EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico Certiorari Recurrido 2016 TSPR 67 v. 195 DPR ____ Lutgardo Acevedo López
Peticionario
Número del Caso: CC-2016-251
Fecha: 13 de abril de 2016
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan, Panel I
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Jaime Ruberté Santiago
Oficina de la Procuradora General:
Lcda. Margarita Mercado Echegaray Procuradora General
Lcda. Mónica Cordero Vázquez Procuradora General Auxiliar
Materia: Sentencia del Tribunal con Voto Particular Disidente.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v. CC-2016-0251 Certiorari
Lutgardo Acevedo López
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 13 de abril de 2016.
Por estar igualmente dividido el Tribunal, se
expide el auto de certiorari y se dicta Sentencia
confirmatoria de la emitida por el Tribunal de
Apelaciones en el presente caso.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y
certifica el Secretario del Tribunal Supremo. “El
Juez Asociado señor Martínez Torres vota conforme
porque una absolución obtenida mediante fraude no
puede prevalecer nunca. Pueblo v. Rivera Ramos, 88
DPR 612 (1963). Por eso procede un nuevo juicio y
será allí que el Estado tendrá que probar la CC-2016-0251 2
culpabilidad del acusado, no antes. Requerirle al Estado
que pruebe antes de ese nuevo juicio que el acusado debió
ser hallado culpable es poner la carreta antes de los
bueyes”. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco y los
Jueces Asociados señores Kolthoff Caraballo y Rivera García
paralizarían y expedirían para pautar, y confirmar la
decisión emitida por el Tribunal de Apelaciones. El Juez
Asociado señor Estrella Martínez paralizaría y expediría
para revocar el dictamen del Tribunal de Apelaciones, a fin
de devolver el caso al Tribunal de Primera Instancia para
la celebración de una vista en la que aplique los criterios
expuestos en su Voto Particular Disidente.
Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
v. CC-2016-251 Certiorari
Voto particular disidente emitido por el Juez Asociado SEÑOR ESTRELLA MARTÍNEZ
Ante la etapa en que se encuentra este caso,
considero que debimos paralizarlo y pautar los
requisitos que deben concurrir para procesar
nuevamente a ciudadanos que se beneficiaron, con
conocimiento, de una absolución fraudulenta.
Específicamente, requeriría al Estado que
demuestre, no solo que el acusado estuvo
involucrado y resultó convicto por el esquema de
fraude o soborno -como en efecto ocurrió en este
caso-, sino también la existencia de una relación
causal entre el fraude o soborno cometido por el
acusado y la absolución de éste en el primer caso y
que a base de la evidencia desfilada en el primer
proceso judicial el juzgador o el jurado debió AC-2005-73 2
encontrar culpable al acusado de la conducta por la cual
resultó absuelto. Ello, ante la realidad de que las
dimensiones de la garantía constitucional contra la doble
exposición son tan amplias que no podemos limitarnos
meramente a constatar la existencia de fraude, puesto que
debemos indagar la aplicabilidad de la vertiente de
protección dirigida a evitar que el Estado tenga una
segunda oportunidad indebida para presentar nueva prueba
y tomar ventaja de lo acontecido en el primer
proceso. Esa protección la tiene cualquier ciudadano,
incluso aquel que ha participado en un repudiable esquema
de corrupción judicial.
Ante ese cuadro, disiento de la acción de confirmar,
sin más, el dictamen emitido por el Tribunal de
Apelaciones, provocada por este Tribunal encontrarse
igualmente dividido. En su lugar, paralizaría y expediría
el recurso ante nuestra consideración, con miras a revocar
la determinación del foro apelativo intermedio, y devolver
el caso al foro primario para la celebración de una vista
en la cual el Estado establezca, a tenor con los criterios
antes esbozados, si en este caso no se activa la garantía
constitucional contra la doble exposición.
Repasemos sucintamente los hechos y trámites
procesales que originaron la controversia ante este
Tribunal.
I AC-2005-73 3
Por motivo de unos alegados hechos acaecidos en junio
de 2012, el 1 de julio del mismo año, el Ministerio
Público presentó cargos criminales contra el Sr. Lutgardo
Acevedo López (señor Acevedo López o peticionario).
