El Pueblo v. García Cartagena y otro

2024 TSPR 59

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: June 10, 2024
• Docket: CC-2023-0136
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

v.

José García Cartagena Certiorari Recurrido _____________________________ 2024 TSPR 59

El Pueblo de Puerto Rico 213 DPR ___

Víctor J. Díaz Fontánez

Recurrido

Número del Caso: CC-2023-0136

Fecha: 10 de junio de 2024

Tribunal de Apelaciones:

Panel XI

Oficina del Procurador General:

Hon. Fernando Figueroa Santiago Procurador General

Lcda. Mabel Sotomayor Hernández Subprocuradora General

Lcdo. Omar Andino Figueroa Subprocurador General

Lcda. Marie Díaz De León Procuradora General Auxiliar

Lcdo. Orlandy Cabrera Valentín Procurador General Auxiliar

Lcda. Aracelis Burgos Reyes Procuradora General Auxiliar CC-2023-0136 2

Representantes legales de los recurridos:

Lcdo. Jesús Miranda Díaz Lcda. Iris Yaritza Rosario Nieves

Materia: Sentencia con Opinión de Conformidad y Opinión Disidente.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico Peticionario v. José García Cartagena Recurrido ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ CC-2023-0136 El Pueblo de Puerto Rico Peticionario v. Víctor J. Díaz Fontánez Recurrido

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de junio de 2024.

Luego de haber expedido el recurso de certiorari en este caso, se modifica la Sentencia del Tribunal de Apelaciones a los fines exclusivos de reconocer que el veredicto del jurado contra el Sr. Víctor J. Díaz Fontánez por el delito de tentativa al Artículo 198 del Código Penal del 2004, Caso Núm. EBD2011G0337, fue unánime, por lo que no procede la celebración de un nuevo juicio como decretó incorrectamente el foro recurrido.

Así modificada la Sentencia, se mantiene inalterada la misma en cuanto a los demás asuntos por este Tribunal encontrarse igualmente dividido.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica el Secretario del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Estrella Martinez emitió una Opinión de conformidad. El Juez Asociado señor Rivera García emitió una Opinión disidente, a la cual se une el Juez Asociado señor Martínez Torres, la Jueza Asociada señora Pabón Charneco y el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo.

El Juez Asociado señor Feliberti Cintrón emitió la expresión siguiente: CC-2023-0136 2

“El Juez Asociado señor Feliberti Cintrón está conforme con lo provisto en la Sentencia aquí emitida por otros fundamentos a los consignados por el Tribunal de Apelaciones en su Sentencia con fecha del 4 de noviembre de 2022, notificada el día 7 de ese mismo mes y año, en los casos consolidados: El Pueblo de Puerto Rico v. José A. García Cartagena, KLAN202100078 y El Pueblo de Puerto Rico v. Víctor Javier Díaz Fontánez, KLAN202100540.”

Javier O. Sepúlveda Rodriguez Secretario del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

v. CC-2023-0136 Certiorari

José García Cartagena

Opinión de conformidad emitida por el Juez Asociado Señor ESTRELLA MARTÍNEZ.

Víctor y José, en plena juventud, tomaron un camino

que creyeron era más fácil y, en ese trayecto, complicaron

su vida al tener que responder penalmente por múltiples

delitos. Hoy nos enfrentamos a la tarea de precisar el

alcance y extensión de su responsabilidad penal. Para

ello, tenemos dos caminos: (1) reconocer los requisitos

dispuestos por el legislador en el derogado texto del Art.

106 (b) del Código Penal de 2004, infra, o (2) desconocer

esa realidad jurídica y embarcarnos en el empinado camino

de imponerle indebidamente a Víctor y a José la CC-2023-0136 2

posibilidad de cumplir años de cárcel adicionales, a pesar

de que no es lo que procede en Derecho. Estoy conforme

con que este Tribunal no haya acudido esta última opción.

Por estar igualmente divididos en criterio los

miembros de este Foro, se confirmó la Sentencia recurrida

del Tribunal de Apelaciones que resolvió que no se

configuraron los requisitos dispuestos por el legislador

en el derogado Art. 106(b) del Código Penal de 2004. Estoy

conforme con tal resultado y, a continuación, expongo las

razones por las que coincido con tal conclusión.

Por la importancia de los eventos fácticos y su

particularidad, procedo a consignarlos.

I

Según se desprende de las determinaciones de hecho

consignadas en la Sentencia recurrida, el 3 de agosto de

2010, el Sr. Víctor J. Díaz Fontánez (señor Díaz Fontánez)

llamó al Sr. Joel Carrasquillo Castillo (señor

Carrasquillo Castillo) para preguntar si el Sr. Yessel Y.

López Medina (señor López Medina) y el Sr. José García

Cartagena (señor García Cartagena) participarían en un

robo.

Más tarde ese día, hubo una reunión en casa del Sr.

Saúl Rivera Torres (señor Rivera Torres) para planificar

cómo asaltar la Joyería San José, ubicada en San Lorenzo.

En la reunión participaron el señor Carrasquillo Castillo,

el señor García Cartagena, el señor López Medina, el señor CC-2023-0136 3

Rivera Torres y el Sr. Carlos Feliciano Rivera (señor

Feliciano Rivera).

En la reunión, el señor Rivera Torres explicó que la

joyería era atendida por un señor mayor que utilizaba un

beeper para abrir la puerta de entrada al negocio. El plan

era que el señor García Cartagena entraría primero a la

joyería, anunciaría el asalto y lo amarraría con unos

straps. Cuando el señor García Cartagena tuviera dominado

al señor mayor, tenía que quitarle el beeper y abrir la

puerta de la joyería para que el señor Carrasquillo

Castillo y el señor López Medina entraran a robar las

prendas.

El señor Feliciano Rivera sería el chofer en su carro

y el señor Díaz Fontánez estaría en otro carro

esperándolos por el lado de un pasillo cerca de la joyería

San José. Por último, el señor Rivera Torres mencionó que

el señor Díaz Fontánez y él se encargarían de vender las

prendas robadas y el producto de la venta se repartiría

entre todos. El señor Díaz Fontánez fue quien compró el

arma de juguete1 tipo revólver color negro y los straps

que serían utilizados en el robo.

Antes de perpetrar el robo, el señor Carrasquillo

Castillo observó que la joyería estaba siendo atendida por

1En el Juicio, la Sargento Villanueva Álvarez de la División de Homicidios, quien fue asignada al caso, indicó que “la pistolita es de las que cuestan uno y pico”. Petición de Certiorari, pág. 19. CC-2023-0136 4

una persona que no era mayor o fácil de dominar, como le

habían dicho, por lo que desistió de entrar a la joyería.

Debido al cambio en el plan, el señor Feliciano Rivera les

dijo “que ya estaban allí y que eso era meterse rápido y

ya". Ante lo manifestado, le pasaron al señor Feliciano

Rivera un bulto y al señor López Medina una herramienta

para romper la vitrina.

Previo a comenzar el asalto, el señor Carrasquillo

Castillo se movió a una esquina más abajo para poder

observar lo que ocurriría en la joyería, mientras que el

señor López Medina, el señor García Cartagena y el señor

Feliciano Rivera esperaban en el pasillo. Cuando el

cliente que estaba en la joyería salió, el señor Díaz

Fontánez le avisó por teléfono al señor Carrasquillo

Castillo, quien a su vez le aviso al señor García

Cartagena, al señor López Medina y al señor Feliciano

Rivera. Este último se acercó a la joyería y comenzó a

hablar con el Sr. José F. Muñoz Aponte (señor Muñoz

Aponte), el hijo del dueño de la joyería, quien se

encontraba parado frente a las vitrinas exteriores del

negocio.

Acto seguido, el señor Feliciano Rivera y el señor

Muñoz Aponte entraron a la joyería. Al entrar, el señor

Feliciano Rivera le brincó encima al señor Muñoz Aponte y

le anunció el asalto. Acto seguido, el señor Feliciano

Rivera golpeó al señor Muñoz Aponte en el rostro, CC-2023-0136 5

causándole una herida en la boca y que se le cayeran sus

espejuelos. En el transcurso del asalto, el señor

Feliciano Rivera le decía al señor Muñoz Aponte que

abriera la entrada mientras lo tenía encañonado. El señor

Muñoz Aponte veía que en el exterior de la puerta había

alguien parado, pero no lo podía distinguir. Quien se

encontraba afuera y frente a la entrada de la joyería era

señor García Cartagena, en espera de que le abrieran la

puerta. Ante el reclamo del señor Feliciano Rivera, el

señor Muñoz Aponte metió la mano en su bolsillo y cuando

sacó las llaves y el beeper para abrir la puerta, fue

empujado por señor Feliciano Rivera y las llaves y el

beeper cayeron al suelo. En ese mismo instante, el señor

Muñoz Aponte metió nuevamente la mano en su bolsillo y

sacó una pistola, para la cual tenía permiso, e hizo un

disparo al señor Feliciano Rivera. Una vez realizado el

disparo, el señor Feliciano Rivera soltó al señor Muñoz

Aponte y cayó al suelo herido de bala en el abdomen.

Coetáneo al momento de la entrada de señor Feliciano

Rivera a la joyería, el señor Carrasquillo Castillo se

dirigió hacia el pasillo para decirle al señor López

Medina que estuviera listo para entrar. Llegando este al

pasillo, escuchó el disparo. Ante la detonación, el señor

Carrasquillo Castillo comenzó a correr hacia el carro y,

cuando volteó, vio al señor López Medina y al señor García

Cartagena detrás de él. Una vez estaban en el vehículo, CC-2023-0136 6

el señor Carrasquillo Castillo llamó al señor Díaz

Fontánez para decirle que habían matado al señor Feliciano

Rivera. Luego, el señor Carrasquillo Castillo pidió

bajarse del auto y llamó al señor Díaz Fontánez para que

lo recogiera cerca del garaje de gasolina.

En el mismo momento que el señor Carrasquillo

Castillo llega al garaje, también llegaron unos policías,

quienes entrevistaron al señor Carrasquillo Castillo de

forma general, pero antes de que este se montara en el

auto del señor Díaz Fontánez, lo detuvieron como

sospechoso. Ante la intervención de los policías, el señor

Díaz Fontánez se fue del lugar.

De otro lado, los primeros agentes que llegaron a la

joyería pudieron hablar con el señor Feliciano Rivera

antes de ser atendido por los paramédicos y transportado

al hospital, mas este murió a causa del disparo a las 9:28

p.m. de ese día.

