Garcia Rivera, Faustino v. Garcia Abislaiman, Faustino

• Court: Tribunal De Apelaciones De Puerto Rico/Court of Appeals of Puerto Rico
• Decided: January 26, 2024
• Docket: KLCE202301275
• Status: Published

Opinion

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES PANEL ESPECIAL

FAUSTINO GARCÍA CERTIORARI ABISLAIMÁN procedente del Tribunal de Peticionario Primera Instancia KLCE202301275 Sala Superior de v. Carolina

DAGMAR RIVERA Civil Núm.: DÁVILA Y OTROS CA2022CV01196

Recurrida Sobre: Daños y Perjuicios; enriquecimiento Injusto

Panel integrado por su presidente, el juez Bonilla Ortiz, el juez Pagán Ocasio y el juez Joel A. Cruz Hiraldo.1

Bonilla Ortiz, Juez Ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico a 26 de enero de 2024.

Comparece ante este foro el Sr. Faustino García

Abislaimán (señor García Abislaimán o el peticionario)

y nos solicita que revisemos dos (2) dictámenes; a saber,

una Orden y una Resolución, emitidas por el Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de Carolina,

notificadas el 2 y 25 de octubre de 2023,

respectivamente. Mediante la Orden, el foro primario le

impuso una fianza de no residente por la cantidad de

$1,000.00. Mientras que, en la Resolución recurrida, el

foro primario declaró No Ha Lugar a la Solicitud de

Desestimación de Reconvención instada por Tercera

Demandada Dagmar Rivera Dávila presentada por el

peticionario.

Por los fundamentos que se exponen a continuación,

DENEGAMOS el recurso de certiorari de epígrafe.

1 En virtud de la Orden Administrativa OATA-2023-198, se designa al Hon. Joel A. Cruz Hiraldo.

Número Identificador RES2024 ______________ KLCE202301275 2

I.

El 20 de abril de 2022, el Sr. Faustino García

Rivera (señor García Rivera) presentó una Demanda sobre

daños y perjuicios, y enriquecimiento injusto contra su

padre, el peticionario.2

En respuesta, el 28 de octubre de 2022, el señor

García Abislaimán presentó Contestación a Demanda,

Reconvención y Demanda Contra Tercero.3 Mediante esta,

incluyó como tercera demandada a la Sra. Dagmar María

Rivera Dávila (señora Rivera o la recurrida). En esencia

solicitó que se condenara al señor García Rivera y a la

Sra. Rivera al pago de daños punitivos, los cuales han

surgido por causa del despojo de la posesión de su

apartamento.

Luego de varias incidencias procesales, el 7 de

noviembre de 2022, el señor García Rivera presentó una

Solicitud de Imposición de Fianza de No Residente.4 En

esencia, sostuvo que el peticionario no residía en

Puerto Rico, sino que su domicilio era en Florida. Por

este motivo, solicitó que se le fijara una fianza de no

residente por una cantidad no menor de $1,000.00, y en

vista de las alegaciones del caso, una cuantía no menor

de $10,000.00.

El 9 de noviembre de 2022, el foro primario notificó

una Orden, mediante la cual le impuso al señor García

Abislaimán una fianza de no residente, so pena de

desestimarle la reconvención.5

2 Demanda, anejo I, págs. 1-6 del apéndice del recurso. 3 Contestación a Demanda, Reconvención y Demanda Contra Tercero, anejo II, págs. 7-32 del apéndice el recurso. 4 Solicitud de Imposición de Fianza de No Residente, anejo II, del

apéndice de la oposición al recurso. 5 Véase, Orden, entrada núm. 30 en el Sistema Unificado de Manejo y

Administración de Casos (SUMAC). KLCE202301275 3

En desacuerdo, el 12 de diciembre de 2022, el

peticionario presentó un recurso de certiorari ante este

Foro.6 Así las cosas, el 16 de febrero de 2023, un panel

hermano en el caso núm. KLCE202201350 denegó expedir el

recurso solicitado, puesto que, el señor García

Abislaimán no logró demostrar que el foro primario haya

actuado contrario a derecho o abusara de su discreción.7

Luego de múltiples incidencias, el 28 de septiembre

de 2023, la recurrida presentó Contestación a la Demanda

contra Tercero y Reconvención contra Tercero Demandante

Faustino García Abislaimán.8 Mediante esta, arguyó que

el peticionario tiene como único propósito hostigarla y

oprimirla, puesto que, además de la presente demanda, se

ha visto involucrada en otros casos, BY2021CV04406 y

GB2018CV00033, causándole daños emocionales y

económicos.

