EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido Certiorari
v. 2016 TSPR 221
Aneudy E. Delgado Torres 196 DPR ____
Peticionario
Número del Caso: CC-2016-458
Fecha: 31 de octubre de 2016
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan, Panel III
Abogados de la parte Peticionaria:
Por derecho propio
Materia: Resolución con Voto de Conformidad y Voto Particular Disidente
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Recurrido
v. Núm. CC-2016-458 Certiorari
Aneudy E. Delgado Torres
RESOLUCIÓN
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2016.
Examinada la petición de certiorari presentada en este caso, se provee no ha lugar.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Martínez Torres emitió un Voto de Conformidad. El Juez Asociado señor Estrella Martínez emitió un Voto Particular Disidente.
Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
v.
CC-2016-0458 Aneudy E. Delgado Torres
Voto de Conformidad emitido por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ TORRES.
La petición del Sr. Aneudy. E. Delgado Torres
es improcedente y a destiempo. Aquí no cabe hablar
de una violación del debido proceso de ley porque
el señor Delgado Torres no tiene un interés
legítimo en que se perpetúe un cómputo ilegal en
una sentencia.
Lo que tenemos ante nosotros es algo menos
complicado de lo que parece. Un acusado hizo una
alegación de culpabilidad en 2005 que dio lugar a
que el tribunal dictara sentencia. Esa sentencia
recogió el acuerdo entre el fiscal y el señor
Delgado Torres pero incluyó una disposición de que
las penas por violar la Ley de Armas se cumplieran CC-2016-0458 2
concurrentemente con las penas por otros delitos. Ese
cómputo de la sentencia es contrario a la Ley de Armas
que ordena que esas penas se cumplan de forma
consecutiva. Art. 7.03 de Ley Núm. 404-2000, 25 LPRA sec.
460b. Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia
enmendó la sentencia a finales de 2008 para establecer la
manera correcta en que se debe computar la condena. No
cambió las penas ni los delitos por los que el acusado
se declaró culpable. No estamos ante un acuerdo ilegal o
imposible de cumplir sino ante un error en la sentencia
respecto a cómo se computarían las penas. Eso es algo
claramente sujeto a corrección en cualquier momento. Por
ende, tampoco estamos ante una enmienda ilegal a una
sentencia.
Aunque esa sentencia enmendada hoy es final y firme,
el señor Delgado Torres esperó seis años para quejarse
del proceder del foro primario. Para ello pretende
utilizar la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 34
LPRA Ap. II. El problema que tiene el peticionario es que
esa regla es para cuestionar la legalidad – no la
corrección- de una sentencia que “adolece de un defecto
fundamental que conlleva inevitablemente una violación al
debido procedimiento de ley[…]”1, pero el señor Delgado
Torres la invoca para todo lo contrario: Para perpetuar
un error. El cómputo en la sentencia original es
1 Pueblo v. Pérez Adorno, 178 DPR 946, 966 (2010). CC-2016-0458 3
contrario a Derecho; la enmendada es la sentencia
correcta, según la ley.
Por eso la disidencia invoca el derecho que tiene un
acusado a retirar su alegación de culpabilidad. Eso choca
con la realidad de que cuando el acusado hizo esa
alegación se le advirtió de las consecuencias de lo que
hacía y que el acuerdo con la fiscalía no obligaba al
juez. El Pueblo de Puerto Rico v. Torres Cruz, 194 DPR 53
(2015). Ahora se pretende darle una categoría de “derecho
adquirido”, protegido por la Constitución, a un cómputo
ilegal en una sentencia.
La pregunta obligada es qué hizo el señor Delgado
Torres cuando se enmendó la sentencia original.
Respuesta: Nada. Se le ocurrió atacar la sentencia
enmendada en 2015, seis años después, sin base firme,
como si su ignorancia de la ley le eximiera de que se le
aplique. El Derecho no favorece los ataques colaterales a
las sentencias. Se permiten, como excepción, si el
acusado “puede demostrar que se le violaron sus
derechos”. Pueblo v. Pérez Adorno, 178 DPR 946, 949
(2010). Eso no sucedió aquí. No procede un ataque
colateral a una sentencia válida para perpetuar una
“gansería”.
Rafael L. Martínez Torres Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
v. CC-2016-458 Certiorari
Voto particular disidente emitido por el Juez Asociado SEÑOR ESTRELLA MARTÍNEZ
San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2016.
Hoy una Mayoría de este Tribunal opta por no
intervenir en este caso y, con ello, permite que
a un ciudadano automáticamente se le duplique la
pena de reclusión impuesta, como resultado de una
enmienda posterior a la sentencia original que
recogía el convenio de una alegación preacordada.