Específicamente, le imputó infringir los Arts. 109 y 252
del Código Penal de 2004, 33 LPRA ant. secs. 4737 y 4880,
y el Art. 7.01 de la Ley Núm. 22 de 7 de enero de 2000,
conocida como Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico,
9 LPRA sec. 5201. Celebrado el juicio por tribunal de
derecho, el 27 de marzo de 2013, el entonces juez Manuel
Acevedo Hernández (ex juez Acevedo Hernández) absolvió al
peticionario de todos los cargos presentados.
Tras varios incidentes procesales, entre los cuales
se incluyen la admisión de culpabilidad ante el foro
federal del señor Acevedo López por haber sobornado al ex
juez Acevedo Hernández, así como la determinación del foro
federal mediante la cual se encontró culpable al ex juez
Acevedo Hernández de los delitos de conspiración y recibir
soborno, el 24 de marzo de 2015, el Ministerio Público
presentó nuevamente denuncias contra el señor Acevedo
López por los mismos delitos enumerados. Celebrada la
correspondiente lectura de acusación, el señor Acevedo
López solicitó la desestimación de los cargos imputados al
amparo de la Regla 64(e) de Procedimiento Criminal, 34
LPRA Ap. II, R. 64(e), la cual recoge la protección
constitucional contra la doble exposición. En esencia,
alegó que había sido juzgado bajo su mismo nombre, por un AC-2005-73 4
tribunal con jurisdicción y con un pliego acusatorio
válido por los mismos delitos que nuevamente pesaban en su
contra. A tales efectos, arguyó que reunía los criterios
requeridos por la jurisprudencia para que se activara la
protección contra la doble exposición.
Por su parte, el Ministerio Público adujo que si bien
el señor Acevedo López enfrentó un proceso judicial por
los mismos delitos que se le vuelven a imputar, éste nunca
estuvo expuesto al riesgo que conlleva un proceso
criminal. Esto, toda vez que indicó que contaba con
evidencia suficiente para demostrar que el peticionario
sobornó al ex juez Acevedo Hernández con el fin de que lo
absolviera de todos los cargos criminales que se le
atribuían. De esta forma, el Ministerio Público planteó
que el señor Acevedo López estaba impedido de invocar la
garantía constitucional contra la doble exposición debido
al fraude que había cometido en el primer proceso
judicial.
Ponderados los argumentos de las partes, el 2 de
noviembre de 2015, el Tribunal de Primera Instancia emitió
una Resolución mediante la cual denegó la petición de
desestimación instada por el señor Acevedo López y, por
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico Certiorari Recurrido 2016 TSPR 67 v. 195 DPR ____ Lutgardo Acevedo López
Peticionario
Número del Caso: CC-2016-251
Fecha: 13 de abril de 2016
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan, Panel I
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Jaime Ruberté Santiago
Oficina de la Procuradora General:
Lcda. Margarita Mercado Echegaray Procuradora General
Lcda. Mónica Cordero Vázquez Procuradora General Auxiliar
Materia: Sentencia del Tribunal con Voto Particular Disidente.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v. CC-2016-0251 Certiorari
Lutgardo Acevedo López
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 13 de abril de 2016.
Por estar igualmente dividido el Tribunal, se
expide el auto de certiorari y se dicta Sentencia
confirmatoria de la emitida por el Tribunal de
Apelaciones en el presente caso.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y
certifica el Secretario del Tribunal Supremo. “El
Juez Asociado señor Martínez Torres vota conforme
porque una absolución obtenida mediante fraude no
puede prevalecer nunca. Pueblo v. Rivera Ramos, 88
DPR 612 (1963). Por eso procede un nuevo juicio y
será allí que el Estado tendrá que probar la CC-2016-0251 2
culpabilidad del acusado, no antes. Requerirle al Estado
que pruebe antes de ese nuevo juicio que el acusado debió
ser hallado culpable es poner la carreta antes de los
bueyes”. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco y los
Jueces Asociados señores Kolthoff Caraballo y Rivera García
paralizarían y expedirían para pautar, y confirmar la
decisión emitida por el Tribunal de Apelaciones. El Juez
Asociado señor Estrella Martínez paralizaría y expediría
para revocar el dictamen del Tribunal de Apelaciones, a fin
de devolver el caso al Tribunal de Primera Instancia para
la celebración de una vista en la que aplique los criterios
expuestos en su Voto Particular Disidente.
Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
v. CC-2016-251 Certiorari
Voto particular disidente emitido por el Juez Asociado SEÑOR ESTRELLA MARTÍNEZ
Ante la etapa en que se encuentra este caso,
considero que debimos paralizarlo y pautar los
requisitos que deben concurrir para procesar
nuevamente a ciudadanos que se beneficiaron, con
conocimiento, de una absolución fraudulenta.
Específicamente, requeriría al Estado que
demuestre, no solo que el acusado estuvo
involucrado y resultó convicto por el esquema de
fraude o soborno -como en efecto ocurrió en este
caso-, sino también la existencia de una relación
causal entre el fraude o soborno cometido por el
acusado y la absolución de éste en el primer caso y
que a base de la evidencia desfilada en el primer
proceso judicial el juzgador o el jurado debió AC-2005-73 2
encontrar culpable al acusado de la conducta por la cual
resultó absuelto. Ello, ante la realidad de que las
dimensiones de la garantía constitucional contra la doble
exposición son tan amplias que no podemos limitarnos
meramente a constatar la existencia de fraude, puesto que
debemos indagar la aplicabilidad de la vertiente de
protección dirigida a evitar que el Estado tenga una
segunda oportunidad indebida para presentar nueva prueba
y tomar ventaja de lo acontecido en el primer
proceso. Esa protección la tiene cualquier ciudadano,
incluso aquel que ha participado en un repudiable esquema
de corrupción judicial.
Ante ese cuadro, disiento de la acción de confirmar,
sin más, el dictamen emitido por el Tribunal de
Apelaciones, provocada por este Tribunal encontrarse
igualmente dividido. En su lugar, paralizaría y expediría
el recurso ante nuestra consideración, con miras a revocar
la determinación del foro apelativo intermedio, y devolver
el caso al foro primario para la celebración de una vista
en la cual el Estado establezca, a tenor con los criterios
antes esbozados, si en este caso no se activa la garantía
constitucional contra la doble exposición.
Repasemos sucintamente los hechos y trámites
procesales que originaron la controversia ante este
Tribunal.
I AC-2005-73 3
Por motivo de unos alegados hechos acaecidos en junio
de 2012, el 1 de julio del mismo año, el Ministerio
Público presentó cargos criminales contra el Sr. Lutgardo
Acevedo López (señor Acevedo López o peticionario).
Específicamente, le imputó infringir los Arts. 109 y 252
del Código Penal de 2004, 33 LPRA ant. secs. 4737 y 4880,
y el Art. 7.01 de la Ley Núm. 22 de 7 de enero de 2000,
conocida como Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico,
9 LPRA sec. 5201. Celebrado el juicio por tribunal de
derecho, el 27 de marzo de 2013, el entonces juez Manuel
Acevedo Hernández (ex juez Acevedo Hernández) absolvió al
peticionario de todos los cargos presentados.
Tras varios incidentes procesales, entre los cuales
se incluyen la admisión de culpabilidad ante el foro
federal del señor Acevedo López por haber sobornado al ex
juez Acevedo Hernández, así como la determinación del foro
federal mediante la cual se encontró culpable al ex juez
Acevedo Hernández de los delitos de conspiración y recibir
soborno, el 24 de marzo de 2015, el Ministerio Público
presentó nuevamente denuncias contra el señor Acevedo
López por los mismos delitos enumerados. Celebrada la
correspondiente lectura de acusación, el señor Acevedo
López solicitó la desestimación de los cargos imputados al
amparo de la Regla 64(e) de Procedimiento Criminal, 34
LPRA Ap. II, R. 64(e), la cual recoge la protección
constitucional contra la doble exposición. En esencia,
alegó que había sido juzgado bajo su mismo nombre, por un AC-2005-73 4
tribunal con jurisdicción y con un pliego acusatorio
válido por los mismos delitos que nuevamente pesaban en su
contra. A tales efectos, arguyó que reunía los criterios
requeridos por la jurisprudencia para que se activara la
protección contra la doble exposición.