Como parte de la investigación policiaca, se

determinó que el arma utilizada por el señor Feliciano

Rivera durante el asalto era de juguete y que en la joyería

no faltó mercancía alguna. Es decir, no se materializó el

robo. No se ocupó ningún otro tipo de arma. Por u1timo,

resulta pertinente mencionar que el señor Carrasquillo

Castillo fue el único de los coautores del robo a la

joyería que fue arrestado el día de los hechos, que fue

identificado en una rueda de detenidos y que prestó una CC-2023-0136 7

declaración jurada el 10 de agosto de 2010. Como parte del

proceso de investigación, y ante la muerte del señor

Feliciano Rivera, este decidió confesar todo lo sucedido.

Durante este proceso investigativo, el señor Carrasquillo

Castillo estableció que su declaración era a cambio de

nada.

II

El 29 de junio de 2012, un jurado encontró culpable

al señor Díaz Fontánez y al señor García Cartagena (en

conjunto, los Recurridos) de los delitos de conspiración

(Art. 249 del Código Penal de 2004), tentativa de robo (Art.

198 del Código Penal de 2004) y asesinato en primer grado

o asesinato estatutario (Art. 106(b) del Código Penal de

2004).2 Tras varios incidentes procesales innecesarios de

pormenorizar, los Recurridos apelaron el dictamen ante el

Tribunal de Apelaciones bajo los argumentos de

insuficiencia de prueba solamente con respecto al elemento

de intención requerido al delito de asesinato estatutario

y falta de veredicto unánime en virtud de lo resuelto en

Pueblo v. Torres Rivera II, 204 DPR 288 (2020).

233 LPRA ant. secs. 4877, 4826, 4734. En específico, el señor García Cartagena fue hallado culpable de asesinato estatutario por veredicto de mayoría 10-2 y el señor Díaz Fontánez por mayoría 11-1. Además, se le halló culpable 9-3 de portación y uso de armas sin licencia. En cuanto a la pena por asesinato estatutario, a cada uno se le impuso una pena de noventa y nueve (99) años sumado a las penas de los demás delitos por los que fueron hallados culpables. CC-2023-0136 8

En lo aquí pertinente, el foro apelativo intermedio

revocó la convicción por asesinato estatutario por

insuficiencia de prueba. Razonó que el Art. 106(b) exige

la intención de causar la muerte a un ser humano y no que

esta sea como un incidente causal en el transcurso de la

consumación o tentativa del delito. Resolvió que de la

prueba surgía que los Recurridos nunca tuvieron la

intención de cometer un asesinato, sino que solo acordaron

asaltar la joyería y que ello encontraba respaldo en el

interés inequívoco de obtener un arma de juguete para

perpetuar el robo. A su vez, fundamentó que debido a los

cambios introducidos mediante el Código Penal de 2004 y lo

resuelto en Pueblo en Interés del Menor ESMR, 189 DPR 787

(2013) solamente estarían sujetos a incurrir en asesinato

estatutario los autores que comentan un asesinato como

consecuencia natural de la consumación o tentativa de un

delito base.

Por lo anterior, dispuso que resultaba incompatible

imputarle a los Recurridos el delito de asesinato

estatutario cuando la muerte del señor Feliciano Rivera fue

ocasionada a manos del señor Muñoz Aponte, víctima del

intento de robo, el cual le disparó al intentar repeler el

robo.3 Al respecto, concluyó que la muerte del señor

3Ahora bien, el Tribunal de Apelaciones razonó que tampoco a la víctima se le puede imputar el delito de asesinato por igualmente carecer del elemento de intención CC-2023-0136 9

Feliciano Rivera a manos de la víctima de robo no cumple

con el elemento de intención codificado en el Art. 106(b)

del Código Penal de 2004.4 Por otro lado, el foro intermedio

anuló los veredictos de culpabilidad donde no hubo

unanimidad y devolvió al foro primario para la celebración

de un nuevo juicio.

Insatisfecho, el Estado, por conducto del Procurador

General, recurrió ante nos y sostuvo que el Tribunal de

Apelaciones erró al revocar la convicción del delito de

asesinato estatutario de los Recurridos fundamentado en que

“nunca tuvieron la intención de ocasionarle la muerte a un

ser humano (cometer un asesinato) en ocasión de cometer o

intentar cometer el robo”.5 En apoyo a su contención,

manifestó que el foro intermedio, en primer lugar, pasó por

alto que por definición y diseño legislativo el elemento

subjetivo de intención se puede configurar bajo tres (3)

escenarios distintos en virtud del Art. 23 del Código Penal

de matar conforme exige la definición de asesinato del Código Penal de 2004.

4El foro apelado analizó que, aun aplicando la doctrina de causa próxima aplicable antes de las enmiendas al Código Penal de 1974, se llegaría al mismo resultado por la muerte haber sido provocada por un tercero. Adujo que la muerte del señor Feliciano Rivera fue consecuencia de sus propios actos al ser el único que estaba dentro de la joyería. En cuanto esto, expresó que el señor García Cartagena estaba fuera de la joyería y que el señor Díaz Fontánez se hallaba distante de la joyería.

5Véase, Petición de certiorari, pág. 2; Alegato del Pueblo, págs. 3-4. CC-2023-0136 10

de 2004, infra, que van más allá de la intención directa

(dolo directo de primer grado o propósito) del inciso (a).

En segundo lugar, arguyó que el Tribunal de

Apelaciones ignoró que Pueblo en Interés del Menor ESMR,

supra, no limitó que se pudiera cometer un asesinato

estatutario bajo el Código Penal de 2004 únicamente si se

demostraba la intención directa (o dolo directo de primer

grado) de ocasionarle la muerte a un ser humano. Añadió que

en dicho precedente se reconoció que el delito de asesinato

estatutario se podía cometer si este era una consecuencia

natural de la conducta voluntaria del autor o cuando el

sujeto ha incurrido en la conducta a conciencia de que

implicaba un riesgo considerable y no permitido de producir

el hecho delictivo realizado, o lo que sería igual a la

intención bajo el elemento subjetivo de dolo eventual,

según el inciso (c) del Art. 23 del Código Penal de 2004.

Asimismo, argumentó que los hechos y la evidencia que

se presentó demostraron que los Recurridos tuvieron la

intención de cometer el delito base de robo o su tentativa

mediante el uso de fuerza y violencia y que con ello

pusieron en marcha una cadena de eventos que culminó -como

consecuencia natural de su conducta voluntaria- con la

muerte no casual de uno de los conspiradores.

A su vez, el Estado señaló que de la prueba que

desfiló quedó claro que la muerte del señor Feliciano

Rivera fue una consecuencia natural de su propia conducta, CC-2023-0136 11

la cual es imputable a los Recurridos como coautores del

delito.6

Así las cosas, y tras denegarse la expedición del

recurso en dos (2) ocasiones, una mayoría de este Tribunal

aceptó intervenir en la controversia.

Por su parte, los Recurridos adujeron que la

controversia de este caso giraba en torno al significado

de la frase “consecuencia natural”, según tipificada en

el Art. 106 (b) del Código Penal de 2004. Al respecto,

sostuvieron que la intención del legislador al redactar

el delito de asesinato estatutario en el Código Penal de

2004 requería que la muerte acaecida en la comisión de uno

de los delitos bases allí mencionados fuese una muerte

intencional o querida conforme la naturaleza, según

concebida en el elemento subjeto de intención bajo el

inciso (b) del Art. 23. Arguyeron que ello implicaba que

el juzgador de hechos debía evaluar si en la comisión del

delito grave base, el sujeto conocía que el resultado

6Véase, Alegato del Pueblo, págs. 37. Al respecto expresó que: Carlos [señor Feliciano Rivera] sabía o debía saber que su conducta había creado un riesgo considerable y que ello podía conllevar su muerte o la del señor Muñoz Aponte. Es ahí donde se configuran la intención en su modalidad de dolo en segundo grado y dolo eventual. La muerte de Carlos fue consecuencia natural de su propia conducta que había creado un riesgo considerable no permitido… En vista de lo anterior, la conducta y muerte de Carlos puede serle atribuida e imputada a los señores García Cartagena y Díaz Fontánez como co-autores de la tentativa de robo. Mediante la co-autoría, todos los participantes de la comisión de un delito o su tentativa son responsable de las consecuencias que allí surjan. Íd., pág. 38. CC-2023-0136 12

final se presentaría como una consecuencia necesaria o

segura de su conducta. Añadieron que no bastaría que se

probara que la persona acusada hubiese querido realizar

la conducta prohibida con conocimiento de que su conducta

conllevaba un riesgo considerable y no permitido de

producir la muerte conforme al inciso (c) del Art. 23

(dolo eventual o temeridad), sino que se constituyera un

“riesgo típicamente relevante”.7

Referente a ello, los Recurridos expresaron que al

planificar el robo en la joyería nunca se habló de darle

muerte a una persona, por lo que el día de los hechos

fueron con una pistola de juguete y sin intención de dar

muerte a alguien. Por ello, argumentaron que a base de la

prueba que se presentó no se podía deducir o prever la

intención de dolo de segundo grado en el inciso (b) del

Art. 23, ya que este no concibe una mera probabilidad,

sino una alta probabilidad del resultado.

Así las cosas, y contando con el beneficio de la

comparecencia oral y escrita de las partes, procedo a

exponer brevemente el Derecho aplicable que sustenta mi

postura.

7 Véase, Alegato de parte recurrida, pág. 23. CC-2023-0136 13

III

A.

La figura del asesinato estatutario o felony murder

rule no es nueva en nuestro ordenamiento penal.8 En

apretada síntesis, mediante el asesinato estatutario se

sanciona con una pena más severa a aquella persona que

produce la muerte de un ser humano al consumar o intentar

consumar uno de ciertos delitos graves que se especifican

en la ley (llamados delitos base).9 Bajo el derogado Código

Penal de 1974, Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, solo

se requería establecer que la causa próxima de la muerte

fue la comisión de uno de los delitos base o su tentativa.

D. Nevares-Muñiz, Código Penal del Estado Libre Asociado,

2da. Ed. rev., supra, 2005, pág. 143 (citas omitidas).

De esta manera, no era necesario presentar prueba

alguna de que el asesinato fue premeditado, deliberado y

voluntario, entiéndase, sobre la presencia del elemento

de intención. En su lugar, el elemento mental requerido

8Paraun análisis crítico sobre el desarrollo histórico, dogmático y jurisprudencial del asesinato estatutario, véanse, L.A. Zambrana González, Análisis dogmático-penal del asesinato estatutario y su normatividad en Puerto Rico, 92 Rev. Jur. U.P.R. 21 (2023); M. Gómez Guerrero, El efecto del cambio en la redacción del asesinato estatutario, 47 Rev. Der. PR. 227 (2008).

