íd., pág. 45, citando a Press Enterprise I v.

Superior Court, supra, pág. 510.

Al aplicar los criterios afirmados en Press Enterprise I v.

Superior Court, supra, el Tribunal Supremo federal razonó que la

clausura total de la vista de supresión de evidencia fue

injustificada y pautó los factores que rigen el análisis de

controversias de esta naturaleza. Estos son: (1) la parte que

solicita la clausura de la vista debe presentar un interés CC-2010-0395 17

apremiante que, de no ordenar el cierre de la vista, será

lesionado; (2) el cierre no debe ser más amplio de lo necesario

para proteger ese interés; (3) el tribunal de instancia debe

considerar las alternativas disponibles al cierre; y (4) el

tribunal debe hacer determinaciones adecuadas para sustentar su

determinación”. Waller v. Georgia, supra, pág. 48. A esos

efectos, el Tribunal expresó que “el único interés presentado

por el Ministerio Público lo fue el que la „publicación

innecesaria‟ de las grabaciones impediría su uso en

procedimientos criminales posteriores”. Íd. Sin embargo, aun

cuando “bajo determinadas circunstancias este interés puede que

justifique el cierre parcial de una vista de supresión de

evidencia... en esta ocasión el Estado no fue específico en

cuanto a quién se le quebrantaría su privacidad, cómo se

infringiría este derecho y qué porciones de las grabaciones eran

las detrimentales”. Íd.

Consecuentemente, el Tribunal Supremo federal razonó que

las determinaciones del tribunal de instancia fueron generales y

no justificaron el cierre total de la vista de supresión. Íd.

Además, advirtió que ese foro “no consideró alternativas al

cierre total e inmediato de la vista; entre ellas: dirigir al

Ministerio Público para que proveyera más detalles sobre la

necesidad del cierre; ordenar el cierre de la vista sólo en

aquellos momentos en que se pudieran afectar los intereses que

se quieren proteger”. Íd., págs. 48-49. CC-2010-0395 18

Luego de Waller v. Georgia, supra, el Tribunal Supremo

Federal tuvo ante sí Press-Enterprise Co. II v. Superior Court,

supra. Allí, resolvió específicamente que el público y la

prensa gozan de un derecho de acceso a las vistas preliminares

bajo la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y

que ello no atenta, como norma general, en contra del derecho

del imputado a un juicio justo e imparcial.

En aquella ocasión, el 23 de diciembre de 1981, el Estado

de California presentó una denuncia en contra del Sr. Robert

Díaz imputándole doce cargos de asesinato. Alegadamente, el

señor Díaz, enfermero de profesión, asesinaba a sus víctimas

administrándole grandes cantidades del narcótico lidocaína.

Press-Enterprise Co. II v. Superior Court, supra, pág. 3.

En la vista preliminar, el imputado le solicitó al tribunal

de instancia que ordenara el cierre de la vista y excluyera al

público de la sala. Ello, debido a que entendía que la

exclusión del público era necesaria para proteger su derecho a

un juicio justo e imparcial. El tribunal de instancia concedió

el cierre solicitado. Precisó que el caso había adquirido un

alto grado de notoriedad y que ello hacía necesario el cierre de

la vista. La celebración de la vista preliminar duró cuarenta y

un días.13 Íd., págs. 3-4.

13 La mayoría de la prueba presentada fue científica, pero también se presentó el testimonio de varios de los compañeros del imputado que trabajaron durante los turnos en que las víctimas fueron asesinadas. Además, el imputado no desfiló prueba, pero sí contrainterrogó vigorosamente a los testigos presentados. CC-2010-0395 19

Luego que el tribunal de instancia determinara causa para

acusar al imputado, Press-Enterprise Co. solicitó que se

revelara la totalidad de las transcripciones de la vista

preliminar. Su solicitud fue denegada. Subsiguientemente, el

Ministerio Público presentó una moción en la que hizo una

solicitud similar a la de Press-Enterprise Co.14 El acusado se

opuso y señaló que la revelación de la transcripción generaría

una publicidad perjudicial. Íd., pág. 5.

Analizados los planteamientos de las partes, el foro

primario indicó que aun cuando el contenido de la transcripción

no era inflamatorio, existía una probabilidad razonable de que

su descubrimiento le causara perjuicio al acusado y lesionara su

derecho a un juicio justo e imparcial. Por ello, denegó la

solicitud del Ministerio Público y de Press-Enterprise Co. Íd.

Considerada la controversia por el Tribunal Supremo del

Estado de California, este foro resolvió que la Primera Enmienda

de la Constitución de Estados Unidos no contempla un derecho de

acceso a las vistas preliminares. Añadió que el acceso

reconocido por el Tribunal Supremo federal en Press-Enterprise

Co. I v. Superior Court, supra; y Globe Newspaper Co. v.

Superior Court, supra, sólo se extendía a juicios criminales.

De igual forma, el Máximo Foro Judicial de California señaló que

las razones para el cierre invocadas en Press-Enterprise Co. I

v. Superior Court, supra; y en Globe Newspaper Co. v. Superior

14 Press-Enterprise Co. se unió a la solicitud del Ministerio Público. CC-2010-0395 20

Court, supra, no eran similares a las presentadas en esa

ocasión. Por ello, este foro concluyó que ni el Ministerio

Público ni Press-Enterprise Co. habían demostrado que su

solicitud no le causaba perjuicio al acusado, conforme lo

establecido en la sec. 868 del Código Penal de California.15

Press-Enterprise Co. II v. Superior Court, supra, pág. 5.

Insatisfecha, Press-Enterprise Co. presentó un recurso de

certiorari ante el Tribunal Supremo federal, quien expidió dicho

recurso y revocó el dictamen emitido por el Tribunal Supremo de

California. Al así hacerlo, el Máximo Foro federal expresó que

el derecho a un juicio público del acusado bajo la Sexta

Enmienda no protege menos que el derecho de la prensa y del

público bajo la Primera Enmienda.16 Press-Enterprise Co. II v.

Superior Court, supra, pág. 7. “Cuando un acusado se opone a

que la vista de supresión sea cerrada, ésta debe ser abierta a

menos que la parte que solicita el cierre presente un interés

apremiante, el cual lo más probable será lacerado” a no ser que

se excluya al público de la vista. Íd.

Cónsono con lo anterior, el Tribunal Supremo federal

resaltó que el derecho a juicio público del acusado no estaba en

pugna puesto que fue el propio acusado quien solicitó el cierre

15 Cal.Penal Code Ann. § 868 (West 1985). 16 Inicialmente, el Tribunal Supremo Federal razonó que la controversia ante su consideración no era académica. Ello, pues aun cuando la transcripción de la vista preliminar fue revelada al público con posterioridad a la renuncia del acusado de su derecho a un juicio por jurado, lo cierto resultaba ser que la controversia era capaz de repetirse y evadir revisión judicial. Íd., pág. 6, citando a Globe Newspaper Co. v. Superior Court, supra; Gannett Co. v. DePasquale, 443 U.S. 368 (1979). CC-2010-0395 21

de la vista preliminar, sino que el eje central de la

controversia lo era el derecho del público bajo la Primera

Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Íd. Por ello,

luego de examinar el origen y naturaleza de la vista preliminar

bajo el sistema procesal penal de California,17 el Tribunal

indicó que la prensa y el público gozan de un derecho de acceso

a los procedimientos criminales. Íd., pág. 13. Así, al

concluir el cierre de la vista preliminar por cuarenta y un días

no estuvo justificado, el Tribunal señaló lo siguiente:

Debido a que el derecho de acceso bajo la Primera Enmienda se extiende a las vistas preliminares bajo la sec. 958 del Código Penal de California, tales procedimientos no pueden ser celebrados a puerta cerrada a menos que se hagan determinaciones específicas y se demuestre que el cierre es esencial para preservar un interés superior y que tal proceder está diseñado estrechamente para proteger dicho interés. Íd.

Por ello, si el interés alegado es el derecho del acusado a

un juicio justo e imparcial, la vista preliminar deberá ser

cerrada sólo si se esbozan determinaciones específicas que

demuestren, en primer lugar, que existe una probabilidad

sustancial que tal derecho será lacerado por la publicidad de la

vista, evitable mediante el cierre de la misma; y, en segundo

lugar, las alternativas existentes al cierre no protegen

adecuadamente el referido derecho. (Traducción nuestra.)

