EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2017 TSPR 33
Carlos R. Rodríguez García 197 DPR ____
Número del Caso: CP-2015-5
Fecha: 3 de marzo de 2017
Abogado de la parte promovente:
Por derecho propio
Oficina de la Procuradora General:
Lcda. Margarita Mercado Echegaray Procuradora General
Lcda. Karla Pacheco Álvarez Subprocuradora General
Lcda. Mónica Cordero Vázquez Procuradora General Auxiliar
Lcda. Yaiza Marie Lugo Fontánez Procuradora General Auxiliar
Comisionada Especial:
Hon. Crisanta González Seda
Materia: Conducta Profesional – La Suspensión será efectiva el 14 de marzo de 2017, fecha en que se le notificó al abogado de su suspensión inmediata.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Carlos R. Rodríguez García (TS-7061)
CP-2015-5
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 3 de marzo de 2017.
Nos corresponde analizar si el Lcdo. Carlos
Rodríguez García incurrió en conducta contraria al
Código de Ética Profesional, infra, al solicitarle a
una persona que fingiera ser su representado durante
una vista preliminar como estrategia para cuestionar
la precisión de una identificación. Concluimos que
violó los Cánones 5, 35 y 38 del Código de Ética
Profesional, infra.
I
El licenciado Rodríguez García fue admitido al
ejercicio de la abogacía el 20 de noviembre de 1980
y a la notaría el mes siguiente. En 1986 fue CP-2015-5 2
nombrado Juez de Distrito para el entonces Tribunal de
Distrito. Posteriormente, fue nombrado Juez Superior.
Función que desempeñó hasta el 1994, cuando se reintegró a
la práctica privada.
Este proceso disciplinario sobre el licenciado
Rodríguez García surgió como consecuencia de un acta y
resolución enmendada suscrita por la Hon. Laura Liz López
Roche que se elevó ante la consideración de este Tribunal
y tiene su origen en un caso de naturaleza criminal.
Según se desprende del acta y resolución enmendada, se
presentaron dos denuncias contra el Sr. Gabriel Quiñones
Rivera por violaciones de la Ley de Sustancias
Controladas de Puerto Rico. El imputado quedó citado para
una vista preliminar y se designó al licenciado Rodríguez
García como su abogado de oficio.
El licenciado Rodríguez García acudió a la referida
vista preliminar acompañado por una persona que pretendió
ser su representado. Un agente de la policía declaró como
testigo del Ministerio Público e identificó a la persona
que estaba sentada detrás del licenciado Rodríguez García
como la que le vendió cocaína a ciertos coimputados.
Mientras el Ministerio Público interrogaba al agente, el
licenciado Rodríguez García interrumpió en varias
ocasiones para preguntar si la persona que él identificó
en sala como el vendedor de las sustancias controladas
era la persona que se encontraba sentada a sus espaldas.
El agente contestó afirmativamente sus preguntas. CP-2015-5 3
Una vez culminó el interrogatorio directo del
Ministerio Público, el licenciado Rodríguez García
contrainterrogó al agente e inquirió sobre si estaba
seguro de que la persona que identificó era el imputado.
El agente contestó nuevamente en la afirmativa. Tras esa
respuesta, el licenciado Rodríguez García solicitó
permiso para atender una llamada telefónica fuera de
sala. Minutos más tarde, el licenciado Rodríguez García
regresó a la sala. Luego una persona entró y se sentó en
el primer banco del público. Sin solicitar autorización,
el licenciado Rodríguez García le requirió a esa persona
que pasara al frente.
