EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario Certiorari v. 2018 TSPR 35 Joshua Sanders Cordero 199 ____ Recurrido
Número del Caso: CC-2017-867
Fecha: 23 de febrero de 2018
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Utuado
Oficina del Procurador General:
Lcdo. Luis R. Román Negrón Procurador General
Lcda. Laura W. Robles Vega Procuradora General Auxiliar
Abogado de la parte recurrida
Lcdo. José Rivera Jiménez
Materia: Procedimiento Criminal - Un tribunal que ordena la reproducción y entrega de unos vídeos que presuntamente contienen la identidad de un agente encubierto en funciones, sin conocer y considerar los elementos indispensables en el caso, abusa de su discreción.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Peticionario
v. CC-2017-867
Joshua Sanders Cordero
Recurrido
EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR RIVERA GARCÍA emitió la opinión del Tribunal.
(REGLA 50)
En San Juan, Puerto Rico, a 23 de febrero de 2018.
El ejercicio de la discreción judicial debe ser sano,
informado y consciente; debe garantizar una determinación
prudente que sopese los intereses envueltos cuidadosamente
sin abstracción de los elementos indispensables en el caso.
En esta ocasión tenemos la oportunidad de expresarnos en
cuanto a ciertos linderos de la discreción en un proceso de
descubrimiento de prueba. Lo anterior, particularmente,
cuando el Ministerio Público solicita una orden protectora
sobre unos videos que pondrían en peligro la seguridad y la
vida de un agente encubierto, aún en funciones, y que su
publicación revelaría las técnicas de investigación del
Estado en casos similares. Por los fundamentos que esbozamos
a continuación, determinamos que el foro de instancia abusó
de su discreción al declarar no ha lugar la solicitud de
orden protectora. CC-2017-867 2
Los hechos que dieron origen al recurso ante nuestra
consideración no están en controversia.1 Los exponemos a
continuación.
I
El Sr. Joshua Sanders Cordero (señor Sanders Cordero o
recurrido) fue acusado de infringir varias disposiciones de
la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, Ley Núm. 4
de 23 de junio de 1971, según enmendada.2 El 17 de marzo de
2017, el Ministerio Fiscal solicitó que se celebrara una
vista de necesidad para excluir del juicio al público durante
el testimonio de un agente encubierto, AE-11-10-SSF-097,
quien se encuentra en funciones. En ésta el recurrido se
allanó a que el testimonio de este agente encubierto se
celebrara en privado.3
Celebrada la vista de necesidad, y concedido el
petitorio del Ministerio Público, el señor Sanders Cordero
presentó una solicitud de descubrimiento de prueba al amparo
de la Regla 95 de Procedimiento Criminal, infra. Entre otras
cosas, solicitó que se descubriera cualquier video de
investigaciones realizadas sobre el caso.4 El 12 de junio de
2017 el Estado contestó el petitorio del recurrido. Indicó
1 Véanse la Petición de certiorari, págs. 4-7, y la Moción en oposición a petición de certiorari, pág. 5. 2 Específicamente, los Arts. 401, 403 (dos acusaciones) y 411 (dos acusaciones) de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada, 24 LPRA secs. 2401, 2403 y 2411, respectivamente. Índice de apéndice, Anejo II, págs. 34-43. 3 Íd., pág. 46. 4 Íd., pág. 50, inciso (p). CC-2017-867 3
que, “con relación a los videos, deb[ía] comunicarse con el
Fiscal que suscrib[ía]”.5 Resaltó la disposición del
Ministerio Fiscal para que los videos fueran vistos e
inspeccionados por la defensa, las veces que estimara
razonable.6 Posteriormente, el Estado presentó otro escrito
complementario en el que reiteró que la defensa podía acudir
a las oficinas de Fiscalía en Utuado para estudiar e
inspeccionar, entre otras cosas, los videos solicitados
previamente. Ello, las veces que estimara prudentes y
razonables.7
El 10 de julio de 2017, en la conferencia con antelación
al juicio, el señor Sanders Cordero señaló que el Ministerio
Público no le había provisto una copia de los videos tomados
por el Estado que presuntamente revelan las transacciones
ilegales. El Estado, por otra parte, sostuvo que la defensa
tenía conocimiento de que los referidos videos estaban
disponibles para ser examinados en Fiscalía, las veces que
estimara razonable. Destacó que los videos mostraban las
técnicas investigativas utilizadas por los agentes para
combatir el crimen y que exponer su contenido pondría en
peligro la vida y la seguridad del agente encubierto. Así
las cosas, el Tribunal de Primera Instancia señaló que el
Ministerio Fiscal tenía que descubrir de todas maneras los
5 Íd., pág. 55. 6 Íd. 7 Íd., pág. 58. CC-2017-867 4
videos, por lo cual ordenó que entregara a la defensa una
copia de éstos en un término de veinte días.8
Como consecuencia, el 19 de julio de 2017 el Ministerio
Público solicitó una orden protectora. En síntesis, arguyó
lo siguiente: primero, que el agente encubierto de los videos
aún se encontraba en funciones; segundo, que la entrega de
los videos pondría en riesgo su seguridad; tercero, que esto
a su vez dejaría al descubierto las estrategias utilizadas
por los agentes encubiertos para combatir la venta de
sustancias controladas; y, cuarto, que en vista de ello, le
había indicado a la defensa del señor Sanders Cordero que
los videos estarían disponibles para ser inspeccionados en
sus oficinas cuantas veces considerara razonable.
