per curiam:
Nuevamente no tenemos otra alternativa que decretar la suspensión de un miembro de la profesión legal debido a su incumplimiento con la Ley Notarial de Puerto Rico (Ley Notarial), 4 LPRA see. 2001 et seq., y con el Reglamento Notarial de Puerto Rico (Reglamento Notarial), 4 LPRA Ap. XXIV, R. 58A, por su indiferencia hacia las órdenes de este Tribunal, así como por su desatención a los requerimientos de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN). Por la conducta que reseñamos a continuación, suspendemos indefinidamente al Ledo. Luis G. Salas González del ejercicio de la notaría y la abogacía.
I—I
El licenciado Salas González fue admitido al ejercicio de la abogacía el 25 de junio de 1991 y prestó juramento para ejercer el notariado el 1 de febrero de 1994. Surge del ex-pediente ante nuestra consideración que el 19 de junio de 2012 la Leda. Norma Acosta de Santiago, Inspectora de la ODIN (Inspectora), realizó la inspección de los Protocolos del licenciado Salas González correspondientes a los años 2000 al 2007. Como parte del proceso de inspección, ese mismo día la Inspectora le entregó personalmente el Informe de Inspección al licenciado Salas González. Mediante este Informe se le indicaron las deficiencias encontradas en los Protocolos de 2001 y 2005.
Luego de entregarle el Informe, la Inspectora realizó diversas gestiones para comunicarse con el licenciado Salas González a los fines de que éste corrigiera las faltas seña[390]*390ladas, de manera que se pudiera culminar el proceso de inspección pendiente ante la ODIN. La Inspectora hizo constar que las gestiones para lograr contactar al licenciado Salas González incluyeron llamadas telefónicas y comunicaciones a través del correo electrónico y el correo ordinario.
En consecuencia, el 5 de mayo de 2014 el Director de la ODIN, Ledo. Manuel E. Ávila de Jesús, presentó ante este Tribunal una Moción Informativa Solicitando Remedios. A través de dicha moción expuso los trámites que anteceden en cuanto al licenciado Salas González y solicitó que le ordenáramos atender las deficiencias relacionadas con su obra protocolar y que le requiriéramos la presentación de los índices e informes adeudados. Asimismo, hizo énfasis en el reiterado incumplimiento del licenciado Salas González al no atender las comunicaciones remitidas por la ODIN y al no presentar los referidos índices de actividad mensual notarial e informes anuales.
Considerada la solicitud de la ODIN, mediante Resolución de 6 de febrero de 2015 le concedimos al licenciado Salas González un término de 60 días para que subsanara [391]*391todas las deficiencias señaladas por la ODIN y, en el mismo término, mostrara causa por la cual no debía ser suspendido de la abogacía. Esta Resolución fue notificada mediante diligenciamiento personal al licenciado Salas González el 13 de febrero de 2015 y así consta en el expediente. Transcurrido el término concedido, el licenciado Salas González no contestó nuestra Orden ni atendió los requerimientos de la ODIN. Examinemos la normativa aplicable a esta relación de hechos.
rH HH
A. Hemos sido consistentes al describir la práctica de la notaría como una función que exige un alto nivel de cuidado, diligencia y esmero. In re López Cordero, 164 DPR 710, 715 (2005); In re Vera Vélez, 148 DPR 1, 6 (1999). En el ejercicio de esta delicada función se requiere un estricto cumplimiento con la Ley Notarial, con su su reglamento y con los cánones del Código de Etica Profesional, 4 LPRAAp. IX. In re López Cordero, supra; In re Capestany Rodríguez, 148 DPR 728, 733 (1999). Cuando un notario se aparta de la normativa previamente expuesta se expone a la acción disciplinaria correspondiente, no sólo en el ámbito notarial, sino también como abogado. In re González Maldonado, 152 DPR 871, 895 (2000); In re Capestany Rodríguez, supra.
En virtud del ejercicio de la notaría, los notarios están sujetos al proceso de inspección de su obra notarial conforme al Art. 62 de la Ley Notarial, 4 LPRAsec. 2102, y a la Regla 77 del Reglamento Notarial, 4 LPRAAp. XXIV. Durante este procedimiento, los inspectores de la ODIN verifican la obra notarial y señalan a los notarios las deficiencias pertinentes para que las corrijan. Una vez se informan las deficiencias, hemos expresado que los notarios no pueden asumir una actitud pasiva y confiar en que la ODIN los contactará para corroborar si corrigieron adecua[392]*392damente las faltas señaladas. In re Arroyo Rivera, 182 DPR 732, 736 (2011); In re Román Jiménez, 161 DPR 727, 733 (2004). Por el contrario, deben subsanar las deficiencias y coordinar una próxima reunión con la ODIN para efectuar la reinspección de la obra notarial y culminar el procedimiento. In re Román Jiménez, supra, pág. 733.