Press-Enterprise Co. II v. Superior Court, supra, citando a

Press-Enterprise Co. I v. Superior Court, supra; Richmond

Newspapers, Inc. v. Virginia, 448 U.S. 555, 581 (1980). 17 Véase, Press-Enterprise Co. II v. Superior Court, supra, págs. 8-13. CC-2010-0395 22

C

En Puerto Rico no hemos escatimado a la hora de adoptar los

pronunciamientos del Tribunal Supremo federal reseñados. Así,

en cuanto al tercer supuesto discutido (cuando el Ministerio

Público interese presentar el testimonio de un confidente o de

un agente encubierto que aún se encuentre en funciones), en

Pueblo v. Pepín Cortés, supra, resolvimos que ante una solicitud

del Ministerio Público para que se excluya al público de la

vista preliminar porque se presentará el testimonio de un agente

encubierto, no procede que el Tribunal de Primera Instancia

ordene -de forma automática- el cierre de la vista. Más bien,

señalamos que el foro primario deberá celebrar una vista de

necesidad en la cual dilucide la procedencia del cierre y las

razones que el Ministerio Público presente para ello.

En esa ocasión, luego de encontrar causa probable para el

arresto de los imputados, el Tribunal de Primera Instancia

emitió una resolución mediante la cual dividió a los imputados

en varios grupos y señaló a cada grupo una fecha individual para

la celebración de la vista preliminar. Llegado el día señalado

para la vista de los grupos I y II, el Ministerio Público

solicitó que se excluyera al público de la sala para que el foro

primario determinara si era necesario o no el cierre de la misma

en aras de proteger la identidad y seguridad del agente

encubierto cuyo testimonio iba a ser presentado como prueba. La

defensa de los imputados se opuso a la solicitud del Ministerio CC-2010-0395 23

Público y adujo que le asistía el derecho a una vista preliminar

pública. Íd., pág. 973.

Luego de examinar los argumentos de las partes, el Tribunal

de Primera Instancia denegó la solicitud del Ministerio Público

por entender que fue tardía. En reconsideración, reafirmó su

determinación y ordenó dar comienzo a la vista preliminar. Así

las cosas, el agente encubierto entró a sala escoltado por

varios agentes y con su rostro cubierto por una capucha negra.

A preguntas del tribunal, el agente contestó que no estaba

dispuesto a testificar sin la capucha. Ante ello, el foro

primario determinó que no existía causa probable para acusar a

los imputados de los grupos I y II dada una ausencia total de

prueba. Íd., pág. 974.

Por su parte, en cuanto al grupo III, días antes de la

fecha señalada para la celebración de la vista preliminar, el

Ministerio Público presentó una moción en la que solicitó la

celebración de una vista de necesidad para determinar si

procedía la exclusión del público dado a que deseaba presentar

el testimonio del agente encubierto. La defensa de los

imputados se opuso y alegó que la naturaleza de la vista era

pública, que los imputados tenían un derecho a un juicio justo e

imparcial y que el público tenía derecho a observar los

procedimientos.18 Íd.

18 La defensa de los imputados adujo, además, que la solicitud del Ministerio Público fue tardía y que no les fue notificada. Pueblo v. Pepín Cortés, 173 D.P.R. 968, 974 (2008). CC-2010-0395 24

El Tribunal de Primera Instancia accedió a lo solicitado

por el Ministerio Público. Durante la vista de necesidad se

presentó el testimonio del Agente Félix Disdier González, quien

al momento de emitir su testimonio trabajaba en la División de

Drogas y Narcóticos de Caguas y fungía como la persona contacto

del agente encubierto. Así, el agente Disdier González

testificó que el agente encubierto continuaba en funciones y

realizaba investigaciones y transacciones relacionadas con el

trasiego ilegal de sustancias controladas. Escuchado el

testimonio del agente Disdier González, el foro primario

determinó que el cierre de la vista preliminar no estaba

justificado. Íd., pág. 975.

Inconforme, el Ministerio Público acudió ante el Tribunal

de Apelaciones en ambos casos. Luego de consolidarlos, el foro

apelativo intermedio dictó una sentencia y confirmó los

dictámenes recurridos. Íd., págs. 975-976.

Llegado el caso ante nuestra consideración, y luego de

exponer un cuidadoso análisis de los derechos constitucionales

involucrados y su jurisprudencia interpretativa, señalamos que

“ante el reclamo del imputado de su derecho a un juicio justo,

toda solicitud de cierre de la vista preliminar deberá evaluarse

restrictivamente a favor de su apertura, según un escrutinio

estricto”. Íd., pág. 986. Al así hacerlo, adoptamos

expresamente los factores delineados por el Tribunal Supremo

federal en Waller v. Georgia, supra, y apuntalamos que en

nuestro ordenamiento jurídico no hay cabida para “un decreto CC-2010-0395 25

automático que ordene el cierre de la vista preliminar según la

Regla 23(c) de Procedimiento Criminal, supra”. Íd., págs. 986-

987.

Acorde con lo anterior, señalamos que, en los casos en que

el imputado invoque su derecho a un juicio público para oponerse

a una solicitud del Ministerio Público mediante la cual solicite

el cierre de la vista preliminar porque desea presentar en

privado el testimonio de un agente encubierto que aún se

encuentra en funciones, el tribunal deberá celebrar una vista de

necesidad para dilucidar la necesidad de la solicitud.

Asimismo, especificamos que en esa vista el Ministerio Público

deberá demostrar que el agente encubierto aún se encuentra en

funciones y que el cierre de la vista preliminar es la

alternativa menos abarcadora para proteger su seguridad.

En cambio, cuando se trata de un agente encubierto que no

está en funciones, “el Ministerio Público deberá demostrar que

existe un interés apremiante que justificaría su solicitud, como

lo podría ser preservar la seguridad física o emocional del

agente y que la limitación del acceso del público no será más

amplia de lo necesario para proteger ese interés”.19 Íd., pág.

Igualmente, para que la decisión del Tribunal de Primera

Instancia constituya un dictamen ecuánime y salvaguarde

19 Resolvimos, además, que la solicitud del Ministerio Público debe estar fundamentada y, salvo justa causa, deberá notificársele al imputado dentro de un tiempo razonable antes de la celebración de la vista preliminar. Pueblo v. Pepín Cortés, supra, pág. 988. CC-2010-0395 26

adecuadamente los intereses constitucionales involucrados,

añadimos que en la vista de necesidad el foro primario podrá

tomar en consideración factores como los siguientes: (1) si el

agente encubierto continúa trabajando en investigaciones de esa

naturaleza; (2) si continúa trabajando en los casos o las

investigaciones relacionadas al caso objeto de la vista de

necesidad; (3) si su identidad ha sido revelada; (4) las medidas

o precauciones que ha tomado el Estado para preservar la

identidad y seguridad del agente; (5) si el agente ha recibido

amenazas; y (6) si el agente teme por su vida o seguridad física

o emocional, o la de su familia.20 Íd., pág. 988.

Consecuentemente, al aplicar la normativa pautada,

concluimos que el Tribunal de Primera Instancia había excedido

sus límites de discreción y que el Tribunal de Apelaciones erró

al confirmar su dictamen. Por ello, revocamos la sentencia

dictada por el foro apelativo intermedio y ordenamos la

devolución del caso para que se celebrara una vista de

necesidad.

D

Como podemos apreciar, cuando el Ministerio Público

solicita del Tribunal que excluya al público de la sala debido a

que presentará como testigo a un agente encubierto, es necesario

que se celebre una vista en la cual se demuestre que el cierre

es imperativo para proteger la vida y seguridad del testigo.

20 El testimonio del agente encubierto no es necesario para demostrar estos factores, aunque nada impide su comparecencia y testimonio en la vista de necesidad. Pueblo v. Pepín Cortés, supra, pág. 988. CC-2010-0395 27

Pueblo v. Pepín Cortés, supra. El cierre no es automático. Sin

embargo, al presente no habíamos tenido la oportunidad de

abundar sobre la carga probatoria que el Ministerio Público debe

satisfacer en esa vista y sobre el análisis que debe efectuar el

Tribunal de Primera Instancia para alcanzar la determinación más

adecuada a las circunstancias presentadas. Por ello, y debido a

que nuestros pronunciamientos en Pueblo v. Pepín Cortés, supra,

se circunscribieron en resaltar lo imperioso de la vista de

necesidad, examinaremos la casuística federal en aras de

deslindar una norma coherente que se acople a nuestro

ordenamiento procesal criminal.

En Ayala v. Speckard, 131 F.3d 62 (2do Cir. 1997), el

Tribunal de Apelaciones federal para el Segundo Circuito

resolvió que el tribunal de distrito actuó correctamente al

excluir el público de la sala mientras el agente testificaba

debido a que, entre otras cosas, éste continuaba en funciones

como agente encubierto en la misma región donde ocurrieron los

actos delictivos. Ello, como medida efectiva para proteger la

vida y seguridad del agente encubierto sin incurrir en una

violación al derecho del imputado a un juicio público.