En ese momento, la jueza López Roche se percató de
que esta persona ―tenía la misma fisionomía del que
estaba en sala como imputado en el banco de los
detenidos‖. Acto seguido, el licenciado Rodríguez García
le preguntó al agente que declaraba si al observar a
ambas personas tenía alguna duda de que la persona que
vio el día de los hechos era quien identificó previamente
y compareció como imputado en la vista. El agente
contestó que la persona que observó en la vigilancia y
que fue arrestada exhibía un tatuaje de una cruz en uno
de sus brazos. El Ministerio Público cuestionó
inmediatamente el proceder del licenciado Rodríguez
García. En ese instante, la jueza López Roche le advirtió
que no había solicitado permiso del tribunal para
realizar ese ―experimento‖ y su actuación podía CP-2015-5 4
constituir un fraude, así como una violación de los
Cánones de Ética Profesional, infra.
El licenciado Rodríguez García le exhortó a la
persona que estaba sentada como imputado que mostrara su
brazo y al hacerlo se notó que no tenía marca alguna. Por
su parte, el tribunal le exigió a la otra persona que
llegó con posterioridad a la vista que descubriera su
brazo. El licenciado Rodríguez García se opuso a la
petición y alegó que constituía una violación del derecho
a no autoincriminarse. Esa otra persona indicó que no
tenía marcas en sus brazos. El tribunal denegó la
objeción del licenciado Rodríguez García y, a petición
del Ministerio Público, le exigió a la persona sentada en
el público enseñar su brazo. Al así hacerlo, se percató
de que la persona tenía el tatuaje de la cruz al que hizo
referencia el agente.
La jueza citó una reunión en cámara entre las
partes, sus representantes legales y los otros agentes
del orden público que intervinieron en el caso. Allí,
otro agente también identificó a la persona que tenía el
tatuaje en su brazo como el verdadero imputado. Como
resultado, el tribunal ordenó que se analizaran las
huellas dactilares de la persona que compareció como
imputado con el propósito de compararlas con las que se
le tomaron a la persona que fue arrestada el día de los
hechos. Además, exigió que los resultados le fueran
notificados oportunamente. CP-2015-5 5
Un tiempo después, el Ministerio Público presentó un
escrito en el cual incluyó los resultados de la
comparación de las huellas dactilares y una declaración
jurada de la persona que compareció como imputado a la
vista preliminar junto al licenciado Rodríguez García. La
declaración jurada fue suscrita por el Sr. Phillip G.
Quiñones Rivera y expuso lo siguiente:
Me estaba acabando de levantar. Suena el teléfono y mi tía Norma lo contesta y me dice que es mi hermano. Mi hermano es gemelo conmigo y se llama Gabriel Quiñones. Contesto el teléfono y mi hermano me dice que el abogado de él llamó diciéndole que yo fuera a la oficina del abogado para verlo.
Fui a casa de mi mamá a buscar a mi hermano Gabriel, para ir a la Oficina del licenciado Carlos Rodríguez García en Hato Rey, ya que en el día de hoy mi hermano Gabriel tenía un caso por venta de drogas. Yo le pregunté para qu[é] el abogado me quería y él sólo me dijo que el abogado me quería ver. Yo le dije que iba a verlo, pero que me tenía que ir porque iba a trabajar.
Cuando llegamos a la oficina del abogado, el abogado me dijo que fuera con él para la Sala del Tribunal. El abogado le dijo a mi hermano que se quedara en la oficina y a mí me dijo que lo acompañara al Tribunal. Llegamos al Tribunal, subimos a la Sala 606. Estuvimos allí esperando a que llegara el Juez. Cuando llegó la Juez, me dijo que me sentara detrás de él. Me senté detrás del abogado. Ahí empezaron a hablar lo del caso[;] un guardia me señaló como si yo fuera vendedor de drogas. Yo me quedé callado, pero estaba sorprendido, porque no sabía lo que estaba pasando. El abogado le pide al [sic] Juez un receso y se lo dan. El abogado sale afuera a hacer una llamada y yo me quedé sentado donde estaba. Entro al [sic] abogado y la Jueza para continuar. Ahí, empezó el abogado de mi hermano a decirle al agente que si estaba seguro de que yo era la persona que había visto vendiendo drogas y el agente le contestó que sí. En ese momento veo que mi hermano Gabriel entra y se sienta con las demás personas en la CP-2015-5 6
primera fila. Vuelve y le pregunta al guardia si estaba seguro y le hace señas a mi hermano de que se pare y me hace señas a mí de que me pare y le pregunta al guardia, que cuál de los de los [sic] era el vendedor que él había visto. Ahí, la Jueza par[ó] el caso. La Jueza le dijo, que si era un testigo, que tenía primero que pedirle permiso. Entonces, la Juez, el Fiscal y los abogados se reunieron en la parte de atrás. Cuando salieron la Juez dijo que me sacaran huellas para comparar con las de mi hermano, para saber cuál era cuál.