En desacuerdo con el petitorio del Estado, el señor
Sanders Cordero alegó que la jurisprudencia y las Reglas de
Procedimiento Criminal exigían la entrega de los videos para
preparar una defensa adecuada y contrainterrogar los
testigos.9 Arguyó que los videos debían ser descubiertos
porque “podrían ser prueba exculpatoria” y para poder ser
analizados “posiblemente mediante perito”, por existir la
probabilidad de que no hayan sido manejados conforme a
derecho.10
8 Íd., págs. 59-60. Una vez el Ministerio Público informó su
inconformidad con la decisión del foro primario y su intención de recurrir al Tribunal de Apelaciones, se concedió a las partes diez días para presentar sus argumentos por escrito. Ahora bien, cabe aclarar que la orden de que se entregaran los videos se mantuvo vigente. Íd. 9 Íd., pág. 70. 10 Íd., págs. 70-71. También expresó que los videos eran una pieza
sobre las cuales solicitaría supresión oportunamente. Íd., pág. 71. CC-2017-867 5
El Tribunal de Primera Instancia emitió una resolución
en la que declaró no ha lugar la solicitud de orden protectora
y ordenó la entrega de los videos al señor Sanders Cordero.
Resolvió que la entrega debía realizarse para que el acusado
se preparara adecuadamente, a los fines de examinarlo con un
perito y poder evaluar si fueron resguardados conforme a la
normativa de cadena de custodia.11
Inconforme, el 1 de septiembre de 2017 el Ministerio
Público presentó una Petición de certiorari ante Tribunal de
Apelaciones, junto a una solicitud en auxilio de
jurisdicción. Como este último no se había pronunciado sobre
la comparecencia del Estado, el 8 de noviembre de 2017 el
foro de instancia reiteró su orden en cuanto a que los videos
solicitados fueran entregados a la defensa y, entonces,
señaló una vista de medidas cautelares para el 12 de
diciembre de 2017.
El 27 de octubre de 2017 el foro apelativo intermedio
emitió una resolución, notificada el 4 de diciembre, en la
que denegó la solicitud en auxilio de jurisdicción y expedir
la petición de certiorari. Entendió que el recurso no
procedía porque el foro inferior no había abusado de su
discreción al declarar no ha lugar la solicitud de orden
protectora y decretó la entrega de los videos en
controversia.
11 Íd., pág. 85. CC-2017-867 6
El 8 de diciembre de 2017 el Ministerio Fiscal,
representado por la Oficina del Procurador General, presentó
ante esta Curia una Petición de certiorari junto a una
Urgente moción en auxilio de jurisdicción. Examinados los
planteamientos del Procurador General, emitimos una
resolución en la que paralizamos los procedimientos ante el
Tribunal de Primera Instancia y concedimos al señor Sanders
Cordero un término de treinta días para que mostrara causa
por la cual no debíamos expedir el auto de certiorari.
En su comparecencia ante nos, el señor Sanders Cordero
aduce que la entrega de la copia de los videos “es necesaria
e imprescindible para preparar adecuadamente su defensa
entiéndase, para determinar la autenticidad de los videos y
corroborar el principal testimonio del caso”.12 Alega que el
Ministerio Público está obligado a entregar los videos,
conforme la Regla 95 de Procedimiento Criminal y que acudir
a Fiscalía en Utuado constituye una limitación irrazonable.
Arguye que el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal de
Primera Instancia coincidieron en que procede la entrega de
los videos como parte del descubrimiento de prueba. Sostiene,
además, que no entregar la prueba infringe su debido proceso
de ley ya que los videos contienen prueba exculpatoria. Sobre
este último asunto, se sustenta en que “podrían conducir a
una determinación judicial de que la credibilidad del
12 Moción en oposición a petición de certiorari, pág. 1. CC-2017-867 7
principal testigo es altamente cuestionable”.13 Expone que el
derecho a obtener copia de los videos que le concede el
debido proceso de ley, es una razón de mayor peso que el
interés que ostenta el Estado para limitar el acceso a dicha
evidencia en las oficinas de la Fiscalía en Utuado.14
Asimismo, señala que el foro primario había tomado medidas
cautelares en el caso para proteger el interés del Estado en
salvaguardar la identidad del agente encubierto.
Expuesto el marco fáctico que antecede, procedemos a
resolver.
