EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Lilliam Díaz Lizardi
Peticionaria Certiorari v. 2004 TSPR 144 Juan José Aguayo Leal 162 DPR ____ Recurrido
Número del Caso: CC-2004-154
Fecha: 8 de septiembre de 2004
Tribunal de Circuito de Apelaciones:
Circuito Regional VI
Juez Ponente: Hon. Andrés E. Salas Soler
Abogada de la Parte Peticionaria:
Lcda. Idalia N. León Landrau
Abogada de la Parte Recurrida:
Lcda. Carmen Sara López García
Materia: División de Comunidad de Bienes
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Peticionaria Certiorari v.
Juan José Aguayo Leal
Recurrido CC-2004-154
Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada SEÑORA FIOL MATTA
En San Juan, Puerto Rico, a 8 de septiembre de 2004.
Nos corresponde revisar una sentencia
dictada por el Tribunal de Apelaciones el 16 de
enero de 2004 y archivada en autos ocho días
después. Dicha sentencia confirma la decisión
del foro de instancia en un pleito sobre la
división de la comunidad de bienes existente
entre la Sr. Lilliam Díaz Lizardi y el Sr. Juan
José Aguayo Leal. El 23 de marzo de 2004
ordenamos a la parte recurrida mostrar causa por
la cual no debíamos revocar. Con la comparecencia
de dicha parte pasamos a resolver. CC-2004-154 3
I.
La Sra. Lilliam Díaz Lizardi y el Sr. Juan José Aguayo
Leal sostuvieron un noviazgo por varios años. El 30 de
julio de 1996, mientras aún eran novios, compraron una
residencia localizada en la Urbanización Los Flamboyanes,
D-15 en Gurabo. Como ambos eran solteros, adquirieron una
participación sobre el bien inmueble del cincuenta por
ciento (50%) cada uno. A través de R&G Mortgage Corporation
asumieron una hipoteca con un balance original de
$75,256.00. El pago mensual pactado fue de $601.00. En 1997
ambas partes compraron muebles y accesorios y los colocaron
en la casa. Sin embargo, nunca se mudaron a ésta.
La relación de noviazgo finalizó en noviembre de 1998.
Un mes después, el señor Aguayo comenzó a pagar la
totalidad del pago mensual de la hipoteca. La casa estuvo
deshabitada hasta diciembre de 1999, cuando el señor Aguayo
comenzó a vivir ahí con su esposa, a quien, por no
conocerse su nombre, se le denomina señora Aguayo Leal en
la demanda. El señor Aguayo retuvo todo el mobiliario que
había adquirido junto a la peticionaria, señora Díaz.
El 28 de noviembre de 2000 la señora Díaz presentó
ante el tribunal de instancia una demanda sobre división de
comunidad de bienes y cobro de dinero. Previo al juicio,
que se celebró el 14 de julio de 2003, las partes
estipularon que el bien inmueble tenía un valor de tasación
de $105,000.00. También establecieron que al 1 de agosto de
2003 el balance de cancelación de la hipoteca era de CC-2004-154 4
$70,204.41, por lo cual el valor neto (“equity”) de la
propiedad era de $34,795.59, es decir, la diferencia entre
el valor de la propiedad y el balance de cancelación de la
deuda. Estipularon que le correspondía a cada uno la mitad
de esa cantidad ($17,397.79).
Como señalamos anteriormente, al finalizar la relación
de noviazgo el señor Aguayo asumió el pago de la hipoteca,
pagando por dicho concepto $601.00 mensuales desde
diciembre de 1998 hasta agosto de 2003 y abonando en total
$33,656.00. El foro de instancia determinó que el señor
Aguayo tiene a su favor un crédito por la mitad de esta
cantidad, que asciende a $16,828.00.1 En cuanto a los bienes
muebles, el señor Aguayo manifestó su intención de retener
el juego de comedor, el juego de sala, un abanico de techo,
la nevera, la estufa, la podadora de hilo y el
acondicionador de aire, todos los cuales había usado desde
que se mudó a la residencia. El tribunal estableció que el
valor de estos bienes es de $5,297.80 y adjudicó a la
señora Díaz un crédito por la mitad de dicha cantidad, es
decir, $2,648.00. En cuanto a los demás bienes muebles, el
señor Aguayo indicó que no tenía interés en retenerlos y el
foro de instancia ordenó su devolución a la señora Díaz.
En la sentencia dictada el 29 de agosto de 2003, el
Tribunal de Primera Instancia concluyó que el señor Aguayo
1 El foro apelativo utiliza indistintamente las sumas de $16,258.21 y $16,828.00 como crédito del señor Aguayo por concepto de los pagos efectuados que hubieran correspondido a la peticionaria. La suma correcta es $16,828.00, es decir, la mitad de la totalidad de los pagos efectuados por el señor Aguayo. CC-2004-154 5
adeuda a la señora Díaz $3,788.49. Esta suma es el
resultado de la diferencia entre el crédito adjudicado a la
señora Díaz, equivalente a la mitad del valor neto
(“equity”) de la propiedad inmueble ($17,397.79) y la
cantidad que el tribunal resolvió que ella adeudaba al
señor Aguayo, que era, como vimos, la mitad de los pagos de
la hipoteca que éste había efectuado por varios años
($16,828.00), más la mitad del valor de los bienes muebles
que el señor Aguayo usó e interesaba retener ($2,648.00).
