EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Carmen Meléndez Villafañe Peticionaria
v.
Corporación del Fondo del Seguro Certiorari del Estado Recurrida 2011 TSPR 136
Comisión Industrial de 182 DPR _____ Puerto Rico Agencia - Revisada
Thomas & Betts Corp. Patro no
Número del Caso: AC - 2009 - 94
Fecha: 21 de septiembre de 2011
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan Panel II
Juez Ponente: Hon. Edgardo Rivera García
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcda. Yanira García Toledo
Materia: Compensabilidad y Tardanza
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Corporación del Fondo del Seguro del Estado Recurrida AC-2009-94
Comisión Industrial de Puerto Rico Agencia-Revisada
Thomas & Betts Corp. Patrono
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo
San Juan, Puerto Rico, a 21 de septiembre de 2011.
En esta ocasión nos corresponde interpretar
por primera vez una disposición del Art. 3 de la
Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes
del Trabajo, Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935,
que limita la compensación de una enfermedad
ocupacional a que la “última exposición al riesgo
de adquirir la enfermedad[,] ocurra dentro de los
doce meses anteriores a la fecha en que se
observaron las primeras manifestaciones de la
incapacidad causada por la misma”. Debemos resolver
si, como lo interpreta la agencia recurrida, un
empleado tiene un término de doce meses para AC-2009-94 2
reclamar una enfermedad ocupacional. Resolvemos en la
negativa.
I
La Sra. Carmen Meléndez Villafañe laboró en la
compañía Tomas & Bett Corporation desde el 1995 hasta el
día que fue despedida, el 30 de noviembre de 2004. En dicho
periodo laboral se desempeñó en el área de máquinas de
soldadura de “breakers” de la compañía. Como parte de sus
funciones ésta realizaba soldaduras de piezas pequeñas y,
en ocasiones, le correspondía vaciar el contenido de
recipientes pesados en bandejas. En el desempeño de dichas
labores la señora Meléndez Villafañe comenzó a sufrir
dolores en el cuello, el hombro, el brazo y se le
adormecían las manos.
Así, por causa de esas molestias, la señora Meléndez
Villafañe comenzó a recibir tratamiento médico privado
desde el 1998. Luego de ser despedida, ésta continuó
visitando su médico privado cada vez que sentía molestias
en sus extremidades. En una de esas ocasiones, su doctor le
recomendó que investigara si aún podía solicitar los
beneficios de la Corporación del Fondo del Seguro del
Estado (C.F.S.E.), ya que su condición había surgido como
consecuencia de su trabajo. En vista de esto, el 31 de
julio de 2006, esto es, 1 año y 8 meses después de haber
cesado en su trabajo, la señora Meléndez Villafañe presentó
una petición de informe voluntario por accidente del
trabajo ante la C.F.S.E. AC-2009-94 3
A raíz de esa petición, los médicos de la C.F.S.E.
evaluaron a la señora Meléndez Villafañe y determinaron que
ciertamente ésta sufría una enfermedad ocupacional que
describieron como trauma cervical, trauma de manos y trauma
del hombro izquierdo. Además, los expertos de la C.F.S.E.
determinaron que tales condiciones patológicas habían
surgido como consecuencia de la relación obrero-patronal
que la peticionaria sostuvo con su patrono, Tomas & Bett
Corporation; que la señora Meléndez Villafañe padecía de
sus síntomas desde 1998 y que el último día que trabajó en
la compañía asegurada había sido el 30 de noviembre de
2004.
Sin embargo y pese a lo anterior, el Administrador de
la C.F.S.E. determinó que, como la petición de informe
voluntario sometido por la peticionaria no se había
presentado dentro de los doce meses desde la última
exposición al riesgo, la peticionaria no tenía derecho a
gozar de los beneficios de la Ley del Sistema de
Compensaciones por Accidentes del Trabajo, Ley Núm. 45 de
18 de abril de 1935, según enmendada.1 Por lo tanto, ordenó
el cierre y archivo del caso. Específicamente la decisión
del Administrador de la C.F.S.E. señaló lo siguiente:
Visto los hechos que anteceden y la evidencia que obra en autos, se resuelve que la peticionaria en este caso sufrió una enfermedad ocupacional pero por haber incurrido en caducidad no tiene derecho a los beneficios de la Ley de sistema de compensaciones por accidente del trabajo.
