EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Municipio Autónomo de Carolina
Recurrido Certiorari
v. 2018 TSPR 125
CH Properties 200 DPR ____
Peticionario
Número del Caso: CC-2017-704
Fecha: 29 de junio de 2018
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Bayamón y Carolina
Abogados de la parte peticionaria:
Lcdo. José A. Andreu Fuentes Lcdo. Pedro López Bergollo Lcdo. Pedro Rosario Urdaz
Abogados de la parte recurrida:
Lcdo. Frank Torres Viada Lcda. Maritere De Jesús Aponte Lcda. Carmen Sonia Zayas
Derecho procesal civil: Aplicación del procedimiento de recusación de jueces en un pleito civil conforme a la Regla 63 de Procedimiento Civil y los Cánones de Ética Judicial. Deber de inhibición de un Juez que eleva los autos ante el Tribunal Supremo para evaluar la procedencia de una acción disciplinaria en contra de los representantes legales de una parte del caso que aun presidente y no ha culminado.
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Recurrido
v. CC-2017-0704 Certiorari
CH Properties
Peticionaria
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo
(Regla 50)
San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018.
Este caso nos presenta la oportunidad de
contestar las siguientes interrogantes: ¿la
recusación de un juez puede darse sin acreditar
bajo qué escenario de la Regla 63.1 de
Procedimiento Civil, infra, se configura?;
¿procede la inhibición de un juez cuando éste
eleva los autos ante el Tribunal Supremo para
evaluar la procedencia de una acción disciplinaria
en contra de los representantes legales de una
parte del caso que el mismo juez preside y aún no
ha culminado?
Los asuntos que se presentan ante esta Curia
solo requieren que detallemos algunos aspectos CC-2017-0704 2
procesales del caso, sin tener que entrar a considerar los
hechos sustantivos del mismo. Veamos.
I
El Municipio de Carolina (Municipio) presentó una
Moción urgente [de] inhibición o recusación en contra del
Hon. Wilfredo Maldonado García (Juez Maldonado García),
Juez Superior que atendía varias causas de acción
presentadas por ambas partes en este caso.1 En su moción, el
Municipio alegó que el Juez Maldonado García había abusado
de su poder judicial al adelantar su criterio y prejuzgar
controversias medulares del caso. Añadió que lo anterior
provocó la presentación de una querella ante la Oficina de
Administración de los Tribunales (OAT).2 De esta forma, el
Municipio sostuvo que existía “base razonable para dudar de
la imparcialidad del Juez Maldonado García por virtud del
proceso disciplinario promovido por el Municipio. Ello, en
unión a las posiciones, preferencias y rechazos
anteriormente asumidos por [el Juez Maldonado García], sin
importar la prueba recibida en sala e incluso antes que se
someta prueba alguna”.3
Luego de evaluar la Moción urgente [de] inhibición o
recusación, el Juez Maldonado García determinó que no tenía
motivo para inhibirse en el caso. A tales efectos, ordenó
1 Véase Moción urgente [de] inhibición o recusación, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 265-270.
2 El 5 de febrero de 2018, la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) archivó la querella sin más por no encontrar violación alguna a los Cánones de Ética Judicial por parte del Juez Maldonado García.
3 Íd., pág. 269. CC-2017-0704 3
la notificación de su Resolución a la Jueza Administradora
Regional del Tribunal de Primera Instancia, quien, a su
vez, refirió el asunto al Hon. Lizardo W. Mattei Román para
su consideración. Evaluado el asunto, el Juez Mattei Román
denegó la petición de inhibición presentada por el
Municipio, tras concluir que “no se desprende razón o
motivo que jurídicamente justifique la inhibición del Juez
Maldonado García”.4 En consecuencia, el Juez Maldonado
García continuó a cargo del caso.
Así las cosas, y tras una serie de trámites y
disputas procesales, el Municipio presentó una segunda
moción de inhibición o recusación5 en contra del Juez
Maldonado García.
En esta segunda moción de inhibición se hizo alusión
a ciertas resoluciones emitidas por el Juez Maldonado
García que, según concluyó el Municipio, exponían:
[. . .] unas caracterizaciones sobre las representaciones e intenciones del ayuntamiento poco prudentes e impropias y peor aún, totalmente erróneas. Lo cual, unido a la radicación de la querella ética y los procedimientos atinentes a la presentación de la primera Moción de Inhibición o Recusación diluyen aquella interpretación vertida por el Juez Mattei Román en cuanto a que la radicación de una querella, por sí sola, no refleja conducta que aparente parcialidad alguna por parte de un juez.