La señora Díaz acudió ante el Tribunal de Apelaciones
mediante recurso de apelación, alegando como único error
que el foro de instancia se equivocó “al reconocerle un
crédito al demandado-apelado por el cincuenta por ciento
(50%) del pago mensual del préstamo hipotecario, privando a
la parte demandante-apelante de su derecho a que se le
compense adecuadamente por el tiempo que el demandado-
apelado tuvo uso y disfrute exclusivo de los bienes en
comunidad.”
El tribunal apelativo intermedio confirmó la decisión
del foro de instancia. En su sentencia, dispuso que no se
había privado a la señora Díaz de su participación en el
bien común y que no le correspondía un crédito adicional.
También concluyó que el señor Aguayo poseyó el bien
inmueble a nombre propio y a nombre de la apelante al
ejercer la posesión inmediata del bien. En la sentencia
recurrida se hizo hincapié en que la señora Díaz no se
opuso a que el señor Aguayo poseyera el bien ni instó
ningún recurso interdictal para acceder a la posesión que CC-2004-154 6
le correspondía. El Tribunal de Apelaciones concluyó lo
siguiente:
Si la Apelante no aportó al préstamo hipotecario por más de cuatro (4) años, ni ejercitó su derecho de posesión del bien, y más aún, no objetó oportunamente la posesión y disfrute que del bien común hiciera el Apelado, no puede ahora aspirar a ganar un crédito por la porción de los pagos que le correspondía abonar y que no hizo. Mucho menos puede la Apelante movernos a concederle una compensación por la posesión que ella misma renunció.
El 1 de marzo de 2004 la señora Díaz acudió ante
nosotros mediante recurso de certiorari. En su primer error
alega que el Tribunal de Apelaciones se equivocó “al
concluir que la posesión exclusiva por parte del recurrido
sobre los bienes objeto de la comunidad de bienes entre las
partes se dio no sólo a su nombre, sino también a nombre de
la peticionaria ya que se trataba de un ejercicio de
posesión de la peticionaria a través del recurrido.”
Expone otros tres errores que se refieren a la misma
controversia: su alegado derecho a recibir un crédito por
el tiempo en que el recurrido estuvo usando de modo
exclusivo los bienes comunitarios.
El 23 de marzo de 2004 concedimos término a la parte
recurrida para que expresara los motivos por los cuales no
debíamos expedir el auto solicitado. Dicha parte acudió
ante nosotros oportunamente. Alegó que la señora Díaz nunca
mostró interés en vivir en la residencia, que poseyó la
misma a nombre de él y de ella y que le corresponde a él el
crédito del cincuenta por ciento (50%) del pago de la
hipoteca que la señora Díaz no aportó, según lo determinó CC-2004-154 7
el foro de instancia. Hemos estudiado detenidamente el
expediente y a la luz del derecho aplicable decidimos
expedir el auto de certiorari para modificar la decisión
del Tribunal de Primera Instancia.
II.
La controversia medular del recurso que nos ocupa gira
en torno al efecto que tiene el uso exclusivo de los bienes
muebles e inmuebles comunitarios por uno de los
copropietarios, en el cómputo final del crédito que le
corresponde a cada uno al momento de la liquidación.
Existe una comunidad de bienes cuando la propiedad de
una cosa o de un derecho pertenece de modo pro indiviso a
varias personas. Artículo 326 del Código Civil, 31 L.P.R.A.
sec. 1271. Algunos de los derechos reales susceptibles de
tenencia en comunidad son la propiedad, el usufructo, la
servidumbre y los derechos reales de garantía. José Puig
Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Tomo II, Volumen II,
pág. 12-13, (1973). Los tratadistas utilizan los términos
comunidad ordinaria, copropiedad o condominio para
referirse a la situación de comunidad sobre el derecho de
propiedad. Véase id. en la pág. 24. Es decir, la situación
especial de una comunidad que se distingue porque “la
propiedad de una cosa corporal pertenece a una pluralidad
de personas, por cuotas cualitativamente iguales.” Eduardo
Vázquez Bote, Derechos Reales II, VIII, en la pág. 9,
(1993). CC-2004-154 8
El tipo de comunidad que regula nuestro ordenamiento
es la llamada comunidad romana, condominium iuris romani,
en la que cada titular tiene una cuota ideal o alícuota de
la cosa. José Ramón Vélez Torres, Curso de Derecho Civil,
Tomo II, en la pág. 145 (1997). Se presume que dichas
cuotas son iguales y que la participación de los comuneros
será proporcional tanto en los beneficios como en las
cargas. Artículo 327 Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 1272.
De plano, conviene aclarar que al utilizar el concepto
“beneficios” el Código se refiere al uso y a los frutos del
bien comunitario. José Ma. Miguel González, Comentario del
Código Civil, Tomo I, pág. 1073 (1991). En cambio, las
cargas “son obligaciones anejas a la propiedad o derecho de
que se trate; son las que se imponen al propietario como
tal o al titular del derecho en comunidad...” Id.
La división de la cosa común puede tener lugar en
cualquier momento, a petición de cualquiera de los
comuneros, ya que ninguno de éstos está obligado a
permanecer en la comunidad. Artículo 334 del Código Civil,
31 L.P.R.A. sec. 1279. Nuestro ordenamiento expresamente
dispone que en la división se seguirán las normas
concernientes a la división de la herencia. Artículo 340
del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 1285.