1 11 L.P.R.A. sec. 1 et seq. AC-2009-94 4
Véase Maisonet Feliciano vs. Fondo del Seguro del Estado, 96 J.T.S. 166.2
En junio de 2007 la señora Meléndez Villafañe apeló
oportunamente la decisión del Administrador de la C.F.S.E.
ante la Comisión Industrial (Comisión).3 Ésta celebró una
vista pública el 4 de febrero de 2009 en la que la señora
Meléndez Villafañe declaró que desde 1998 acudía a
tratamiento médico privado cuando sentía dolor de espalda
por causa del trabajo. No obstante, señaló que ella no
sabía que podía comparecer a la C.F.S.E. hasta que se
enteró de ello, por medio de terceras personas, un tiempo
después de haber sido despedida. Luego de realizar la
evaluación correspondiente la Oficial Examinadora de la
Comisión recomendó confirmar la decisión del Administrador
de la C.F.S.E. De esa forma, la Comisión acogió dicha
recomendación y confirmó la decisión de la C.F.S.E. La
Comisión sostuvo que, en este caso, la defensa de caducidad
estaba disponible a favor del Administrador.
Inconforme, la señora Meléndez Villafañe acudió al
Tribunal de Apelaciones mediante recurso de revisión. En
éste, impugnó la resolución de la Comisión porque, entre
otras cosas, ésta era contraria a lo resuelto en Maisonet
v. F.S.E., 142 D.P.R. 194 (1996). No obstante, el foro
apelativo intermedio confirmó la decisión recurrida y
concluyó, en lo pertinente, que conforme al “esquema
2 Véase Apéndice del Recurso de Apelación, pág. 39. 3 Íd., pág. 41. AC-2009-94 5
estatuario, y la interpretación del Fondo y la Comisión
Industrial, el término de caducidad para reclamar sobre una
enfermedad ocupacional, es de doce meses a partir de la
última exposición al riesgo […] por lo que correctamente el
Fondo y la Comisión resolvieron que el término de caducidad
había expirado para la recurrente”.4
El Tribunal de Apelaciones sostuvo, además, que el
término de tres años para presentar una reclamación de
enfermedad ocupacional comenzó a transcurrir en el 1998,
cuando la señora Meléndez Villafañe comenzó a visitar a su
médico privado. Señaló que en el contexto de una diligencia
razonable, ésta debió conocer la naturaleza de su condición
o incapacidad con anterioridad. Por consiguiente, sostuvo
que su reclamación era tardía.
La señora Meléndez Villafañe presentó oportunamente
un escrito de apelación ante este Tribunal y sostuvo que el
Tribunal de Apelaciones cometió los errores siguientes:
1) Erró el Tribunal de Apelaciones al confirmar la Resolución de la Honorable Comisión Industrial notificada el 5 de mayo de 2009, al variar el estado de derecho actual y la interpretación oficial adoptada por este Tribunal sobre el mismo asunto, mediante casos previos, particularmente cuando dicha interpretación ya había sido avalada por el Tribunal Apelativo y [por el] propio Tribunal Supremo de Puerto Rico.
2) Erró el Tribunal Apelativo al resolver que la defensa de caducidad estaba disponible en este caso a favor del Administrador.
4 Íd., pág. 8. (Énfasis suplido). AC-2009-94 6
3) Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al aplicar la norma deferencial hacia las agencias administrativas.
El 9 de abril de 2010 acogimos el escrito como una
petición de certiorari y expedimos. El 11 de junio de 2010
la peticionaria presentó su alegato, más no así la
recurrida.5 Con el sólo beneficio de la comparecencia de la
peticionaria, procedemos a resolver.