Según se desprende de los resultados de la
comparación, las huellas dactilares del señor Phillip G.
Quiñonez Rivera, quien fingió ser el imputado en la vista
preliminar, no correspondieron con las de la persona que
fue arrestada e imputada de delito. Quedó demostrado que
esas huellas dactilares pertenecen al señor Gabriel
Quiñones Rivera. Por consiguiente, el tribunal entendió
que la actuación que desplegó el licenciado Rodríguez
García durante la vista preliminar podía constituir una
violación de los Cánones de Ética Profesional, infra.
Así, en cumplimiento con el Canon 16 de Ética Judicial, 4
LPRA Ap. IV-B, refirió el asunto ante nuestra
consideración para la acción correspondiente.
Tras los trámites de rigor que incluyeron la
presentación de la querella correspondiente por la
Oficina de la Procuradora General y la designación de una
Comisionada Especial, se celebró una vista. En ella, el
licenciado Rodríguez García solo presentó su propio
testimonio. Luego de la vista, la Comisionada Especial
rindió un informe en el cual determinó que el licenciado
Rodríguez García infringió los Cánones 5, 9, 35 y 38 de CP-2015-5 7
Ética Profesional, infra. El licenciado Rodríguez García
tuvo la oportunidad de expresarse sobre el referido
informe. Sometido el caso en los méritos para su
adjudicación, este Tribunal se encuentra en posición de
ejercer su poder disciplinario.
II
Como tantas veces hemos expresado, los Cánones de
Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, recogen las normas de
conducta de quienes ejercen la profesión legal. In re
Hernández González, 188 DPR 721, 727 (2013). Su fin es
garantizar un comportamiento ejemplar por parte de los
abogados en el desempeño de su delicada e importante
labor como funcionarios de los tribunales para que se
desempeñen acorde con los principios más altos de
conducta decorosa. Ese comportamiento íntegro es vital
para el beneficio de la ciudadanía, la profesión legal y
las instituciones de justicia. In re Rivera Nazario, 193
DPR 303, 310 (2015). No olvidemos que los abogados son el
espejo donde se refleja la imagen de la profesión, por lo
que recae en sus hombros actuar con un sentido excelso de
responsabilidad y tienen ante ellos la misión de
enaltecer la administración de la justicia. In re Pagán
Torres, 194 DPR 925, 930 (2016).
A. Conducta como defensor o fiscal
El Canon 5 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA
Ap. IX C. 5, dispone, entre otros asuntos, que después
que un abogado asume la defensa de un acusado tiene el CP-2015-5 8
deber de presentar, por todos los medios rectos y
honorables, cualquier defensa que las leyes vigentes
permitan con el fin de que ninguna persona sea privada de
su vida o de su libertad sin el debido proceso de la ley.
Asimismo, se reconoce como un deber primordial del
abogado defensor procurar que se haga justicia. Íd. Este
deber requiere del abogado defensor, como miembro de la
clase togada, estar plenamente comprometido con el
esclarecimiento de la verdad y procurar que se imparta
justicia. Por eso, es ―altamente reprochable el que un
abogado produzca o trate de producir prueba falsa ante un
tribunal‖. In re Delgado Rodríguez, 178 DPR 625, 627
(2010).
B. Conducta del abogado ante los tribunales
Como parte de sus obligaciones éticas, todo abogado
tiene un deber inexcusable de respeto a los tribunales.