9“El que se pruebe fuera de toda duda un asesinato estatutario no necesariamente significa que quedó probado el delito grave base. Tampoco hay confusión de delitos entre el delito base y el asesinato”. D. Nevares-Muñiz, Código Penal del Estado Libre Asociado, 2da. Ed. rev., supra, 2005, pág. 143 (citando a Pueblo v. Hernández Pagán, 119 DPR 424 (1987) (Sentencia)). CC-2023-0136 14

era el delito base, lo que constituía un asesinato en

primer grado por fuerza de ley. Íd. Esta norma, como

sabemos, sufrió un cambio trascendental con la adopción

del entonces Código Penal de 2004, Ley Núm. 149-2004, 33

LPRA ant secs. 4629 et seq. (Código Penal de 2004).

En lo pertinente, y por ser el Código aplicable a la

controversia de autos, el Art. 105 del Código Penal de

2004 definió asesinato como “dar muerte a un ser humano

con intención de causársela”. (Negrillas suplidas). 33

LPRA ant. sec. 4733. A su vez, en su Art. 105 se

codificaron los diferentes grados de asesinato, siendo

estos:

Constituye asesinato en primer grado: (a) Todo asesinato perpetrado por medio de veneno, acecho o tortura, o con premeditación. (b) Todo asesinato que se comete como consecuencia natural de la consumación o tentativa de algún delito de incendio agravado, agresión sexual, robo, escalamiento agravado, secuestro, secuestro de un menor, estrago, envenenamiento de aguas de uso público, agresión grave en su modalidad mutilante, fuga, maltrato intencional o abandono de un menor.10

10En la Ponencia que presentó el Profesor Ernesto L. Chiesa Aponte ante la Comisión de lo Jurídico del Senado, expresó que el inciso (b) del Art. 23 se refiere al dolo directo de segundo grado del derecho continental, y que era mejor utilizar “consecuencia natural” que “consecuencia necesaria”. Necesario es aquello cuya negación implica contradicción, lo apodíctico, como las verdades matemáticas. Es suficiente con el que el resultado sea consecuencia natural o casi segura de lo querido. La sección 2.02(b) del Código Penal Modelo alude a “practically certain”. (Negrillas suplidas). Ernesto L. CC-2023-0136 15

(c) […] Toda otra muerte intencional de un ser humano constituye asesinato en segundo grado. (Negrillas suplidas). 33 LPRA ant. sec. 4734.

En el trámite legislativo del P. del S. 2302 -que

culminó en la Ley Núm. 149-2004 o el Código Penal de 2004-

el Comité de Derecho Penal de la Academia Puertorriqueña

de Jurisprudencia y Legislación rindió un informe ante la

Comisión de lo Jurídico del Senado donde explicó el texto

del Art. 106(b).11 En particular, expresó:

En la letra (b) se mantiene la figura del asesinato estatutario, pero se incorpora la exigencia de que el asesinato se cometa como consecuencia natural de los delitos que se mencionan. Sólo entonces...el asesinato aparece como realización de la peligrosidad propia de los delitos enumerados y no como consecuencia al azar. Por otra parte, se exige que se trata de un verdadero “asesinato”, subsumible en la definición del Artículo anterior: no cualquier muerte, sino solo la muerte intencional por parte del sujeto. Otra cosa contradiría la definición del Artículo [105] anterior y la definición “asesinato en primer grado” del presente artículo. Esta expresión se complementa con lo dispuesto en el Artículo 25 (Riesgo Permitido) de la Academia Puertorriqueña de Legislación y Jurisprudencia, que dispone: “No incurre en responsabilidad la persona que ha causado un resultado tipificado como delito si dicho resultado no constituye la realización de un riesgo

Chiesa Aponte, Ponencia ante la Comisión de los Jurídico del Senado para el P. del S. 2302, 23 de mayo de 2003, pág. 5.

11Véase, D. Nevares-Muñiz, Código Penal del Estado Libre Asociado, 2da. Ed. rev., San Juan, Instituto para el Desarrollo del Derecho, 2005, pág.139. CC-2023-0136 16

suficiente y no permitido originado por su conducta”. (Negrillas suplidas). D. Nevares-Muñiz, Código Penal del Estado Libre Asociado, 2da. Ed. rev., supra, 2005, pág. 139.

Paralelamente, la Profesora Dora Nevares-Muñiz,

quien fuera la redactora principal del Código Penal de

2004, reseñó:

Esta clase de asesinato, denominada en inglés felony murder rule, se interpretó bajo el Código Penal de 1974, como que sólo requiere establecer que la causa próxima de la muerte fue la comisión de uno de los delitos incluidos en el tipo legal o su tentativa.[…] Bajo los Códigos de 1902 y 1974 no era necesario traer prueba alguna de que el asesinato fue premeditado, deliberado y voluntario. Cuando tal era el caso se trataba de un asesinato en primer grado “por fuerza de ley”. El elemento mental requerido bajo los Códigos de 1902 y 1974 era el del delito base. Sin embargo, esta interpretación histórica varía en este nuevo Código. Se han introducido dos cambios. Primero, que se trate de un “verdadero asesinato subsumible en la definición del artículo [105] anterior; no cualquier muerte intencional por parte del sujeto”. Esto es, no basta la intención de cometer el delito base, sino que ahora se requiere intención de causar la muerte, ya que “asesinato” [...] se define como “dar muerte a un ser humano con intención de causársela”. Segundo, ahora el asesinato estatutario requiere que el asesinato se cometa como consecuencia natural de uno de los delitos base. No basta que el delito base sea la causa próxima de la muerte, sino que es necesario que la comisión del delito base, o su tentativa constituya un riesgo considerable y típicamente relevante que se realice en el resultado. La muerte de una persona tiene que ser la consecuencia lógica o natural de la CC-2023-0136 17

consumación o tentativa del delito base. Como indica el Informe de la Medida, P. del S. 2302, Comisión de lo Jurídico del Senado: “Solo entonces el asesinato aparece como realización de la peligrosidad propia de los delitos enumerados y no como consecuencia al azar” (Negrillas suplidas y citas omitidas). Íd., págs. 146-146.

B.

Si bien existe amplia jurisprudencia sobre el

asesinato estatutario bajo los antiguos Códigos Penales

de 1902 y 1974, fue en Pueblo en Interés del Menor ESMR,

supra, donde por primera vez se interpretó el asesinato

estatutario del Art. 106 (b) del Código Penal de 2004 y,

en particular, los elementos necesarios para que se

configure esta modalidad de asesinato.

En esencia, en el caso antes citado se resolvió que

la muerte de la víctima de robo se debió a una muerte

casual (debido a los padecimientos cardiacos previos) y

que no estuvo presente la intención de matar como exige

la definición de asesinato en el Código Penal, ni con el

elemento de intención que requiere el Art. 106(b). Por

ello, se determinó que no se le podía imputar la falta por

asesinato estatutario al menor ESMR.

Allí se mencionó que el Art. 106 tuvo un cambio

transcendental en su redacción en comparación al Art. 83

del Código Penal de 1974. Entre varios asuntos, se

determinó que el nuevo texto requería que la muerte fuera

un asesinato como consecuencia natural y no un incidente CC-2023-0136 18

casual en el transcurso de la consumación o tentativa del

delito.12 En consecuencia, se expresó que, según sus

términos, el inciso (b) del Art. 106 tuvo el efecto de

convertir en asesinato de primer grado toda muerte

intencional ocurrida como “consecuencia natural” de la

comisión de uno de los delitos bases incluidos en el propio

inciso.

Por otra parte, este Tribunal también expresó en su

parte normativa que el asesinato, al requerir intención,

“tiene que producirse ya sea como consecuencia natural de

los actos del sujeto —no por el azar— o cuando su actuación

contiene un riesgo conocido y aceptado por el sujeto que

decide actuar, es decir, conoce la peligrosidad objetiva

de su conducta”. Íd., pág. 799. Como fundamento para esto,

se razonó que la intención de un delito, según codificada

en el Art. 23 del Código Penal de 2004, puede surgir:

(a) cuando el hecho correspondiente ha sido realizado por una conducta dirigida voluntariamente a ejecutarlo [dolo directo de primer grado]; (b) el hecho correspondiente es una consecuencia natural de la conducta voluntaria del autor [dolo directo de segundo grado o de consecuencias necesarias]; o (c) cuando el sujeto ha querido su conducta a conciencia de que implicaba un riesgo considerable y no permitido de producir

12Adviértase que este Tribunal llegó a dicha conclusión al considerar la enmienda propuesta bajo el P. de la C. 1625 que entre otras cosas proponía se enmendara el inciso (b) del Art. 106 para que incluyera al asesinato que se cometiera como consecuencia natural o incidental en el transcurso de la consumación o tentativa. Sin embargo, la propuesta no fue aprobada por la Asamblea Legislativa. Pueblo en Interés del Menor ESMR, supra, pág. 800. CC-2023-0136 19

el hecho delictivo realizado [dolo eventual o indirecto]. 33 LPRA ant. sec. 4651

Es decir, adviértase que el resultado de esto,

fuese intencional o por inadvertencia, fue determinar que

la intención para el delito de asesinato estatutario podía

ocurrir bajo cualquiera de las tres (3) modalidades

subjetivas del Art. 23 del Código Penal, a saber, dolo

directo de primer grado, dolo directo de segundo grado o

dolo eventual, lo que serían actualmente con propósito,

con conocimiento o con temeridad.

Ello, precisamente, es la contención del Estado en

este caso cuando argumenta que bastaba el dolo eventual o

la temeridad en la que incurrieron los Recurridos para

probar el elemento subjetivo requerido de intención. Sin

embargo, como veremos, el alcance de este raciocinio fue

criticado por antiguos compañeros de este Tribunal y ha

sido igualmente reprochado por la Academia. A su vez, se

aparta de la intención legislativa bajo el Código Penal

de 2004.