II
Reiteradamente hemos señalado que la Ley del Sistema
de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, Ley Núm. 45
de 18 de abril de 1935, según enmendada (Ley Núm. 45),6 es
un estatuto de carácter remedial que a base de los
propósitos que la inspiran debe interpretarse liberalmente
a favor del obrero.7 Dicho estatuto se creó con la intención
de establecer un sistema de seguro compulsorio y exclusivo
con el fin de compensar al obrero o empleado que sufra
lesiones, se inutilice o muera, al ejercer cualquier acto o
función inherente en el desempeño de su trabajo.8 De igual
forma, el sistema provisto por la Ley Núm. 45 le brinda al
5 El 9 de agosto de 2010 le concedimos a la C.F.S.E. un término de 10 días para presentar su alegato, pero ésta no compareció. 6 11 L.P.R.A. sec. 1 et seq. 7 Art. 2 de la Ley Núm. 45, 11 L.P.R.A. sec. 2; Rivera v. Ins. Wire Prods., Corp., 158 D.P.R. 110, 126-127 (2002). 8 González v. Multiventas, 165 D.P.R. 873, 881 (2005); Toro v. Policía, 159 D.P.R. 339, 353 (2003); Martínez v. Bristol Myers, Inc., 147 D.P.R. 383 (1999). AC-2009-94 7
obrero un remedio rápido, eficiente y menos complejo que
una reclamación ordinaria en daños.9
En lo pertinente a la controversia que nos ocupa, el
inciso (i) del Art. 3 de la Ley Núm. 45 establece
expresamente una tabla con las 42 enfermedades
ocupacionales que son compensables al amparo de dicha ley.10
El referido inciso dispone, además, que se considerarán
como enfermedades ocupacionales compensables las que el
Administrador de la C.F.S.E. disponga por reglamento y, en
lo pertinente a esta controversia, también señala que,
se considerarán enfermedades ocupacionales compensables todas aquellas enfermedades que se contraigan en el curso del trabajo, como consecuencia de un riesgo peculiar a la industria, proceso, ocupación o empleo, y como resultado de la directa exposición del obrero o empleado a dicho riesgo en el normal desempeño de su trabajo siempre que la última exposición al riesgo de adquirir la enfermedad ocurra dentro de los doce meses anteriores a la fecha en que se observaron las primeras manifestaciones de la incapacidad causada por la misma, sin perjuicio de lo que más adelante se dispone.11 (Énfasis suplido.)
Conforme a lo anterior, más allá de las expresamente
determinadas en la tabla y las que el Administrador pueda
designar, se considerarán enfermedades ocupacionales todas
aquellas que se adquieran en el transcurso del trabajo como
consecuencia de un riesgo propio de la industria, proceso,
9 Toro v. Policía, supra; Soc. de Gananciales v. Royal Bank de P.R., 145 D.P.R. 178, 199 (1998). 10 11 L.P.R.A. sec. 3 (i). Vale señalar que aun cuando la Ley Núm. 45 ha sufrido varias enmiendas a través de los años, el inciso aquí discutido ha quedado inalterado. 11 Íd. AC-2009-94 8
ocupación o empleo. Ello, si esas enfermedades resultan de
la exposición directa del obrero o empleado a dicho riesgo
en el normal desempeño de su empleo. Tiene que existir una
relación causal entre la enfermedad y el empleo. En
esencia, se tiene que demostrar que la enfermedad fue
adquirida en el transcurso del empleo y por causa de la
exposición directa de un riesgo propio o peculiar de éste.
En cuanto a lo que constituye un “riesgo propio o
peculiar de la ocupación o empleo”, en Hernández Nieves v.
Comisión Industrial, 90 D.P.R. 340, 356 (1964) tuvimos la
oportunidad de definir tal expresión en términos generales.
En esa ocasión reconocimos que,
se refiere a la existencia de un riesgo constante, inherente a, particular a la actividad dentro de la cual el obrero está obligado a realizar su labor. No se trata de un peligro al cual el trabajador estuviera igualmente expuesto fuera de su empleo, no es en riesgo común a la vecindad. Simplemente, por razón del empleo, el obrero debe haber sido sometido a una exposición excepcional. Tampoco es indispensable que para ello se establezca que el riesgo ha afectado en igual forma a otros trabajadores de la industria o empleo. Solamente que la exposición a que ha estado sometido el obrero es propia de la industria. Generalmente ello puede deducirse del hecho de que el padecimiento del obrero no puede ser atribuido a causa otra alguna que no sea de carácter ambiental. En gran medida puede ser un peligro en las condiciones de trabajo que el patrono puede evitar adoptando y proporcionando mayores y mejores medidas de seguridad.12
Ahora bien, como señalamos, la Asamblea Legislativa
sujetó las enfermedades ocupacionales –las enumeradas en la
tabla, como las que son producto del riesgo propio del
12 Íd., pág. 356. AC-2009-94 9
empleo- a que “la última exposición al riesgo de adquirir
la enfermedad ocurra dentro de los doce meses anteriores a
la fecha en que se observaron las primeras manifestaciones
de la incapacidad causada por la misma” o, lo que es lo
mismo, que las primeras manifestaciones de la incapacidad
surjan dentro de los doce meses siguientes a la última
exposición.13 Precisamente es esta disposición el eje
principal de la controversia aquí versada, por lo que nos
centraremos en su discusión y análisis.
