EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re: 2007 TSPR 177
172 DPR ____ Lucas Irisarri Castro
Número del Caso: CP-2005-1
Fecha: 28 de septiembre de 2007
Oficina del Procurador General:
Lcda. Noemí Rivera De León Procuradora General Auxiliar
Abogados de la Parte Querellada:
Lcda. Vera T. Peñagarícano Lcdo. Gabriel I. Peñagarícano Lcdo. Juan T. Peñagarícano, Jr.
Materia: Conducta Profesional
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
CP-2005-1
Lucas Irisarri Castro
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 2007.
El licenciado Lucas Irisarri Castro, en
adelante licenciado Irisarri Castro, fue admitido
al ejercicio de la abogacía el 25 de junio de 1991
y al ejercicio del notariado el 27 de octubre de
1992.1
El 14 de junio de 2001, fue presentada ante
este Foro una queja contra el referido abogado por
parte del licenciado José Ángel Rey, en adelante
licenciado Rey o el quejoso.
En la misma, alegó, entre otras cosas, que el
licenciado Irisarri Castro incurrió en conducta
1 El abogado de epígrafe fue admitido a la práctica de la abogacía en su país natal, España, en el año 1969. CP-2005-1 2
violatoria de los Cánones 15, 17, 18, 29, 30 y 35 de Ética
Profesional por, entre otras cosas, utilizar un lenguaje
ofensivo contra un litigante adverso y contra un compañero
abogado, presentar una demanda injustificada, dejar de
desempeñarse de forma profesional, hacer imputaciones falsas
sobre la reputación de otro letrado, no observar un trato
generoso y considerado para con un compañero abogado y
utilizar métodos inconsistentes con la verdad. Veamos los
hechos que dieron inicio al ejercicio de nuestra
jurisdicción disciplinaria.
I
El presente procedimiento disciplinario tiene su
génesis en una disputa por la administración de los bienes
hereditarios de la licenciada Ivette Josefina Orraca López,
en adelante licenciada Orraca López o la causante, fallecida
el 2 de marzo de 2000, sin haber contraído matrimonio y sin
legitimarios. En síntesis, la referida disputa se suscitó
porque, previo a su muerte, la causante otorgó al menos tres
(3) testamentos ológrafos incompatibles entre sí.
En uno de éstos, otorgado el 14 de marzo de 1999,
revocatorio de otro de 22 de noviembre de 1998, la
licenciada Orraca López instituyó como heredera universal de
sus bienes a la señora Dionisia Flecha Quiñones, en adelante
señora Flecha Quiñones o la heredera, quien, a su vez,
contrató al licenciado Irisarri Castro para que la
representara en las gestiones de adveración y CP-2005-1 3
protocolización del referido testamento. Mientras éste se
encontraba realizando dichas gestiones, la señora Carmen
Lebrón Morges, en adelante señora Lebrón Morges o la
albacea-legataria, se comunicó con el licenciado Irisarri
Castro para indicarle que tenía en su poder un testamento
ológrafo posterior y distinto, otorgado el 21 de mayo de
1999, mediante el cual la causante designó como única y
universal heredera de sus bienes a la señora Flecha
Quiñones, designando a la señora Lebrón Morges como albacea
testamentaria, legándole, además, ciertos bienes de su
caudal.
Ante esta situación, el licenciado Irisarri Castro le
indicó que tenía que conseguir un abogado para que la
representase en los trámites relacionados con su albaceazgo
para así evitar un conflicto de intereses ya que él era el
abogado de la heredera testamentaria.
La señora Lebrón Morges procedió a contratar los
servicios profesionales del licenciado José Ángel Rey,
quien, cabe destacar, por muchos años fue el abogado, tanto
de la causante como de la madre de ésta, y quien, al mismo
tiempo, conocía hace algunos años a la albacea-legataria.
El 12 de junio de 2000, luego de varias discrepancias
entre los abogados de las señoras Flecha Quiñones y Lebrón
Morges relacionadas, esencialmente, con la administración de
los bienes hereditarios por parte de la señora Lebrón
Morges, así como con el contrato de servicios profesionales CP-2005-1 4
suscrito entre ésta y su abogado, el licenciado Irisarri
Castro, en representación de la heredera, presentó una
demanda contra la señora Lebrón Morges y el licenciado Rey,
entre otros. Mediante la misma, impugnó las cartas
testamentarias expedidas por el Tribunal de Primera
Instancia a favor de la albacea-legataria. Solicitó,
además, que se declarase nulo el contrato de servicios
profesionales suscrito entre la albacea-legataria y el
licenciado Rey y la indemnización en daños y perjuicios para
su cliente.2
Es precisamente a partir de la presentación de esta
demanda, y de los escritos que posteriormente se cursaron
los licenciados Irisarri Castro y Rey, que se inicia el
procedimiento disciplinario de marras.3
En la referida demanda, el licenciado Irisarri Castro
cuestionó el contrato de servicios profesionales suscrito
entre el licenciado Rey y la señora Lebrón Morges, así como
lo que, a su entender, era la verdadera motivación del
licenciado Rey en el caudal hereditario de la causante.