Posteriormente, el 29 de septiembre de 2023, la

señora Rivera presentó ante el foro primario una

Solicitud de Imposición de Fianza de No-Residente al

Tercero Demandante García Abislaimán a Favor de la

Tercera Demandada Dagmar María Rivera Dávila.9 Alegó

que, desde aproximadamente el mes de agosto de 2021, el

peticionario reside en Miami, Florida. Por lo tanto,

solicitó le fuera impuesta una fianza de no residente de

Puerto Rico, conforme la Regla 69.5 de Procedimiento

Civil, infra.

6 Véase, Moción Escrito al Expediente Judicial en cuanto a Petición de Certiorari, entrada núm. 48 en SUMAC. 7 Véase, Resolución, entrada núm. 68 en SUMAC. 8 Contestación a la Demanda contra Tercero y Reconvención contra

Tercero Demandante Faustino García Abislaimán, anejo III, págs. 33- 39 del apéndice del recurso. 9 Solicitud de Imposición de Fianza de No-Residente al Tercero

Demandante García Abislaimán a Favor de la Tercera Demandada Dagmar María Rivera Dávila, anejo IV, págs. 40-43 del apéndice del recurso. KLCE202301275 4

El 2 de octubre de 2023, el foro primario notificó

una Orden, mediante la cual le impuso una fianza de no

residente de $1,000.00 al peticionario.10

El 3 de octubre de 2023, el señor García Abislaimán

presentó dos mociones, la primera, una Solicitud de

Demandada Dagmar Rivera Dávila;11 y la segunda, la

Contestación a Reconvención.12 En síntesis, el

peticionario solicitó la desestimación de la

reconvención, por falta de una reclamación que

justifique la concesión de un remedio.

El 25 de octubre de 2023, la recurrida presentó su

oposición a la solicitud de desestimación de la

reconvención.13 Así las cosas, el 26 de octubre de 2023,

el foro primario notificó una Resolución, denegando la

solicitud de desestimación presentada por el señor

García Abislaimán.14

En cuanto a la Orden emitida por el foro primario

sobre la imposición de una fianza de no residente, el 6

de octubre de 2023, el señor García Abislaimán presentó

una solicitud de reconsideración.15 En ésta, manifestó

que la Regla 69.5 de Procedimiento Civil, infra, es

inaplicable al caso, debido a que su ausencia de la

jurisdicción de Puerto Rico se debe a una condición de

salud para la cual está recibiendo atención médica en

10 Orden, anejo V, pág. 44 del apéndice del recurso. 11 Solicitud de Desestimación de Reconvención instada por Tercera Demandada Dagmar Rivera Dávila, anejo VI, págs. 45-51 del apéndice del recurso. 12 Contestación a Reconvención, anejo VII, págs. 52-58 del apéndice

del recurso. 13 Moción en Oposición a “Solicitud de Desestimación de Reconvención

instada por Tercera Demandada Dagmar Rivera Dávila”, anejo XII, págs. 134-136 del apéndice del recurso. 14 Resolución, anejo XIII, págs. 137-138 del apéndice del recurso. 15 Urgente Solicitud de Reconsideración de Orden dictada el 2 de

octubre de 2023 sobre Imposición de Fianza de No-Residente, anejo X, págs. 92-100 del apéndice del recurso. KLCE202301275 5

Miami, Florida. A su vez, expresó que la fianza de no

residente es improcedente por cumplirse con varias

excepciones que contempla la Regla 69.5. Señaló que,

entre las excepciones se encuentra el ser el

copropietario de un bien inmueble objeto del caso.