IV

Como presagio a la controversia ante nos, en Pueblo en

Interés del Menor ESMR, supra, la Jueza Asociada señora

Fiol Matta emitió un voto concurrente en donde expresó que

la opinión mayoritaria no definió el elemento subjetivo de

“consecuencia natural” dispuesto en el Art. 106(b), lo que

ocasionó que no se precisara con claridad la naturaleza del CC-2023-0136 20

estado mental de intención exigido por el legislador.13 En

particular, para la Jueza Asociada señora Fiol Matta la

intención del legislador al redactar el delito de asesinato

estatutario del Art. 106(b) requería que la muerte acaecida

en la comisión de uno de los delitos bases fuera una muerte

intencional o querida conforme la naturaleza según

concebida en el inciso (b) del Art. 23 (o dolo de segundo

grado). Sobre el particular, añadió lo siguiente:

En otras palabras, ante los hechos imputados, el juzgador debía evaluar si en la comisión del delito grave, el sujeto conocía que el resultado final se presentaría como una consecuencia necesaria o segura de su conducta. No bastaría con que se probara que el acusado hubiese querido realizar la conducta prohibida con conocimiento de que su conducta conllevaba un riesgo considerable y no permitido de producir la muerte conforme el inciso (c) [dolo eventual], sino que constituyera un “riesgo típicamente relevante”. A otra interpretación no podríamos llegar. El texto del Artículo 106(b) señala expresamente que el delito de asesinato estatutario se configura con que la muerte sea intencional como consecuencia natural de la comisión de uno de los delitos graves indicados o que el elemento subjetivo de intención sea como mínimo el correspondiente al dispuesto en el Artículo 23(b). Recordemos que los tribunales tenemos el deber de interpretar la ley de manera que se le dé sentido lógico a sus disposiciones y el deber de descubrir la función para la cual fue creada la ley. Además, en materia de derecho penal los estatutos tienen que interpretarse restrictivamente y no se permite hacer caso omiso a la evidente intención del legislador. Íd., págs. 812-813.

13Véase,Pueblo en Interés del Menor ESMR, supra, Voto concurrente de la Jueza Asociada señora Fiol Matta al cual se unió el Juez Presidente Señor Hernández Denton. CC-2023-0136 21

En palabras de la Jueza Fiol Mata, bajo el Art. 106(b)

no se podría sancionar penalmente a una persona por una

muerte acontecida durante la perpetración de uno de los

delitos graves, a menos que se probara que tuvo la intención

de causar la muerte o sabía con alta probabilidad que la

misma sería un resultado seguro de sus actos. Íd., pág.

813. Por ello, enfatizó que bajo el inciso (b) del Art. 23

no se puede concebir una mera posibilidad, sino una alta

probabilidad del resultado.

Similarmente, el Profesor Zambrana González nos

comenta que el lenguaje utilizado de consecuencia natural

de la consumación o de la tentativa apunta a que el

requisito de imputación al tipo subjetivo era el de dolo

directo de primer grado y segundo grado (con propósito y

con conocimiento en la terminología vigente). A. Zambrana

González, Análisis dogmático-penal del asesinato

estatutario y su normatividad en Puerto Rico, 92 Rev. Jur.

U.P.R. 21, 70 (2023).14 Esto ya que “el autor del asesinato

14A su vez, para el Profesor Zambrana González, en virtud del Art. 23 del Código Penal de 2004, como mínimo, el resultado típico de asesinato estatutario debía realizarse mediante dolo directo de segundo grado, “lo que excluía por lógica, la posibilidad dogmática que el resultado típico pudiera realizarse mediante dolo eventual (con temeridad), bajo la referida disposición de imputación al tipo subjetivo”. Íd., esc. núm. 259. Por ello nos invita a cuestionarnos el por qué seguir tipificando esta modalidad tan problemática de asesinato estatutario, si como quiera ya la realización de la muerte mediante dolo directo de primer o segundo grado se clasifica como asesinato de primer grado. Íd.(cita omitida). CC-2023-0136 22

debía ser consciente de que la generación del peligro

desaprobado, concretizado en la realización de un delito

base o su tentativa, como mínimo produciría de forma

(casi) segura la muerte de una persona”. (Negrillas

suplidas). Íd.

Por ello, el Profesor Zambrana González explicó que

en Pueblo en Interés del Menor ESMR, supra, la Opinión

mayoritaria erró al expresar que la modalidad de asesinato

estatuario podía cometerse mediante cualquier forma de

dolo, incluyendo el dolo eventual. Lo anterior, porque “si

el autor debe ser consciente de que el resultado típico

tiene que ser una consecuencia natural de la comisión o

tentativa del delito base, entonces no existiría lugar

para una forma dolosa menor a la de dolo directo de segundo

grado”, cuyo lenguaje en el Art. 23(b) así lo distinguía.

Íd., pág. 73.15

15Resulta también pertinente a la controversia el análisis que hace el Profesor Zambrana González sobre los autores y coautores ante el principio de responsabilidad penal, cobijado actualmente en el Art. 8 del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5008 (Art. 22 del Código de 2004, 33 LPRA ant. sec. 46) y el principio de personalidad en el actual Art. 6 del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5006. (“Como mínimo, el coautor debe tener dominio del hecho. Puede ser coautor o partícipe del delito base, pero no necesariamente del asesinato de un sujeto mientras se cometía o intentaba cometer ese tipo penal. Tanto un autor como cooperador deben tener conocimiento del hecho típico por el cual se les imputa un grado de culpabilidad. Bajo el ordenamiento penal actual, casos como los del agente del orden público que dispara en cumplimiento de un deber y le provoca accidentalmente la muerte a una víctima de robo, por ejemplo, no podrían dar paso a la configuración del asesinato estatutario). L.A. Zambrana González, op. CC-2023-0136 23

Por su parte, en su ponencia ante la Comisión de

lo Jurídico del Senado para evaluar el P. del S. 2302, el

Profesor Luis E. Chiesa Aponte sostuvo que el Código

propuesto alteraba la tradición anglosajona con respecto

al delito de asesinato, ya que incluía muchos elementos

de corte continental.16 En particular, expuso que el Art.

106 (b) eliminaba la doctrina clásica de asesinato

estatutario al establecer en el inciso (b) que sólo las

muertes que ocurren como consecuencia natural de alguno

de los delitos bases subyacentes clasificarían para ser

consideradas asesinatos en primer grado.

En lo aquí pertinente, comentó el Profesor Chiesa

Aponte que esto tendría poco sentido, ya que desde el

punto de vista de política criminal debería bastar para

que se considere asesinato en primer grado que la muerte

se haya producido con dolo eventual, es decir, como

consecuencia probable del acto y con indiferencia a la

producción del resultado lesivo. Íd. Dicho de otro modo,

al Profesor Chiesa Aponte le preocupó que al requerirse

que la muerte fuese el resultado de una consecuencia

cit, pág. 45. Véanse, Pueblo v. Rivera Torres, 121 DPR 128 (1988); Pueblo v. Calderón Laureano, 113 DPR 574 (1982).

16Ponencia del Profesor Chiesa Aponte sobre el P. del S. 2302 del Nuevo Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 23 de mayo de 2003, pág. 19; P del S. 2302: Ley Núm. 149 de 18 de junio de 2004, Código Penal de Puerto Rico, Pt. II, Sec. B, Núms. 1-19 Miscelánea. En específico, destacó que la doctrina se derivaba de la obra penalista del alemán Jescheck. Íd., pág. 10. CC-2023-0136 24

natural, se eliminara la posibilidad de que se incurriera

en el elemento subjetivo del delito mediante el dolo

eventual bajo el inciso (c) del Art. 23 del Código Penal

de 2004 (“cuando el sujeto ha querido su conducta a

conciencia de que implicaba un riesgo considerable y no

permitido de producir el hecho delictivo realizado”), o

temerariamente en el ordenamiento actual.17

Asimismo, con respecto al término de dolo directo de

segundo grado, comentó que el uso de consecuencia natural

en lugar de consecuencia necesaria obedece a que lo

necesario conlleva certeza matemática y que de eso no se

habla en el derecho penal, sino de consecuencias que

suelen surgir en el curso natural de los eventos.18 En

particular, no basta que el autor sea consciente de que

existe alguna probabilidad de que su acción producirá el

hecho delictivo para que se considere que actuó con

conocimiento, sino que se requiere además que el autor

haya previsto que existía una alta probabilidad de que se

realizaría la conducta prohibida e incluso

17Nótese que en el Código Penal de 2012, la enmienda mediante la Ley Núm. 246-2014, modificó la definición de asesinato en su Art. 92. (“Asesinato es dar muerte a un ser humano a propósito, con conocimiento o temerariamente”. 33 LPRA sec. 5141.

18Ponencia del Profesor Chiesa Aponte sobre el P. del S. 2302 del Nuevo Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 23 de mayo de 2003, pág. 10; P del S. 2302: Ley Núm. 149 de 18 de junio de 2004, Código Penal de Puerto Rico, Pt. II, Sec. B, Núms. 1-19 Miscelánea. Íd., pág. 10. CC-2023-0136 25

pudiera decirse que un sujeto actúa “con conocimiento” solamente si es consciente que su conducta genera una probabilidad extremadamente alta de producir un hecho delictivo, puesto que solamente en estos casos puede decirse que la producción del hecho delictivo es una “consecuencia natural o necesaria” de la conducta del actor. (Negrillas suplidas). Luis E. Chiesa Aponte, Derecho Penal Sustantivo, 2da. Ed., Estados Unidos, Publicaciones JTS, 2013, pág. 155. 19

Aún más importante, en el Informe sobre el P. del S.

2302 que la Comisión de lo Jurídico presentó a la Cámara

de Representantes se indicó que

el Artículo 23 (Intención) se restituye en el inciso (b) el término consecuencia “necesaria” por consecuencia “natural”. Este cambio fue recomendado por el Prof. Ernesto Chiesa en su ponencia escrita; además, es consistente con el término utilizado en el Artículo 106 en referencia al asesinato estatutario…(Negrillas suplidas). Informe de la Comisión de lo Jurídico sobre el P. del S. 2302 a la Cámara de Representantes del 28 de abril de 2024, pág. 21.

Nótese, que la Asamblea Legislativa al momento de

redactar el Código Penal de 2004 creó de manera

intencionada una relación entre el Art. 106 (b) y el Art.

23 (b) del Código Penal de 2004 (dolo directo de segundo

grado o con conocimiento).

V

Como cuestión de umbral, debo reseñar que me resulta

desacertado, incluso peligroso, que tanto el Estado como

19Véasetambién, Luis E. Chiesa Aponte, Derecho Penal Sustantivo, Estados Unidos, Publicaciones JTS, 2007, págs. 146-147. CC-2023-0136 26

algunos de mis compañeros de estrado recurran de forma

ilustrativa o persuasiva a jurisprudencia resuelta bajo

Códigos Penales inaplicables como el de 1974.20 Como vimos,

y muy contrario al Código Penal de 2004, en tal Código la

imputación del tipo objetivo se realizaba mediante la

teoría de causa próxima y solo requería establecer que la

causa próxima de la muerte fue la comisión de uno de los

delitos base o su tentativa. Esta norma sufrió un cambio

transcendental con el Código Penal de 2004, lo que me

fuerza a concluir que tal jurisprudencia no es vinculante

o pertinente en este caso.