Así lo indica el Canon 9 del Código de Ética Profesional,
4 LPRA Ap. IX C. 9, cuando expone que ―el abogado debe
observar para con los tribunales una conducta que se
caracterice por el mayor respeto‖. El canon reconoce que
ese deber incluye ―la obligación de desalentar y evitar
ataques injustificados o atentados ilícitos […] contra el
buen orden en la administración de la justicia en los
tribunales‖. Sobre este deber hemos expresado que ―el que
un abogado defienda apasionada y diligentemente la causa
de acción de su cliente, no es incompatible con la
exigencia de que cuando vaya a dirigirse al tribunal lo CP-2015-5 9
haga respetuosa[mente]‖. In re Crespo Enríquez, 147 DPR
656, 663 (1999). Precisamente, para propiciar la buena
administración de la justicia, en numerosas ocasiones
hemos reiterado que este precepto ético exige de todo
abogado el cumplimiento diligente de las obligaciones
asumidas y las órdenes de los foros judiciales. In re
González Cardona, 179 DPR 548, 564 (2010). Esto es así en
vista de que el abogado, además de defensor de su
cliente, es colaborador de la justicia y funcionario del
tribunal. Íd.
C. Sinceridad y honradez
Por su parte, el Canon 35 del Código de Ética
Profesional, 4 LPRA Ap. IX C. 35, dispone, en lo
pertinente, lo siguiente:
La conducta de cualquier miembro de la profesión legal ante los tribunales, para con sus representados y en las relaciones con sus compañeros debe ser sincera y honrada. No es sincero ni honrado el utilizar medios que sean inconsistentes con la verdad ni se debe inducir al juzgador a error utilizando artificios o una falsa relación de los hechos o del derecho. […] El abogado debe ajustarse a la sinceridad de los hechos al examinar testigos, al redactar affidávit u otros documentos, y al presentar las causas. (Énfasis Suplido).
Como se puede colegir, este Canon le exige a los
abogados ser sinceros y honrados con sus representados,
sus compañeros abogados y el tribunal. En ese sentido,
hemos expresado que el Canon 35 del Código de Ética
Profesional, supra, requiere que la conducta de todo
miembro de la profesión se caracterice por la sinceridad CP-2015-5 10
y la honradez. In re López González, 171 DPR 567, 574
(2007). Añade el precepto que no es sincero ni honrado
utilizar medios incompatibles con la verdad, ni se debe
inducir a error al juzgador mediante artificios o una
falsa relación de los hechos o del derecho. In re Torres
Vinals, 180 DPR 236, 246 (2010). ―Todo el entramado de
nuestro sistema judicial se erige sobre la premisa de que
los abogados, sobre quienes recae principalmente la
misión de administrar la justicia, han de conducirse
siempre con integridad ante los foros judiciales‖. In re
Currás Ortiz, 141 DPR 399, 402 (1996).
Este Canon comprende el compromiso incondicional de
un abogado con la verdad, atributo inseparable de la
justicia. In re Torres Vinals, supra, pág. 247. De esta
manera, un abogado que falta a la verdad infringe el
Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra,
independientemente de los motivos que lo movieron a
incurrir en esa conducta o de que no se hubiera
perjudicado a tercero alguno. In re Grau Acosta, 172 DPR
159, 175 (2007). Conforme a lo anterior, el abogado que
provee información falsa al tribunal o que no se ajuste a
la verdad, o que oculte información que deba ser
revelada, incumple con este canon aunque no haya obrado
de mala fe o deliberadamente, no haya tenido la intención
de engañar o no haya causado daño a un tercero. In re
Zapata Torres, 176 DPR 545, 554 (2009). En torno a esta
responsabilidad ética, nos parece oportuno reproducir CP-2015-5 11
íntegramente nuestras expresiones en Berríos v. UPR, 116
DPR 88, 91 (1985):
Es imperativo alertar que el deber de lealtad del abogado a la justicia y a la verdad no es menor que la debida a su cliente. Ambas fidelidades deben armonizarse. La conducta de un abogado no debe obstaculizar la función adjudicativa de un tribunal so pretexto de promover los intereses de su cliente. El éxito de su representación no puede descansar en ‘habilidades o destrezas técnicas’ que burlan elementales principios de justicia. La gestión profesional del abogado durante todo el proceso judicial tiene que estar a la altura de su encomienda como auxiliar y colaborador de nuestros tribunales de justicia. Como elemento indispensable en la búsqueda de la verdad, su conducta debe ser franca y honesta. Su proceder, no puede apartarse de la buena fe y el trato justo al adversario sin exponer a su cliente a las consecuencias legales de tal omisión. ‗A nuestro modo de ver, el deber de decir la verdad existe, porque es un deber de conducta humana. Pero lo que el proceso requiere no es solamente la verdad formal; requiere la lealtad, el juego limpio y no el subterfugio‘.[…] Nuestro sistema adversativo tiene límites, la justicia le sirve de norte y la ética como principio rector lo circunscribe a fines superiores sobre los cuales descansa nuestra convivencia. (Énfasis suplido).