Por su parte, el Ministerio Público adujo que si bien
el señor Acevedo López enfrentó un proceso judicial por
los mismos delitos que se le vuelven a imputar, éste nunca
estuvo expuesto al riesgo que conlleva un proceso
criminal. Esto, toda vez que indicó que contaba con
evidencia suficiente para demostrar que el peticionario
sobornó al ex juez Acevedo Hernández con el fin de que lo
absolviera de todos los cargos criminales que se le
atribuían. De esta forma, el Ministerio Público planteó
que el señor Acevedo López estaba impedido de invocar la
garantía constitucional contra la doble exposición debido
al fraude que había cometido en el primer proceso
judicial.
Ponderados los argumentos de las partes, el 2 de
noviembre de 2015, el Tribunal de Primera Instancia emitió
una Resolución mediante la cual denegó la petición de
desestimación instada por el señor Acevedo López y, por
ende, ordenó la continuación de los procedimientos.
Inconforme, éste solicitó reconsideración, pero fue
denegada.
Así las cosas, el señor Acevedo López recurrió ante
el Tribunal de Apelaciones. Evaluado el caso, el 28 de AC-2005-73 5
enero de 2016, el foro apelativo intermedio emitió una
Sentencia en la cual confirmó la determinación recurrida.
En esencia, dictaminó que el señor Acevedo López nunca
estuvo expuesto cuando enfrentó el procedimiento criminal
presidido por el ex juez Acevedo Hernández. Concluyó que
las sentencias absolutorias dictadas por éste no fueron el
resultado de un examen ponderado de la evidencia
desfilada, sino la consecuencia de una negociación
ilícita. Por ende, entendió que esos dictámenes eran
nulos. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones razonó que
una absolución fraudulenta, como resultado de un
contubernio entre el acusado y el juez, constituye una
excepción válida para que el Estado pueda encausar a un
acusado por el mismo delito, sin que se active la garantía
constitucional contra la doble exposición. Ante ello, el
señor Acevedo López solicitó reconsideración, pero fue
declarada no ha lugar.
En desacuerdo, el peticionario recurrió ante este
Tribunal mediante petición de certiorari. Además, presentó
una Moción en Auxilio de Jurisdicción, en la cual solicitó
la paralización inmediata de los procedimientos ante el
foro primario. En su comparecencia, el señor Acevedo López
reproduce los argumentos esgrimidos ante los foros
recurridos con relación a que le cobija la protección
contra la doble exposición.
Por su parte, el Ministerio Público, representado por
la Oficina de la Procuradora General, presentó un escrito AC-2005-73 6
intitulado Urgente oposición a la expedición del auto y a
la solicitud de paralización. En lo pertinente, aduce que
el fallo del primer proceso judicial contra el señor
Acevedo López carece de validez, toda vez que fue emitido
a base de soborno, fraude, engaño, y contubernio. Por
tanto, alega que ese resultado no puede ser legalmente
vinculante. Además, reitera que el señor Acevedo López
nunca estuvo expuesto a un procedimiento penal anterior.
Ello pues, argumenta que el peticionario gozaba de la
seguridad de que resultaría absuelto de los cargos
imputados.
Examinado el recurso de certiorari presentado por el
señor Acevedo López, este Tribunal se encuentra igualmente
dividido. En consecuencia, y a tenor con la Regla 4(a) del
Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA XXI-B, R. 4(a), se
emite una Sentencia cuyo resultado es confirmar, sin más,
el dictamen del Tribunal de Apelaciones.
Por entender que este Tribunal debió atender con
premura la controversia constitucional que presenta este
caso, disiento y a continuación expreso los fundamentos
que me mueven a ello.