Posteriormente, el 31 de octubre de 2023, la señora

Rivera presentó su oposición a la solicitud de

reconsideración instada por el peticionario.16 Mediante

la cual arguyó que el peticionario lleva aproximadamente

2 años residiendo en Florida, y no ha demostrado lo

contrario. A su vez, sostuvo que no es de aplicación

las excepciones que dispone la Regla 69.5 de

Procedimiento Civil, debido a que, el presente caso es

uno de daños y enriquecimiento injusto entre padre e

hijo.

Evaluados los argumentos de las partes, el 2 de

noviembre de 2023, el foro primario notificó una

Resolución denegando la solicitud de reconsideración del

peticionario.17

Aun inconforme, el 15 de noviembre de 2023, el

peticionario presentó el recurso de epígrafe y formuló

los siguientes señalamientos de error:

A. ERRÓ EL HONORABLE TPI AL IMPONER LA FIANZA DE NO RESIDENTE A PESAR DE QUE EL DEMANDADO-PETICIONARIO SR. GARCÍA ABISLAIMÁN TIENE SU RESIDENCIA EN PUERTO RICO Y SE ENCUENTRA DE PASO EN MIAMI, FLORIDA. EL TPI DETERMINÓ QUE EL SR. GARCÍA ABISLAIMÁN ES RESIDENTE DE LA FLORIDA BASÁNDOSE ÚNICAMENTE EN LA ALEGACION QUE HIZO LA TERCERA DEMANDADA, PERO EL TPI NO CELEBRÓ VISTA EVIDENCIARIA.

B. EN LA ALTERNATIVA, ERRÓ EL HONORABLE TPI AL IMPONER LA FIANZA DE RESIDENTE A PESAR DE SER IMPROCEDENTE POR CUMPLIRSE CON

16 Oposición a “Urgente Solicitud de Reconsideración de Orden dictada el 2 de octubre de 2023 sobre Imposición de Fianza de No- Residente”, anejo XIV, págs. 139-142 del apéndice del recurso. 17 Resolución, anejo XV, págs. 143-144 del apéndice del recurso. KLCE202301275 6

VARIAS EXCEPCIONES QUE LA PROPIA REGLA 69.5 DE LAS DE PROCEDIMIENTO CIVIL CONTEMPLA.

C. ERRÓ EL HONORABLE TPI AL IMPONER UNA FIANZA DE NO RESIDENTE A PESAR DE QUE LA SRA. RIVERA EN EL CASO CIVIL GB2018CV0033 ESTIPULÓ QUE EL INMUEBLE A QUE SE REFIERE ESTE CASO ES DE CARÁCTER GANANCIAL SIENDO SUS TITULARES ELLA Y EL SR. GARCÍA ABISLAIMÁN Y COMO TAL ESTÁ SUJETO A LA LIQUIDACIÓN DE LA COMUNIDAD ENTRE LAS PARTES, SEGÚN RECONOCIDO POR EL CONTADOR PARTIDOR Y EL PROPIO TRIBUNAL.

D. ERRÓ EL HONORABLE TPI AL IMPONER UNA FIANZA DE NO RESIDENTE A PESAR DE QUE LAS RECLAMACIONES POR VÍA DE RECONVENCIÓN ENTRE LA SRA. RIVERA Y EL SR. GARCÍA ABISLAIMÁN SON DISTINTAS A LAS RECLAMACIONES INCLUIDAS EN LA DEMANDA DE AUTOS, Y POR TANTO EXENTA DEL PAGO DE FIANZA DE NO RESIDENTE POR TRATARSE DE UN BIEN QUE ES PARTE DE LA COMUNIDAD DE BIENES DE AMBOS Y LOS CUALES ESTÁN SITOS EN PUERTO RICO.

E. ERRÓ EL HONORABLE TPI AL NO DESESTIMAR LA RECONVENCIÓN INSTADA POR LA SRA. RIVERA DÁVILA A PESAR DE QUE DE SU FAZ SE PUEDE CONCLUIR QUE LA MISMA NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS SUSTANTIVOS PARA QUE PUEDA PROCEDER UNA RECLAMACIÓN POR ABUSO DE DERECHO, TODA VEZ QUE LA SRA. RIVERA DÁVILA ES PARTE INDISPENSABLE EN ESTE CASO.