En aquella ocasión, durante la ejecución de lo que se

conoce como un operativo “adquisición y arresto” (buy and bust),

la Policía del Estado de Nueva York arrestó a los Sres. Steven

Ayala, Charles Okonowo y Howard Pearson por vender sustancias

narcóticas ilegales. Durante el juicio, el tribunal de

instancia ordenó la exclusión del público de la sala únicamente CC-2010-0395 28

mientras los agentes encubiertos testificaban. Terminada la

celebración del juicio, los señores Ayala, Okonowo y Pearson

fueron declarados culpables, por lo que apelaron sus

convicciones. Éstas fueron confirmadas.

El Tribunal de Apelaciones federal para el Segundo Circuito

mediante recurso de habeas corpus, confirmó las convicciones

recurridas. En su dictamen, señaló que el tribunal sentenciador

actuó correctamente al ordenar, en tres ocasiones distintas, la

exclusión del público de la sala mientras testificaban los

agentes encubiertos que aún continuaban en funciones. Ello, en

aras de proteger la vida y seguridad de los agentes. Ayala v.

Speckard, supra, pág. 72.

En su análisis, examinó los factores reconocidos en Waller

v. Georgia, supra. En cuanto al primero de ellos, señaló que el

interés aducido por el Ministerio Público –mantener la

efectividad de las operaciones encubiertas y salvaguardar la

vida y seguridad del agente- es uno extremadamente sustancial,

por lo que el tribunal de instancia actuó correctamente al

concluir que ese interés se afectaría seriamente si se le

hubiera requerido a los agentes que testificaran en corte

abierta. Añadió que

creemos que el curso más sensible es que el juez de instancia reconozca que la norma general es favorecer la apertura de los juicios, y requerir evidencia persuasiva que demuestre un riesgo serio de perjuicio sobre un interés importante a la hora de ordenar el cierre. Sin embargo, el juez debe tener en cuenta que mientras más extenso sea el cierre solicitado, mayor debe ser el riesgo y la gravedad del perjuicio que ese CC-2010-0395 29

interés pudiera sufrir. (Traducción nuestra.) Ayala v. Speckard, supra, pág. 70.

Asimismo, en cuanto al segundo factor consignado en Waller

v. Georgia, supra (el cierre solicitado no debe ser más amplio

de lo necesario para proteger el interés), el foro apelativo

federal añadió que el cierre ordenado por el tribunal de

instancia fue únicamente mientras los agentes encubiertos

testificaban y que tal remedio limitado estuvo justificado y no

fue más amplio de lo necesario. Íd., págs. 72-73.

Posteriormente, en Glaude v. Artuz21, se resolvió que el

tribunal de distrito actuó correctamente al rechazar el recurso

de habeas corpus presentado por el peticionario en el cual alegó

que su derecho a un juicio público fue violado por el cierre

parcial ordenado. Ello, pues la prueba desfilada en la vista de

necesidad celebrada satisfizo los factores subrayados en Waller

v. Georgia, supra.

De los antecedentes fácticos se desprende, que un equipo de

agentes de la división de narcóticos persiguieron al Sr. Anthony

Glaude hasta un apartamento ubicado en el segundo piso de un

edifico de Brooklyn, N.Y. Una vez allí, los agentes encontraron

narcóticos (crack) y parafernalia para su uso. También,

encontraron al peticionario escondido al lado de la estufa.

Para el juicio, el Ministerio Público solicitó que se excluyera

al público de la sala mientras el agente encubierto emitía su

211999 U.S. App. LEXIS 18147, *1,189 F. 3d 460 (2do Cir. 1999). Opinión no publicada. Nótese que su uso es permitido bajo la Regla 32.1 de la Corte Federal de Apelaciones para el Segundo Circuito. CC-2010-0395 30

testimonio. Ante esa solicitud, el tribunal sua sponte celebró

una vista de necesidad para determinar si el cierre era

necesario.22 Glaude v. Artuz, supra.

Durante la vista de necesidad, la cual fue celebrada en

privado, el agente encubierto testificó que trabajaba para la

División de Narcóticos del Departamento de Policía de Nueva York

y que, en capacidad de agente encubierto disfrazado de

indigente, comúnmente adquiría drogas ilegales. Por ello,

añadió, que temía por su vida y seguridad. Tras escuchar el

testimonio del agente encubierto, el tribunal de instancia

ordenó el cierre del juicio únicamente mientras éste

testificara.23 Íd.

22 Antes de celebrar la vista de necesidad, el Ministerio Público adujo que el agente encubierto había realizado aproximadamente 260 compras de narcóticos, que tenía casos pendientes en los tribunales de Brooklyn y Manhattan y que posiblemente sería reasignado al equipo de operaciones tácticas de Brooklyn. Glaude v. Artuz, 189 F.3d 460, 1 (2do Cir. 1999). 23 Al así ordenarlo, el tribunal de instancia señalo lo siguiente: “Luego de interrogar al agente, y basándome en lo que me ha dicho, básicamente que ha hecho más de 200 compras y que la gran mayoría de esos casos criminales están pendientes, en adición al hecho de que él aún se encuentra en funciones encubiertas, me veo obligado a tomar conocimiento judicial de lo siguiente: (1) los procedimientos criminales en los cuales están involucrados los asesinos del agente Byrnes, quien fue asesinado a la orden de un capo para darle una lección a la policía sobre el “me tumbas uno mío, yo te tumbo uno tuyo”, aún están pendientes; y (2) las declaraciones hechas por varias personas de la uniformada sobre los recientes asesinatos de agentes de la policía. Además, el tribunal toma conocimiento judicial de la muerte del agente Hatcher (DEA), quien fue asesinado en Staten Island mientras fungía como agente encubierto y cuyo asesino está siendo perseguido; y todo esto, obviamente, tiene que estar en las mentes de cada agente encubierto; y ello asusta; y es increíble cómo estos hombres y mujeres tienen el valor de salir a la calle y hacer lo que tienen que hacer día a día; y nuestra sociedad, incluyendo nuestras cortes, ciertamente no deben poner la vida de estas personas en más riesgo del que está, por lo que encuentro que existen suficientes razones convincentes para conceder lo solicitado; en específico, la protección de la vida de este agente encubierto, la protección de la efectividad de su trabajo, y la CC-2010-0395 31

Celebrado el juicio, Glaude fue declarado culpable del

delito de posesión de sustancias controladas en primer grado por

el uso criminal de parafernalia para el uso de narcóticos.

Consecuentemente, fue sentenciado a cumplir una pena de

reclusión de dieciocho años. Posteriormente, Glaude presentó un

recurso de habeas corpus ante el Tribunal de Distrito de Estados

Unidos para el Distrito Este de la ciudad de Nueva York. Este

foro judicial concluyó que sus alegaciones carecían de mérito.

Íd., pág. 3.

El Tribunal de Apelaciones federal para el Segundo

Circuito, por su parte, confirmó el dictamen emitido por el

tribunal de distrito. Al aplicar los factores de Waller v.

Georgia, supra, señaló, en cuanto al primer factor, que cuando

se pondera si ese factor se inclina a favor del cierre de la

vista, debe reconocerse, en primer lugar, que la norma general

favorece la apertura de los juicios. De solicitarse su cierre,

debe presentarse evidencia que demuestre el riesgo sustancial de

perjuicio que algún interés importante ha de sufrir si no se

ordena la exclusión del público de la sala. Por ello, “mientras

más extenso sea el cierre solicitado, mayor debe ser el riesgo y

la gravedad del perjuicio que ese interés pudiera sufrir”.

Glaude v. Artuz, supra, pág. 3, citando a Ayala v. Speckard,

supra, pág. 70.

protección de la efectividad del trabajo de todas las personas que se desempeñan en esa posición. Por lo que el cierre de sala por varios minutos mientras el agente testifica constituye un precio pequeño a pagar por esa efectividad”. (Traducción nuestra.) Glaude v. Artuz, supra, pág. 2. CC-2010-0395 32

En referencia al segundo elemento Waller v. Georgia, supra,

el foro apelativo federal advirtió que el interés del Ministerio

Público por proteger la vida y seguridad del agente encubierto

es suficientemente persuasivo (compelling) como para justificar

el cierre solicitado, pues éste no era más amplio de lo

necesario. En ese contexto, el tribunal expresó que durante la

vista de necesidad el agente encubierto testificó que continuaba

en funciones y que temía por su vida y seguridad. En

consideración a lo anterior, confirmó el dictamen del tribunal

de distrito pues existía justificación para ordenar el cierre

limitado del juicio. Glaude v. Artuz, supra, pág. 4.24

En Bowden v. Keane, 237 F.3d 125 (2do Cir. 2001), el

Tribunal de Apelaciones federal para el Segundo Circuito alcanzó

la misma conclusión que en Glaude v. Artuz, supra. En esa

ocasión, durante la ejecución de un operativo de “adquisición y

compra”, el Sr. Vernon Bowden fue arrestado en la calle número

126 de Manhattan por haber vendido tres “caplets” de “crack” a

un agente encubierto, el detective Billingy. Bowden v. Keane,

supra, pág. 128.

