Lopez Lopez, Enrique v. Able Sales Company
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Opinion
Estado Libre Asociado de Puerto Rico TRIBUNAL DE APELACIONES PANEL VII
ENRIQUE LÓPEZ LÓPEZ Apelación procedente del Apelada Tribunal de Primera Instancia, Sala de v. KLAN202500349 Bayamón
ABLE SALES COMPANY Sobre: Despido Injustificado Apelante (Ley Núm. 80) y otros
Caso Núm. CT2023CV000158
Panel integrado por su presidenta, la Juez Domínguez Irizarry, el Juez Ronda del Toro y el Juez Pérez Ocasio
Domínguez Irizarry, Juez Ponente
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2025.
Comparece ante nos, la parte apelante, Able Sales Company,
Inc., solicitando que dejemos sin efecto la Resolución emitida el 23
de marzo de 2025 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de
Bayamón, notificada el 24 de marzo de 2025. Mediante la misma, el
foro de primera instancia declaró No Ha Lugar la Moción Solicitando
Sentencia Sumaria, presentada por la parte apelante.
Por los fundamentos que expondremos a continuación
desestimamos este recurso por falta de jurisdicción.
I
El 9 de noviembre de 2023, el apelado, Enrique López López,
presentó la Querella de epígrafe. En su escrito, alegó que fue objeto
de un despido injustificado por parte de la parte apelante, al amparo
de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 29 LPRA sec. 185(a),
según enmendada. La querella fue presentada conforme al
procedimiento sumario dispuesto en la Ley Núm. 2 de 17 de octubre
de 1961, 32 LPRA sec. 3118.
Número Identificador SEN2025 ________________ KLAN202500349 2
En respuesta, el 18 de enero de 2024, la parte apelante
presentó la Contestación a Querella. En el referido escrito, negó que
el despido hubiese sido injustificado, y alegó que el mismo respondió
a una justa causa, específicamente a una queja de hostigamiento
sexual. Además, formuló varias defensas afirmativas.
Posteriormente, luego de varios incidentes procesales no
pertinentes a la controversia ante nuestra consideración, el 16 de
diciembre de 2024, la parte apelante presentó una Moción
Solicitando Sentencia Sumaria. En la misma, alegó que no existían
hechos en controversia y que el despido del apelado fue realizado
por justa causa, conforme al derecho aplicable. En consecuencia,
solicitó la desestimación del caso de autos.
Por su parte, el 15 de enero de 2025, el apelado en la Oposición
a la Moción Solicitando Sentencia Sumaria, sostuvo que la concesión
de una sentencia sumaria no era procedente, debido a la existencia
de hechos en controversia. Además, alegó que la prueba sometida
por la parte apelante constituía prueba de referencia inadmisible,
por lo que solicitó que se declarara No Ha Lugar la Moción Solicitando
Sentencia Sumaria.
Evaluados los escritos de las partes, el 23 de marzo de 2025,
el Tribunal de Primera Instancia emitió la Resolución apelada,
notificada el 24 de marzo de 2025. En la misma, determinó que no
procedía la concesión de la sentencia sumaria solicitada.
En desacuerdo con lo resuelto, el 23 de abril de 2024, la parte
apelante acudió ante nos mediante el presente recurso de apelación
y planteó siete (7) señalamientos de error.
II
La Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones
Laborales, Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, 32 LPRA sec. 3118,
establece un procedimiento de naturaleza sumaria para aquellos
casos que versen sobre reclamaciones de un obrero o empleado en KLAN202500349 3
contra de su patrono, en aras de abreviar los trámites pertinentes a
las mismas, de manera que resulte en un proceso menos oneroso
para el trabajador. Collazo Muñiz v. Aliss, 2025 TSPR 22, 215 DPR
___ (2025); Class Fernández v. Metro Health Care, 2024 TSPR 63,
213 DPR ___ (2024); Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., 200 DPR 254,
265 (2018); Ríos v. Industrial Optic, 155 DPR 1, 10 (2001). La
naturaleza de esta reclamación exige celeridad en su trámite para
así cumplir con el fin legislativo de proteger el empleo, desalentar
los despidos injustificados y proveer al obrero despedido suficientes
recursos económicos entre un empleo y otro. Reyes Berríos v. ELA,
213 DPR 1093, 1101 (2024); Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc.,
supra. El referido mecanismo pretende lograr la pronta disposición
del asunto en controversia, evitando que el patrono querellado
retrase innecesariamente la tarea judicial y ofreciendo, a su vez, una
solución justa para ambas partes. Ríos v. Industrial Optic, supra,
pág. 10.
Con el fin de mantener el carácter sumario de dicho
procedimiento a nivel apelativo, se aprobó la Ley Núm. 133-2014.
Mediante esta enmienda se dispuso que, entre otras cosas, en un
caso instado al amparo del procedimiento sumario, el término
jurisdiccional para apelar de una sentencia emitida por el Tribunal
de Primera Instancia es de diez (10) días, contados a partir de la
notificación de dicha sentencia.
De otra parte, en Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147
DPR 483 (1999), el Tribunal Supremo concluyó que si bien la
revisión, vía certiorari, de resoluciones interlocutorias emitidas en
procedimientos sumarios tramitados al amparo de la Ley Núm. 2,
supra, es contraria a la naturaleza expedita del referido
procedimiento, exceptuó de dicha prohibición a:
[…] aquellos supuestos en que la [resolución interlocutoria] se haya dictado sin jurisdicción por el tribunal de instancia y en aquellos casos extremos en KLAN202500349 4
los cuales los fines de la justicia requieran la intervención del foro apelativo; esto es, en aquellos casos extremos en que la revisión inmediata, en esa etapa, disponga del caso, o su pronta disposición, en forma definitiva o cuando dicha revisión inmediata tenga el efecto de evitar una “grave injusticia” (miscariage [sic] of justice). Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra, pág. 498.
Dicha norma fue reiterada por el Tribunal Supremo en el caso
de Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 711, 732-733
(2016). A su vez, el Tribunal Supremo aclaró que el término para
solicitar la revisión de aquellas determinaciones interlocutorias que
cumplen con los criterios taxativos establecidos en Dávila, Rivera v.
Antilles Shipping, Inc., supra, es de diez (10) días para las revisiones
presentadas ante el Tribunal de Apelaciones y de veinte (20) días
para aquellas presentadas ante el Tribunal Supremo. Medina
Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, pág. 736.
III
Antes de disponer del recurso de epígrafe, corresponde
examinar nuestra autoridad para entender sobre el mismo.
Conforme la jurisprudencia, el término para revisar una resolución
emitida en un procedimiento sumario al amparo de la Ley Núm. 2,
supra, es de diez (10) días, contados a partir de la notificación de la
resolución.
Al evaluar el expediente, resolvemos desestimar el recurso de
epígrafe por haberse presentado fuera del término establecido. Nos
explicamos.
Surge del récord ante nos que el Tribunal de Primera
Instancia, mediante Resolución emitida el 23 de marzo de 2025 y
notificada el 24 de marzo de 2025, declaró No Ha Lugar la Moción
Solicitando Sentencia Sumaria, bajo el procedimiento sumario al
amparo de la Ley Núm. 2, supra. Por consiguiente, la parte apelante
disponía hasta el 3 de abril de 2025 para presentar su recurso de KLAN202500349 5
certiorari. No obstante, el mismo fue presentado el 23 de abril de
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