Pues, ahora no solo existe la querella, sino que las expresiones contenidas en [una de las resoluciones resueltas por el Juez Maldonado]
4 Resolución, Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 294-301.
5 Véase Segunda moción de inhibición o recusación, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 302-317. CC-2017-0704 4
en sí mismas reflejan el ánimo prevenido de este Juez a favor de la parte demandada y en prejuicio de la parte compareciente[...]6
En respuesta a lo anterior, el Juez Maldonado García
emitió una Resolución en la que concluyó que no tenía
pasión, prejuicio ni parcialidad en la controversia ante su
consideración, por lo que no se inhibiría del caso. En
particular, expresó lo siguiente:
Volvemos y repetimos nuestra función ha sido y será una estrictamente de naturaleza adjudicativa en la cual jamás hemos faltado ni a nuestros deberes ni responsabilidades mas no vamos ni a continuar ni a tolerar el que se nos continúe atacando por determinaciones tomadas las cuales, según el propio expediente del caso y a lo dispuesto por Tribunales de superior jerarquía, todas se ajustan en derecho.7
Así, remitió la moción a la Jueza Administradora
Regional para su disposición. Además, el Juez Maldonado
García le solicitó a la Jueza Administradora Regional que
elevara los autos ante el Tribunal Supremo, de manera tal
que este Foro tomara conocimiento de la acción presentada
en su contra y determinara sobre la procedencia de una
acción disciplinaria. En respuesta, la Jueza
Administradora Regional refirió el expediente del caso a la
Jueza Coordinadora de Asuntos de lo Civil de la Región
Judicial de Carolina (Jueza Coordinadora) para que
atendiera la referida moción de inhibición. Sin embargo, la
Jueza Coordinadora simplemente determinó reasignar el caso
6 Véase Apéndice, pág. 304. Cabe señalar que las determinaciones que dieron lugar a la segunda querella fueron a su vez, objeto de otro recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones.
7 Resolución, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 320. CC-2017-0704 5
al Hon. Ignacio E. Morales Gómez para que atendiera el
mismo.8 En su Resolución, la Jueza Coordinadora no expuso
fundamento alguno para la remoción del Juez Maldonado
García, sino que señaló que la acción se tomaba “en el uso
de nuestra discreción y fundamentados en las facultades y
prerrogativas que la posición administrativa que ocupamos
nos confiere”.9 También dejó sin efecto el referido para que
se elevaran los autos del caso al Tribunal Supremo, tras
concluir que el asunto era académico.10
En desacuerdo con la determinación del Tribunal de
Primera Instancia, CH Properties, Inc., acudió ante el
Tribunal de Apelaciones y solicitó la revocación de la
Resolución y Orden emitida por la Jueza Coordinadora. Sin
embargo, y mediante la Sentencia de la cual se recurre, el
Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación del foro
de instancia en cuanto a la recusación del Juez Maldonado
García. En resumen, el Tribunal de Apelaciones razonó que a
pesar de que las dos solicitudes de inhibición no eran
suficientes para recusar al Juez Maldonado García, el tono
de las expresiones del magistrado aludiendo a que no está
parcializado, la elevación de los autos ante este Foro para
consideraciones disciplinarias y la querella ante la OAT
“macula la pureza de los procesos y su imparcialidad, al
8 El Hon. Ignacio E. Morales Gómez se inhibió motu proprio de presidir el caso.
9 Véase Resolución y Orden, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 322-323.
10 Íd. CC-2017-0704 6
menos en su apariencia”.(Énfasis suplido).11 No obstante,
revocó y dejó sin efecto la denegatoria de elevar los autos
para la consideración de una acción disciplinaria, ello
tras concluir que le corresponde a esta Curia pasar juicio
sobre los asuntos éticos y que, además, el Juez Maldonado
García tenía la potestad de elevar los autos.
Inconforme, CH Properties acude ante este Tribunal
mediante un recurso de certiorari y como único señalamiento
de error expuso lo siguiente:
Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al confirmar la recusación del Honorable Juez Wilfredo Maldonado García.
Procedemos a expedir el recurso y disponer de las
controversias al amparo de la Regla 50 del Reglamento del
Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-B. Pasemos, pues a exponer
el marco jurídico para resolver el asunto presentado ante
nuestra consideración.
II
A. La inhibición y recusación de jueces
La inhibición y recusación de jueces está regulada
por los Cánones de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B, y las
Reglas 63.1 y 63.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.