24 Véanse, además: Nieblas v. Smith, 204 F.3d 29 (2do Cir. 1999) (se resolvió que el tribunal de distrito actuó correctamente al denegar un recurso de habeas corpus dado a que el cierre del juicio mientras el agente encubierto testificaba, no violó el derecho del acusado a un juicio público. Ello, puesto que en la vista de necesidad celebrada, el agente declaró que continuaba en funciones encubiertas en el área sur de Brooklyn y que por su seguridad, su identidad no debía ser revelada); Brown v. Artuz, 283 F.3d 492 (2do Cir. 2002) (en donde se confirmó un dictamen del tribunal de distrito denegando un recurso de habeas corpus luego de resolver que el cierre parcial del juicio durante el testimonio de un agente encubierto no fue una aplicación irrazonable de Waller v. Georgia, supra. Ello pues, durante la vista de necesidad el agente encubierto declaró que aún continuaba en funciones en la misma región que el acusado fue arrestado y que temería por su seguridad si emitía su testimonio en corte abierta). CC-2010-0395 33

Iniciado el proceso judicial, el Estado solicitó el cierre

del juicio mientras el agente encubierto ofrecía su testimonio.

En atención a ello, el tribunal de instancia celebró una vista

de necesidad en la que testificó el detective Weathers, otro

agente encubierto compañero del detective Billingy, quien lo

asistió en el operativo. El referido agente acotó que él,

actualmente, participaba en operaciones criminales, que había

sido amenazado a muerte por los narcotraficantes, quienes

sospechaban que él era policía y que había alrededor de

veinticinco a treinta sospechosos que no habían sido arrestados.

Íd.

Escuchado el testimonio de Weathers, el foro primario

concedió el cierre parcial solicitado por el Ministerio Público.

En particular, el juez de instancia puntualizó lo siguiente:

Entiendo que ahora el expediente de autos corrobora el cierre de la sala.... Creo que [el expediente] habla por sí sólo, sin dejar de mencionar la forma en que la información se disemina a través de este sistema. Para mí, es perfectamente concebible que si no se ordena el cierre solicitado, se conocerá que un agente encubierto testificará en corte abierta y él será identificado; por lo que no es necesario que el público esté presente. Bowden v. Keane, supra, pág. 128, citando a Bowden v. Keane, 85 F.Supp.2d 246, 248-249 (S.D.N.Y. 2000).

Celebrado el juicio, que fue cerrado únicamente mientras el

agente Weathers testificaba, el señor Bowden fue encontrado

culpable por la venta de sustancias controladas y fue

sentenciado a reclusión.

Circuito, resolvió que el Tribunal de Distrito de Estados Unidos CC-2010-0395 34

para el Distrito Sur de Nueva York actuó correctamente al

denegar el recurso de habeas corpus presentado por el señor

Bowden. Bowden v. Keane, 237 F.3d 125, 128 (2001). El foro

apelativo federal señaló, como norma general, que la Sexta

Enmienda de la Constitución de Estados Unidos le garantiza a los

imputados de delito que sus juicios serán públicos y que este

derecho aplica a los Estados a través de la Decimocuarta

Enmienda. Bowden v. Keane, supra, págs. 128-129, citando a

Duncan v. Louisiana, 391 U.S. 145, 148 (1968). Sin embargo,

añadió que este derecho no es absoluto y, en ciertas instancias,

un tribunal puede ordenar que se excluya al público de la sala

sin violar la Constitución de Estados Unidos. Bowden v. Keane,

supra, pág. 129.

A esos efectos, el foro apelativo federal razonó que el

tribunal de instancia actuó correctamente al aplicar la

normativa de Waller v. Georgia, supra, ordenar el cierre parcial

del juicio y excluir al público únicamente mientras el agente

encubierto testificaba. Tal proceder estuvo justificado debido

a que el agente encubierto había testificado que aún continuaba

en funciones, éste fue amenazado a muerte y, más importante aún,

el remedio solicitado (cierre del juicio únicamente mientras el

agente declaraba) no era más amplio de lo debido. Bowden v.

Keane, supra, pág. 130.

E

La normativa trazada por la jurisprudencia descrita

demuestra que las instancias en las cuales se solicite el cierre CC-2010-0395 35

de un juicio criminal, o de algún procedimiento anterior a éste,

deben ser analizadas rigurosamente. Así, debido a que cada

circunstancia que se presenta ante el tribunal es particular, el

análisis debe ser uno caso a caso.

Cónsono con lo enunciado, como norma general, nuestro

ordenamiento jurídico favorece la apertura de los juicios. Ello

debe ser así, toda vez que el derecho a un juicio público

constituye, claramente, un derecho fundamental. Const. EE.UU.,

Enmd. VI; Const. E.L.A., Art. II, Sec. 11; In re Oliver, supra;

LaFave, op cit.; Chiesa Aponte, op cit., Vol. II, pág. 185.

Empero, cuando se solicita excluir al público de sala, el juez

de instancia debe celebrar una vista de necesidad25 en la cual

tiene que analizar lo siguiente: (1) si la parte que solicita

el cierre presenta un interés apremiante, el cual será

perjudicado de no concederse el cierre; (2) si el cierre

solicitado no es más amplio de lo necesario para proteger ese

interés; (3) las alternativas razonables disponibles. Además,

como factor adicional, el tribunal deberá realizar

determinaciones adecuadas y suficientemente detalladas para

sostener el remedio concedido. Waller v. Georgia, supra; Pueblo

v. Pepín Cortés, supra. Véanse, además: Bowden v. Keane, supra;

Glaude v. Artuz, supra; Ayala v. Speckard, supra.

Ahora bien, en las instancias en que el Ministerio Fiscal

solicite la exclusión del público de la sala debido a que

25 Véanse: Pueblo v. Pepín Cortés, supra; People v. Hinton, 31 N.Y.2d 71 (1972) (caso medular del Estado de Nueva York de donde surge el pseudónimo de las vistas de necesidad: Hinton Hearings). CC-2010-0395 36

presentará como testigo a un agente encubierto, el juez de

instancia deberá tener presente la normativa pautada en Pueblo

v. Pepín Cortés, supra, en la vista de necesidad que se celebre.

Esto es, si el Ministerio Público anuncia que presentará el

testimonio de un agente encubierto que aún sigue en funciones,

deberá demostrar (1) que el agente aún se encuentra en

funciones; y (2) que el cierre es la alternativa menos

abarcadora para proteger la vida y seguridad de dicho agente.

Íd., pág. 987. Nótese que en estas instancias la vida y

seguridad del agente constituyen, propiamente, ese interés

apremiante reconocido como primer factor en Waller v. Georgia,

supra. Véanse: Bowden v. Keane, supra; Glaude v. Artuz, supra;

Ayala v. Speckard, supra.

En cambio, cuando el Ministerio Público anuncia como

testigo a un agente encubierto que no se encuentra en funciones,

deberá demostrar (1) que existe un interés apremiante que

justifica su solicitud de cierre; y (2) que la limitación del

acceso del público no será más amplia de lo necesario para

proteger dicho interés. Pueblo v. Pepín Cortés, supra, pág.

987. Adviértase que bajo estas circunstancias, a diferencia de

la anterior, la Fiscalía deberá presentar prueba sobre la

existencia de un interés apremiante que justifique la concesión

del cierre solicitado (primer factor esbozado en Waller v.

Georgia, supra) puesto que el agente que testificará ya no se

encuentra en funciones y ello presupone que su vida y seguridad

no se encuentran en peligro. Sin embargo, ello no es óbice para CC-2010-0395 37

que se pueda desfilar prueba que demuestre lo contrario y que el

interés apremiante lo es el “preservar la seguridad física o

emocional del agente”. Pueblo v. Pepín Cortés, supra, pág. 987.

Por su parte, en cuanto a la amplitud del remedio

solicitado, (segundo factor esbozado en Waller v. Georgia,

supra) nótese que en ambas instancias el Ministerio Público debe

demostrar que el cierre es la alternativa menos abarcadora –no

es más amplio de lo necesario- para proteger la vida y seguridad

del agente encubierto. En ese sentido, el juez de instancia

debe tener presente que “mientras más extenso sea el cierre

solicitado, mayor debe ser el riesgo y la gravedad del

perjuicio” que el interés a protegerse pueda sufrir. Ayala v.