II
Como puede apreciarse, este caso gira en torno a un
principio básico de nuestro acervo jurídico; esto es, el
derecho constitucional de un ciudadano a no ser puesto en
riesgo de ser castigado dos veces por el mismo delito. Esa
garantía fundamental contra la doble exposición emana AC-2005-73 7
expresamente de varias fuentes jurídicas, entre las que se
destacan las disposiciones diáfanas que a esos efectos
surgen tanto de la Constitución de los Estados Unidos como
de la Constitución de Puerto Rico. En particular, nuestra
Carta Magna consagra la referida salvaguarda al establecer
que “[n]adie será puesto en riesgo de ser castigado dos
veces por el mismo delito”. Art. II, Sec. 11, Const. ELA,
LPRA, Tomo 1, ed. 2008, pág. 343. Por su parte, la Quinta
Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos dispone,
en lo pertinente, que nadie podrá “ser sometido por el
mismo delito dos veces a un juicio”.1 Emda. V, Const. EE.
UU., LPRA, Tomo 1, ed. 2008, pág. 189; véase, además, Ohio
v. Johnson, 467 US 493 (1984).
A.
Este Tribunal ha expresado que la finalidad de la
aludida doctrina constitucional es evitar que el Estado
abuse de su autoridad y hostigue al ciudadano con
múltiples procedimientos, intentando condenarlo por la
comisión de una misma conducta delictiva. Pueblo v.
Santiago, 160 DPR 618, 627 (2003). Además, protege al
ciudadano de vivir en la incertidumbre de que aun sin
tener responsabilidad penal, pueda ser encontrado culpable
en cualquier ocasión. Íd., págs. 627-628. A su vez, la
cláusula constitucional evita que el Estado tenga una
segunda oportunidad para presentar prueba y tome ventaja
1 El texto original lee como sigue: “nor shall any person be subject for the same offense to be twice put in jeopardy of life or limb”. AC-2005-73 8
de lo acontecido en el primer proceso judicial. Íd., pág.
628.
Es menester destacar que la garantía constitucional
contra la doble exposición ampara al ciudadano en varias
instancias, a saber: (1) contra ulterior exposición tras
absolución por la misma ofensa; (2) contra ulterior
exposición tras convicción por la misma ofensa; (3) contra
ulterior exposición tras exposición anterior por la misma
ofensa; y (4) contra castigos múltiples por la misma
ofensa. Íd., pág. 628; Pueblo v. Martínez Torres, 126 DPR
561, 568-569 (1990); Ohio v. Johnson, supra; véase,
además, E.L. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de
Puerto Rico y Estados Unidos, Tomo II, Ed. Forum, 1992,
pág. 354.
En el caso Pueblo v. Santiago, supra, este Tribunal
delineó los requisitos que deben cumplirse para poder
invocar la cláusula constitucional contra la doble
exposición, a saber: (1) que el procedimiento o la sanción
a la que esté sujeto el ciudadano sean de naturaleza
criminal o conllevar el estigma o privación de libertad o
propiedad; (2) que el juicio se haya iniciado o celebrado,
que se efectúe bajo un pliego acusatorio válido y en un
tribunal con jurisdicción; (3) y la existencia de un
segundo proceso en el cual se pretenda procesar al acusado
por la misma conducta delictiva por la cual ya fue
convicto, absuelto o expuesto. Íd., págs. 628-629; Pueblo
v. Sánchez Valle et al., 192 DPR 594, 602-603 (2015); AC-2005-73 9
Pueblo v. Martínez Torres, supra, pág. 568; véase, además,
O.E. Resumil, Práctica jurídica de Puerto Rico: Derecho
Procesal Penal, Orford, Ed. Butterworth, 1993, Vol. II.
En fin, es oportuno indicar que, además de las
protecciones constitucionales expuestas, en nuestro
ordenamiento jurídico existe una regla procesal criminal
que permite la desestimación de una denuncia o acusación
bajo el palio del derecho a no ser castigado dos veces por
el mismo delito. En particular, la Regla 64(e) de
Procedimiento Criminal, supra, es clara a los fines de
permitir la desestimación de una acusación o denuncia bajo
el fundamento de “[q]ue el acusado ha sido convicto, o ha
estado expuesto a serlo, o ha sido absuelto del delito que
se le imputa”. Íd.