D. Preservación del honor y dignidad de la profesión
El Canon 38 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA
Ap. IX C. 38, impone sobre las personas admitidas a la
práctica de la abogacía el imperativo de esforzarse en
exaltar el honor y la dignidad de su profesión al máximo
de su capacidad. También, deben conducirse de forma digna
y honorable. Íd. En su conducta como funcionarios del
tribunal, los abogados deben aportar cabalmente a la
consecución de una mejor administración de la justicia.
Íd. Sin lugar a dudas, este canon impone sobre los CP-2015-5 12
abogados una obligación de ejercer actos afirmativos con
el fin de lograr que la administración de la justicia
opere adecuadamente. In re Hoffmann Mouriño, 194 DPR 179,
188 (2015). Para ello, deben realizar aportaciones
cabales y se deben esforzar, al extremo que les sea
posible, por exaltar el honor y la dignidad de la
profesión. Íd. Ante la alegación de que un abogado
infringió esta parte del Canon 38 del Código de Ética
Profesional, supra, nos corresponde entonces evaluar las
circunstancias particulares y específicas de la
infracción imputada. Íd.
III
La Oficina de la Procuradora General fundamentó la
violación del Código de Ética Profesional en la conducta
del licenciado Rodríguez García al perpetrar un
―experimento‖ durante una vista preliminar. En su
informe, la Comisionada Especial nos afirma que el
licenciado Rodríguez García aceptó la conducta tal y como
la describió la jueza López Roche en el acta y resolución
enmendada que dio inicio a este procedimiento
disciplinario. Como resultado, conforme nos informa la
Comisionada Especial, no existe controversia alguna sobre
lo acontecido en la vista preliminar.
La defensa del licenciado Rodríguez García,
expresada en los distintos escritos presentados en este
proceso y en su testimonio ante la Comisionada Especial,
es que su ―único error‖ fue no anticiparle al tribunal, CP-2015-5 13
en ausencia del agente del orden público, que llevaría a
cabo un ―experimento‖ en sala dirigido a cuestionar la
identificación que se realizó de su cliente imputado.
Niega rotundamente que su conducta haya infringido los
Cánones de Ética Profesional, supra, según se le imputa.
Fundamenta su posición en que no se evidenció que haya
presentado prueba falsa en el caso o que haya incurrido
de manera alevosa en un engaño o acto deshonrado.
