Font De Bardón v. Mini-Warehouse Corporation

2010 TSPR 96

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: June 17, 2010
• Docket: CC-2009-336
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Silvia Font de Bardón, su esposo José Bardón y la sociedad de Gananciales Constituida por ambos y otros Certiorari Peticionarios 2010 TSPR 96 v. 179 DPR ____ Mini-Warehouse Corporation, et al

Recurridos

Número del Caso: CC-2009-336

Fecha: 17 de junio de 2010

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Carolina Panel V

Jueza Ponente: Panel integrado por su presidente, el Juez Arbona Lago, la Jueza Cotto Vives y el Juez Salas Soler.

Abogados del a Parte Peticionaria:

Lcdo. Álvaro R. Calderon Lcda. María de Lourdes Calderón

Abogados de la Parte Recurrida:

Lcdo. Benjamín Acosta, JR. Lcda. Yazner Y. Ortiz Navedo

Abogado de los Codemandados Recurridos:

Lcdo. Héctor Cuebas Tañón Lcdo. Nelson Córdova Morales Lcdo. Roberto L. Varela Ríos

Materia: Daños y Perjuicios; Violación de Contratos

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Silvia Font de Bardón, su esposo José Bardón y la sociedad de gananciales Certiorari constituida por ambos; y otros

Peticionarios CC-2009-0336 v.

Mini-Warehouse Corporation; et al

Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada señora Pabón Charneco.

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de junio de 2010.

Comparecen ante nos Silvia Font de Bardón, et

als., en adelante, los peticionarios, y nos

solicitan la revisión de una determinación emitida

por el Tribunal de Apelaciones. Mediante dicho

dictamen, el tribunal a quo revocó una Orden del

Tribunal de Primera Instancia que había denegado

una reconvención instada por la codemandada Real

Legacy Assurance Company, Inc., en adelante, Real

Legacy, contra los peticionarios. A su vez, el

Tribunal de Apelaciones modificó la determinación

del Tribunal de Primera Instancia que declaró Con

Lugar escrito intitulado “Moción ‘In Limine’ para

Excluir Testigos Consultores” presentado por los

peticionarios. En consecuencia, el foro apelativo CC-2009-0336 2

intermedio prohibió que Real Legacy utilizara ciertos

peritos consultores, no así Unlimited Storage Corporation

h/n/c/ Mini Warehouse, Commercial Centers Management,

Inc., en adelante, Mini Warehouse.

El recurso presentado por los peticionarios nos

brinda, inter alia, la oportunidad de resolver si un

perito que haya sido consultado en preparación al caso y

que esté parcializado a favor de la posición de la parte

que solicita sus servicios, está impedido de prestar

testimonio posteriormente en el juicio. A priori,

contestamos en la negativa.

Veamos los hechos que dieron génesis a la

controversia de autos.

I.

Mini Warehouse es dueña de unas facilidades

localizadas en el Centro Industrial “La Cerámica” en el

Municipio de Carolina. El local estaba compuesto de sobre

mil (1,000) cubículos de diversos tamaños que eran

arrendados a distintas empresas y personas para el

almacenamiento de bienes muebles.

Durante las horas de la mañana del 6 de julio de

2000, ocurrió un incendió en las facilidades de Mini

Warehouse el cual consumió o damnificó parte de las

propiedades que se encontraban almacenadas en los

cubículos arrendados.

El 29 de septiembre de 2000, la parte peticionaria

Silvia Font de Bardón, su esposo José Bardón y la Sociedad CC-2009-0336 3

de Bienes Gananciales compuesta por ambos, entre otros

demandantes, y arrendatarios de Mini Warehouse para la

fecha del incendio, instaron Demanda contra Mini

Warehouse, varias compañías aseguradoras, entre ellas,

Real Legacy, y otras entidades reclamando el resarcimiento

de los daños que alegadamente les había ocasionado el

siniestro.1

Luego de varios incidentes procesales, el 14 de

octubre de 2008, Real Legacy presentó ante el Tribunal de

Primera Instancia una Reconvención y Demanda contra

Tercero Enmendada. En el escrito alegó que algunos de los

peticionarios habían incurrido en culpa o negligencia y/o

habían violado las cláusulas establecidas en el Contrato

de Arrendamiento por alegadamente mantener combustible

líquido inflamable y otros materiales peligrosos en las

propiedades arrendadas. A tales efectos, peticionaron al

Tribunal de Primera Instancia que ordenara a dichos

inquilinos a: i) resarcirle a Real Legacy la suma de

cuatro millones cuatrocientos veinticinco mil dólares

($4,425,000.00) pagada por ésta a Mini Warehouse por las

alegadas pérdidas en virtud de la Póliza Núm. CPP903E; ii)

responderle directamente a los demás peticionarios por sus

alegadas pérdidas o, en la alternativa, indemnizarle a

Real Legacy cualquier suma de dinero que ésta pudiera

1 Posteriormente, otras partes presentaron sus respectivas reclamaciones judiciales y algunas de ellas se consolidaron con el caso de autos. CC-2009-0336 4

venir obligada a pagarle a los demás peticionarios en los

casos consolidados de epígrafe, si alguna.

El 21 de octubre de 2008, la parte peticionaria

presentó escrito intitulado “Moción Solicitando la

Desestimación de la Reconvención”. Alegó que la

reconvención presentada por Real Legacy era una

compulsoria que debía formularse en una alegación

responsiva y que la misma no procedía por haberse instado

ocho (8) años después de ocurridos los hechos.

A contrario sensu, Real Legacy apuntó que la

oportunidad y la necesidad de presentar la reconvención

había surgido cuando la parte peticionaria anunció el 2 de

abril de 2008 que su perito, a saber, el Inspector Miguel

A. Cartagena Negrón, testificaría en el tribunal solamente

con relación al contenido de su Informe sobre la

investigación del incendio. Real Legacy señaló que el

aludido Informe precisaba que el fuego se había originado

en el cubículo del codemandante, Antonio Yordán Ortiz, y

que el siniestro se había propagado por la contribución de

otros materiales combustible presentes en los cubículos de

otros peticionarios.

Así las cosas, el 21 de octubre de 2008, los

peticionarios presentaron una “Moción In Limine para

Excluir Testigos Consultores”. En el escrito plantearon

que dos (2) de los peritos consultores de Real Legacy, a

saber, Jessica L. Darraby y Jerónimo Pérez Roca,

estuvieron presentes en todas las deposiciones CC-2009-0336 5

relacionadas con la reclamación del pintor Julio Rosado

del Valle, otro de los peticionarios del pleito de autos.

Alegaron que dichos peritos participaron activamente

durante el transcurso de las deposiciones asesorando

constantemente a los abogados de la parte recurrida sobre

la estrategia legal a seguir.

En su petitorio, argumentaron que existía una

diferencia entre un perito que es contratado por una parte

para testificar y un perito consultor que no va a ser

testigo en el caso. Fue su contención que los peritos

consultores eran parte del equipo de trabajo del abogado

que solicitaba sus servicios, por lo que la información

que estos brindaran era producto del trabajo del letrado.

Por lo tanto, conforme planteado por los peticionarios,

éstos debían ser excluidos toda vez que no podían prestar

testimonio como peritos imparciales en el caso.

El 3 de noviembre de 2008, Real Legacy presentó una

moción de oposición a que se excluyera el testimonio de

sus peritos. Apuntó que la distinción entre un perito

consultor y un perito testigo surgía solamente en el

contexto de descubrimiento de prueba. Además, fue su

contención que por lo general los peritos eran consultados

por los abogados de la parte que los contrataba y que por

ello no perdían su imparcialidad.

Luego de varios escritos presentados por todas las

partes, el 17 de noviembre de 2008, el Tribunal de Primera

Instancia emitió una Orden en la que denegó la CC-2009-0336 6

reconvención por ser compulsoria y por haberse presentado

tardíamente. A su vez, declaró Con Lugar la solicitud para

excluir a los peritos consultores utilizados por Real

Legacy, en particular a Jessica L. Darraby y Jerónimo

Pérez Roca.2

Inconforme con dicho dictamen, el 30 de diciembre de

2008, Real Legacy presentó una petición de certiorari ante

el Tribunal de Apelaciones. En dicha petición, impugnó la

decisión del Tribunal de Primera Instancia de no permitir

la reconvención y de ordenar la exclusión del testimonio

de sus peritos.