2 Presentado ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, bajo el número KAC-2005-3125. 3 Conviene resaltar que si bien la queja contra el licenciado Irisarri Castro fue presentada el 14 de junio de 2001, el Procurador General nos solicitó paralizar los procedimientos bajo el fundamento de que los hechos relacionados con dicha queja estaban dilucidándose en un litigio. Mediante Resolución de 7 de diciembre de 2001, paralizamos los referidos procedimientos. Posteriormente, mediante Resolución de 28 de abril de 2004, ordenamos la continuación del proceso disciplinario. Esto, luego de que el foro intermedio apelativo adjudicara la controversia que después fue revisada por este Tribunal. CP-2005-1 5
El licenciado Irisarri Castro intimó que la
albacealegataria y su abogado se habían puesto de acuerdo
para perjudicar a la heredera, así como para que el
licenciado Rey cobrara unos dineros que la causante le
adeudaba por servicios profesionales prestados en vida de
ésta. A esos extremos, expresó que la albacea-legataria y
su abogado habían efectuado unas operaciones en las cuentas
bancarias dejadas por la causante para “poner el dinero
fuera del alcance de la heredera y de esa forma poder el
Lcdo. Rey cobrar más cómodamente el 15% que se auto-asignó
para remunerar unos trabajos que la heredera nunca le
encomendó.” En otra de sus alegaciones, el letrado de
epígrafe expresó que el licenciado Rey tramitó las cartas
testamentarias a favor de su cliente en un “procedimiento
que se siguió sorpresivamente y a traición,… mientras el
Lcdo. Rey dialogaba con el abogado que suscribe para
establecer qué trámites y a cargo de quién habrían de
hacerse en la herencia.” (Énfasis suplido).
El licenciado Irisarri Castro, además, expresó lo que,
a su entender, era la verdadera intención del licenciado Rey
al pactar sus honorarios por servicios profesionales con su
cliente. Se expresó de la forma siguiente:
“Todo lo hasta aquí explicado denota un plan maquiavélico concebido entre la legataria y su abogado[,] el Lcdo. Rey, para perjudicar seriamente a la demandante y apropiarse la legataria de lo que no le da el testamento, obligando de paso a la heredera a pagar, incluso con su patrimonio[,] si no bastare el de la herencia, un 15% a favor del heredero CP-2005-1 6
postizo adicional en que se ha convertido el Lcdo. Rey.” (Énfasis suplido).
Posteriormente y luego de que la parte demandada
presentara una solicitud de sentencia sumaria, el licenciado
Irisarri Castro, en representación de la heredera
demandante, presentó una “Solicitud Urgente de Remedios
Provisionales y Sobre Descalificación de Abogado”, mediante
la cual, una vez más, puso en entredicho la relación
abogado-cliente de la albacea-legataria y el licenciado Rey.
Asimismo, comentó extensamente sobre las relaciones íntimas
y personales de la causante con las señoras Flecha Quiñones
y Lebrón Morges.
A esos extremos, el referido letrado hizo las
alegaciones siguientes:
“…Tan voluble última voluntad de la causante se debía a los altibajos sentimentales que mantenía respecto a su amiga, la demandada Carmen Elizabeth Lebrón Morges. Tan pronto la ponía como la quitaba de heredera, según el calor de sus relaciones…”
“A su vez, el demandado Lcdo. José Ángel Rey, era amigo personal de la madre de la causante y de ésta misma……por eso, cuando murió doña Francisca4, y a los pocos meses su hija, la causante de epígrafe, sin que se acordasen para nada de él en el testamento, creyó llegada la hora de sus desvelos profesionales.”
“Se juntó el hambre con las ganas de comer: el despecho de la codemandada doña Carmen Elizabeth, desplazada de su condición de heredera por una humilde peluquera y privada de la casa de la difunta, en la que ella había vivido y cuyo dominio final esperaba y la apetencia crematística del Lcdo. Rey, para 4 Se refiere a la madre de la causante, quien premurió a ésta y quien, además, había sido cliente del licenciado Rey. CP-2005-1 7
intentar cobrarse los trabajos que durante tantos años había realizado en beneficio de la familia.”
“Ambos se pusieron de acuerdo. Para virtualizar sus respectivos propósitos-el de la albacea y legataria, perjudicar a la heredera y desposeerla de la herencia; el del abogado, apropiarse de una parte importante del caudal por vía de honorarios profesionales – diseñaron un plan a cuyo tenor la albacea……firmó un contrato de servicios profesionales con el Lcdo. Rey, a cambio de un 15% del caudal, le encomendó abarcadoras gestiones…”
“Dicho contrato quedó formalizado mediante carta secreta del abogado a la albacea…de fecha 13 de marzo de 2000. Las conversaciones del abogado con la albacea y legataria y la preparación de ese contrato fueron unos secretos, particulares, tramados en la oscuridad, para que ni la heredera ni su abogado pudieran enterarse ni objetar. La doblez y la malicia del codemandado Rey es de tal calibre que no tuvo escrúpulo de mentir al respecto, en corte abierta.”
“Sin embargo, la parte compareciente no desconfió del Lcdo. Rey cuando en plena vista se ofreció como notario para la escritura de protocolización. No teníamos idea de la doblez de este compañero y de sus malas artes.”
“Eso lo prometía el Lcdo. Rey, o sea, informar de sus honorarios notariales por autorizar la escritura de protocolización previo a firmarla, para que en ese momento no pusiésemos objeción a su intervención como notario. Eso lo afirmaba de pie en estrado, ante el juez y ante nosotros. La realidad era que a ese momento, el Lcdo. Rey ya tenía en su maletín, firmado por la albacea, un contrato de servicios profesionales……Pero le convenía estar mansito ante el Juez y ante este abogado, para que le permitiéramos fungir como notario público. Tenía preparada la puñalada y nos la dio…”
“No existe en derecho una sola razón que justifique este ridículo carrusel de dinero y bienes que nos quiere llevar el Lcdo. Rey y su clienta: arrebatarle los bienes a la heredera para después devolvérselos, pero con un 15% CP-2005-1 8
menos. El verdadero propósito no es otro que castigar a la demandante porque salió heredera, y de paso, llevarse el Lcdo. Rey una tajada considerable del caudal, sin más méritos que su personal atrevimiento.”
