EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re: 2020 TSPR 67
Lcdo. Alfredo Cardona Álvarez 204 DPR _____
Número del Caso: CP-2017-2 (TS-3627)
Fecha: 3 de julio de 2020
Abogado del querellado:
Por Derecho Propio
Oficina del Procurador General:
Lcdo. Joseph Feldstien Del Valle Subprocurador General
Lcda. Yaizamarie Lugo Fontánez Procuradora General Auxiliar
Lcda. Lorena Cortés Rivera Subprocuradora General
Lcda. Minnie H. Rodríguez López Procuradora General Auxiliar
Comisionada Especial:
Hon. Ygrí Rivera de Martínez
Materia: La suspensión de la abogacía y la notaría será efectiva el 23 de julio de 2020, fecha en que se le notificó al abogado de su suspensión inmediata.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re
Lcdo. Alfredo Cardona Álvarez Núm. CP-2017-0002 (TS-3627)
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 3 de julio de 2020.
En esta ocasión, nos compete suspender del ejercicio
de la abogacía a un integrante de la profesión legal por
incumplimiento con los Cánones 12, 17, 18, 19 y 20 del
Código de Ética Profesional.
I.
El Lcdo. Alfredo Cardona Álvarez fue admitido al
ejercicio de la abogacía el 24 de noviembre de 1970 y a la
práctica de la notaría el 13 de mayo de 1971. El 9 de
noviembre de 2015, el Sr. Santos Martínez Ayala (promovente)
presentó una queja en contra del licenciado Cardona Álvarez.
En ésta, alegó que había contratado al letrado para que lo
representara en un caso de daños y perjuicios.1 Según
indicó, su reclamación había sido desestimada con perjuicio
luego de que el licenciado Cardona Álvarez no hiciera
gestión alguna ante el Tribunal de Primera Instancia.
Específicamente, en la queja presentada se relató que,
el 26 de febrero de 2013, el licenciado Cardona Álvarez
1 Del expediente surge que el señor Santos Martínez le pagó la cantidad de $2,000.00 al letrado para que lo representara en el caso. CP-2017-0002 2
presentó una moción para asumir la representación legal del
señor Martínez Ayala en el caso Santos Martínez Ayala y
otros v. Ermengilda Santiago y otros, Civil Núm. ISCI2007-
0943. El 16 de abril de 2013, notificada el 3 de mayo
siguiente, el Tribunal aceptó la representación legal del
licenciado Cardona Álvarez y ordenó que los representantes
legales de las partes presentaran una Moción Conjunta en
veinte (20) días para proponer un calendario de trabajo
para la continuación del caso.
El 7 de junio de 2013, el licenciado Cardona Álvarez
presentó una Moción en Cumplimiento de Orden ante el
Tribunal de Primera Instancia en la cual indicó que se había
comunicado con los demás representantes legales de las
partes e informó las fechas que todos tenían disponibles
para la Conferencia con Antelación al Juicio. Así las cosas,
el 16 de julio de 2013, notificada el 18 de julio, el
Tribunal señaló la Conferencia con Antelación al Juicio
para el 2 de octubre de 2013 a las 9:00 a.m. y ordenó a las
partes presentar el Informe en o antes del 20 de septiembre
de 2013. El 24 de septiembre de 2013, el licenciado Cardona
Álvarez presentó una Moción Informativa, en la cual indicó
que se había reunido con el licenciado de una de las partes
el 17 de septiembre de 2013, pero que a la reunión no habían
comparecido los representantes legales de las otras partes.
El 2 de octubre de 2013 se celebró la Conferencia con
Antelación al Juicio ante el Tribunal de Primera Instancia.
A ésta, compareció el licenciado Cardona Álvarez, en
representación del señor Martínez Ayala. Surge de la minuta
de la referida vista que el licenciado Cardona Álvarez CP-2017-0002 3
informó al foro primario que había coordinado una reunión
en su oficina, pero que no se pudo hacer nada porque uno de
los licenciados de las partes no se personó y había sido
difícil entablar comunicación con él. En la vista, el
Tribunal concedió a las partes un término de treinta (30)
días, vencedero el 4 de noviembre de 2013, para que se
reunieran y sometieran una moción conjunta con el calendario
para la tramitación del caso.