El 27 de febrero de 2009, el foro apelativo intermedio

expidió el auto de certiorari solicitado. Sobre el primer

extremo, el Tribunal de Apelaciones revocó la decisión del

Tribunal de Primera Instancia, por lo que permitió la

presentación de la reconvención. Descansó su decisión en

que los peticionarios no habían logrado probar que la

reconvención era improcedente, o que la misma retrasaría

los procedimientos; máxime cuando al momento en que el

Tribunal de Primera Instancia resolvió no permitir la

reconvención aun no se había celebrado la Conferencia con

Antelación al Juicio.

En cuanto al segundo extremo, a saber, la exclusión de

los peritos consultores, el distinguido Tribunal de

Apelaciones sostuvo al foro de instancia por entender que

2 Además de Jessica L. Darraby y Jerónimo Pérez Roca, Real Legacy anunció otros peritos que testificarían. En cuanto a estos peritos, el Tribunal de Primera Instancia entendió que no habían actuado como consultores y que podían ser utilizados por la recurrida. CC-2009-0336 7

no hubo abuso de discreción al emitir su dictamen. Sin

embargo, apuntó que la restricción sobre el uso de los

peritos solo aplicaba a Real Legacy y no era extensiva a

Mini Warehouse.

Insatisfechos, el 24 de marzo de 2009, los

peticionarios presentaron una Moción de Reconsideración

ante el Tribunal de Apelaciones. El foro apelativo denegó

el petitorio.

Inconformes, y luego de varios trámites ante este

Foro, el 30 de abril de 2009, los peticionarios

presentaron el recurso de autos planteando como errores:

1. Erró el Tribunal de Apelaciones al revocar al Tribunal de Primera Instancia y permitir la reconvención y demanda contra tercero radicada por Real Legacy contra Antonio Yordán y todos los demandantes.

2. Erró el Tribunal de Apelaciones al no extender la prohibición de los peritos consultores a Mini Warehouse y limitarla a Real Legacy.

Examinado el recurso, acordamos expedir. Contando con

el beneficio de la comparecencia de Real Legacy y Mini

Warehouse, procedemos a resolver.

II.

En su primer error, los peticionarios nos plantean

que incidió el Tribunal de Apelaciones al permitir la

reconvención y demanda contra tercero instada por Real

Legacy contra Antonio Yordán y todos los peticionarios. A

priori, debemos determinar si procede o no la reconvención

presentada por Real Legacy. CC-2009-0336 8

Una parte puede presentar una reclamación contra una

parte adversa a través del mecanismo de la reconvención.

Regla 11 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.

Conforme el ordenamiento procesal vigente, existen dos (2)

tipos de reconvenciones: las permisibles y las

compulsorias.

Las reconvenciones permisibles son aquellas

reclamaciones que no surgen del mismo acto, omisión o

evento que motivó la reclamación de la parte contra la que

se presenta. Regla 11.2 de Procedimiento Civil, supra. Por

otro lado, la reconvención compulsoria es aquella

reclamación, hecha por una parte contra cualquier parte

adversa, que surja del mismo acto, omisión o evento que

motivó la reclamación original y cuya adjudicación no

requiera la presencia de terceros sobre quienes el

tribunal no pueda adquirir jurisdicción. Regla 11.1 de

Procedimiento Civil, supra.

En el caso particular de las reconvenciones

compulsorias, éstas tienen que presentarse al momento de

que la parte notifique su alegación. Íd. Si no se

formulan a tiempo, “se renuncia la causa de acción que la

motiva, y quedarán totalmente adjudicados los hechos y

reclamaciones sin que el demandado pueda presentar

posteriormente una reclamación que haya surgido de los

mismos eventos”. Neca Mortg. Corp. v. A & W Dev. S.E., 137

D.P.R. 860, 867 (1995). En este caso, aplicará por

analogía, el principio de cosa juzgada, siendo concluyente CC-2009-0336 9

con relación a aquellos asuntos que pudieron haber sido

planteados y no lo fueron. Íd.; Sastre v. Cabrera, 75

D.P.R. 1, 3 (1953). El propósito de esta regla es evitar

la multiplicidad de litigios al crear un mecanismo en el

que se diluciden todas las controversias comunes en una

sola acción. Neca Mortg. Corp. v. A & W Dev. S.E., supra,

pág. 867.

Aunque las Reglas de Procedimiento Civil, supra,

disponen que una reconvención compulsoria se debe formular

en el momento de que la parte notifique su alegación,

existen algunas excepciones que relevan a la parte

demandada de presentarla en su contestación a la demanda.

En primer término, se puede presentar una

reconvención compulsoria a través de una alegación

suplementaria. Regla 11.5 de Procedimiento Civil de Puerto

Rico, supra. Este mecanismo se utiliza cuando es con

relación a una reclamación cuya exigibilidad advenga luego

de que dicha parte haya notificado su contestación a la

demanda. Íd. El objetivo de esta regla es poner al día el

litigio añadiendo alegaciones respecto a hechos que hayan

surgido con posterioridad a la alegación que se pretende

suplementar. Neca Mortg. Corp. v. A & W Dev. S.E., supra,

Otra de las instancias en las que una parte puede

presentar una reconvención compulsoria es a través de una

solicitud de enmienda a su alegación. Regla 11.6 de

Procedimiento Civil, supra. Se reconoce esta excepción en CC-2009-0336 10

aquellos casos en que una parte deje de formular una

reconvención en su contestación a la demanda por descuido,

inadvertencia o negligencia excusable, o cuando así lo

requiera la justicia. Íd.

Al momento de que los tribunales vayan a determinar

si conceden o no las enmiendas a las alegaciones, deben

ejercer su facultad liberalmente. Regla 13.1 de

Procedimiento Civil, supra; Cruz Cora v. UCB/Trans Union

P.R. Div., 137 D.P.R. 917, 922 (1995). Debemos recordar

que en nuestra jurisdicción existe una clara política

judicial a favor de que los casos se ventilen en sus

méritos. S.L.G. Sierra v. Rodríguez, 163 D.P.R. 738, 745

(2005); Valentín v. Mun. de Añasco, 145 D.P.R. 887, 897

(1997); Rivera et al. v. Superior Pkg., Inc. et al., 132

D.P.R. 115, 224 (1992). Se considera un interés importante

el que los litigantes tengan su día en corte y el que las

partes no se vean perjudicadas por los actos u omisiones

de su abogado. S.L.G. Sierra v. Rodríguez, supra, pág.

745; Rivera et al. v. Superior Pkg., Inc. et al., supra,

pág. 224.

El poder de los tribunales para permitir enmiendas a

las alegaciones es amplio, y tiene que demostrarse un

claro abuso de discreción o un perjuicio manifiesto a la

parte contraria para que se revoque la actuación del juez.

Neca Mortg. Corp. v. A & W Dev. S.E., supra, pág. 868;

Torres et al. v. Ramos, 28 D.P.R. 586, 588 (1930). CC-2009-0336 11

A pesar de que los Tribunales pueden conceder las

enmiendas de forma liberal, dicha liberalidad no es

infinita. Epifanio Vidal, Inc. v. Suro, 103 D.P.R. 793,

796 (1976). Al momento de permitir una enmienda a las

alegaciones se deben ponderar los siguientes factores: (i)

el impacto del tiempo transcurrido previo a la enmienda,

(ii) la razón de la demora, (iii) el perjuicio a la otra

parte, y (iv) la procedencia de la enmienda solicitada.

S.L.G. Sierra v. Rodríguez, supra, pág. 748.

Cada uno de estos factores debe ser examinado en

conjunto ya que ninguno de ellos opera aisladamente. Íd.

Es por ello que se ha resuelto que el paso del tiempo no

impide, ipso facto, que el Tribunal admita una enmienda.

Íd. Los tribunales deben conceder el permiso para enmendar

la demanda liberalmente, aun en etapas avanzadas de los

procedimientos. Íd., págs. 748-49; Ortiz Díaz v. R. & R.