En lo que nos atañe, el artículo 328 de nuestro Código
Civil, 31 L.P.R.A. sec. 1273, equivalente al artículo 394
del Código Civil Español, dispone que: “Cada partícipe
podrá servirse de las cosas comunes, siempre que disponga
de ellas conforme a su destino y de manera que no CC-2004-154 9
perjudique el interés de la comunidad, ni impida a los
copartícipes utilizarlas según su derecho.” Este artículo,
nuevamente, se refiere al uso del bien común.
La facultad de usar la cosa común consiste “en un
derecho de uso, con las diversas manifestaciones que el
mismo puede envolver y que se extiende a toda la cosa.”
Vázquez Bote, supra, en la pág. 14. Ese derecho de uso está
sujeto, según vimos, a restricciones básicas. En primer
lugar, el uso que se da a la cosa tenida en común debe ser
conforme a su destino. En segundo lugar, no debe perjudicar
el interés de la comunidad y, en tercer lugar, el uso de la
cosa común por un comunero no ha de impedir el uso por los
copartícipes conforme a su derecho. Artículo 328 del Código
Civil, supra. Precisamente, es esta última limitación la
que comprende la prohibición del uso en beneficio exclusivo
de uno de los copropietarios. Vázquez Bote, supra, en la
pág. 15. Por eso hemos expresado, citando al tratadista J.
Santos Briz, que “[u]sar las cosas de manera que perjudique
al interés de la comunidad es, desde luego, que uno de los
condóminos la posea toda ella excluyendo a los demás.”
Soto López v. Colón, 143 D.P.R. 282, 289 (1997).
La controversia que hoy examinamos fue objeto de
estudio en De la Fuente v. Roig, 82 D.P.R. 514 (1961). En
ese caso, uno de los comuneros construyó una vía en una
finca dedicada al cultivo de caña que estaba sujeta al
régimen de copropiedad y la utilizó, “no sólo para servir
las necesidades de la finca común, sino también para CC-2004-154 10
transportar anualmente miles de toneladas de caña
procedentes de otras fincas y que iban destinadas a la
central propiedad de la demandada.” Id. en la pág. 534.
Luego de atender otros problemas jurídicos relacionados con
la construcción de la vía, que no son pertinentes al caso
de autos, analizamos el uso de la finca para estos fines,
que si bien correspondía al destino de ésta, puesto que se
trataba de una finca dedicada al cultivo de la caña, tan
sólo aprovechaba a uno de los comuneros, quien a su vez era
dueño de la central a la cual se transportaba la caña. En
la Opinión emitida por el entonces Juez Asociado señor
Serrano Geyls, manifestamos lo siguiente respecto al
alcance del artículo 328:
No hay duda que la demandada estaba impedida, por razón del art. 328 del Código Civil, de utilizar la cosa común (...) para su particular y exclusivo beneficio y sin pagar una adecuada compensación a la comunidad. Como explica el Tribunal Supremo de España, el condominio “consiste en el libre goce de [la cosa común] y de sus productos por todos los partícipes por igual o en proporción de sus respectivas participaciones, sin más limitaciones que las necesarias para lograrlo del modo mejor y más equitativo, y...excluye el disfrute exclusivo de la cosa común y de cualquier parte de ella en beneficio singular de uno de los condueños.” Sentencia de 22 de junio de 1892, 71 Jurisprudencia Civil 805, 811-812. Id. (Énfasis suplido).
En síntesis, resolvimos mediante la Opinión citada que
un comunero no puede usar o disfrutar de manera exclusiva
de un bien comunitario sin pagar a los demás comuneros por
dicho beneficio privativo. Concluimos que “[é]ste es, sin CC-2004-154 11
duda, uno de los principios rectores de un régimen pacífico
y justo de la comunidad.” Id.
Más recientemente, al referirnos a la comunidad de
bienes post divorcio en Soto López v. Colón, supra en la
pág. 289, expresamos que “[d]urante la existencia de la
comunidad de bienes ninguno de los ex cónyuges puede tener
el monopolio de ella.” En esa ocasión resolvimos que si
sólo uno de los cónyuges mantenía el control y uso de los
bienes de la comunidad, el otro cónyuge “tiene un derecho
superior, como comunero, entre otras cosas, a que su ex
cónyuge le pague una suma líquida específica periódica.”
Id. en las págs. 291-292. Aunque hizo referencia a este
caso, el Tribunal de Apelaciones concluyó que la Señora
Díaz no fue privada “de su participación en el bien común”
por cuya razón no procedía otorgarle un crédito adicional.
El Tribunal Supremo español ha interpretado de manera
similar el artículo 394 de su Código Civil, equivalente al
artículo 328 del nuestro. Así, en la Sentencia de 2 de
octubre de 1996, el Tribunal Supremo español concluyó que
dicho artículo 394 “se orienta en el mismo sentido de no
permitir el uso exclusivo de la cosa en común por uno de
los partícipes, la solución contraria no sólo es ilegal,
sino que choca con el sentido de la justicia.” Véase
Ignacio Sierra Gil de la Cuesta, Comentarios del Código
Civil, Tomo II, en la pág. 249 (2002). De esta forma, se ha
prohibido el monopolio del uso de la cosa común por uno o CC-2004-154 12
varios titulares. Sentencia de 18 de febrero de 1987.