III
Ante el cuadro fáctico descrito, y tratándose de
garantías constitucionales diáfanas y firmemente
arraigadas, opino que el planteamiento de que en un primer
proceso judicial la absolución del acusado se obtuvo
mediante fraude o soborno por parte de éste, no debe
derrotar automáticamente la protección constitucional
contra la doble exposición y permitir un segundo proceso
penal por los mismos delitos. Esto es, el fraude y el
soborno, por sí solos, no deben hacer irreflexivamente
nula aquella absolución obtenida en un primer proceso
judicial y constituir una excepción -a ciegas- de la
aludida norma constitucional. AC-2005-73 10
La razón primordial de ello es que considero que la
sola presencia de fraude o soborno en un primer proceso no
implica necesariamente que un ciudadano no haya estado
realmente expuesto a ser castigado por los mismos delitos
que se le imputan en un segundo proceso. De hecho, existen
casos en que el acusado que sobornó al juez para que éste
lo absolviera fue encontrado culpable de los delitos
imputados por el mismo juez al que alegadamente sobornó.
Véase I. Ayres, The Twin Faces of Judicial Corruption:
Extortion and Bribery, 74 Denv. U. L. Rev. 1231 (1997).
Del mismo modo, pueden existir casos en los cuales, a
pesar del fraude o soborno, la absolución del acusado en
el primer proceso bien pudo deberse a que el Estado no
pudo probar el caso, según el estándar de prueba
requerido.
Además, resulta preocupante no requerirle al Estado
establecer que a base de la evidencia desfilada en el
primer proceso judicial el juzgador que dirigió los
procedimientos debió encontrar culpable al acusado de la
conducta por la cual resultó absuelto. Más aún, nótese que
los limitados pronunciamientos emitidos por este Tribunal
en Pueblo v. Santiago, supra, no contienen los
lineamientos para establecer un adecuado balance entre el
interés del Estado de procesar nuevamente a un ciudadano
que obtuvo una absolución fraudulenta y las garantías
constitucionales de éste dirigidas a no ser castigado dos
veces por el mismo delito. AC-2005-73 11
En mérito de lo expuesto, resultaba imperativo que
este Tribunal se expresara y pautara unos criterios, con
el fin de evitar que en circunstancias en las que se
alegue que medió fraude o soborno por parte del acusado
para obtener su absolución en un primer proceso judicial
se inactive automáticamente el derecho constitucional
contra la doble exposición. A tales efectos, sostengo que
para que no sea aplicable la salvaguarda constitucional
contra la doble exposición, por razón de que medió fraude
o soborno por parte del acusado para obtener su absolución
en un primer proceso, deben concurrir varios requisitos, a
saber: (1) el acusado tiene que haber estado involucrado
en el esquema de fraude o soborno para obtener su
absolución en el primer proceso judicial; (2) el acusado
debe resultar convicto del delito de fraude o soborno
relacionado a la absolución en el primer proceso judicial;
(3) el Estado debe probar que existe una relación causal
entre el fraude o soborno cometido por el acusado y la
absolución de éste en el primer caso; y (4) el Estado debe
conducta por la cual resultó absuelto. Véase D.S.
Rudstein, Double Jeopardy and the Fraudulently-Obtained
Acquittal, 60 Mo. L. Rev. 607 (1995).
IV AC-2005-73 12
Por los fundamentos expuestos, disiento del dictamen
emitido por este Tribunal. En su lugar, paralizaría los
procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia y
expediría el recurso de certiorari presentado. Ello, con
el fin de revocar el dictamen emitido por el Tribunal de
Apelaciones y devolver el caso al foro primario para la
celebración de una vista en la que el Estado demuestre la
concurrencia de los criterios esbozados.
Habida cuenta de que nos encontramos ante un derecho
constitucional firmemente reconocido en nuestro
ordenamiento, considero inadecuado no paralizar los
procedimientos en estos momentos y esperar a que concluya
el juicio plenario contra el peticionario para entonces
expresarnos. Tal proceder expondrá inadecuadamente al
acusado a un segundo proceso penal por los mismos delitos,
sin antes examinar, a la luz de los criterios expuestos,
si en este caso resulta inaplicable la garantía contra la
doble exposición.
Luis F. Estrella Martínez Juez Asociado eaj