Los hechos probados establecen que el licenciado
Rodríguez García conocía que su cliente imputado tenía un
hermano gemelo idéntico y le solicitó a su cliente que lo
citara a su oficina. Además, le pidió al hermano que lo
acompañara a la sala del tribunal donde se celebraría la
vista preliminar, mientras que instruyó al verdadero
imputado permanecer en otro lugar. El licenciado
Rodríguez García reconoce abiertamente que ideó este
esquema para impugnar la identificación que se hizo de su
cliente. Sin embargo, según acepta, lo hizo sin
informarlo al tribunal y sin procurar la autorización
debida. No albergamos la menor duda de que este proceder
no constituye un medio recto, honorable, ni permitido
para defender los intereses de un cliente acusado en un
procedimiento judicial criminal. Representar que una
persona es el imputado con pleno conocimiento de que no
lo es, descerraja crasamente el deber primordial de un
abogado defensor de procurar el esclarecimiento de la
verdad. La conducta se torna peor cuando se realiza con CP-2015-5 14
la finalidad de lograr que el testigo que identificaría
al imputado en corte se equivoque. Este tipo de
representación constituye un fraude al tribunal que
obstruye la búsqueda de la verdad, la administración de
la justicia e induce a error al juzgador, al testigo y al
Ministerio Público. Además, esa estrategia de defensa es
incompatible con el esclarecimiento de la verdad y la
consecución de la justicia. Violó el Canon 5 del Código
de Ética Profesional, supra.
Con respecto al Canon 35 del Código de Ética
Profesional, supra, surge de los hechos probados que el
licenciado Rodríguez García le representó al tribunal que
el imputado era la persona sentada detrás de él, cuando
realmente el imputado ni siquiera se encontraba presente
en sala. En otras palabras, representó un hecho falso que
de revelarse desde un inicio habría resultado en una
determinación automática de causa probable para juicio,
por incomparecencia. Véase Pueblo en interés del menor
F.R.F., 133 DPR 172, 185-186 (1993). Por otra parte,
cuando el agente de la policía fue confrontado con las
dos personas idénticas y manifestó que podía identificar
al verdadero imputado por un tatuaje en el brazo, el
licenciado Rodríguez García le pidió a la persona que
sabía que no era su cliente que mostrara el brazo pero se
opuso a que el verdadero imputado hiciera lo propio.
Derivamos de esos hechos que el licenciado Rodríguez
García no solo representó una falsedad sino que intentó CP-2015-5 15
encubrirla. Al ocultar que suplantó al imputado en la
vista preliminar, el licenciado Rodríguez García no se
ajustó a la verdad —representó que su cliente era otra
persona— y ocultó información que debía ser revelada —se
opuso a que el tribunal constatara quién era la persona
con el tatuaje—. No es sincero ni honrado utilizar medios
inconsistentes con la verdad, ni se debe inducir al
tribunal a error a través del uso de artificios o falsas
representaciones. Con su ―experimento‖ y conducta
posterior, el licenciado Rodríguez García empleó una
táctica que atentó contra la verdad, con la consecuencia
ineludible de crear un ambiente de confusión en sala.
Aunque el licenciado Rodríguez García aseguró que su
intención no fue inducir a error al tribunal, ni falsear
la verdad, ese fue el resultado inevitable de su
actuación. Reafirmamos que ninguna conducta de un abogado
debe obstaculizar la función adjudicativa de un tribunal
al adulterar la realidad, so pretexto de promover los
intereses de su cliente. La conducta de todo letrado debe
ser siempre franca, honesta y enmarcada en la veracidad.
El licenciado Rodríguez García violó también el
Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra. No
realizó actos afirmativos para que la administración de
la justicia operara adecuadamente durante la vista
preliminar, sino todo lo contrario. De igual modo,
tampoco intentó corregir la incertidumbre que creó con su
―experimento‖. Específicamente, de los hechos probados se CP-2015-5 16
desprende que, luego de la situación en sala, el tribunal
convocó una reunión en cámara entre las partes, sus
representantes legales y los otros agentes del orden
público que intervinieron en el caso. En esa reunión,
otro agente del orden público identificó a la persona que
tenía el tatuaje como el verdadero imputado y el tribunal
ordenó que se analizaran las huellas dactilares de ambos
individuos. En ese momento, el licenciado Rodríguez
García pudo aclarar la confusión que proporcionó su falsa
representación pero no lo hizo. No fue hasta que el
Ministerio Público presentó los resultados del examen de
las huellas dactilares y la declaración jurada del señor
Phillip G. Quiñones Rivera, que el tribunal advino en
pleno conocimiento de lo que había transcurrido durante
la vista preliminar.