Sierra Gil de la Cuesta, supra en la pág. 250.
III.
La peticionaria plantea que dentro de la comunidad
constituida entre ella y el recurrido, uno de los comuneros
disfrutó del uso exclusivo de los bienes, beneficiándose
injustamente. En su dictamen, el Tribunal de Apelaciones
reconoce, que de acuerdo a Soto López, supra, el uso
exclusivo del bien común por uno de los comuneros da lugar
a un crédito a favor del comunero excluido. No obstante,
concluye que la señora Díaz no fue privada de su
participación en el bien común y que el señor Aguayo
poseyó también a nombre de la señora Díaz. Apoya su
criterio en nuestras expresiones en Cintrón Vélez v.
Cintrón de Jesús, 120 D.P.R. 39 (1987). Erró en su
apreciación del alcance de nuestra decisión en ese caso.
En Cintrón Vélez determinamos que unos nietos
coherederos, quienes vivían con su abuelo y lo cuidaron en
su enfermedad, no estaban obligados, al fallecer éste, a
pagar renta a los otros coherederos por el tiempo durante
el cual continuaron viviendo en la casa del causante.
Concluimos que dicha situación no configuraba un
enriquecimiento injusto porque, “aunque los nietos
coherederos forman parte de la comunidad hereditaria y
poseyeron la casa del causante después de su muerte, esa
fue la vivienda de ellos por varios años antes de la muerte CC-2004-154 13
del testador, o sea, que tenían la posesión exclusiva de la
casa desde antes.” Id. en la pág. 50 (énfasis nuestro).
Expusimos entonces que como todos los comuneros tienen
derecho a coposeer los bienes comunitarios “...la tenencia
real de alguna cosa común por un comunero solo, antes de
ser considerada como posesión para él, debe de serlo como
caso de ejercicio de la posesión de todos a través de
él...”.
Ahora bien, reconocimos de igual forma, que:
Todo ello, no obsta, sin embargo, a que cuando conste que el comunero poseedor, posee para sí, y no (...) como servidor de la posesión de los otros o mediador posesorio de los mismos, se le reconozca la posesión exclusiva a él de la cosa que sea (...) si bien a los otros, mientras estén en plazo, les quepa mediante interdicto o acción reivindictoria [sic], recobrar la parte de posesión a que tienen derecho. Id. en la pág. 51, citando de M. Albaladejo, Derecho Civil, Barcelona, Librería Bosch, 1979, T. V., Vol. I., pág. 273 (énfasis omitido).
Nos parece evidente que la decisión que utilizan tanto
el tribunal apelativo intermedio como la parte recurrida
para sustentar sus posiciones resuelve una situación
fáctica particular, muy distinta a la del caso que hoy
examinamos. Según explicamos antes, en Cintrón Vélez,
supra, resolvimos que cuando un bien se convierte en bien
común por razón del fallecimiento del causante, el
coheredero que tenía la posesión del bien previo a ese
hecho podía continuar poseyéndolo hasta el momento de la
partición, sin que ello se conceptúe, ipso facto, en
posesión exclusiva que genere la obligación de retribuir a CC-2004-154 14
los demás comuneros. En ese caso pesó mucho en nuestro
ánimo que si bien todos los coherederos estuvieron de
acuerdo con que se vendiera la casa en pública subasta: “no
por esto se les va a imponer [a los nietos] la obligación de
pagarle una renta a su propio padre, por el tiempo en que
vivieron en la casa de los abuelos, sin tener otro lugar
donde vivir.” Id. en la pág. 52. Según explicamos en nota
al calce, al así resolver “[c]umplimos (...) con el mandato
legal y a la vez hacemos justicia.” Id., nota al calce 3.
En cambio, los hechos del presente caso nos requieren
aplicar los preceptos que establecimos en De la Fuente,
supra, a saber, que uno de los comuneros no puede usar la
cosa común de manera exclusiva y en su propio beneficio,
sin pagar la compensación correspondiente a los demás. De
igual manera resolvimos en Soto López, supra. En De la
Fuente, supra, la Opinión se refería al beneficio privado
que derivaba un comunero al transportar caña hasta su finca
privada, a través de una finca tenida en común. El
principio que adoptamos en aquél entonces guía el rumbo de
la controversia que estudiamos ahora, cuatro décadas
después y que versa sobre una controversia más
contemporánea; a saber, si un comunero debe compensar al
otro por el uso exclusivo de bienes que adquirieron en
común pro indiviso, una vez disuelta la relación de
noviazgo que dio base a la adquisición. Resolvemos que la CC-2004-154 15
norma adoptada en De la Fuente es igualmente aplicable a
esta situación.2
También resolvemos que en circunstancias como la del
caso que nos ocupa, el uso exclusivo del bien común por uno
sólo de los comuneros sin resarcir al otro, es contrario a
principios elementales de derecho, basados en la equidad,
que no permiten el enriquecimiento injusto. Como sabemos y
hemos recalcado muchas veces, la doctrina de enriquecimiento
injusto es un principio general “que opera en todo el ámbito
del derecho” y es “un corolario del concepto de equidad, lo
cual equivale a decir que es un corolario del concepto de
justicia mismo.” Silva v. Comisión Industrial, 91 DPR 891,
898 (1965). Según Puig Brutau, "[d]e enriquecimiento injusto
se habla propiamente cuando la ley no ha previsto una
situación en la que se produce un desplazamiento patrimonial
que no encuentra una explicación razonable en el
ordenamiento vigente”. J. Puig Brutau, Fundamentos de
Derecho Civil, Barcelona, Bosh, 1ra. ed., 1983, Tomo II,
Volumen III, pág. 44; Ortiz Andújar v. E.L.A., 122 D.P.R.