“………Para legitimar aparencialmente su actuación ante terceros desprevenidos, consiguió……unas cartas testamentarias en que, nuevamente, engañó al Tribunal. Presentó un proyecto de resolución en el que introdujo subrepticiamente una facultad exorbitante que ni el Código Civil ni el testamento le dan al albacea…”
“Mediante este escrito, le estamos solicitando al tribunal que no permita a un miembro del Colegio de Abogados de Puerto Rico como es el Lcdo. Rey, que se comporte con semejante destemplanza y avidez de dinero. Los honorarios son simplemente eso, una paga de honor, y cuando falta éste, lo que queda es simple mercantilismo vulgar…”
“…También saldrá a relucir, más si cabe, la doblez y la mala fe de la parte demandada, al estipular un contrato de servicios profesionales adjudicando al abogado un 15% del caudal, por trabajos que cualquier profesional honrado puede hacer por dos o tres mil dólares como mucho.” (Énfasis suplido en todos los párrafos).
En su solicitud de descalificación, el licenciado
Irisarri Castro planteó, entre otras cosas, que el
licenciado Rey estaba impedido de fungir como abogado de la
albacea-legataria y como notario del procedimiento de
adveración y protocolización del testamento ya que tenía
intereses personales en la herencia. Esto, en virtud de que
la causante le adeudada honorarios por servicios
profesionales prestados previo a su fallecimiento. Le
imputó, además, haber infringido los Cánones 21 y 35 de CP-2005-1 9
Ética Profesional. No obstante, tales señalamientos de
infracciones éticas no fueron presentados bajo juramento.
Posteriormente, la parte demandante, representada por
su abogado, presentó su oposición a la moción de sentencia
sumaria. En dicho escrito, una vez más, el licenciado
Irisarri Castro expresó que de no ser por “la desmesurada
ambición de dinero del licenciado Rey, este caso no
existiera.” Indicó, además, que el abogado de la albacea-
legataria actuaba como “mentor y abogado” de ésta y que, a
su vez, lo único que perseguía era “llevarse una suculenta
tajada de la herencia.” Esgrimió, por otra parte, que la
albacea-legataria había sido “la misma persona que vivió
largos años en la casa de la difunta en relación contra
natura…” Finalmente, le imputó al licenciado Rey querer
cobrar “un generoso 15% del caudal por hacer lo que
cualquier abogado honrado, empezando por el que suscribe,
haría por dos o tres mil dólares…De lo que se trata es de
arramplar, cada uno por su lado, lo que se pueda.” (Énfasis
suplido).
Posteriormente, el licenciado Irisarri Castro presentó
una segunda moción solicitando la descalificación del
licenciado Rey en la que hizo las expresiones siguientes:
“El codemandado Lcdo. José Ángel Rey decidió aprovechar el fallecimiento de la fiscal Orraca para enriquecerse. Buscó el dinero que no le dieron por vía de testamento, a través de los manejos ilícitos que seguidamente exponemos. El tenía amistad con la legataria y albacea Lebrón Morges y se puso de acuerdo con ella para satisfacer su respectivo apetito: la CP-2005-1 10
venganza, en el caso de aquélla, contra su rival en amores con la difunta, que además le había desbancado del puesto de heredera; y el enriquecimiento ilícito en el caso del abogado.”
“El codemandado Lcdo. José Ángel Rey, en ejecución, como decimos, de su plan de privar a la herencia a la demandante, y al mismo tiempo lucrarse con una buena tajada del caudal, con el propósito de asegurar sus honorarios, ideó el ilegal procedimiento de introducir en el proyecto de resolución[,] a ser firmado por el Honorable Juez, una disposición exorbitante, no prevista por la ley ni el testamento: tomar posesión de todos los bienes de la finada…” (Énfasis suplido en ambos).
Luego de varias incidencias procesales, el foro
primario resolvió, en síntesis, que las funciones de un
albacea son limitadas. Esto, en virtud de que la albacea
había realizado ciertos actos de administración,
representación y partición sobre los bienes hereditarios sin
el consentimiento de la heredera demandante. Dicho
tribunal, además, determinó que el contrato de servicios
profesionales, otorgado entre la albacea-legataria y el
licenciado Rey, era nulo y que procedía decretar la
descalificación de éste como abogado de la sucesión Orraca-
López.
Esta decisión fue posteriormente confirmada en todos
sus extremos por el foro intermedio apelativo. Mediante
Sentencia de 23 de noviembre de 2005, revocamos a los foros
recurridos. En Flecha v. Lebrón, 2005 T.S.P.R. 176, 2005
J.T.S. 181, 166 D.P.R.____ (2005), concluimos, en síntesis,
que la señora Lebrón Morges era, para todos los efectos CP-2005-1 11
legales, la administradora judicial de los bienes de la
herencia de la causante y que, conforme con sus facultades,
podía posesionarse de los bienes de la causante y ejercer
sobre ellos todas las gestiones permitidas por ley.
Resolvimos, además, que los foros recurridos erraron al
declarar nulo el contrato de servicios profesionales
suscrito entre la albacea-legataria y el licenciado Rey ya
que no procedía dicha determinación hasta tanto aquélla no
rindiera las cuentas finales de su gestión ante el tribunal.