Speckard, supra, pág. 70. Es decir, debe existir una proporción

racional entre el derecho del imputado a un juicio público y el

cierre solicitado, como también éste debe estar correlacionado

con el interés que se quiere proteger mediante la exclusión del

público de la sala. Por ello, está en manos del juez de

instancia ponderar minuciosamente estas variables para así

alcanzar la solución que más se adecúe a las circunstancias

particulares del caso.26

26 Claro está, en las ocasiones en que la prensa o ciudadanía se opongan al cierre solicitado por el Ministerio Público, el juez de instancia debe tener presente que el público y la prensa gozan de un derecho fundamental de “acceso a los juicios criminales”, el cual emana de la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y de la Sec. 4 del Art. II de la Constitución de Puerto Rico. Press Enterprise Co. II, supra; Globe Newspaper Co. v. Superior Court, supra; Press Enterprise I, supra. Véase, además: Pueblo v. Pepín Cortés, supra. Así, el juez de instancia deberá ponderar entre el “derecho de acceso” de la prensa y ciudadanía, y la prueba que presente el Ministerio Público en apoyo de los factores esbozados en Waller v. Georgia, supra. Véanse: Press Enterprise Co. II, supra; Pueblo v. Pepín Cortés, supra. CC-2010-0395 38

Finalmente, en las dos instancias antes descritas el foro

primario debe tomar en consideración las alternativas

disponibles al cierre solicitado (tercer factor enunciado en

Waller v. Georgia, supra), y deberá realizar determinaciones

adecuadas y suficientes para sostener el cierre solicitado

(cuarto factor esbozado en Waller v. Georgia, supra).

III

El peticionario aduce que el Tribunal de Apelaciones erró

al dictar una sentencia, revocar al Tribunal de Primera

Instancia y señalar que procedía el cierre de la vista

preliminar durante el testimonio del agente encubierto. Añade

que durante la vista de necesidad el Ministerio Público no probó

“ni tan solo uno de los criterios esbozados en Pueblo v. Pepín

Cortés, supra”. No le asiste la razón. Veamos.

En la resolución emitida por el Tribunal de Primera

Instancia, ese foro señaló que la prueba presentada en la vista

de necesidad sólo demostró que el agente 08NAI29 continuaba en

funciones. No obstante, razonó que el Ministerio Público no

probó ninguno de los factores sugeridos en Pueblo v. Pepín

Cortés, supra, y, consecuentemente, incumplió con su carga

probatoria de demostrar que el cierre solicitado no es más

amplio de lo necesario. Por ello, el foro primario declaró, en

reconsideración, No Ha Lugar la solicitud de cierre presentada

por el Ministerio Público.

Este raciocinio constituye un error manifiesto. En primer

lugar, resulta contradictorio señalar, por un lado, que el CC-2010-0395 39

Ministerio Público demostró que el agente encubierto aún

continúa en funciones y luego colegir, por otro lado, que no se

probó ninguno de los factores esbozados en Pueblo v. Pepín

Cortés, supra. Tal conclusión omite que “demostrar que el

agente encubierto continúa en funciones”, constituye,

propiamente, uno de los factores reconocidos en Pueblo v. Pepín

Cortés, supra.

En segundo lugar, el Tribunal de Primera Instancia incidió

al concluir que el Estado incumplió con su carga probatoria al

no demostrar que “limitar el acceso al público en la vista

preliminar constituía la alternativa menos abarcadora” y que “la

protección de ese interés debía ceder ante un derecho

constitucional como el que nos ocupa”. Tal proceder es uno

desatinado. No toma en consideración que en las instancias en

que el Ministerio Público anuncia que presentará el testimonio

de un agente encubierto la carga probatoria exigida por Pueblo

v. Pepín Cortés, supra, sólo requiere que el Ministerio Público

demuestre: (a) que el agente encubierto aún se encuentra en

funciones; y (b) que el remedio solicitado es la alternativa

menos abarcadora para proteger la seguridad de dicho agente.

Pueblo v. Pepín Cortés, supra, pág. 988. Así, aun cuando el

derecho del imputado a un juicio público es uno fundamental,

cuando se demuestra que el agente encubierto continúa en

funciones resulta evidente que su vida y seguridad, como la de

su familia, corren peligro; y ello constituye un interés

apremiante que debe ponderarse adecuadamente. Véanse, Pueblo v. CC-2010-0395 40

Garay López, 2011 T.S.P.R. 66, págs. 6-9; Glaude v. Artuz, ante,

nota 22. Véase, además: Pueblo v. Luciano Arroyo, 83 D.P.R.

573, 582 (1961) (“Los jueces no debemos, después de todo, ser

tan inocentes como para creer declaraciones que nadie más

creería”).

Además, al declarar No Ha Lugar la solicitud de cierre, el

foro primario tampoco tomó en consideración que el cierre

solicitado en el caso de autos es uno parcial y no total. Es

decir, el Ministerio Público solicitó que se excluyera al

público de la sala únicamente mientras el agente encubierto

emite su testimonio. Tal remedio es racionalmente proporcional

al derecho del imputado a un juicio público y está

correlacionado con el interés que el Ministerio Público pretende

proteger (vida y seguridad del agente encubierto que aún

continúa en funciones) mediante el remedio que solicita. Ayala

v. Speckard, supra, pág. 70.

Adviértase, además, que en esta ocasión no se trata de un

cierre total de la vista preliminar o de la exclusión del

público de la sala por un tiempo prolongado. Véanse: Press

Enterprise Co. I v. Superior Court, supra (en donde el cierre de

los procedimientos de desinsaculación del jurado duró seis

semanas y tan solo tres días fue abierto al público); Waller v.

Georgia, supra, (en donde la celebración cerrada de una vista de

supresión de evidencia duró siete días y tan solo dos horas y

media fueron destinadas a la presentación de la prueba que

sustentó dicho cierre); Press Enterprise Co. II v. Superior CC-2010-0395 41

Court, supra, (en donde el cierre de la vista preliminar duró

cuarenta y un días). Por el contrario, el remedio solicitado en

el caso de autos es uno temporero cuya duración incide en lo

mínimo sobre el derecho del imputado a un juicio público. En

conclusión, el cierre solicitado no es más amplio de lo

necesario para proteger la vida y seguridad del agente

encubierto que testificará en la vista preliminar.27

Asimismo, entendemos que el Tribunal de Primera Instancia

erró al sustentar su dictamen, en parte, en la revelación de la

identidad del agente encubierto por razón de haber incluido su

nombre y número de placa reales en la denuncia presentada. Aun

cuando las medidas tomadas para proteger la identidad del agente

encubierto constituyen un factor a considerarse, tal proceder no

convierte en inoficiosa la solicitud de cierre del Ministerio

Público.28 Véase, U.S. v. Smith, 780 F.2d 1102, 1108 (1985) (en

donde se resolvió que la solicitud del Ministerio Público no se

desvirtualiza simplemente porque el acusado conozca el nombre e

identidad reales del confidente).

En cuanto al resto de los factores sugeridos en Pueblo v.

Pepín Cortés, supra, pág. 988 (si el agente encubierto ha sido

amenazado y si continúa trabajando en los casos o

investigaciones relacionados al caso objeto de la vista de 27 Somos conscientes que el remedio aquí concedido se limita al cierre de la vista preliminar única y exclusivamente mientras el agente encubierto emite su testimonio. Así, una vez culmine dicho testimonio la vista preliminar deberá abrirse nuevamente.

28 Distinto hubiera sido si el agente encubierto hubiese testificado en sala abierta en alguno de los otros procedimientos criminales pendientes. CC-2010-0395 42

necesidad), el Tribunal de Primera Instancia concluyó que el

Ministerio Público no desfiló prueba que los demostrara.

Empero, debemos tener presente que en su Escrito en Cumplimiento

de Orden, el Estado puntualizó que el agente encubierto es

testigo esencial en varios procedimientos criminales adicionales

que están pendientes en el distrito judicial de Caguas29 y que

son producto de sus funciones encubiertas. Tal y como

adelantamos, tomamos conocimiento judicial de estos hechos bajo

la Regla 11(A)(2), (B) y (D) de las Reglas de Evidencia de

1979(equivalente a la Regla 201 de las Reglas de Evidencia de

2009).

Contrario a la opinión disidente, este Tribunal reafirma

que la vida y seguridad de un agente encubierto que continúa

trabajando en investigaciones de esa naturaleza, constituye un

interés apremiante del Estado. Ante el justo balance de los

intereses en juego, ¿no es acaso el derecho a la vida el de

mayor jerarquía en nuestro ordenamiento constitucional?

Contestamos en la afirmativa. No podemos ser tan ingenuos en

pensar que la vida y la integridad física de un agente que se

adentra en el corazón mismo de la conspiración y penetra los más

oscuros recintos del crimen organizado no está en inminente

riesgo.

Cónsono con lo anterior, colegimos que el Tribunal de

Apelaciones actuó correctamente al dictar sentencia y revocar el

29 Véase, Escrito en Cumplimiento de Orden, pág. 9, nota 3. CC-2010-0395 43

dictamen emitido por el Tribunal de Primera Instancia. El foro

apelativo intermedio no abusó de su discreción al concluir que

las circunstancias presentadas en el caso de autos son

meritorias y justifican que se conceda el cierre parcial

solicitado por el Ministerio Público.