817 (1988). Al igual que otras acciones fundadas
estrictamente en la equidad, la reclamación basada en
enriquecimiento injusto sólo procederá cuando la ley no
2 Al así resolver no descartamos la posibilidad de que uno de los comuneros pueda prestar su consentimiento, expresa o tácitamente, o llegar a un acuerdo para que el otro comunero utilice gratuitamente la cosa común para su exclusivo beneficio. En esas circunstancias, distintas al caso que hoy es objeto de nuestro examen, no surgiría, naturalmente, la obligación de compensar a la otra parte por habérsele privado del uso del bien común. CC-2004-154 16
provea otra causa de acción y cuando la parte que reclame el
remedio acuda al tribunal “con las manos limpias”. Ortiz
Andujar v. ELA, supra, a la pág. 823, y otros casos allí
citados. Según reconoce nuestra jurisprudencia, los
siguientes elementos deben concurrir para la adecuada
aplicación de la doctrina de enriquecimiento injusto: un
enriquecimiento y un empobrecimiento correlativo; la
conexión entre ambos; la ausencia de causa que justifique el
enriquecimiento y la inexistencia de un precepto legal que
excluya la aplicación del enriquecimiento sin causa a la
situación particular examinada. Ortiz Andújar v. E.L.A.,
supra; Morales v. Municipio de Toa Baja, 119 D.P.R. 682
(1987); Plan de Bienestar de Salud v. Alcalde Cabo Rojo, 114
D.P.R. 697 (1983).
El recurrido alega que la señora Díaz nunca mostró
interés en vivir en la casa ni por retener los bienes
muebles adquiridos en común. Por su parte, la señora Díaz
expuso en su demanda que intentó recuperar los bienes
muebles en varias ocasiones y que también hizo
acercamientos para liquidar la comunidad, aunque resultaron
infructuosos. Finalmente, dos años después de la ruptura de
la relación interpuso acción para dividir la comunidad de
bienes. Contrario a lo que resuelve el foro apelativo
intermedio, entendemos que no era necesario que ella
presentara una solicitud de interdicto para avalar su
derecho a un crédito sobre el uso de la residencia. La
señora Díaz tenía a su disposición la vía ordinaria, la CC-2004-154 17
cual utilizó dentro de un término razonable. Por tanto, no
coincidimos con la parte recurrida, quien alega que ella
consintió a ese uso y que no fue diligente al no interponer
una demanda de interdicto para impedirlo. En vez,
concluimos que el señor Aguayo poseyó los bienes comunales
y los utilizó para su beneficio exclusivo, sin el
consentimiento de la señora Díaz, procediendo en estas
circunstancias la compensación correspondiente.
Acorde a lo anterior, debemos revisar los cálculos que
efectuó el Tribunal de Primera Instancia y que fueron
confirmados por el Tribunal de Apelaciones. Para ello, es
menester tener presente que ambos comuneros poseen una
participación del cincuenta por ciento (50%) de los bienes,
según ellos mismos reconocen. Comencemos analizando la
controversia sobre el uso exclusivo de la propiedad
inmueble.
A primera vista, no podemos concluir que el señor
Aguayo tuvo el uso exclusivo del inmueble desde diciembre
de 1998 hasta noviembre de 1999, aunque durante ese tiempo
hizo los pagos mensuales del préstamo hipotecario, puesto
que ni él ni la señora Díaz ocuparon la vivienda durante
ese período. Por tanto, se equivoca la peticionaria al
solicitar un crédito por esos once meses. El pago de la
hipoteca es una de las cargas que corresponde distribuir
entre los partícipes de la comunidad, de acuerdo a sus
respectivas cuotas. Artículo 327 Código Civil, 31 L.P.R.A.
sec. 1272. Habiéndolo asumido el señor Aguayo durante ese
término, la señora Díaz le debe a éste la mitad de lo que CC-2004-154 18
él desembolsó por ese concepto, es decir, $3,305.00, más
el interés legal devengado durante todo el tiempo en que
esa deuda ha existido.
El crédito por privación de uso del inmueble a favor
de la señora Díaz comienza desde diciembre de 1999, cuando
el recurrido se mudó a la residencia luego de casarse.
Desde entonces, el señor Aguayo usó el bien exclusivamente
para su disfrute y el de su cónyuge, a exclusión de su ex
novia, la señora Díaz. El uso de un bien es parte de los
beneficios que corresponden a los comuneros y, al igual que
las cargas, debe guardar proporción con su participación en
la comunidad. El uso del bien por uno de los comuneros no
puede privar al otro de usarlo también, de acuerdo a su
participación. Artículo 327 Código Civil, 31 L.P.R.A. sec.
1272. Siendo ello así, permitir que el señor Aguayo reciba
un crédito por la mitad de los pagos de la hipoteca, cuando
utilizó el bien para su beneficio exclusivo, a todas luces
presenta una situación de enriquecimiento injusto.