El proceder del letrado falló en exaltar el honor y
la dignidad de su profesión y provocó que el tribunal
desperdiciara recursos públicos en ordenar una prueba de
huellas dactilares. La duda que surgió con respecto a la
identificación del imputado fue producto directo del
empleo de una estrategia inconsistente con la búsqueda de
la verdad y su efecto perduró por la falta de actos
afirmativos del licenciado Rodríguez García para corregir
la situación. Es decir, los actos y omisiones del
licenciado Rodríguez García provocaron la interrupción
del proceso judicial, que se tuviera que ordenar una
prueba pericial para aclarar lo acontecido, que otro CP-2015-5 17
ciudadano estuviera en riesgo de ser imputado por la
comisión de un delito, y que el verdadero imputado
perdiera su derecho a defenderse en una vista preliminar.
Por último, no hallamos una violación del Canon 9
del Código de Ética Profesional, supra, ya que si bien el
proceder del licenciado Rodríguez García es altamente
reprochable y de un análisis literal se podría catalogar
como una falta de respeto al tribunal, su conducta no es
la que este Tribunal ha reconocido que se busca sancionar
a través de ese precepto ético. En las innumerables
ocasiones que hemos interpretado esta parte del Canon 9
del Código de Ética Profesional, supra, hemos reconocido
que la falta de respeto que allí se sanciona es la que
menosprecia la autoridad de los tribunales, ya sea porque
un abogado se dirigió de forma soez, indecorosa o vulgar,
desacató las ordenes emitidas por los foros judiciales o
sus dependencias, no notificó cambios en su dirección
postal o física, realizó imputaciones o ataques
infundados a un juez, cuestionó maliciosamente la
dignidad, honestidad y ecuanimidad de los miembros de la
judicatura, propició un trato discriminatorio e incurrió
en incomparecencias injustificadas, entre otras. Véase In
re Crespo Enríquez, supra; In re Irizarry Irizarry, 190
DPR 368 (2014); In re Betancourt Medina, 183 DPR 821
(2011); In re Nieves Nieves, 181 DPR 25 (2011); In re
Valcárcel Mulero I, 142 DPR 41 (1997). En un sentido más
específico, el deber de respeto que surge del Canon 9 del CP-2015-5 18
Código de Ética Profesional, supra se manifiesta en dos
vertientes específicas: el mandato de respetar las
órdenes y directrices emitidas por los tribunales
(respeto a la autoridad judicial) y la obligación de
respetar a los jueces, empleados y funcionarios del
tribunal en sus comparecencias e interacciones con estos
(respeto de carácter cívico). S. Steidel Figueroa, Ética
y responsabilidad disciplinaria del abogado, San Juan,
Pubs JTS, 2010, pág. 312.
IV
Este Tribunal ha elaborado una serie de criterios
que se analizarán al momento de determinar la sanción
disciplinaria que se impondrá sobre aquellos abogados que
hayan incurrido en conducta reñida con los postulados
éticos. Esos elementos incluyen: (1) la buena reputación
del abogado en la comunidad; (2) su historial previo; (3)
si la falta bajo análisis constituye su primera falta;
(4) la aceptación de la falta y su arrepentimiento
sincero; (5) si se trata de conducta aislada; (6) el
ánimo de lucro que medió en su actuación; (7)
resarcimiento del cliente; y (7) cualquier otra
consideración, ya bien atenuante o agravante, que surja
de los hechos. In re Rivera Nazario, 193 DPR 573, 587
(2015); In re De León Rodríguez, 190 DPR 378, 398 (2014);
In re Plaud González, 181 DPR 874, 887-888 (2011).