En específico, la Regla 63.1 de Procedimiento Civil,
supra, establece varios escenarios o causas en que los
jueces se ven obligados a inhibirse motu proprio o a
recusación de parte, a saber:
11 Sentencia, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 339. CC-2017-0704 7
(a) por tener prejuicio o parcialidad hacia cualquiera de las personas o los abogados o abogadas que intervengan en el pleito, o por haber prejuzgado el caso; (b) por tener interés personal o económico en el resultado del caso; (c) por existir un parentesco de consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado con el (la) fiscal, procurador o procuradora de asuntos de familia, defensor(a) judicial, procurador(a) de menores o cualquiera de las partes o sus representantes legales en un procedimiento civil; (d) por existir una relación de amistad de tal naturaleza entre el juez o jueza y cualquiera de las partes, sus abogados o abogadas, testigos u otra persona involucrada en el pleito que pueda frustrar los fines de la justicia; (e) por haber sido abogado(a), o asesor(a) de cualquiera de las partes o de sus abogados(as) en la materia en controversia, o fiscal en una investigación o procedimiento criminal en el que los hechos fueron los mismos presentes en el caso ante su consideración; (f) por haber presidido el juicio del mismo caso en un tribunal inferior o por haber actuado como magistrado(a) a los fines de expedir una orden de arresto o citación para determinar causa probable en la vista preliminar de un procedimiento criminal; (g) por intervenir en el procedimiento una persona natural o jurídica que le haya facilitado o gestionado algún préstamo en el que no se hayan dispensado las garantías o condiciones usuales; (h) cuando en calidad de funcionario(a) que desempeña un empleo público, haya participado como abogado(a), asesor(a), o testigo esencial del caso en controversia; (i) cuando uno de los abogados(as) de las partes sea abogado(a) de los jueces o juezas que han de resolver la controversia ante su consideración o lo haya sido durante los últimos tres años, o (j) por cualquier otra causa que pueda razonablemente arrojar dudas sobre su imparcialidad para adjudicar o que tienda a minar la confianza pública en el sistema de justicia. (Énfasis suplido). CC-2017-0704 8
Por otro lado, mientras la Regla 63.1 de
Procedimiento Civil, supra, establece las causas o
escenarios en los que un juez deberá inhibirse o ser
recusado, la Regla 63.2 de Procedimiento Civil, supra,
dispone sobre el perfeccionamiento de la solicitud de
inhibición o recusación y el procedimiento. La regla señala
lo siguiente:
a) Toda solicitud de recusación será jurada y se presentará ante el juez o jueza recusado(a) dentro de veinte (20) días desde que la parte solicitante conozca de la causa de la recusación. La solicitud incluirá los hechos específicos en los cuales se fundamenta y la prueba documental y declaraciones juradas en apoyo a la solicitud. Cuando la parte promovente de la recusación no cumpla con las formalidades antes señaladas, el juez o jueza podrá continuar con los procedimientos del caso.
(b) Una vez presentada la solicitud de recusación, si el juez o jueza recusado(a) concluye que procede su inhibición, hará constar mediante resolución escrita los incisos (a) a (i) de la Regla 63.1 de este apéndice aplicable, en su defecto, la razón específica para su inhibición bajo el inciso (j) y la notificará a todas las partes. El caso será asignado a otro juez o jueza.
(c) Si el juez o la jueza concluye que no procede su inhibición, se abstendrá de continuar actuando en su capacidad de juez o jueza en el caso y remitirá los autos de éste al juez administrador o jueza administradora para la designación de un juez o jueza que resuelva la solicitud de recusación. La recusación se resolverá dentro del término de treinta (30) días de quedar sometida.
(d) Una vez un juez o jueza haya comenzado a intervenir en un caso, no podrán unirse al caso los abogados o abogadas cuya intervención pueda producir su recusación. CC-2017-0704 9
Con anterioridad a la aprobación de la Regla 63.2 de
Procedimiento Civil, supra, la Regla 63.1 de Procedimiento
Civil de 1979 disponía lo siguiente:
Cualquier recusación deberá ser jurada y expondrá los hechos en que se funda. Dicha recusación deberá ser presentada tan pronto el solicitante advenga en conocimiento de la causa de recusación.12
Nótese que la referida disposición solamente exponía
el contenido de la moción de recusación, pero no establecía
el procedimiento. Por ello, los cambios establecidos en la
actual Regla 63.2 de Procedimiento Civil, supra, van
dirigidos a especificar el procedimiento a seguir.
Conforme a lo anterior, vemos que la inhibición de un
juez puede producirse bajo dos escenarios: a iniciativa del
juez (motu proprio) o por solicitud de recusación de una
parte. Si la inhibición surge motu proprio, el juez se
abstendrá de intervenir tan pronto conozca la causa y,
además, emitirá una resolución escrita y fundamentada. Si
se trata de que una parte solicitará la recusación del juez
y éste determinara que en efecto procede su inhibición,
entonces lo hará constar a través de una resolución en la
cual especificará el inciso de la Regla 63.1 de
Procedimiento Civil, supra, que motiva su abstención. No
obstante, si se alude a la Regla 63.1(j) de Procedimiento
Civil, supra (cualquier otra causa que pueda razonablemente
arrojar dudas sobre su imparcialidad para adjudicar o que
12 Regla 63.2 de Procedimiento Civil de 1979, 32 LPRA. Ap. III (derogada). CC-2017-0704 10
tienda a minar la confianza pública en el sistema de
justicia) entonces deberá detallar las circunstancias
específicas.13
Por otro lado, en caso de que una parte solicite la
inhibición al juez y éste rehúse inhibirse, entonces el
asunto deberá referirse al Juez Administrador para que éste
asigne otro juez, quien tendrá la encomienda de determinar
si procede o no la recusación del juez en cuestión. El juez
a quien se le asigne la evaluación de tal solicitud de
recusación deberá, a los 30 días de habérsele asignado el
asunto, emitir su determinación por escrito y fundamentada
en cualquiera de los escenarios dispuestos por la Regla
63.1 de Procedimiento Civil, supra. Distinto a la
circunstancia en que el juez que está viendo el caso se
inhibe, la Regla 63.2 de Procedimiento Civil, supra, no
establece expresamente la obligación del juez a quien se le
asigna la evaluación de una solicitud de recusación de
emitir su determinación por escrito y fundamentada en al
menos una de las causas que establece la Regla 63.1 de
Procedimiento Civil, supra. Sin embargo, consideraciones de
debido proceso de ley -en su contexto apelativo- y de
simple sentido común así lo requieren.