En su petición de certiorari, la señora Díaz expone
que el crédito que le corresponde por el uso exclusivo que
el señor Aguayo dio a la cosa común debe ser equivalente a
la porción del pago hipotecario que en otras circunstancias
le hubiese correspondido a ella, es decir, la mitad de lo
que el señor Aguayo pagó. Aduce que de esa manera se
extinguió su deuda para con el señor Aguayo por ese
concepto. Aquilatada la prueba, el Tribunal de Primera
Instancia determinó, según expusimos, que el señor Aguayo
disfrutó del bien común desde diciembre de 1999 hasta CC-2004-154 19
agosto de 2003. No estamos en posición de adjudicar el
valor del uso exclusivo del inmueble. Resolvemos que
corresponde al Tribunal de Primera Instancia evaluar la
compensación que debe recibir la señora Díaz por habérsele
privado del uso del bien común, para lo cual deberá aportar
prueba sobre el valor de dicho uso en el mercado. En el
caso de autos, donde el bien inmueble comunitario se
utiliza como residencia, el valor de uso en el mercado ha
de calcularse tomando como base el canon de arrendamiento
de una propiedad similar en la misma localidad para las
fechas durante las cuales la señora Díaz fue privada de su
uso. Al satisfacer esta deuda el señor Aguayo deberá pagar,
además, los intereses legales correspondientes.
Pasemos ahora a evaluar la controversia sobre el uso
exclusivo de los bienes muebles comunitarios. De las
determinaciones de hecho de la sentencia recurrida no se
desprende con cuánto contribuyó cada comunero a la compra
de los bienes muebles, por lo que debemos presumir que los
adquirieron por partes iguales. Artículo 327 del Código
Civil, 31 L.P.R.A. sec. 1272. El foro de instancia
determinó que el valor total de dichos bienes asciende a
$5,297.80 y adjudicó a la señora Díaz la mitad de su valor,
como crédito contra la participación del señor Aguayo,
puesto que éste habrá de quedarse con los bienes muebles
tras la liquidación de la comunidad.
No obstante, no podemos obviar que el señor Aguayo ha
usado estos muebles exclusivamente desde que se mudó a la
casa en diciembre de 1999 hasta el presente. En CC-2004-154 20
consideración a ello, la señora Díaz solicita que
adjudiquemos a su favor una suma equivalente a la mitad del
valor de estos bienes por razón de dicho uso exclusivo. No
explica ni surge de autos cómo llega a este valor. Acceder
a lo solicitado conllevaría adjudicar a favor de la señora
Díaz la totalidad del valor de los bienes muebles que
fueron adquiridos en común. Sin embargo, no tenemos base
para determinar que la compensación por el uso exclusivo de
los bienes muebles equivale a la mitad de su valor, puesto
que no consta en autos prueba alguna al respecto.
Resolvemos, al igual que lo hicimos respecto al valor del
uso del bien inmueble comunitario, devolver el caso al
Tribunal de Primera Instancia, para que reciba prueba y
determine a cuánto asciende el crédito al que tiene derecho
la Señora Díaz por el uso exclusivo de los bienes muebles
que disfrutó el señor Aguayo, desde que se mudó a la
residencia hasta agosto de 2003. A esta suma se le deberá
imponer al señor Aguayo, de igual forma, el pago de
intereses.
En conclusión, la participación del señor Aguayo en la
comunidad consiste del crédito de $3,305.00 más los
intereses sobre esa cantidad, que hemos resuelto le
corresponde por la mitad de los pagos hipotecarios que
realizó mientras ninguno de los comuneros ocupaba la
propiedad. Además, el señor Aguayo tiene a su favor, según
determinó el foro de instancia, la mitad del valor neto
(“equity”) de la propiedad, es decir, $17,397.79. Entre sus
débitos se encuentra la cantidad de $2,648.90 por la mitad CC-2004-154 21
del valor los bienes muebles, y la compensación por el uso
exclusivo del bien inmueble y de los bienes muebles. Por su
parte, la señora Díaz es acreedora a $17,397.79 en concepto
del valor neto (“equity”) de la propiedad, más la suma de
$2,648.90 que el foro de instancia determinó le
correspondía por su participación en los bienes muebles y
un crédito por el uso exclusivo del bien inmueble y los
bienes muebles de los cuales fue privada, menos la
diferencia de $3,305.00 que adeuda al señor Aguayo por los
pagos hipotecarios que no realizó.
Por los fundamentos que anteceden, expedimos el auto
de certiorari para modificar la decisión recurrida y
determinar que la participación de ambos comuneros en la
división de la comunidad, está sujeta a la determinación
del foro de instancia respecto al valor del uso exclusivo
del bien inmueble y de los bienes muebles que disfrutó el
señor Aguayo desde diciembre de 1999 hasta agosto de 2003 y
a la suma de los intereses acumulados sobre la mitad de la
hipoteca que la peticionaria no satisfizo.
Se devuelve el caso al foro de instancia para esos
fines. Mantenemos inalterada la disposición del foro de
instancia respecto a la orden de efectuar la escritura de
traspaso de la propiedad.
Se dictará sentencia de conformidad sin particular
imposición de costas ni gastos.
Liana Fiol Matta Jueza Asociada CC-2004-154 22
EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
que antecede, la cual se hace formar parte
integrante de la presente Sentencia, modificamos
las resoluciones emitidas por el entonces Tribunal
de Circuito de Apelaciones y por el Tribunal de
Primera Instancia y devolvemos el caso de autos al
Tribunal de Primera Instancia para que continúen
los procedimientos de forma compatible con lo aquí
dispuesto.