II
Nuestro sistema de justicia reconoce el derecho de toda
persona a defenderse de una acusación criminal en su contra
y a obtener, mediante descubrimiento de prueba, evidencia
que le favorezca.15 En innumerables ocasiones hemos resuelto
que la capacidad de descubrir prueba de un acusado es
consustancial con el derecho a defenderse adecuadamente.16
13 Íd., pág. 2. 14 Íd., pág. 12. 15Pueblo v. Arocho Soto, 137 DPR 762, 766 (1994); Pueblo v. Santa- Cruz Bacardí, 149 DPR 223, 231 (1999). El Art. II, Sec. 7 de la Constitución de Puerto Rico reconoce el derecho de toda persona a un debido proceso de ley como condición previa a ser privado de su libertad. Art. II, Sec. 7, Const. PR., LPRA, Tomo 1, pág. 301. Véanse además: Pueblo v. Custodio Colón, 192 DPR 567, 579 (2015); Pueblo v. Olmeda Zayas, 176 DPR 7, 14 (2009). De ahí que el derecho a defenderse de todo acusado en un proceso criminal en su contra sea considerado de estirpe constitucional. 16 Pueblo v. Guzmán, 161 DPR 137, 147 (2004); Pueblo v. Arzuaga, 160 DPR 520 (2003); Pueblo v. Santa-Cruz Bacardí, supra, pág. 231; Pueblo v. Arocho Soto, supra, pág. 766, al citar a Pueblo v. Echevarría, 128 DPR 299 (1991); Pueblo v. Rodríguez Sánchez, 109 DPR 243 (1979); Pueblo v. Tribunal Superior, 102 DPR 470 (1974); Hoyos Gómez v. Tribunal Superior, 90 DPR 201 (1964). CC-2017-867 8
No obstante lo anterior, la facultad para requerir
descubrimiento de prueba no es absoluta, sino que se rige,
por lo general, por las Reglas de Procedimiento Criminal en
un contexto práctico.17 En ese sentido, hemos establecido que
la solicitud que a esos efectos realice el acusado, pero se
sustente en la cláusula constitucional de debido proceso de
ley (due process), no debe tomarse de manera liviana ni abre
las puertas para que se otorgue al acusado el descubrimiento
de cualquier tipo de material o información.18
Así pues, la Regla 95 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA
Ap. II, gobierna lo concerniente al descubrimiento de prueba
del Estado a favor del acusado al consignar lo siguiente:
Regla 95. Descubrimiento de prueba del Ministerio Fiscal en favor del acusado (a) El acusado presentará moción al amparo de esta Regla dentro en un término de cumplimiento estricto de veinte (20) días contados a partir de: i) la celebración del acto de lectura de acusación en los casos que se impute la comisión de un delito grave; o ii) la primera comparecencia del acusado al proceso asistido por el abogado que habrá de
17Pueblo v. Olmeda Zayas, supra, pág. 14; Pueblo v. Custodio Colón, supra, pág. 579. Véase Regla 94, 95 y 95B de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, págs. 509-514. 18Pueblo v. Custodio Colón, supra, pág. 587. La cláusula de debido proceso de ley de nuestra Carta Magna y de la Constitución Federal solo entra en juego cuando la prueba solicitada por el acusado, o no descubierta por el Estado, resulta ser exculpatoria conforme lo resuelto en Brady v. Maryland, 373 US 83 (1963), y su progenie. Véanse, e.g.: Strickler v. Greene, 527 US 263 (1999); Wood v. Bartholomew, 516 US 1 (1996); Kyles v. Whitney, 514 US 419 (1995); United States v. Bagley, 473 US 667 (1985); Weatherford v. Bursey, 429 US 545 (1977); United States v. Agurs, 427 US 97 (1976); Ring v. United States, 419 US 18 (1974); DeMarco v. United States, 415 US 449 (1974); Giglio v. United States, 405 US 150 (1972); Giles v. Maryland, 386 US 66 (1967); Pueblo v. Custodio Colón, supra, págs. 587-588; Pueblo v. Velázquez Colón, 174 DPR 304 (2008); Pueblo v. Arzuaga, supra, pág. 535; Pueblo v. Ríos Álvarez, 112 DPR 92, 102 (1982); Pueblo v. Cancel Hernández, 111 DPR 625 (1981); Pueblo v. Rodríguez Sánchez, supra. Prueba exculpatoria es aquella que resulta favorable al acusado y que posee relevancia en cuanto a los aspectos de culpabilidad o castigo del acusado. Brady v. Maryland, supra. CC-2017-867 9
representarlo en el juicio, en los casos en que se impute la comisión de un delito menos grave. En el caso que la persona acusada manifieste que se representará por derecho propio, el tribunal deberá advertirle desde cuándo comienza a discurrir el término establecido en esta regla, así como las consecuencias de su incumplimiento. Sometida la moción de la defensa conforme a lo dispuesto en esta regla, el tribunal ordenará al Ministerio Fiscal o a cualquier agencia o instrumentalidad pública que permita al acusado inspeccionar, copiar o fotocopiar el siguiente material o información que está en posesión, custodia o control del Ministerio Fiscal o a cualquier agencia o instrumentalidad pública: (1) Cualquier declaración jurada que el Ministerio Fiscal tenga del acusado. (2) Cualquier declaración jurada de los testigos de cargo que hayan declarado en la vista para determinación de causa probable para el arresto o citación, en la vista preliminar, en el juicio o que fueron renunciados por el Ministerio Fiscal y los récords de convicciones criminales previas de éstos. (3) Cualquier resultado o informe de exámenes físicos o mentales y de experimentos o pruebas científicas que sea relevante para preparar adecuadamente la defensa del acusado o que vaya a ser utilizado en el juicio por el Ministerio Fiscal. (4) Cualquier libro, papel, documento, fotografía, objeto tangible, estructura o lugar que sea relevante para preparar adecuadamente la defensa del acusado, que el Ministerio Fiscal se propone utilizar en el juicio o que fue obtenido del acusado o perteneciera al acusado. (5) El récord de convicciones criminales previas del acusado. (6) Cualquier informe preparado por agentes de la Policía en relación con las causas seguidas contra el acusado que sea relevante para preparar adecuadamente la defensa del acusado. El descubrimiento de esta prueba estará sujeto a las siguientes condiciones: (A) Que los objetos, libros, documentos y papeles que el acusado interesa examinar se relacionan o describen con suficiente especificación; CC-2017-867 10
(B) que no afecte la seguridad del Estado ni las labores investigativas de sus agentes policiacos, y (C) la correspondiente moción del acusado sea presentada con suficiente antelación a la fecha señalada para la celebración del juicio, de manera que no haya innecesarias dilaciones en los procedimientos ni se produzcan molestias indebidas a los funcionarios del Estado. (b) El Ministerio Fiscal revelará toda aquella evidencia exculpatoria del acusado que tenga en su poder. (c) La defensa deberá incluir, junto con la solicitud de descubrimiento de prueba, las órdenes necesarias para solicitar el material o la información que prevee que el Ministerio Público no tendrá bajo su custodia, dirigidas a las personas o entidades que la poseen, custodian o controlan. El Ministerio Público deberá entregar la información y/o material solicitado que tenga bajo su custodia o control e informar al tribunal si existe algún material o información que le fue solicitada, pero que no se encuentra bajo su posesión, custodia o control, en cuyo caso el tribunal ordenará a la persona o entidad que la posea, custodie o controle, que la ponga a la disposición del acusado. (d) No estarán sujetos a descubrimiento o inspección de la defensa los escritos de investigación legal, informes, memorandos, correspondencia u otros documentos internos que contengan opiniones, teorías o conclusiones del Ministerio Fiscal. (e) Toda información y/o material que se pretenda solicitar y no esté enumerado en esta regla, deberá venir acompañado de una explicación sobre la necesidad o pertinencia que tiene el mismo para la defensa del acusado. (Énfasis suplido).