Así, por ejemplo, el argumentar reiteradamente que

los Recurridos “pusieron en marcha una sucesión de

eventos” que desembocó en la muerte de uno de los coautores

es, desde mi punto de vista, un intento de recurrir a la

descartada teoría de causa próxima, donde prácticamente

aquel que iniciaba un acto criminal respondía por todas

20Parauna crítica respecto a la figura del asesinato estatutario y sus implicaciones constitucionales por violación a la cláusula constitucional contra castigos crueles e inusitados, presunción de inocencia y conflicto con los principios normativos de autolimitación como los de culpabilidad, proporcionalidad, adecuacidad y responsabilidad personal, véanse, A. Zambrana González, op. cit.; M. Gómez Guerrero, op. cit. (“Es absurdo sostener la responsabilidad criminal de una persona por el trágico e imprevisto resultado producido por las actuaciones de un tercero…Toda la casuística ha demostrado que el asesinato estatutario se ha interpretado en beneficio del estado y en completo menosprecio de los derechos constitucionales de los acusados por dichos delitos.”). Íd., pág. 237. CC-2023-0136 27

las posibles consecuencias de sus actos. Recordemos que

bajo la pasada jurisprudencia no se le requería al Estado

demostrar algún elemento subjetivo doloso con respecto a

la muerte de la persona.21

Sin embargo, bajo el Código Penal de 2004 aplicable

a la controversia de autos, el Estado debía demostrar, más

allá de duda razonable, que la muerte se trató de un

verdadero asesinato en virtud del Art. 105 del Código

Penal de 2004, es decir, que hubo la intención de causar

su muerte y no solamente de cometer el delito de robo.

Además, tenía que probar que el asesinato ocurrió como

consecuencia natural, o como hemos visto, que se trató de

un resultado con alta probabilidad de ocurrir.

Por otra parte, el Estado, así acogido por algunos

miembros de este Tribunal, afirma que basta el dolo

eventual o la temeridad para que se configure el elemento

subjetivo de intención de asesinar en este caso. Para ello

argumenta que en Pueblo en Interés del Menor ESMR, supra,

se expresó que la intención en virtud del Art. 23 del

Código Penal de 2004 se da en tres (3) modalidades

distintas y que “[p]or lo tanto, el asesinato, al requerir

intención, tiene que producirse ya sea como consecuencia

21Cf., L.A. Zambrana González, op. cit. Para el Profesor Zambrana González los cambios introducidos en el Art. 106(b) del Código Penal de 2004 fueron tan sustanciales que considera que muchos de los condenados en la jurisprudencia bajo los Códigos Penales de 1902 y 1974 no hubiesen podido serlo a la luz del estatuto equivalente en el Código Penal de 2004. CC-2023-0136 28

natural de los actos del sujeto -no por el azar- o cuando

su actuación contiene un riesgo conocido y aceptado por

el sujeto que decide actuar, es decir, conoce la

peligrosidad objetiva de su conducta”. Íd., pág. 799. Por

ello sostienen que vasta el dolo eventual para demostrar

la intención de asesinar del Art. 106 (b) del Código Penal

de 2004.22

Desde mi punto de vista, y como muy bien argumentó

en la vista oral la Profesora Iris Y. Rosario Nieves,

representante legal de los Recurridos, esa expresión en

Pueblo en Interés del Menor ESMR, supra, no solo está

sacada de contexto, sino que también se aparta de las

conclusiones de tratadistas y expertos del Derecho penal

y el alcance de lo allí resuelto. Como bien reseñé, tanto

el Profesor Zambrana González como el Profesor Chiesa

Aponte concluyeron que al Art. 106 (b) del Código Penal

de 2004 hablar de las muertes ocurridas como consecuencia

natural en la consumación o tentativa de los delitos

bases, este eliminaba la posibilidad de que el elemento

subjetivo de intención se demostrara con dolo eventual o

con temeridad. Véase, Zambrana González, Análisis

dogmático-penal del asesinato estatutario y su

normatividad en Puerto Rico, 92 Rev. Jur. U.P.R. 21, 70-

22Se distingue que el Código Penal de Puerto Rico de 2012, la enmienda mediante la Ley Núm. 246-2014, modificó la definición de asesinato en su Art. 92. (“Asesinato es dar muerte a un ser humano a propósito, con conocimiento o temerariamente”. 33 LPRA sec. 5141. CC-2023-0136 29

73 (2023); Ponencia del Prof. Luis E. Chiesa Aponte sobre

el P. del S. 2302 del Nuevo Código Penal del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, 23 de mayo de 2003, pág. 19; P

del S. 2302: Ley Núm. 149 de 18 de junio de 2004, Código

Penal de Puerto Rico, Pt. II, Sec. B, Núms. 1-19

Miscelánea.

A su vez, adviértase que por los hechos que se

suscitaron en Pueblo en Interés del Menor ESMR, supra, el

análisis de este Tribunal se detuvo en la imputación

objetiva, pues se determinó que la muerte había sido

casual debido a las condiciones de salud previas de la

víctima. Como resultado, y como invitó a hacer la Jueza

Asociada señora Fiol Matta, en aquel momento el Tribunal

no se embarcó en el análisis de imputación subjetiva

requerida. Por lo tanto, contrario a la pretensión del

Estado y de algunos compañeros de este Tribunal, la

referida oración no creó un precedente y mucho menos tiene

el alcance aquí pretendido de que basta temeridad o dolo

eventual para que se configure el elemento de intención.

Así las cosas, y retomando la médula de la

controversia, bajo el Código Penal de 2004 el asesinato

es dar muerte a un ser humano con la intención de causarla.

33 LPRA ant. sec. 4733. La intención es un elemento de

hecho a ser determinado por el juzgador de hechos

atendiendo los hechos, actos y circunstancias que rodean

a la muerte, la capacidad mental, motivación, CC-2023-0136 30

manifestaciones y conducta de la persona, y luego de esta

evaluación inferir si hubo la intención de matar o no.

(Negrillas suplidas). D. Nevares-Muñiz, Código Penal del

Estado Libre Asociado, 2da. Ed. rev., supra, 2005, pág.

136; Pueblo v. Ortiz Rodríguez, 100 DPR 972, 979 (1972).

De igual forma, enfatizo que con la adopción del

Código Penal de 2004 no basta que el delito base sea la

causa próxima de la muerte, sino que es necesario que la

consumación del delito base o su tentativa constituya un

riesgo típicamente relevante que se realice en el

resultado. D. Nevares-Muñiz, Código Penal del Estado Libre

Asociado, 2da. Ed. rev., supra, 2008, pág. 147. Por ello,

se dispone que la muerte de la persona tiene que ser una

consecuencia lógica o natural de la consumación o

tentativa del delito base. Íd. En otras palabras, y según

discutido, para que se pueda encontrar culpable a una

persona por asesinato estatutario se tiene que probar que

tuvo la intención de causar la muerte y que conocía con

alta probabilidad que la muerte sería el resultado casi

seguro de sus actos.

Por ello, la pregunta ante nos es si a partir de los

hechos tan particulares de este caso, al momento de

consumar o intentar consumar el delito de robo, el señor

Díaz Fontánez y el señor García Cartagena tuvieron la

intención de asesinar a una persona o si sabían que con

alta probabilidad la muerte del coautor Feliciano Rivera CC-2023-0136 31

sería el resultado casi seguro de sus actos. Al igual que

el foro intermedio, respondo en la negativa. Por ello mi

conformidad.

Y es que tanto una lectura sosegada del expediente

como de un análisis ecuánime de las argumentaciones de las

partes, se desprende que el Tribunal de Apelaciones no

cometió el error señalado por el Estado. Esto es, que no

se apartó de lo expresado en Pueblo en Interés del Menor

ESMR, supra, o incurrió en errores conceptuales. La

determinación del foro intermedio se fundamentó,

principalmente, en que de conformidad con el Art. 106 (b)

del Código Penal de 2004 y con lo expresado en Pueblo en

Interés del Menor ESMR, supra, se requiere que la muerte

sea un asesinato y que ocurra como consecuencia natural

durante la consumación o tentativa del delito base. Por

ello, resolvió que hubo insuficiencia de prueba para

demostrar más allá de duda razonable el elemento de

intención del Art. 106 (b) del Código Penal de 2004.

Veamos.

En cuanto al concepto de intención, la Profesora

Nevares-Muñiz expresó que “[n]o puede llamarse intencional

un hecho no querido por su autor, como lo pretend[ía] el

Artículo 15b del Código Penal de Puerto Rico [1974]

(“cuando el resultado sin ser querido ha sido provisto por

su autor”). La intención implica algún modo de “querer”.

En la doctrina actual, hay dos (2) formas de “querer”: el CC-2023-0136 32

querer como manifestación de un deseo dirigido a la

consecución de un hecho, y el querer como aceptación del

hecho.23

No tengo duda que en este caso el expediente está

huérfano de prueba tendente a demostrar la tipicidad del

Art. 106 (b) del Código Penal de 2004 para que se pueda

concluir que los Recurridos tuvieron la intención de

causarle la muerte al señor Feliciano Rivera y que su

muerte ocurrió como una consecuencia natural. Contrario a

lo expresado por la Opinión disidente, la prueba a lo sumo

demostró otros delitos que no están aquí en controversia

como la conspiración, el robo o su tentativa. Nada más.

Por ello, el resultado de este caso no es dejar impunes a

los Recurridos como sostienen los disidentes, puesto que

llevan más de once (11) años reclusos.24 Sino que este caso

23Ponencia de la Dra. Dora Nevares Muñiz y la Lcda. Rosa Noemí Bell Bayrón sobre el P. del S. 2302 del Nuevo Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 21 de mayo de 2003, pág. 3, P del S. 2302: Ley Núm. 149 de 18 de junio de 2004, Código Penal de Puerto Rico, Pt. II, Sec. B, Núms. 1-19 Miscelánea.

24Elseñor García Cartagena, fue sentenciado a noventa (90) días por infracción al Art. 249 (conspiración), noventa y nueve (99) años por infracción al Art. 106(b) (asesinato estatutario), y dos (2) años y nueve (9) meses por la tentativa al Art. 198 del Código Penal del 2004. Por su parte, el señor Díaz Fontánez fue sentenciado a noventa (90) días por infracción al Artículo 249 (conspiración), noventa y nueve (99) años por el Art. 106(b) (asesinato estatutario), dos (2) años y nueve (9) meses por tentativa al Art. 198 de Código Penal del 2004 y un (1) año por el Art. 5.04 de la Ley de Armas de Puerto Rico. CC-2023-0136 33

trata de reconocer la responsabilidad penal de una persona

si en Derecho le corresponde.