Más de siete (7) meses después, el 16 de julio de 2014,
el tribunal de instancia notificó una resolución mediante
la cual le concedió a las partes cinco (5) días para cumplir
con lo ordenado en la vista del 2 de octubre de 2013 de
someter una moción conjunta. En la resolución, se advirtió
a las partes que -de no comparecer- se entendería falta de
interés, ya que el caso había estado inactivo por ocho
meses. A esos efectos, en la resolución también se apercibió
que la incomparecencia acarrearía el archivo del caso bajo
la Regla 39.2(b) de Procedimiento Civil. 32 LPRA Ap. V, R.
32. Esta resolución fue notificada a las partes y a sus
abogados. Véase Res. de 11 de julio de 2014, Civil Núm.
ISCI2007-00943.
Transcurrido el término concedido, el 13 de agosto de
2014, el licenciado Cardona Álvarez presentó una Moción en
Cumplimiento de Orden, en la cual informó había entablado
conversaciones para transigir el caso con el representante
legal de la otra parte y que el acuerdo que se lograra sería
notificado al Tribunal en los próximos veinte (20) días, De
no lograrse un acuerdo transaccional, indicó que
solicitaría una vista sobre el estado de los procedimientos. CP-2017-0002 4
El 18 de agosto de 2014, el Municipio de San Germán,
a través de su representante legal presentó una Moción en
Cumplimiento de Orden y Solicitud de Desestimación por
inactividad. En ésta, indicó que desconocía de la orden el
2 de octubre de 2013 y solicitó al tribunal que, conforme
a la resolución notificada el 16 de julio de 2014,
procediera a desestimar la demanda bajo la Regla 39.2 de
Procedimiento Civil, supra.
Así las cosas, mediante resolución notificada el 18 de
septiembre de 2014, el Tribunal de Primera Instancia
concedió el término de veinte (20) días solicitado por el
licenciado Cardona Álvarez para presentar una moción
conjunta de transacción o solicitar una vista. Dado que el
licenciado Cardona Álvarez no presentó su oposición a la
solicitud de desestimación presentada por el Municipio, el
27 de octubre de 2014, notificada el 4 de noviembre
siguiente, el foro de instancia emitió una resolución
dándola por sometida sin oposición.
Finalmente, el 4 de noviembre de 2014, el Tribunal de
Primera Instancia notificó una Sentencia mediante la cual
concluyó lo siguiente:
El Tribunal ha dado a la parte demandante amplia oportunidad de comparecer para darle curso a su reclamación, sin embargo, el continuo incumplimiento de la parte demandante con nuestras órdenes, así como su falta de comparecencia para promover la pronta solución de su reclamación ponen de manifiesto su desinterés en la tramitación de la acción.
Véase Sentencia de 29 de octubre de 2014, Civil Núm. ISCI2007-00943.
De esta manera, el foro primario desestimó con
perjuicio la acción al amparo de la Regla 39.2 (b) e impuso CP-2017-0002 5
costas y gastos a favor de la parte demandada. Esta
sentencia se notificó al licenciado Cardona Álvarez y al
señor Martínez Ayala a sus respectivas direcciones
postales. No obstante, la notificación enviada al señor
Martínez Ayala fue devuelta por el servicio de correo
postal.2
A raíz de estos hechos el señor Martínez Ayala presentó
la queja que nos ocupa en contra del licenciado Cardona
Álvarez. El 21 de diciembre de 2015, el querellado contestó
la queja. En ésta, alegó que el testigo que había anunciado
el señor Martínez Ayala para el caso había negado las
alegaciones en las que descansaba la reclamación de daños
y perjuicios y que hubo acercamientos por parte del
Sr. Enrique Martínez, hermano del promovente, para que el
testigo declarara sobre hechos que no eran ciertos. Añadió
que, al percatarse de que toda la prueba documental y
2 Posterior a la desestimación con perjuicio de la reclamación de daños y perjuicios del señor Martínez Ayala, el 28 de enero de 2015, la Supervisora de la Unidad de Cuentas del Tribunal de Primera Instancia remitió una comunicación al licenciado Cardona Álvarez para informarle que se encontraban depositados $3,000.00 por concepto de fianza de no residente en la Secretaría del Tribunal Superior de Mayagüez. El 3 de febrero de 2015, el licenciado Cardona Álvarez, en representación del señor Martínez Ayala, presentó una Moción de retiro de fondos consignados, en la cual solicitó el retiro de fondos consignados por la parte demandante al presentar su reclamación en concepto de fianza de no residente. De otra parte, el 13 de marzo de 2015, el Sr. Enrique Martínez Ayala, hermano del señor Martínez Ayala, presentó una Moción por derecho propio para someter comunicación por parte de su hermano que lo autorizaba a recibir el dinero depositado en concepto de fianza de no residente. El 6 de abril de 2015, el Tribunal emitió una Resolución y Orden en la cual ordenó la devolución de la fianza de no residente consignada por el señor Martínez Ayala mediante un cheque a nombre de éste. Ordenó que el cheque se le entregara a su abogado de récord, el licenciado Cardona Álvarez. CP-2017-0002 6
testifical que pretendía utilizar el promovente era
inapropiada e insuficiente se lo manifestó al hermano de
éste y le advirtió que la reclamación no prosperaría.