Finalmente, concluimos que no procedía la descalificación
sumaria del licenciado Rey como abogado de la sucesión ya
que no se había celebrado una vista para permitirle a éste
defender su posición y demostrar que no existía un conflicto
de intereses en sus gestiones como abogado de la señora
Lebrón Morges.
Conviene resaltar que el anterior Tribunal de Circuito
de Apelaciones, en su resolución de 6 de octubre de 2003,
mediante la cual confirmó la determinación del foro
primario, expresó lo siguiente en relación al lenguaje y
estilo utilizado por el abogado de la parte allí apelada:
“Así mismo, cabe señalar que el hecho de que los abogados tengan el deber y responsabilidad de velar por los intereses de sus clientes, inclusive que en el ejercicio de esa responsabilidad litigue con vehemencia, no implica ni tampoco es permitido que utilice lenguaje indecoroso, despectivo y maltratante…
Hemos advertido en el escrito de la parte apelada que el lenguaje y el estilo utilizado por el Lcdo. Irizarry [sic], se caracteriza por ser uno irrespetuoso y poco apropiado, el cual CP-2005-1 12
le falta el respeto, no tan sólo a la parte apelante en el caso de marras, sino que también le falta el respeto al tribunal.” (Énfasis suplido).
El 21 de abril de 2004, le concedimos al Procurador
General un término de treinta (30) días para que presentara
ante esta Curia un informe sobre la queja interpuesta en
contra del licenciado Irisarri Castro. El 10 de diciembre de
2004, luego de que se nos remitiera el referido informe,
emitimos una Resolución ordenándole al Procurador General
presentar querella contra dicho letrado.
El 18 de enero de 2005, el Procurador General presentó
la correspondiente querella. En ésta, indicó que el
querellado hizo, a través de sus escritos al tribunal,
expresiones altamente irrespetuosas contra la señora Lebrón
Morges, litigante adversa en el pleito ante el foro
primario. Indicó, además, que en los referidos escritos
utilizó un lenguaje altamente irrespetuoso, insultante y
ofensivo contra el abogado contrario. Finalmente, arguyó
que el querellado no había sido sincero ni honrado al
expresar en su primera contestación a la querella de 26 de
junio de 2001 que la albacea-legataria nunca había reclamado
para el caudal los seguros que tenía la causante con el
Colegio de Abogados de Puerto Rico, La Asociación de
Empleados del E.L.A. y con el Departamento de Justicia.
Esto, en virtud de que en un escrito previo, de 28 de mayo
de 2001, el querellado había expresado que la señora Lebrón
Morges fue “al Colegio de Abogados para que la paguen a la CP-2005-1 13
Sucesión los $15,000 del seguro, al de Fiscales para lo
mismo, y a la Asociación de Empleados del ELA para colectar
las aportaciones, dividendos y demás derechos que
correspondan por el fallecimiento del causante.” Por ende,
el Procurador General concluyó que al momento de presentar
su contestación a la querella, al querellado le constaba el
hecho de que la albacea-legataria sí había reclamado los
seguros. No obstante, éste expresó lo contrario en su
contestación a la querella. Finalmente, indicó que el
querellado había acusado al licenciado Rey y a su cliente de
idear un plan para apoderarse ilegalmente de la herencia de
la licenciada Orraca López en perjuicio de la heredera,
cuando del expediente no surgía que éstos actuaran de forma
concertada y de común acuerdo para apropiarse de dicha
herencia. Esto, en virtud de que el querellado no aportó
ninguna evidencia para fundamentar su alegación sobre el
supuesto plan ideado con tales fines. En consecuencia, le
imputó al querellado los cargos siguientes:
CARGO I
El Lcdo. Lucas M. Irisarri Castro incurrió en conducta profesional en violación al Canon 15 de los de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 15, el cual dispone, entre otras cosas, que un abogado debe tratar a los testigos y litigantes adversarios con respeto y consideración. No debe actuar inspirado por la animosidad ni por los prejuicios de su cliente [,] ni debe permitir que éste dirija el caso ni se convierta en la conciencia del abogado. CP-2005-1 14
CARGO II
El Lcdo. Irisarri Castro incurrió en conducta profesional en violación al Canon 29 de los de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 29, el cual dispone que los clientes, no los abogados, son los litigantes. Cualquier rencor que exista entre los clientes no debe afectar la conducta de los abogados entre sí ni las relaciones hacia el litigante contrario.
CARGO III
El Lcdo. Irisarri Castro incurrió en conducta profesional en violación al Canon 35 de los de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 35, el cual dispone, entre otras cosas, que la conducta de todo miembro de la profesión legal ante los tribunales, para con sus representados y en las relaciones con sus compañeros debe ser sincera y honrada. No es sincero ni honrado el utilizar medios que sean inconsistentes con la verdad ni se debe inducir al juzgador a error utilizando una falsa relación de los hechos o del derecho. El abogado debe ajustarse a la sinceridad de los hechos al examinar testigos, al redactar affidávits u otros documentos y al presentar causas.
El 10 de marzo de 2005, el querellado presentó una
extensa contestación a la querella. Mediante la misma
indicó, en relación al primer cargo imputado, esto es,
infringir el Canon 15 de Ética Profesional, supra, que había
hecho ciertas expresiones sobre la relación existente entre
la licenciada Orraca López y la señora Lebrón Morges porque
eran necesarias y pertinentes para una mejor comprensión de
las actuaciones de la albacea-legataria y su abogado.