De esta forma, se pierde la ocasión para
determinar si se vulnera el debido proceso de ley
al enmendar, sin más, una sentencia -producto de
una alegación preacordada- sin otorgarle un
remedio a la persona acusada, quien bajo el
entendido de que el acuerdo alcanzado se MC-2014-032 2
cumpliría en su totalidad, decidió declararse culpable.
Por sostener que la controversia de epígrafe
requería que este Tribunal se pronunciara en torno a este
asunto particular y concediera un remedio adecuado al
peticionario, disiento de la determinación de denegar el
recurso instado. Veamos.
I
Como resultado de una alegación preacordada, el 9 de
marzo de 2005, el Sr. Aneudy E. Delgado Torres (señor
Delgado Torres o peticionario) fue sentenciado a cumplir
diez años de reclusión por cometer el delito de robo,
según tipificado en el derogado Código Penal de 1974, y
diez años de reclusión por dos infracciones a la Ley de
Armas de Puerto Rico de 2000 (Ley de Armas), Ley Núm.
404-2000, 25 LPRA sec. 455 et seq.2 En conformidad con lo
determinado en la Sentencia producto de la alegación
preacordada, esas penas de reclusión debían cumplirse de
forma concurrente entre sí y consecutivas con cualquier
otra que estuviese cumpliendo el señor Delgado Torres.
Véase Apéndice de la petición de certiorari, pág. 14.
Transcurridos más de tres años, el 18 de diciembre
de 2008, la Administración de Corrección y Rehabilitación
(Administración) solicitó una modificación a la
Sentencia, al amparo de la Regla 185 de Procedimiento
Criminal, 34 LPRA sec. 185. En esencia, argumentó que el
dictamen emitido era contrario a lo establecido en el
2 Del expediente se desprende que el Sr. Aneudy E. Delgado Torres se encuentra cumpliendo la pena de reclusión impuesta en una institución penal en Guayama. MC-2014-032 3
Art. 7.03 de la Ley de Armas, 25 LPRA sec. 460b. Por
tanto, arguyó que las penas de reclusión impuestas al
señor Delgado Torres debían cumplirse de forma
consecutiva. Celebrada una vista para atender lo alegado
por la Administración, el 21 de enero de 2009, el
Tribunal de Primera Instancia enmendó la sentencia
original y, en lo pertinente, determinó que las penas de
reclusión fuesen cumplidas consecutivamente. Véase
Apéndice de la petición de certiorari, pág. 2.
Inconforme con ese proceder, el 7 de enero de 2015,
el señor Delgado Torres presentó ante el foro primario,
por derecho propio, una moción al amparo de la Regla
192.1 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA sec. 192.1. En
ésta, solicitó que se dejara sin efecto la Sentencia
Enmendada y, por consiguiente, se reestableciera la
original. En lo pertinente, fundamentó su petitorio en
que el dictamen emitido en el 2005 fue producto de un
acuerdo alcanzado entre su representación legal y el
Ministerio Público, el cual fue acogido enteramente por
el tribunal. Tras examinar la referida moción, el foro
primario la denegó.
En desacuerdo, el señor Delgado Torres recurrió, por
derecho propio, ante el Tribunal de Apelaciones. En
síntesis, señaló que el Tribunal de Primera Instancia
incidió al denegar su moción. Sostuvo que la
determinación de enmendar la sentencia original se basó
únicamente en la petición instada por la Administración.
Asimismo, afirmó que el proceder del tribunal fue errado, MC-2014-032 4
toda vez que actuó en contravención al acuerdo alcanzado
en el 2005, conforme al cual se dictó sentencia.
Examinado el recurso, el 30 de octubre de 2015, el
Tribunal de Apelaciones dictó una Resolución mediante la
cual denegó su expedición. Razonó que la determinación
del foro primario de denegar la moción bajo la precitada
Regla 192.1 fue correcta en derecho y no se hizo mediando
prejuicio, parcialidad o error craso o manifiesto.
Concluyó que el dictamen emitido en el 2009 no era
ilegal, ya que procedía la enmienda introducida a la
sentencia dictada en el 2005. A su vez, el foro apelativo
intermedio determinó que ante la realidad de que la
Sentencia Enmendada fue emitida en el 2009 y de ella no
se recurrió, la misma advino final y firme. Finalmente,
señaló que de la moción presentada por el peticionario no
surgía ninguna de las circunstancias que establece la
referida Regla 192.1 para que fuese declarada con lugar.