Además, en su contestación señaló que el promovente y su
hermano habían acudido a una reunión en su oficina en la
que les había informado que no tenían posibilidades de
prevalecer y les había entregado el expediente del caso.3
Indicó que no recordaba la fecha de esa reunión. Asimismo,
indicó que había enviado por correo al señor Martínez Ayala
el cheque en concepto de fianza de no residente emitido a
su nombre y que le había informado a su hermano verbalmente
sobre la desestimación de la reclamación. Tampoco pudo
precisar la fecha en la que acontecieron estos sucesos.
El 4 de enero de 2016, el señor Martínez Ayala presentó
una réplica a la contestación. En ésta, manifestó que el
licenciado Cardona Álvarez le había indicado a su hermano
3 En particular, el licenciado Cardona Álvarez expresó lo siguiente sobre esta reunión:
En una visita del promovente y su hermano a mi oficina donde discutimos los pormenores del caso, específicamente sobre la prueba testifical donde el testigo anunciado (Isidro Morales Cruz) negaba los hechos y manifestaba que el hermano del promovente le había ofrecido dinero para que compareciera como testigo, además la prueba documental no se ajustaba a las alegaciones y mi indignación por lo manifestado por el Sr. Enrique Martínez “de que yo me había vendido con el alcalde quien era mi amigo”. El Sr. Enrique Martínez se disculpó por lo dicho.
Luego de la disculpa del Sr. Enrique Martínez le manifesté que estaba dispuesto a devolverle alguna cantidad de los honorarios cobrados, pero este no aceptó, si no era la suma total por lo que no se habló de cuánto, que si no era la totalidad él procedería de otra forma.
Contestación a la Queja, 21 de diciembre de 2015. CP-2017-0002 7
que no podría continuar la representación del caso porque
estaba realizando trabajos para el alcalde del Municipio y
que por esa razón les había entregado el expediente. Añadió
que el licenciado Cardona Álvarez nunca se comunicó con él
respecto al trámite del caso ni le informó sobre los
múltiples incidentes procesales que en última instancia
resultaron en la desestimación.
Luego de que se ordenara la presentación de la querella
correspondiente, y tras varios trámites procesales, el
12 de abril de 2018 se celebró la vista para determinar el
estado del caso. Durante ésta, la Procuradora General
Auxiliar informó que se había percatado de que el querellado
había presentado su contestación a otra querella que pendía
en su contra y que así se lo había informado. Indicó que,
en respuesta, el licenciado Cardona Álvarez le había
explicado que se había confundido de querella y solicitó el
desglose de su contestación para añadirla al otro caso.
Además, solicitó un término para contestar la querella
correspondiente a este procedimiento disciplinario. Por tal
razón, se le concedió hasta el 23 de abril de 2018 para
contestar la misma. Debido a esta dilación, se señaló una
nueva vista para el 31 de mayo de 2018.
En su nueva contestación a la Querella -presentada el
1 de mayo de 2018- el licenciado Cardona Álvarez planteó,
en términos generales, que después de investigar las
alegaciones que daban base a la reclamación de daños y
perjuicios del señor Martínez Ayala había descubierto que
las mismas eran falsas y que no había prueba documental ni
testifical para probar el caso. Expuso que le había CP-2017-0002 8
comunicado esto al hermano del quejoso y que éste lo había
acusado de estar del lado del alcalde del Municipio porque
era su amigo. Aceptó, sin embargo, que eso jamás se lo
comunicó al Tribunal de Primera Instancia y que debió haber
sido más diligente con las órdenes que emitió dicho foro.