B. Los Cánones 8 y 20 (j) de Ética Judicial
Como vimos, el último escenario de la Regla 63.1 de
Procedimiento Civil, supra, el inciso (j), provee una
13 R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: derecho procesal civil, 6ta ed., San Juan, Ed. Lexis Nexis, 2017, pág. 324. CC-2017-0704 11
cláusula residual a través de la cual se amplían las causas
de inhibición y recusación. Esta cláusula es de carácter
remedial, por lo que debe interpretarse liberalmente,14 y
constituye una causa de inhibición fundamentada en la
apariencia de imparcialidad, que armoniza con los Cánones 8
y 20(j) de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B.
El Canon 8 de Ética Judicial, supra, en lo pertinente
establece que “[l]a conducta de las juezas y de los jueces
ha de excluir la posible apariencia de que son susceptibles
de actuar por influencias[…]”. Asimismo, el Canon 20(j) de
Ética Judicial, supra, establece que los jueces deberán
inhibirse “por cualquier otra causa que pueda
razonablemente arrojar dudas sobre su imparcialidad para
adjudicar o que tienda a minar la confianza pública en el
sistema de justicia”.
En cuanto al significado de prejuicio o parcialidad
personal, este Tribunal ha precisado que se refiere a una
actitud que se origina fuera del plano judicial, es decir,
en el plano extrajudicial.15 Así, al determinar si existe o
no prejuicio personal de parte del juez, debemos analizar
la totalidad de las circunstancias a la luz de la prueba
presentada.16 “Para ello, es necesario que utilicemos la
norma objetiva para todos: la del buen padre de familia;
mirando no desde la perspectiva del Juez o de los
14J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 2011, T. V, pág. 1851.
15 Pueblo v. Maldonado Dipiní, 96 DPR 897, 910 (1969).
16 Ruiz v. Pepsico PR, Inc., 148 DPR 586, 589 (1999). CC-2017-0704 12
litigantes, sino desde la óptica de este mítico ser”.17 Nos
menciona el tratadista Cuevas Segarra que “el estándar
ético es objetivo: si una persona razonable, con
conocimiento de todas las circunstancias, tendría dudas
sobre la imparcialidad del juez”.18 Esta Curia ha
manifestado que “[l]a imputación de parcialidad o
prejuicio, como punta de lanza, debe cimentarse en
cuestiones personales serias, no triviales ni judiciales;
es decir, una actitud originada extrajudicialmente en
situaciones que revistan sustancialidad”.19
Vemos que la exigencia de apariencia de imparcialidad
es una norma firmemente enraizada en importantes principios
éticos.20 Con respecto a ello, este Tribunal ha expresado
que para que proceda la inhibición o recusación de un juez
no es imprescindible probar la existencia de prejuicio o
parcialidad de hecho, basta con que exista la apariencia de
prejuicio o parcialidad.21 Es decir, “la mera apariencia de
parcialidad constituye motivo suficiente para la inhibición
o recusación de un juez”.(Énfasis suplido).22 Ello, pues “la
fe de la ciudadanía en el sistema de justicia que impera en
nuestro País resulta ser imprescindible para su bienestar
17 Cuevas Segarra, op. cit., pág. 1852.
18 Íd., pág. 1835.
19 Ruiz v. Pepsico PR, Inc., supra, pág. 588.
20 Lind v. Cruz, 160 DPR 485, 490 (2003).
21 Pueblo v. Martes Olán, 103 DPR 351, 355 (1975).
22 Lind v. Cruz, supra, pág.. 494 (2003). CC-2017-0704 13
general”.23 Consecuentemente, “no basta con que el juez sea
imparcial y objetivo; es preciso que lo parezca”.(Énfasis
omitido).24
Es sabido que “el Estado de Derecho se asienta sobre
el recto y sabio ejercicio de las funciones judiciales. La
singularidad de esta función configura la imparcialidad del
juzgador como exigencia del debido proceso de ley”.25 De
esta forma, no solamente se requiere que los jueces sean
imparciales, sino que su conducta excluya la apariencia de
imparcialidad.26
Los jueces están llamados a ejemplificar la
independencia judicial. De esta manera, las personas en
igualdad de condiciones tendrán derecho a ser oídas
públicamente y con justicia por un tribunal independiente e
imparcial.27 Los tribunales de justicia deben velar porque
la balanza en que se pesan los derechos de todos los
ciudadanos esté libre de sospechas, aunque las mismas sean
infundadas.28
23 Íd., pág. 488.
24 Íd.
25 Martí Soler v. Gallardo Álvarez, 170 DPR 1, 7-8 (2007).
26 Lind v. Cruz, supra, pág. 490.
27Canon 2 de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B; In re Mercado Santaella, 197 DPR 1032, 1059, (2017).