IV

Por los fundamentos enunciados, expedimos el recurso de

certiorari presentado por el peticionario y confirmamos la

sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones. Por

consiguiente, ordenamos la devolución del expediente de autos al

foro de primera instancia para que continúen los procedimientos

de la vista preliminar conforme a lo aquí pautado.

Se dictará sentencia de conformidad.

Edgardo Rivera García Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico Recurrido

v. Certiorari Rolando Eliecer Díaz CC-2010-0395

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 11 de octubre de 2011.

Por los fundamentos enunciados, expedimos el recurso de certiorari presentado por el peticionario y confirmamos la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones. Por consiguiente, ordenamos la devolución del expediente de autos al foro de primera instancia para que continúen los procedimientos conforme a lo aquí pautado.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez emitió una Opinión disidente a la que se unen el Juez Presidente señor Hernández Denton y la Jueza Asociada señora Fiol Matta.

Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Recurrido

v. CC-2010-395 Rolando Eliecer Díaz

Opinión disiente emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez a la que se une el Juez Presidente señor Hernández Denton y la Jueza Asociada señora Fiol Matta

San Juan, Puerto Rico, a 11 de octubre 2011

La controversia ante este Tribunal requería que

evaluáramos si se justifica el cierre de la sala

durante el testimonio de un agente encubierto

durante la vista preliminar cuando lo único que se

demostró fue que el agente continúa labores como

encubierto. Por tratarse de un derecho de rango

constitucional, estimo que debe probarse que existe

un riesgo particular o real a la vida o seguridad

del agente encubierto y que el cierre de la sala es

la medida necesaria para salvaguardar ese interés.

Por entender que el camino que el Tribunal traza hoy CC-2010-395 2

socava el derecho fundamental a un juicio público,

disiento.

Repasemos los hechos que suscitaron la presente

controversia.

I.

Instancia encontró causa probable para arresto contra el

señor Rolando Eliecer Díaz por infracciones a los artículos

5.01, 5.04, 5.07, 5.10 y 6.01 de la Ley de Armas. 25

L.P.R.A. secs. 458, 458c, 458f, 458i y 459. Pautada la

fecha de la vista preliminar, el Ministerio Público

presentó una Moción Solicitando Vista Preliminar en Privado

al amparo de la Regla 23(c) de las de Procedimiento

Criminal. En específico, solicitó que se limitara el

acceso al público durante el testimonio del agente

encubierto 08NAI29, ya que alegadamente éste continuaba

trabajando como agente encubierto en la región judicial de

Caguas.

El foro primario celebró la vista de necesidad

correspondiente. El Ministerio Público presentó el

testimonio del agente Julio A. Báez Nieves, quien era el

agente contacto del agente encubierto al momento de éste

recopilar la prueba para procesar a Eliecer Díaz.

Finalizado el testimonio del agente Báez Nieves, el foro

primario declaró con lugar la solicitud del Ministerio

Público, por lo que ordenó que el testimonio del agente

encubierto se presente en privado cuando se celebre la

vista preliminar. La defensa del Sr. Eliecer Díaz solicitó CC-2010-395 3

reconsideración del dictamen emitido. El foro primario

emitió una resolución en la que acogió el planteamiento de

la defensa y declaró no ha lugar la petición del Ministerio

Público.

En su resolución, el foro primario señaló que, de la

prueba presentada en la vista, solamente se puede concluir

que el agente aún realiza labores como encubierto. Hizo

constar que no se demostró que las investigaciones en las

que el agente trabaja actualmente se llevan a cabo en la

misma región donde ocurrieron los hechos imputados, que

haya alguna relación entre el testimonio a ofrecer y las

investigaciones actuales, que haya recibido alguna amenaza

o que su vida se encuentre en peligro por la investigación

o que vaya a estarlo si presta testimonio. Añadió que el

Ministerio Público no tomó medidas particulares para

proteger la identidad del agente y que se incluyó su número

de placa y su nombre real en las denuncias. En fin, el

Tribunal de Primera Instancia concluyó que no se prestó

evidencia suficiente para justificar el cierre de la sala

durante el testimonio del agente encubierto en la vista

preliminar.

El foro primario también apuntó que estaba consciente

de que los detalles de las investigaciones que podría estar

realizando actualmente el agente 08NAI29 no podían ser

revelados, pero opinó que el Ministerio Público sí podía -

de forma general- poner en posición al tribunal de

determinar que en el curso y protección de las mismas, la

seguridad del agente corría peligro de modo que fuera CC-2010-395 4

necesaria la solicitud de cierre. Igualmente, determinó

que, aunque no compartía el argumento de la defensa de que

incluir el nombre y número de placa verdadero del agente en

las denuncias presentadas revelaban necesariamente su

identidad, es prueba de una medida de seguridad menos

tomada por el Estado para proteger la identidad del agente.

Inconforme con la determinación del Tribunal de

Primera Instancia, el Ministerio Público acudió al Tribunal

de Apelaciones, mediante auto de certiorari. Dicho foro

revocó la determinación del foro primario. Determinó que

en la vista de necesidad, el Ministerio Público probó que

el agente encubierto continuaba “en funciones”. Añadió que

en circunstancias en que el agente se encuentra en

funciones, no es necesario demostrar que éste teme por su

vida o que su seguridad física o emocional está en peligro,

ya que ello es inherente a la función que ejerce. Además,

indicó que el Ministerio Público sólo solicitó la exclusión

del público durante el testimonio del agente encubierto, lo

cual cumple con las directrices de este Tribunal, en cuanto

a que el cierre de la vista no sea más amplio de lo

necesario. El foro a quo expresó que aunque el cierre

parcial de la vista preliminar menoscaba el derecho a

juicio público del acusado, ello no incide radicalmente en

otras garantías constitucionales como el derecho a un

juicio justo e imparcial, la presunción de inocencia y el

debido proceso de ley.

De esta sentencia, Eliecer Díaz acudió ante este foro

mediante certiorari y moción de solicitud de paralización CC-2010-395 5

de los procedimientos en auxilio de jurisdicción. En su

recurso, el peticionario aduce que el Tribunal de

Apelaciones erró al revocar al Tribunal de Primera

Instancia, pues no se cumplió con los factores esbozados en

Pueblo v. Pepín Cortés, 173 D.P.R. 968 (2008), por lo que

se debió denegar la solicitud del Ministerio Público.

Examinado el recurso, paralizamos los procedimientos

en el foro primario el 4 de junio de 2010 y le ordenamos a

la Procuradora General a que mostrara causa por la cual no

debíamos expedirlo y revocar la sentencia del Tribunal de

Apelaciones. La Procuradora General compareció en

cumplimiento de nuestra orden y alegó, por vez primera, que

el agente encubierto fue amenazado de muerte mientras se

procesaban otros sujetos cuyos casos fueron investigados

por el mismo agente.

II.

La Opinión del Tribunal correctamente reconoce que,

por versar este caso sobre un derecho fundamental, la

limitación a ese derecho debe evaluarse de forma rigurosa,

caso a caso. Sin embargo, al aplicar esta norma a los

hechos del caso, desvirtúa lo preceptuado en Pueblo v.

Pepín Cortés, ante, respecto al análisis que el Tribunal de

Primera Instancia debe hacer al determinar si se concede el

cierre de sala durante el testimonio del agente encubierto.

Ello es así, pues sugiere que una vez se cumple con

demostrar que hay un interés apremiante el análisis se

dirige a la proporción racional entre la amplitud del

cierre solicitado y la gravedad del posible perjuicio. CC-2010-395 6

Ello, sin duda, tiene el efecto de flexibilizar el estándar

requerido por exigencia constitucional.

Ciertamente, cuando un agente ejerce funciones de

encubierto existen intereses apremiantes que el Estado debe

salvaguardar: la vida y la seguridad del agente y la

integridad de las investigaciones en curso. Sin embargo,

ello no es suficiente para restringir el derecho a juicio

público. No basta con probar que el testigo aún funge como

agente encubierto. Es necesario que los hechos del caso

demuestren que el testimonio en corte abierta por parte del

agente encubierto pondría en riesgo alguno de estos

intereses. Probar que el testigo aún funge como agente

encubierto no justifica per se que se limite el acceso del

público a la vista preliminar. Así lo resolvimos en Pueblo

v. Pepín Cortés, ante. En la medida que sugiere que es

razonable cerrar la sala cada vez que va a testificar un

agente encubierto, el análisis de la Opinión choca con lo

decidido en este precedente.