Lo acordó el Tribunal y lo certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez
Presidente señor Hernández Denton emitió voto de
conformidad. CC-2004-154 23
El Juez asociado señor Rivera Pérez concurrió sin opinión
escrita.
Patricia Otón Olivieri Secretaria del Tribunal Supremo CC-2004-154 24
Peticionaria
v. CC-2004-154
Recurrido
Opinión de Conformidad emitida por el Juez Presidente señor Hernández Denton
San Juan, Puerto Rico, a 8 de septiembre de 2004
Estamos conforme con las determinaciones que
hace la Opinión del Tribunal en cuanto a que el
Sr. Juan José Aguayo Leal debe compensar a la
Sra. Lilliam Díaz Lizardi por el período durante
el que habitó junto a su esposa el inmueble en
comunidad y utilizó los muebles propiedad común.
De igual forma, concurrimos con que el señor
Aguayo Leal, a su vez, tiene un crédito contra la
señora Díaz Lizardi por los pagos de hipoteca del
referido inmueble que realizó sin recibir de ésta
la aportación correspondiente.
Empero, creemos prudente expresarnos de manera
particular sobre cuándo el uso y disfrute por un
condueño de la propiedad en comunidad CC-2004-154 25
“impide” a los demás dueños utilizar la misma de manera que
surja una obligación de compensar. Asimismo, debemos hacer
constar porqué estamos de acuerdo con la forma en que la
Opinión del Tribunal avalúa y adjudica los créditos y
deudas correspondientes a cada parte por concepto de pago
de hipoteca y resarcimiento por privación de uso y disfrute
de los bienes comunes. Veamos.
I
A
En cuanto a la conclusión de que el señor Aguayo Leal
“impidió” a la señora Díaz Lizardi el uso y disfrute del
inmueble y de los muebles en comunidad y, por lo tanto,
tiene que compensarla por ello, es importante aclarar que
no todo uso y disfrute de la cosa común por uno de los
comuneros, sin la concurrencia de los demás, implica de por
sí una infracción al Art. 328 del Código Civil,3 de la cual
surja un deber de compensar.
Dicho artículo dispone el disfrute de cada partícipe
de los bienes en comunidad siempre que, entre otras cosas,
no se “impida a los copartícipes utilizarlas según su
derecho”. Id. En casos como el de autos, en el que uno de
los condueños se muda al inmueble en comunidad o utiliza
los muebles en común sin el consentimiento de los demás
dueños y sin que éstos hagan igual uso simultáneo, no
siempre surge una obligación de compensar por dicho uso y
disfrute. Sólo el uso y disfrute de la cosa común por uno
de los copartícipes que “impida” a los demás ejercer igual CC-2004-154 26
derecho constituye un menoscabo a los intereses de los
otros dueños, por lo cual se reconoce una obligación de
pagar por dicho uso exclusivo y particular. Es decir, el
mero hecho de ocupar y disfrutar los bienes en comunidad de
manera individual no siempre será suficiente para que se
concluya que ello tuvo el efecto de “impedir” que los demás
copartícipes la utilicen.
Al respecto, al referirse al Art. 394 del Código Civil
español equivalente al Art. 328 nuestro, Scaevola nos
señala que:
[E]l artículo presupone la circunstancia de que todos los partícipes se sirvan de la cosa común, pues su objeto es armonizar y coordinar el uso de ella por varias personas. ¿Podrá utilizarla uno solo? No vemos razón en contra, siempre que observe las condiciones del artículo, porque si se aparta de ellas puede lesionar los derechos de los demás copartícipes. En efecto, todos los condueños tienen, según el artículo objeto de examen, derecho para servirse de la cosa común; luego si algún otro quiere servirse de ella no puede oponerse el que estuviese usándola, porque uno de los requisitos del artículo es no privar a los otros copartícipes de utilizarl[a] según su derecho. Q.M. Scaevola, Código Civil, Madrid, Ed. Reus, 1943, T. VII, pág. 315; además, M. Albaladejo, Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1985, T. V, Vol. 2, pág. 73.
Es decir, el mero hecho del uso exclusivo por uno de
los comuneros no es determinante al resolver si éste
“impidió” a los demás copartícipes el ejercicio de igual
derecho. En la situación hipotética de que el señor Aguayo
Leal se hubiese mudado a residir sólo al inmueble, éste no
hubiese necesariamente infringido el Art. 328 del Código
3 31 L.P.R.A. sec. 1273. CC-2004-154 27
Civil, supra, porque estaría legítimamente haciendo
efectivo su derecho de disfrutar la cosa común conforme a
su destino, sin perjudicar los intereses de la comunidad y
sin impedir que la señora Díaz Lizardi haga lo propio. La
circunstancia agravante en este caso, sin embargo, es que
el señor Aguayo Leal trajo a un tercero a participar del
uso y disfrute del inmueble y de los muebles en comunidad y
ello, por demás, impidió que la otra condueña se sirviera
de los mismos conforme a su derecho. Máxime cuando ese
tercero se trata del cónyuge del señor Aguayo Leal. Es
precisamente por esta particularidad que reconocemos que a
la luz de los hechos aquí planteados, la señora Díaz
Lizardi fue privada del uso y disfrute de su participación
en la comunidad de bienes debido a la naturaleza del uso
que le dio a la misma el señor Aguayo Leal.