En disconformidad con lo resuelto, el señor Delgado
Torres acude, por derecho propio, ante este Tribunal
mediante recurso de certiorari. En éste, reproduce los
argumentos esgrimidos ante los foros recurridos. Esto es,
reitera que la enmienda efectuada en el 2009 es nula e
ilegal, toda vez que infringe su derecho constitucional a
un debido proceso de ley. Ello pues, señala que esa
enmienda incumple con el acuerdo enteramente acogido por
el tribunal en el 2005, en el cual él confió y por el
cual decidió declararse culpable, renunciando así a otros MC-2014-032 5
derechos constitucionales y estatutarios que le
cobijaban.
Del mismo modo, el señor Delgado Torres hace
hincapié en que la enmienda realizada es contraria a
derecho, pues en lugar de enfrentar una pena de reclusión
con una finalidad de diez años -como fue el acuerdo en el
cual confió y el que entendió se cumpliría en su
totalidad- ahora se enfrenta a una condena de veinte
años. Además, aunque reconoce que en su momento no encaró
de lleno la modificación de su sentencia, sostiene que
ello se debió a una deficiente representación legal.
Amparado en todo lo anterior, solicita que declaremos
ilegal la Sentencia Enmendada emitida en el 2009 y, por
ende, reestablezcamos la sentencia dictada en el 2005, la
cual acogió en su totalidad el acuerdo mediante el cual
se declaró culpable de los delitos imputados.
Examinado el recurso de certiorari incoado por el
señor Delgado Torres, una Mayoría de este Tribunal emitió
una Resolución mediante la cual denegó su expedición.
Convencido de que este caso ameritaba un pronunciamiento
de este Tribunal a los efectos de resolver si se infringe
el debido proceso de ley al enmendar, sin más, una
sentencia -producto de una alegación preacordada- sin
concederle un remedio a la persona acusada, disiento de
la determinación de denegar el recurso instado. A
continuación, elaboro los motivos que me mueven a ello.
II MC-2014-032 6
Es norma conocida que en nuestro ordenamiento
procesal penal una persona acusada puede declararse
culpable o no culpable de los delitos imputados. Véase
Regla 68 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA sec. 68. De
esta forma, cuando se formula una alegación de
culpabilidad, la persona acusada abdica a ciertas
garantías constitucionales y estatutarias que le amparan,
a saber: (1) derecho a un juicio justo, imparcial y
público; (2) derecho a ser juzgada ante un juez o jurado;
(3) derecho a que se establezca su culpabilidad más allá
de duda razonable, y (4) el derecho a presentar evidencia
a su favor y a rebatir la prueba en su contra. Pueblo v.
Acosta Pérez, 190 DPR 823, 829-830 (2014); Pueblo v.
Montero Luciano, 169 DPR 360, 373-374 (2006); Pueblo v.
Santiago Agricourt, 147 DPR 179, 192 (1998). En cambio,
de mediar una alegación de no culpable, se entiende que
la persona niega completamente lo atribuido en la
denuncia o acusación presentada en su contra, por lo que
el Ministerio Público viene obligado a probar su
culpabilidad más allá de duda razonable. Pueblo v. Acosta
Pérez, supra, pág. 830; Pueblo v. Santiago Agricourt,
supra, pág. 192; véase, además, Regla 73 de Procedimiento
Criminal, 34 LPRA sec. 73.
Ante la realidad de que la alegación de culpabilidad
implica una renuncia de valiosos derechos
constitucionales y estatutarios, los foros judiciales
deben ser muy cautelosos al momento de decretar si
aceptan o no tal declaración. Por ende, ese proceso debe MC-2014-032 7
estar rodeado de todas las garantías posibles. Con
relación a ello, la Regla 70 de Procedimiento Criminal,
34 LPRA sec. 70, establece que “[e]l tribunal no aceptará
la alegación de culpabilidad sin determinar primeramente
que la misma se hace voluntariamente, con conocimiento de
la naturaleza del delito imputado y de las consecuencias
de dicha alegación”. Íd. En ese sentido, para aceptar la
declaración de culpabilidad, el magistrado debe
cerciorase de que la renuncia de garantías procesales que
ésta conlleva sea expresa, personal, voluntaria e
inteligente y con conocimiento de los derechos a los
cuales se renuncia y de las repercusiones. Pueblo v.
Montero Luciano, supra, pág. 374; Pueblo v. Santiago
Agricourt, supra, pág. 193. Así pues, el tribunal puede
negarse a admitir una alegación de culpabilidad y ordenar
la anotación de una alegación de no culpable. Véase Regla
71 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA sec. 71. También
puede permitir el retiro de una declaración de
culpabilidad en cualquier momento antes de dictar
sentencia. Íd.
A.