28 In re Mercado Santaella, supra, pág. 1064, citando a Sucn. Ortiz Campoamor Redín, 125 DPR 106, 190 (1990). CC-2017-0704 14
C. El Canon 7 de Ética Judicial y el Canon 9 de Ética Profesional
Por otro lado, el Canon 7 de Ética Judicial,
4 LPRA Ap. IV-B, establece como un deber que “cuando los
hechos les consten personalmente, las juezas y los jueces
promoverán y cooperarán con los procedimientos
disciplinarios que procedan contra cualquier jueza, juez,
abogada, abogado, funcionaria, funcionario, empleada o
empleado de la Rama Judicial que actúe contrario a lo
dispuesto en los cánones, en las normas administrativas,
reglamentos y leyes vigentes”. Así, tanto los abogados,
como los jueces tienen el deber de velar porque no se
empañe la imagen de imparcialidad de la Judicatura.29
Por otro lado, y conforme con el Canon 9 del Código
de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, la buena marcha del
proceso judicial es parte de la responsabilidad ineludible
de todo miembro de la profesión legal. Por ello, “el deber
de respeto propio para con los tribunales incluye también
la obligación de tomar las medidas que procedan en ley
contra funcionarios judiciales que abusan de sus
prerrogativas o desempeñan impropiamente sus funciones y
que no observen una actitud cortés y respetuosa”.30
D. La administración de los Centros Judiciales
La administración de los Centros Judiciales está
compuesta principalmente por un Juez Administrador, un Juez
29 In re Lugo Rodríguez II, 155 DPR 123, 134 (2001).
30 Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. CC-2017-0704 15
Subadministrador, un Director Administrativo y Jueces
Coordinadores.31
El Juez Administrador tiene a cargo la supervisión y
el buen funcionamiento del Centro Judicial de la Región
asignada. Nótese que “[l]a función del Juez Administrador
es de carácter administrativo.” (Énfasis suplido).32 Para
cumplir con esa encomienda contará con la ayuda del Juez
Subadministrador y del Director Administrativo.33
Con relación al Juez Coordinador, las Reglas para la
Administración del Tribunal de Primera Instancia disponen
(A) Los Jueces Administradores o las Juezas Administradoras de las regiones judiciales nombrarán, de entre los jueces y las juezas de cada centro judicial, los Jueces Coordinadores o las Juezas Coordinadoras de Asuntos Judiciales —civiles, criminales, relaciones de familia y de asuntos de menores— o de aquellas áreas que sean necesarias para asistir en la administración de dicha subunidad administrativa. Éstos y éstas le serán responsables al Juez Administrador o a la Jueza Administradora de la Región Judicial del buen funcionamiento del centro judicial en lo concerniente a su particular esfera de actividad. (B) Los Jueces Coordinadores o las Juezas Coordinadoras no ejercerán ningún tipo de función administrativa que pueda interferir con las funciones asignadas a los Jueces Administradores y a las Juezas Administradoras de las regiones judiciales, y deberán coordinar con éstos o éstas con respecto a cualquier
31 Véanse Reglas para la Administración del Tribunal de Primera Instancia, según enmendadas, 4 LPRA Ap.II-B.
32 Hernández Colón, op. cit., pág. 88.
33 Íd. CC-2017-0704 16
asunto que pueda afectar el funcionamiento de las salas. (Énfasis suplido).34
III
Del expediente de este caso surge que cuando el Juez
Maldonado García fue recusado no se hizo constar la causa
que justificó su recusación. Es decir, no se desprende
alguno de los escenarios que dan paso a la recusación,
según establecidos en la Regla 63.1 de Procedimiento Civil,
supra, y el Canon 20 de Ética Judicial, supra. En este
contexto, es preciso aclarar que cuando un juez concluye
que no procede su inhibición y se activa el proceso
establecido por la Regla 63.2 de Procedimiento Civil,
supra, para que el juez designado pase juicio sobre la
procedencia de la recusación, éste último tiene la
obligación de hacer constar en qué causa de las dispuestas
en la Regla 63.1, de Procedimiento Civil, supra, fundamenta
su determinación. En otras palabras, nuestro sistema no
permite que ante una solicitud de recusación un juez que
está presidiendo un caso sea removido del mismo sin que se
establezca el fundamento según la mencionada Regla 63.1
para tal remoción y que el fundamento sea claramente
establecido en una resolución. De lo contrario, la parte
que no ha solicitado la inhibición del juez queda
imposibilitada de señalar los fundamentos específicos por
los cuales entiende que el foro de instancia erró al
recusar al juez que presidía el caso y, consecuentemente,
34 Véase Reglas para la Administración del Tribunal de Primera Instancia, según enmendadas, 4 LPRA Ap. II-B. CC-2017-0704 17
su derecho a revisión se ve afectado. Además, obstaculiza
la función revisora del Tribunal de Apelaciones.
