EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re: 2023 TSPR 16
211 DPR ___ Walter Alomar Santiago (TS-8,157)
Número del Caso: AB-2022-0019
Fecha: 16 de febrero de 2023
Oficina de Inspección de Notarías:
Lcdo. Manuel E. Ávila De Jesús Director
Abogado del promovido:
Por derecho propio
Materia: Conducta Profesional – Suspensión inmediata de la práctica de la notaría por el término de seis meses por infringir los Arts. 2, 12 y 39 de la Ley Notarial; las Reglas 12 y 49 del Reglamento Notarial y los Cánones 18, 35 y 38 del Código de Ética Profesional.
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In re:
Walter Alomar Santiago AB-2022-0019 Queja (TS-8,157)
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 16 de febrero de 2023.
El Lcdo. Walter Alomar Santiago (licenciado Alomar
Santiago) fue admitido al ejercicio de la abogacía el
10 de enero de 1986 y a la práctica de la notaría el
3 de marzo del mismo año.
I.
El 22 de febrero de 2022 la Sra. Carmen M. Sánchez
Álamo presentó una Queja contra el licenciado Alomar
Santiago en la que alegó que contrató los servicios del
letrado para formalizar el proceso de inscripción de la
propiedad inmueble en la que residía con su esposo, el
Sr. José Antonio Ortiz Ramos (señor Ortiz Ramos)(en
conjunto matrimonio Ortiz-Sánchez). AB-2022-0019 2
La propiedad del matrimonio Ortiz-Sánchez ubica sobre
el inmueble en el cual residían el Sr. Miguel Ortiz Dávila y
la Sra. Dominga Ramos Ocasio, suegros de la quejosa.
Entretanto, la Sra. Juana Ortiz Ramos, casada con el Sr. Jesús
González Medina, reside en un inmueble construido en la
propiedad aledaña de los suegros de la señora Sánchez Álamo.
Previamente, mediante la Escritura Núm. 46 de 1 de noviembre
de 1989 otorgada ante la Lcda. María Victoria Jiménez Maldonado
se recogió el derecho de superficie del inmueble del matrimonio
Ortiz-Sánchez. Igualmente, la misma notaria autorizó la
Escritura Núm. 49 de Acta de construcción en suelo ajeno para
detallar que el matrimonio González-Ortiz construyó el inmueble
en que residían de su peculio. Al cabo de varios años, entre
1994 y 1998, respectivamente, los suegros de la señora Sánchez
Álamo fallecieron y todos los herederos, incluso la Sra. Juana
Ortiz Ramos, decidieron ceder sus respectivas participaciones
hereditarias al señor Ortiz Ramos.
Para mayo de 2010, el matrimonio Ortiz-Sánchez procuraba
gestionar la inscripción de las propiedades a nombre de sus
respectivos dueños a través de la licenciada Jiménez Maldonado.
No obstante, lo atendió el licenciado Alomar Santiago quien se
puso a su disposición para tramitar las inscripciones de sus
propiedades y la del inmueble del matrimonio González-Ortiz en
el Registro de la Propiedad. Según alegó la quejosa, el letrado
le cobraría $4,500 y que la referida cuantía podía pagarse poco
a poco. Además, el abogado le solicitó y se le entregó los
documentos de rigor para poder ejecutar la encomienda. AB-2022-0019 3
Transcurridos varios años sin recibir noticias del
licenciado Alomar Santiago con relación a la gestión por la
que resultó contratado, en el 2014 los esposos Ortiz-Sánchez
dejaron de abonarle dinero al letrado.
A raíz de varios intentos para conseguir al licenciado
Alomar Santiago, el matrimonio Ortiz-Sánchez se comunicó con
la oficina del abogado y cuestionaron la tardanza injustificada
del trámite. Para finales de 2020, el licenciado Alomar
Santiago citó a la señora Sánchez Álamo para leerle la
Escritura Núm. 104 de 18 de noviembre de 2019 (Escritura
Núm. 104) que había preparado. Sin embargo, según afirmó la
quejosa, el abogado solo leyó las porciones que él entendió
pertinentes, brincó páginas, no le explicó los pormenores y le
solicitó que le devolviera la copia que le entregó para el
ejercicio de la lectura. La señora Sánchez Álamo permaneció
con el duplicado y, ante su desconcierto, compartió lo sucedido
con otros abogados quienes se percataron que la Escritura
Núm. 104 era una Compraventa en la que no firmaron los
otorgantes y que la titularidad de la propiedad constaba
inscrita únicamente a nombre del matrimonio Ortiz-Sánchez. De
esta manera, peticionó la corrección de las constancias en el
Registro con relación a los inmuebles de ambos matrimonios.