Precisó, entre otras cosas, que las expresiones relativas a
dicha relación nunca se hicieron fuera del contexto judicial
o, de otra forma, en círculos públicos o en los medios.
Esgrimió que era necesario poner en posición al tribunal de CP-2005-1 15
comprender una controversia judicial que estaba revestida de
matices íntimos ya que, a su entender, las actuaciones de la
albacea-legataria respondían al deseo de vengarse de la
heredera, persona que, alegadamente, privó a la señora
Lebrón Morges “del afecto de la fiscal.” Indicó que tenía
la obligación de ilustrar al tribunal sobre el alegado ánimo
de venganza de la albacea-legataria. Indicó que sus
expresiones eran pertinentes y que, aunque incómodas para
las partes, no podían dejarse de hacer.
Con relación al segundo cargo imputado, esto es,
infringir el Canon 29 de Ética Profesional, supra, esgrimió
algo análogo a lo expresado en relación al primer cargo.
Esto es, que las palabras y frases empleadas para referirse
a las actuaciones del licenciado Rey eran necesarias para
poner al tribunal en posición de entender las intenciones de
dicho letrado en relación a los bienes del caudal. Indicó
que todo lo aseverado en sus escritos, relacionado al
contrato de servicios profesionales suscrito entre el
licenciado Rey y la albacea-legataria, así como a la previa
relación profesional entre aquél y la causante era cierto.
Expresó, además, que es importante distinguir entre las
expresiones que se hacen con el único propósito de ofender o
herir de aquéllas que se hacen para explicar adecuadamente
una situación y, con dicho fin, defender los intereses de un
cliente. CP-2005-1 16
Finalmente, con relación al tercer cargo, referente a
su alegada infracción del Canon 35 de Ética Profesional,
supra, arguyó que no había ninguna inconsistencia en cuanto
a las expresiones que hiciera en dos escritos distintos, en
relación a la reclamación hecha por la albacea-legataria de
los fondos acumulados que tenía la causante en distintas
entidades públicas y privadas. Esto, en virtud de que,
alegadamente, en ambas ocasiones dijo exactamente lo mismo:
que la albacea-legataria intentó cobrar los seguros para sí
porque figuraba en la tarjeta como beneficiaria, pero que,
al constatar que en realidad correspondían a la heredera,
dejó de hacerlo. Expresó que en ningún momento aceptó que
la albacea-legataria haya reclamado los referidos fondos.
Mediante Resolución de 12 de abril de 2005, designamos
Comisionado Especial al licenciado Enrique Rivera Santana
para recibir y evaluar la prueba relacionada a la querella
interpuesta contra el querellado y referirnos sus
determinaciones de hechos y recomendaciones.
Luego de varias incidencias procesales, el 30 de
noviembre de 2006, el Comisionado Especial nos remitió su
informe. En éste, concluyó que el querellado había
infringido el Canon 15 de Ética Profesional, supra, al
realizar ciertas expresiones dirigidas a la demandada,
señora Lebrón Morges, así como a la difunta licenciada
Orraca López, que no se ajustan con lo que debe ser el
comportamiento ético que preceptúa el antedicho Canon. CP-2005-1 17
Indicó que el letrado de epígrafe, en más de una ocasión,
acusó a la demandada de vivir “largos años en la casa de la
difunta en relación contra natura”, acusándola, además,
junto a su abogado de querer “arramplar cada uno lo que
pueda”, catalogándola de “compañera sentimental” de la
causante e inculpándola de asumir una actitud revanchista
“en contra de su rival de amores con la difunta.”
Asimismo, concluyó que el querellado desvirtuó la norma
ética contenida en el Canon 29 de Ética Profesional, supra,
al hacer un sinnúmero de expresiones ofensivas, infundadas e
impropias contra el licenciado Rey, abogado de la parte
demandada en el pleito en el cual el querellado representaba
a la heredera demandante. Fundamentó dicha conclusión en
que el licenciado Irisarri Castro repetidamente acusó al
licenciado Rey de intentar apropiarse del caudal de la
heredera, de haber ideado un plan ilícito para perjudicar a
la demandante, de haber actuado con doblez y “malas artes”,
de ser mentiroso y de intentar engañar al tribunal, por
nombrar algunas. Todo esto sin presentar evidencia que
fundamentara tales alegaciones.
En cuanto al tercer cargo, mediante el cual se le
imputó al querellado haber violentado el Canon 35 de Ética
Profesional, concluyó que, en efecto, el querellado lo había
infringido. Basó tal conclusión en que el querellado se
había alejado de su deber de sinceridad al hacer
afirmaciones falsas ante el tribunal. Utilizó como ejemplo CP-2005-1 18
las alegaciones, realizas sin base o evidencia alguna, de
que el licenciado Rey había ideado un “plan maquiavélico”
para despojar a la heredera de sus bienes y para apropiarse
de parte del caudal hereditario. Indicó, además, que el
licenciado Irisarri Castro no fue sincero al afirmar,
falsamente, en la Moción Urgente Solicitando Remedios
Provisionales que en la vista de 2 de mayo de 2000 el “Lcdo.
Rey tenía en su maletín, firmado por la albacea, un contrato
de servicios profesionales.” Esto en virtud de que la
albacea-legataria suscribió dicho contrato con
posterioridad, esto es, el 11 de mayo de 2000.
El Comisionado Especial indicó que en la vista en su
fondo sobre la investigación de la querella, el querellado
intentó disminuir el alcance de sus expresiones, señalando
que su ánimo no fue ofender o herir, que su intención fue la
de defender a su cliente y que redactó la demanda a prisa.