De particular preocupación es el hecho de que la
recusación en este caso se fundamentó únicamente en que la
Jueza Coordinadora presuntamente tenía tales facultades y
prerrogativas. Por eso es preciso aclarar que tales
facultades o prerrogativas en realidad no le asisten al
Juez Coordinador. Recordemos que este puesto es
estrictamente administrativo. Lo que significa que el mismo
no confiere ni a al juez coordinador ni a los jueces
designados para actuar en la administración de un Centro
Judicial, el poder para, fundamentado en la sola discreción
que el puesto que ocupan le confiere, ordenar la recusación
de un compañero juez o jueza que se encuentre presidiendo
un proceso judicial. Esto es, una vez referida una
solicitud de recusación, un Juez Coordinador no puede dejar
de atenderla y reasignar el caso sin más. La adjudicación
de una solicitud de recusación tiene que basarse en las
causales que se enumeran en la Regla 63.1 de Procedimiento
Civil, supra. Ciertamente, no podemos avalar una acción en
contrario que, además de no encontrar apoyo en la Regla
63.1, de Procedimiento Civil, supra, trastoca, a lo menos
en apariencia, la pureza y transparencia del procedimiento.
Es menester tener presente que remover a un juez en
contra de su voluntad de un caso que ya ha iniciado es un
asunto muy serio que requiere que la acción se fundamente
en hechos claros y determinaciones fundamentadas en CC-2017-0704 18
derecho. De esta forma se le permite a todas las partes
entender, en lo que sea posible, a qué se ha debido la
acción. Al no realizarse el proceso correcto, se pueden
crear dudas que empañen y resten legitimidad a nuestro
sistema de justicia.
Ahora bien, en este caso el Tribunal de Apelaciones
confirmó la recusación del Juez Maldonado García
fundamentado en que la querella incoada en contra del
magistrado, el tono de las expresiones emitidas por éste en
la Resolución aludida y el acto de elevar los autos ante
este Foro (para evaluar la procedencia de una acción
disciplinaria) podrían generar una apariencia de
imparcialidad. Razonó que a pesar de que todos estos
incidentes no justifican de forma aislada la inhibición del
Juez Maldonado García, ambas querellas toman ahora la
apariencia de una especie de disputa ética entre el Juez
Maldonado García y los abogados.
En primer lugar, y en cuanto al “tono de las
expresiones” del Juez Maldonado García aludiendo a que no
estaba parcializado, concluimos que las mismas no fueron
unas irrespetuosas o destempladas que proyectaran, de por
sí, una falta de temperamento judicial o animosidad contra
alguna de las partes o sus abogados. Simplemente el Juez
Maldonado García articuló una expresión firme ante lo que
él entendía que eran unas expresiones de tono ofensivo de
los abogados del Municipio y que atentaban contra su
función como juez en el caso. Ciertamente, y como concluyó CC-2017-0704 19
el tribunal apelativo intermedio, las expresiones del Juez
Maldonado García al rehusar inhibirse, por sí solas, no
podían provocar su recusación.
En cuanto a la querella presentada en contra del Juez
Maldonado García como fundamento para su recusación, nótese
que los incisos (a) a (i) de la Regla 63.1 de Procedimiento
Civil, supra, no contemplan este escenario como motivo
automático de inhibición o recusación. Con relación al
inciso (j) de la misma Regla 63.1, supra, y los Cánones 8 y
20 (j) de Ética Judicial, supra, al evaluar estas
disposiciones en armonía con la Regla 63(d), de
Procedimiento Civil, supra, tenemos que llegar a la
conclusión de que estas disposiciones no se refieren a
alguna acción presentada o llevada a cabo por cualquiera de
las partes en el caso que está ante la consideración del
juez.
De hecho, es claro que permitir que la mera
presentación de una querella contra un juez que preside un
caso sea suficiente para provocar su inhibición, abriría la
puerta para que se presentaran este tipo de querellas con
el único propósito de lograr la recusación automática de
los jueces, cuando así alguna parte lo entienda
conveniente. Como bien señala el tratadista Cuevas Segarra,
no podemos permitir que la regla 63.1(j) de Procedimiento
Civil, supra, se utilice como subterfugio.35 Concluimos,
entonces, que ni las expresiones del Juez Maldonado García
35 Cuevas Segarra, op. cit., pág. 1832. CC-2017-0704 20
ni la querella presentada en su contra, consideradas aún de
manera conjunta, constituían razón para ordenar su
recusación.
Corresponde entonces que consideremos el hecho de que
el Juez Maldonado García, a la vez que decidió no inhibirse
del caso, elevó los autos ante este Foro para la
consideración de una medida disciplinaria en contra de los
abogados del Municipio. Nótese que el resultado de permitir
tal acción hubiera sido que mientras el Juez Maldonado
García presidía el caso, los representantes legales del
Municipio (que son abogados en el caso) serían objeto de un
proceso de acción disciplinaria ante esta Curia iniciado
por el juez, proceso en el cual existe la posibilidad de
que el propio juez fuera parte querellante en contra de
esos abogados. En ese contexto, aunque estipuláramos que el
Juez Maldonado García no estuviera parcializado o
prejuiciado, es forzoso concluir que, bajo el tracto
procesal antes descrito y el lenguaje categórico utilizado
por éste al momento de rehusar inhibirse, la acción de
elevar los autos mientras el caso aún está pendiente no
supera la exigencia de apariencia de imparcialidad que
específicamente exige el Canon 20(j) de Ética Judicial,
supra. Por el contrario, ante los ojos de una persona
razonable, pone en tela de juicio la imparcialidad en la
adjudicación del caso, situación que, como vimos, es lo que
precisamente pretende evitar la Regla 63.1(j) de
Procedimiento Civil, supra. En ocasiones ocurren eventos CC-2017-0704 21
que, aun cuando no necesariamente inciden sobre el criterio
del juez, podrían dejar una impresión de apariencia de
parcialidad.