Motors Sales Corp., 131 D.P.R. 829, 836 (1992); Granados

v. Rodriguez Estrada I, 124 D.P.R. 1, 43 (1989). De hecho,

se pueden realizar enmiendas en etapas tan avanzadas como

la Conferencia con Antelación al Juicio. S.L.G. Sierra v.

Rodríguez, supra, pág. 749. Ello se debe a que "la

conferencia preliminar al juicio, cuyo propósito es

simplificar los procedimientos, ofrece la oportunidad para

que se sometan al tribunal posibles enmiendas a las

alegaciones antes de la vista en su fondo”. Íd., pág. 749;

Ortiz Díaz v. R & R Motors Sales Corp., supra, pág. 837. CC-2009-0336 12

El factor que resulta de mayor relevancia al momento

de evaluar una solicitud de autorización para enmendar las

alegaciones es el perjuicio que puede causarse a la parte

contraria. S.L.G. Sierra v. Rodríguez, supra, págs. 749-

50. Si el permitir que una parte enmiende sus alegaciones

engendra un perjuicio indebido a la parte afectada o si la

petición se intenta enmendar en un momento irrazonable,

usualmente se prohíbe la enmienda. Íd.; Torres Cruz v.

Municipio de San Juan, 103 D.P.R. 217, 220 (1975).

Por otro lado, si no se ha causado perjuicio a la

otra parte, el que se solicite la enmienda tardíamente no

es suficiente de por sí para denegar la autorización para

enmendar. S.L.G. Sierra v. Rodríguez, supra, pág. 749;

Torres Cruz v. Municipio de San Juan, supra, pág. 220 n.

1.

También se ha dispuesto que si la enmienda altera

radicalmente el alcance y naturaleza del caso,

convirtiendo la controversia inicial en tangencial, el

permiso para concederla debe ser denegado. S.L.G. Sierra

v. Rodríguez, supra, pág. 749. Empero, “[e]l cambio de

teoría por sí solo no es suficiente para denegar el

permiso a menos que éste cause perjuicio al demandado”.

Íd., citando a J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho

Procesal Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 2000, T. I, pág.

317. CC-2009-0336 13

Analizadas las normas con relación a las

reconvenciones, procedemos a aplicarlas a los hechos

particulares de este caso.

Comencemos apuntando que la reconvención instada por

Real Legacy es una compulsoria ya que surge del mismo

evento que motivó la reclamación original; el incendio

ocurrido en las facilidades de Mini Warehouse. No

obstante, dicha reconvención no tenía que necesariamente

estar contenida dentro de la alegación responsiva de Real

Legacy. La justicia nos aconseja que, tal y como ocurrió

en este caso, la reconvención se podía traer mediante una

enmienda a las alegaciones.

Conforme surge de la Minuta de la Conferencia sobre

el Estado Procesal del caso celebrada el 10 de octubre de

2008, el Tribunal de Primera Instancia hizo constar varios

aspectos del descubrimiento de prueba que estaban

pendientes. Además, señaló que el 31 de marzo de 2009 se

celebraría otra Conferencia sobre el Estado Procesal del

caso y que el 3 de junio de 2009 se llevaría a cabo la

Conferencia con Antelación al Juicio. Por otra parte, del

expediente ante nuestra consideración surge que el 9 de

febrero de 2009 se depuso al Inspector Miguel A.

Cartagena.

Por lo tanto, aunque la enmienda se presentó varios

años después de ocurridos los hechos y de presentada la

Demanda original, para el momento en que el Tribunal de

Primera Instancia determinó no permitir la reconvención CC-2009-0336 14

aun no había culminado el descubrimiento de prueba ni se

había llevado a cabo la Conferencia con Antelación al

Juicio. Inclusive, y de medular importancia, los

peticionarios presentaron el 4 de mayo de 2009 una Cuarta

Demanda Enmendada trayendo un nuevo demandado, siendo

autorizada por el Tribunal de Primera Instancia.3

Por otro lado, la reconvención tampoco presenta un

cambio radical en la naturaleza del caso que ocasione un

perjuicio a la parte peticionaria. La enmienda está

relacionada con el incendio ocurrido en las facilidades de

Mini Warehouse el cual da lugar a la reclamación original.

Además, los fundamentos de la reconvención surgen del

Informe que rindiera uno de los peritos de los

peticionarios y sobre el cual versará su testimonio en el

tribunal. Por lo tanto, estamos convencidos de que los

peticionarios podrán prepararse adecuadamente para la

reclamación que ahora se presenta en su contra.

En conclusión, no incidió el Tribunal de Apelaciones

en su determinación de permitir que Real Legacy presentara

la reconvención solicitada.

III.

Nos corresponde ahora resolver si la decisión del

Tribunal de Apelaciones con relación a la exclusión de los

3 Debemos destacar que el nuevo demandado no había sido traído al pleito hasta ese momento y que, por ende, no ha participado en ninguna de las etapas del proceso. Al traerse este nuevo demandado al caso ello conlleva el que se presenten nuevas alegaciones, se lleve a cabo un nuevo descubrimiento de prueba, entre otras. CC-2009-0336 15

peritos consultores debe extenderse a Mini Warehouse como

es la contención de los peticionarios.

Los peticionarios plantean que, aunque los peritos

excluidos fueron contratados por Real Legacy, sirvieron de

consultores a todos los abogados de la parte recurrida,

incluyendo a Mini Warehouse. Durante el transcurso de las

deposiciones, los peritos consultores se reunieron en

privado con los abogados de todos los recurridos,

asesorándolos “por medio de señalamientos que le hicieran

al oído durante las deposiciones” y mediante notas

escritas. Argumentan que al ayudar y aconsejar a la

representación legal, estos peritos son considerados parte

del producto del trabajo de los abogados de los recurridos

lo cual los incapacita para fungir como testigos

imparciales en el caso, por lo que no deben ser permitidos

como peritos ni de Real Legacy, ni de ninguno de los otros

recurridos.

A priori, debemos destacar que, aunque nuestras

Reglas de Procedimiento Civil, supra, y Reglas de

Evidencia, In re Aprobación Reglas de Evidencia, 2009

T.S.P.R. 35, 175 D.P.R.___ (2009), contienen disposiciones

relacionadas a los peritos, la figura del perito consultor

no ha sido objeto de amplia discusión en nuestra

jurisdicción. Por tal razón, además de considerar las

normas aplicables en Puerto Rico, acudimos de manera

ilustrativa a los estatutos y a las doctrinas elaboradas

en la jurisdicción norteamericana sobre el perito CC-2009-0336 16

consultor con el propósito de lograr la más cabal solución

de la controversia ante nuestra consideración.

A.

En primer término, analicemos si bajo la doctrina del

producto del trabajo (work product) del abogado un perito

que una parte haya consultado en preparación al caso está

impedido de prestar testimonio posteriormente en el

juicio.

Un perito es una persona que, a través de la

educación o experiencia, ha desarrollado un conocimiento o

destreza sobre una materia de manera que puede formar una

opinión que sirva de ayuda al juzgador. Black´s Law

Dictionary, 8th ed., Minn., Thomson West, 2004, pág. 619.

(Traducción nuestra.) El perito es “la persona entendida,

el individuo competente, idóneo, por tener unas

determinadas aptitudes y conocimientos, por poseer una

adecuada capacidad”. San Lorenzo Trad., Inc. v. Hernández,

114 D.P.R. 704, 709 (1983).

Cuando un perito es consultado por una parte, pero no

se espera que sea llamado a testificar en el juicio, se le

conoce como perito consultor. Black´s Law Dictionary, op.

cit., pág. 619. Si, por el contrario, el perito ha sido

identificado como un testigo potencial, entonces se le

conoce como un perito testigo. Íd.

Por lo general, los peritos consultores y los peritos

testigos reciben un trato distinto durante el

descubrimiento de prueba. Tanto las Reglas de CC-2009-0336 17

Procedimiento Civil de Puerto Rico, supra, como las Reglas

de Procedimiento Civil Federal, 28 U.S.C.A. R. 1 et seq.,

reconocen que una parte puede requerirle a otra que provea

cierta información sobre sus peritos testigos que no tiene

que proveer con relación a los peritos consultores.