La parte recurrida compareció el 19 de diciembre de

2023. En esencia, solicitó que se denegara el recurso

de certiorari, puesto que los errores señalados no se

cometieron, y la decisión del foro primario no fue

parcializada o caprichosa.

Con el beneficio de la comparecencia de ambas

partes, procedemos a disponer del recurso de epígrafe.

II.

A.

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.

V, R. 52.1, delimita las instancias en que el Tribunal

de Apelaciones expedirá un recurso de certiorari para

revisar resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas

por el Tribunal de Primera Instancia. Es decir, cuando

“se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 KLCE202301275 7

y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter

dispositivo.” Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra.

Asimismo, dispone los supuestos en que este foro

intermedio podrá revisarlas, con carácter discrecional

y a manera de excepción, en las siguientes instancias:

[C]uando se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia.

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40,

establece los criterios que este foro debe tomar en

consideración al atender una solicitud de expedición de

este recurso discrecional; a saber, si el remedio y la

disposición de la decisión recurrida, a diferencia de

sus fundamentos, son contrarios a derecho. Así también,

debemos tomar en consideración si ha mediado prejuicio,

parcialidad o error craso y manifiesto en la apreciación

de la prueba por parte del foro primario.

También examinaremos si el asunto planteado exige

consideración más detenida a la luz de los autos

originales o de alegatos más elaborados, o si la etapa

del procedimiento en que se presenta el caso es la más

propicia para su consideración. Finalmente, debemos

analizar si la expedición del auto solicitado evita un

fracaso de la justicia. Véase, Regla 40 del Reglamento

del Tribunal de Apelaciones, supra.

-B-

La Regla 69.5 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.

V, busca garantizar las costas, los gastos y honorarios

de abogado en pleitos en los que el reclamante es una KLCE202301275 8

persona natural no residente. Yero Vicente v. Nimay

Auto Corp., 205 DPR 126, 130 (2020); Reyes Martínez v.

Oriental Fed. Sav. Bakn, 133 DPR 15, 20 (1983). Debido

a que, podría resultar difícil para la parte afectada

recobrar esas partidas fuera de nuestra jurisdicción.

Íd., Vaillant v. Santander, 147 DPR 338 (1988). A su

vez, busca desalentar pleitos frívolos e inmeritorios.

Yero Vicente v. Nimay Auto Corp., supra, pág. 130;

Pereira v. Reyes de Sims, 126 DPR 220 (1990).

La Regla 69.5 de Procedimiento Civil, supra, sobre

la fianza de no residentes, establece:

Cuando la parte reclamante resida fuera de Puerto Rico o sea una corporación extranjera, el tribunal requerirá que preste fianza para garantizar las costas, los gastos y los honorarios de abogados a que pueda ser condenada. […]

Transcurridos sesenta (60) días desde la notificación de la orden del tribunal para la prestación de la fianza o de la fianza adicional, sin que ésta haya sido prestada, el tribunal ordenará la desestimación del pleito.

No se exigirá prestación de fianza a las partes reclamantes que residan fuera de Puerto Rico cuando:

(a) se trate de una parte litigante insolvente que esté expresamente exceptuada por ley para el pago de aranceles y derechos de presentación;

(b) se trate de un copropietario o una copropietaria en un pleito que involucra una propiedad sita en Puerto Rico y al menos otro de los copropietarios u otra de las copropietarias también es reclamante y reside en Puerto Rico, o

(c) se trate de un pleito instado por un comunero o una comunera para la disolución, liquidación, partición y adjudicación de bienes sitos en Puerto Rico.

Por otra parte, la Regla 69.6 de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, establece las instancias en que no

será necesario prestar la fianza: KLCE202301275 9

(a) al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a sus funcionarios o funcionarias en su carácter oficial, a las corporaciones públicas o a las corporaciones municipales;

(b) a ninguna parte en un pleito de divorcio, de relaciones de familia o sobre bienes gananciales, a menos que el tribunal disponga lo contrario en casos meritorios;

(c) en reclamaciones de alimentos cuando el tribunal así lo ordene, y

(d) cuando se trate de una parte litigante insolvente que esté expresamente exceptuada por ley para el pago de aranceles y derechos de presentación.