Por otra parte, el Art. 12 de la Ley Notarial, 4 LPRA see. 2023, y la Regla 12 del Reglamento Notarial, 4 LPRAAp. XXIV, establecen la obligación de los notarios en cuanto a rendir índices mensuales sobre sus actividades notariales no más tarde del décimo día del mes siguiente al que se informa. Asimismo, los notarios tienen el deber de remitir dicho índice mensual a la ODIN, a pesar de que no hayan tenido actividad notarial durante ese mes. Véase Art. 12 de la Ley Notarial, supra. En estos casos corresponde presentar a la ODIN un informe negativo de actividad notarial. íd. A su vez, el Art. 13-A de la Ley Notarial, 4 LPRA sec. 2031a, así como la Regla 13 del Reglamento Notarial, 4 LPRA Ap. XXIV, dispone que todo notario deberá remitir a la ODIN un informe estadístico anual de actividad notarial no más tarde del último día de febrero del año siguiente al que se informa. Cuando el notario presente tardíamente alguno de los informes antes indicados, la ODIN podrá requerir una explicación sobre la tardanza y cualquier otra información pertinente. Véanse: Reglas 12 y 13 del Reglamento Notarial, supra. Respecto a estas obligaciones, hemos sido enfáticos al expresar que su incumplimiento es una grave falta a los deberes que impone al notario la fe pública notarial y que será motivo de sanciones disciplinarias. In re Miranda Casasnovas, 175 DPR 774, 779 (2009); In re Carrasquillo Martínez, 173 DPR 798, 802 (2008).
Por otro lado, el Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, exige que la conducta de todo abogado hacia los tribunales se caracterice por el mayor respeto. De este precepto surge la obligación de los miem[393]*393bros de la profesión legal de responder oportunamente a los requerimientos de este Tribunal. In re García Ortiz, 187 DPR 507, 524 (2012); In re Asencio Márquez, 183 DPR 659, 663 (2011); In re Ramírez Ferrer, 183 DPR 382, 384 (2011).
Reiteradamente, les hemos recordado a los abogados que no atender las órdenes de este Tribunal tiene como consecuencia la suspensión del ejercicio de la profesión, pues demuestra dejadez e indiferencia a nuestros apercibimientos. In re Massanet Rodríguez,
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per curiam:
Nuevamente no tenemos otra alternativa que decretar la suspensión de un miembro de la profesión legal debido a su incumplimiento con la Ley Notarial de Puerto Rico (Ley Notarial), 4 LPRA see. 2001 et seq., y con el Reglamento Notarial de Puerto Rico (Reglamento Notarial), 4 LPRA Ap. XXIV, R. 58A, por su indiferencia hacia las órdenes de este Tribunal, así como por su desatención a los requerimientos de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN). Por la conducta que reseñamos a continuación, suspendemos indefinidamente al Ledo. Luis G. Salas González del ejercicio de la notaría y la abogacía.
I—I
El licenciado Salas González fue admitido al ejercicio de la abogacía el 25 de junio de 1991 y prestó juramento para ejercer el notariado el 1 de febrero de 1994. Surge del ex-pediente ante nuestra consideración que el 19 de junio de 2012 la Leda. Norma Acosta de Santiago, Inspectora de la ODIN (Inspectora), realizó la inspección de los Protocolos del licenciado Salas González correspondientes a los años 2000 al 2007. Como parte del proceso de inspección, ese mismo día la Inspectora le entregó personalmente el Informe de Inspección al licenciado Salas González. Mediante este Informe se le indicaron las deficiencias encontradas en los Protocolos de 2001 y 2005.
Luego de entregarle el Informe, la Inspectora realizó diversas gestiones para comunicarse con el licenciado Salas González a los fines de que éste corrigiera las faltas seña[390]*390ladas, de manera que se pudiera culminar el proceso de inspección pendiente ante la ODIN. La Inspectora hizo constar que las gestiones para lograr contactar al licenciado Salas González incluyeron llamadas telefónicas y comunicaciones a través del correo electrónico y el correo ordinario.
En consecuencia, el 5 de mayo de 2014 el Director de la ODIN, Ledo. Manuel E. Ávila de Jesús, presentó ante este Tribunal una Moción Informativa Solicitando Remedios. A través de dicha moción expuso los trámites que anteceden en cuanto al licenciado Salas González y solicitó que le ordenáramos atender las deficiencias relacionadas con su obra protocolar y que le requiriéramos la presentación de los índices e informes adeudados. Asimismo, hizo énfasis en el reiterado incumplimiento del licenciado Salas González al no atender las comunicaciones remitidas por la ODIN y al no presentar los referidos índices de actividad mensual notarial e informes anuales.