III
Al examinar esta disposición del inciso (i) del Art.
3 de la Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes
del Trabajo, supra, es evidente que nos enfrentamos a un
término de doce meses que comienza a transcurrir desde la
última exposición al riesgo que tuvo el empleado. Esa
última exposición al riesgo muy bien puede ser el último
día de empleo o el último día en que el empleado se
desempeñó en el área que lo exponía al riesgo propio del
empleo.
13 Excepto en los casos de enfermedades causadas “por aire bajo compresión, o por cambios patológicos retardados de los huesos, sangre o pulmones de carácter maligno ocasionados por exposición ocupacional o contacto con arsénico, benzol, berilio, cadmio, cromio, plomo, fluoro, o exposición a rayos X, radium, o sustancias radioactivas, u otras sustancias, cualquiera que sea su naturaleza, que puedan producir efectos retardados sobre el organismo humano, no será perjudicado por el transcurso del término de doce meses después de la última exposición.” 11 L.P.R.A. sec. 3 (i). Además, el legislador estableció que no se considerarán ocupacionales aquellas enfermedades de tipo contagioso, epizootias, endemias y epidemias, excepto cuando fueran contraídas por personal de laboratorio expuesto al riesgo de éstas en el curso normal del trabajo por razón de manipular o examinar material infectivo. Íd. Véase Hernández Nieves v. Comisión Industrial, supra, pág. 354. AC-2009-94 10
Como principio básico de hermenéutica jurídica no
debemos analizar el término en cuestión en el vacío o fuera
del contexto de la ley que lo contiene, esto es, la Ley
Núm. 45. Más bien, éste término o plazo de tiempo debe
interpretarse junto a las demás disposiciones del inciso y
el propio estatuto. Al considerar esta disposición en su
contexto es evidente que en ambos casos -las enfermedades
enumeradas en la tabla, como las que son producto del
riesgo propio del empleo- el término de doce meses es un
asunto que versa sobre el carácter compensativo de la
enfermedad y no sobre el término prescriptivo de la acción
a reclamar. No existe ninguna expresión que disponga que
dicho término se refiere a un periodo de reclamación de
beneficios. Por lo tanto, ante la pregunta de si ese
término de doce meses es el término que tiene un obrero o
empleado para acudir al C.F.S.E. para reclamar alguna
enfermedad ocupacional, la respuesta claramente es en la
Y es que, como señala el propio inciso (i) del Art. 3
de la Ley Núm. 45 más adelante:
Las reclamaciones en casos de enfermedades ocupacionales deberán establecerse dentro de un periodo de tiempo que no exceda de tres (3) años a partir de la fecha en que el obrero adquiera conocimiento de la naturaleza de la incapacidad, y de su relación con el trabajo, o pudiera haberla adquirido mediante el ejercicio de razonable diligencia.14
14 11 L.P.R.A. sec. 3. AC-2009-94 11
Al examinar esta disposición que establece este
término de tres años, y considerando, como señalamos en
Maisonet v. F.S.E., 142 D.P.R. 194, 198-199 (1996), el
“justo sentimiento humanitario y… [el] alto espíritu de
justicia social” que inspiran la Ley Núm. 45, en el
mencionado precedente determinamos que el referido término
de tres años comienza a transcurrir desde que el empleado
conoce que su condición es incapacitante ya que se ha
tornado severa. Además, en Maisonet v. F.S.E., supra,
citamos con aprobación al Prof. Arthur Larson y reconocimos
que el término para entablar la reclamación no comienza a
transcurrir hasta que el reclamante, actuando como una
persona prudente y razonable, pueda percatarse no sólo de
que su condición puede guardar relación con su empleo, sino
que también pueda reconocer la naturaleza y severidad de su
enfermedad.15 Con ello se intentó evitar que un empleado
estuviese forzado a presentar reclamaciones por cualquier
dolor o síntoma leve.