Por otro lado, los foros de instancia cuentan con el
poder inherente de tomar medidas dirigidas a supervisar y
controlar la conducta de los abogados y las partes durante
los procesos judiciales.36 Así, para mantener el mejor orden
y control de los procesos o incluso para salvaguardar el
honor y la dignidad del tribunal, el juez que preside el
mismo puede utilizar mecanismos como la amonestación e
incluso la imposición de sanciones, cuando lo entienda
necesario. Lo que no debe hacer un juez en circunstancias
similares a las de este caso, es elevar los autos mientras
se mantiene presidiendo el mismo.
IV
Por todo lo anterior, expedimos el auto de certiorari
sin trámite ulterior de conformidad con la Regla 50 del
Reglamento de este Tribunal, supra, y confirmamos por otros
fundamentos la Sentencia emitida por el Tribunal de
Apelaciones.
Se dictará sentencia de conformidad.
Erick V. Kolthoff Caraballo Juez Asociado
36 Meléndez Vega v. Caribbean Intern. News, 151 DPR 649, 660-661 (2000). EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede la cual se hace formar parte íntegra de la presente, expedimos el auto de certiorari sin trámite ulterior de conformidad con la Regla 50 del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXI-B, y confirmamos por otros fundamentos la Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco emite un Voto de Conformidad. El Juez Asociado señor Colón Pérez concurre con el resultado y hace constar la siguiente expresión:
“El Juez Asociado señor Colón Pérez concurre con lo resuelto por este Tribunal en el día de hoy, a saber: establecer que cuando un juez o jueza del Tribunal de Primera Instancia concluye que no procede su inhibición en cierto proceso judicial en curso, y que preside, y se activa el proceso de recusación establecido en la Regla 63.2 de las de CC-2017-0704 2
Procedimiento Civil, 31 LPRA Ap. V, R.63.2, el juez designado para pasar juicio sobre la procedencia o no de dicha recusación -- incluyendo al Juez(a) Coordinador(a) --, tendrá la obligación de hacer constar en cuál de las causas de las dispuestas en la Regla 63.1 de Procedimiento Civil, 31 LPRA Ap. V, R. 63.1, fundamenta su determinación. Concurre por entender que, para llegar al único resultado que hoy se llega, bastaba con que este Foro se limitara a realizar un estudio de lo dispuesto en las reglas procesales antes mencionadas, entiéndase las Reglas 63.1 y 63.2 de Procedimiento Civil, supra, y su jurisprudencia interpretativa, sin más.”
La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez se une a la expresión del Juez Asociado señor Colón Pérez. El Juez Asociado señor Feliberti Cintrón no interviene.
Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Municipio Autónomo de Certiorari Carolina
v. CC-2017-704
Voto de Conformidad emitido por la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco.
Estoy conforme con la Opinión que antecede. Sin
embargo, debo expresarme respecto al trámite procesal que
culminó en la recusación del Juez Superior, Hon. Wilfredo
Maldonado García (Juez Maldonado García). No puedo ignorar
la gestión obstinada del Municipio de Carolina (Municipio)
y de su representación legal, cuya sola misión desde
principios del año 2016 fue lograr la inhibición del Juez
Maldonado García en el caso CH Properties v. Municipio de
Carolina, Núm. Civil FCD2013-0838 pendiente ante el
Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina. Veamos.
El 18 de marzo de 2016, el Municipio presentó una
Demanda de Auto Inhibitorio contra el Juez Maldonado
García. Allí, nos solicitó que le ordenáramos abstenerse de
proseguir con los procedimientos del caso de autos porque CC-2017-704 2
el foro primario carecía de jurisdicción in personam y
sobre la materia. Tras evaluar detenidamente el recurso
extraordinario, el 31 de marzo de 2016 lo denegamos.
El 29 de agosto de 2016, el Alcalde del Municipio presentó
una Querella contra el Juez Maldonado García ante la
Oficina de Administración de los Tribunales (OAT). Inter
alia, arguyó que el Juez Maldonado García: (1) abusó de su
poder judicial y violó el Canon 13 de Ética Judicial al
citarlo so pena de desacato; (2) adelantó su criterio sin
escuchar prueba y denotó un ánimo prevenido en favor de CH
Properties, en violación al Canon 9 de Ética Judicial y (3)
exhibió un comportamiento errático e irrespetuoso respecto
al Municipio, en contravención al Canon 14 de Ética
Judicial. Solicitó, como medida cautelar, que lo recusaran
“para preservar la integridad del proceso judicial” ya que
su conducta presuntamente arrojaba “serias dudas sobre la
transparencia y pureza de los procedimientos”, así como una
“irreparable apariencia de imparcialidad”. Esta Querella
fue archivada porque del expediente judicial no surgía
prueba indicativa de violación ética alguna.