A pesar de lo anterior, el Estado y los disidentes

insisten en que los Recurridos tuvieron la intención de

adquirir originalmente un arma de fuego real, lo aquí

material es que no la consiguieron y el señor Feliciano

Rivera, quien finalmente resultó muerto, entró a asaltar

la joyería con un arma de juguete. Ante ello, enfatizo que

se debe evaluar si los Recurridos, como coautores en este

caso, tenían en su estado mental la intención de asesinar

a un ser humano, a saber, otro coautor. O, en otras

palabras, si el señor Díaz Fontánez y el señor García

Cartagena, cuando decidieron continuar con el plan de robo

utilizando un arma de juguete, podían prever con alta

probabilidad que la comisión del robo o su tentativa

tendría como consecuencia natural o casi segura la muerte

de un ser humano.

El distinguir esto es importante, porque tanto el

Estado como los disidentes enfatizan que era lógico que

la víctima del robo, ante la violencia y amenaza recibida

durante el atraco, defendería su propiedad con el arma

para la cual tenía licencia y ello resultara en una muerte.

Sin embargo, considero que todo esto, a lo sumo, demuestra

una actuación en legítima defensa, como causa de exclusión

de responsabilidad penal mediante la cual la víctima

intentó repeler el robo, mas no puede tener el alcance CC-2023-0136 34

pretendido de transferir a los Recurridos la intención de

causar un asesinato por medio de una teoría implícita de

causa próxima y en aparente contradicción al texto claro

de los Arts. 105 y 106 (b) del Código Penal de 2004.

Abona a mi postura que del propio testimonio del

testigo de cargo y coautor señor Carrasquillo Castillo

surgió lo siguiente:

Sobre el disparo, no sabe quién lo hizo. En cuanto a la pistola, dijo que era tan de mentira, que se le rompieron unos cantitos pequeños cuando la probaba. Dijo que no se siente responsable por la muerte del señor Feliciano Rivera. El Tribunal de Primera Instancia permitió a la defensa preguntar si era justo que mataran a un joven que usaba una pistolita de plástico y el señor Carrasquillo Castillo respondió no. En cuanto al robo, dijo que no sabe si se rompieron vitrinas en la joyería porque no alcanzó a mirar. No pudieron robar porque hubo un disparo. Y jamás pensó que eso pudiese pasar. Aunque hubo tristeza en el barrio, él no volvió a hablar con los demás que planificaron el robo. En el redirecto del Ministerio Público, el señor Carrasquillo Castillo dijo él y los demás fueron "[a] robar, asaltar". Se supone que lo robado sería vendido por el señor Díaz Fontánez y Saúl[sic] para después repartirlo en partes iguales. No lo lograron por el forcejeo entre Carlos y el señor de la joyería, seguido por el disparo. Explicó que respondió a la defensa que no [se] sentía responsable de la muerte del señor Feliciano Rivera, ya que "pa' mi entender nosotros no fuimos allí a matar a nadie ni na", pero se siente mal y dolido por la muerte de este porque era su amigo. Igualmente, se sintió mal por el joyero, quien no tiene la culpa, ya que ellos fueron a asaltar y este se defendió.25

25Extractodel testimonio del señor Carrasquillo Castillo, Petición de Certiorari, págs. 28-29. CC-2023-0136 35

En este caso, no tengo duda de que al Art. 106(b) del

Código Penal de 2004 exigir el elemento de “consecuencia

natural” le impuso al Estado la obligación de demostrar

más allá de duda razonable que no solo se ocasionó una

muerte durante la consumación o la tentativa del delito

base, sino que además los aquí Recurridos actuaron con el

conocimiento de que su conducta generaría con probabilidad

extremadamente alta la muerte del señor Feliciano Rivera

al realizarse el robo. Como vimos, la normativa fue clara

en que se exige un verdadero asesinato con la intención

de causar la muerte y no cualquier muerte incidental o

casual.

Además, al reflexionar sobre la intención legislativa

del Art. 106 (b) del Código Penal de 2004, se dijo que

[p]arecería que el propósito fundamental de la figura del asesinato estatutario, según redactado en el Código Penal de 2004, fue persuadir al criminal para que no asesine a sus víctimas mientras comete alguno de los delitos base. Esto, pues, castiga más severamente aquellos asesinatos cometidos mientras se comete o intenta cometer ciertos delitos que son inherentemente peligrosos por la vulnerabilidad en la cual se encuentran sus víctimas, por lo que busca protegerlas. El legislador pretendió castigar de forma más severa al delincuente que mientras comete uno de estos delitos asesine a sus víctimas, en contraste con aquellos que únicamente cometen el delito. Pueblo en Interés del Menor ESMR, págs. 802-803.

A la luz de todo esto, y al igual que resolvió el

foro apelativo intermedio, en la comisión o tentativa del

robo perpetrado por los Recurridos no estuvo presente la CC-2023-0136 36

intención de dar muerte a un ser humano como exige la

definición de asesinato en el Código Penal de 2004 y esta

no ocurrió como consecuencia natural según requiere el

Art. 106(b) el Código Penal de 2004. Por todo ello, estoy

conforme con que, tras este Tribunal estar igualmente

dividido, se confirme la Sentencia recurrida, la cual,

entre otras cosas, anuló la convicción de asesinato

estatutario de los Recurridos.

VI

Por último, quisiera señalar que la controversia de

autos ejemplifica cómo la celebración de vistas orales

contribuye a tomar una decisión más ponderada. Como muy

bien expresó la Profesora Iris Y. Rosario Nieves en su

alocución, el asesinato estatutario genera debate porque

el legislador lo ha modificado en cuatro (4) ocasiones

distintas y con ello ha alterado la estabilidad y

compresión jurídica de una figura ya, de por sí, compleja.

Consecuentemente, he llamado la atención a esta

situación cuando aún en asuntos de alto interés público

que han requerido la necesidad de redefinir los contornos

de garantías constitucionales se le niega a una parte la

solicitud. Véase, Pueblo v. Bonilla Rosado, 210 DPR 980,

988 (2022) (Opinión disidente del Juez Asociado señor

Estrella Martínez). Aspiro a un mayor reconocimiento de

que en las vistas orales se atienden las preocupaciones

particulares de cada miembro de este Tribunal, lo que CC-2023-0136 37

repercute en nutrir el análisis de las controversias a

resolverse y además es un excelente ejercicio pedagógico

para la comunidad jurídica y la comunidad en general.

Luis F. Estrella Martínez Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Recurrido CC-2023-0136 Certiorari ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

El Juez Asociado señor Rivera García emitió una Opinión Disidente a la cual se une el Juez Asociado señor Martínez Torres, la Jueza Asociada señora Pabón Charneco y el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo

Este caso nos brindaba la oportunidad de abundar sobre

lo que correctamente establecimos en Pueblo en Interés del

Menor ESMR, 189 DPR 787 (2013), respecto a la figura del

delito de asesinato estatutario bajo el derogado Código

Penal de 2004, infra, y, además, nos ofrecía espacio para

elaborar sobre los elementos subjetivos de intención,

particularmente, aquellos que no requieren un objetivo

consciente y voluntariamente deseado.

Lamentablemente, una vez más, este Tribunal se divide

y no alcanza una determinación mayoritaria, dando paso a la CC-2023-0136 2

confirmación de un dictamen que, bajo mi criterio, es

patentemente incorrecto. La conclusión del Tribunal de

Apelaciones parece sugerir que la figura del asesinato

estatutario, procede única y exclusivamente cuando se tiene

intención directa de asesinar. Así, pierde de perspectiva

que, además, los delitos se consideran cometidos con

intención cuando media temeridad en los actos del sujeto o

cuando existe conocimiento ⎯dolo de segundo grado⎯ y era

previsible el resultado. Precisamente, sobre este último

grado de intención, es que debimos expresarnos y dejar

meridianamente claro cuáles eran las implicaciones del

inciso (b) del Art. 23 del Código Penal del 2004, respecto

a la intención criminal que se produce cuando el hecho

correspondiente es una consecuencia natural de la conducta

voluntaria del autor.

Así, pues, me hago eco de las palabras que

pronunciáramos en Pueblo v. Calderón Laureano,1 que, aunque

se hicieron bajo un marco jurídico diferente, son

perfectamente aplicables al razonamiento de esta

controversia, toda vez que “no es necesario mucho esfuerzo

mental para comprender que al efectuarse un robo ⎯debido

al interés natural de la víctima de proteger su persona y

bienes⎯ el asaltante razonablemente ha previsto o puede

prever que la consecuencia natural o probable de su acción

puede desembocar en la muerte de alguna persona”.

1 113 DPR 574, 580 (1982). CC-2023-0136 3

En vista de que los antecedentes fácticos del presente

caso son muy particulares, procedo a consignarlos de manera

sucinta a continuación.

I.

Por hechos ocurridos el 4 de agosto de 2010, el

Ministerio Público presentó varias denuncias en contra de

los Sres. José García Cartagena y Víctor J. Díaz Fontánez

(en conjunto, recurridos). Particularmente, se les imputó

haber cometido los delitos siguientes: asesinato

estatutario, conspiración, tentativa de robo2 y portación y

uso de armas de fuego sin licencia.3

Luego de superar las instancias preliminares del cauce

criminal, se celebró el juicio en su fondo entre los meses

de marzo y junio de 2012. Cabe señalar que el juicio se

celebró ante un Jurado.

De la prueba presentada en sala, surgió que allá para

el 3 de agosto de 2010, los recurridos, junto a otros

coautores, se reunieron e idearon un plan para robar la

Joyería San José, la cual estaba localizada en el municipio

de San Lorenzo.4 La intención de robar la joyería antes

mencionada respondió a que el comercio era atendido por el

Sr. José Muñoz Aponte, presuntamente una persona débil y de

edad avanzada, por lo que, según los conspiradores, sería

2 Art. 106 (b), 249 y 198 del Código Penal de 2004, 33 LPRA ant. secs. 4826, 4832 y 4877, respectivamente. 3 Art. 5.04 de la entonces vigente Ley de Armas de Puerto Rico, Ley Núm.

404-2000, según enmendada, 25 LPRA ant. sec. 458 (c). 4 Apéndice del recurso, Transcripción de la prueba oral págs. 554-559. CC-2023-0136 4

fácil de dominar. Además, se mencionó que los atracadores

intentaron conseguir un arma de fuego para cometer el

crimen, sin embargo, sus esfuerzos por adquirir una

resultaron infructuosos, por lo que decidieron comprar un

arma de juguete que pareciera y tuviera las características

de un arma de verdad.5 Asimismo, el acuerdo era que cuando

entraran a la joyería, tenían que quitarle el "beeper" al

señor que atendía, amarrarlo y encerrarlo en un cuarto que

había adentro.