En Pueblo v. Pepín Cortés, ante, sostuvimos que toda

solicitud de cierre de la vista preliminar por parte del

Ministerio Público deberá evaluarse restrictivamente a

favor de su apertura, utilizando para ello un escrutinio

estricto. Así, se requiere demostrar que la exclusión

solicitada es necesaria para salvaguardar un interés

apremiante y que esa medida está estrechamente diseñada

para proteger ese interés. Citando al Tribunal Supremo de

los Estados Unidos en Waller v. Georgia, 467 U.S. 39

(1984), adoptamos los siguientes requisitos para evaluar CC-2010-395 7

una solicitud de esta índole: (1) la parte que interese el

cierre de la vista deberá exponer un interés apremiante;

(2) el cierre no será más amplio que lo necesario para

proteger ese interés; (3) el tribunal deberá considerar

alternativas razonables al cierre; y (4) el tribunal deberá

realizar determinaciones adecuadas para sostener el cierre.

Pueblo v. Pepín Cortés, ante, págs. 986-87.

Resolvimos, además, que ante una solicitud de cierre

de la vista preliminar o del juicio durante el testimonio

de un agente encubierto, el Tribunal está obligado a

celebrar una vista de necesidad en la cual se tomarán en

consideración los siguientes factores para determinar si

ésta se concede o no: (1) si el agente continúa trabajando

en investigaciones de esa naturaleza; (2) si continúa

trabajando en casos o investigaciones relacionadas al caso

objeto de la vista de necesidad; (3) si su identidad ha

sido revelada; (4) las medidas o precauciones que ha tomado

el Estado para preservar la identidad o seguridad del

agente; (5) si el agente ha recibido amenazas; y (6) si el

agente teme por su vida o su seguridad física o emocional o

la de su familia. Pueblo v. Pepín Cortés, ante, pág. 988.

Al exponer los factores antes enunciados, rechazamos

el lenguaje de la Regla 23(c) de Procedimiento Criminal que

establecía una exclusión automática del público de la vista

preliminar -a pedido del Ministerio Público- cuando se

interesara prestar testimonio de un agente encubierto que

aún se encontrara en funciones. Véase, Regla 23(c) de

Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. Indicamos que CC-2010-395 8

“no cabe duda de que la posibilidad de un decreto

automático que ordene el cierre de la vista preliminar al

amparo de la Regla 23(c) de Procedimiento Criminal, ante,

no encuentra apoyo en nuestro ordenamiento constitucional”.

Pueblo v. Pepín Cortés, ante, pág. 982.

Conforme a lo anterior, el Ministerio Público tiene la

carga de probar en la vista de necesidad correspondiente,

que existe un interés apremiante del Estado en celebrar la

vista preliminar en ausencia de público, y que dicha medida

es la menos abarcadora para proteger este interés. Los

factores antes enunciados no constituyen una lista de

cotejo taxativa que tenga que ser textualmente cumplida en

todos los casos, sino que son elementos que ayudan al

juzgador a determinar si el Ministerio Público ha cumplido

con su obligación de demostrar la existencia de un riesgo a

un interés apremiante que valide la restricción al derecho

a juicio público del acusado e igualmente al derecho de

acceso a los procedimientos criminales de la ciudadanía y

de la prensa. Véase, Pueblo v. Pepín Cortés, ante, pág.

988; Richmond Newspapers, Inc. v. Virginia, 448 U.S. 555

(1980); Press Enterprise Co. v. Superior Court of

California, 464 U.S. 501 (1984); Press Enterprise Co. v.

Superior Court, 478 U.S. 1, (1986); El Vocero de Puerto

Rico v. Puerto Rico, 508 U.S. 147 (1993).

Desde Pueblo v. Pepín Cortés, queda claro que la

solicitud de cierre de la sala por razón del testimonio de

un agente encubierto no puede concederse automáticamente.

Así pues, es necesario evaluar las particularidades del CC-2010-395 9

caso para poder determinar que, en efecto, la seguridad

personal del agente o las investigaciones en curso se

pondrían en riesgo si el testimonio se ofrece en corte

abierta. Sin ese eslabón que relacione la medida

solicitada con el interés que se desea proteger no se

justifica la limitación al derecho fundamental a juicio

público. Por esta razón el test de Waller v. Georgia exige

que se consideren otras alternativas al cierre de la sala.

Asimismo, en Pueblo v. Pepín Cortés, establecimos que

cuando el agente encubierto continúa en funciones como

encubierto se tiene que probar que el cierre solicitado es

la medida menos abarcadora para proteger el interés en

cuestión.

Es evidente que el mero hecho de continuar en

funciones como agente encubierto no es suficiente para

conceder el cierre. En esos casos, la vista de necesidad

se dirige a probar ese factor conector entre el interés

apremiante y el remedio solicitado, según las

circunstancias particulares del caso. Con este propósito,

en Pueblo v. Pepín Cortés, ante, esbozamos los factores que

el tribunal debe evaluar para determinar si el testimonio

del agente en corte abierta pone en peligro un interés

apremiante del Estado. Como es de notar, elementos como

una relación estrecha entre las investigaciones en curso y

la que desembocó en la denuncia del imputado o una cercanía

geográfica entre las investigaciones podrían demostrar una

necesidad de protección que no existe si las CC-2010-395 10

investigaciones no se relacionan o se distancian

geográficamente.

Pese a lo anterior, la Opinión interpreta a Pueblo v.

Pepín Cortés de forma tal que establece que cuando el

agente se encuentra en funciones no es necesario presentar

prueba adicional que justifique el cierre.30 Ello, pues

determina que “aun cuando el derecho del imputado a un

juicio público es uno fundamental, cuando se demuestra que

el agente encubierto continúa en funciones resulta evidente

que su vida y seguridad, como la de su familia, corren

peligro; y ello constituye un interés apremiante que debe

ponderarse adecuadamente”.31 Esta regla per se que

establece el Tribunal nos coloca al margen tanto de nuestra

Constitución, como de la de Estados Unidos. El Vocero de

Puerto Rico v. Puerto Rico, 508 U.S. 147 (1993)

Como se ha señalado, si bien es cierto que existe un

interés apremiante del Estado en proteger al agente

encubierto y las investigaciones en curso, todavía el

Ministerio Público tendría que demostrar que el testimonio

en corte abierta pondría en peligro ese interés. El

Tribunal no aborda este asunto, por lo que determina que el

interés en proteger la vida de un agente encubierto es

suficiente para justificar el cierre. Pasa directamente a

evaluar si hay una proporcionalidad racional entre el

remedio solicitado –cerrar la sala durante el testimonio

del agente- y el interés que se interesa salvaguardar.

30 Opinión mayoritaria, pág. 38. 31 Opinión mayoritaria, pág. 41. CC-2010-395 11

Así, concluye que cerrar la sala solamente mientras se

emite el testimonio del agente encubierto es un remedio

relacionado al interés que se desea proteger y que es

racionalmente proporcional al derecho del imputado a un

juicio público.

El elemento que se enfatiza es sobre la duración del

cierre, pues el Tribunal indica que el foro primario no

tomó en consideración que el cierre solicitado era parcial.

Valga aclarar que cuán amplio es el cierre de la sala no

incide sobre la justificación para tomar esta acción, sino

sobre el cuarto factor de Waller: que el cierre no sea más

abarcador de lo necesario. Previo a esta evaluación sobre

la amplitud del cierre se requería una determinación de

necesidad del cierre de la sala. El Tribunal de Primera

Instancia no consideró este aspecto porque entendió que el

Ministerio Público no lo puso en posición para concluir que

el agente corría un peligro particular, por lo que no había

necesidad de cerrar la sala.

El cierre de la sala no puede decretarse de forma

automática cuando se ofrece el testimonio de un agente

encubierto. Al realizar el análisis del caso, el foro

primario entendió que no se le colocó en posición para

afirmar que había un peligro a la vida o seguridad del

agente. No es suficiente con un testimonio en que se

asevera que el agente continúa fungiendo como encubierto

sin que se conozca si quiera en qué tipo de investigación o

en qué área se llevan a cabo estas investigaciones. Por

tanto, no era necesario evaluar otras alternativas al CC-2010-395 12

cierre de la sala o si el cierre era lo menos abarcador

posible.

Incluso, si consideráramos que se probó que el interés

apremiante ameritaba protección en cuanto al testimonio, el

Ministerio Público no cumplió con demostrar que el cierre

era la alternativa menos abarcadora para protegerlo, pues

no ofreció alternativas al tribunal. Aun así, la Opinión

concluye, mediante una retórica difusa e incongruente, que

si lo único que se cierra es el testimonio del agente

encubierto se cumple con el test de Waller.