Ad interim, el 5 de octubre de 2016, el Municipio presentó
una Moción Urgente Inhibición o Recusación. Arguyó que la
Querella interpuesta por el Alcalde del Municipio contra el
Juez Maldonado García maculaba la imparcialidad del
juzgador y era razón suficiente para creer que este
actuaría con pasión y prejuicio respecto al Municipio.
Sostuvo que la presentación de la Querella per se requería CC-2017-704 3
la inhibición o recusación del juez querellado. El Juez
Maldonado García determinó que no tenía motivo para
inhibirse y refirió el asunto a la Jueza Administradora
Regional quien, a su vez, lo refirió al Hon. Lizardo W.
Mattei Román (Juez Mattei Román). El 12 de diciembre de
2016, el Juez Mattei Román emitió una Resolución en la que
concluyó que no existía fundamento legal que requiriera la
inhibición del Juez Maldonado García y que tanto la
Querella como la Moción de Inhibición o Recusación eran
subterfugios del Municipio para no cumplir con una
Sentencia dictada por transacción judicial.
El 31 de mayo de 2017, el Municipio presentó una Segunda
Moción de Inhibición o Recusación. Arguyó que el Juez
Maldonado García realizó caracterizaciones impropias e
imprudentes respecto al Municipio en unas Resoluciones.
Sostuvo que si bien una Querella no es suficiente per se
para requerir la inhibición del juez, el lenguaje de las
Resoluciones reflejaba el ánimo prevenido del Juez. Indicó
que “ya no se trata[ba] de una mera creencia de ausencia de
imparcialidad”, sino que ahora el Juez Maldonado García, en
efecto, utilizaba el poder judicial para actuar apasionada
y prejuiciadamente contra el Municipio. Nuevamente, el Juez
Maldonado García determinó que no se inhibiría del caso
pues su función había sido estrictamente adjudicativa y
jamás había actuado con pasión, prejuicio ni parcialidad.
Así las cosas, refirió el asunto a la Jueza Administradora
Regional y le solicitó que elevara los autos ante nos, con el CC-2017-704 4
propósito de que determináramos si procedía una acción
disciplinaria contra los abogados del Municipio por los
continuos ataques contra su integridad.
Tras varios trámites procesales, la controversia llegó ante
nos y motivó la Opinión que antecede.
La conducta desplegada por el Municipio y su representación
legal denota, como poco, un claro abuso del sistema
judicial. Desde el inicio, utilizaron planteamientos
jurisdiccionales, procesales y ético-disciplinarios con un
solo propósito: recusar al Juez Maldonado García. Estos
planteamientos fueron rechazados una y otra vez por ser
infundados y carecer de apoyo en el expediente judicial.
Primero, nos solicitaron que le ordenáramos abstenerse
de proseguir con los procedimientos del caso utilizando
como pretexto planteamientos jurisdiccionales desprovistos
de base y fundamento legal en el expediente. Denegamos el
recurso. Segundo, presentaron una Querella ante la OAT en
la que le imputaron la violación de varios Cánones de Ética
Judicial. Tercero, poco tiempo después, le solicitaron que
se inhibiera porque la Querella presentada en su contra
constituía razón suficiente para creer que este actuaría
apasionada y prejuiciadamente contra el Municipio. Por
último, y a pesar de que: (1) la Querella fue archivada por
no encontrarse violación alguna a los Cánones de Ética
Judicial y (2) la Moción de Inhibición o Recusación fue CC-2017-704 5
denegada, le solicitaron nuevamente la inhibición con
fundamentos similares a los previamente rechazados.
Coincido con la apreciación del Juez Mattei Román y la
Jueza María Gómez Córdova respecto a que los múltiples
intentos de recusar al Juez Maldonado García formaron parte
de un patrón de tácticas dilatorias con miras a eludir el
cumplimiento de una Sentencia final, firme e inapelable.
Aunque ciertamente el Juez pudo haberse limitado a
continuar el proceso establecido en la Regla 63.2 de
Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, o utilizar
otros mecanismos al evaluar la Segunda Moción de
Inhibición, en todo su derecho optó por elevar los autos
para que evaluáramos si procedía iniciar un proceso
disciplinario contra los abogados del Municipio.
Lamentablemente, ello lo convierte en parte promovente de
la acción disciplinaria y, por ende, crea una apariencia de
parcialidad. Irónicamente, el Juez Maldonado García fue
quien le confirió al Municipio y a sus abogados el
fundamento legal que estos carecían para justificar su
inhibición en el caso de autos. Si bien la actuación del
Juez Maldonado García nos obliga a confirmar su recusación,
no cabe duda de que ello atentará contra la solución justa,
rápida y económica del caso.
Mildred G. Pabón Charneco Jueza Asociada