Por último, en Maisonet v. F.S.E., supra, reconocimos
el enfoque liberal que permea lo concerniente a las
reclamaciones en casos de enfermedades ocupacionales. De
hecho, este término de tres años que establece la Ley Núm.
45 es análogo a la regla prevaleciente en la mayoría de las
jurisdicciones estatales de Estados Unidos, la cual se
conoce como discovery rule.16 Esa regla sostiene que el
15 Maisonet v. F.S.E., 142 D.P.R. 194, 198 (1996). 16 3 Larson´s Workmen’s Compensation Law, Sec. 53.04 (2011). AC-2009-94 12
periodo para reclamar comienza a transcurrir desde que el
empleado u obrero descubre diligentemente la naturaleza de
la enfermedad que lo incapacita.17 Es decir, conforme a la
regla y a la decisión de Maisonet v. F.S.E., supra, el
único término para reclamar en la C.F.S.E. una enfermedad
ocupacional es de tres años, contados a partir de que el
obrero o empleado conoce la naturaleza y severidad de su
enfermedad y que ésta puede guardar relación con su empleo.
Esto, en vista de que, como concluimos, el término de doce
meses que establece el inciso (i) del Art. 3, supra, es uno
que se refiere al carácter compensatorio de una enfermedad
ocupacional y no al término prescriptivo de la acción a
reclamar.
IV
En el caso de autos, el Administrador de la C.F.S.E.
y la Comisión Industrial predicaron su denegatoria en el
caso de la señora Meléndez Villafañe en un supuesto término
de caducidad de doce meses. Interpretaron que un obrero o
empleado tiene un término de tres años “para radicar una
reclamación en caso de enfermedades ocupacionales [...]
siempre que no hayan transcurrido doce meses de la última
exposición a riesgo”. De esa forma, como la señora Meléndez
Villafañe presentó su reclamación más de un año y medio
después de su último día de empleo, la C.F.S.E. archivó su
caso. La Comisión confirmó dicho archivo.
17 7 Larson´s Workmen’s Compensation Law, Sec. 126.05 (2011). AC-2009-94 13
No obstante y como hemos visto, tal interpretación se
aparta de la letra clara de la ley, que sólo establece que
las reclamaciones en casos de enfermedades ocupacionales
deberán instarse dentro de un término de tres años a partir
de la fecha en que el obrero conoce la naturaleza de la
incapacidad y de su relación con el trabajo, o que pudo
haberla adquirido mediante el ejercicio de razonable
diligencia. Por ende, no existe, como interpretaron el
Administrador de la C.F.S.E. y la Comisión Industrial, un
término de caducidad de doce meses para iniciar una
reclamación en los casos de enfermedades ocupacionales.
En el caso particular de la señora Meléndez
Villafañe, las primeras manifestaciones se produjeron
mientras ésta laboraba en el área de soldaduras de la
compañía. Es decir, sus primeras manifestaciones se
produjeron mientras estuvo expuesta al riesgo propio del
empleo. Por consiguiente, no estamos ante unas
manifestaciones que se produjeron luego de la última
exposición al riesgo. Además, es importante señalar que lo
anterior, tal y como reconoció el Administrador de la
C.F.S.E., refleja claramente que la señora Meléndez
Villafañe sufrió una enfermedad ocupacional.18
Ahora bien, el Tribunal de Apelaciones sostuvo, al
tomar en cuenta el término de tres años, que la señora
Meléndez Villafañe tampoco estableció su reclamación dentro
de esos tres años a partir de la fecha en que adquirió o
18 Apéndice del Recurso de Apelación, pág. 39. AC-2009-94 14
pudo haber adquirido conocimiento de la naturaleza de la
incapacidad y de su relación con el trabajo. Advirtió que
la señora Meléndez Villafañe visitaba a su médico privado
desde que comenzó a sufrir los síntomas de dolor y
molestias en 1998 y que la acción de acudir con regularidad
a las visitas médicas “debieron razonablemente haberle
informado de la naturaleza de la condición médica y su
relación con el trabajo”. No obstante, a nuestro juicio no
existe prueba en el expediente para determinar, como lo
hizo el Tribunal de Apelaciones, que la señora Meléndez
conoció la “naturaleza de su incapacidad” en 1998 cuando
comenzó a padecer síntomas y a recibir tratamiento médico.