Una vez presentada la Queja, y luego de requerir varias
prórrogas, el licenciado Alomar Santiago contestó la misma el
26 de mayo de 2022. Allí aceptó que recibió $3,000 y alegó que
los devolvería. Esgrimió que entendía que había entregado los
documentos que estaban en su poder, pero continuaría en la AB-2022-0019 4
búsqueda correspondiente. Admitió que el señor Ortiz Ramos ni
la señora Sánchez Álamo ni los suegros de esta firmaron el
instrumento público porque se presentó por error e
inadvertencia un borrador de la escritura. Reconoció que el
instrumento público era nulo ab initio y que solicitaría al
tribunal la nulidad de cualquier anotación existente o vigente
en el Registro de la Propiedad. A su entender, la quejosa no
sufrió daños por la confusión que creó el borrador de escritura
que presentó por error. De esta manera solicitó la
desestimación de la Queja.
Además de la contestación a la Queja, atendió un
requerimiento de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN)
en la que expuso que, a raíz de los sismos y la pandemia de
inicios de 2020, estuvo alejado de la práctica legal en su
oficina y en las dependencias gubernamentales. A esto añadió
que, luego de que el Registro de la Propiedad le notificó que
retirara la Escritura Núm. 106 de Acta notarial para establecer
el derecho de hogar seguro sobre el hogar principal y familiar
(Escritura Núm. 106 de Hogar Seguro) de 3 de diciembre de 2019,
se percató de que por error presentó un borrador de escrituras,
por lo que se concentró en atender el problema de ese
instrumento público y no retiró la Escritura Núm. 104 de
Compraventa que según alegó cometió el mismo error. Asimismo,
reiteró que presentaría la acción judicial para la anulación
de ambos instrumentos públicos.
El 15 de julio de 2022 se remitió el asunto a la ODIN y
el 21 de octubre de 2022 nos presentó un Informe en el que AB-2022-0019 5
concluyó que el licenciado Alomar Santiago infringió los Arts.
2, 12, 39 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 LPRA secs. 2013,
2023 y 2061; las Reglas 12 y 49 del Reglamento Notarial, 4 LPRA
Ap. XXIV y con la conducta desplegada violentó los estándares
éticos de los Cánones 18, 35 y 38 del Código de Ética
Profesional, 4 LPRA Ap. IX. Lo anterior al empeñar la fe pública
notarial y faltar a la verdad al certificar en una copia de
los instrumentos públicos, con su firma y sello notarial, que
en el original de las “escrituras públicas”: (1) aparecían las
firmas de personas que no comparecieron ante su presencia para
otorgar el instrumento público; (2) estaban adheridos y
cancelados los aranceles notariales de rigor; y (3) estaba
firmado, signado, sellado y rubricado por el notario. Asimismo,
notificó los dos instrumentos públicos en sus informes de
actividad notarial mensual correspondientes a los meses de
noviembre y diciembre de 2019, respectivamente en la que
certificó bajo su fe notarial que comparecieron unas personas
que no estuvieron ante él sobre negocios jurídicos que no se
consumaron.
El 28 de noviembre de 2022 el licenciado Alomar Santiago
presentó un documento intitulado Comentarios al informe
mediante el cual aceptó la razonabilidad del Informe de la
ODIN. Igualmente, coincidió con la sanción de seis meses que
la ODIN propuso como alternativa. Apuntó que debía tomarse en
consideración que era la primera falta en más de tres décadas
de práctica notarial; la admisión de los hechos; la
acreditación de la devolución de honorarios; la acreditación AB-2022-0019 6
de la presentación de la petición de nulidad de la Escritura
Núm. 104 de Compraventa y de la Escritura Núm. 106 de Hogar
Seguro y cualquier asiento registral vigente; la ausencia de
beneficios económicos para el notario y la inexistencia de
animosidad entre las partes.
El 23 de diciembre de 2022, el licenciado Alomar Santiago
presentó una Moción informativa en la que anejó la Resolución
de 16 de diciembre de 2022 del Tribunal de Primera Instancia,
Sala Superior de Bayamón, con relación al caso Ex parte Carmen
Sánchez Álamo y José Antonio Ortiz Ramos, Civil Núm.