Finalmente, señaló que el querellado no modificó su
lenguaje, estilo y tono hasta que esta Curia resolviera en
contra de su cliente en Flecha v. Lebrón, supra.
El 22 de enero de 2007, el querellado presentó un
extenso escrito objetando el informe del Comisionado
Especial. Con respecto al primer cargo imputado, hizo
referencia a las declaraciones ofrecidas por la albacea-
legataria, en calidad de testigo, en la vista ante el
Comisionado Especial. Indicó que a preguntas del Procurador
General en su examen directo, la señora Lebrón Morges no CP-2005-1 19
dijo nada con respecto a sentirse ofendida por las
expresiones del querellado. Intimó que ésta nunca se sintió
ofendida por sus alegaciones, reiterando que había discutido
ciertos pormenores de la vida íntima de la causante y la
albacea-legataria por cuanto era necesario para una mejor
comprensión de la controversia. Arguyó que no hizo otra
cosa que decir la verdad. Con relación al segundo cargo
imputado, indicó que del testimonio directo del licenciado
Rey en la vista ante el Comisionado Especial, no se
desprendía que éste se haya sentido ofendido por las
expresiones contenidas en sus escritos. Asimismo, alegó que
sus expresiones fueron hechas para defender a su cliente de
lo que, alegadamente, pretendían hacer la albacea-legataria
y su abogado, esto es, despojarla de la herencia de la
causante. Con relación al contrato de servicios
profesionales sucrito entre la señora Lebrón Morges y el
licenciado Rey, mediante el cual éste recibiría un 15% de
los bienes del caudal, señaló que el mismo tenía el efecto
de disminuir la cantidad que recibiría la heredera ya que
luego de pagadas las deudas del caudal, entre las que se
encontraban las acreencias del licenciado Rey con la
causante, aquél hubiera recibido, por concepto de
honorarios, más dinero que la heredera. Finalmente, en
relación al tercer cargo imputado, esgrimió que el
Comisionado Especial enmendó la querella presentada por el
Procurador General, acusándolo de algo distinto a lo que se CP-2005-1 20
le imputaba en la misma. Esto en virtud de que en dicha
querella se fundamentó la infracción del Canon 35 en que el
querellado había mentido al expresar que la albacea-
legataria nunca reclamó los beneficios de la causante en el
Colegio de Abogados, la Asociación de Empleados del ELA,
entre otros, mientras que en el informe del Comisionado
Especial, se le encontró que violó el Canon 35 por haber
mentido sobre la fecha en que la albacea-legataria suscribió
el contrato de servicios profesionales con el licenciado
Rey. Alegó que dicho proceder violaba su derecho
constitucional a un debido proceso de ley. No obstante, dejó
de mencionar que tanto en la querella como en el informe del
Comisionado Especial se le imputó violar el referido Canon
por alegar, sin presentar prueba alguna, que el quejoso y su
cliente habían ideado un plan para despojar a la señora
Flecha Quiñones de sus bienes hereditarios.
Estando en posición de resolver, procedemos a así
hacerlo.
II
De entrada, reiteramos que los Cánones de Ética
Profesional establecen las normas mínimas que deben guiar a
los miembros de la profesión en el desempeño de su delicada
e importante labor. La meta de todos los abogados debe ser
la de actuar a un nivel superior a lo mínimo preceptuado por
dichos Cánones.5 Hemos pautado que la práctica de la
5 In re: Filardi Guzmán, 144 D.P.R. 710 (1998); In re: Matos González, 149 D.P.R. 817 (1999). CP-2005-1 21
abogacía, distinto quizás a otras profesiones, conlleva una
seria y delicada función ciudadana ya que ésta representa
servicio, ética y ejemplo.6 Los abogados y abogadas son
funcionarios del Tribunal y ministros ordenados de la
justicia y, como tales, sus actuaciones deben estar
encaminadas a mantener un orden jurídico íntegro y eficaz,
orientado esencialmente por los principios de vida
democrática y de respeto a la inviolable dignidad del ser
humano.7 Por ser los abogados el espejo donde se refleja la
imagen de la profesión, éstos deben actuar con el más
escrupuloso sentido de responsabilidad que impone la función
social que ejercen.8
Por estar estrechamente relacionados, discutiremos
conjuntamente los dos primeros cargos imputados al
querellado. Veamos.
Hemos resuelto que el Canon 15 de Ética Profesional,
supra, exige que el abogado trate a los litigantes
contrarios, y a sus testigos, con respeto y consideración.
Los abogados, actores principales en la litigación, deben
ejercer, al máximo de sus facultades, el deber de cortesía,
respeto y consideración que les impone el mencionado Canon.