Bajo nuestra jurisdicción, se le puede exigir a la

otra parte que exprese la materia sobre la cual va a

declarar el perito testigo, y que entregue un resumen de

sus opiniones y una breve expresión de las teorías, hechos

o argumentos que sostienen las mismas. Regla 23.1 de

Procedimiento Civil, supra. En cambio, bajo el estatuto

federal, se requiere que se acompañe un informe que

contenga: (i) una declaración de todas las opiniones sobre

las que versará el testimonio pericial y los fundamentos

de cada una de ellas; (ii) los datos o cualquier otra

información que haya utilizado el perito en la formación

de sus opiniones; (iii) cualquier evidencia que vaya a ser

utilizada para sustentar las mismas; (iv) las

cualificaciones del perito, incluyendo una lista de todos

los trabajos que haya publicado en los últimos diez (10)

años; (v) una lista de todos los casos en los que haya

testificado como perito en los últimos cuatro (4) años, ya

sea durante una deposición o un juicio; y (vi) una

declaración de la compensación que se le debe pagar por su

estudio sobre el caso y por su testimonio en el tribunal.

Regla 26(a)(2) de Procedimiento Civil Federal, 28 U.S.C.A.

R. 26. CC-2009-0336 18

Por otro lado, en cuanto a los peritos consultores,

las Reglas de Procedimiento Civil Federal, supra,

establecen, como norma general, que una parte no puede

utilizar los mecanismos de descubrimiento de prueba para

lograr que se revelen hechos conocidos u opiniones de un

perito que ha sido contratado por otra parte con

anterioridad al pleito o en preparación al juicio y el

cual no va a ser llamado a testificar. Regla 26(b)(4) de

Procedimiento Civil Federal, supra. Solamente se permite

hacer uso de estos recursos en aquellos casos en que se

demuestre que hay circunstancias excepcionales que hagan

impráctico, para la parte que solicite que se revele la

información, el obtener por otros medios hechos u

opiniones sobre la misma materia. Íd.4

Como se puede apreciar, durante el descubrimiento de

prueba, los peritos consultores gozan de cierta protección

que no ostentan los peritos que van a testificar. Esa

distinción se debe a que esos peritos que las partes

consultan y que no van a ser sentados a testificar son

considerados personas protegidas por la doctrina del

producto del trabajo (work product) del abogado. Duplan

Corp. v. Deering Milliken, Inc., 540 F.2d 1215, 1219 (4to

Cir. 1976).

4 Debemos destacar que, aunque se explican las disposiciones contenidas en la Regla 26(a)(2) de Procedimiento Civil Federal, 28 U.S.C.A. R. 26, la nueva Regla 23.1 de Procedimiento Civil de 2009, In re Aprobación Rs. Proc. Civil, 2009 T.S.P.R. 143, 176 D.P.R. ___ (2009), vigente el 1 de julio de 2010, también contempla las normas discutidas en este acápite. CC-2009-0336 19

La doctrina del producto del trabajo (work product)

del abogado establece que las impresiones mentales,

conclusiones, opiniones o teorías legales del caso de los

abogados están exentas de ser reveladas hacia la otra

parte. Ades v. Zalman, 115 D.P.R. 514, 525 (1984). En el

caso de los consultores, los consejos que hayan ofrecido

basados en información revelada durante las comunicaciones

privadas entre éste y un cliente o su abogado pueden ser

consideradas como “opiniones” cobijadas por dicha

protección. In re Cendant Corp. Secs. Litigation, 343 F.3d

658, 665 (3er Cir. 2003).

Existen varias consideraciones de política pública

que sostienen la norma que protege las opiniones de los

peritos que no van a testificar: (i) alentar a los

abogados a que obtengan el conocimiento especializado que

sea necesario sin el temor de que su adversario pueda

obtener dicha información; (ii) evitar la injusticia que

pueda surgir al permitir que una parte se beneficie del

esfuerzo y los gastos de la otra parte; (iii) impedir que

los peritos se cohíban de fungir como consultores por

miedo a que su testimonio pueda ser compelido; y (iv)

evitar el perjuicio que puede causar a la parte que

consultó al perito el que se le permita a su adversario el

poder llamar en el juicio al perito que ofreció una

opinión desfavorable. Plymovent Corp. v. Air Technology

Solutions, Inc., 243 F.R.D. 139, 143 (D. N.J. 2007). CC-2009-0336 20

A la luz de la doctrina examinada, se desprende que,

por lo general, la información que los peritos consultores

le han ofrecido al cliente o al abogado está exenta de ser

revelada hacia la otra parte. No obstante, hay que señalar

que aunque existe un trato diferente en la etapa del

descubrimiento de prueba entre los peritos consultores que

no van a testificar y los peritos que van a prestar su

testimonio en el tribunal, ni las Reglas de Procedimiento

Civil de Puerto Rico, ni las Reglas de Procedimiento Civil

Federal prohíben el que una parte pueda renunciar a su

derecho a que no sea descubierta la información que le ha

provisto un perito consultor. Tampoco prohíben el que un

perito consultor pueda testificar en un tribunal.

Es una estrategia común de litigio que los abogados

decidan acudir a peritos consultores para evaluar la

evidencia disponible y poder llegar a unas conclusiones

preliminares manteniendo la protección contra el

descubrimiento de prueba. Oklahoma v. Tyson Foods, Inc.,

2009 U.S. Dist. LEXIS 72022 at 31 (N.D. Okla. 2009). Si

las opiniones preliminares no son favorables para la parte

que los consultó, el abogado no va a incluir al consultor

en su lista de peritos que van a testificar en el caso.

Íd. A contrario sensu, si las opiniones son afines con la

teoría del abogado sobre el caso, el letrado entonces

designará al consultor como un perito testigo. Íd.

Si un perito que una parte haya consultado en

preparación al litigio luego testifica en el tribunal, el CC-2009-0336 21

efecto es que pierde la protección de la doctrina del

producto del trabajo (work product) del abogado. Douglas

v. University Hospital, 150 F.R.D. 165, 168 (E.D. Mo.

1993). Por lo tanto, la información que haya ofrecido

estaría sujeta a ser revelada mediante los mecanismos del

descubrimiento de prueba. Íd. No obstante, nada impide que

un perito consultor pueda posteriormente prestar

testimonio en el tribunal con relación al caso al que fue

consultado. La decisión de una parte de sentar o no a

testificar a un perito consultor es una estrategia de

litigio que le compete tomar únicamente a dicha parte.

A tenor con lo expuesto, determinamos que bajo la

doctrina del producto del trabajo (work product) del

abogado no existe ningún impedimento para que un perito

consultor pueda prestar testimonio en un juicio.

B.

Nos resta por analizar cómo la alegada falta de

imparcialidad de un perito consultor afectará el que

posteriormente pueda testificar en el tribunal.

Conforme con las Reglas de Evidencia, supra, se

permite que una persona capacitada como perito pueda

testificar, en forma de opiniones o de otra manera, cuando

su conocimiento científico, técnico o especializado sea de

ayuda a la juzgadora o al juzgador para poder entender la

prueba o determinar un hecho en controversia. Íd., Regla

702. CC-2009-0336 22

Para que una persona quede cualificada como perito,

por un lado, es necesario que posea el conocimiento,

destreza, experiencia, adiestramiento o instrucción

suficiente para calificarlo como experto o perito en el

asunto sobre el cual va a prestar testimonio. Íd., Regla

703(a). Por otro lado, se requiere además que el

testimonio sirva de ayuda al juzgador promedio para

entender la evidencia o adjudicar un hecho en

controversia; de lo contrario, no se debe permitir la

prueba pericial. E.L. Chiesa Aponte, Tratado de Derecho

Probatorio, San Juan, Publicaciones JTS, 2005, T. I, pág.

498.

Al hacer la determinación de admisibilidad del

testimonio pericial, el Tribunal debe tomar en cuenta los

siguientes factores: (i) el riesgo de causar perjuicio

indebido; (ii) el riesgo de causar confusión; (iii) el

riesgo de causar desorientación del jurado; (iv) la

dilación indebida de los procedimientos; y (v) la

innecesaria presentación de prueba acumulativa. In re

Aprobación Reglas de Evidencia, supra, Reglas 702 y 403.

El juez tiene amplia discreción con relación a la

admisión o exclusión de prueba pericial, y sus

determinaciones deben ser sostenidas a menos que sean

claramente erróneas. Salem v. United States Lines Co., 370

U.S. 31, 35 (1962). Si concluye que un testigo no tiene

las cualidades requeridas para declarar como perito con

relación a la materia que se está investigando, puede CC-2009-0336 23

excusarlo. Del Toro v. La Corte Municipal, 16 D.P.R. 93,

96 (1910). En ese caso, de no demostrarse que el juez

abusó de su discreción al excluir a un perito, la

resolución que emita a tales efectos no puede ser revocada

a causa de error. United States v. Lennick, 18 F.3d 814,

821 (9no Cir. Mont. 1994); Del Toro v. La Corte Municipal,

supra, pág. 96. Sin embargo, la discreción del juez no

está libre de restricciones. Hawes v. Chua, 769 A.2d 797,

801 (D. C. 1997). Su ejercicio debe estar basado en

principios legales adecuados. Íd.

Una vez el juez determina que un testigo está

cualificado como perito o las partes estipulan su

cualificación, se puede presentar prueba sobre el valor

probatorio del testimonio pericial para impugnar o

sostener su credibilidad. In re Aprobación Reglas de

Evidencia, supra, Reglas 109 y 703(c).5 El valor probatorio

del testimonio va a depender de: “(a) si el testimonio

está basado en hechos o información suficiente; (b) si el

testimonio es el producto de principios y métodos

confiables; (c) si la persona testigo aplicó los

principios y métodos de manera confiable a los hechos del

caso; (d) si el principio subyacente al testimonio ha sido

5 La Regla 109 de Evidencia establece que el tribunal determinará las cuestiones preliminares en torno a la capacidad de una persona para ser testigo. In re Aprobación Reglas de Evidencia, 2009 T.S.P.R. 35, 175 D.P.R.___ (2009), Regla 109 de Evidencia. No obstante, ello no limita el que las partes puedan presentar evidencia ante el jurado que sea pertinente al valor probatorio o la credibilidad de la evidencia que se admitió. Por otra parte, la Regla 703 de Evidencia dispone que la estipulación que se haga con relación a la calificación de una persona como perito no excluye el que las partes puedan presentar evidencia sobre el valor probatorio del testimonio pericial. Íd., Regla 703 de Evidencia. CC-2009-0336 24

aceptado generalmente en la comunidad científica; (e) las

calificaciones o credenciales de la persona testigo; y (f)

la parcialidad de la persona testigo”. Íd., Regla 702.

Según mencionáramos anteriormente, al momento de que

el tribunal determine si un testigo cualifica como perito

y, por ende, si es admisible su testimonio pericial, lo

que se requiere es que posea un conocimiento científico,

técnico o especializado que sea de ayuda a la juzgadora o

al juzgador para poder entender la prueba o determinar un

hecho en controversia. Íd. El que un testigo sea imparcial

no es una condición que se exija para calificar a una

persona como perito. United States v. Williams, 81 F.3d

1434, 1441 (7mo Cir. 1996).

Existe una postura que establece que en determinados

casos la parcialidad puede afectar la cualificación de un

perito. Se ha argumentado que si se está ante una

situación en que no exista independencia del perito

respecto a la parte o los abogados de ésta, dicho perito

carecerá de la credibilidad necesaria para servir de ayuda

al juzgador de los hechos. Trigon Ins. Co. v. U.S., 204

F.R.D. 277, 295 (E.D. Va. 2001). Su testimonio pericial

simplemente no podrá ayudar al juzgador a entender la

prueba presentada o determinar un hecho en controversia;

lo cual es una condición sine qua non para la

admisibilidad del testimonio pericial. Íd. Ello se debe a

que cuando un perito se convierte en defensor de la causa,

éste se aparta de ser un perito objetivo, y cualquier CC-2009-0336 25

testimonio que preste puede inducir a error y ser

injustamente perjudicial. Véanse, Conde v. Velsicol

Chemical Corp., 804 F.Supp. 972, 984 (S.D. Ohio 1992);

Viterbo v. Dow Chemical Co., 646 F.Supp. 1420, 1425-

1426 (E.D. Tex. 1986); Johnston v. U.S., 597 F.Supp. 374,

411 (D.C. Kan. 1984).

No obstante, las Reglas de Evidencia de Puerto Rico

disponen claramente que la parcialidad es un elemento que

se tomará en consideración al evaluar el valor probatorio

del testimonio pericial. In re Aprobación Reglas de

Evidencia, supra, Reglas 702. Es un factor que va dirigido

al peso del testimonio y no a su admisibilidad o a las

cualificaciones de la persona como perito. Veánse, United

States v. Abonce-Barrera, 257 F.3d 959, 965 (9no. Cir.

2001); DiCarlo v. Keller Ladders, Inc., 211 F.3d 465, 468

(8vo Cir. 2000); U.S. v. Kelley, 6 F.Supp.2d 1168,

1183 (D. Kan. 1998); United States v. Williams, supra,

pág. 1441. Se trata de una circunstancia que afecta la

credibilidad del testigo la cual será evaluada en su

momento por el juzgador de los hechos. DiCarlo v. Keller

Ladders, Inc., supra, pág. 468; United States v. Abonce-

Barrera, supra, pág. 965.

Reconocemos que la parcialidad del testimonio

pericial puede representar un serio obstáculo para la

búsqueda de la verdad y para la consecución del propósito

de dicha prueba, que es servir de ayuda al juzgador.

Chiesa Aponte, op. cit., Tomo 1, pág. 526. Sin embargo, el CC-2009-0336 26

sentido común, el contrainterrogatorio,6 los argumentos de

los abogados de la parte contraria, el testimonio que

ofrezcan los peritos de la demás partes y, de ser

necesaria, una instrucción adecuada del tribunal,

normalmente permiten que el juzgador de los hechos evalúe

adecuadamente el testimonio de un perito. Conde v.

Velsicol Chemical Corp., supra, pág. 986.

Además, es una norma reiterada en nuestra

jurisdicción que el juzgador de hechos no está obligado a

aceptar las conclusiones de un perito. Pueblo v. Montes

Vega, 118 D.P.R. 164, 170-71 (1986); Pueblo v. Marcano

Pérez, 116 D.P.R. 917, 928 (1986); Velázquez v. Ponce

Asphalt, 113 D.P.R. 39, 48 (1982); Pueblo v. Dones, 56

D.P.R. 211, 222 (1940). Por lo tanto, si luego de evaluar

el testimonio pericial, el juzgador concluye que no merece

credibilidad, tiene la facultad de rechazarlo. Pueblo v.

Dones, supra, pág. 222.

A tenor con lo expuesto, el hecho de que un perito

consultor pueda estar parcializado hacia la parte que lo

presenta, no lo descalifica, ipso facto, para testificar

en el juicio. La parcialidad será un elemento a considerar

al evaluar el valor probatorio de dicho testimonio. El

efecto que tenga sobre el peso de su testimonio el hecho

6 Sobre el contrainterrogatorio a los peritos, la Regla 707 de Evidencia, supra, dispone que: “[t]oda persona testigo que declare en calidad de perita podrá ser contrainterrogada siempre sobre sus calificaciones como perita, el asunto objeto de su opinión pericial y los fundamentos de su opinión”. In re Aprobación Reglas de Evidencia, supra. Por lo tanto, el abogado de la parte contraria podrá demostrar la parcialidad del perito durante el contrainterrogatorio. U.S. v. Kelley, 6 F.Supp.2d 1168, 1183 (D. Kan. 1998); Sears v. Rutishauser, 102 Ill.2d 402 (Ill. 1984). CC-2009-0336 27

de que haya sido consultado por una parte en preparación

al litigio, es una situación a ser determinada por el

juzgador de los hechos. Véase, ITT Industrial Credit Co.

v. Milo Concret Co., Inc., 31 N.C.App. 450, 460 (N.C.App.

1976).

En el caso de autos, los peritos Jessica L. Darraby y

José Pérez Roca no estaban descalificados para ejercer

como peritos testigos por el simple hecho de que hayan

sido los consultores de los recurridos. El que Real Legacy

o Mini Warehouse hayan consultado a dichos peritos en

preparación al caso y posteriormente hayan decidido

sentarlos a testificar, es una estrategia de litigio que

se realiza frecuentemente la cual no está prohibida en

nuestra jurisdicción.

Por otra parte, aunque el Tribunal de Primera

Instancia tiene discreción para determinar si una persona

posee las cualidades suficientes para permitirle

testificar como perito, la parcialidad de Jessica L.

Darraby y José Pérez Roca no es un factor que se tome en

consideración al determinar dicha cualificación.

Para que ambos peritos puedan testificar en el caso,

es necesario que se demuestre que ellos poseen el

conocimiento, destreza, experiencia, adiestramiento o

instrucción necesarias sobre el asunto del cual van a

prestar testimonio y que sus declaraciones sirvan de ayuda

al juzgador para entender la prueba o determinar un hecho

en controversia con relación a las alegadas pérdidas CC-2009-0336 28

sufridas por el pintor Julio Rosado del Valle. Si se

determina que Jessica L. Darraby y José Pérez Roca están

debidamente cualificados para declarar como peritos,

entonces el elemento de parcialidad se puede utilizar para

atacar el valor probatorio de sus testimonios.

En este caso, a través del contrainterrogatorio que

se les haga a Jessica L. Darraby y José Pérez Roca, los

argumentos que presenten los abogados de los peticionarios

y los testimonios de los peritos que ofrezca, se puede

indagar sobre la posible parcialidad de estos peritos. De

esta manera, el juzgador de los hechos podrá percatarse

sobre la presencia o no de parcialidad, y decidirá si

descarta o no el testimonio pericial que ofrezcan Jessica

L. Darraby y José Pérez Roca.7

En consecuencia, concluimos que Real Legacy puede

utilizar a Jessica L. Darraby y José Pérez Roca como

peritos en el juicio. De igual forma, resolvemos que Mini

Warehouse también puede hacer uso de ellos aun cuando se

alegue que Jessica L. Darraby y José Pérez Roca están

parcializados hacia la posición de los recurridos.

7 Destacamos que aun si adoptáramos la postura de que se deba excluir testimonio pericial por falta de independencia del perito hacia la parte o el abogado que los consulta, la misma no sería de aplicación a los hechos de este caso. El hecho de que Jessica L. Darraby y José Pérez Roca hayan participado activamente en varias de deposiciones no los convierte en personas dependientes de alguna de las partes de forma que haya que excluir su testimonio. Los peticionarios no han demostrado que Jessica L. Darraby y José Pérez Roca tengan algún interés particular en el resultado del litigio que los convierta en defensores de la causa de Real Legacy. Aunque es cierto que estos peritos recibirán una compensación por el testimonio que proveerán en el tribunal, sus honorarios deben ser satisfechos independientemente de la parte que prevalezca en el pleito. CC-2009-0336 29

IV.

Por los fundamentos expuestos, confirmamos el

dictamen del Tribunal de Apelaciones en cuanto a permitir

la presentación de la reconvención, y revocamos en cuanto

a excluir el testimonio de los peritos Jessica L. Darraby

y José Pérez Roca. Devolvemos el caso al Tribunal de

Primera Instancia para la continuación de los

procedimientos.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Mildred G. Pabón Charneco Jueza Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Silvia Font de Bardón, su esposo José Bardón y la sociedad de gananciales constituida por ambos; y otros

Peticionarios CC-2009-0336 Certiorari v.

Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada señora Pabón Charneco.

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos, confirmamos el dictamen del Tribunal de Apelaciones en cuanto a permitir la presentación de la reconvención, y revocamos en cuanto a excluir el testimonio de los peritos Jessica L. Darraby y José Pérez Roca. Devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente señor Hernández Denton disiente con opinión escrita a la cual se une la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez. El Juez Asociado señor Rivera Pérez no intervino.

Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Silvia Font de Bardón, su esposo José Bardón y la Sociedad de Gananciales Constituida por ambos y otros

Peticionarios CC-2009-336 Certiorari

v.

Mini-Warehouse Corporation, et al Recurridos

Opinión disidente emitida por el Juez Presidente señor HERNÁNDEZ DENTON a la cual se une la Juez Asociada señora RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ.

Disentimos de la Opinión del Tribunal por

entender que no se debió permitir la reconvención de

Real Legacy Assurance Company, Inc. (Real Legacy).

Dicha aseguradora no ha aducido razón válida alguna

para no haberla presentado a tiempo, a tenor de lo

dispuesto en las Reglas de Procedimiento Civil y la

jurisprudencia interpretativa de este Foro. Entendemos

que la Opinión del Tribunal no refleja que se haya

considerado correctamente el asunto, sobre todo en

vista de la complejidad de este pleito y del número de

años que lleva ante los tribunales.

A nuestro juicio, permitir la reconvención en

controversia implicaría un retraso indebido en la CC-2009-336 2

adjudicación final de este caso y, además, un fracaso de la

justicia. En efecto, con esta decisión este Tribunal le envía

un mensaje a los tribunales de instancia de que no le

preocupa la lentitud de los procesos judiciales. En virtud de

nuestro rol como Juez Presidente de este Foro no podemos

avalar dicho proceder. Por ello, disentimos.

El incendio que dio lugar al caso de epígrafe se suscitó

el 6 de julio de 2000 en los almacenes de Mini-Warehouse

Corporation en Carolina (Mini-Warehouse). Como parte de la

investigación que se inició sobre el suceso, el Sr. Miguel

Cartagena Negrón, Inspector-Fire Marshal de la División de

Investigación de Incendios de la Policía, visitó el lugar y

preparó un informe.8 Dicho informe indica, entre otras cosas,

que

[e]n las áreas de los edificios afectados por el fuego, donde colapsó, se pudo apreciar que algunos cubículos poseían gran cantidad de material combustible ordinarios (papel, mobiliario, cajas, etc.) También se encontró almacenamiento de tanques de gas de 20 libras en varios cubículos, tanques de gasolina o mezclas para cortadores de grama, latas de “sinner” [sic], pinturas y otros productos que pueden incrementar el poder de combustión, ya que estos son acelerantes y crean un enorme potencial de calor. El 29 de septiembre de 2000, más de cien inquilinos de

Mini-Warehouse presentaron una demanda en contra de dicha

compañía y de sus aseguradoras. Específicamente, reclamaron

las pérdidas que le causó el incendio. Real Legacy, una de

8 A pesar de que el informe no esta fechado, éste indica que se requirió su presencia “en el lugar del incendio el 7 de julio del año en curso.” CC-2009-336 3

las aseguradoras de Mini-Warehouse y co-demandada, contestó

la demanda el 19 de diciembre de 2000. No obstante, casi ocho

años más tarde presentó una reconvención contra todos los

demandantes. Alegó, en apretada síntesis, que el informe del

Inspector–Fire Marshal establecía que algunos inquilinos

almacenaron en sus cubículos material altamente combustible

que agravó y facilitó la propagación del incendio, lo cual

constituía un incumplimiento de contrato.

Oportunamente, los demandantes se opusieron y alegaron

que se trataba de una reconvención compulsoria que debió ser

formulada mediante alegación responsiva. Adujeron que no se

trataba de una reconvención mediante alegación suplementaria,

pues su exigibilidad no surgió después de Real Legacy haber

contestado la demanda, sino del mismo hecho que dio lugar a

la reclamación original: el incendio. Real Legacy ripostó que

no fue hasta que los demandantes informaron que el Inspector-

Fire Marshal testificaría sobre el informe, “cuando se

establece oficialmente la materia sobre la cual se propone

declarar el Inspector-Fire Marshal [sic] Miguel Cartagena

Negrón, que surge la base factual para la reconvención”.

(Énfasis suplido.) Apéndice 3 del Recurso de Certiorari, pág.

14.

Por su parte, el Tribunal de Primera Instancia no

permitió la reconvención instada por Real Legacy. Sin

embargo, el Tribunal de Apelaciones revocó y determinó que

los demandantes “no ha[n] podido demostrar que la

reconvención no procede. Tampoco ha[n] podido demostrar que

la reconvención retrasará los procedimientos, máxime si CC-2009-336 4

consideramos que el tribunal al momento de no permitir la

reconvención no ha celebrado la conferencia con antelación al

juicio”. Silvia Font de Bardón, et al v. Mini-Ware-House

Corporation, et al, KLCE0801846.

Mediante la decisión que emite el Tribunal en el día de

hoy se confirma la determinación del Tribunal de Apelaciones

y se permite la reconvención de Real Legacy.

Como es sabido, las reconvenciones compulsorias son

aquellas que se deben formular mediante alegación responsiva

“siempre que surja del acto, omisión o evento que motivó la

reclamación de la parte adversa.” Regla 11.1 de Procedimiento

Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Si una reconvención compulsoria

no se formula a tiempo, es decir, mediante alegación

responsiva, se renuncia la causa de acción y quedarán

totalmente adjudicados, con efecto de cosa juzgada, los

hechos y las reclamaciones que hayan surgido del mismo

evento. Neca Mortg. Corp. v. A&W Dev. S.E., 137 D.P.R. 860,

867 (1995). Esta es la regla general.

No obstante, las reglas de Procedimiento Civil contemplan

una excepción para aquellas ocasiones en las que una parte

deja de formular una reconvención por descuido, inadvertencia

o negligencia excusable, o cuando así lo requiera la

justicia. Regla 11.6 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap.

III. Dicha regla permite que, a modo de excepción y con el

permiso del tribunal, una parte pueda formular la

reconvención mediante enmienda. Esta regla aplica tanto a las

reconvenciones compulsorias como a las permisibles, pero CC-2009-336 5

según de desprende claramente de su texto, es preciso que

exista una situación especial para que el tribunal,

ejerciendo su discreción, la permita.

Por otro lado, la Regla 11.5 dispone que una parte, con

permiso del tribunal, puede formular una reconvención cuya

exigibilidad advenga después de la parte haber notificado su

contestación. Regla 11.5 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A.

Ap. III. Es decir, esta regla permite que se presente una

reconvención, incluso una compulsoria, si ésta madura luego

de que se haya sometido la alegación responsiva. J.A. Cuevas

Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, Pubs.

J.T.S., 2001, T. 1, pág. 297. En otras palabras, se podrá

presentar una reconvención suplementaria sólo cuando al

momento de contestar no se hayan tenido aún todos los

elementos de la reclamación, por no haber ésta madurado. Esta

regla también requiere que el tribunal ejerza su discreción.

La enmienda que permite la Regla 11.6, supra, y la

reconvención suplementaria de la Regla 11.5, supra, deberán

permitirse liberalmente por el tribunal cuando lo requiera la

justicia. Así se dispone explícitamente en el propio texto de

la regla que regula las enmiendas a las alegaciones. La Regla

13.1 de Procedimiento Civil. 32 L.P.R.A. Ap. III. Además,

hemos indicado que un tribunal debe evaluar cuatro factores a

la hora de ejercer su discreción en estos casos: (1) el

impacto del tiempo transcurrido previo a la enmienda; (2) la

razón de la demora; (3) el perjuicio causado a la otra parte;

y (4) la procedencia de la enmienda solicitada. S.L.G. Sierra

v. Rodríguez, 163 D.P.R. 738, 748 (2005) citando a Epifanio CC-2009-336 6

Vidal, Inc. v. Suro, 103 D.P.R. 793, 796 (1975). En dicho

caso enfatizamos que es necesario prestar especial atención

al perjuicio causado a la otra parte. A estos efectos,

expresamos que “[c]iertamente, éste debe ser el factor

determinante, puesto que carece de importancia el tiempo que

haya pasado desde la presentación original de la demanda o la

naturaleza de la enmienda, si ésta resulta inocua a la

justicia o a la parte contraria”. S.L.G. Sierra v. Rodríguez,

supra, pág. 750.

Es preciso, pues, que cuando se trate de una reconvención

que debió formularse en una alegación respondiente la parte

que la presente demuestre que su omisión se debió al

descuido, la inadvertencia, a la negligencia excusable o que

así lo requiere la justicia. Es esa parte, la que solicita el

beneficio de la excepción, quien deberá demostrar por qué no

la formuló mediante alegación respondiente, según lo requiere

la regla general. Por supuesto, si la parte alega a

satisfacción del tribunal que se trata de una alegación

suplementaria, porque su reconvención no estuvo madura hasta

ese momento, no tendrá que demostrar que fue por descuido,

inadvertencia o negligencia excusable, pues el momento en que

advendría madura su reclamación estaba fuera de su control.

Al evaluar si se debe permitir la reconvención omitida o la

suplementaria el tribunal deberá considerar los cuatro

factores enunciados en S.L.G. Sierra v. Rodríguez, supra.

La controversia en el caso de autos versa, sin duda,

sobre una reconvención compulsoria. Real Legacy alega que, CC-2009-336 7

según surge del informe del Inspector-Fire Marshal, los

demandantes almacenaban combustibles peligrosos en sus

cubículos, por lo que responden por los daños causados por el

fuego. La Opinión del Tribunal, sin embargo, no analiza si

estamos ante una reconvención compulsoria omitida o una

reconvención por alegación suplementaria. Entendemos que ello

es vital para determinar si procedía o no permitir la

reconvención.

Como indicamos anteriormente, Real Legacy sostiene que no

fue hasta el 2 de abril de 2008, cuando los demandantes

indicaron que el Inspector-Fire Marshal testificaría sobre el

informe, que surge la base factual para la reconvención. Es

decir, Real Legacy pretende establecer que la exigibilidad de

la causa de acción que supuestamente posee contra los

demandantes surgió cuando éstos anunciaron que el Inspector-

Fire Marshal testificaría sobre su informe oficial y que no

rendiría otro informe. De ésta forma, la aseguradora busca

establecer que su reclamación debe permitirse mediante

reconvención por alegación suplementaria. No le asiste la

razón.

La exigibilidad de una reclamación, incluyendo una hecha

mediante reconvención, corresponde al momento en que surge

una causa de acción. Es posible que una parte advenga en

conocimiento de la existencia de una causa de acción como

consecuencia del descubrimiento de prueba. Así, por ejemplo,

sería posible que Real Legacy hubiese desconocido que tenía

pudiera tener una reclamación en contra de los demandantes

hasta que algún perito rindiera su informe. Sin embargo, ello CC-2009-336 8

sería independiente de la forma en la que el perito de la

parte contraria vaya a testificar y sólo dependería del

momento en que se obtuvo o pudo razonablemente obtenerse la

información que evidenciaba la existencia de una posible

reclamación. El factor determinante es si Real Legacy sabía o

debió saber de los elementos de su causa de acción contra los

demandantes y no si el perito de los demandantes testificaría

sobre su informe o si rendiría uno nuevo.

De un examen cuidadoso de los autos originales de este

caso surge claramente que en ninguno de sus escritos se

encuentra aseveración alguna de Real Legacy en la que tan

siquiera insinúe que desconocía el contenido del informe del

Inspector-Fire Marshall y que por eso no reconvino antes. De

hecho, nunca ha indicado el momento en que tuvo conocimiento

del contenido del informe a pesar de que es muy probable que,

al ser éste el informe oficial de las autoridades estatales,

haya tenido acceso a él muchos años antes de presentar su

En consecuencia, es forzoso concluir que no estamos ante

una reconvención que maduró después de que se contestó la

demanda, como alega Real Legacy. Realmente se trata de una

reconvención compulsoria que no se formuló a tiempo. Como

indicamos anteriormente, las Reglas de Procedimiento Civil,

supra, permiten -en limitadas circunstancias- que se admita

una reconvención omitida. Según el texto mismo de la Regla

11.6, supra, es necesario que se haya dejado de formular la

reconvención por descuido, inadvertencia o negligencia

excusable. Aún cuando ello se demuestre, será necesario CC-2009-336 9

evaluar los cuatro factores enunciados en S.L.G. Sierra v.

Rodríguez, supra, para determinar si procede permitir la

presentación de la reconvención.

Como ya expresamos, en ningún momento Real Legacy ha

alegado que desconociera el contenido del informe del

Inspector-Fire Marshal o que por descuido, inadvertencia o

negligencia excusable no haya podido presentar la

reconvención anteriormente. A nuestro entender, ello es

suficiente para denegar de plano la solicitud para

presentarla, pues ésta es de naturaleza compulsoria y no se

formuló con la alegación responsiva. Sin embargo, aún cuando

no procedería tan siquiera entrar a considerarlos, la

aplicación de los cuatro factores enumerados en S.L.G. Sierra

v. Rodríguez, supra, nos conduce al mismo resultado que

impide permitir la reconvención. No obstante, la Opinión del

Tribunal no tan sólo los considera, sino que los aplica

erróneamente y permite una reconvención claramente tardía.

En cuanto al primer factor, el impacto del tiempo

transcurrido antes de la enmienda, el Tribunal concluye que,

aunque la enmienda se presentó “varios años después de

ocurridos los hechos, como no ha concluido el descubrimiento

de prueba y no se ha celebrado la conferencia con antelación

al juicio, se debe permitir la reconvención”. No estamos de

acuerdo.

A la hora de analizar el primer factor es preciso tener

presente la magnitud de este pleito en relación con el tiempo

que ha transcurrido desde que inició. Este análisis implica

mucho más que determinar si se ha celebrado la conferencia CC-2009-336 10

con antelación al juicio, aunque dicho dato siempre es

relevante. Este pleito involucra a más de cien demandantes y

múltiples demandados, incluyendo a Real Legacy, y actualmente

lleva casi diez años litigándose, gran parte de ellos en

etapa de descubrimiento de prueba. Al momento en que se

presentó la reconvención, habían pasado casi ocho años desde

que Real Legacy contestó la demanda. Entendemos que la

cantidad de tiempo que ha transcurrido, independientemente de

si se ha celebrado la conferencia con antelación al juicio,

milita fuertemente en contra de permitir la reconvención. No

podemos permitir que los casos tengan vida eterna.9

En cuanto al segundo factor, la razón de la demora, ya

señalamos que Real Legacy se ha limitado a aseverar que la

“base factual” de la reconvención no surgió hasta el 2008,

cuando se anunció la naturaleza del testimonio del Inspector-

Fire Marshal. En cuanto a ello, nos reafirmamos en que dicha

aseveración es inmeritoria, según expusiéramos anteriormente.

El tercer factor, el perjuicio causado a la otra parte,

es determinante, según indicamos en S.L.G. Sierra v.

Rodríguez, supra. La Opinión del Tribunal descansa

fuertemente en dicha decisión por lo que resulta pertinente

reseñar los hechos que dieron lugar a nuestra determinación

9 Real Legacy alega que el Tribunal de Primera Instancia permitió a los demandantes presentar una Cuarta Demanda Enmendada para traer a un nuevo co-demandado y que, como “lo que es igual no es ventaja”, se les debe permitir su reconvención. Alegato de Réplica, pág. 5. Real Legacy, o cualquier parte que se opusiera a la enmienda, debió alegarlo oportunamente. Además, en vista del cuadro fáctico específico de este caso, resulta improcedente que intente escudarse en que a los demandados se le permitió una enmienda para zafarse de justificar su incumplimiento con las reglas procesales aplicables. CC-2009-336 11

en aquel momento y distinguirla del caso de autos. Dicho caso

versaba sobre una acción de división de comunidad de bienes

presentada por un matrimonio en contra de una persona que

había sostenido una relación sentimental con uno de los

cónyuges. Los demandantes solicitaron enmendar su demanda

para añadir una causa de acción por daños y perjuicios y otra

por cobro de dinero, así como para elaborar sobre hechos ya

alegados en la demanda original. Luego de analizar la

naturaleza de las enmiendas y concluir que éstas no

entrañarían perjuicio a la parte contraria, las permitimos. A

diferencia del caso ante nuestra consideración, S.L.G. Sierra

v. Rodríguez, supra, no versaba sobre una reconvención

compulsoria omitida, ni se trataba de un caso de cientos de

demandantes y múltiples demandados. Más bien, involucraba a

tres personas y, al momento en que se solicitó la enmienda a

las alegaciones, sólo habían transcurrido un año y cuatro

meses desde que se presentó la contestación a la demanda, no

casi ocho años como ocurrió en el caso de autos.

En este caso, el Tribunal no sólo ignora las marcadas

diferencias entre los hechos de ese caso y del que nos ocupa,

sino que tampoco hace un análisis adecuado sobre el posible

perjuicio que implica permitir la reconvención. Más bien, el

Tribunal despacha el asunto livianamente y virtualmente

releva de su responsabilidad a la parte que falló al no

formular oportunamente su reconvención ni demostrar que su

omisión es excusable. De esta manera se perjudica a la parte

a quien las Reglas de Procedimiento Civil, de ser aplicadas

correctamente, favorecen. Además, el proceder del Tribunal CC-2009-336 12

equivale a crear una presunción de que la enmienda procede,

la cual entonces deberá ser refutada por la parte que se

opone. Dicha acción no encuentra apoyo en nuestro

ordenamiento procesal civil.

En el caso de autos, correspondía a Real Legacy demostrar

que no les causaría perjuicio a los demandantes que se le

permitiera enmendar su contestación a la demanda para incluir

la reconvención compulsoria, mas no lo hizo. Contrario a una

mayoría de este Tribunal, entendemos que se causa un

perjuicio gravísimo a los demandantes y a los demás

demandados si, a estas alturas de los procedimientos, se le

permite a Real Legacy presentar la reconvención. Ello, pues

autorizarla conllevaría esencialmente el inicio de un nuevo

pleito con todo lo que eso implica, como, por ejemplo, nuevas

alegaciones y descubrimiento de prueba. En este caso se han

demorado prácticamente una década en realizar el

descubrimiento de prueba relativo a la demanda. Es absurdo

pensar que esta reconvención no retrasará la resolución del

caso en perjuicio de los demandantes.10

En resumen, entendemos que permitir la reconvención en

este caso es contrario a derecho, pues no responde a la

correcta aplicación de nuestras Reglas de Procedimiento

Civil, supra, ni de su jurisprudencia interpretativa. Ello

redunda en una grave injusticia para las decenas de personas

que desde hace una década reclaman ser resarcidos por la

10 En lo que respecta a la procedencia de la enmienda solicitada, es evidente que la misma no procede a la luz de lo resuelto den S.L.G. Sierra v. Rodríguez, supra. CC-2009-336 13

pérdida de la propiedad que guardaban en los almacenes de

Mini-Warehouse. Además, la decisión del Tribunal refrenda lo

que a nuestro juicio constituye una táctica dilatoria de Real

Legacy con el fin de retrasar indebidamente los

procedimientos. Es evidente que Real Legacy tenía

conocimiento del contenido del informe del Inspector-Fire

Marshal desde mucho antes de presentar la reconvención. Es

dicho documento, y no el anuncio de los demandantes de que el

Inspector-Fire Marshal declararía sobre el mismo, lo que

daría lugar a una posible reclamación de Real Legacy. Sin

embargo, el Tribunal avala este argumento y, además, emplea

erróneamente la normativa aplicable en perjuicio de la

economía procesal y de la justicia.

Premiar la desidia de dicha aseguradora permitiendo una

reconvención a estas alturas perjudica gravemente la

percepción de la ciudadanía sobre la eficiencia de los

procedimientos judiciales. En efecto, lo que hace este

Tribunal es recompensar a una parte que mediante tácticas

procesales ha impedido que se haga justicia con la rapidez

que el Pueblo de Puerto Rico espera de los que tenemos el

privilegio de ser garantes de nuestro sistema judicial.

Por todo lo anterior, disentimos.

Federico Hernández Denton Juez Presidente