BY2022CV05885. Mediante el dictamen, el foro de instancia
declaró con lugar la petición de nulidad de los referidos
instrumentos públicos y ordenó al Registrador de la Propiedad,
Sección IV de Bayamón, la anulación de la inscripción y
cualquier asiento vigente de las aludidas escrituras.
II
Sabido es que todo notario está inflexiblemente atado
al cumplimiento cabal de la Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987,
4 LPRA sec. 2001 et seq., conocida como Ley Notarial de Puerto
Rico, al Reglamento Notarial de Puerto Rico, 4 LPRA Ap. XXIV,
al Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, y a toda norma
o reglamento concerniente a los deberes de los profesionales
del Derecho que ejercen el notariado.1
1 In re Santiago Rodríguez, 206 DPR 853, 858 (2021); In re Vázquez Margenat, 204 DPR 968, 977 (2020). AB-2022-0019 7
De acuerdo con el Art. 2 de la Ley Notarial de Puerto
Rico, 4 LPRA sec. 2001,2 el notario está facultado para dar fe
y autenticar los negocios jurídicos y actos que se realicen en
su presencia. En cuanto a la fe pública, el articulado señala
que esta es plena y representa la ley entre las partes, por lo
que se exige que -como custodio- el notario sea firme, celoso
y estricto en su ejecutoria.3 Claro está, la fe pública deja
su plenitud cuando el notario no cumple con los requisitos de
forma que postula el ordenamiento notarial.4 Esto se debe a
que, a través de la fe pública notarial, los notarios le dan
forma legal a la voluntad de las partes y le confiere certeza
y eficacia jurídica a los instrumentos públicos que prepare
este profesional de Derecho.5 Es decir, “[e]l trámite o ‘[e]l
proceso de autenticar y otorgar instrumentos públicos válidos
es producto del cumplimiento fiel y cabal de los notarios con
‘los requisitos de la ley notarial referentes a [la]
comparecencia, exposición, estipulaciones, otorgamiento y
autorización’ para cada negocio jurídico en que intervienen’”.6
De otra parte, la identidad de una persona otorgante es
uno de los requisitos neurálgicos para la autorización de un
2 Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, 4 LPRA sec. 2001 et seq.
3Art. 2 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 LPRA sec. 2001; In re Vázquez Margenat, supra; In re Vázquez Pardo, 185 DPR 1031, 1040 (2012).
4 In re Santiago Rodríguez, supra, 859.
5 In re Salas Davis, 145 DPR 539, 544-545 (1998).
6 In re Santiago Rodríguez, supra, págs. 859-860; In re García Cabrera, 201 DPR 902, 920–921 (2019); Sucn. Santos v. Registrador, 108 DPR 831, 834 (1979). AB-2022-0019 8
instrumento público.7 Con la identificación estatutaria se
alcanza la correspondencia real y legítima entre la persona
otorgante y su firma en el instrumento público.8
En lo que respecta a la firma, el Art. 28 de la Ley
Notarial, 4 LPRA sec. 2046 señala que los otorgantes tendrán
que estamparla al final y, al margen de cada folio del
instrumento público, inscribirán sus iniciales. Todo lo
anterior se hará en presencia del notario para que, luego de
ese ejercicio, este rubrique, signe y selle el documento
público. A través de la firma se demuestra que los otorgantes
aprobaron el texto que la precede, entre otros asuntos.9 Por
lo tanto, la omisión de la firma de los otorgantes es una falta
notarial grave que transgrede la fe pública notarial y es causa
de nulidad del instrumento público de que se trate.10
Por otro lado, de acuerdo con el Art. 39 de la Ley
Notarial, 4 LPRA sec. 2061 y la Regla 19 del Reglamento
Notarial, 4 LPRA Ap. XXIV, una copia certificada de una
escritura pública acredita las constancias que aparecen en el
instrumento público original atado al protocolo del notario.
En la copia certificada el notario da fe de que en el original
aparecen las iniciales y las firmas de las personas otorgantes
y el notario la firma, signa, rubrica, estampa sello notarial
7 In re Santiago Rodríguez, supra, pág. 860.
8 Íb. Véase Art. 17(c) de la Ley Notarial, 4 LPRA sec. 2035.
9 In re Fontánez Fontánez, 181 DPR 407, 419–420 (2011); In re Nieves Nieves, 171 DPR 843, 852 (2007); In re González Maldonado, 152 DPR 871 (2000).