6 In re: Cuyar Fernández, 2004 T.S.P.R. 164, 2004 J.T.S. 168, 163 D.P.R. ___ (2004); In re: Cintrón Colón, 2004 T.S.P.R. 73, 2004 J.T.S. 81, 161 D.P.R. ___ (2004); Ramos Acevedo v. Tribunal Superior, 133 D.P.R. 599, 613 (1999). 7 In re: Cintrón Colón, supra. 8 In re: Cuyar Fernández, supra; In re: Santiago Rodríguez, 2003 T.S.P.R. 137, 2003 J.T.S. 137, 160 D.P.R.___ (2003). CP-2005-1 22
El abogado jamás debe olvidar que siempre debe actuar con
gran celo, cuidado y prudencia. Si bien es cierto que el
abogado tiene la obligación de defender la causa del cliente
que le fue encomendada con gran vigor, energía y vehemencia,
ello no implica que éste pueda ser poco respetuoso o
prudente. El abogado debe evitar, en todo momento, que sus
expresiones puedan ser interpretadas, por los demás
participantes del proceso judicial, como que está poniendo
en tela de juicio su honradez, moral y honestidad.9
Por otra parte, el Canon 29 de Ética Profesional,
supra, dispone que debe evitarse, escrupulosamente, toda
cuestión personal entre los abogados y proscribe conducta
impropia entre abogados al tramitar pleitos. Los Cánones de
Ética Profesional le imponen a todo abogado el deber de
mantener relaciones cordiales y respetuosas con sus
compañeros abogados. 10 Esto ya que, como expresáramos en
una ocasión anterior, la estatura moral e intelectual
inherente al ejercicio de la abogacía impone un debate
jurídico libre de personalismos y posiciones subjetivas que
lo degraden a vulgar diatriba.11 Nos reafirmamos en que la
cordialidad y la amabilidad deben ser el estilo de trato con
los colegas. Si en el ardor de las defensas, en determinadas
9 In re: Matos González, supra; Véase, además, In re: Rodríguez Torres, 104 D.P.R. 758, 765 (1976). 10 In re: González Carrasquillo, 2005 T.S.P.R. 78, 2005 J.T.S. 83, 164 D.P.R. ___ (2005). 11 In re: Martínez Texidor, 130 D.P.R. 905 (1992). CP-2005-1 23
circunstancias, acaloran los ánimos y provocan
distanciamientos, ello no debe perdurar; sobrevenida la
calma reflexiva, debe reanudarse sin demora ese estilo, para
mantener la dignidad y jerarquía de la profesión.12
Asimismo, hemos manifestado que la defensa del cliente no
puede ser excusa para el irrespeto y menos para lastimar la
dignidad personal del abogado de la parte contraria. La
práctica de la abogacía exige hacia los tribunales constante
respeto. Para reclamar derechos y solventar controversias
no es menester lastimar la dignidad personal ni
institucional de los miembros de la judicatura, como de
ninguna otra persona.13
Con el marco jurídico esbozado y atendiendo nuestra
jurisprudencia, procede evaluar la conducta del querellado
para determinar si éste, en efecto, infringió los Cánones 15
y 29 de Ética Profesional. Veamos.
Mientras representaba a una de las partes de un litigio
civil, el querellado utilizó un lenguaje soez, altanero y
destemplado para referirse a la parte contraria en dicho
litigo. Tal como lo recoge la relación fáctica que
antecede, en más de una ocasión el querellado le imputó a la
señora Lebrón Morges haber vivido en una relación homosexual
“contra natura” con la licenciada Orraca López. De igual
12 Íd, citando a R.H. Viñas, Ética y Derecho de la Abogacía y de la Procuración, Buenos Aires, Eds. Pannedille, 1972, págs. 262-263. 13 In re: Markus, 158 D.P.R. 881 (2003). CP-2005-1 24
manera, le imputó a la albacea-legataria haber actuado
movida por la venganza y el revanchismo con el único fin de
perjudicar a su “rival en amores.” Indicó, entre otras
cosas, que la causante, persona ya fallecida y quien no
podía defenderse, había alterado sus testamentos según el
“calor de sus relaciones.” Finalmente, le imputó a la
demandada querer “arramplar” para sí parte de la herencia.
Ante estas desafortunadas y reprochables expresiones,
resulta forzoso concluir que el querellado infringió el
Canon 15 de Ética profesional. Adviértase que estas
alegaciones fueron emitidas en varios escritos ante el foro
primario y ante el Tribunal de Apelaciones, sin prueba que
las sustentara. Adviértase, además, que el foro intermedio
apelativo se expresó con relación al tono empleado por el
querellado. Dicho tono y estilo no varió hasta tanto esta
Curia revocara a los foros recurridos en Flecha v. Lebrón,
supra. Finalmente, surge del informe del Comisionado
Especial que el querellado, luego de casi seis (6) años de
injuriar y vilipendiar, tanto a una persona ya fallecida
como a la litigante adversa, mostró un levísimo
arrepentimiento, intentando limitar el alcance de sus
expresiones al indicar que no tuvo el ánimo de herir u
ofender y que había redactado ciertos escritos legales de
forma apresurada. No nos persuade.
De igual manera, concluimos que el querellado infringió
el Canon 29 de Ética Profesional en reiteradas ocasiones. CP-2005-1 25
Basta una somera lectura de sus expresiones para
constatarlo. En diversos escritos, y en diversas instancias
procesales, el querellado expresó que el licenciado Rey se
había convertido en un “heredero postizo” que, al morir la
causante, creyó “llegada la hora de sus desvelos
profesionales.” De igual forma, acusó al referido abogado,
sin presentar prueba alguna, de haberse puesto de acuerdo
con su cliente para “idear un plan maquiavélico” que tenía
como único fin perjudicar a la heredera. Le imputó, además,
“doblez y malas artes”, haber tenido “la puñalada preparada”
para dársela en la espalda, tener una “apetencia
crematística”, ser inescrupuloso, estar únicamente motivado
por el dinero, querer llevarse una “suculenta tajada de la
herencia”, ser poco honrado al cobrar honorarios
profesionales, entre otros insultos y vituperios.