De otra parte, destacó que su comunicación con el quejoso
había sido suficiente porque éste había autorizado a su
hermano para que sirviera de intermediario en todo lo
relacionado con el caso. Respecto a la solicitud del quejoso
de que le devolviera el dinero que le pagó, expresó lo
siguiente:
Advertido al quejoso de que no podía probar su reclamación y ante la exigencia de que le devolviera el dinero que me había pagado y consciente de su situación estuve dispuesto a devolverle parte del dinero recibido y no todo como era su exigencia, explicándole que había hecho gestiones y prestado servicios tales como reuniones con el Lcdo. Dereck Irizarry, representante de la sobrina del quejoso, con el Lcdo. Carlos Díaz, representante del Municipio de San Germán, visitas al cementerio municipal de San Germán, asistir a vistas en el tribunal, radicación de mociones, llamadas telefónicas al hermano del quejoso y a los abogados del caso y reuniones en mi oficina con su hermano y que al descubrir que no había prueba era también parte de mi responsabilidad y deber de desplegar una labor idónea, competente y responsable dentro de los valores y sentido de justicia de manera tal que nadie sea perjudicado innecesariamente y más aún la expresión ofensiva de su hermano de que me había vendido con el alcalde porque era mi amigo y que esa ofensa y falta de respeto nunca la había recibido de un cliente u otra persona.
Contestación a la querella, en la pág. 2.
Luego de la celebración de varias vistas, el 27 de
agosto de 2018, se celebró la Conferencia con Antelación a
la Vista Final. Como parte de dicho informe la Procuradora
y el querellado estipularon una serie de hechos y CP-2017-0002 9
documentos. La vista en sus méritos se llevó a cabo el 30 de
octubre de 2018. Durante la vista, el licenciado Cardona
Álvarez reiteró que había sido contratado por el señor
Martínez Ayala para la tramitación de un caso fabricado
para el que no existía prueba y que así se lo había
comunicado al hermano del promovente. Sostuvo que desde
que asumió la representación legal en el caso su
comunicación había sido con el hermano del señor Martínez
Ayala porque este último vivía permanentemente en el estado
de Nueva York. Aceptó que no advirtió al Tribunal sobre la
fabricación de prueba en el caso, a pesar de que entendió
que la reclamación era frívola. Aceptó, además, que previo
a dictarse sentencia no le informó a su representado los
problemas con la prueba.4
Celebrada la vista en sus méritos, se le concedió al
licenciado Cardona Álvarez un término de treinta días para
presentar un memorando de derecho y a la procuradora un
término de 30 días para su réplica, según solicitado. El
letrado no presentó su memorando. El 19 de agosto de 2019,
la Comisionada Especial presentó su informe. En éste,
concluyó que la conducta del licenciado Cardona Álvarez era
constitutiva de violaciones a los cánones 12, 17, 18, 19 y
20 del Código de Ética Profesional. El 23 de septiembre de
2019 el caso quedó sometido en los méritos para la
consideración de este Tribunal. En virtud de los hechos que
4 Surge del Informe de la Comisionada que, durante la vista, el licenciado Cardona Álvarez no pudo recordar si cuando habló con el demandante en su oficina le informó sobre la Sentencia en el caso y si ya había o no transcurrido el término para apelar. CP-2017-0002 10
anteceden y con el beneficio del Informe de la Comisionada
Especial y los demás documentos que obran en el expediente,
estamos en posición de evaluar la conducta del licenciado
Cardona Álvarez.
II.
Como parte de su poder inherente para regular la
profesión legal en Puerto Rico, este Tribunal tiene la
responsabilidad ineludible de asegurar que las personas
admitidas al ejercicio de la abogacía y la notaría
desplieguen sus funciones de manera responsable, competente
y diligente. En función de esa responsabilidad, el Canon 12
del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, C. 12,
impone a los integrantes de la profesión legal el deber de
ser diligentes y responsables en la presentación y trámite
de los pleitos ante los tribunales. In re Irizarry Vega,
198 DPR 1066, 1072 (2017). Este deber exige desplegar todas
las diligencias necesarias para evitar dilaciones indebidas
en la tramitación y resolución de los casos para los cuales
asumen representación legal. En lo pertinente, el Canon 12
dispone lo siguiente:
Es deber del abogado hacia el Tribunal, sus compañeros, las partes y testigos el ser puntual en su asistencia y conciso y exacto en el trámite y presentación de sus causas. Ello implica el desplegar todas las diligencias necesarias para asegurar que no se causen indebidas dilaciones en su tramitación y solución. Sólo debe solicitar la suspensión de vista cuando existan razones poderosas y sea indispensable para la protección de los derechos sustanciales de su cliente.
4 LPRA Ap. IX, C. 12.
Este Tribunal ha determinado que el deber de diligencia
consagrado en el Canon 12 es una obligación básica y CP-2017-0002 11
elemental de integrantes de la profesión legal hacia sus
clientes y que para cumplir con el mismo es necesario que
éstos y éstas lleven a cabo las gestiones que le fueron
encomendadas de forma responsable, oportuna y adecuada sin
dilaciones que puedan afectar la pronta resolución de la
controversia. Véase, In Re: Luis R. Torres Rodríguez, 201
DPR 1057 (2019); In re Nieves Nieves, 181 DPR 25, 35 (2011).
Por tal razón, este Tribunal ha expresado que “la
incomparecencia injustificada a las vistas señaladas por el
tribunal, así como las actuaciones y omisiones que pongan
en riesgo la causa de acción del cliente, son infracciones
patentes del Canon 12”. In re Irizarry Vega, 198 DPR, en la
pág. 6. Consiguientemente, los profesionales del derecho
deben observar estrictamente las órdenes judiciales, pues
de no hacerlo están sujetos a sanciones disciplinarias.
In re Nieves Nieves, 181 DPR, en la pág. 36.
En este caso, el licenciado Cardona Álvarez incumplió
reiteradamente con las órdenes del Tribunal de Primera
Instancia en el caso para el cual fue contratado por el
señor Martínez Ayala. Justamente, este patrón de conducta
llevó al foro primario a desestimar la causa de acción
presentada. El licenciado Cardona Álvarez aceptó no haber
sido diligente en la tramitación del caso y haber incumplido
con las órdenes del tribunal de instancia que procuraban
adelantar su pronta resolución. Incluso, luego de que se le
advirtiera que el caso sería desestimado, el licenciado
incumplió con el término provisto por el tribunal para que
informase sobre el resultado de las conversaciones
transaccionales entre las partes. Además, una vez el CP-2017-0002 12
Municipio presentó una solicitud de desestimación por
inactividad, el licenciado faltó su deber de comparecer
para oponerse. Al así proceder, el licenciado Cardona
Álvarez faltó a su deber de realizar las diligencias
necesarias para asegurarse de no causar indebidas
dilaciones en el caso para el que fue contratado. Lo que es
peor, la falta de diligencia del letrado conllevó la
desestimación de la causa de acción de su cliente por
inactividad. Esta conducta es contraria al deber que impone
el Canon 12, supra.
Íntimamente relacionado al Canon 12, el Canon 18 de
Ética Profesional también exige de los abogados diligencia
y competencia en el trámite de casos ante los tribunales.
Específicamente, este canon dispone lo siguiente:
Será impropio de un abogado asumir una representación profesional cuando está consciente de que no puede rendir una labor idónea competente y que no puede prepararse adecuadamente sin que ello apareje gastos o demoras irrazonables a su cliente o a la administración de la justicia.
Es deber del abogado defender los intereses del cliente diligentemente, desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad y actuando en aquella forma que la profesión jurídica en general estima adecuada y responsable.
Este deber de desempeñarse en forma capaz y diligente no significa que el abogado puede realizar cualquier acto que sea conveniente con el propósito de salir triunfante en las causas del cliente. La misión del abogado no le permite que en defensa de un cliente viole las leyes del país o cometa algún engaño. Por consiguiente, al sostener las causas del cliente, debe actuar dentro de los límites de la ley, teniendo en cuenta no sólo la letra de ésta, sino el espíritu y los propósitos que la informan. No debe tampoco ceder en el cumplimiento de su deber por temor a perder el favor judicial ni la estimación popular. No obstante, puede asumir cualquier representación profesional si se prepara adecuadamente para ello y no impone gastos ni CP-2017-0002 13
demoras irrazonables a su cliente y a la administración de la justicia. Énfasis suplido.
4 LPRA, Ap. XI C. l8.
En el pasado, hemos expresado que un “abogado incurre
en una falta al Canon 18 cuando, a pesar de asumir la
representación legal de un cliente, demuestra una
capacitación inadecuada o presta una atención indebida a la
causa encomendada”. In re Roldán González, 195 DPR 414, 422
(2016). A esos efectos, un abogado no debe asumir la
representación legal de un cliente cuando es consciente de
que no podrá rendir sus labores con la competencia y
diligencia que los estándares más altos de profesionalismo
requieren. Así, en el contexto del Canon 18, hemos expresado
que, “cuando un abogado acepta la encomienda de representar
a una persona y no la ejecuta adecuada y responsablemente,
incumple con este canon”. In re Rivera Nazario, 193 DPR, en
la pág. 582. En atención a esto, “hemos sostenido, sin
ambages, que aquella actuación negligente que pueda
conllevar, o que en efecto conlleve, la desestimación o el
archivo de un caso, se configura violatoria del citado Canon
18.” In re Nieves Nieves, 181 DPR, en la pág. 37.
La diligencia a la que alude el Canon 18 comprende
realizar “las gestiones que le fueron encomendadas en
momento oportuno, en forma adecuada y sin dilaciones que
puedan afectar la pronta solución de la controversia”. S.
Steidel Figueroa, Ética para juristas: Ética del abogado y
responsabilidad disciplinaria, San Juan, Ediciones SITUM,
2016, en la pág. 221. En reiteradas instancias hemos
determinado que las siguientes actuaciones constituyen la CP-2017-0002 14
falta de diligencia que el Canon 18 prohíbe: (1) no
comparecer a los señalamientos del tribunal; (2) no
contestar los interrogatorios sometidos, (3) no informar a
las partes sobre la presentación de un perito; (4)
desatender o abandonar el caso; (5) permitir que expire el
término prescriptivo o jurisdiccional de una acción, (6)
cualquier tipo de actuación negligente que resulte en la
desestimación o archivo del caso. In re Irizarry Vega,
supra.
En este caso, el licenciado Cardona Álvarez no
solamente incumplió con las órdenes del tribunal, sino que,
además, no le informó oportunamente a la parte que
representaba que -según su análisis- ésta carecía de
evidencia para probar sus alegaciones. Aún luego de concluir
que la causa de acción de su representado carecía de méritos
el licenciado Cardona Álvarez continuó con la
representación legal en el caso y mostró inobservancia hacia
las órdenes del tribunal, falta de comparecencia para
promover la pronta solución de su reclamación y desinterés
en la tramitación del pleito. Esa conducta es claramente
violatoria del deber que impone el Canon 18. Como se indicó,
en este caso, las actuaciones del licenciado Cardona Álvarez
conllevaron la desestimación con perjuicio de la
reclamación, así como la adjudicación de costas y gastos en
contra de su representado. Sin lugar a duda, pues, los
intereses de su cliente se vieron seriamente afectados ante
el desinterés y la falta de diligencia mostrada por el
letrado. CP-2017-0002 15
De otra parte, el Canon 17 de Ética Profesional
establece que los abogados deben solicitar el relevo de
representación legal cuando se convenzan de que el reclamo
para el cual han sido contratados es injustificado. A tales
efectos, el Canon dispone:
Todo abogado debe negarse a representar a un cliente en un caso civil cuando estuviere convencido de que se pretende por medio del pleito molestar o perjudicar a la parte contraria, haciéndole víctima de opresión o daño. Su comparecencia ante un tribunal debe equivaler a una afirmación sobre su honor de que en su opinión el caso de su cliente es uno digno de la sanción judicial. La firma de un abogado en una alegación en un caso equivale a certificar que ha leído la alegación y que de acuerdo con su mejor conocimiento, información y creencia está bien fundada.
Un abogado deberá solicitar permiso del tribunal para renunciar la representación profesional de su cliente en un caso en litigio cuando se convenza durante el curso del pleito que el mismo es injustificado y que se pretende por medio del proceso molestar o perjudicar a la parte contraria, haciéndole víctima de opresión o daño.
A lo largo del procedimiento disciplinario en su
contra, el licenciado Cardona Álvarez ha reconocido que,
luego de evaluar las alegaciones y la prueba en las que su
cliente fundamentó su demanda, entendió que se encontraba
ante una reclamación inmeritoria. Incluso, el letrado
aceptó que llegó a concluir que parte de la prueba había
sido fabricada. En ningún momento, sin embargo, solicitó al
tribunal ser relevado de la representación legal del señor
Martínez Ayala. Por el contrario, optó por incumplir con
las órdenes de ese foro y no informar a su cliente sobre
los desarrollos del caso. Al momento en que un representante
legal escoge ignorar el curso procesal del caso, quebranta CP-2017-0002 16
su deber de defender al cliente e infringe el Canon 17 del
Código de Ética Profesional. In re Flores Ayffan, 170 DPR
126 (2007).
También con relación a la renuncia a la representación
legal, el Canon 20 de Ética Profesional establece que
Cuando el abogado haya comparecido ante un tribunal en representación de un cliente no puede ni debe renunciar la representación profesional de su cliente sin obtener primero el permiso del tribunal y debe solicitarlo solamente cuando exista una razón justificada e imprevista para ello.
Antes de renunciar la representación de su cliente el abogado debe tomar aquellas medidas razonables que eviten perjuicio a los derechos de su cliente, tales como, notificar de ello al cliente; aconsejarle debidamente sobre la necesidad de una nueva representación legal cuando ello sea necesario; concederle tiempo para conseguir una nueva representación legal; aconsejarle sobre la fecha límite de cualquier término de ley que pueda afectar su causa de acción o para la radicación de cualquier escrito que le pueda favorecer; y el cumplimiento de cualquier otra disposición legal del tribunal al respecto, incluyendo la notificación al tribunal de la última dirección conocida de su representado.
Al ser efectiva la renuncia del abogado debe hacerle entrega del expediente a su cliente y de todo documento relacionado con el caso y reembolsar inmediatamente cualquier cantidad adelantada que le haya sido pagada en honorarios por servicios que no se han prestado.
4 LPRA Ap. IX, C. 20.
En el presente caso, el licenciado Cardona Álvarez
para todos los efectos renunció a la representación legal
del caso sin solicitar ser relevado por el tribunal. Ello,
luego de concluir que la reclamación de su cliente
presuntamente no tenía méritos. Su incomparecencia y falta
de diligencia equivalen una renuncia de facto que violenta
el Canon 20 del Código de Ética Profesional y que tuvo el CP-2017-0002 17
efecto de dejar a su cliente desprovisto de representación
legal adecuada en el trámite del pleito. Mientras un
tribunal no releve a un abogado de su responsabilidad, “éste
tiene el deber insoslayable de realizar su gestión
profesional y exhibir el más alto grado de competencia y
diligencia posible”. In re Guadalupe Díaz, 155 DPR 135, 156
(2001).
Finalmente, el Canon 19 de Ética Profesional impone a
los integrantes de la profesión legal el deber de mantener
informados a sus clientes de todo asunto que surja en el
desarrollo del caso al disponer lo siguiente:
El abogado debe mantener a su cliente siempre informando de todo asunto importante que surja en el desarrollo del caso que le ha sido encomendado.
Siempre que la controversia sea susceptible de un arreglo o transacción razonable debe aconsejar al cliente el evitar o terminar el litigio, y es deber del abogado notificar a su cliente de cualquier oferta de transacción hecha por la otra parte.
El abogado que representa varios clientes con intereses comunes o relacionados entre sí no debe transigir ninguno de los casos envueltos sin que cada cliente esté enterado de dicha transacción y sus posibles consecuencias.
4 LPRA Ap. IX, C. 19.
Al interpretar este postulado ético hemos afirmado que
éste pretende viabilizar una comunicación efectiva entre el
abogado y su representado imponiéndole al abogado, no a su
cliente, “un deber unidireccional de comunicación
continua”. In re Roldán González, 195 DPR 414, 424 (2016).
Hemos determinado que un abogado violenta este canon cuando
no informa a su cliente sobre las incidencias del caso o
las gestiones realizadas para tramitar la causa de acción CP-2017-0002 18
encomendada. In re Nieves Nieves, supra. La comunicación
efectiva entre un abogado y su cliente constituye un
componente esencial de la relación profesional. Id. Por tal
razón, hemos dictaminado que es necesario que la información
sobre el desarrollo del caso se brinde directamente al
representado y no mediante terceros o intermediarios. In re
Santos Cruz, 193 DPR 224 (2015); In re Muñoz, Morell, 182
DPR 738 (2011). “El abogado no puede delegar en otros lo
que le compete o está obligado a realizar como parte de su
quehacer ético-profesional”. In re Nieves Nieves, supra en
la pág. 424.
El expediente del caso ante nuestra consideración
devela un serio incumplimiento por parte del licenciado
Cardona Álvarez con su deber de mantener informado a su
cliente sobre los pormenores del caso. Incluso, de sus
propias comparecencias surge que éste no le informó
directamente a su cliente sobre la desestimación con
perjuicio del caso y que nunca entabló una comunicación
efectiva con su representado. Con toda probabilidad, la
oportuna notificación de la desestimación con perjuicio del
pleito al señor Martínez Ayala le hubiese permitido a este
último tomar una decisión informada para valerse de los
recursos de revisión a su disposición. Además, al momento
en que el licenciado Cardona Álvarez concluyó que el caso
no tenía méritos, así debió informárselo a su cliente para
que éste procurara obtener otra representación legal.
III.
Los hechos y el análisis que anteceden demuestran el
incumplimiento del licenciado Cardona Álvarez con los CP-2017-0002 19
deberes éticos que imponen los cánones 12, 17, 18, 19 y 20
del Código de Ética Profesional. Un examen cabal del
expediente del letrado impide que podamos hacer referencia
a atenuantes que operen a su favor. Por el contrario, la
indiferencia y falta de interés del querellado en el proceso
ante el foro de instancia que originó la querella ante
nuestra consideración se reflejó de igual manera en el
procedimiento disciplinario llevado en su contra. Ello, al
extremo de que presentó una contestación a la Querella con
los datos de otra queja que actualmente pende en su contra.
Del expediente profesional del licenciado surge,
además, que éste ha sido objeto de sanciones disciplinarias
en el pasado por su incumplimiento con los requerimientos
de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) y las
disposiciones de la Ley Notarial. Véase In re Cardona
Álvarez, 133 DPR 588 (1993); In re Cardona Álvarez, per
curiam de 13 de junio de 2018 (imponiendo censura enérgica
por desatender requerimientos de la ODIN). Asimismo,
actualmente se encuentra paralizado otro procedimiento
disciplinario en contra del licenciado Cardona Álvarez.
(Queja Núm. AB-2013-0354).
Conforme a los hechos reseñados y los fundamentos
esbozados, procede decretar la suspensión inmediata del
Lcdo. Alfredo Cardona Álvarez del ejercicio de la abogacía
y la notaría en nuestra jurisdicción por un término de tres
(3) meses. Se le notifica al licenciado Cardona Álvarez que
su fianza notarial queda automáticamente cancelada. La
fianza se considerará buena y válida por tres (3) años
después de su terminación en cuanto a actos realizados CP-2017-0002 20
durante el periodo en que estuvo vigente. El licenciado
Cardona Álvarez tiene el deber de notificar a todos sus
clientes de su inhabilidad de seguir representándolos,
devolver honorarios recibidos por trabajos no realizados e
informar prontamente de su suspensión a los foros judiciales
y administrativos del País ante los cuales tenga asuntos
pendientes. Deberá presentar una certificación a esos
efectos dentro de los treinta (30) días siguientes a la
notificación de esta Opinión Per Curiam, notificando
asimismo al Procurador General. El Alguacil de este Tribunal
incautará inmediatamente la obra y el sello notarial del
abogado de epígrafe para el trámite correspondiente por el
Director de la Oficina de Inspección de Notarías.
Notifíquese personalmente esta Opinión Per Curiam y
Sentencia al señor Cardona Álvarez a través de la oficina
del Alguacil de este Tribunal.
Se dictará Sentencia de conformidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam que antecede, procede decretar la suspensión inmediata del Lcdo. Alfredo Cardona Álvarez del ejercicio de la abogacía y la notaría en nuestra jurisdicción por un término de tres (3) meses. Se le notifica al licenciado Cardona Álvarez que su fianza notarial queda automáticamente cancelada. La fianza se considerará buena y válida por tres (3) años después de su terminación en cuanto a actos realizados durante el periodo en que estuvo vigente. El licenciado Cardona Álvarez tiene el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad de seguir representándolos, devolver honorarios recibidos por trabajos no realizados e informar prontamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos del País. Deberá presentar una certificación a esos efectos dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de esta Opinión Per Curiam, notificando asimismo al Procurador General. El Alguacil de este Tribunal incautará inmediatamente la obra y el sello notarial del abogado de epígrafe para el trámite correspondiente por el Director de la Oficina de Inspección de Notarías.
Notifíquese personalmente esta Opinión Per Curiam y Sentencia al señor Cardona Álvarez a través de la oficina del Alguacil de este Tribunal.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo.
José Ignacio Campos Pérez Secretario del Tribunal Supremo