Conforme surge de la Regla 95, generalmente, el
descubrimiento de prueba a favor del acusado se realiza al
permitirle inspeccionar, copiar o fotocopiar la prueba CC-2017-867 11
solicitada.19 Empero, según mencionáramos, se desprende de la
disposición precitada que el derecho del acusado a descubrir
prueba, aunque amplio, no es absoluto ni ilimitado.20 En el
caso de prueba documental o evidencia demostrativa, tanto
real como ilustrativa, la Regla 95 establece que el
descubrimiento se realizará cuando esté presente alguna de
las circunstancias siguientes: (1) que la evidencia fue
obtenida del acusado o le pertenecía, (2) que el Ministerio
Público se propone utilizarla en el juicio, o (3) que es
relevante para preparar adecuadamente la defensa del
acusado.21 De igual manera, erigió que el descubrimiento de
prueba de aquella información o materiales recopilados por
el Estado en relación a las causas seguidas contra un acusado
está sujeto, inter alia, a que no se afecte la seguridad del
19 Al igual que la Regla 95 de Procedimiento Criminal de Puerto
Rico, la Regla 16 de Procedimiento Criminal Federal provee para el descubrimiento a favor de la defensa de documentos y objetos tangibles, reconociendo que este puede cumplirse al permitir su inspección o el que se reciba copia de la prueba. Véanse: Federal Rule of Criminal Procedure, R. 16: W. R. LaFave y otros, Criminal Procedure, 4ta ed., Thomson Reuters, 2015, Vol. V, págs. 483-484 (“Federal Rule 16 and all of the state discovery provisions provide for defense discovery of documents and tangible objects, with discovery constituting allowing inspection or receiving copies, depending upon the character of the document”.). 20 Véase Pueblo v. Olmeda Zayas, supra, págs. 14-15 (“hemos resuelto
que el derecho de un acusado a descubrir la prueba en poder del Ministerio Público surge, por lo general, de la Regla 95 de Procedimiento Criminal, supra. En este sentido, el descubrimiento de prueba que rebasa el texto de dicha regla y busca apoyo en el debido proceso de ley no es un recurso que deba invocarse livianamente. Al aprobarse nuestra Constitución, no se pretendió conceder a los acusados el derecho ilimitado de revisar los archivos del Ministerio Público ni el de exigir la entrega de todo material que pueda estar relacionado con el caso penal entablado en su contra”.); Pueblo v. Santa-Cruz Bacardí, supra, pág. 231; Pueblo v. Arocho Soto, supra, pág. 766 (“Como hemos resuelto ya, el ámbito del derecho del acusado al descubrimiento de prueba está delimitado, como norma general, por lo dispuesto en las Reglas 94, 95 y 95B de Procedimiento Criminal de Puerto Rico, 34 L.P.R.A. Ap. II […]”.). 21 Regla 95 de Procedimiento Criminal, supra; E. L. Chiesa Aponte,
Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, 1ra ed., Colombia, Ed. FORUM, 1993, Vol. III, pág. 334. CC-2017-867 12
Estado, ni las labores investigativas de los agentes del
orden público.
Cónsono con ello, a pesar de que la Regla 95 de
Procedimiento Criminal instituye el derecho del acusado a
conocer sobre la prueba allí consignada, también dispone la
posibilidad de que cualquiera de las partes solicite órdenes
protectoras que limiten, restrinjan, aplacen o condicionen
esta facultad.22 A esos efectos, en lo pertinente, la Regla
95B de Procedimiento Criminal, supra, establece que
“[m]ediante moción de cualquiera de las partes que esté
debidamente fundamentada, el tribunal podrá ordenar que el
descubrimiento o inspección sea dirigido, restringido,
aplazado o condicionado, así como emitir cualquier orden que
estime necesaria”. En este ejercicio el tribunal puede
establecer la forma en que se hará el descubrimiento, así
como los términos y condiciones que considere justos y
necesarios.23 Al amparo de esta prerrogativa judicial, cuando
el caso lo amerite, los tribunales deben acceder a una
petición de orden protectora para limitar, restringir,
aplazar o condicionar el descubrimiento de prueba. La
determinación que se realice al respecto, “descansa en la
sana discreción del tribunal que debe considerar ciertos
22 Véase Taylor v. Illinois, 484 US 400, 415 esc. 20 (1988) (“Under
the Federal Rules of Criminal Procedure and under the rules adopted by most States, a party may request a protective order if he or she has just cause for objecting to a discovery request. See, e.g., Fed. Rule Crim. Proc. 16(d)(1) […]”.). 23 Regla 95B(d) de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, pág. 514. CC-2017-867 13
elementos al realizar un balance entre los derechos del
acusado y el interés del Estado”. (Énfasis suplido).24
III
Resulta imprescindible resaltar que la Constitución de
Puerto Rico reconoce, también, el derecho fundamental a la
vida.25 Este, inequívocamente, constituye el derecho por
excelencia y de mayor jerarquía reconocido en nuestra Carta
Magna. En virtud de esta premisa, desde Pueblo v. Elicier
Díaz, 183 DPR 167 (2011), resolvimos que la identidad de un
agente encubierto en funciones constituye, de por sí, un
interés apremiante del Estado que merece y demanda nuestra
protección. Es que un agente se adentra en el propio corazón
de la conspiración y penetra los más oscuros recintos del
crimen organizado.26 Al hacerlo es inevitable que éste ponga
la integridad física y la vida en inminente peligro.27 Por
ello, allí pautamos que en circunstancias en que estuviera
presente dicho interés del Estado era posible limitar un
24Pueblo v. Custodio Colón, supra, pág. 586. El balance dependerá, inter alia, del interés que persigue proteger el Estado y de dónde emana el derecho del acusado, a saber, si se trata del descubrimiento de prueba meramente al amparo de las Regla 95 de Procedimiento Criminal o en virtud de la cláusula constitucional de debido proceso de ley. Véase además: Pueblo v. Rodríguez Sánchez, supra, pág. 248 (“El descubrimiento de prueba en el proceso criminal debe enancharse hasta donde permita la competencia entre el interés del acusado en su defensa y la confidencialidad de determinados documentos y expedientes, moderada por una discreción judicial que habrá de decidir si la utilidad que para la defensa representa esa prueba supera los intereses del Estado y de terceras personas a cuya protección va dirigida la norma de secretividad”.). 25 Const. PR, supra, pág. 301. 26 Pueblo v. Elicier Díaz, 183 DPR 167, 203 (2011). 27 Íd. CC-2017-867 14
derecho constitucional, como es el derecho a juicio público
de un acusado.28
La existencia de este interés apremiante del Estado,
sin duda, obliga a los jueces a ser sumamente cautelosos para
que en el descubrimiento de prueba la protección que se buscó
concederle no se vea frustrada inexorablemente.29 Es por esto
que aunque hemos reconocido la discreción del foro primario
al atender órdenes protectoras al amparo de la Regla 95B, lo
cierto es que, con el objetivo de hallar el balance justo y
adecuado, el tribunal debe considerar las circunstancias
particulares del caso, la prueba que solicita el acusado y
las posibles alternativas disponibles para proveer el
descubrimiento de prueba.30 Es decir, el tribunal está llamado
a realizar una evaluación completa que le permita dilucidar
si existe la necesidad de emitir alguna orden sobre la forma,
los términos y las condiciones en que se debe llevar a cabo
el descubrimiento de la prueba, conforme reconoce la Regla
95B de Procedimiento Criminal.
Veamos si el foro primario realizó dicha evaluación y
ponderó en su totalidad los intereses encontrados. De modo
28 Exigimos que, en vista de que se afectaba un derecho constitucional, la protección que el tribunal concediera al interés apremiante del Estado no fuera más amplia de lo necesaria a la luz de las circunstancias particulares del caso. Resolvimos que cerrar la vista cuando el agente encubierto en funciones declaraba cumplía con la norma establecida. Íd. 29 Véase Pennsylvania v. Ritchie, 480 US 39, 60 (1987) (“To allow
full disclosure to defense counsel in this type of case would sacrifice unnecessarily the Commonwealth’s compelling interest […]”.). 30 Véase Pueblo v. Custodio Colón, supra, pág. 586 (“Este delicado
balance tiene que realizarse tomando en consideración los hechos del caso y la totalidad de las circunstancias que rodean la acción”. (Énfasis suplido)). CC-2017-867 15
que, en efecto, se haya asegurado de que la determinación
recurrida constituye el balance que debe conseguir entre los
intereses del Estado y el derecho reconocido al acusado en
la Regla 95 de Procedimiento Criminal.
IV
En el pasado este Tribunal ha evitado intervenir con
las determinaciones que realiza el foro primario sobre el
descubrimiento de prueba, salvo aquellas instancias en que
su actuación es arbitraria o constituye un abuso de
discreción.31 En ese sentido, se ha precisado que
[l]os elementos para considerar si un tribunal incurrió en abuso de discreción son, entre otros, cuando: (1) el juez no toma en cuenta e ignora, sin fundamento para ello, un hecho material importante que no podía ser pasado por alto; (2) el juez, sin justificación y fundamento alguno para ello, le concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e inmaterial y basa su decisión exclusivamente en él, o (3) a pesar de tomar en cuenta todos los hechos materiales e importantes y descartar los irrelevantes, el juez sopesa y los calibra livianamente. (Énfasis suplido).32
En el caso de autos las partes no cuestionan la
relevancia de los videos para la acusación, ni que el
Ministerio Fiscal se propone utilizarlos en el juicio contra
el recurrido. Tampoco debaten que la Regla 95 de
Procedimiento Criminal concede al acusado el derecho a que
esta prueba sea descubierta. La controversia realmente gira
en cuanto a cómo el foro primario evaluó los planteamientos
31 Íd., pág. 588. 32 Íd., págs. 588-589. CC-2017-867 16
de las partes y la forma en que, como consecuencia, ordenó
el descubrimiento de los videos.
Un examen del trámite seguido en este caso nos convence
de que el Tribunal de Primera Instancia abusó de su
discreción al evaluar los planteamientos de las partes y
ordenar la reproducción y entrega de los videos en
controversia. Nos explicamos.
Primero, el foro primario emitió un dictamen sin conocer
el contenido de los videos y, por consiguiente, no consideró
la totalidad de las circunstancias.33 Es por esto que su
determinación no asegura el balance justo y adecuado que
debía conseguir entre los intereses del Estado y el derecho
del acusado. Para ello, por ejemplo, hubiera bastado que
estudiara en cámara los videos con el objetivo de dilucidar
si éstos mostraban la identidad del agente encubierto en
funciones y, por ende, la necesidad de conceder o no el
petitorio de las partes. Esto con el fin de determinar cuál
era la forma óptima en que se debía llevar a cabo el
descubrimiento de esta prueba.34 Así, si de la prueba se
desprende que la seguridad del agente del orden público está
en riesgo, a la luz de lo antes expuesto, la balanza podría
33Véase, e.g., Pueblo v. Dones Arroyo, 106 DPR 303, 314 (1977), en el cual el Tribunal de Primera Instancia evaluó en cámara la prueba solicitada antes de hacer su determinación. Luego de tener los elementos necesarios denegó que la prueba fuera descubierta. Cuando el caso llegó ante nuestra consideración confirmamos el dictamen recurrido. 34Chiesa Aponte, op. cit., pág. 343 (“La inspección en cámara por el juez es un mecanismo efectivo para el juez determinar si debe imponer restricciones al descubrimiento”. (Énfasis suplido).). Pennsylvania v. Ritchie, supra, pág. 60. Véanse además: Soto v. Srio. de Justicia, 112 DPR 477 (1982). CC-2017-867 17
inclinarse a no ordenar la entrega de la pieza evidenciaria
mencionada, salvo las circunstancias del caso lo hicieran
necesario.
Ciertamente hay instancias en que el examen de la prueba
en cámara no es necesario o indispensable.35 Sin embargo,
este no es el escenario. Se trata de videos que, según alegó
el Ministerio Público, la entrega podía afectar las labores
investigativas del Estado en la lucha contra la criminalidad
y poner en peligro la vida y la seguridad de sus
funcionarios.36 Esto, porque muestran transacciones de
sustancias controladas entre el agente encubierto y el
recurrido. Por su parte, el señor Sanders Cordero adujo que
la entrega de los videos es necesaria para preparar su
defensa y que contienen prueba exculpatoria. En específico,
afirmó que la entrega de éstos era indispensable para ejercer
su derecho a contrainterrogar a los testigos de cargo y que
pueden haber sido adulterados. La situación que presenta el
caso y los fundamentos expuestos por el Estado y el recurrido
requerían un examen minucioso de los videos antes de tomar
alguna determinación. Lo anterior resulta contrario a lo que
35 Véase Alderman v. United States, 394 US 165 (1969). Lo resuelto
en Alderman v. United States, supra, no aplica al caso de autos. Nunca se alegó que la obtención de los videos infringió alguna cláusula constitucional particular y que eran inadmisibles. 36Distinto a lo sucedido en Pueblo v. Tribunal Superior, supra. Allí, según aclaramos, el fiscal no alegó ni ofreció prueba de que revelación de los informes solicitados por el acusado afectaría la seguridad del Estado ya sea por poner en peligro la integridad física y la vida de un agente encubierto en funciones ni las labores investigativas de sus agentes policiacos. CC-2017-867 18
llevó a cabo el foro primario. El tribunal no podía emitir
un dictamen prácticamente a ciegas.
Nótese que el Tribunal de Primera Instancia, a pesar de
que en la resolución recurrida reconoció que estaba llamado
a hacer una evaluación sabia y cautelosa que le permitiera
hacer un balance de intereses, desde el momento en que el
Ministerio Fiscal le hizo saber su preocupación en cuanto a
las consecuencias de acceder a la entrega de los videos,
ordenó que éstos fueran entregados. Consecuentemente,
fundado en que de todos modos las Reglas de Procedimiento
Criminal establecían que los videos eran descubribles, y sin
ponderar si la entrega constituía una forma adecuada de
salvaguardar los intereses del Estado, declaró no ha lugar
la solicitud de orden protectora presentada. Perdió de
perspectiva el tribunal que el descubrimiento de prueba no
conlleva, necesariamente, que el acusado tenga el derecho a
que se le reproduzca y entregue copia de toda la prueba que
solicitó, cuando existen razones de peso que impiden tal
proceder. De ser meritorias las alegaciones del Ministerio
Público, y así justificarlo un balance justo y adecuado, el
tribunal hubiera podido limitar, restringir o condicionar el
descubrimiento de prueba de la manera que procediera, tal y
como permite la Regla 95B de Procedimiento Criminal, supra.
En segundo lugar, no podemos perder de perspectiva que,
en gran medida, el descubrimiento de prueba lo que busca es
que las partes tengan conocimiento de la evidencia que se
presentará en el juicio y en el caso del acusado también CC-2017-867 19
la que le favorezca, aunque el Ministerio Fiscal no se
proponga utilizarla para prepararse de manera adecuada.
Destacamos que en este caso no hay una negación o privación
real del descubrimiento de la prueba. El Estado nunca se ha
negado a que la defensa tenga acceso a los videos en sus
oficinas, con el fin de que puedan inspeccionarlos y
analizarlos para preparar su defensa y contrainterrogar a
los testigos de cargo. Esto no nos parece irrazonable, por
lo que descartar de plano la alternativa propuesta por el
Ministerio Público como lo hizo el Tribunal de Primera
Instancia podría resultar inapropiado.
Tercero, nuestro sistema de justicia exige que la prueba
que a Fiscalía concierna que se admita en el juicio contra
el acusado, debe ser autenticada ante el foro judicial.37
Esto incluye que se demuestre la cadena de custodia de la
prueba en cuestión, cuando se requiera.38 En instancias en
que la defensa ha tenido oportunidad de observar la prueba,
como sucede con los videos en el caso de autos, una mera
alegación de que “existe la posibilidad de que el video no
haya sido manejado de forma apropiada” no sería suficiente,
de por sí, para ordenar su entrega.
Por otra parte, aunque el foro de instancia había
señalado una vista de medidas cautelares, la evaluación que
en su origen realizó no fue completa. Por el contrario, éste
37 Véase Regla 901 de Evidencia de Puerto Rico, 32A LPRA Ap. VI. 38 Íd., inciso (b)(11). CC-2017-867 20
se limitó a ordenar la reproducción y entrega de los videos
sin considerar si, en efecto, los intereses encontrados
podían ser salvaguardados con este proceder. La situación se
agrava, como mencionamos, cuando ni se había examinado la
prueba en este caso para conocer cuál era su contenido.
Cabe aclarar que, aunque el Tribunal de Primera
Instancia había ordenado medidas cautelares en el caso cuando
determinó que el testimonio del agente encubierto se
prestaría en el juicio a puertas cerradas, estas medidas no
son aquellas que podrían ser necesarias en el descubrimiento
de prueba.39 Éstas tampoco se relacionan con las implicaciones
que tendría reproducir y entregar un video en el que se
muestre al principal testigo del caso, quien resulta ser un
agente encubierto en funciones, y que puede divulgar las
técnicas de investigación en casos similares. Es por esto
que la determinación de que el juicio se celebre en privado,
mientras declara el agente encubierto, no está relacionada
con el efecto que pueda conllevar que el descubrimiento
concedido a la defensa sea la reproducción y la entrega de
los videos en controversia.40 Se trata de dos formas distintas
en que se puede divulgar la identidad del agente encubierto
en funciones y afectarse otros intereses del Estado de gran
envergadura. De hecho, aunque estaba señalada una vista de
medidas cautelares la cual se celebraría más de un mes
39 Moción en oposición a petición de certiorari, pág. 12. 40 Contrario a lo que alega el señor Sanders Cordero en su oposición
a la Petición de certiorari ante esta Curia. CC-2017-867 21
después de ordenar la entrega de la prueba al amparo de una
valoración incompleta y deficiente, el tribunal ya había
declarado no ha lugar el petitorio del Ministerio Público.
Ese curso decisorio inevitablemente incide sobre los
intereses invocados por el Estado.
Reiteramos, el acusado y el Ministerio Fiscal no
cuestionan que el agente que participó en las transacciones
que muestran los videos aún se encuentra en funciones. Por
esta razón, cuando no existe controversia en cuanto a la
existencia de algún interés apremiante del Estado para
restringir, limitar o condicionar el descubrimiento de prueba
como sucede en este caso el tribunal debe examinar con
mayor rigor la forma en que finalmente se concederá el
descubrimiento de prueba. Así, si las circunstancias lo
ameritan, la orden que emita el foro judicial no debe estar
limitada a que se entregue la prueba solicitada. El dictamen
debe considerar y establecer, conjuntamente, las medidas y
condiciones que salvaguarden tanto los derechos del acusado
como los intereses del Estado.41
Un juez que no justiprecia la totalidad de los elementos
indispensables al momento de ordenar la reproducción y
entrega de cierta prueba, abusa de su discreción. Sería
ilógico concluir, por ejemplo, que el tribunal logró conceder
la protección que resulte forzosa, y que alcanzó un balance
41 No podemos ser tan ingenuos para ignorar que la evidencia puede
ser compartida con terceros en cuestión de instantes. CC-2017-867 22
justo y adecuado, cuando solo se limita a ordenar la entrega
de cierta prueba sin antes ponderar las medidas y condiciones
apropiadas que salvaguarden los intereses del Estado y los
derechos del acusado.
No hay duda de que la discreción constituye un poderoso
instrumento de los tribunales para hacer justicia.42 Empero,
reconocerla no se traduce en un poder absoluto para actuar
de una forma u otra con abstracción de los intereses
encontrados.43 Se trata, por el contrario, de una forma de
razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para
llegar a una solución justiciera para todas las partes
involucradas.44 En los casos en que ésta se ha reconocido,
los tribunales deben conocer y tomar en consideración los
elementos indispensables que le permitan actuar dentro de
los parámetros de su facultad discrecional. Solo de esta
forma el tribunal puede asegurarse de que la decisión
constituye el balance que se debe alcanzar. Además, ello
permite que el foro revisor considere si el juzgador tomó en
cuenta, y no ignoró, los hechos materiales importantes que
no podía pasar por alto y, por lo tanto, que la actuación
está dentro del ejercicio de su sana discreción.
A pesar de que hemos propiciado un amplio descubrimiento
de prueba como instrumento básico para hallar la verdad, lo
42 Pueblo v. Sánchez González, 90 DPR 197, 200 (1964). 43 Íd. 44 Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009); Pueblo v.
Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990); Pueblo v. Custodio Colón, supra, pág. 588; Pueblo v. Sánchez González, supra, pág. 200. CC-2017-867 23
anterior no es carta blanca que requiera que éste se realice
de la forma en que una de las partes pretende, porque le
resulta más fácil y conveniente.45 En este contexto, los
tribunales deben realizar una evaluación de los intereses
encontrados y hacer una determinación sobre la forma de
descubrir la prueba que resulte más propicia y constituya el
balance justo y adecuado al caso particular ante su
consideración. Como mencionáramos, encontrar este balance
delicado requiere que el tribunal tome en consideración los
hechos del caso y la totalidad de las circunstancias
envueltas en el tipo de prueba solicitada.46
El análisis enunciado constituye la mejor salvaguarda,
tanto para los derechos del acusado como los intereses del
Estado. Ello se debe a que comprende un examen riguroso y
completo por el tribunal de las circunstancias que rodean la
solicitud de ambas partes.
El juez, en todo caso, luego de conocer los elementos
imprescindibles para emitir su dictamen y tomarlos en
consideración, de entender que en el caso procedía de todos
modos la entrega de los videos, debió establecer de forma
clara, junto a su determinación, las condiciones y medidas
cautelares necesarias para salvaguardar los intereses
encontrados. En virtud de lo esbozado por las partes, como
mínimo estas debían establecer los siguientes parámetros: la
45 Pueblo v. Vega, supra, pág. 991. Véase además: W.J. Brennan, Discovery in Federal Criminal Cases: Remarks on Discovery, 33 FRD 47, 62-63 (1963); Pennsylvania v. Ritchie, supra, págs. 52-53. 46 Pueblo v. Custodio Colón, supra, pág. 586. CC-2017-867 24
fecha, el lugar y la hora para entregar la prueba; las
personas que tendrían acceso a ella; el uso que podrían
darle; el lugar y medios para custodiarla; modos para
preservar la confidencialidad del contenido, si fuera
necesario; y cualquier otra condición, limitación o
prohibición ineludible en el caso particular. Al no hacerlo,
y ordenar la entrega de los videos sin ponderar todos estos
elementos que no podía pasar por alto, abusó de su
discreción.
V
Por los fundamentos enunciados, expedimos el recurso de
certiorari presentado por el Ministerio Público y revocamos
la resolución recurrida emitida por el Tribunal de
Apelaciones. Por consiguiente, dejamos sin efecto la orden
de reproducir y entregar los videos en controversia y
devolvemos el caso al foro de primera instancia para que
evalúe el petitorio de las partes de conformidad con lo aquí
resuelto.
Se dictará sentencia de conformidad.
Edgardo Rivera García Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
v.
Joshua Sanders Cordero CC-2017-0867
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, los cuales se hacen formar de la presente sentencia, expedimos el recurso de certiorari presentado por el Ministerio Público y revocamos la resolución recurrida emitada por el Tribunal de Apelaciones. Por consiguiente, dejamos sin efecto la orden de reproducir y entregar los videos en controversia y devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para que evalúe el petitorio de las partes de conformidad con lo aquí resuelto.
Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Colón Pérez emitió una Opinión de Conformidad. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez no intervino.
Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Peticionario Núm. CC-2017-867 v. Joshua Sanders Cordero
Opinión de Conformidad emitida por el Juez Asociado señor COLÓN PÉREZ.
En San Juan, Puerto Rico, a 23 de febrero de 2018. Estoy conforme con el resultado al que llega una
mayoría de este Tribunal en el día de hoy, toda vez que
el mismo deja meridianamente claro que, en casos como el
de autos -– y ante el escenario de un potencial peligro
a la integridad física y a la vida de un agente encubierto
que, en funciones, realiza determinada investigación
criminal -- el Tribunal de Primera Instancia tiene la
obligación principalísima de adoptar todas aquellas
medidas que entienda necesarias para proteger la
identidad del referido agente del orden público en un
momento que resulte propicio y no en una etapa que pudiese
resultar académica. CC-2017-867 2
Ello incluye, para el juez que suscribe, la posibilidad de que
un Tribunal -- luego de aquilatar los planteamientos de todas las
partes en el litigio -- se niegue a autorizar la entrega de
cualquier pieza evidenciaria que permita que la identidad de un
agente del orden público que haya realizado cierta investigación
quede al descubierto. Los referidos funcionarios del orden público
que, día a día, arriesgan su integridad física y su vida, para
ayudar a contrarrestar la creciente ola criminal que nos afecta
como país, deben saber que –- en el ejercicio de sus funciones y
en escenarios donde no se menoscaben los derechos constitucionales
que le cobijan a toda persona acusada de delito -- siempre estarán
protegidos.
Angel Colón Pérez Juez Asociado