Este Foro, como custodio de la profesión, no puede
condonar tal comportamiento. El hecho de que el querellado
se haya formado jurídicamente fuera de Puerto Rico no
equivale a que éste, ni ningún otro abogado que ejerza la
profesión en Puerto Rico, pueda tener en sus manos un cheque
en blanco para, mediante los procesos judiciales, libremente
insultar y atacar a una parte contraria y, a su abogado, en
un litigio. El respeto y la cortesía son criterios
universales. Fundamentar que el querellado pudo haber
obrado de tal manera por el mero hecho de no haberse formado
en Puerto Rico, tal como lo intima su representación legal CP-2005-1 26
en su escrito objetando el informe del Comisionado Especial,
no es excusa para incumplir y violar las normas éticas
aplicables a los abogados en Puerto Rico. Concluimos que el
querellado violentó el Canon 29 de Ética Profesional, supra.
Finalmente, con relación al tercer cargo imputado,
coincidimos, tanto con el Procurador General como con el
Comisionado Especial, en que el querellado infringió
repetidamente su deber de ser sincero y honrado al aseverar
en un sinnúmero de ocasiones que el licenciado Rey y su
cliente habían ideado un plan para privar a la heredera de
su parte de la herencia. Tal alegación nunca fue avalada, o
de otra forma sustentada, mediante prueba. Adviértase que
el querellado le imputó al licenciado Rey haber infringido
los Cánones 35 y 38 de Ética Profesional sin juramentar su
queja. Sabido es que una información falsa, presentada por
abogados al tribunal, constituye conducta profesional
reprobable. La mentira degrada el carácter y envilece el
espíritu y es antítesis de la conducta recta y honorable que
el Código de Ética Profesional exige de todo abogado. Jugar
al esconder con la justicia es como jugar al esconder con la
verdad, es práctica deleznable.14
Si bien el Comisionado Especial no hace mención de
atenuantes en su informe, surge del expediente que la
disputa por la herencia de la licenciada Orraca López se
transigió con la anuencia del querellado y del quejoso y que
14 In re: Cuyar Fernández, supra; In re: Filardi Guzmán, supra; In re: Ramos y Ferrer, 115 D.P.R. 409, 412 (1984). CP-2005-1 27
éstos condujeron los trámites de dicha transacción de forma
armoniosa. Surge de nuestros archivos que la presente es la
primera querella que se interpone contra el querellado en
diez y seis (16) años de práctica profesional y que éste,
durante la vista ante el Comisionado Especial, admitió que
su intención no fue herir u ofender a nadie.15 Esto, no
obstante, a juicio del Comisionado Especial, no ocurrió
hasta después que esta Curia resolviera el caso de Flecha v.
Lebrón, supra, donde revocamos a los foros inferiores que le
habían dado la razón al cliente del querellado. Asimismo,
debemos recalcar que en la disputa por los bienes de la
causante ninguna de las partes sufrió pérdidas económicas o,
de otra manera, vio frustrada su intención de vindicar sus
derechos en los tribunales.
Por último, es sabido que corresponde al Comisionado
Especial, designado por este Tribunal, atender una querella
presentada contra un abogado, recibir la prueba, así como
evaluar y dirimir la evidencia conflictiva. Tal funcionario
ocupa el papel de juzgador de primera instancia y, por lo
tanto, está en mejor posición para aquilatar la prueba
testifical. Sus determinaciones de hecho, basadas en la
15 Conviene señalar que mediante Resolución de 2 de junio de 2006, luego de examinar el informe del Procurador General, así como la contestación del licenciado Irisarri Castro, archivamos una queja presentada el 3 de abril de 2003 contra dicho abogado por parte del entonces Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, licenciado Javier Echevarría Vargas. Dicha queja versaba, esencialmente, en unas expresiones que hiciera el licenciado Irisarri Castro en unos escritos sometidos ante dicha agencia. CP-2005-1 28
prueba testifical merecen nuestra mayor deferencia. Cuando
esas determinaciones están sostenidas por la prueba obrante
en nuestro expediente, no intervendremos con las mismas,
ausente de una demostración de pasión, prejuicio,
parcialidad o error manifiesto en su apreciación.16 No
encontramos que el Comisionado Especial haya incurrido en
error. Por tal motivo no habremos de intervenir con la
formulación de sus determinaciones de hechos y
recomendaciones.
III
Por los fundamentos antes expuestos, decretamos la
suspensión del licenciado Lucas Irisarri Castro de la
práctica de la abogacía por espacio de dos (2) meses.
Asimismo, reiteramos que la clase togada tiene la obligación
que imponen nuestros Cánones de Ética Profesional de tratar
a los litigantes adversos y a sus compañeros abogados con
respeto, decoro y cordialidad.
Se dictará Sentencia de conformidad.
16 In re: Rodríguez Feliciano, 2005 T.S.P.R. 130, 2005 J.T.S. 136, 165 D.P.R. ___ (2005). EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re
CP-2005-1 Lucas Irisarri Castro
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente, decretamos la suspensión del licenciado Lucas Irisarri Castro de la práctica de la abogacía por espacio de dos (2) meses. Asimismo, reiteramos que la clase togada tiene la obligación que imponen nuestros Cánones de Ética Profesional de tratar a los litigantes adversos y a sus compañeros abogados con respeto, decoro y cordialidad. Se dictará Sentencia de conformidad.
Se le impone al abogado querellado el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para continuar representándolos, devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar oportunamente de su suspensión a los distintos foros judiciales y administrativos del país.
Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez no interviene.
Dimarie Alicea Lozada Secretaria del Tribunal Supremo, Interina