Considerada la solicitud de la ODIN, mediante Resolución de 6 de febrero de 2015 le concedimos al licenciado Salas González un término de 60 días para que subsanara [391]*391todas las deficiencias señaladas por la ODIN y, en el mismo término, mostrara causa por la cual no debía ser suspendido de la abogacía. Esta Resolución fue notificada mediante diligenciamiento personal al licenciado Salas González el 13 de febrero de 2015 y así consta en el expediente. Transcurrido el término concedido, el licenciado Salas González no contestó nuestra Orden ni atendió los requerimientos de la ODIN. Examinemos la normativa aplicable a esta relación de hechos.
rH HH
A. Hemos sido consistentes al describir la práctica de la notaría como una función que exige un alto nivel de cuidado, diligencia y esmero. In re López Cordero, 164 DPR 710, 715 (2005); In re Vera Vélez, 148 DPR 1, 6 (1999). En el ejercicio de esta delicada función se requiere un estricto cumplimiento con la Ley Notarial, con su su reglamento y con los cánones del Código de Etica Profesional, 4 LPRAAp. IX. In re López Cordero, supra; In re Capestany Rodríguez, 148 DPR 728, 733 (1999). Cuando un notario se aparta de la normativa previamente expuesta se expone a la acción disciplinaria correspondiente, no sólo en el ámbito notarial, sino también como abogado. In re González Maldonado, 152 DPR 871, 895 (2000); In re Capestany Rodríguez, supra.
En virtud del ejercicio de la notaría, los notarios están sujetos al proceso de inspección de su obra notarial conforme al Art. 62 de la Ley Notarial, 4 LPRAsec. 2102, y a la Regla 77 del Reglamento Notarial, 4 LPRAAp. XXIV. Durante este procedimiento, los inspectores de la ODIN verifican la obra notarial y señalan a los notarios las deficiencias pertinentes para que las corrijan. Una vez se informan las deficiencias, hemos expresado que los notarios no pueden asumir una actitud pasiva y confiar en que la ODIN los contactará para corroborar si corrigieron adecua[392]*392damente las faltas señaladas. In re Arroyo Rivera, 182 DPR 732, 736 (2011); In re Román Jiménez, 161 DPR 727, 733 (2004). Por el contrario, deben subsanar las deficiencias y coordinar una próxima reunión con la ODIN para efectuar la reinspección de la obra notarial y culminar el procedimiento. In re Román Jiménez, supra, pág. 733.
Por otra parte, el Art. 12 de la Ley Notarial, 4 LPRA see. 2023, y la Regla 12 del Reglamento Notarial, 4 LPRAAp. XXIV, establecen la obligación de los notarios en cuanto a rendir índices mensuales sobre sus actividades notariales no más tarde del décimo día del mes siguiente al que se informa. Asimismo, los notarios tienen el deber de remitir dicho índice mensual a la ODIN, a pesar de que no hayan tenido actividad notarial durante ese mes. Véase Art. 12 de la Ley Notarial, supra. En estos casos corresponde presentar a la ODIN un informe negativo de actividad notarial. íd. A su vez, el Art. 13-A de la Ley Notarial, 4 LPRA sec. 2031a, así como la Regla 13 del Reglamento Notarial, 4 LPRA Ap. XXIV, dispone que todo notario deberá remitir a la ODIN un informe estadístico anual de actividad notarial no más tarde del último día de febrero del año siguiente al que se informa. Cuando el notario presente tardíamente alguno de los informes antes indicados, la ODIN podrá requerir una explicación sobre la tardanza y cualquier otra información pertinente. Véanse: Reglas 12 y 13 del Reglamento Notarial, supra. Respecto a estas obligaciones, hemos sido enfáticos al expresar que su incumplimiento es una grave falta a los deberes que impone al notario la fe pública notarial y que será motivo de sanciones disciplinarias. In re Miranda Casasnovas, 175 DPR 774, 779 (2009); In re Carrasquillo Martínez, 173 DPR 798, 802 (2008).
Por otro lado, el Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, exige que la conducta de todo abogado hacia los tribunales se caracterice por el mayor respeto. De este precepto surge la obligación de los miem[393]*393bros de la profesión legal de responder oportunamente a los requerimientos de este Tribunal. In re García Ortiz, 187 DPR 507, 524 (2012); In re Asencio Márquez, 183 DPR 659, 663 (2011); In re Ramírez Ferrer, 183 DPR 382, 384 (2011).