Pertinente al caso ante nos, es menester destacar
que una alegación de culpabilidad puede ser el resultado
de una negociación entre la representación legal de la
persona acusada y el Ministerio Público. Tal acuerdo de
voluntades se denomina comúnmente como “alegaciones
preacordadas” y se produce cuando la persona imputada de
delito se declara culpable a cambio de unos beneficios MC-2014-032 8
que el Estado le concede. Pueblo v. Santiago Agricourt,
supra, pág. 194; véase, además, Pueblo v. Mojica Cruz,
115 DPR 569 (1984). Así, en este tipo de acuerdo el
Ministerio Público se compromete a realizar ciertas
acciones, a saber: (1) solicitar que se archiven otros
cargos pendientes contra la persona acusada; (2) eliminar
la alegación de reincidencia; (3) recomendar una
sentencia específica o no oponerse a la solicitud de la
defensa en cuanto a una sentencia en particular, o (4)
acordar que cierta sentencia dispone adecuadamente del
caso. Véase Regla 72(1) de Procedimiento Criminal, 34
LPRA sec. 72(1); véase, además, Pueblo v. Acosta Pérez,
supra, pág. 831.
Adviértase que este Tribunal ha subrayado que el
Ministerio Público debe obrar con mucha cautela al
momento de efectuar este tipo de acuerdo y cerciorarse de
que el mismo procede en derecho. Pueblo v. Santiago
Agricourt, supra, pág. 196. A esos efectos, hemos
señalado que la responsabilidad inicial de una alegación
preacordada es del Ministerio Público que negocia el
acuerdo, mientras que la responsabilidad final es del
tribunal sentenciador, quien imparte su aprobación. Íd.
En ese sentido, para que el acuerdo alcanzado entre
la persona acusada y el Ministerio Público tenga efecto
jurídico, es necesario que el tribunal lo acepte. Véase
Regla 72 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA sec. 72. En
el ejercicio de ponderar si se acepta o rechaza el
acuerdo, el foro judicial debe evaluar lo siguiente: (1) MC-2014-032 9
si la alegación fue efectuada con pleno conocimiento,
conformidad y voluntariedad de la persona imputada; (2)
si la alegación es conveniente a una sana administración
de la justicia, (3) y si ha sido lograda conforme a
derecho y a la ética. Véase Regla 72(7) de Procedimiento
Criminal, 34 LPRA sec. 72(7); véanse, además, Pueblo v.
Torres Cruz, res. el 4 de noviembre de 2015, 2015 TSPR
147, 194 DPR ___ (2015); Pueblo v. Acosta Pérez, supra,
págs. 831-832; Pueblo v. Pérez Adorno, 178 DPR 946, 957
(2010); Pueblo v. Santiago Agricourt, supra, págs. 198-
199. Del mismo modo, éste debe cerciorarse de que la
persona acusada esté consciente de todos los efectos y
repercusiones que tendrá su alegación. Pueblo v. Acosta
Pérez, supra, pág. 832. A su vez, debe asegurarse de que
existe base suficiente en los hechos para sostener la
declaración de culpabilidad. Pueblo v. Torres Cruz,
supra; Pueblo v. Acosta Pérez, supra, pág. 832; Pueblo v.
Pérez Adorno, supra, pág. 957. En caso de que no se
cumplan estos requisitos, el foro judicial tiene que
rechazar el acuerdo. Pueblo v. Torres Cruz, supra; Pueblo
v. Pérez Adorno, supra, pág. 957.
Es doctrina reiterada que el tribunal cuenta con
discreción para aceptar, rechazar, modificar o permitir
el retiro de una alegación preacordada. Véase Regla 72(7)
de Procedimiento Criminal, 34 LPRA sec. 72(7); véanse,
además, Pueblo v. Torres Cruz, supra; Pueblo v. Acosta
Pérez, supra, pág. 833; Pueblo v. Santiago Agricourt,
supra, pág. 199. Sin embargo, esa potestad quedará MC-2014-032 10
derrotada si el foro judicial se niega a permitir que la
persona acusada retire una alegación de culpabilidad
efectuada sin comprender la ley y los hechos o bajo una
falsa representación. Pueblo v. Acosta Pérez, supra, pág.
833. Asimismo, se derrotará cuando surge alguna duda de
la culpabilidad de la persona imputada, cuando ésta tiene
una defensa meritoria o cuando se cumplen mejor los fines
de la justicia sometiendo el caso a un juicio en los
méritos. Pueblo v. Acosta Pérez, supra, pág. 833;
Betancourt Rojas v. Tribunal Superior, 90 DPR 747, 757
(1964). Además, procede el retiro de la alegación de
culpabilidad cuando medie coacción, fraude o
inadvertencia. Pueblo v. Acosta Pérez, supra, pág. 833.
Así pues, el tribunal debe examinar a la persona imputada
sobre tales aspectos. Pueblo v. Santiago Agricourt,
supra, pág. 213. De lo contrario, podría incurrir en
abuso de discreción.
B.
Resulta oportuno señalar que antes de que el
tribunal acepte el acuerdo alcanzado entre la persona
acusada y el Ministerio Público, no existe bilateralidad
entre las obligaciones de las partes, por lo que
cualquiera de éstas puede retirar su oferta o
consentimiento. Pueblo v. Acosta Pérez, supra, pág. 832;
Pueblo v. Pérez Adorno, supra, pág. 957; Pueblo v.
Santiago Agricourt, supra, pág. 196; Pueblo v. Figueroa
García, 129 DPR 798, 810 (1992). Empero, una vez el foro
judicial refrenda el acuerdo y la persona acusada hace la MC-2014-032 11
correspondiente alegación de culpabilidad, éste queda
consumado y las partes vinculadas por lo pactado. Pueblo
v. Acosta Pérez, supra, pág. 832; Pueblo v. Pérez Adorno,
supra, págs. 957-958. Ello implica que ninguna de ellas
puede retirar lo acordado, por lo que cualquier intento a
tales fines constituiría un incumplimiento del acuerdo.
Pueblo v. Acosta Pérez, supra, pág. 832; Pueblo v. Pérez
Adorno, supra, pág. 957; véase, además, E.L. Chiesa
Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados
Unidos, Bogotá, Ed. Forum, V. III, 1993, págs. 294-295.
Además, cualquier acto en detrimento del acuerdo no
imputable a la persona acusada, afecta sus derechos
constitucionales. Pueblo v. Pérez Adorno, supra, pág.
958.
Es menester indicar que en la doctrina jurídica
sobre el tema, aunque se ha determinado que existe un
derecho a obtener un remedio en casos de incumplimiento
del acuerdo no imputable a la persona acusada, persiste
discusión en torno a cuál debe ser el remedio que se ha
de conceder, según las circunstancias del caso. W.R.
LaFave y otros, Criminal Procedure, Thomson Reuters,
4ed., Sec. 21.2(e), 2015, págs. 770-796; véase, además,
Pueblo v. Pérez Adorno, supra, pág. 967, n. 3. De hecho,
a la luz de los hechos particulares de cada caso, un
examen de la doctrina revela que esos remedios oscilan
entre el cumplimiento específico de lo acordado, la
posibilidad de entrar en nuevas negociaciones para
concretar otro acuerdo o el retiro de la alegación de MC-2014-032 12
culpabilidad y la celebración de un juicio en los
méritos. Para una discusión detallada sobre el
particular, véase LaFave y otros, op. cit. En el caso
Pueblo v. Pérez Adorno, supra, este Tribunal –amparándose
en pronunciamientos jurisprudenciales del Tribunal
Supremo federal- reconoció que cuando existe un
incumplimiento del acuerdo por parte del Ministerio
Público, procede devolver el caso al tribunal
sentenciador para que otorgue un remedio a la persona
acusada, ya sea que se le permita retirar la alegación de
culpabilidad o se ordene el cumplimiento específico de lo
pactado. Íd., págs. 958-959 y 967-968; véanse, además,
Puckett v. US, 556 US 129 (2009); Santobello v. New York,
404 US 257 (1971).
Cónsono con lo anterior, este Tribunal ha señalado
que una vez se hace la alegación de culpabilidad y el
tribunal la acepta, posteriormente el juzgador no puede
rechazar el acuerdo, pues ello menoscabaría los derechos
constitucionales de la persona acusada. Pueblo v. Acosta
Pérez, supra, pág. 833; Pueblo v. Pérez Adorno, supra,
pág. 960. Precisamente, en el caso Pueblo v. Pérez
Adorno, supra, tuvimos ocasión de examinar el mecanismo
de las alegaciones preacordadas y pronunciarnos en torno
a los casos en los cuales el tribunal provoca el
incumplimiento de lo pactado. En esa oportunidad, dejamos
meridianamente claro que:
Una vez el tribunal acepta el acuerdo y el acusado hace la correspondiente alegación de culpabilidad, quedan implicados los derechos MC-2014-032 13
constitucionales del acusado, quien tiene el derecho a que lo acordado y aceptado se cumpla en su totalidad. Por lo tanto, una vez el acusado hace la alegación de culpabilidad y el tribunal, como institución, acepta el acuerdo, el juez no puede rechazarlo posteriormente. Lo contario sería permitir que después de que el acusado hace alegación de culpabilidad por confiar en el acuerdo aceptado, el tribunal revierta su determinación y sentencie al acusado sin considerar lo acordado. Esto, sin duda, menoscabaría los derechos del acusado. Además le restaría efectividad a las alegaciones preacordadas, por temor a que los acuerdos, una vez aceptados, puedan ser rechazados por el tribunal. Íd., págs. 960-961. (Énfasis suplido).
A tales efectos, tras determinar en Pueblo v. Pérez
Adorno, supra, que la imposibilidad de cumplir con el
convenio de la alegación preacordada fue producto de las
actuaciones contradictorias del Tribunal de Primera
Instancia, y ante el hecho de que no era posible ordenar
el cumplimiento específico de lo acordado –ya que algunos
cargos habían sido sobreseídos con perjuicio- este
Tribunal permitió el retiro de la alegación de
culpabilidad del acusado y devolvió el caso al foro
primario para la celebración de un juicio en los méritos.
Íd., pág. 968.
III
Por tratarse de una materia que atañe al caso ante
nos, es necesario mencionar que nuestro ordenamiento
procesal penal cuenta con ciertos mecanismos para que una
persona que se encuentra detenida pueda impugnar la
sentencia recaída, tales como una moción al amparo de la
Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA sec.
192.1. Véase Pueblo v. Torres Cruz, supra. En términos MC-2014-032 14
generales, esta regla permite que la sentencia impugnada
se anule, se deje sin efecto, se corrija o se conceda un
nuevo juicio. Véase Regla 192.1 de Procedimiento
Criminal, 34 LPRA sec. 192.1; véase, además, D. Nevares-
Muñiz, Sumario de Derecho Procesal Penal Puertorriqueño,
10ma ed., Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc.,
2014, pág. 232.
Para ello, la persona que se halle detenida en
virtud de una sentencia condenatoria, puede invocar su
derecho a ser puesta en libertad bajo cualquiera de los
siguientes fundamentos: (1) la sentencia fue impuesta en
violación de derechos constitucionales o leyes tanto
estatales como federales; (2) falta de jurisdicción del
tribunal para imponer la sentencia; (3) la sentencia
excede de la pena dispuesta en ley; o (4) la sentencia
está sujeta a ataque colateral por cualquier motivo.
Véase Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA sec.
192.1. La moción puede presentarse ante el tribunal
sentenciador en cualquier momento después de dictada
sentencia, incluso luego de que ésta haya advenido final
y firme. Íd.; Pueblo v. Pérez Adorno, supra, pág. 965. En
esencia, “la cuestión que ha de plantearse es si la
sentencia impugnada está viciada por un error fundamental
que contradice la noción más básica y elemental de lo que
constituye un procedimiento criminal justo”. Pueblo v.
Pérez Adorno, supra, pág. 965-966.
Con respecto a la controversia ante este Tribunal,
es norma reiterada que una persona convicta puede atacar MC-2014-032 15
colateralmente una sentencia, aunque ésta sea producto de
un pre-acuerdo. Pueblo v. Torres Cruz, supra; Pueblo v.
Pérez Adorno, supra, pág. 964. Ello pues, el hecho de que
una persona acusada haya resultado convicta mediante una
alegación de culpabilidad no es óbice para atacar la
validez de la alegación o la sentencia de convicción
dictada como resultado de la declaración de culpabilidad.
Pueblo v. Pérez Adorno, supra, pág. 964; Pueblo v.
Santiago Agricourt, supra, págs. 210-211. De esta forma,
hemos resuelto que una persona convicta mediante la
alegación de culpabilidad puede atacar la validez de la
sentencia condenatoria en virtud de la precitada Regla
192.1, si cuenta con un planteamiento o una defensa
meritoria al amparo del debido proceso de ley. Pueblo v.
Pérez Adorno, supra, pág. 965; Pueblo v. Román Mártir,
169 DPR 809, 822 (2007) (Per Curiam). De hecho, este
Tribunal ha sido diáfano en afirmar que la moción bajo la
aludida Regla 192.1 está disponible cuando la sentencia
adolece de un defecto fundamental que conlleva
inevitablemente una violación al debido proceso de ley.
Pueblo v. Pérez Adorno, supra, pág. 966.
En fin, aunque ciertamente hemos resuelto que una
alegación de culpabilidad conlleva una renuncia de
valiosas garantías constitucionales y estatutarias, bajo
ninguna circunstancia puede interpretarse que tal
declaración conlleva una renuncia total al derecho
constitucional al debido proceso de ley. Pueblo v. Román
Mártir, supra, pág. 821. Evidentemente, no puede ser de MC-2014-032 16
otro modo, ya que esa cláusula, consagrada en la Sec. 7
de la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto
Rico, ha sido denominada como la disposición matriz de
los derechos individuales ante la intervención
injustificada del Estado con el ciudadano. Íd., págs.
821-822; véase, además, Art. II, Sec. 7, Const. ELA, Tomo
1, ed. 2008, pág. 296. En otras palabras, el derecho
constitucional a un debido proceso de ley representa la
garantía fundamental de protección que tiene un ciudadano
contra los posibles abusos o usos arbitrarios del poder
en que incurra el Estado. Por consiguiente, es deber
ineludible de los foros judiciales proteger tal derecho.
Pueblo v. Román Mártir, supra, pág. 822.
Bajo el prisma de este trasfondo doctrinal, procedo
a exponer mi criterio en torno a la controversia ante
este Tribunal. Veamos.
IV
Conforme adelantado, la controversia principal en
este caso no ha sido objeto de análisis por parte de este
Tribunal. Ésta se circunscribe a determinar si se
infringe la cláusula del debido proceso de ley al
enmendar, sin más, una sentencia –producto de una
alegación preacordada- sin otorgarle un remedio a la
persona acusada, según las circunstancias del caso, a
saber: el cumplimiento específico de lo acordado, la
posibilidad de entrar en nuevas negociaciones con el fin
de concretar otro acuerdo o el retiro de la alegación de MC-2014-032 17
méritos.
Para recapitular, en este caso el señor Delgado
Torres fue sentenciado a cumplir, de forma concurrente,
diez años de reclusión por cometer el delito de robo y
diez años por infracciones a la Ley de Armas.
Transcurridos aproximadamente cuatro años, la sentencia
fue enmendada para aclarar, en lo pertinente, que los
años de reclusión debían cumplirse consecutivamente.
Ello, en armonía con lo dispuesto en el citado Art. 7.03
de la Ley de Armas.
Al tiempo de cumplir con lo dictaminado en la
sentencia original, el señor Delgado Torres presentó una
moción al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento
Criminal. Solicitó que se dejara sin efecto enmienda
efectuada y se reestableciera la sentencia original.
Sostuvo que esta última fue producto de un acuerdo
alcanzado entre su representación legal y el Ministerio
Público, el cual fue acogido enteramente por el tribunal.
Denegada la moción, el peticionario recurrió al
Tribunal de Apelaciones. Arguyó que el foro primario
incidió al realizar la enmienda, ya que actuó en
contravención al acuerdo alcanzado entre el Ministerio
Público y su representación legal, conforme al cual se
dictó la sentencia original. Tras evaluar el recurso, el
foro apelativo intermedio denegó su expedición.
Inconforme, el señor Delgado Torres acude ante este
Tribunal. Afirma que la Sentencia Enmendada es nula e MC-2014-032 18
ilegal, pues vulnera su derecho constitucional a un
debido proceso de ley. Argumenta que la enmienda
efectuada contraviene el acuerdo enteramente acogido por
el tribunal en la sentencia original, en el cual él
confió y por el cual decidió declararse culpable,
abdicando a otras garantías constitucionales y
estatutarias que le resguardaban. Además, sostiene que la
enmienda realizada es contraria a derecho, ya que
quebranta la expectativa de finalidad de la sentencia
original impuesta. Por todo lo anterior, solicita que
declaremos la ilegalidad de la Sentencia Enmendada y, en
consecuencia, reestablezcamos el dictamen original, el
cual recoge el acuerdo mediante el cual se declaró
culpable de los delitos atribuidos.
Evaluadas las normas constitucionales y reglas
procesales pertinentes, conjuntamente con la doctrina
jurídica y los pronunciamientos jurisprudenciales
relevantes, opino que el petitorio del señor Delgado
Torres tiene mérito. Ello pues, a pesar de que la
sentencia original contravenía las disposiciones de la
Ley de Armas, enmendarla, sin más, lesionó su derecho a
un debido proceso de ley, puesto que truncó las garantías
constitucionales y estatutarias que le protegen, las
cuales fueron renunciadas bajo el entendido del acuerdo
original.
Adviértase que el Tribunal de Primera Instancia
enmendó el dictamen original sin permitirle al señor MC-2014-032 19
Delgado Torres retirar su alegación de culpabilidad y
reiniciar nuevas negociaciones con el Ministerio Público,
con miras a llegar a otro acuerdo. Tampoco se le concedió
la oportunidad de ser juzgado en los méritos. Mucho
menos, se ordenó el cumplimiento específico de lo
acordado. Sin duda, tal curso de acción no es cónsono con
las nociones fundamentales del debido proceso de ley que
deben imperar en el proceso criminal. Consecuentemente,
es forzoso concluir que el foro primario, al enmendar,
sin más, la sentencia original emitida, no actuó conforme
a su deber de velar por los derechos y garantías que le
asisten al señor Delgado Torres.
No podemos perder de perspectiva que el señor
Delgado Torres, al pactar con el Ministerio Público,
confió en la legalidad de la propuesta, por lo que se
declaró culpable y renunció a las garantías
constitucionales y estatutarias que le amparaban. Ese
acuerdo fue refrendado por el tribunal al impartir su
aprobación. No obstante, el mismo contravenía las
disposiciones de la Ley de Armas. Siendo así, considero
que el tribunal abusó de su discreción al aprobarlo, pues
éste era contrario a derecho y se efectuó bajo una falsa
representación. El tribunal debió verificar la validez
jurídica del convenio de la alegación preacordada, antes
de refrendarlo. Además, el peticionario no fue advertido
de ello, por lo cual medió inadvertencia al momento de
hacer su alegación. MC-2014-032 20
Recuérdese que es deber del foro judicial asegurarse
de que la alegación de culpabilidad, producto de un
preacuerdo, descansa en motivaciones legítimas y
procedentes en derecho. De acuerdo a lo sostenido por
este Tribunal, una actitud judicial sistemática de
rechazo o aceptación, sin ponderar las circunstancias que
rodean el delito y la seriedad de los daños causados, es
contraria a la letra y a la idea que inspira la norma
procesal. Pueblo v. Santiago Agricourt, supra, pág. 214.
Así pues, las consecuencias del error cometido por el
Tribunal de Primera Instancia no pueden repercutir en
detrimento del señor Delgado Torres, a la luz del tracto
procesal expuesto. No olvidemos que la imposibilidad de
cumplir con el convenio de la alegación preacordada fue
producto de las propias actuaciones erradas del foro
primario.
Nótese que tras la enmienda al dictamen original,
automáticamente el señor Delgado Torres vio duplicada la
pena de reclusión que estaba supuesta a cumplir, a pesar
de la expectativa razonable de finalidad que tenía sobre
la sentencia original impuesta y en perjuicio de su
fundada creencia de que a cambio de declarase culpable y
aceptar el acuerdo, cumpliría una pena total de diez años
de reclusión. Considero que el proceder del foro primario
al aprobar un acuerdo ilegal y luego enmendarlo, sin más,
acarrea irremediablemente un trastoque a la confianza que
los ciudadanos –y en este caso particular el señor MC-2014-032 21
Delgado Torres- depositan en el sistema de justicia. No
puedo avalar tal curso de acción.
Ante esa realidad, opino que procede la moción al
amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal
incoada por el señor Delgado Torres, ya que,
evidentemente, éste cuenta con un planteamiento meritorio
en virtud del debido proceso de ley. Como vimos, la
acción del foro primario de enmendar, sin más, la
sentencia original emitida acarreó un menoscabo el
derecho constitucional del peticionario a un debido
proceso de ley, quien se declaró culpable y abdicó a sus
derechos y garantías bajo el entendido de que cumpliría
una pena total de reclusión de diez años. Por ello,
sostengo que el señor Delgado Torres tiene derecho a un
remedio.
Considerando las circunstancias de este caso,
entiendo procedente dejar sin efecto la Sentencia
Enmendada y, por consiguiente, ordenar el cumplimiento
específico de la sentencia original recaída en el 2005,
mediante la cual se le impuso al señor Delgado Torres una
pena de reclusión total de diez años. Más aún, cuando a
este momento esa década de reclusión ha sido cumplida.
Opino que ese es el remedio adecuado, según los hechos
particulares de este caso. Así lo exige el derecho
constitucional a un debido proceso de ley, el cual los
foros judiciales estamos llamados a proteger. Téngase
presente, pues, que “[e]n el balance entre los intereses
gubernamentales y los de la ciudadanía, las garantías del MC-2014-032 22
debido proceso de ley deben prevalecer”. Pueblo v.
Montero Luciano, supra, pág. 389.
V
En virtud de los fundamentos expuestos, disiento de
la determinación emitida por una Mayoría de este
Tribunal. A diferencia del curso de acción seguido,
expediría el recurso presentado, revocaría los dictámenes
de los foros recurridos y, por tanto, declararía con
lugar la moción al amparo de la Regla 192.1 de
Procedimiento Criminal instada por el señor Delgado
Torres.
Luis F. Estrella Martínez Juez Asociado