Estos hechos demuestran la intención del señor Aguayo
Leal de utilizar los bienes en comunidad con exclusión del
derecho equivalente de la señora Díaz Lizardi. Por lo
tanto, conforme a nuestra jurisprudencia ciertamente
procede reconocerle a Díaz Lizardi un crédito por el
período en que el señor Aguayo Lizardi ocupó la propiedad
inmueble con su esposa y retuvo los bienes muebles
propiedad de ambos.
B
Ahora bien, ¿a cuánto debe ascender dicho crédito? La
señora Díaz Lizardi alega que el señor Aguayo leal le debe CC-2004-154 28
una cantidad igual al cincuenta por ciento (50%) de los
pagos de hipoteca que él realizó sin aportación alguna de
su parte. De esa manera, se sugiere que la deuda de la
señora Díaz Lizardi con el señor Aguayo Leal por el pago de
la hipoteca y la de éste con ella, por el uso exclusivo del
inmueble, se cancelen por compensación. La norma, según
propuesta, parece ser que cuando un comunero pague las
deudas hipotecarias de los bienes en comunidad, y
simultáneamente además impida a otros condueños usar y
disfrutar de los bienes en comunidad, nada tendría que
pagar porque las reclamaciones por daños y reembolso por el
pago de las cargas se compensarían. Sin embargo, esta
norma, además de carecer de fundamento jurídico, no es
consistente con la jurisprudencia de este Tribunal.
Sobre la cuantía de los daños que debe compensar el
comunero que utiliza los bienes comunes para su uso
particular y exclusivo, en De la Fuente v. Roig, 82 D.P.R.
514 (1961), reconocimos la necesidad de que el comunero
perjudicado ofrezca datos al tribunal que ayuden a fijar la
compensación de tales daños. A la pág. 534. En ese caso se
trataba del uso por uno de los comuneros para su beneficio
particular de una vía ferroviaria ubicada en la finca en
comunidad. A pesar de que concluimos que éste debía abonar
los daños causados a los otros condueños por limitarlos en
el uso y disfrute de la finca, resolvimos que no nos habían
puesto en posición de cuantificar dicha indemnización.
Expresamos con relación a esto que: CC-2004-154 29
No tenemos datos de clase alguna que nos permitan hacer un cómputo de la suma que por ese servicio debió recibir la comunidad, tomando en cuenta, por ejemplo, la distancia recorrida y lo que se acostumbra cobrar en tales casos. Actuaríamos necesariamente sobre bases especulativas y arbitrarias si fijáramos la compensación sin evaluar esos elementos. Id., a la pág. 535.
Es decir, la determinación del crédito del comunero
perjudicado en el uso y disfrute de su participación en la
comunidad de bienes requiere la consideración de variables
específicas. Es una cuantía que no debe depender de
criterios arbitrarios o especulativos.
Cónsono con lo anterior, en Montalván Ruiz v.
Rodríguez Navarro, res. el 23 de marzo de 2004, resolvimos
que el comunero que retenía las ganancias de un negocio en
comunidad debía abonar al otro comunero no sólo su
participación en las mismas, sino además, el pago de
intereses al por ciento prevaleciente en el mercado para
las fechas pertinentes. Ello en consideración a que el
comunero que es privado del uso y disfrute de su propiedad
tiene derecho a ser resarcido por el que lo perjudicó
conforme a criterios independientes, consistentes y
determinados. De esa manera, además, se hace justicia al
que tiene que abonar el pago pues está protegido contra
decisiones arbitrarias.
Conforme a lo anterior, y según lo reconoce la Opinión
del Tribunal, la norma en el caso de autos debe ser a los
efectos de reconocerle a la señora Díaz Lizardi un crédito
por el 50% del valor de la renta en el mercado tanto del
inmueble como de los muebles que el señor Aguayo Leal usó y CC-2004-154 30
disfrutó de manera exclusiva. Dicho crédito no tiene que
responder necesariamente al 50% de los pagos de hipoteca
que Díaz Lizardi le adeuda a Aguayo Leal.
Esta norma busca atender otros casos de igual
naturaleza al presente. Habrá instancias en que el pago de
hipoteca no sea proporcional al importe que debe recibir un
comunero por haber sido excluido del uso y disfrute de la
cosa en común. Podría ocurrir, asimismo, que el comunero
que impidió que los demás se sirvieran de los bienes en
comunidad no haya aportado a las cargas de los mismos en
exceso de lo debido, ya porque abonó exactamente lo que le
correspondía según su participación o porque los bienes no
tenían cargas corrientes. Por ello, el valor en el mercado
de los bienes cuyo uso acapara un comunero con exclusión de
los demás condueños es un criterio valorativo uniforme que
puede extenderse a otros escenarios similares.
II
A la luz de lo anterior, estamos conforme con la
Opinión del Tribunal y con la determinación de devolver el
caso al Tribunal de Primera Instancia para que se
especifique la cuantía que el señor Aguayo Leal le debe a
la señora Díaz Lizardi por concepto del uso y disfrute
exclusivo de la propiedad mueble e inmueble en comunidad a
razón del valor en el mercado de dicho uso y disfrute.
FEDERICO HERNÁNDEZ DENTON Juez Presidente