De igual forma, la prueba estableció que el 4 de

agosto de 2010, día en que se cometió el robo, cuando los

asaltantes llegaron al negocio, se percataron de que la

persona que estaba atendiendo no era una persona fácil de

dominar, sino que era un hombre fuerte y saludable. A pesar

de ello, decidieron cometer la fechoría porque ya estaban

allí y, pues, "eso era meterse rápido y ya".6

Así las cosas, el Sr. Carlos Feliciano Rivera, uno de

los coautores, entró a la joyería con el revólver y

forcejeó con el señor Muñoz Aponte. Acto seguido, lo golpeó

en el rostro y le hirió la boca. Asimismo, lo encañonó y le

solicitó en reiteradas ocasiones que abriera la puerta para

que los otros compañeros entraran. Ante este reclamo, el

señor Muñoz Aponte introdujo la mano en su bolsillo y

cuando sacó las llaves y el beeper para abrir la puerta,

fue empujado por el señor Feliciano Rivera, por lo que las

llaves y al beeper cayeron a un lado del suelo. En ese

5 Íd. 6 Íd., págs. 580-582. CC-2023-0136 5

mismo instante, el señor Muñoz Aponte ingresó nuevamente su

mano en el bolsillo, sacó una pistola para la cual tenía

licencia, e hizo un disparo que hirió mortalmente a uno de

los coautores. Eventualmente, uno de los participantes del

robo realizó una confesión y se logró el arresto de los

demás involucrados.

Así las cosas, el 29 de junio de 2012, el Jurado

rindió sus veredictos. En lo que concierne al señor García

Cartagena, el Jurado emitió el siguiente veredicto:

a. En cuanto al delito de conspiración, fue encontrado culpable por unanimidad. b. Respecto a la tentativa de robo imputada, fue encontrado culpable por mayoría de 11-1. c. En cuanto al asesinato en primer grado, fue encontrado culpable por mayoría 10-2. d. En el cargo de portación y uso de armas de fuego sin licencia, el veredicto fue de no culpabilidad.

Respecto al señor Díaz Fontánez, el Jurado emitió

el siguiente veredicto:

a. En cuanto al delito de conspiración, fue encontrado culpable por unanimidad. b. Respecto a la tentativa de robo, fue encontrado culpable por unanimidad. c. En cuanto al delito de asesinato en primer grado, el veredicto de culpabilidad fue por mayoría 11-1. d. Respecto a la portación y uso de armas de fuego sin licencia, fue encontrado culpable por mayoría 9-3.

Consecuentemente, el 6 de septiembre de 2012, el

Tribunal de Primera Instancia dictó las correspondientes

Sentencias. CC-2023-0136 6

Luego de varios años, específicamente en el 2020, los

recurridos presentaron mociones de nuevo juicio al amparo

de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal,7 bajo la

alegación de falta de diligencia de su entonces

representación legal para apelar. El tribunal primario las

declaró con lugar y dejó sin efecto las Sentencias emitidas

el 6 de septiembre de 2012. Así las cosas, durante los días

14 de enero y 28 de junio de 2021, se realizaron los nuevos

actos de Lectura de Sentencia en contra de los recurridos.8

Inconformes, los recurridos presentaron oportunamente

y ⎯por separado⎯ recursos de Apelación ante el Tribunal de

Apelaciones y esbozaron que el cargo por asesinato

estatutario no se probó más allá de duda razonable y que

les era de aplicación la nueva norma adoptada en Ramos v.

Lousiana, 590 US 83 (2020), relacionada a la unanimidad en

veredictos de culpabilidad.

Así las cosas, el 7 de noviembre de 2022, el foro

intermedio notificó una Sentencia en virtud de la cual

revocó el dictamen del tribunal primario respecto al

asesinato en primer grado, en la modalidad de asesinato

estatutario, tras razonar, en lo pertinente, lo siguiente:

“[L]os aquí apelantes nunca tuvieron la intención de matar, elemento requerido por el Art. 106(b) del Código Penal del 2004 y lo

7 34 LPRA Ap. II. 8 En lo que respecta al señor García Cartagena, fue sentenciado a noventa (90) días por infracción al Artículo 249, noventa y nueve (99) años por infracción al Art. 106(b), y dos (2) años y nueve (9) meses por la tentativa al Art. 198 del Código Penal del 2004. Por su parte, el señor Díaz Fontánez fue sentenciado a noventa (90) días por infracción al Artículo 249, noventa y nueve (99) años por el Art. 106(b), dos (2) años y nueve (9) meses por tentativa al Art. 198 del Código Penal del 2004 y un (1) año por el Art. 5.04 de la Ley de Armas de Puerto Rico. CC-2023-0136 7

resuelto en Pueblo en Interés del Menor ESMR, supra. Por otro lado, la muerte del coautor del delito, Carlos Feliciano Rivera, a manos de la víctima del asalto tampoco fue un asesinato, por carecer de la intención de matar conforme exige la definición de asesinato del Código Penal de 2004. Por lo anterior, concluimos que la prueba presentada por el Ministerio Publico resultó insuficiente para configurar contra los aquí apelantes el elemento de intención requerido para el delito de asesinato estatutario, según tipificado en el Art. 106 (b) del Código Penal del 2004”.

Insatisfecho, el 24 de febrero de 2023, el Procurador

General presentó un recurso de Certiorari ante nos, y

planteó lo siguiente:

El Tribunal de Apelaciones cometió un craso error de derecho al revocar la [condena] de los recurridos por el delito de asesinato estatutario bajo el Código Penal de 2004[,] al entender que únicamente podía incurrirse en el delito de asesinato estatuario si se demuestra la intención directa de ocasionarle la muerte a una persona e ignorar los otros escenarios del elemento de la intención reconocidos expresamente en el Código Penal y en Pueblo En Interés del Menor ESMR, 189 DPR 787 (2013).

Luego de varios trámites procesales, expedimos el caso

en segunda reconsideración. Las partes presentaron sus

correspondientes alegatos y el 30 de abril de 2024

celebramos una Vista Oral.

Así, pues, en vista de que contamos con el beneficio

de la comparecencia tanto escrita como oral de ambas

partes, procedo a elaborar el razonamiento de mi postura.

II.

A. Asesinato estatutario bajo el Código Penal 2004 CC-2023-0136 8

La figura del asesinato estatutario, proveniente del

derecho común angloamericano, ha estado instituida en

nuestro derecho penal desde hace ya varias décadas. La

incorporación y la subsistencia de esta figura ha

respondido a una fuerte y constante política pública que

busca disuadir y penalizar con mayor severidad a las

personas que al cometer lo que conocemos como el delito

base, con sus acciones coetáneas, contribuyen u ocasionan

la muerte a un ser humano.

Las particularidades de esta figura, fueron recogidas

de manera acertada en Pueblo En Interés del Menor ESMR, 189

DPR 787 (2013), particularmente, en el contexto sustantivo

del Código Penal del 2004. Si bien no pretendo duplicar lo

que en dicha ocasión correctamente pronunciamos, estimo

necesario apuntalar varios aspectos de la doctrina general

de esta figura dentro del marco legal provisto por el

Código Penal de 2004.

En lo pertinente al caso de autos, el Art. 106 del

Código Penal de 2004, codificó el delito de asesinato

estatutario de la manera siguiente:

(a) [...] (b) Todo asesinato que se comete como consecuencia natural de la consumación o tentativa de algún delito de incendio agravado, agresión sexual, robo, escalamiento agravado, secuestro, secuestro de un menor, estrago, envenenamiento de aguas de uso público, agresión grave en su modalidad mutilante, fuga, maltrato intencional o abandono de un menor. (c) [...]. (Énfasis suplido) CC-2023-0136 9

Como sabemos, el Código Penal del 2004 introdujo

varios cambios a la manera en que estaba redactado el

delito de asesinato estatutario, de manera tal, que se

sustituyó la palabra “muerte” por “asesinato”. En ese

sentido, resulta indispensable acudir al Artículo 105 del

Código Penal del 2004 para encontrar la definición de

asesinato. Dicho artículo establece que el delito de

asesinato se comete cuando se le da “muerte a un ser humano

con intención de causársela”.9 (Énfasis suplido)

La definición previa de asesinato estatutario

disponía que cualquier muerte, ya sea intencional, no

intencional o accidental, causada durante la comisión o

tentativa de comisión de uno de los delitos graves

especificados en el tipo, constituía asesinato en primer

grado. La reformulación que hizo dicho Código consistió en

primer lugar, en sustituir la palabra “muerte” por

“asesinato” y, en segundo lugar, añadió el elemento de

consecuencia natural de la consumación o tentativa de algún

De hecho, la frase “consecuencia natural” no es ajena

a nuestro ordenamiento jurídico penal, pues, desde el

Código Penal del 1974 ya se encontraba instituida dentro de

su Artículo 15, el cual trataba sobre las formas de

culpabilidad intencional.10

9 33 LPRA sec. 4733. 10 El mencionado inciso rezaba de la manera siguiente: (b) Cuando el resultado, sin ser querido, ha sido previsto por la persona como consecuencia natural o probable de su acción y omisión. CC-2023-0136 10

Como vemos, es evidente que el lenguaje introducido

por el Código Penal del 2004 requiere algún tipo de

intención, por lo que resulta indispensable que examinemos

las disposiciones del mencionado Código respecto a este

elemento subjetivo.

En atención a ello, específicamente, el Artículo 23

del Código Penal de 2004 disponía que el delito se

consideraba cometido con intención:

a) cuando el hecho correspondiente ha sido realizado por una conducta dirigida voluntariamente a ejecutarlo; (b) el hecho correspondiente es una consecuencia natural de la conducta voluntaria del autor; o (c) cuando el sujeto ha querido su conducta a conciencia de que implicaba un riesgo considerable y no permitido de producir el hecho delictivo realizado.11 (Énfasis suplido)

Como podemos apreciar, el elemento subjetivo de la

intención está subdividido, a su vez, “en tres modalidades:

propósito, conocimiento, y temeridad”.12 En lo atinente a la

modalidad con propósito, esta admite que el sujeto tiene

como objetivo consciente realizar el acto delictivo, o

producir el hecho delictivo.13

Por su parte, en lo que respecta a la modalidad

estatuida en el inciso (b), “se entiende que actúa con

intención o dolo directo de segundo grado quien ha previsto

11 33 LPRA sec. 4651. 12 Véase Pueblo En Interés del Menor ESMR, supra, pág. 811; L.E. Chiesa Aponte, Derecho Penal Sustantivo, Estados Unidos, Pubs. JTS, 2007, pág. 162. 13 Íd., pág. 144. CC-2023-0136 11

que la consecuencia necesaria o natural de su conducta es

la realización del hecho delictivo.14 Esta modalidad

sostiene que actúa con conocimiento la persona que “haya

previsto que existía una alta probabilidad de que se

realizara la conducta prohibida”.15 Es decir, que la

conducta voluntaria del autor “no tiene como objetivo

consciente la comisión del delito”, pero admite como seguro

que su actuación dará lugar al delito.16

Finalmente, en lo que respecta a la intención del

inciso (c), o como ha sido definida, la modalidad de

intención por temeridad, hemos reconocido que se actúa

intencionalmente de tal forma cuando se tiene conciencia de

que la conducta realizada “implicaba un riesgo considerable

y no permitido de producir el hecho delictivo

realizado”. En ese sentido, para determinar si el riesgo

creado fue injustificado “es necesario tomar en

consideración la magnitud del riesgo y si las razones que

tenía el autor para crear el riesgo son consideradas no

permitidas por la Sociedad”.17

En Pueblo En Interés del Menor ESMR, supra, atendimos

una controversia sobre este delito en particular. Si bien

reconocimos que para que se entendiera cometido el Felony

Murder Rule tenía que mediar intención, nunca se estableció

que ésta debía ser exclusivamente la intención directa.

14 Pueblo En Interés del Menor ESMR, supra, págs. 810-811; Pueblo v. Sustache Sustache, 176 DPR 250, 312 (2009); Chiesa Aponte, op. cit., pág. 146. 15 Pueblo En Interés del Menor ESMR, supra, págs. 810-811. 16 Íd. 17 Íd. CC-2023-0136 12

Todo lo contrario, reconocimos que aparte de dicho tipo,

existían otras dos (2) formas de cometer un delito

intencionalmente. En particular, expresamos lo siguiente:

“no debemos olvidar que el Código Penal de 2004 considera la “intención” como aquella que surge cuando: (1) “el hecho correspondiente ha sido realizado por una conducta dirigida voluntariamente a ejecutarlo” (dolo de primer grado); (2) “el hecho correspondiente es una consecuencia natural de la conducta voluntaria del autor” (dolo de segundo grado); o (3) “el sujeto ha querido su conducta a conciencia de que implicaba un riesgo considerable y no permitido de producir el hecho delictivo realizado”. (Énfasis suplido)

Establecido lo anterior, debemos reconocer, tal cual

hicimos en Pueblo En Interés del Menor ESMR, supra, que no

existe espacio alguno para acusar por asesinato estatutario

en situaciones en las cuales ocurre una muerte casual, aun

cuando ésta sobrevenga mientras se comete o se intenta

cometer uno de los delitos base.

En ese sentido, el asesinato, al requerir intención,

no puede producirse por el azar, sino que tiene que ser

como consecuencia natural de los actos del sujeto o cuando

su actuación contiene un riesgo conocido y aceptado por el

sujeto que decide actuar, es decir, conoce la peligrosidad

objetiva de su conducta.18 Recordemos, además, que la

modalidad de intención del inciso (b) del Artículo 23 no

concibe una mera probabilidad, sino una alta probabilidad

del resultado.

III.

18 Íd. CC-2023-0136 13

De un examen sosegado de la determinación del foro

intermedio, podemos colegir que el razonamiento utilizado

para revocar los veredictos de culpabilidad en controversia

partió de una premisa incorrecta en derecho y contraria a

lo que jurisprudencialmente hemos establecido.

Y es que, cuando el Tribunal de Apelaciones concluyó

que los recurridos “nunca tuvieron la intención de

ocasionarle la muerte a un ser humano” ya que “[e]llos solo

acordaron robar por asalto la Joyería San José” sugieren

que la única manera en que una persona puede incurrir en el

delito de asesinato estatutario es si se demuestra que tuvo

la intención directa de ocasionarle la muerte a otra

persona. Es decir, que bajo la concepción del pasado código

penal, solo procede el cargo si se demostraba que existió

un grado de premeditación o deliberación dirigida a matar.

No puedo compartir tal apreciación por ser contraria a

derecho.

Sabido es que el Código Penal del 2004 reconoce,

además de la intención directa de cometer un delito, otros

dos (2) escenarios que son igualmente válidos para

demostrar el elemento subjetivo de intención, entiéndase,

el dolo de segundo grado y la temeridad. Así correctamente

lo reconocimos en Pueblo en Interés del Menor ESMR, cuando

explicamos que, en el ejercicio de interpretar la ley, no

se pueden ignorar las intenciones expresas del legislador

que mantuvo en el texto legislativo que el elemento mental

de intención se producía, además, como consecuencia natural CC-2023-0136 14

de los actos del sujeto o cuando su actuación contenía un

riesgo conocido sobre la peligrosidad objetiva de su

conducta y así conocido, decidió actuar.

En este caso la prueba es clara y no existe

controversia respecto a que los recurridos, en conjunto con

otros coautores, planificaron deliberadamente cómo y de qué

manera cometerían el delito de robo. El plan acordado era

entrar armados a la joyería porque su dueño era un hombre

de edad avanzada, de fácil manejo y dominio, y a quien

amarrarían con unas correas de plástico. No obstante,

cuando llegaron notaron todo lo contrario, que dicha

persona estaba fuerte y saludable, por lo que tuvieron que

golpearlo en el rostro para poder dominarlo y apuntarle

incesantemente con el "arma" mientras se le gritaba "abre

la puerta o te mato".

De hecho, previamente, al percatarse del buen estado y

buena condición del señor Muñoz Aponte, sopesaron la

posibilidad de abandonar el plan aceptando la realidad

fáctica de que no sería tan fácil como pensaron. No

obstante, conociendo el riesgo elevado que sus acciones

conllevaban, decidieron entrar porque “ya estaban allí” en

un acto claro de desprecio y desconsideración por los

previsibles resultados, totalmente compatible, como mínimo,

con el tercer elemento subjetivo de intención tipificado en

el correspondiente código penal.

De lo anterior, resulta indudable que la conducta y

las acciones específicas de los coautores constituyeron un CC-2023-0136 15

riesgo considerable bajo el cual la muerte de una persona

resultaba totalmente previsible ante los ojos de cualquier

ser humano razonable. Los recurridos iniciaron y pusieron

en marcha una sucesión de eventos que desembocaron en la

muerte de uno de ellos.

La intención por conocimiento que estatuye el Art. 23

(b) del Código Penal del 2004, supra, exige que la muerte

suscitada haya sido una consecuencia natural de la conducta

afirmativa de los autores.

Pero, ¿qué es una consecuencia natural? Es aquello que

surge de manera inmediata después de cierto comportamiento

o acción afirmativa específica, y que tiene resultado

directo sobre la actuación realizada.

La lógica nos dice que el dueño de un comercio de

tanto valor como lo es una joyería, evidentemente va a

defender su persona, su propiedad y sus bienes en un

escenario como este. Pensar lo contrario resulta en una

falta de respeto a la razón y a la naturaleza humana.

Así, pues, si ignoráramos el texto claro e inequívoco

del Código Penal del 2004 respecto a la intención criminal

por conocimiento y temeridad, y requiriésemos solo

intención directa de causar una muerte para imputar el

asesinato estatutario, ¿qué propósito cumpliría, entonces,

la figura del felony murder? Es evidente que ninguno.

Estaríamos simplemente ante la modalidad de un asesinato en

primer grado ordinario. La incorporación del asesinato

estatuario a nuestro ordenamiento penal lo que pretende es, CC-2023-0136 16

precisamente, disuadir a los criminales de cometer delitos

como este, los cuales conllevan un riesgo considerablemente

elevado de que se suscite una muerte como consecuencia

natural de sus actos violentos.

Por otro lado, es alarmante como el Tribunal de

Apelaciones minimizó el asunto en controversia cuando

concluyó que la ausencia del elemento de intención de matar

“estuvo respaldado por el interés inequívoco de los

participantes del robo de adquirir un revolver de juguete”.

En primer lugar, es incuestionable el hecho de que

inicialmente, los conspiradores hicieron todas las

gestiones posibles para conseguir un arma de fuego real,

aunque no lo lograron. En segundo lugar, en el examen que

debemos realizar respecto a la peligrosidad que provocaron

las acciones afirmativas de los individuos y de las

posibles consecuencias naturales que de ellas emanaban,

poco importaba el tipo de arma que se haya utilizado en la

comisión del robo.

En el ejercicio analítico sobre esta situación, lo

medular estaba circunscrito a examinar en qué forma se

utilizó el arma y cuáles eran las consecuencias naturales

que de dicha acción se derivaban. En el inminente peligro

del momento, mientras se le apuntaba con un arma y se le

amenazaba de muerte en reiteradas ocasiones, era absurdo

que la víctima se detuviera a corroborar si el arma con la

cual se le agredía y amenazaba era de juguete. La

consecuencia natural de ese acto ocurrió luego de las CC-2023-0136 17

amenazas de muerte, el forcejeo y los golpes mutilantes,

cuando el señor Muñoz Aponte logró alcanzar su arma de

fuego para defender su vida, como previsiblemente haría

cualquier ser humano ante lo que percibió razonablemente

como una situación de amenaza directa de muerte.

Reiteramos, la prueba demostró, más allá de duda

razonable, que la intención era actuar y aparentar que

ostentaban un arma de fuego verdadera, de manera tal que

lograran amenazar e intimidar a la víctima como parte de su

plan de robo. Al actuar de esta forma, incurrieron en actos

específicos e intencionales, las cuales detonaron un riesgo

altamente previsible y considerable que, lógica y

naturalmente, condujo a la muerte de una persona. Lo

anterior no es una inferencia fáctica, es sentido común.

A la luz del marco fáctico demostrado, y del estado de

derecho aplicable, soy del criterio que la figura del

asesinato estatutario es perfectamente aplicable cuando se

pueda probar que la muerte producida es una consecuencia

natural de los actos afirmativos del sujeto activo. Así, y

en reconocimiento de que a los recurridos les aplica la

norma reconocida en Ramos v. Lousiana, supra, procedía

celebrar un nuevo juicio contra los recurridos, permitiendo

que un jurado pasara examen sobre los hechos, con el

beneficio de una pauta clara de parte de este Tribunal. Es

lamentable que, por estar dividida esta Curia, quede impune

la muerte de un ser humano, independientemente fuese la de

uno de los participantes del hecho delictivo. CC-2023-0136 18

Edgardo Rivera García Juez Asociado