Nuestro Tribunal Supremo en PPD v. Admor. Gen. de

Elecciones, 111 DPR 199, 248 (1981), expresó que el

concepto domicilio se suele confundir con el de

residencia. El tratadista Vázquez Bote explicó que el

domicilio es “el lugar de residencia habitual, en que

efectivamente se está y se quiere estar.” E. Vázquez

Bote, Concepto del domicilio en el derecho

puertorriqueño, 61 Rev. Jur. UPR 25, 50 (1992). Mientras

que, la residencia es “el lugar en que una persona se

encuentra, durante más o menos tiempo, accidental o

incidentalmente, sin intención de domiciliarse.” Íd.;

SLG Solá-Maldonado v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 688

(2011).

El tratadista Cuevas Segarra, en relación a la

Regla 69.5 de Procedimiento Civil, supra, dispuso que

“[e]l requisito de la regla se extiende a aquellos

litigantes que no son residentes durante la pendencia

del pleito. El criterio no es domicilio ni ciudadanía.”

J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil,

2da ed., San Juan, Pubs. JTS, 2011, T. V, pág. 1932. A

su vez, el tratadista expuso que “si el demandante cambia

su condición de residente durante el trámite del pleito KLCE202301275 10

y se convierte en no residente, debe prestar fianza de

no residente.” Íd.

De otra parte, la Regla 69.5, supra, proviene del

Código de Procedimiento Civil de California. Molina v.

C.R.U.V., 114 DPR 295, 304 (1983). Por lo que, el

Tribunal Supremo en el caso de Myers v. Carter, 178

C.A.2d 622, 625–626 (1960), resolvió que la Sección 1030

del Código de California, el cual establece el requisito

de fianza a no residentes, este aplicará a un domiciliado

ausente del estado, aunque sea de forma temporera.

Véase, Molina v. C.R.U.V., supra, pág. 304.

Por otra parte, en Vaillant v. Santander, supra,

pág. 347, nuestro Máximo Foro dispuso que:

Es incuestionable el carácter mandatorio de la fianza dispuesta en la Regla 69.5 de Procedimiento Civil, supra, ya que ésta es taxativa al señalar que “[c]uando el demandante residiere fuera de Puerto Rico … se le requerirá para que preste fianza para garantizar las costas, gastos y honorarios de abogados en que pudiere ser condenado.”

Por lo tanto, conforme dispone la Regla 69.5 de

Procedimiento Civil, supra, un tribunal no tiene

discreción para eximir del requisito de fianza a un

demandante no residente. Yero Vicente v. Nimay Auto

Corp., supra, pág. 134.

III.

Es preciso comenzar por destacar que la Orden y la

Resolución por las que el peticionario recurre son

susceptibles de revisión por parte de este foro, con

carácter discrecional, en virtud de la Regla 52.1 de

Procedimiento Civil, supra. Ello, por tratarse de una

Orden de imposición de fianza de no residente al

peticionario y una Resolución denegando la solicitud de

desestimación de reconvención. Así las cosas, y a la KLCE202301275 11

luz de los criterios dispuestos en nuestra Regla 40,

supra, rechazamos intervenir en los méritos, para variar

las determinaciones del foro primario.

Luego de analizar la totalidad del expediente, a la

luz de lo razonado por el foro primario en la Orden del

2 de octubre de 2023 y en la Resolución del 25 de octubre

de 2023, rechazamos ejercer nuestra facultad revisora

para expedir el recurso de epígrafe, a los efectos de

variar los dictámenes aquí impugnados. Consideramos

que, no está presente ninguno de los criterios que

establece la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de

Apelaciones, que requieran nuestra intervención con

dichas determinaciones. De igual forma, tampoco surge

que, de alguna manera, expedir el auto discrecional

solicitado evite un fracaso de la justicia.

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, DENEGAMOS el

auto discrecional solicitado.

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís Secretaria del Tribunal de Apelaciones