Finalmente, el Tribunal expresa que el foro primario

no erró, pues no tuvo ante su consideración las alegaciones

de amenaza a la vida del agente que la Procuradora General

señala en su Escrito en Cumplimiento de Orden ante esta

Curia. Estas expresiones son ciertamente alarmantes. El

Tribunal confirma la actuación del Tribunal de Apelaciones

a base de unos hechos que se alegan por vez primera ante

este Foro. Este proceder atenta contra principios básicos

de nuestro sistema judicial. Es ante el Tribunal de

Primera Instancia que se desfila la prueba que sustenta las

alegaciones de las partes, es ése el foro competente para

realizar determinaciones de hechos. La tarea revisora de

los tribunales apelativos se limita a la decisión impugnada

y la evidencia relacionada que se haya presentado en el

foro inferior. No nos confiere la autoridad para tomar por

ciertas las alegaciones que presentan las partes en sus

escritos, cuando la parte contraria no ha tenido

oportunidad de refutar con otra prueba ni el foro primario CC-2010-395 13

ha pasado juicio sobre ellas. La deferencia que merecen

las determinaciones de hechos del Tribunal de Primera

Instancia exige que nos circunscribamos a analizar si su

actuación se justificaba conforme a los hechos presentados

y probados ante ese foro. Pueblo v. Falcón Negrón, 126

D.P.R. 75 (1990).

Acoger ese planteamiento en esta etapa implicaría

dejar inoperante la vista de necesidad que se llevó a cabo.

Por imperativo del debido proceso de ley, la parte

contraria tiene derecho a que se le brinde la oportunidad

en una vista de refutar con evidencia una alegación de esa

naturaleza. Por tanto, es la vista de necesidad donde se

debió presentar cualquier evidencia pertinente para la

determinación de necesidad del cierre de la sala, de otro

modo se reduce esta exigencia del derecho a juicio público

en un procedimiento pro forma.

III.

En el presente caso, el Ministerio Público solicitó el

cierre de la vista preliminar mientras testifica el agente

encubierto 08NAI29. El Tribunal de Primera Instancia,

conforme a nuestros pronunciamientos en Pueblo v. Pepín

Cortés, ante, celebró una vista de necesidad para auscultar

la razonabilidad del pedido del Estado.

De acuerdo a la evidencia presentada en la vista de

necesidad, el Ministerio Público sólo pudo probar, mediante

el testimonio del agente Báez Nieves, que el agente 08NAI29

todavía se encontraba en funciones como agente encubierto.

Si bien es cierto que la solicitud contenía una alegación CC-2010-395 14

de que el agente continuaba labores en Caguas, este hecho

no se probó. No se presentó evidencia sobre el tipo de

investigaciones en que estaba trabajando o si se

relacionaban con los cargos imputados al Sr. Eliecer Díaz.

Tampoco se consignó que éste haya recibido amenazas o que

temiera por su seguridad o la de su familia.

A base de dichas determinaciones de hecho, el foro

primario concluyó que el Ministerio Público no cumplió con

su carga de probar la necesidad de proteger un interés

apremiante mediante el cierre de la vista preliminar

durante el testimonio del agente 08NAI29. No erró al así

concluir. Al examinar las determinaciones de hecho

consignadas en la resolución del foro primario, somos del

criterio que lo probado en la vista de necesidad fue

insuficiente para establecer la necesidad de mantener

cerrada la vista preliminar durante el testimonio del

mencionado agente. No se presentó prueba que relacione el

testimonio del agente con un riesgo al interés apremiante,

por lo que no se puede validar la restricción al derecho a

juicio público del acusado.

No obstante, como indicamos anteriormente, el Tribunal

de Apelaciones revocó al foro de instancia y este Tribunal

confirma su actuación. Fundamentan su proceder en que el

Ministerio Público probó que el agente 08NAI29 todavía se

encontraba en funciones y que la solicitud de exclusión del

público era solamente durante el testimonio del agente, no

durante toda la vista preliminar. Reiteramos que el hecho

de que un agente encubierto aún se mantenga “en funciones”, CC-2010-395 15

de suyo, no es suficiente para validar la ausencia de

público de una vista preliminar o juicio.

Resolver de esa manera significaría que ante un

reclamo del Ministerio Público de que testificará un agente

encubierto que aún se encuentra en funciones, el tribunal

debe desalojar automáticamente al público de la vista. Eso

fue, precisamente, lo que catalogamos como

constitucionalmente impermisible en Pueblo v. Pepín Cortés,

pues lo impedía tanto el derecho a juicio público del

acusado como el derecho de la ciudadanía y de la prensa en

presenciar los procedimientos criminales, al amparo de los

derechos de libertad de expresión y de prensa. Pueblo v.

Pepín Cortés, ante. Aunque los factores incluidos en

Pueblo v. Pepín Cortés no constituyen una lista de cotejo

taxativa, ciertamente es necesario probar algo más que

simplemente establecer que el agente encubierto aún se

encuentra en funciones. Ello no ocurrió aquí.

No hay duda de que la labor de los agentes encubiertos

es un arma de investigación necesaria para esclarecer la

comisión de ciertos delitos que se distinguen por su

característica esencial de clandestinidad y dicha función

está revestida de cierta peligrosidad. Pueblo v.

Carballosa y Balzac, 130 D.P.R. 842, 851 (1992). No

obstante, como establecimos en Pueblo v. Pepín Cortés, aun

cuando la protección de estos agentes puede constituir un

interés apremiante del Estado, es necesario demostrar en

una vista de necesidad que en el caso específico se

justifica el cierre de la vista preliminar al público y que CC-2010-395 16

esa es la medida menos abarcadora para lograr el interés

estatal. No podemos olvidar que se trata de dejar de lado

derechos constitucionales de la más alta jerarquía, como lo

son el derecho del acusado a juicio público y las

libertades de expresión y prensa. Por lo tanto, en ningún

escenario el cierre es automático con sólo establecer que

el agente encubierto se encuentra “en funciones”, sino que

es necesario analizar los factores establecidos en Pueblo

v. Pepín Cortés, y todos aquellos que puedan ser

pertinentes al caso, con el propósito de determinar si la

medida solicitada es necesaria o adelanta, en el caso

particular, el interés apremiante.

El Tribunal fundamenta su Opinión en que procede

conceder el pedido por ser razonable, por ser la solicitud

de cierre de la vista preliminar parcial, únicamente

durante el testimonio del agente 08NAI29. No tiene razón.

Como es de notar, dicha medida va dirigida a demostrar que

la limitación a los derechos constitucionales concernidos

no es más abarcadora de lo necesario para proteger el

interés estatal. Lo que ocurre es que en el presente caso

no se cumplió con el paso anterior, esto es, demostrar la

necesidad del cierre para proteger el interés apremiante

del Estado. Como indicamos anteriormente, no es suficiente

demostrar que el agente encubierto está en funciones, sino

que hay que analizar los factores expuestos en Pueblo v.

Pepín Cortés para auscultar si se justifica el cierre de la

vista preliminar. Al analizar los factores concernidos en

este caso, concluimos -al igual que el foro de instancia- CC-2010-395 17

que no se cumplió con el estándar de escrutinio estricto.

Por lo tanto, la prueba presentada por el Estado no fue

suficiente para validar el cierre de la vista preliminar,

sea éste total o parcial.

En cuanto al hecho de que el Ministerio Público

incluyó en las denuncias presentadas en contra del Sr.

Eliecer Díaz el nombre y número de placa reales del agente

08NAI29, consideramos que esa acción, aunque denota cierto

descuido del Ministerio Público en proteger la identidad

del agente en cuestión, no convirtió en inoficioso el

pedido del Estado. Es decir, ese hecho, por sí solo, no es

el causante de la denegatoria al pedido del Estado. No

obstante, recalcamos, al igual que lo hicimos en Pueblo v.

Pepín Cortés, que las medidas tomadas por el Estado para

proteger la identidad de un agente encubierto, o la

ausencia de éstas, son un factor a considerar al momento de

determinar si procede el cierre de una vista preliminar o

juicio.

IV.

En el caso de autos, el Tribunal de Primera Instancia

concedió una vista de necesidad ante una solicitud de

cierre parcial de la vista preliminar. Luego de ponderar

los factores esbozados en Pueblo v. Pepín Cortés, determinó

que no se justificaba el cierre, pues no se demostró la

necesidad de proteger un interés apremiante del Estado. El

Tribunal de Apelaciones revocó la determinación del foro

primario, actuación que hoy avala este Tribunal. Al así

resolver, este Foro debilita la norma establecida en Pueblo CC-2010-395 18

v. Pepín Cortés, ante, y autoriza una exclusión automática

del público cada vez que un agente encubierto presta

testimonio. Esta Opinión, además de socavar un derecho

fundamental del imputado, atenta contra nociones básicas de

nuestro ordenamiento judicial, pues acoge como ciertas las

alegaciones de una de las partes sin respetar el principio

de deferencia a las determinaciones de hechos del foro

primario.

Disiento del curso de la Mayoría por considerar que en

este caso -a la luz de las determinaciones de hecho

realizadas por el Tribunal de Primera Instancia- no

procedía la solicitud del Ministerio Público de cerrar

parcialmente la vista preliminar al público.

Anabelle Rodríguez Rodríguez Juez Asociada