10 In re Fontánez Fontánez, supra, pág. 420; In re Vargas Cintrón, 153 DPR 520 (2001). AB-2022-0019 9
y cancela los aranceles de rentas internas y sellos notariales,
entre otros.
De otra parte, todo notario sabe que el Art. 12 de la
Ley Notarial, 4 LPRA sec. 2023 y la Regla 12 del Reglamento
Notarial, supra, establecen que tiene los primeros diez días
del próximo mes para remitir un informe mensual de sus
actividades notariales del mes anterior. En lo concerniente a
las escrituras públicas, y bajo la fe pública, firma y sello
notarial, el notario informa el número y objeto de instrumento
público o testimonio, la fecha, nombre de los comparecientes,
la cuantía y testigos (si corresponde). Sobre este particular
hemos expresado que “[l]a presentación de los índices sobre
actividades notariales ‘garantizan la certeza de los documentos
en los que intervienen los notarios, y evitan el riesgo de
manipulación y fraude’”.11 De manera que, como hemos
sentenciado, el notario que autoriza un instrumento público
sin la presencia de los otorgantes corrompe la fe pública
notarial y constituye la certificación de un hecho falso que
contraviene la Ley Notarial, supra, y el Reglamento Notarial,
supra, además de que quebranta los Cánones 18, 35 y 38 del
Código de Ética Profesional, supra.
En específico, del Canon 18 del Código de Ética
Profesional, supra, emana la competencia y la diligencia que
deben desplegar los profesionales del Derecho al momento de
ejecutar las funciones que le imponen los cuerpos estatutarios
11In re Vázquez Margenat, supra, pág. 980; In re Santiago Ortiz, 191 DPR 950, 961 (2014). AB-2022-0019 10
y reglamentarios a los notarios. Asimismo, la sinceridad y la
honradez son la médula del Canon 35 del Código de Ética
Profesional, supra. De manera que la ejecutoria del notario
tiene que “ajustarse a la sinceridad de los hechos […] al
redactar afidávits y otros documentos[…]”.12 El Canon 35 del
Código de Ética Profesional, supra, expresamente reprocha que
un notario utilice medios que sean inconsistentes con la
verdad, artificios o una relación de hechos o de derecho que
sea falsa para inducir a error a un juzgador. La infracción a
este canon no considera si el notario actuó con o sin
intención.13 En otras palabras, “no es defensa la ausencia de
haber obrado de mala fe, deliberadamente o sin la intención de
engañar como tampoco lo es que no se haya causado daño a un
tercero”.14
A tenor con lo señalado, del Canon 38 del Código de Ética
Profesional, supra, surge la depuración del ejercicio de la
profesión legal en cuanto a la rectitud y la transparencia que
debe desplegar un abogado en el ministerio del notariado.
Cuando un notario infringe los cánones 18 y 35 del Código de
Ética Profesional, supra, definitivamente no exalta la
profesión legal pues ha desempeñado la función pública del
notariado con mediocridad y no con la cautela, el celo y la
honradez que el ministerio demanda.
12In re Vazquez Margenat, supra, pág. 979; Canon 35 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX.
13 Íb., pág. 977; In re Vázquez Pardo, supra, págs. 1046-1047.
14In re Vázquez Pardo, supra; In Re Astacio Caraballo, 149 DPR 790, 799 (1999). AB-2022-0019 11
Por último, disciplinar a un profesional de Derecho
requiere que evaluemos la conducta desplegada en conjunto con
los factores siguientes:
(1) la reputación del abogado en la comunidad; (2) su historial previo; (3) si constituye su primera falta y si no ha causado perjuicio a alguna parte; (4) la aceptación y el arrepentimiento sincero por las imputaciones; (5) la defensa frívola de su conducta; (6) si se trata de una conducta aislada; (7) el ánimo de lucro, y (8) cualquier otra consideración atenuante o agravante aplicable a los hechos.15
III
En la situación que nos ocupa, el licenciado Alomar
Santiago fue contratado para gestionar la inscripción de las
propiedades de los matrimonios Ortiz-Sánchez y González-Ortiz.
Sin embargo, en vez de realizar dicho trámite, cometió la falta
grave de autorizar la Escritura Núm. 104 de Compraventa a
sabiendas de que los suegros de la quejosa habían fallecido
hacía más de 25 años. Evidentemente, el matrimonio
Ortiz-Sánchez no compareció ante el notario para la Escritura
Núm. 104 de Compraventa ni para la Escritura Núm. 106 de Hogar
Seguro que preparó el notario. En las copias certificadas
y en el original de ambos instrumentos públicos, el notario
empeñó la fe pública al certificar que los otorgantes
comparecieron, fueron identificados y que firmaron las
escrituras sin ser cierto. Consecuentemente, al presentar el
informe mensual de actividad notarial de los meses de noviembre
y diciembre de 2019, el licenciado Alomar Santiago certificó
que preparó las aludidas escrituras e identificó al matrimonio
15In re Santiago Rodríguez, supra, pág. 862; In re Bonhomme Meléndez, 202 DPR 610, 626 (2019); In re Rivera Nazario, 193 DPR 573, 587 (2015). AB-2022-0019 12
Ortiz-Sánchez y a los suegros de la quejosa como comparecientes
cuando era un hecho falso.
Con este cuadro fáctico y marco legal concluimos que el
licenciado Alomar Santiago infringió los Arts. 2, 12, 39 de la
Ley Notarial, supra; las Reglas 12 y 49 del Reglamento
Notarial, supra, y los Cánones 18, 35 y 38 del Código de Ética
Profesional, supra.
Debe quedar meridianamente claro que los abogados no
deben intentar subestimar a este Tribunal, a los brazos
auxiliares que le asisten, a los clientes ni a sus compañeros
so color de alegados errores o inadvertencias sin intención.
Ciertamente, resulta difícil asimilar que “por error e
inadvertencia” se presentaron dos borradores de escrituras en
el Registro de la Propiedad en las que se certificó la
comparecencia, identificación y firma de otorgantes, con
inclusión de personas que el notario sabía que habían
fallecido. Igualmente, consideramos arduo concebir cómo esto
puede constituir una inadvertencia o un error si, mediante dos
índices notariales, el notario dio fe a la ODIN, con su firma
y sello notarial, que las referidas personas allí nombradas
comparecieron al otorgamiento de los instrumentos públicos.
Si bien el licenciado Alomar Santiago cometió un grave
error, no podemos pasar por alto que obra a favor del letrado
que esta es su primera falta en treinta y seis años de práctica
notarial. El licenciado Alomar Santiago admitió su
responsabilidad, se comprometió, realizó el trámite judicial
y el foro de instancia emitió una Resolución que declaró nulas
la Escritura Núm. 104 de Compraventa y la Escritura Núm. 106
de Hogar Seguro y ordenó la anulación de cualquier asiento AB-2022-0019 13
registral vigente concernientes a los instrumentos públicos.
Asimismo, acreditó la devolución de los $3,000 que recibió por
los servicios no prestados al matrimonio Ortiz-Sánchez y
manifestó la ausencia de animosidad entre las partes.
IV
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam
que antecede, se ordena la suspensión inmediata del
Lcdo. Walter Alomar Santiago de la práctica de la notaría por
el término de seis meses.
La Oficina del Alguacil de este Tribunal inmediatamente
incautará la obra protocolar y el sello notarial del licenciado
Alomar Santiago y los entregará a la Oficina de Inspección de
Notarías para la investigación e informe correspondientes.
Consecuentemente, la fianza notarial queda automáticamente
cancelada. La fianza se considerará buena y válida por tres
años después de su terminación en cuanto a los actos realizados
por el licenciado Alomar Santiago durante el periodo en que la
fianza estuvo vigente.
Notifíquese esta Opinión Per Curiam y Sentencia mediante
correo electrónico y por teléfono.
Se dictará Sentencia de conformidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam que antecede, se ordena la suspensión inmediata del Lcdo. Walter Alomar Santiago de la práctica de la notaría por el término de seis meses.
La Oficina del Alguacil de este Tribunal inmediatamente incautará la obra protocolar y el sello notarial del licenciado Alomar Santiago y los entregará a la Oficina de Inspección de Notarías para la investigación e informe correspondientes. Consecuentemente, la fianza notarial queda automáticamente cancelada. La fianza se considerará buena y válida por tres años después de su terminación en cuanto a los actos realizados por el licenciado Alomar Santiago durante el periodo en que la fianza estuvo vigente.
Notifíquese esta Opinión Per Curiam y Sentencia mediante correo electrónico y por teléfono.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo.
Javier O. Sepúlveda Rodríguez Secretario del Tribunal Supremo