Reiteradamente, les hemos recordado a los abogados que no atender las órdenes de este Tribunal tiene como consecuencia la suspensión del ejercicio de la profesión, pues demuestra dejadez e indiferencia a nuestros apercibimientos. In re Massanet Rodríguez, 188 DPR 116, 125-126 (2013); In re Fidalgo Córdova, 183 DPR 217, 222 (2011); In re Fiel Martínez, 180 DPR 426, 430 (2010). Asimismo, hemos expresado que la obligación de responder a los requerimientos se extiende a las exigencias de la ODIN. Así pues, ignorar nuestras órdenes o los requerimientos de la ODIN es motivo para la imposición de sanciones disciplinarias. In re Medina Perea, 190 DPR 241, 246 (2014); In re Asencio Márquez, supra, pág. 664.
Aunque hemos repetido en infinidad de ocasiones la norma antes señalada, con suma frecuencia no tenemos otra alternativa que suspender a miembros de la profesión legal por no contestar nuestros requerimientos y los que le son cursados por la ODIN. Este Tribunal ha sido consistente en la aplicación de dicha medida disciplinaria. In re Medina Perea, supra, pág. 246; In re Mendoza Ramírez, 188 DPR 244, 249 (2013); In re Colón Olivo, 187 DPR 659, 663 (2013); In re Asencio Márquez, supra, pág. 665; In re Rodríguez Salas, 181 DPR 579, 581 (2011); In re Rodríguez Rodríguez, 180 DPR 841, 843-844 (2011).
III
Según el trámite procesal expuesto, el 19 de junio de 2012 la inspectora le entregó al licenciado Salas González un Informe que contenía las deficiencias encontradas en sus Protocolos de 2001 y 2005. Ello como parte del proceso [394]*394rutinario de inspección. Cabe mencionar que las faltas en los referidos Protocolos consistían en que tres de las escrituras autorizadas en el 2001 no incluían las iniciales de uno de los otorgantes y que en una escritura otorgada en el 2005 no se expresó el mecanismo por el cual se identificó a la parte otorgante. Surge pues, y así lo reconoce la ODIN, que estos señalamientos pudieron atenderse a nivel administrativo sin mayores consecuencias. Sin embargo, teniendo conocimiento de las faltas señaladas, el licenciado Salas González nada hizo al respecto. La ODIN intentó contactarlo en múltiples ocasiones sin éxito.
Transcurridos casi dos años sin conocer circunstancia alguna del licenciado Salas González, la ODIN solicitó nuestra intervención. Además, nos informó que el licenciado Salas González adeudaba múltiples índices mensuales e informes anuales. Ante esto, mediante Resolución de 6 de febrero de 2015, le concedimos un término de 60 días para que subsanara las deficiencias señaladas por la ODIN y mostrara causa por la cual no debía ser suspendido de la abogacía. El licenciado Salas González recibió esta Resolución personalmente el 13 de febrero de 2015. Nada hizo para atender los requerimientos de la ODIN y de este Tribunal.
Cuesta comprender la conducta de ignorar las órdenes de este Tribunal o los requerimientos de la ODIN. Máxime cuando en tantas ocasiones hemos suspendido a miembros de la profesión legal como consecuencia de dicha conducta. El licenciado Salas González faltó a su deber como notario al no subsanar las faltas que le fueron señaladas por la ODIN en cuanto a sus Protocolos. Lo anterior se agravó al no cumplir con su obligación de presentar los índices mensuales e informes anuales que requiere la Ley Notarial. Más aun, el licenciado Salas González desaprovechó las oportunidades que tanto la ODIN como este Tribunal pusieron a su alcance para evitar el desenlace al que llegamos hoy. No comuni[395]*395carse con este Tribunal, no explicar las razones de sus incumplimientos y no contestar nuestras órdenes nos obligan a decretar la suspensión inmediata e indefinida del licenciado Salas González del ejercicio de la notaría y la abogacía.
Por consiguiente, se le impone el deber de notificar a todos sus clientes sobre su inhabilidad para continuar representándolos y devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos. Asimismo, deberá acreditar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del término de 30 días a partir de la notificación de esta opinión “per curiam” y sentencia. El Alguacil de este Tribunal deberá incautar la obra y el sello notarial del licenciado Salas González y entregarlos al Director de la ODIN para el correspondiente examen e informe a este Foro. Se le apercibe al licenciado Salas González que esta acción disciplinaria no lo exime de corregir las faltas señaladas por la ODIN en su obra notarial, así como la presentación de los índices mensuales e informes anuales adeudados.
Se dictará sentencia de conformidad.
Véase Informe de Deficiencias de la Obra Notarial del Ledo. Luis Salas González, notario número 9896, a tenor con la Regla 77(k) del Reglamento Notarial, 2 de mayo de 2014, suscrito por la Leda. Norma Acosta de Santiago, Inspectora de la ODIN, pág. 2.