Existen ciertos criterios que militan como
atenuantes a favor del licenciado Rodríguez García en CP-2015-5 19
este caso. Sostuvo que goza de buena reputación en la
profesión y el caso que originó este asunto le fue
asignado de oficio, por lo que no obtuvo beneficio
económico alguno. Sin embargo, hay más situaciones
agravantes que atenuantes. Al día de hoy, el licenciado
Rodríguez García insiste en que su conducta no infringió
los postulados éticos de nuestra profesión. No reconoce
la gravedad de su conducta. Reitera que su única falla
fue no haber notificado que se llevaría a cabo el
experimento de impugnación de la identificación del
imputado de delito. Por otro lado, pesa sobre nuestro
análisis el hecho de que debido a la actuación del
licenciado Rodríguez García su cliente perdió la
oportunidad de ejercer su derecho a formular una defensa
adecuada durante la vista preliminar. Además, no podemos
pasar por alto que el licenciado Rodríguez García, luego
de representar un hecho falso ante el tribunal, no tomó
acción alguna para corregir la confusión creada, aunque
tuvo plena oportunidad de hacerlo. En ese sentido, no
estamos ante una conducta aislada sino ante una secuencia
de infracciones suscitadas durante y después de la vista
preliminar. Asimismo, el Estado tuvo que gastar sus
recursos en aras de esclarecer una falsa representación
que se le hizo en sala.
V
Tras un análisis ponderado de las actuaciones del
licenciado Rodríguez García, concluimos que violó los CP-2015-5 20
Cánones 5, 35, y 38 del Código de Ética Profesional
supra, pero no el Canon 9, supra.
Por consiguiente, ordenamos la suspensión inmediata
del Lcdo. Carlos Rodríguez García de la práctica de la
abogacía y la notaría por un término de seis meses. El
licenciado Rodríguez García deberá notificar de inmediato
a sus clientes que, por motivo de su suspensión, no podrá
continuar proveyéndoles consultoría ni representación
legal, y debe devolver a estos los expedientes de
cualquier caso ya atendido o pendiente de resolución y
los honorarios que haya percibido por cualquier trabajo
no realizado. De igual manera, tendrá la responsabilidad
de informar inmediatamente de su suspensión a todos los
foros judiciales y administrativos en los que tenga algún
caso pendiente. Deberá acreditar y certificar ante este
Tribunal el cumplimiento con todo lo anterior, dentro del
término de treinta días, contados a partir de la
notificación de la presente Opinión Per Curiam y
Sentencia.
Se ordena al Alguacil de este Tribunal que incaute
inmediatamente la obra y el sello notarial del licenciado
Rodríguez García y los entregue al Director de la Oficina
de Inspección de Notarías, para la correspondiente
investigación e informe.
Notifíquese personalmente esta Opinión Per Curiam y
Se dictará Sentencia de conformidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam que antecede, la cual se hace formar parte de esta Sentencia, se ordena la suspensión inmediata del Lcdo. Carlos Rodríguez García de la práctica de la abogacía y la notaría por un término de seis meses. El licenciado Rodríguez García deberá notificar de inmediato a sus clientes que, por motivo de su suspensión, no podrá continuar proveyéndoles consultoría ni representación legal, y debe devolver a estos los expedientes de cualquier caso ya atendido o pendiente de resolución y los honorarios que haya percibido por cualquier trabajo no realizado. De igual manera, tendrá la responsabilidad de informar inmediatamente de su suspensión a todos los foros judiciales y administrativos en los que tenga algún caso pendiente. Deberá acreditar y certificar ante este Tribunal el cumplimiento con todo lo anterior, dentro del término de treinta días, contados a partir de la notificación de la presente Opinión Per Curiam y Sentencia. CP-2015-5 2
Se ordena al Alguacil de este Tribunal que incaute inmediatamente la obra y el sello notarial del licenciado Rodríguez García y los entregue al Director de la Oficina de Inspección de Notarías, para la correspondiente investigación e informe.
Notifíquese personalmente esta Opinión Per Curiam y Sentencia.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco lo suspendería por tres meses. El Juez Asociado señor Rivera García no interviene.
Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo