EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Lissette Gutiérrez Vázquez
Peticionarios Certiorari
v. 2007 TSPR 174
José Víctor Hernández 172 DPR ____ Hernández, et al,
Recurridos
Número del Caso: CC-2006-1008
Fecha: 1 de octubre de 2007
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Ponce-Panel IX
Juez Ponente:
Hon. German J. Brau Ramírez
Abogados de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Rafael Fabre Carrasquillo Lcdo. Edgardo Pérez Gutiérrez
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Héctor E. Ramírez Carbó
Materia: Revisión de Decisión Administrativa del Departamento de Asuntos del Consumidor
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Peticionarios
v.
José Víctor Hernández CC-2006-1008 Hernández, et al,
Opinión del Tribunal emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez
Un acto procesal efectuado infringiendo la buena fe no puede desplegar la eficacia deseada por el litigante malicioso.1
San Juan, Puerto Rico, a 1 de octubre de 2007
Corresponde determinar en esta ocasión si se notificó
adecuadamente la celebración de una vista administrativa ante
D.A.C.O. y si la agencia administrativa actuó correctamente
al celebrar la misma luego de solicitarse su suspensión.
I.
Los esposos José V. Hernández Hernández y Cristina
Medina Ramos (esposos Hernández Medina), le vendieron una
residencia que no habían terminado de construir a la señora
Lissette Gutiérrez Vázquez (Sra. Gutiérrez). Ésta adquirió
1 J. Picó I Junoy, El principio de la buena fe procesal, J.M. Bosch Editor, 2003. CC-2006-1008 2
la propiedad por el precio de $846,000.00, entregando un
pronto de $30,000.00 y asumiendo la hipoteca a favor del
Banco Santander de Puerto Rico (Banco Santander) que gravaba
al inmueble. Los esposos Hernández Medina alegadamente le
representaron a la Sra. Gutiérrez que “la casa era muy
segura, que la construcción era de primera calidad, y que
[unos] taludes [en] la parte posterior y lateral [de la
propiedad] eran seguros y[a] que nunca había ocurrido un
derrumbe.”2
Luego de adquirir la propiedad, la Sra. Gutiérrez se
percató que la construcción adolecía de serias deficiencias,
defectos y vicios de construcción que le impedían residir la
misma. En múltiples ocasiones la Sra. Gutiérrez le informó
al Sr. Hernández los problemas estructurales que tenía la
propiedad pero éste no corrigió los mismos.3 Por lo
anterior, el 28 de enero de 2005, la Sra. Gutiérrez presentó
una querella ante el Departamento de Asuntos del Consumidor
2 Resolución de D.A.C.O., determinación de hecho núm. 6, Apéndice al recurso de certiorari, pág. 79. 3 De acuerdo a la Resolución emitida por D.A.C.O., la Sra. Gutiérrez le informó al Sr. Hernández los siguientes problemas: que luego de la compraventa “la sala y el comedor de la casa tenían agua por todo el piso;” que varias secciones del techo de la residencia tenían “fuertes manchas negras . . . con un olor muy fuerte;” que “el techo [de la residencia] no está terminado, [que tiene] escombros de cemento . . . [no] está sellado, hay cables sueltos, varillas, cemento, madera incrustada en las vigas de cemento y agua aposada [sic] en la mayor parte del techo;” que el pozo de agua en los predios de la propiedad se filtra; y que los derrumbes de los taludes estaban ocasionando daños a la propiedad. Resolución emitida por D.A.C.O., Apéndice al recurso de certirari, págs. 78-80. CC-2006-1008 3
(D.A.C.O.) contra los esposos Hernández Medina,4 solicitando
la resolución del contrato de compraventa suscrito por las
partes, la devolución del dinero que le pagó a los esposos
Hernández Medina, que se ordenara la entrega de la propiedad
a los esposos Hernández Medina y que éstos asumieran el costo
de cualquier escritura que fuera necesaria suscribir para
materializar la resolución del contrato de compraventa.5
Oportunamente, los esposos Hernández Medina contestaron
la querella presentada en su contra por la Sra. Gutiérrez.
Luego de varios incidentes procesales, incluyendo varias
suspensiones de vistas promovidas por los esposos Hernández
Medina, D.A.C.O. reseñaló la vista del caso para el día 26 de
enero de 2006.6
4 La Sra. Gutiérrez enmendó posteriormente su querella original para entre otras cosas incluir al Banco Santander de Puerto Rico como parte interesada, por ser esta entidad financiera la que concedió el préstamo hipotecario para la compra de la propiedad. Apéndice al recurso de certiorari presentado por la Sra. Gutiérrez, págs. 26-27 y 35. 5 En esencia, la Sra. Gutiérrez en su querella identificó entre otros problemas los siguientes: “falta de drenaje de agua en el patio, desprendimiento de tierra y piedras en el talúd [sic] lateral trasero, grietas en el muro lateral izquierdo, falta de muro de sostenimiento en el talúd [sic] lateral, falta de rejas para detener derrumbes de piedras y sedimento, construcción sin un estudio de suelo adecuado . . . falta de sistema adecuado para recolectar y disponer de las aguas pluviales en el talúd [sic] posterior, falta de sistema para evitar derrumbes en el talúd [sic] posterior, falta de sistema de drenaje en el muro de retención posterior para liberar la cantidad de agua y así evitar la presión hidrostática que esta pueda causar sobre el muro.” Resolución emitida por D.A.C.O., Apéndice al recurso de certirari, pág. 75. Véase además querella enmendada de la Sra. Gutiérrez presentada ante D.A.C.O., Apéndice al recurso de certiorari, págs. 37-39. 6 De acuerdo al expediente del presente recurso, la vista sobre el caso se había señalado para el día 26 de enero de 2006 desde el 9 de noviembre de 2005, luego que la actual representación legal de los esposos Hernández Medina CC-2006-1008 4
Tres días antes del señalamiento, específicamente el 23
de enero de 2006, el representante legal de los esposos
Hernández Medina envió vía facsímile a D.A.C.O. una moción
solicitando la suspensión de la vista.7 De acuerdo a la
Resolución emitida por D.A.C.O., en esta misma fecha éste
acudió además a la agencia donde fue atendido por la Juez
Administrativa que atendía el caso. Se desprende del
expediente que el abogado le creó la falsa impresión a la
Juez Administrativa de que la representación legal de la Sra. ___________________________ solicitara que la misma no se celebrara el 29 de noviembre de 2005 como había sido señalada. Notificación y Orden de D.A.C.O., Apéndice al recurso de certiorari, pág. 278. Posteriormente, este señalamiento fue dejado sin efecto por D.A.C.O. y en su lugar se reinstaló la fecha del 29 de noviembre de 2005 luego que la representación legal de la Sra. Gutiérrez le informara a la agencia administrativa que la representación legal de los esposos Hernández Medina informó incorrectamente que se habían puesto de acuerdo en cuanto a la fecha para celebrar ciertas deposiciones. Notificación y Orden de D.A.C.O., Apéndice al recurso de certiorari, págs. 283-284. En esta ocasión, se informó además que la fecha del 26 de enero de 2006 se utilizaría “para la continuación de la vista de ser necesario.” Id. Así las cosas, la representación legal de los esposos Hernández Medina le informó a D.A.C.O. que no estaba preparada para representar adecuadamente a los esposos en la vista señalada para el 29 de noviembre de 2005. Por lo anterior, el 23 de noviembre de 2005, D.A.C.O. emitió nuevamente una Notificación y Orden donde informó que la vista a celebrarse el 29 de noviembre de 2005 sería una tipo conferencia con antelación a la vista administrativa mientras que la vista administrativa sería celebrada “el 26 de enero de 2006 . . . fecha que ya había sido señalada para la vista y no fue objetada.” Apéndice al recurso de certiorari, pág. 287. (Énfasis suplido) 7 Resolución emitida por D.A.C.O., Apéndice al recurso de certiorari, pág. 76. La representación legal de los esposos Hernández Medina solicitó la suspensión porque alegadamente la Sra. Gutiérrez no le había entregado las fotos de los defectos estructurales que tomó y la cinta de video de éstos que preparó. Apéndice al recurso de certiorari, pág. 289. De acuerdo al expediente, lo anterior fue entregado y recibido por el abogado de los esposos Hernández Medina el 24 de enero de 2006. Apéndice al recurso de certiorari, págs. 292-295. CC-2006-1008 5
Gutiérrez había accedido a la suspensión de la vista e
incluso la invitó a hablar con el abogado indicándole que lo
tenía disponible “en línea” para corroborar lo anterior.8
Así, “[b]ajo esta falsa creencia, [la Juez Administrativa]
procedió a suspender la vista administrativa verbalmente
. . . [haciéndoselo] saber a las partes” el mismo día de la
solicitud de suspensión, o sea, el 23 de enero de 2006.9
Luego de notificársele por teléfono la suspensión de la
vista, la representación legal de la Sra. Gutiérrez objetó la
suspensión concedida porque “desconocía la intención de la
parte querellada de solicitar la suspensión y reseñalamiento”
de la misma.10 Ante lo anterior, la Juez Administrativa
“tomó la determinación el mismo día de la notificación por
vía telefónica a las partes de la suspensión, de dejar sin
efecto la suspensión verbal y que permanezca en vigor la
fecha . . . para la celebración de la vista administrativa
. . . que se había pactado por todas las partes desde el mes
de noviembre de 2005.”11 Esta determinación se le comunicó
8 Id. 9 Id. 10 Resolución en Reconsideración emitida por D.A.C.O., Apéndice al recurso de certiorari, pág. 104. 11 Resolución emitida por D.A.C.O., Apéndice al recurso de certiorari, págs. 76-77. (Énfasis suplido) De hecho, la Resolución también expresamente consigna que “[l]a suspensión [de la vista] y su correspondiente revocación y reinstalación de la fecha de [la] vista fueron realizadas y notificadas el mismo día de concedidas.” Id. pág. 77. (Énfasis suplido) Más aún, en su Resolución en Reconsideración, D.A.C.O. añade que lo anterior fue realizado el mismo día 23 de enero de 2006 “con solo horas de diferencia, por lo que no fue necesario plasmarlo por escrito.” Apéndice al recurso de certiorari, pág. 104. (Énfasis suplido). Cabe señalar también que la representación legal de los esposos Hernández Medina reconoce lo anterior en la moción de reconsideración CC-2006-1008 6
telefónicamente a las partes ese mismo día.12 Insatisfecho,
el abogado de los esposos Hernández Medina acudió nuevamente
a D.A.C.O. “exigiendo una explicación sobre la determinación
tomada” y manifestando que como se le había notificado la
suspensión del señalamiento, su cliente no podría estar
disponible para la vista. La Juez le comunicó que la vista
no sería suspendida y que se celebraría según pautado.
El 26 de enero de 2006, día de la vista, la
representación legal de los esposos Hernández Medina
compareció sin sus representados y planteó “que solo
comparecía por cortesía” manifestando que de celebrarse la
vista no estaría presente “por entender que la misma esta[ba]
suspendida.”13 Argumentó una vez más a favor de la
suspensión de la vista por entender que no estaba preparado
para participar en la misma y porque alegadamente tenía otra
vista ese día en otro municipio.14 Luego de evaluar los
___________________________ que presentó ante D.A.C.O. cuando hace referencia a “la decisión de suspender la vista y la posterior decisión de reinstalarla, decisiones que ocurrieron según surge de la resolución [de D.A.C.O.] el 23 de enero [de 2006]. . . .” Apéndice al recurso de certiorari, pág. 92. 12 En su sentencia, el Tribunal de Apelaciones expresó que la suspensión de la vista “fue notificada por teléfono a las partes el 25 de enero de 2005 [sic]” y que ese mismo día D.A.C.O., ante objeciones del abogado de la Sra. Gutiérrez, determinó que el señalamiento de la vista continuaba en pie. De acuerdo al tribunal apelativo, esta determinación se le informó a las partes por teléfono este mismo día, a su entender el 25 de enero de 2005. Sentencia del Tribunal de Apelaciones, Apéndice al recurso de certiorari, pág. 305. 13 Resolución emitida por D.A.C.O., Apéndice al recurso de certiorari, pág. 104. Véase además Alegato presentado los por los esposos Hernández Medina ante este Tribunal, pág. 6. 14 La Resolución de D.A.C.O. consignó que “[l]a vista administrativa en el Municipio de Ponce fue notificada al abogado de [los esposos Hernández Medina] con posterioridad a la de este Departamento por lo que esta [sic] tiene CC-2006-1008 7
planteamientos de esta parte y los de la representación legal
de la Sra. Gutiérrez, la Juez Administrativa decidió
continuar con los procedimientos. En desacuerdo, la
representación legal de los esposos Hernández Medina se negó
a participar en la vista y abandonó la misma. Por lo
anterior, la Juez Administrativa determinó continuar la vista
en rebeldía.
Así las cosas, D.A.C.O. declaró con lugar la querella
presentada por la Sra. Gutiérrez contra los esposos Hernández
Medina y ordenó la resolución del contrato entre las partes.
Además, le ordenó a los esposos Hernández Medina la
devolución a la Sra. Gutiérrez de ciertas prestaciones y el
otorgamiento, a su costo, de cualquier escritura que fuese
necesaria para materializar la resolución del contrato de
compraventa y la cancelación de la hipoteca que grava al
inmueble en controversia. Más aún, D.A.C.O. liberó a la Sra.
Gutiérrez “de la responsabilidad de emitir los pagos
subsiguientes correspondientes a la hipoteca sobre la
residencia objeto de la presente querella.”15
Oportunamente, los esposos Hernández Medina solicitaron
reconsideración de la determinación anterior, la cual fue
denegada por D.A.C.O. En desacuerdo, los esposos Hernández
Medina y el Banco Santander acudieron al Tribunal de ___________________________ prioridad. En adición[,] este Departamento advino en conocimiento de que la [vista en Ponce] había sido suspendida y reseñalada para el mes de febrero con anterioridad a la moción de suspensión” presentada por el abogado ante D.A.C.O. Apéndice al recurso de certiorari, pág. 78. (Énfasis suplido) 15 Notificación y Orden emitida por D.A.C.O. para aclarar su Resolución, Apéndice al recurso de certiorari, pág. 99. CC-2006-1008 8
Apelaciones. Dicho foro dejó sin efecto la resolución
emitida por D.A.C.O. y devolvió el caso a la agencia para que
concediera a los esposos Hernández Medina la oportunidad de
defender su caso en una nueva vista administrativa. Razonó
que la notificación de reinstalación de la vista se realizó
un día antes de la celebración de la misma, por lo que fue
inadecuada. Entendió que lo anterior impidió que los esposos
Hernández Medina se prepararan para la vista ya que éstos
habían descansado en su suspensión y “no estaban en posición
de conseguir su prueba y estar preparad[os].”16 Más aún, el
tribunal expresó que
[s]omos de la opinión que la agencia efectivamente erró al requerirle a los [esposos Hernández Medina] estar preparados para la vista, luego de que hubiera notificado su suspensión. Lo anterior equivalía a privar a los [esposos Hernández Medina] del plazo previo de notificación que requiere la Sección 3.9 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 L.P.R.A. sec. 2159. . . . .
Reconocemos que la solicitud de suspensión del señalamiento fue presentada por los [esposos Hernández Medina] de forma tardía, fuera del término de cinco días con antelación a la vista establecido por la Sección 3.12 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 L.P.R.A. sec. 2162. El D.A.C.O. muy bien pudo haber hecho caso omiso de dicha solicitud. No obstante la agencia optó por acoger la moción de suspensión y declararla con lugar, lo que fue notificado a las partes. En estas circunstancias, entendemos que el D.A.C.O. viene obligado a aceptar las consecuencias de su decisión.17
16 Sentencia del Tribunal de Apelaciones, Apéndice al recurso de certiorari, pág. 310. 17 Id. CC-2006-1008 9
Inconforme, la Sra. Gutiérrez acudió oportunamente ante
este Tribunal mediante recurso de certiorari.18 Expedimos el
auto. Contando con la comparecencia de las partes, y estando
en posición de resolver el recurso ante nuestra
consideración, procedemos a así hacerlo.
18 En el recurso presentado se señalaron los siguientes errores:
PRIMER ERROR: Erró el Tribunal de Apelaciones en validar una solicitud de suspensión de vista administrativa incoada tres (3) días antes de la vista evidenciaria, en contravención a lo dispuesto por la Sección 3.12 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme y de la Regla 20 del Reglamento de Procedimiento Adjudicativo de DACO.
SEGUNDO ERROR: Erró el Tribunal de Apelaciones y cometió abuso de discreción, apartándose de la información contenida en el expediente administrativo, al concluir que la suspensión de la vista se notificó por teléfono el día antes de su vista, o sea el 25 de enero de 2006, cuando la realidad es que la suspensión se notificó el mismo día en que fue solicitada, o sea el 23 de enero de 2006.
TERCER ERROR: Erró el Tribunal de Apelaciones y cometió abuso de discreción, apartándose de la información contenida en el expediente administrativo, al concluir que el abogado de la querellante, aquí peticionaria, se comunicó con la Jueza Administrativa para expresarle que no estaba de acuerdo con la suspensión.
CUARTO ERROR: Erró el Tribunal de Apelaciones y cometió abuso de discreción, apartándose de la información contenida en el expediente administrativo, al concluir que el querellado fue notificado de la reinstalación de la vista el día antes de la vista. Y al concluir que para ese momento el recurrido no estaba en posición de conseguir su prueba y estar preparada. CC-2006-1008 10
II.
En su recurso, la Sra. Gutiérrez alegó que no procedía
conceder la suspensión de la vista solicitada por la
representación legal de los esposos Hernández Medina ya que
ésta fue promovida mediante engaño y en contravención de la
Sección 3.12 de la Ley de Procedimiento Administrativo
Uniforme (L.P.A.U.), 3 L.P.R.A. sec. 2162, y la Regla Núm. 20
del Reglamento de Procedimientos Adjudicativos de D.A.C.O,
Reglamento Núm. 6219 de 17 de noviembre de 2000. Además,
sostiene que el Tribunal de Apelaciones fundamentó su
determinación “cambiando las fechas en que ocurrieron los
eventos [y] llegando a inferencias y conclusiones que se
abstraen del expediente administrativo,” específicamente al
concluir que D.A.C.O. notificó la suspensión de la vista y su
reinstalación el día antes de la misma, o sea el 25 de enero
de 2006. Más aún, entiende que D.A.C.O. podía celebrar la
vista en la fecha señalada ya que la notificación de la
celebración de la misma fue una adecuada por haber sido
realizada con tiempo suficiente, permitiéndole así a los
esposos Hernández Medina prepararse para participar en la
misma.
Por su parte, los esposos Hernández Medina sostienen que
la Juez Administrativa suspendió y reinstaló la vista
administrativa señalada para el 26 de enero de 2006 “sin
cumplir con el reglamento o debido proceso de ley o CC-2006-1008 11
reglamentos promulgados por [D.A.C.O.].”19 Específicamente,
alegan que la agencia no cumplió con los requisitos de
notificación establecidos por la sección 3.9 de la L.P.A.U.,
3 L.P.R.A. sec. 2159, una vez decidió reinstalar la
celebración de la vista administrativa que había suspendido y
que la Juez Administrativa obligó comparecer a su
representación legal a la celebración de una vista que no se
les notificó apropiadamente. Por lo anterior, alegan que no
pudieron prepararse adecuadamente para la vista que
finalmente celebró D.A.C.O. en rebeldía. Veamos.
A.
La revisión judicial de decisiones administrativas tiene
como fin primordial delimitar la discreción de los organismos
administrativos para asegurar que éstos ejercen sus funciones
conforme la ley. Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 D.P.R. 263,
279 (1999). Esta revisión comprende en esencia lo siguiente:
(1) la concesión del remedio apropiado; (2) la evaluación de
las determinaciones de hecho conforme al criterio de la
evidencia sustancial, y (3) la revisión completa y absoluta
de las conclusiones de derecho. Id., 279-280; véase además
sección 4.5 de la L.P.A.U., 3 L.P.R.A. sec. 2175. En esta
tarea, “[e]l expediente administrativo constituirá la base
exclusiva . . . para la revisión judicial ulterior.” Mun. de
San Juan v. J.C.A., supra, 280; véase además sección 3.18 de
la L.P.A.U., 3 L.P.R.A. sec. 2168; Magriz v. Empresas
Nativas, 143 D.P.R. 63 (1997). De hecho, los tribunales
19 Alegato presentado ante este Tribunal por los esposos Hernández Medina, págs. 8 y 12. CC-2006-1008 12
apelativos, como tribunales de derecho, no tienen la facultad
de realizar determinaciones sin base en el expediente de
determinado caso ante su consideración. Depto. Rec. v. Asoc.
Rec. Round Hill, 149 D.P.R. 91, 99 (1999).
Las determinaciones realizadas por las agencias
administrativas merecen gran consideración y respeto.
Municipio de San Juan v. J.P., 169 D.P.R. ___, 2006 T.S.P.R.
155; Hernández v. Centro Unido, 168 D.P.R. ___, 2006 T.S.P.R.
131. De hecho, los procedimientos y las determinaciones
administrativas están revestidos de una presunción de
corrección y regularidad. Id. Por lo anterior, la parte que
las impugne tiene que “demostrar que existe otra prueba en el
expediente que reduzca o menoscabe el valor probatorio de la
evidencia impugnada, hasta el punto de que no se pueda
concluir que la determinación de la agencia fue razonable de
acuerdo con la totalidad de la prueba que tuvo ante su
consideración.” P.C.M.E. v. J.C.A., 166 D.P.R. ___, 2005
T.S.P.R. 202, citando a Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R.
64, 131 (1998).
De acuerdo a la L.P.A.U., las determinaciones de hechos
de las agencias administrativas serán sostenidas si están
fundamentadas por evidencia sustancial que obre en el
expediente administrativo considerado en su totalidad. 3
L.P.R.A sec. 2175; Hernández v. Centro Unido, supra.
Evidencia sustancial es “aquella evidencia relevante que una
mente razonable podría aceptar como adecuada para sostener
una conclusión.” Hernández v. Centro Unido, supra; Otero v. CC-2006-1008 13
Toyota, 163 D.P.R. ___, 2005 T.S.P.R. 8. Los tribunales “no
deben intervenir o alterar las determinaciones de hechos de
un organismo administrativo,” si éstas están sostenidas por
evidencia sustancial que surja de la totalidad del expediente
administrativo. Otero v. Toyota, supra (Énfasis suplido).
Más aún, “de existir prueba conflictiva el Tribunal debe
considerar como concluyente la determinación de hecho de la
agencia” y “debe respet[ar] la determinación de credibilidad
realizada” por ésta. Padín Medina v. Administración de los
Sistema de Retiro, 172 D.P.R. ___, 2007 T.S.P.R. 146. Lo
anterior evita que se sustituya el criterio del organismo
administrativo en materia especializada por aquél del
tribunal revisor. Hernández v. Centro Unido, supra; Otero v.
Toyota, supra.
En cuanto a las conclusiones de derecho, la L.P.A.U.
dispone que éstas pueden ser revisadas “en todos sus aspectos
por el tribunal.” 3 L.P.R.A sec. 2175. No obstante, los
tribunales deben concederle gran peso y deferencia a las
interpretaciones que los organismos administrativos realizan
de las leyes y reglamentos que administran, por lo que no
pueden descartar libremente las conclusiones e interpretación
de la agencia, sustituyendo el criterio de éstas por el
propio. Hernández v. Centro Unido, supra; P.C.M.E. v.
J.C.A., supra. Así, si la interpretación de la ley o
reglamento que realiza determinada agencia administrativa es
razonable, aunque no sea la única razonable, los tribunales CC-2006-1008 14
debemos concederle deferencia. Hernández v. Centro Unido,
supra.
B.
Con la aprobación de la L.P.A.U., la Asamblea
Legislativa hizo extensivas a los procedimientos
adjudicativos celebrados por las agencias administrativas
ciertas garantías mínimas inherentes al debido proceso de
ley. Oficina del Comisionado de Seguros v. Asociación de
Empleados del E.L.A., 171 D.P.R. ___, 2007 T.S.P.R. 112;
Almonte et al. v. Brito, 156 D.P.R. 475, 482 (2002).
Específicamente la Sección 3.1 de la L.P.A.U., 3 L.P.R.A.
sec. 2151, al igual que la jurisprudencia interpretativa de
la misma, reconoce en esencia en este tipo de adjudicación
administrativa las siguientes garantías: (1) la concesión a
una vista previa; (2) oportuna y adecuada notificación; (3)
derecho a ser oído; (4) confrontarse con los testigos; (5)
presentar prueba oral y escrita a su favor; y, (6) la
presencia de un adjudicador imparcial. Almonte et al. v.
Brito, supra, 482; López y otros v. Asoc. de Taxis de Cayey,
142 D.P.R. 109, 114 (1996); Magriz v. Empresas Nativas,
supra, 70; Henríquez v. Consejo Educación Superior, 120
D.P.R. 194 (1987).
En cuanto a la notificación de la vista administrativa,
la Sección 3.9 de la L.P.A.U., 3 L.P.R.A. sec. 2159, estipula
que lo anterior tiene que realizarse por escrito a todas las
partes involucradas en el procedimiento administrativo,
consignando la fecha, hora y el lugar donde se celebrará la CC-2006-1008 15
vista adjudicativa. Almonte et al. v. Brito, supra, 482;
Depto. Rec. v. Asoc. Rec. Round Hill, supra. La notificación
debe realizarse en un término no menor de quince (15) días de
anticipación a la fecha de la vista, excepto que por causa
debidamente justificada en la propia notificación, sea
necesario acortar el referido término. 3 L.P.R.A. sec. 2159.
Este término es uno de cumplimiento estricto que las agencias
administrativas tienen que observar, y que los tribunales
tienen que hacer valer. Depto. Rec. v. Asoc. Rec. Round
Hill, supra, 99. Cabe señalar, que el propósito de esta
disposición es permitir que las partes se preparen
adecuadamente para la vista administrativa. Almonte et al.
v. Brito, supra, 482; Depto. Rec. v. Asoc. Rec. Round Hill,
supra, 98.
La L.P.A.U. permite que una parte involucrada en un
procedimiento adjudicativo administrativo solicite la
suspensión de una vista adjudicativa previamente señalada.
Específicamente, la Sección 3.12 del estatuto, 3 L.P.R.A.
sec. 2162, establece que “[e]l funcionario que presida el
procedimiento adjudicativo no podrá suspender una vista ya
señalada, excepto [cuando] se solicite por escrito con
expresión de las causas que justifican dicha suspensión.” La
referida solicitud tiene que presentarse “con cinco (5) días
de anticipación” a la fecha de la celebración de la vista
administrativa. Id. Más aún, la parte que promueva la
suspensión “deberá enviar copias de su solicitud a las demás CC-2006-1008 16
partes e interventores en el procedimiento, dentro de los
cinco (5) días señalados.” Id.
La normativa estatutaria anteriormente discutida fue
incorporada al Reglamento de Procedimientos Adjudicativos de
D.A.C.O., Reglamento Núm. 6219 de 17 de noviembre de 2000.
Dicho Reglamento regula “las investigaciones y los
procedimientos administrativos sobre querellas iniciadas por
consumidores o por el [propio] Departamento.” Id., Regla
Núm. 3. El Reglamento proscribe además la forma en que se
solicitarán las suspensiones de vistas administrativas
previamente señaladas. Específicamente la Regla Núm. 20 del
Reglamento establece lo siguiente:
20.1 Toda solicitud para transferencia y suspensión de vista deberá presentarse al Departamento: (1) inmediatamente que se conozca los fundamentos para la misma; y (2) con no menos de cinco (5) días laborables de anticipación a la fecha señalada para la vista, a menos que se trate de eventos no previsibles o fuera del control de parte solicitante.
20.2 Toda transferencia y suspensión de vista conllevará un cargo de 20.00 dólares por la parte solicitante, excepto cuando sean motivadas por el Departamento. El Juez Administrativo o el Oficial Examinador, si concede la suspensión, ordenará el pago correspondiente en un término de diez (10) días en la Oficina Regional más conveniente al obligado. El pago vendrá acompañado de una moción en cumplimiento de orden que deberá notificar a todas las partes.
20.3 Toda solicitud de suspensión deberá venir debidamente fundamentada conteniendo la evidencia acrediticia de las razones para la misma y expresar tres (3) fechas alternas dentro de los quince (15) días siguientes a partir de la fecha señalada para la vista. El Funcionario que presida la vista podrá imponer sanciones a tenor con la Regla 22 de este Reglamento cuando no se cumpla con el CC-2006-1008 17
procedimiento establecido en esta regla o se utilice con el motivo [de] dilatar los procedimientos.
Regla Núm. 20, Reglamento de Procedimientos Adjudicativos de
(Énfasis suplido)
Es importante señalar, que de acuerdo a la L.P.A.U., el
funcionario que preside determinado procedimiento
adjudicativo tiene la facultad de declarar a una parte en
rebeldía de esta no comparecer a cualquier etapa de los
procedimientos adjudicativos. 3 L.P.R.A. sec. 2160.
Específicamente, el estatuto dispone que “[s]i una parte
debidamente citada no comparece a la conferencia con
antelación a la vista, a la vista o a cualquier otra etapa
durante el procedimiento adjudicativo el funcionario que
presida la misma podrá declararla en rebeldía.” Id. Éste
podrá “continuar el procedimiento sin su participación, pero
notificará por escrito a dicha parte su determinación, los
fundamentos para la misma y el recurso de revisión
disponible.” Id.
III.
Habiendo expuesto y discutido la normativa aplicable al
caso de autos, pasamos a resolver la controversia ante
nuestra consideración.
Como adelantáramos, la Sra. Gutiérrez alegó en su
recurso que no procedía conceder la suspensión de la vista
solicitada por la representación legal de los esposos
Hernández Medina ya que ésta fue promovida mediante engaño y CC-2006-1008 18
en contravención de la Sección 3.12 de la L.P.A.U., supra, y
la Regla Núm. 20 del Reglamento de Procedimientos
Adjudicativos de D.A.C.O, supra,. Además, sostiene que el
foro apelativo intermedio fundamentó su determinación
“cambiando las fechas en que ocurrieron los eventos [y]
llegando a inferencias y conclusiones que se abstraen del
expediente administrativo,” específicamente al concluir que
D.A.C.O. notificó la suspensión de la vista y su
cumplir con el reglamento o debido proceso de ley o
reglamentos promulgados por [D.A.C.O.].”20 Específicamente,
supra, una vez decidió reinstalar la celebración de la vista
administrativa que había suspendido y que la Juez
Administrativa obligó comparecer a su representación legal a
la celebración de una vista que no se les notificó
20 Alegato presentado ante este Tribunal por los esposos Hernández Medina, págs. 8 y 12. CC-2006-1008 19
apropiadamente. Por lo anterior, alegan que no pudieron
prepararse adecuadamente para la vista que finalmente celebró
D.A.C.O. en rebeldía.
La Sra. Gutiérrez presentó una querella ante D.A.C.O.
contra los esposos Hernández Medina por alegados vicios de
construcción en la propiedad que éstos le vendieron. Luego
de varios incidentes procesales, incluyendo suspensiones de
la vista administrativa promovidas por los esposos Hernández
Medina, D.A.C.O. determinó el 23 de noviembre de 2005 señalar
la vista adjudicativa del caso para el día 26 de enero de
2006. Posteriormente, la representación legal de los esposos
Hernández Medina solicitó la suspensión de la referida vista
el 23 de enero de 2006, o sea, tres días antes de la fecha
establecida por D.A.C.O. para su celebración. Este mismo
día, la Juez Administrativa concedió la suspensión solicitada
bajo la creencia, inducida por el abogado de los esposos
Hernández Medina, de que el abogado de la Sra. Gutiérrez
estaba conforme con la misma. Sin embargo, luego que el
abogado de la Sra. Gutiérrez le informara que no estaba de
acuerdo con la suspensión, la Juez Administrativa, “para
evitar dilatar aún más los procedimientos . . . tomó la
determinación el mismo día de la notificación por vía
telefónica a las partes de la suspensión, de dejar sin efecto
la suspensión verbal y que permanezca en vigor la fecha . . . CC-2006-1008 20
para la celebración de la vista . . . pactad[a] por todas las
partes . . . desde el mes de noviembre de 2005.”21
A la luz del expediente del presente caso, entendemos
que no existe controversia en cuanto a que la solicitud de la
suspensión de la vista fue presentada ante D.A.C.O. el 23 de
enero 2006 y que en esta misma fecha se le informó a las
partes que se había concedido y posteriormente revocado la
misma. No obstante, el Tribunal de Apelaciones concluyó en
su sentencia que la Juez Administrativa notificó su
determinación de conceder y revocar la suspensión de la vista
el 25 de enero de 2006, o sea un día antes de la fecha
establecida para la celebración de la vista. Por lo
anterior, dicho foro razonó que D.A.C.O. no había notificado
adecuadamente a los esposos Hernández Medina sobre la
celebración de la vista que había accedido a suspender ya que
no lo hizo con quince (15) días de antelación a la misma,
como estipula la sección 3.9 de la L.P.A.U., supra. Entendió
que lo anterior provocó que los esposos Hernández Medina no
pudieran prepararse para participar en la vista ya que habían
descansado en la suspensión concedida.
La determinación realizada por el Tribunal de
Apelaciones se fundamentó en fechas de eventos procesales
distintas a las que refleja el expediente del presente
recurso. Esto contraviene la norma de que en el ejercicio de
la función revisora de los tribunales “[e]l expediente
administrativo constituirá la base exclusiva . . . para la
21 Resolución emitida por D.A.C.O., Apéndice al recurso de certiorari, págs. 76-77. (Énfasis suplido) CC-2006-1008 21
revisión judicial ulterior.” Mun. de San Juan v. J.C.A.,
supra, 280; véase además sección 3.18 de la L.P.A.U., supra;
Magriz v. Empresas Nativas, supra. De hecho, conocido es que
el foro apelativo intermedio, como tribunal de derecho, no
tiene la facultad de realizar determinaciones sin base en el
expediente de determinado caso ante su consideración. Depto.
Rec. v. Asoc. Rec. Round Hill, supra, 99. El tribunal de
apelaciones tenía que tener presente que “de existir prueba
conflictiva [debía] considerar como concluyente la
determinación de hecho de la agencia” y que “debe respet[ar]
la determinación de credibilidad realizada” por ésta. Padín
Medina v. Administración de los Sistema de Retiro, supra. A
la luz de lo anterior, entendemos que el Tribunal de
Apelaciones erró al concluir que la notificación de la
suspensión de la vista y su posterior revocación fue
realizada el día antes de celebrarse la misma, situación que
contrasta con las determinaciones que sobre el particular
realizó D.A.C.O. y más aún, la totalidad del expediente del
caso.
Como habíamos indicado, del expediente del presente caso
se desprende que la fecha del 26 de enero de 2006 señalada
por D.A.C.O. para la celebración de la vista adjudicativa en
controversia, había sido establecida por acuerdo entre las
partes y notificada por la agencia administrativa desde el 23
de noviembre de 2005. Cabe señalar que la referida vista,
había sido anteriormente señalada y suspendida en varias
ocasiones a instancia de los esposos Hernández Medina. De CC-2006-1008 22
otra parte, la suspensión de la vista que origina la
controversia ante nuestra consideración y su posterior
revocación fueron realizadas y notificadas el mismo día de
solicitada y concedida, o sea el 23 de enero de 2006. De
hecho, esta solicitud de suspensión de vista administrativa
fue presentada por el abogado de los esposos Hernández Medina
contrario a lo establecido por la L.P.A.U. y el Reglamento de
Procedimientos Adjudicativos de D.A.C.O. que establecen que
ésta tenía que presentarse cinco (5) días antes de la fecha
en que se celebraría la vista administrativa. Sec. 3.12 de
la L.P.A.U., 3 L.P.R.A. sec. 2162; Regla Núm. 20 del
Reglamento de Procesos Adjudicativos de D.A.C.O., supra. Al
así proceder, la representación legal de los esposos
Hernández Medina se expuso a las consecuencias de su falta de
diligencia en el trámite que debió seguir en relación a la
querella presentada contra sus representados.
A la luz de lo discutido anteriormente, entendemos que
la conclusión del tribunal apelativo de que la reinstalación
de la vista infringió el debido proceso de ley de la parte
querellada al alegadamente no poder prepararse adecuadamente
para defender su caso, es una irrazonable. La representación
legal de los esposos Hernández Medina conocía desde noviembre
de 2005 que la vista ante D.A.C.O. se celebraría el 26 de
enero de 2006, por lo que tuvo tiempo suficiente con
antelación a la celebración de la vista, aproximadamente dos
meses, para prepararse y participar en los procedimientos
celebrados ante D.A.C.O. en relación a la querella presentada CC-2006-1008 23
por la Sra. Gutiérrez. De hecho, las fotos y el video de los
alegados daños sufridos por la Sra. Gutiérrez, prueba que
alegadamente necesitaba para prepararse adecuadamente para
participar en la vista y cuya ausencia motivó la solicitud de
suspensión de vista, le fue entregada por el abogado de la
querellante el 24 de enero de 2006, o sea dos días antes de
la celebración de la vista.
En esencia, estamos ante una situación en la que
D.A.C.O. meramente se retractó de la concesión de una
suspensión de vista, reinstalando la misma el mismo día de su
solicitud y concesión, por lo que entendemos que no era
necesario notificar nuevamente la fecha de la celebración de
la misma conforme requiere la sección 3.9 de la L.P.A.U.,
supra. Además, D.A.C.O. tuvo ante su consideración una
solicitud de suspensión que incumplió los requisitos
estatutarios y reglamentarios para su presentación, por lo
que entendemos que la misma no debió ni tan siquiera ser
considerada por la Juez Administrativa que tenía ante su
consideración la querella presentada por la Sra. Gutiérrez.
A la luz de los hechos del presenta caso, la celebración de
la vista se mantuvo en pie según lo pautado por D.A.C.O.
desde noviembre de 2005. Así, el abogado de los esposos
Hernández Medina tenía el deber de acudir y participar
efectivamente en la vista que celebró D.A.C.O. Al no
realizar lo anterior, llegando al punto de acudir por mera
cortesía y posteriormente abandonar los procedimientos,
D.A.C.O. se vio en la necesidad de no dilatar más la CC-2006-1008 24
consideración del caso y continuar el mismo en rebeldía
conforme como le permite la L.P.A.U. 3 L.P.R.A. sec. 2160.
Finalmente, debemos expresar que la conducta desplegada
por el abogado de los esposos Hernández Medina no es el mejor
ejemplo de aquella necesaria para adecuadamente representar y
proteger los intereses de un cliente. Ésta sin lugar a
dudas, atenta contra los principios básicos de la buena fe
procesal que deben estar presentes en todo procedimiento
adjudicativo, ya sea judicial o administrativo, en aras de
“preservar un mínimo de conducta ética en todas las
relaciones jurídicas.” J. Picó I Junoy, El principio de la
buena fe procesal, J.M. Bosch Editor, 2003, pág. 28. Así, de
ninguna forma “puede alentar[se] la conducta maliciosa o
fraudulenta de las partes, ni permitir que venza el más
diestro en el uso de las normas procesales, sino el que tenga
más razón.” Id., pág. 27. En esencia, es nuestra función
asegurarnos que quien prevalezca lo hace con honestidad, esto
es, con buena fe procesal. Conforme lo anterior, todo
abogado tiene que tener presente que “[n]o instar una
determinada actuación procesal en el momento procesal
oportuno, con el objetivo malicioso de realizarlo fuera de su
plazo legal para beneficiarse así de una situación
privilegiada y ventajosa frente a la contraparte, solo puede
tener como consecuencia su más pleno rechazo, esto es, su
inadmisión.” Id., pág. 266. Con lo cual, un acto procesal
efectuado infringiendo la buena fe, como evidentemente ha
ocurrido en el presente caso, “no puede desplegar la eficacia CC-2006-1008 25
deseada por el litigante malicioso.” Id., pág. 266. Y es
que así tiene que ser, pues de lo contrario, el principio de
la buena fe -–principio que despliega su eficacia en
todo el Derecho--quedaría como mera proclamación de un ideal
al que aspirar, sin mecanismo de protección tendente a
potenciar su virtualidad práctica.
IV.
Por los fundamentos anteriormente discutidos, procede
dictar sentencia resolviendo que D.A.C.O. actuó correctamente
al celebrar la vista administrativa en controversia en el día
que había señalado y notificado oportunamente. Conforme lo
anterior, se revoca la sentencia recurrida emitida por el
Tribunal de Apelaciones y se reinstala la determinación de
D.A.C.O. en relación a la querella de vicios ocultos
presentada por la Sra. Gutiérrez.
Se dictara sentencia de conformidad.
Anabelle Rodríguez Rodríguez Juez Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Peticionaria
José Víctor Hernández Hernández, CC-2006-1008 et al,
SENTENCIA
Por los fundamentos anteriormente expuestos en la Opinión que antecede, los cuales se incorporan íntegramente a la presente, se revoca la sentencia recurrida emitida por el Tribunal de Apelaciones y se reinstala la determinación de D.A.C.O. en relación a la querella de vicios ocultos presentada por la Sra. Gutiérrez.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo Interina. El Juez Asociado señor Rivera Pérez no intervino.
Dimarie Alicea Lozada Secretaria del Tribunal Supremo Interina