Como ya explicamos, el término de tres años no comienza con
las primeras manifestaciones de la enfermedad sino cuando
el empleado conoce que su condición es incapacitante y que
la misma está relacionada con el trabajo.
Ciertamente es un hecho incontrovertido que la señora
Meléndez Villafañe comenzó a padecer dolor en el hombro
izquierdo, el área del cuello, el brazo y se le adormecían
las manos, desde 1998. Por tales padecimientos ésta recibió
tratamiento médico privado, cada vez que sentía necesidad,
por los próximos seis años. Durante esos seis años la
peticionaria continuó trabajando sin solicitar los
beneficios de la póliza que pagaba su patrono a la C.F.S.E.
Sin embargo, según surge del expediente, luego que cesó de
trabajar en el 2004 la peticionaria continuó con los
síntomas y con el tratamiento médico privado, ignorando que AC-2009-94 15
era posible recibir los beneficios de la C.F.S.E., aun
cuando hubiera cesado de trabajar. Una vez su médico
privado le advierte de la posibilidad real de que su
condición surgiera a consecuencia de su trabajo, la
peticionaria acude a los médicos de la C.F.S.E. quienes la
evaluaron y diagnosticaron su condición. Así, pues, a
partir de dicho diagnóstico médico la señora Meléndez
Villafañe conoció la naturaleza y severidad de su
enfermedad. De esa forma, el término para reclamar los
beneficios ante la C.F.S.E. comenzó a transcurrir desde esa
fecha.
Contrario a lo que sostuvo el Tribunal de
Apelaciones, la fecha de inicio para reclamar no puede ser
la fecha en que ocurrieron las primeras manifestaciones.
Ello es contrario a la norma de Maisonet v. F.S.E., supra.
El término para reclamar inicia desde que el empleado
conoce que su condición es incapacitante porque se ha
tornado severa y que la misma puede guardar relación con su
La señora Meléndez Villafañe presentó sus primeros
síntomas en 1998, pero aún así ella continuó trabajando
hasta el 2004. Por tal razón, no podemos utilizar el 1998
como la fecha en que inicia el periodo para reclamar. En el
2006 es que la señora Meléndez Villafañe adviene al
conocimiento de que podía acudir a la C.F.S.E debido a que
sus padecimientos guardaban relación con su trabajo
anterior. Además, aún si concluyéramos que la señora AC-2009-94 16
Meléndez Villafañe conoció la relación causal entre su
enfermedad y el trabajo mucho antes de su despido, ello no
produce, por sí solo, el inicio del término para reclamar.
No es hasta que los médicos de la C.F.S.E. le diagnostican
los traumas cervical, de manos y de hombro que la señora
Meléndez Villafañe conoce que su enfermedad es ocupacional
e incapacitante. Ella conoció la severidad de su enfermedad
cuando acudió a la C.F.S.E., por tal razón, estaba en
término para presentar su reclamación. Por lo tanto, erró
la C.F.S.E. al cerrar el caso de la señora Meléndez
Villafañe.
V
En armonía con lo antes señalado, se revoca la
Sentencia del Tribunal de Apelaciones, Región Judicial de
San Juan, y se devuelve el caso a la Corporación del Fondo
del Seguro del Estado para ulteriores procedimientos
compatibles con lo aquí resuelto.
Se dictará Sentencia de conformidad.
Erick V. Kolthoff Caraballo Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Corporación del Fondo del Seguro del Estado Recurrida AC-2009-94
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente, se revoca la Sentencia del Tribunal de Apelaciones, Región Judicial de San Juan, y se devuelve el caso a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado para ulteriores procedimientos compatibles con lo aquí resuelto.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Rivera García no interviene.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo