El Pueblo v. Muñoz Noya

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: July 31, 2020
• Docket: AC-2018-58
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico Certiorari Peticionario 2020 TSPR 76 v. 204 DPR ____ Ángel Muñoz Noya

Recurrido

Número del Caso: AC-2018-0058

Fecha: 31 de julio de 2020

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan, Panel V

Panel Sobre el Fiscal Independiente

Lcdo. Ramón Mendoza Rosario Fiscal Especial Independiente

Lcda. Leticia Pabón Ortiz Fiscal Especial Delegada

Abogados de la parte recurrida:

Lcdo. Riardo M. Prieto García Lcdo. Benjamín A. Castro Rivera

Materia: Los Fiscales Especiales Independientes tienen autoridad para presentar cargos criminales contra individuos particulares que, conforme con los hallazgos de una investigación, aparentemente delinquieron en concierto y común acuerdo con un funcionario público.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

v. AC-2018-58 Certiorari

Ángel Muñoz Noya

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR FELIBERTI CINTRÓN.

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de julio de 2020.

En el recurso ante nuestra consideración, nos

corresponde resolver si los Fiscales Especiales

Independientes (Fiscales Especiales) cuentan con

autoridad para presentar cargos criminales contra

individuos particulares que, acorde con los hallazgos

de una investigación debidamente encomendada por el

Panel sobre el Fiscal Especial independiente (Panel o

PFEI), presuntamente participaron como autores o

coautores en la alegada conducta delictiva que

involucraba a un funcionario público, inicialmente

investigado bajo la jurisdicción del PFEI.

Contestamos en la afirmativa, pues así lo confirma un

análisis integral de la Ley para crear la Oficina del AC-2018-58 2

Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, infra, y sus

respectivas enmiendas.

I. Tracto procesal y fáctico

El caso ante nuestra consideración tuvo su génesis en

diciembre de 2016 cuando el otrora Secretario de Justicia,

Lcdo. César R. Miranda (Secretario de Justicia), remitió al

PFEI una misiva junto con una investigación preliminar

preparada al amparo de la Ley para crear la Oficina del

Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, Ley Núm. 2 de

23 de febrero de 1988 (Ley del PFEI), según enmendada, 3

LPRA sec. 99h et seq. Enunció en su carta que las Divisiones

de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del

Contralor del Departamento de Justicia, tras realizar la

referida investigación preliminar, entendieron que existía

causa suficiente para concluir que el Expresidente de la

Cámara de Representantes, Sr. Jaime Perelló Borrás

(Expresidente), había cometido delito grave. En vista de

lo anterior, recomendó la designación de un Fiscal Especial

conforme al Artículo 4 de la Ley del PFEI, infra. De igual

modo, a la luz del Artículo 5, inciso (3), de la Ley del

PFEI, infra, refirió a otros individuos para evaluar si

incurrieron en conducta delictiva asociada a la del

Expresidente. Cabe resaltar que el Lcdo. Ángel Muñoz Noya

(licenciado Muñoz Noya o imputado), quien es la parte AC-2018-58 3

recurrida en el presente recurso, no se encontraba entre los

individuos referidos por el Secretario de Justicia.1

El PFEI acogió la recomendación del Secretario de

Justicia y el 20 de enero de 2017 emitió una Resolución que,

entre otros asuntos, ordenó la designación de varios

Fiscales Especiales para que investigaran a fondo las

posibles actuaciones delictivas del Expresidente y los otros

individuos. En concreto, el Panel determinó que existía

causa suficiente para creer que los individuos particulares

pudieron haber cometido en concierto y común acuerdo con el

Expresidente los delitos de enriquecimiento ilícito;

aprovechamiento ilícito de trabajo o servicios públicos;

intervención indebida en las operaciones gubernamentales;

malversación de fondos públicos; e infracción a la Ley para

la fiscalización del financiamiento de campañas políticas

en Puerto Rico, Ley Núm. 222-2011, según enmendada, 16 LPRA

sec. 621 et seq.2 En lo pertinente, la Resolución del PFEI

disponía lo siguiente:

Atendida la recomendación del Secretario de Justicia y, luego de analizar los hechos presentados en el informe de investigación preliminar, el Panel considera que debe realizarse una investigación a fondo sobre los hechos que se le atribuyen al señor Perelló Borrás y los alegados coautores, según dispone el Art. 5, inciso (3) de la Ley 2, supra. El Panel determina[,] además, consolidar este caso con el que se encuentra bajo

1 Carta del Secretario de Justicia del 29 de diciembre de 2016, Apéndice, págs. 400-401. 2 Resolución del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), Apéndice, págs. 397-398. AC-2018-58 4

investigación de la exsenadora [María Teresa González López]. En vista de ello, se determina adicionar dos fiscales especiales independientes a los previamente designados en el caso de la exsenadora (fiscales Ramón Mendoza y Manuel Núñez). En consecuencia, se designa a los Fiscales Emilio Arill y Leticia Pabón para que, en conjunto, realicen la correspondiente investigación a fondo sobre ambos casos.

. . . . . . . .

En este mandato queda expresamente incluida la encomienda —de así justificarlo la investigación que se realice por los Fiscales mencionados—, de presentar ante los tribunales de justicia las correspondientes acciones penales que procedan en derecho. (Negritas en el original suprimidas y énfasis nuestro).3

Transcurridos múltiples trámites procesales, luego de

culminar la investigación de los casos consolidados, los

Fiscales Especiales citaron para entrevista al licenciado

Muñoz Noya. Como parte de la citación, se le apercibió que

podía asistir acompañado de abogado y que su incomparecencia

podría conllevar la petición de imposición de desacato ante

un tribunal competente.4

Varios días después, la representación legal del

imputado remitió varias misivas a los Fiscales Especiales

en las que informaron que deseaban conocer la naturaleza del

proceso llevado en relación con su cliente. Añadieron que,

de tener el objetivo de recopilar información en su contra,

3 Íd., págs. 397-405. 4 Citación oficial para investigación, Apéndice, pág. 496. AC-2018-58 5

éste se amparaba en sus derechos constitucionales y no

comparecería a la citación.5

Posteriormente, los Fiscales Especiales enviaron otra

comunicación a la representación legal del imputado

indicando, en síntesis, lo siguiente: “Como es de su

conocimiento, el [PFEI] nos encomendó desarrollar una

investigación sobre actos cometidos por usted. Al día de

hoy dicha investigación ha sido finalizada y, en vista de

ello, se ha tomado la decisión de radicar denuncias en su

contra ante un Tribunal de Justicia”.6 Además, se le citó a

comparecer al acto de presentación de cargos asistido de

abogado, por ser su derecho, y fue apercibido de que su

incomparecencia provocaría la radicación de cargos en

ausencia.7

Posteriormente, los Fiscales Especiales presentaron la

Denuncia en contra del licenciado Muñoz Noya. Se le imputó

haber cometido un delito grave por violar el Artículo 14.003

(actualmente renumerado como el Artículo 13.003) de la Ley

para la fiscalización del financiamiento de campañas

políticas en Puerto Rico, Ley Núm. 222-2011, según

enmendada, 16 LPRA sec. 633c. En detalle, la Denuncia lee

como sigue:

Artículo 14.003. – Prohibiciones a Personas en Proceso de Concesiones de Permisos o Franquicias; o con Poder Adjudicativo en el

5 Carta de 1 de junio de 2017, Apéndice, págs. 497-498. 6 Carta de 22 de junio de 2017, Apéndice, pág. 500. 7 Íd. AC-2018-58 6

Proceso de Concesión de Permisos o Franquicias, vigente para el año 2013

Cometido en San Juan, Puerto Rico, entre las fechas de junio de 2013 hasta julio de 2013 de la siguiente manera:

El referido imputado, ÁNGEL MUÑOZ NOYA, entre las fechas de junio de 2013 hasta julio de 2013, estando en un proceso de otorgamiento de uno o más contratos de prestación de servicios, con la Cámara de Representantes de Puerto Rico, en San Juan, Puerto Rico, ilegal, voluntaria, maliciosa e intencionalmente, efectuó, directamente mientras duró dicho proceso de adjudicación u otorgamiento, donativos, monetario o de [sic] con el propósito de obtener, aligerar o beneficiarse de dicho permiso, franquicia, adjudicación, otorgamiento, prestación; en apoyo de un comité de campaña, comité de acción política, funcionario público, cuyos actos contienen los elementos constitutivos de soborno según el Artículo 262 de la Ley Núm. 149 de 18 de junio de 2004, según enmendada, conocida como “Código Penal del Gobierno de Puerto Rico[”], consistente en que obtuvo un contrato el 12 de julio de 2013 con la Cámara de Representantes de Puerto Rico, mientras era miembro del Comité de Finanzas de Jaime Perelló Borrás, quien era Presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, donde participaba de la organización de actividades de dicho Comité para recaudar fondos a favor de Jaime Perelló Borrás y aportó al mismo la suma de $10,000.00 por una actividad llevada a cabo el día 6 de julio de 2013, no obstante hizo efectiva dicha aportación el 12 de julio de 2013, en la misma fecha en que obtuvo el contrato con la Cámara de Representantes de PR.

Estos hechos son contrarios a la Ley, a la paz, a la honestidad y a la dignidad del Pueblo de Puerto Rico. (Énfasis en el original).8

Durante la vista de causa probable para arresto, la

representación legal del imputado argumentó que los Fiscales

8 Denuncia, Apéndice, pág. 501. AC-2018-58 7

Especiales carecían de jurisdicción para procesarlo

criminalmente. El foro primario les concedió a las partes

un término de quince (15) días para presentar memorandos de

derecho sobre el particular.

En cumplimiento con la referida orden, el imputado

presentó un Memorando de derecho en apoyo a solicitud de

desestimación por falta de jurisdicción [y] argumentación

suplementaria. Sostuvo que el Fiscal Especial carecía de

jurisdicción para presentar la denuncia en su contra porque,

en resumen, no solicitó por escrito al Panel la ampliación

de la investigación para incluirlo, privándolo de este modo

de la notificación de la investigación que exige el debido

proceso de ley y de la oportunidad para oponerse ante el

PFEI. Arguyó, además, que no existía determinación de

conflicto de interés del Secretario de Justicia que

justificara que fuera el PFEI el organismo con jurisdicción

para investigarle.9 Los Fiscales Especiales presentaron

oportunamente su oposición.10

Luego de varios incidentes procesales, el Tribunal de

Primera Instancia continuó la vista. Subsiguientemente,

emitió una Resolución por virtud de la cual encontró causa

probable para arresto en contra del imputado. De igual

forma, denegó la solicitud de desestimación. Detalló que

9 Memorando de derecho en apoyo a solicitud de desestimación por falta de jurisdicción [y] argumentación suplementaria, Apéndice, págs. 503- 522. 10 Moción en cumplimiento de orden [y] oposición a desestimación, pág. 523. AC-2018-58 8

“no procede la desestimación de los cargos según presentados

toda vez que [los Fiscales Especiales] insta[n] su acción

como resultado de una investigación y su jurisdicción se

deriva específicamente de la designación realizada en la

resolución del 20 de enero de 2017”.11

El imputado, insatisfecho, instó ante el Tribunal de

Apelaciones un recurso de certiorari y argumentó, como único

señalamiento de error, que el foro primario se equivocó al

determinar que los Fiscales Especiales tenían jurisdicción

para radicar cargos criminales en su contra, a tenor con la

Resolución del PFEI de 20 de enero de 2017.12 Acompañó

la presentación de su recurso con una moción en auxilio de

jurisdicción.13 Luego de la concesión de un término, los

Fiscales Especiales se opusieron a la expedición del

recurso.14

Subsiguientemente, el Tribunal de Apelaciones, por

votación mayoritaria del Juez Sánchez Ramos y la Jueza

Romero García, emitió una Sentencia revocando el dictamen

recurrido y ordenando la desestimación de la Denuncia. Como

11 Resolución, Apéndice, págs. 60-61. Cabe resaltar que mediante la misma Resolución el foro primario determinó que tampoco procedía la desestimación de los cargos presentados por el Fiscal Especial en contra de otro de los imputados, el Sr. José Manuel Carrión Ferrer. En otro procedimiento, este último acudió mediante recurso de certiorari ante otro panel del Tribunal de Apelaciones que declinó intervenir en el caso. Véase Pueblo v. José Manuel Carrión Ferrer, KLCE201701482, de 30 de agosto de 2017. El peticionario en ese caso no recurrió ante este Tribunal. 12 Certiorari, Apéndice, pág. 471. 13 Moción urgente solicitando [sic] auxilio de jurisdicción, Apéndice, pág. 569. 14 Alegato en oposición a recurso de certiorari, Apéndice, pág. 571. AC-2018-58 9

fundamentos relevantes, decretó que las únicas dos (2) vías

estatutarias para los Fiscales Especiales asumir

jurisdicción sobre el imputado eran: (1) si el Secretario

de Justicia hacía determinaciones de conflicto de interés

que justificara el referido, o (2) que el Panel procesara

simultáneamente al funcionario público y a individuos

particulares no enumerados en la ley. Aseveró que, “al no

estar presente aquí alguna de ellas, […] [los Fiscales

Especiales] actu[aron] sin autoridad al presentar la

Denuncia”.15

Por su parte, la Jueza Soroeta Kodesh emitió un voto

disidente. En resumen, indicó que la Ley del PFEI le otorga

a los Fiscales Especiales la potestad de instar las acciones

criminales que estime procedentes luego de culminar las

investigaciones de los asuntos que le fueron encomendados,

tanto de funcionarios públicos como individuos no enumerados

en el estatuto.16 Enfatizó que el Artículo 13 de la Ley del

PFEI, infra, le concede a los Fiscales Especiales

jurisdicción exclusiva para investigar y procesar aquellas

acciones penales contenidas dentro de la encomienda

asignada.17 En consecuencia, declaró que el curso decisorio

del voto mayoritario, que sugiere que el Departamento de

Justicia es el ente con jurisdicción para atender cualquier

15 Íd., pág. 16. 16 Sentencia del Tribunal de Apelaciones (Soroeta Kodesh, J., voto disidente), Apéndice, págs. 43-44. 17 Íd., pág. 44. AC-2018-58 10

proceso criminal en contra del imputado, “desembocaría en

un fraccionamiento indebido y un retraso innecesario en el

contexto de una investigación criminal”.18

En desacuerdo con el dictamen, los Fiscales Especiales

solicitaron al foro apelativo intermedio que reconsiderara

su dictamen, pero su petición fue denegada.19 La Jueza

Soroeta Kodesh expresó que reconsideraría.20

Aún insatisfechos, los Fiscales Especiales presentaron

un recurso de apelación ante este Tribunal y señalaron como

único error que el foro apelativo intermedio incidió al

desestimar la Denuncia presentada en contra del imputado,

tras concluir que carecían de jurisdicción para procesarlo.

Acogimos y expedimos el escrito presentado por los

Fiscales Especiales como una petición de certiorari y,

oportunamente, las partes sometieron sus respectivos

alegatos. Encontrándonos en posición para ello, procedemos

a resolver la controversia ante nosotros.

II A. Ley del PFEI

Recientemente, en Pueblo v. Colón Bonet, 200 DPR 27

(2019), explicamos que, como norma general, la

responsabilidad de investigar y procesar las causas

criminales recae sobre el Secretario del Departamento de

18 Íd., pág. 45. 19 Reconsideración, Apéndice, pág. 63. 20 Resolución, Apéndice, pág. 394. AC-2018-58 11

Justicia (Secretario de Justicia) y los fiscales adscritos

a esa dependencia gubernamental del Poder Ejecutivo. Íd.,

págs. 35-36. Ahora bien, aclaramos que, cuando se pretende

investigar y posteriormente encausar a funcionarios públicos

que incurran en actividades delictivas, el mecanismo

correspondiente es el instaurado por la Ley del PFEI. Íd.,

pág. 36. Desde su aprobación, el legislador reconoció que

el proceso de encausamiento iniciado por el Departamento de

Justicia en contra de algunos funcionarios, especialmente

aquellos de alto nivel, no era el más adecuado por las

potenciales situaciones de conflicto de interés y falta de

imparcialidad, objetividad e independencia en las

investigaciones. Exposición de Motivos, Ley del PFEI (1988

Leyes de Puerto Rico 5-6); Art. 1, Ley del PFEI, 3 LPRA sec.

99h; Pueblo v. Colón Bonet, supra, pág. 36. Por esas

razones, la instauración del PFEI se cimentó en la necesidad

de “provee[r] un foro neutral e independiente para dilucidar

palpablemente ante el [P]ueblo supuestos o reales actos

indebidos atribuibles a funcionarios gubernamentales”, para

así “prevenir, erradicar y penalizar cualquier comportamiento

delictuoso o indebido”. Véase Exposición de Motivos, Ley

del PFEI, supra, pág. 6; Pueblo v. Rexach Benítez, 130 DPR

273, 294 (1992). Ello, con el fin de incentivar a los

servidores públicos a que descarguen sus quehaceres con

honestidad y excelencia; restaurar la confianza del Pueblo

en su gobierno y en sus servidores públicos; y, a su vez,

crearle un medio efectivo a los funcionarios honestos para AC-2018-58 12

que puedan preservar su integridad y reputación. Véanse

Pueblo v. Colón Bonet, supra, pág. 47; Exposición de

Motivos, Ley del PFEI, supra, págs.5-6.

En el año 2012, la Ley del PFEI fue enmendada en varias

ocasiones por la Asamblea Legislativa para, entre otras

consideraciones, realizar una revisión integral del estatuto

que asegurara la coherencia en su aplicación e

interpretación. Asimismo, se atemperaron sus disposiciones

a los pronunciamientos emitidos hasta entonces por este

Tribunal y a las nuevas responsabilidades delegadas al PFEI.

Por ello, se amplió el alcance del estatuto para: (1)

garantizar el ejercicio pleno de la jurisdicción concedida

al Panel y a los Fiscales Especiales; (2) aumentar el marco

de acción de los referidos recibidos por el PFEI y sus

investigaciones; (3) conceder al Panel la prerrogativa para,

a su discreción, incluir o no en sus investigaciones y

procesamientos a individuos particulares que hayan sido

autores o coautores en cualesquiera de los delitos imputados

a funcionarios públicos bajo su jurisdicción; y (4)

adicionar otras enmiendas de índole administrativo con el

objetivo de aclarar y ampliar el alcance de la autonomía

administrativa del organismo. Véanse, Exposición de

Motivos, Ley Núm. 2-2012 (2012 (Parte 1) Leyes de Puerto

Rico 69-73); Exposición de Motivos, Ley Núm. 3-2012 (2012

(Parte 1) Leyes de Puerto Rico 80-83); Exposición de

Motivos, Ley Núm. 4-2012 (2012 (Parte 1) Leyes de Puerto

Rico 85-91). AC-2018-58 13

En lo pertinente, la Exposición de Motivos de la Ley

Núm. 3-2012 expone las razones por las cuales se confirió

al Panel la prerrogativa de determinar si incluía la

investigación y procesamiento de los autores y coautores,

como parte de la encomienda que haga al Fiscal Especial, de

cualesquiera de los delitos imputados a los funcionarios

públicos bajo su jurisdicción. Específicamente, el

legislador consignó lo siguiente:

A fin de viabilizar la política pública antes señalada, la Ley Núm. 2, citada, le impone al Secretario de Justicia la facultad de realizar una investigación preliminar, previa la remisión del expediente [al PFEI], en un límite de tiempo y con premura, ya que el interés público que se persigue es que el Estado responda prontamente a los señalamientos contra los servidores públicos que ostentan cargos de alto nivel y sensitivos. Lo anterior, en respeto a los derechos procesales y sustantivos que les corresponden a los funcionarios públicos señalados. De lo señalado se desprende que la jurisdicción [del PFEI] está limitada por la categoría de los funcionarios y por la gravedad de los delitos. Por ello, la Ley no le concede jurisdicción sobre los funcionarios, ex funcionarios, empleados o exempleados, o individuos que hayan participado, conspirado, provocado, o de algún otro modo sean autores o coautores en la conducta delictiva imputada a los funcionarios bajo la jurisdicción de la Ley Núm. 2, citada. La realidad jurídica antes señalada ha traído ciertos inconvenientes al momento de procesar a un funcionario de alto nivel, cuando de la prueba obtenida en la investigación surge que hay un autor o coautor del delito sobre el cual el Fiscal Especial Independiente no tiene jurisdicción. En estas situaciones se da el procesamiento y la intervención del Fiscal Especial AC-2018-58 14

Independiente y el Departamento de Justicia. Según la experiencia documentada, esta situación ha presentado los siguientes retos: ha creado situaciones poco comprensibles para los jurados; no en todos los casos se ha contado con una adecuada coordinación y cooperación entre el Fiscal Especial Independiente y los Fiscales del Departamento de Justicia; y dado que no hay autoridad del Fiscal Especial Independiente sobre los Fiscales del Departamento de Justicia, en algunos casos las estrategias de litigación y determinaciones en áreas tales como la recopilación de prueba, su presentación, el tiempo para radicar las denuncias y el otorgamiento de inmunidad, no han estado en armonía para obtener un resultado adecuado para el Estado. Las circunstancias que anteceden no abonan a la política pública de que el procesamiento de los casos bajo la Ley Núm. 2, se procesen de manera ágil, eficiente y eficaz. Ante las circunstancias expuestas, enmendamos la Ley Núm. 2, citada, a los fines de disponer que el Secretario de Justicia podrá recibir información y llevar a cabo una investigación preliminar sobre servidores públicos, ex servidores públicos o individuos que puedan ser autores o coautores en la conducta delictiva imputada a los funcionarios bajo la jurisdicción de la Ley Núm. 2, citada, y rendir un informe sobre el particular [al PFEI]. Se dispone, además, que el Panel tendrá la prerrogativa de determinar si incluye la investigación y procesamiento del autor o los autores, o del coautor o coautores, como parte de la encomienda que haga al Fiscal Especial Independiente de conformidad con el Artículo 11 (2) de esta Ley. Cuando el Panel determine no incluir al autor o coautor, o los autores o coautores, dentro de la encomienda al Fiscal Especial Independiente, el Secretario de Justicia asumirá jurisdicción sobre éste o éstos. Con la enmienda antes dispuesta, se mantendrá la distinción entre la figura del autor o coautor, y la del funcionario público sujeto a la Ley Núm. 2, supra, sin que se confundan los grados de preeminencia que cada uno tiene ante dicha Ley. Esta enmienda permitirá además que [el PFEI], discrecionalmente y según las AC-2018-58 15

particularidades de cada investigación remitida, determine si ampl[í]a el alcance de la encomienda al Fiscal Especial Independiente para que incluya a los autores o coautores […]; manteniendo el Departamento de Justicia su jurisdicción en aquellos casos que expresamente [el PFEI] determine no asumirla. Esto evitará que [el PFEI] tenga que incluir obligatoriamente a un coautor en una investigación del Fiscal Especial Independiente sobre un funcionario al recibir un referido, cuando sea perjudicial al curso de la investigación sobre el funcionario público. Por las consideraciones expresadas, esta Asamblea Legislativa entiende que este balance jurisdiccional contribuirá a evitar la duplicidad y la desintegración de esfuerzos en el curso de las competencias dispuestas para Instituciones que tienen un rol fundamental para asegurar la integridad en el ejercicio de la función pública. (Énfasis nuestro). Exposición de Motivos, Ley Núm. 3-2012, supra, págs. 81-83. Igualmente, la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 4-

2012, supra, declaró que el PFEI, “por conducto de los

fiscales especiales designados, tiene el deber de acudir a

los tribunales de justicia, en representación del [Gobierno]

de Puerto Rico, para instar las acciones criminales que

procedan como resultado de las investigaciones que realice

sobre los asuntos ante su consideración”. (Énfasis nuestro).

Íd., pág. 86.

Conforme a los propósitos antes esgrimidos, la Ley del

PFEI, entre otras responsabilidades, le impuso al Secretario

de Justicia el deber de notificarle al Panel sobre aquellas

querellas, informes o información recibida bajo juramento,

solicitando el comienzo de una investigación preliminar, en

los casos en que estén implicados el Gobernador, los AC-2018-58 16

miembros de la Asamblea Legislativa, los jueces, los jefes

de agencias, los alcaldes, entre otros funcionarios de alta

jerarquía en la administración pública. Art. 4, Ley del

PFEI, 3 LPRA sec. 99k(1). El Secretario de Justicia debe

determinar, a base de la información disponible y los hechos

alegados, si existe causa suficiente para creer que hubo la

comisión de un delito grave o menos grave, contra los

derechos civiles, la función pública o el erario. Art. 4,

Ley del PFEI, 3 LPRA sec. 99k(2).

Una vez culminada oportunamente la investigación

preliminar, el Secretario de Justicia rendirá y someterá al

PFEI un informe con su determinación sobre si halló, o no,

causa suficiente para recomendar la designación de un Fiscal

Especial. Sin embargo, aún en aquellos casos en que el

Secretario recomiende que no se designe un Fiscal Especial,

de todos modos “vendrá obligado a referir su informe y el

expediente completo al Panel, el cual podrá, a su

discreción, nombrar un Fiscal Especial y ordenar la

investigación del caso”. Íd.

Por su parte, la ley faculta al Panel a investigar y

procesar, entre otras personas, a funcionarios públicos e

individuos particulares no enumerados en la ley, pero que

hayan tenido alguna participación en la conducta delictiva,

ya sea como autores o coautores de la misma. En particular,

el estatuto lee como sigue:

(1) Cuando el Secretario de Justicia recibiere información bajo juramento que a su juicio constituyera causa suficiente para investigar AC-2018-58 17

si cualesquiera de los funcionarios, ex funcionarios, empleados, ex empleados, autores, coautores o individuos no enumerados en la sec. 99k de este título ha cometido cualesquiera de los delitos a que se hace referencia en la sec. 99k de este título efectuará una investigación preliminar y solicitará el nombramiento de un Fiscal Especial cuando determine que, de ser la investigación realizada por el Secretario de Justicia, podría resultar en algún conflicto de interés.

(2) Cuando el Secretario determine que no existe conflicto de interés alguno que impida la investigación objetiva por parte del Departamento de Justicia, en tal caso el Secretario designará el funcionario que conducirá la investigación y el Departamento de Justicia asumirá jurisdicción sobre la misma.

(3) Cuando el Secretario de Justicia recibiere información bajo juramento que a su juicio constituyera causa suficiente para investigar si algún funcionario, ex funcionario, empleado, ex empleado o individuo no enumerado en la sec. 99k de este título participó, conspiró, indujo, aconsejó, provocó, instigó, o de algún otro modo fue autor o coautor en cualquiera de los delitos a que se hace referencia en la sec. 99k de este título, efectuará una investigación preliminar y rendirá un informe conforme los criterios establecidos en la sec. 99k de este título, sobre si procede o no la designación de un Fiscal Especial Independiente. Una vez remitido el Informe, el Panel tendrá la facultad de determinar si investiga y procesa al autor o los coautores, como parte de la encomienda que haga al Fiscal Especial Independiente de conformidad con el inciso (2) de la sec. 99r de este título. Si el Panel determinare que no procede el nombramiento de un Fiscal Especial dicha determinación será final y firme y no podrá presentarse querella AC-2018-58 18

nuevamente por los mismos hechos. Art. 5, Ley del PFEI, 3 LPRA sec. 99l.21

Asimismo, el estatuto delinea el marco de discreción que

ostenta el Panel en el nombramiento de un Fiscal Especial.

A saber:

(1) El Panel podrá nombrar un Fiscal Especial en cualesquiera de los siguientes casos:

(a) Cuando el Secretario de Justicia solicite el nombramiento y, de impugnarse la recomendación del Secretario, el Panel concluya, basado en el informe sometido por el Secretario y en cualquier otra información sometida a[,] u obtenida por el Panel, que se amerita una investigación a fondo porque puede proceder la radicación de acusaciones o cargos.

(2) Al nombrar un Fiscal Especial el Panel delimitará la encomienda y jurisdicción de éste. El Panel hará pública la identidad del Fiscal Especial, así como delimitará la encomienda y jurisdicción de éste.

(3) El Panel podrá ampliar la encomienda y jurisdicción de un Fiscal Especial en funciones a solicitud de dicho Fiscal Especial, o del Secretario de Justicia, o a iniciativa propia. Dicha determinación podrá

21 Véase, de manera ilustrativa, United States v. Tucker, 78 F.3d 1313 (8vo Cir. 1996), cert. denegado, 519 U.S. 820 (1996). En este caso, el Tribunal de Apelaciones federal del Octavo Circuito entendió que el referido original del Secretario de Justicia federal para que el Fiscal Especial Independiente federal investigara alegadas actividades delictivas del Presidente de los Estados Unidos y su esposa, al amparo de la cláusula de referidos del Independent Counsel Reauthorization Act de 1994, 28 U.S.C. sec. 594, a su vez, incluía autoridad para investigar y procesar a toda persona o entidad que de los hallazgos surgiera que estaba sustancialmente relacionada con la encomienda original. Es decir, la facultad incluía autoridad para investigar y procesar a otros funcionarios públicos e individuos particulares, cuyas actuaciones estuviesen relacionadas a la jurisdicción original, aunque no se procesaran junto a los funcionarios para los cuales se realizó el referido inicial del Secretario de Justicia federal. AC-2018-58 19

hacerse para evitar el nombramiento de un nuevo Fiscal Especial. A cada Fiscal Especial podrá encomendársele más de un asunto o investigación.

(4) En situaciones especiales en donde las investigaciones de diversos funcionarios estén relacionadas, el Panel podrá consolidar la investigación bajo un solo Fiscal Especial.

(5) El Panel ejercerá la debida supervisión sobre el Fiscal Especial a los fines de que la labor investigativa se realice con la diligencia, premura y agilidad requerida para que se cumpla a cabalidad el propósito de las secs. 99h a 99z de este título y con cualquier requisito o término que le sea aplicable al Fiscal Especial.

(Énfasis suplido). Art. 11, Ley del PFEI, 3 LPRA sec. 99r.

Por consiguiente, una vez nombrado, el Fiscal Especial

tendrá las siguientes facultades relacionadas con su

encomienda y jurisdicción:

. . . . . . . . (3) En el ejercicio de la autoridad que le confieren las secs. 99h a 99z de este título, todo Fiscal Especial tendrá, respecto a los asuntos dentro de su encomienda y jurisdicción, todos los poderes y facultades que tienen el Departamento de Justicia, el Director del Negociado de Investigaciones Especiales y cualquier otro funcionario al cual las secs. 99h a 99z de este título le confiera autoridad para investigar y procesar violaciones a la ley penal. Sin que ello constituya una limitación, todo Fiscal Especial tendrá facultad y autoridad para lo siguiente: . . . . . . . . (b) Realizar toda clase de investigaciones de individuos, entidades y documentos relacionados con su jurisdicción o encomienda, AC-2018-58 20

por lo que tendrá acceso a los archivos y récord de todas las agencias del Gobierno del Estado Libre Asociado, excepto a los que, conforme a los estatutos vigentes, sean confidenciales. . . . . . . . . (j) Representar al Gobierno […] de Puerto Rico en todos aquellos asuntos bajo su encomienda y jurisdicción en que éste sea parte o esté interesado y en los casos que se tramiten en apelación o en cualquier otra forma ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico o ante los tribunales de los Estados Unidos. . . . . . . . . (7) El nombramiento de un Fiscal Especial tendrá el efecto de privar completamente de jurisdicción al Secretario [de Justicia] sobre la investigación. . . . . . . . . (Énfasis suplido). Art. 12, Ley del PFEI, 3 LPRA sec. 99s. Del mismo modo, la legislación deja meridianamente claro

el ámbito de jurisdicción que posee el Fiscal Especial con

respecto a la encomienda delegada por el PFEI frente a

posibles intervenciones del Secretario de Justicia.

Puntualiza que:

Todo Fiscal Especial tendrá jurisdicción exclusiva para investigar y procesar aquellas acciones penales contenidas dentro de la encomienda que se le asigne. El Secretario de Justicia, sin embargo, podrá intervenir como amicus curiae en relación con cualquier aspecto legal planteado en cualquier procedimiento en que un Fiscal Especial participe en su capacidad como tal o en cualquier apelación de dicha acción. (Énfasis suplido). Art. 13, Ley del PFEI, 3 LPRA sec. 99t. Por último, el Fiscal Especial debidamente nombrado

“tendrá la encomienda de acudir a los Tribunales de

Justicia, en representación del Gobierno […] de Puerto Rico, AC-2018-58 21

a instar las acciones criminales que procedan como resultado

de las investigaciones que realice sobre los asuntos que se

le asignen conforme a las secs. 99h a 99z de este título”.

(Énfasis nuestro). Art. 3, Ley del PFEI, 3 LPRA sec. 99j.

Consecuentemente, “si como resultado de la investigación es

necesaria la presentación de denuncias o acusaciones, esta

responsabilidad le corresponde exclusivamente al fiscal

especial, no al Secretario de Justicia”. Pueblo v.

Rodríguez Santana, 146 DPR 860, 872 (1998). Véase, además,

Pueblo v. Colón Bonet, supra, pág. 39.

III Como mencionáramos al comienzo de esta Opinión, la

controversia ante nosotros se limita exclusivamente a

rastrear los orígenes de la jurisdicción en la que los

Fiscales Especiales se apoyaron para investigar y denunciar

al imputado. Debe quedar meridianamente claro que no

estamos evaluando los méritos o deméritos de los cargos

imputados en esta etapa inicial del proceso criminal.

Delimitada así nuestra tarea revisora, procedemos a

acometerla. Veamos.

Es un hecho incontrovertido que el Secretario de

Justicia realizó una investigación preliminar sobre el

Expresidente de la Cámara de Representantes y otros

individuos, y halló causa suficiente para intuir que éstos

pudieron haber cometido conducta delictiva. A base de esa

conclusión, cumplió con su deber estatutario de referir la

alegada conducta ilegal del funcionario de alto nivel al AC-2018-58 22

PFEI y recomendó la designación de un Fiscal Especial. A

su vez, amparándose en el Artículo 5, inciso (3) del

estatuto, el Secretario de Justicia también remitió para

evaluación las actuaciones de individuos no enumerados en

el Artículo 4, sobre su alegada participación en los delitos

imputados al Expresidente en calidad de autores o coautores.

Una vez el Panel recibió el referido, tomó en

consideración la gravedad de los presuntos delitos cometidos

en contra de la integridad de la función pública y del

erario, y, en el ejercicio pleno de su discreción, optó por

asumir jurisdicción sobre el caso. Inmediatamente, nombró

varios Fiscales Especiales y les encomendó expresamente

investigar a fondo los hechos atribuidos al Expresidente y

“los alegados coautores”, y, “de así justificarlo la

investigación”, “presentar ante los tribunales de justicia

las correspondientes acciones penales que proced[ieran] en

derecho”. (Énfasis nuestro).22 Amparados en dicha

encomienda, éstos ejercitaron todos los poderes y facultades

que ostentan tanto el Secretario de Justicia como los demás

funcionarios enumerados en el estatuto, e investigaron y

citaron para entrevista al imputado. 3 LPRA sec. 99s(3).

Culminada la investigación sobre las alegadas actuaciones

delictivas, los Fiscales Especiales tomaron la decisión de

acudir al foro primario y allí presentaron una Denuncia

22 Resolución del PFEI, Apéndice, pág. 399. El expediente refleja que el Panel en todo momento ejercitó legítimamente sus facultades al consolidar, ampliar y supervisar la investigación realizada por los Fiscales Especiales. Íd., págs. 395-424. AC-2018-58 23

alegando hechos que vinculaban al imputado con supuestas

actuaciones ilegales relacionadas con el Expresidente.

A base de lo anterior, decretamos que la figura del

Fiscal Especial posee jurisdicción exclusiva, circunscrita

a la encomienda asignada por el PFEI, para encausar a

individuos particulares que, de acuerdo con los hallazgos

de sus investigaciones, aparentemente delinquieron en

concierto y común acuerdo con un funcionario público, a la

luz del lenguaje expreso de la Ley del PFEI23 y de una

interpretación razonable de la intención legislativa que

motivó sus enmiendas. Consistentemente, en el caso de

autos, los Fiscales Especiales ejercitaron legítimamente su

autoridad al investigar y denunciar al imputado, a base de

la facultad estatutaria concedida y la encomienda recibida.

Esta determinación es cónsona con el propósito

perseguido por el legislador de crear un balance

jurisdiccional ágil y eficiente en los procesamientos

criminales efectuados bajo ese estatuto, sin inconvenientes

procesales, duplicidad ni desintegración de esfuerzos que

minimicen las probabilidades de éxito del Estado. Véanse

Exposición de Motivos, Ley Núm. 3-2012, supra; 3 LPRA secs.

99j, 99l, 99r, 99s, 99t.

Por cuanto, no se sostiene argumentar que la

jurisdicción de los Fiscales Especiales estaba sujeta a una

ampliación de la encomienda del Panel, pues en este caso la

23 Véase, por ejemplo, Art. 13, Ley del PFEI, 3 LPRA sec. 99t. AC-2018-58 24

misma claramente incluyó investigar a fondo a “los alegados

coautores” y presentar las acciones penales que en derecho

procedieran.

Tampoco es correcto concluir que la autoridad del PFEI

estaba condicionada a una determinación de conflicto de

interés del Secretario de Justicia. Esa conclusión es

errada ya que éste, al referir el caso al Panel, lo hizo al

amparo del Artículo 5, inciso (3), de la Ley del PFEI, cuyo

texto no requiere determinación alguna de conflicto de

interés para investigar al imputado, como individuo no

enumerado que posiblemente “participó, conspiró, indujo,

aconsejó, provocó, instigó, o de algún otro modo fue autor

o coautor en cualquiera de los delitos” relacionados al

Expresidente. 3 LPRA sec. 99l.

Mucho menos procede sujetar el procesamiento del

imputado al encausamiento simultáneo del Expresidente.

Respecto a este último punto, basta señalar que ese

requisito no está contemplado expresamente en ninguna de las

disposiciones de la Ley del PFEI ni se puede inferir

sensatamente de la intención legislativa que promovió las

respectivas enmiendas. Más aún, cuando el legislador

consignó que con éstas se pretendía “manten[er] la

distinción entre la figura del autor o coautor, y la del

funcionario público sujeto a la [Ley del PFEI], sin que se

confundan los grados de preeminencia que cada uno tiene ante

dicha Ley”. (Énfasis suplido). Exposición de Motivos, Ley

Núm. 3-2012, supra. Acoger este último argumento, al mismo AC-2018-58 25

tiempo, intercalaría un requisito no contemplado por el

estatuto que constituiría de nuestra parte, bajo este

escenario, un acto imprudente de legislación judicial.

Véanse Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281, 297

(2011); Román v. Superintendente de la Policía, 93 DPR 685,

690 (1966).

No es nuestra función como Tribunal crear trabas

jurisdiccionales que la Asamblea Legislativa, precisamente,

eliminó en los procesamientos criminales atribuidos a

funcionarios públicos y sus colaboradores. Adoptar esa

conclusión, quebrantaría la política pública de promover que

el PFEI funcione con autonomía y eficiencia al fiscalizar

la conducta presuntamente desviada de funcionarios de alto

nivel con gran poder en la administración pública y de

aquellos individuos particulares que a éstos se acercaron

con un aparente ánimo ilícito prevenido. Además,

desmoralizaría la labor de miles de servidores públicos que

diariamente descargan sus funciones con honestidad y

excelencia, y sería un golpe adicional a la ya lacerada

confianza del Pueblo en sus instituciones.

Del mismo modo, tampoco nos corresponde colocar una

camisa de fuerza a la facultad de los Fiscales Especiales

para investigar las potenciales acciones penales que le sean

encomendadas. Ello, socavaría su autoridad exclusiva para

decidir cuál debería ser el curso de sus investigaciones y

–si producto de éstas aflorasen flagrantes violaciones a AC-2018-58 26

ley— anularía su amplio margen discrecional para continuar

la pesquisa en contra de todos los presuntos transgresores.

IV

Aclarada la existencia de la jurisdicción investigativa

y acusatoria del PFEI, a través de los Fiscales Especiales,

sobre la persona del imputado, se revoca la Sentencia del

Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso al Tribunal

de Primera Instancia para la continuación de los

procedimientos.

Se dictará Sentencia de conformidad.

ROBERTO FELIBERTI CINTRÓN Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

SENTENCIA

Por los fundamentos esbozados en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente Sentencia, se revoca la Sentencia del Tribunal de Apelaciones emitida el 15 de marzo de 2018 y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica el Secretario del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Colón Pérez disiente con Opinión escrita, a la cual se unen la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez y la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez y la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez disienten sin Opinión escrita.

José Ignacio Campos Pérez Secretario del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Pueblo de Puerto Rico

v. AC-2018-058 Certiorari Ángel Muñoz Noya

Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor COLÓN PÉREZ a la cual se une la Jueza Presidenta ORONOZ RODRÍGUEZ y la Juez Asociada señora RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ.

En San Juan, Puerto Rico a 31 de julio de 2020.

Disentimos del curso de acción seguido por una

mayoría de este Tribunal en el presente caso, ello por

entender que -- contrario a lo que erróneamente se

concluye en la Opinión que hoy emite este Curia -- el

Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (en

adelante, “PFEI”), al amparo de su ley orgánica,

únicamente puede asumir jurisdicción sobre un individuo

particular y por ende procesar criminalmente al mismo,

solo bajo dos supuestos, a saber: (1) el procesamiento

coetáneo de un funcionario público que el PFEI tenga

jurisdicción para procesar, en relación al mismo núcleo

de hechos, o (2) emitida una determinación de

conflicto de interés por parte AC-2018-058 2

del Secretario del Departamento de Justicia de Puerto Rico,

según pautado en el Artículo 5 del precitado estatuto.

Ninguno de los supuestos antes mencionados está aquí

presente, por lo que se comete una grave injusticia en contra

del licenciado Ángel Muñoz Noya al ordenar el procesamiento

criminal de éste, sin el PFEI tener base legal para ello.

Veamos.

I.

Los hechos medulares que dan margen al presente litigio

se recogen con particular precisión en la Opinión que hoy

emite este Tribunal, razón por la cual hemos decidido adoptar

los mismos por referencia. En síntesis, allá para diciembre

de 2016, el entonces Secretario de Justicia, licenciado César

R. Miranda, refirió al PFEI un Informe, donde determinaba

que existía causa suficiente para creer que el expresidente

de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, el señor Jaime

Perelló Borrás (en adelante, “señor Perelló Borrás”), pudo

haber incurrido en conducta constitutiva de delito grave. En

vista de sus hallazgos, y conforme a lo dispuesto en los

Arts. 4 y 5(3) de la Ley del Panel sobre el Fiscal Especial

Independiente, infra, solicitó que se nombrara un FEI para

investigar las acciones del señor Perelló Borrás y otros

individuos asociados a la supuesta conducta delictiva del

exlíder cameral. El licenciado Ángel Muñoz Noya (en adelante,

“licenciado Muñoz Noya”) no se encontraba entre los

individuos referidos. AC-2018-058 3

Así las cosas, el 20 de enero de 2017 el PFEI emitió

una Resolución, designando Fiscales Especiales para llevar a

cabo una investigación en su fondo sobre el referido del

entonces Secretario de Justicia y, de ser apropiado, instar

las acciones penales correspondientes.24 Culminada dicha

investigación, los Fiscales Especiales presentaron una

denuncia en contra del licenciado Muñoz Noya, por una

supuesta violación al Art. 14.003 de la Ley para la

fiscalización del financiamiento de campañas políticas en

Puerto Rico, Ley Núm.222-2011, según enmendada, 16 LPRA sec.

633c.25 Se adujo que éste donó diez mil ($10,000.00) dólares

a una actividad de recaudación de fondos en beneficio del

señor Perelló Borrás y, que, acto seguido, recibió un

contrato con la Cámara de Representantes. Ahora bien, cabe

mencionar que no se denunció al señor Perelló Borrás por los

mismos hechos.

Tras varios incidentes procesales no necesarios

aquí pormenorizar, el licenciado Muñoz Noya solicitó

la desestimación de la denuncia en su contra,

señalando que los Fiscales Especiales Independientes

carecían de jurisdicción para presentar la misma.

Éste adujo, entre otras cosas, que no se le nombró en

el Informe del Secretario de Justicia ni en la

24Además, mediante la precitada Resolución, el PFEI consolidó dicho caso con el de la ex senadora María Teresa González López, el cual estaba siendo investigado por los fiscales Ramón Mendoza y Manuel Núñez. Al consolidar los casos de referencia, el PFEI nombró a dos fiscales adicionales, a saber, Emilio Arill y Leticia Pabón, para asistir con las investigaciones.

25 Posteriormente, el artículo de referencia fue re-enumerado. AC-2018-058 4

Resolución emitida por el PFEI, y tampoco se le denunció

-- por un mismo núcleo de hechos -- junto a algún funcionario

bajo la jurisdicción del PFEI. Igualmente, examinados los

argumentos de ambas partes, el foro primario proveyó no ha

lugar a la solicitud de desestimación presentada por éste y,

en consecuencia, determinó causa en contra del licenciado

Muñoz Noya por violación al Art.14.003 de la Ley Núm.222-

2011, supra. El Tribunal de Apelaciones revocó dicho dictamen

por entender que los Fiscales Especiales Independientes no

tenía jurisdicción para denunciar al licenciado Muñoz Noya,

ya que éste no fue denunciado junto a alguna persona

enumerada por la ley que reglamenta al Fiscal Especial

Independiente ni tampoco se alegó que el Departamento de

Justicia hubiese concluido que -- de llevar a cabo la

correspondiente investigación -- resultaría en algún

conflicto de interés.

A juicio nuestro, y tal como correctamente resolvió el

foro apelativo intermedio, le asiste la razón al licenciado

Muñoz Noya. Nos explicamos.

II.

Como es sabido, la Constitución del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico dispone que el poder ejecutivo será

ejercido por el gobernador, funcionario que -- a su vez --

tiene la función de hacer cumplir las leyes. Art. IV, Secs.

1 y 4, Const. ELA, LPRA, Tomo 1. En el desempeño de dicho

deber, el gobernador es asistido por varios secretarios de AC-2018-058 5

gobierno, incluyendo, en lo pertinente, el Secretario de

Justicia. Const. ELA, supra, Secs. 5 y 6. De esta manera,

“[p]or regla general, la facultad y responsabilidad de

investigar, acusar y procesar una alegada conducta

constitutiva de delito público recae en la persona del

Secretario de Justicia y de los fiscales adscritos al

Departamento de Justicia”. Pueblo v. García Vega, 186 DPR

592, 603 (2012). Véase también Ley Orgánica del Departamento

de Justicia, Ley Núm. 205-2004, 3 LPRA secs. 292-292a(1);

Pueblo v. Colón Bonet, 200 DPR 27, 35 (2018); Pueblo v.

Torres Santiago, 175 DPR 116, 125 (2008).

No obstante, a modo de excepción, la Asamblea

Legislativa -- por medio de la Ley Núm. 2 del 23 de febrero

de 1988, según enmendada, 3 LPRA sec.99h et seq., conocida

como la Ley del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente

(en adelante, “Ley del PFEI”) -- instauró la Oficina del

Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, un mecanismo

de naturaleza extraordinaria para el procesamiento

criminal de altos funcionarios del gobiern o.

Exposición de Motivos de la Ley del Panel sobre el

Fiscal Especial Independiente, Ley Núm. 2 de 23 de

febrero de 1988 (1988 Leyes de Puerto Rico 5 -6).

Con la creación de la figura del FEI y el

correspondiente Panel supervisor, el legislador buscó

“prevenir, erradicar y penalizar cualquier comportamiento

delictuoso o indebido por cualquier funcionario

gubernamental” y, de la misma forma, “garantiza[r] la AC-2018-058 6

absoluta objetividad de investigaciones contra altos

funcionarios del Gobierno”. (Énfasis suplido) Exposición de

Motivos de la Ley del PFEI, supra, pág. 6; Pueblo v. García

Vega, supra; In re Invest. Ex. Alcalde vega Alta, 158 DPR

666, 671-672 (2003). De esa manera, se toman precauciones

“ante la posibilidad de que se utilice el procedimiento

ordinario para perseguir adversarios políticos, suprimir a

los disidentes u oprimir a las minorías” o, de igual forma,

“encubrir actuaciones delictivas o indebidas de los miembros

de la administración en el poder”. Pueblo v. Rexach Benítez,

130 DPR 273, 295 (1992).

Según el procedimiento instituido por la Ley del PFEI,

el Secretario del Departamento de Justicia deberá notificarle

al PFEI las instancias donde reciba información, bajo

juramento, solicitando una investigación preliminar en

cuanto a alguno de los funcionarios públicos enumerados en

el Art. 4 de la Ley del PFEI, tales como el gobernador o

jefes de agencia. Ley del PFEI, 3 LPRA sec.99k(1). De esta

forma, el Secretario de dicha dependencia gubernamental

determinará si existe causa suficiente para creer que hubo

la comisión de determinados delitos, como lo son los delitos

graves y menos graves que afectan los derechos civiles, la

función pública o el erario. Art. 4, Ley del PFEI, 3 LPRA

sec.99k(2). Cabe mencionar que dicho mecanismo, en ciertas

ocasiones, permite la investigación y procesamiento de

individuos particulares no enumerados, considerados ser

autores o coautores. Art.5, Ley del PFEI, 3 LPRA sec.99l. AC-2018-058 7

Luego de completada dicha investigación, el Secretario

de Justicia redactará un informe sobre sus hallazgos y

rendirá el mismo ante el PFEI. Art.4., Ley del PFEI, 3 LPRA

sec.99k(2). En éste, deberá incluir una recomendación en

cuanto a la procedencia de la designación de un FEI. Íd. Sin

embargo, en el ejercicio de su amplia independencia, “[a]un

cuando la recomendación del Secretario fuere la de que no se

designe un Fiscal Especial, éste vendrá obligado a referir

su informe y el expediente completo al Panel, el cual podrá,

a su discreción, nombrar un Fiscal Especial y ordenar la

Por último, procede resaltar que, al nombrar un FEI, el

PFEI “delimitará la encomienda y jurisdicción de éste”.

(Énfasis suplido) Art. 11, Ley del PFEI, 3 LPRA sec. 99r (2).

Una vez éstas son demarcadas, en cuanto a esos asuntos, el

FEI tendrá todos los poderes y facultades que tiene el

Departamento de Justicia, el Director del Negociado de

Investigaciones Especiales, y “cualquier otro funcionario al

cual las secs. 99h a 99z de este título le confiera autoridad

para investigar y procesar violaciones a la ley penal”. Art.

12, Ley del PFEI, 3 LPRA sec.99s (3). De este modo, todo FEI

tendrá “jurisdicción exclusiva para investigar y procesar

aquellas acciones penales contenidas dentro de la encomienda”

que le es asignada. Art. 13, ley del PFEI, 3 LPRA sec. 99t.

III.

De otra parte, y por considerarlo en extremo pertinente

para la correcta disposición de la controversia ante nos, AC-2018-058 8

conviene estudiar, de forma detallada, la extensión de la

autoridad del PFEI en cuanto al procesamiento criminal de

individuos particulares, más allá de aquellos funcionarios

públicos sobre los cuales la Ley del PFEI ya concede

autoridad para poder procesar criminalmente.

Sobre el particular, conviene señalar aquí que, allá

para el 2012, por medio de la Ley Núm. 3-2012, la Asamblea

Legislativa enmendó el alcance del Art. 5 de la Ley del PFEI,

añadiendo un tercer inciso al referido artículo. A través de

éste, se amplió la jurisdicción del PFEI en cuanto a la

investigación y procesamiento criminal de personas

particulares, más allá de instancias donde existía una

determinación de conflicto de interés por parte del

Departamento de Justicia, conforme a lo pautado en el primer

inciso del Art.5. Ley del PFEI, 3 LPRA 99l(1).

Según surge de la Exposición de Motivos de la Ley Núm.

3-2012, la Asamblea Legislativa instó el referido cambio

debido a que:

la jurisdicción de la OPFEI está limitada por la categoría de los funcionarios y por la gravedad de los delitos. Por ello, la Ley no le concede jurisdicción sobre los funcionarios, ex funcionarios, empleados o ex empleados, o individuos que hayan participado, conspirado, provocado, o de algún otro modo sean autores o coautores en la conducta delictiva imputada a los funcionarios bajo la jurisdicción de la Ley Núm. 2, citada. (Énfasis suplido) Exposición de Motivos, Ley Núm.3-2012 (2012 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 82).

A causa de lo anterior, emergían “inconvenientes al

momento de procesar a un funcionario de alto nivel, cuando AC-2018-058 9

de la prueba obtenida en la investigación surg[ía] que

ha[bía] un autor o coautor del delito sobre el cual el Fiscal

Especial Independiente no t[enía] jurisdicción”, suscitando

así la intervención simultánea de un FEI y el Departamento

de Justicia. (Énfasis suplido) Íd. La participación de ambos

entes ocasionaba, por ejemplo, “situaciones poco

comprensibles para los jurados” y diferencias en cuanto a

las estrategias de litigación. Íd.

Es, pues, como resultado de las referidas trabas

procesales, que la Asamblea Legislativa enmendó la Ley del

PFEI:

a los fines de disponer que el Secretario de Justicia podrá recibir información y llevar a cabo una investigación preliminar sobre servidores públicos, ex servidores públicos o individuos que puedan ser autores o coautores en la conducta delictiva imputada a los funcionarios bajo la jurisdicción de la Ley Núm.2, citada, y rendir un informe sobre el particular a la OPFEI. (Énfasis suplido) Íd.

Hechas las enmiendas de rigor, el nuevo tercer inciso

permite que el Secretario de Justicia lleve a cabo una

investigación preliminar en cuanto a individuos particulares

no enumerados y, asimismo, concede al PFEI la facultad de

incluir la investigación y procesamiento de éstos en la

encomienda asignada a un FEI. Exposición de Motivos, Ley

Núm.3-2012, supra, pág. 83. En otras palabras, la Asamblea

Legislativa adaptó el referido mecanismo para facilitar el

procesamiento de los funcionarios públicos por los cuales se

desarrolló la Ley del PFEI. AC-2018-058 10

A estos efectos, el texto resultante, en lo pertinente,

lee:

(1) Cuando el Secretario de Justicia recibiere información bajo juramento que a su juicio constituyera causa suficiente para investigar si cualesquiera de los funcionarios, ex funcionarios, empleados, ex empleados, autores, coautores o individuos no enumerados en la sec. 99k de este título ha cometido cualesquiera de los delitos a que se hace referencia en la sec. 99k de este título efectuará una investigación preliminar y solicitará el nombramiento de un Fiscal Especial cuando determine que, de ser la investigación realizada por el Secretario de Justicia, podría resultar en algún conflicto de interés.

(2) ………

(3) Cuando el Secretario de Justicia recibiere información bajo juramento que a su juicio constituyera causa suficiente para investigar si algún funcionario, ex funcionario, empleado, ex empleado o individuo no enumerado en la sec. 99k de este título participó, conspiró, indujo, aconsejó, provocó, instigó, o de algún otro modo fue autor o coautor en cualquiera de los delitos a que se hace referencia en la sec. 99k de este título, efectuará una investigación preliminar y rendirá un informe conforme los criterios establecidos en la sec. 99k de este título, sobre si procede o no la designación de un Fiscal Especial Independiente. Una vez remitido el Informe, el Panel tendrá la facultad de determinar si investiga y procesa al autor o los coautores, como parte de la encomienda que haga al Fiscal Especial Independiente de conformidad con el inciso (2) de la sec. 99r de este título. Si el Panel determinare que no procede el nombramiento de un Fiscal Especial dicha determinación será final y firme y no podrá presentarse querella nuevamente por los mismos hechos. (Énfasis suplido) Ley del PFEI, 3 LPRA 99l (3).

Es decir, a la luz de este nuevo inciso que se incluyó

en la ley orgánica del PFEI, se puede inferir que, para que

dicha entidad gubernamental pueda procesar criminalmente a AC-2018-058 11

un individuo particular, debe existir un nivel de

intervención por parte de éste último en determinado esquema

delictivo realizado por un funcionario público enumerado,

sobre el cual la ley concede jurisdicción al PFEI. Tal no es

el caso de autos.

IV.

En esa dirección, y cónsono con lo anterior, somos del

criterio que los Fiscales Especiales asignados a la causa de

epígrafe carecían de jurisdicción para denunciar y procesar

criminalmente al licenciado Muñoz Noya, ya que, tal como

aludimos al principio de este escrito, no están presentes

aquí las condiciones necesarias -- a saber, la denuncia

coetánea de un funcionario público enumerado a base del mismo

núcleo de hechos o la existencia de una determinación de

conflicto de interés por parte del Departamento de Justicia

-- para proceder de dicha forma.

Y es que -- contrario a lo que se intima en la Opinión

mayoritaria que hoy emite este Tribunal -- lo expuesto en la

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 3-2012 confirma esta

noción, y también demuestra que la enmienda al Art. 5 fue

formulada como consecuencia de la obstaculización en el

procesamiento de funcionarios públicos de alto nivel, en

instancias donde hay individuos no enumerados involucrados

en la conducta imputada a éste. Consecuentemente, es en base

de su participación en la conducta imputada al funcionario

público -- por la cual se le investiga y procesa -- que se

otorga esta extensión en jurisdicción. Así, precisamente, se AC-2018-058 12

evitan los inconvenientes evaluados por la Asamblea

Legislativa durante la aprobación de la Ley Núm. 3-2012.

Es menester recordar, entonces, que -- en el presente

caso -- si bien el PFEI, a través de sus fiscales, pudo

elegir denunciar al funcionario público asociado al esquema

de epígrafe, decidió no hacerlo. De esta forma, al determinar

no proceder contra el funcionario público investigado,

carecían de autoridad para presentar una denuncia en contra

del licenciado Muñoz Noya. En cambio, de haber procedido

contra el señor Perelló Borrás por los mismos hechos, según

permitido por la Ley del PFEI y sus postulados, no hubiese

impedimento para procesar o presentar una denuncia en contra

del recurrido, quedando privado de jurisdicción el

Departamento de Justicia. Siendo ello así, no estamos ante

una de las instancias en que el PFEI podía ejercer su

jurisdicción.

Dicho esto, también consideramos que la interpretación

adoptada en la Opinión Mayoritaria que hoy se emite no

encuentra respaldo en los Artículos 12 y 13 de la Ley del

PFEI, supra. Ello, ya que dichos artículos precisan las

facultades y exclusividad de jurisdicción de un FEI

debidamente asignado, cuando la misma ya es existente. Es

decir, los precitados artículos no definen la existencia de

la jurisdicción, sino que enmarcan la misma. Lo anterior no

está en controversia aquí.

Enfatizamos que, tal y como hemos resuelto en ocasiones

anteriores, los Fiscales Especiales Independientes no tienen AC-2018-058 13

“la facultad para determinar el alcance de su propia

jurisdicción”. Pueblo v. Pérez Casillas, 126 DPR 702, 712

(1990). Tiene que ser así, pues lo contrario haría inoperante

el principio general conforme al cual “la jurisdicción para

investigar y procesar los delitos que se cometen en Puerto

Rico corresponde al Departamento de Justicia”. Íd.; véase

Opinión mayoritaria, pág. 11 (citando a Pueblo v. Colón

Bonet, 200 DPR 27, 35-36 (2019)).26

Lo anterior exigía que interpretáramos restrictivamente

la excepción a ese principio general, máxime cuando -- una

vez el FEI decide no procesar criminalmente al funcionario o

ex funcionario público que motivó el referido -- desaparecen

las preocupaciones que llevaron al legislador a enmendar la

Ley del PFEI en el 2012. El legislador permitió que un FEI

pudiera acusar a los colaboradores de un funcionario público

referido para evitar que se fragmentara el procedimiento

penal contra el funcionario y sus colaboradores a pesar de

que la actividad presuntamente delictiva surgió de un mismo

núcleo de hechos. Sin embargo, es evidente que no existe el

riesgo de fragmentar ese proceso cuando el PFEI opta por no

procesar al funcionario referido. En ese escenario, estamos

frente a un solo proceso penal contra un ciudadano privado,

26El Art. 11(3) de la Ley del PFEI permite al PFEI ampliar por iniciativa propia “la encomienda y jurisdicción” de un FEI. 3 LPRA sec. 99r (3). Sin embargo, ese lenguaje tiene que leerse en conjunto con el Art. 5 de la misma Ley, el cual, según intimado, enumera taxativamente las instancias en las que se permite a ese organismo asumir jurisdicción sobre un asunto. Al permitir que el PFEI amplíe la jurisdicción de un FEI, la Ley presupone -- naturalemente -- que: (1) el PFEI asumió jurisdicción en conformidad con el Art. 11 y (2) la ampliación no abarca asuntos que contravengan al Art. 11. AC-2018-058 14

quien -- por no ser uno de los individuos enumerados en el

Art. 4 de la Ley del PFEI --, si se contase con prueba para

ello, debió haber sido procesado por el Departamento de

Justicia. Lo anterior, en atención a que en ese supuesto no

aplica excepción alguna a la norma general que rige en

nuestro ordenamiento.

V.

En fin -- y a modo de epílogo -- tal cual surge de los

estatutos pertinentes y la jurisprudencia interpretativa

emitida por esta Curia, la autoridad provista por la Ley del

PFEI, supra, para el procesamiento de funcionarios públicos

de alto nivel es “una facultad especial y excepcional”.

Exposición de Motivos, Ley Núm.3-2012, supra, pág. 81. Véase

Pueblo v. Torres Santiago, supra. Por tanto, debemos abarcar

la interpretación del referido estatuto y su concesión de

jurisdicción de acuerdo con su naturaleza, a saber, como

excepción al esquema constitucional prevaleciente.

No obstante, la interpretación que adopta la Opinión

que la mayoría de los miembros de este Tribunal avala con su

voto -- a saber, que los Fiscales Especiales Independientes

cuentan con autoridad para presentar cargos criminales contra

individuos particulares que, acorde con los hallazgos de una

investigación debidamente encomendada por el PFEI,

presuntamente participaron como autores o coautores en la

alegada conducta delictiva que involucraba a un funcionario

público, inicialmente investigado bajo la jurisdicción del

PFEI -- tiene el efecto de extender la jurisdicción del PFEI AC-2018-058 15

sobre los individuos particulares no enumerados, más allá de

las instancias consideradas en la Ley del PFEI. Lo anterior,

a todas luces, no es cónsono con la intención legislativa

enunciada en la Exposición de Motivos de la Ley Núm.3-2012 y

la intención inicial al aprobarse la Ley del PFEI.

VI.

Es, pues, por todo lo anterior que enérgicamente

disentimos.

Ángel Colón Pérez Juez Asociado