La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez
emitió la opi-nión del Tribunal.
Nos corresponde resolver en esta ocasión si la Ley Uniforme de Extradición Criminal, Ley Núm. 4 de 24 de mayo de 1960 (34 L.P.R.A. sec. 1881 et seq.), le impone al Gober-nador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el deber ministerial de acceder a una solicitud de extradición hecha por el Gobernador del estado de Pennsylvania, cuando la petición remitida cumpla con todos los requisitos formales exigidos por la legislación aplicable.
I
El 3 de junio de 2002, el Gobernador del estado de Pennsylvania le requirió a la Gobernadora del Estado Libre Asociado de Puerto Rico la extradición del recurrido, Juan Martínez Cruz (Martínez Cruz o recurrido), contra quien pesaba una orden de arresto emitida por un tribunal del estado de Pennsylvania por haber cometido varios delitos graves en dicho estado. Alegadamente, el recurrido había huido de esa jurisdicción y se encontraba fugitivo en Puerto Rico. Se alegó que el señor Martínez Cruz era bus-cado para que enfrentara un juicio por los delitos de asesi-nato, así como otros delitos graves.
El 17 de junio de 2002 se accedió al requerimiento de extradición, iniciándose de esa forma el procedimiento judicial establecido en la Ley Uniforme de Extradición Criminal (Ley Uniforme de Extradición), y su contraparte federal, 18 U.S.C.A. sec. 3182. A esos efectos, el Departamento de Justicia presentó ante el Tribunal de Pri-mera Instancia la correspondiente demanda de extradición. El acusado anunció que no accedería a ser ex-traditado ante la posibilidad de que pudiera enfrentar la pena de muerte en Pennsylvania de ser hallado culpable de los delitos por los que se le procesaría. Oportunamente, presentó un recurso de habeas corpus ante el foro de instancia.
El 26 de septiembre de 2003 el foro de instancia celebró [747]*747la vista para considerar la solicitud de extradición y el re-curso de habeas corpus presentado. En ésta, además del recurrido y del Ministerio Público, participó como amigo de la corte el Colegio de Abogados. Martínez Cruz se opuso a su traslado, como ya indicamos, sobre el fundamento de que el delito por el cual se le acusaba en Pennsylvania podía acarrear la pena de muerte, y puesto que dicho cas-tigo estaba prohibido por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, su traslado a Pennsylvania sería en violación de la Constitución de Puerto Rico. El señor Martínez Cruz no impugnó o cuestionó la corrección de los documentos de extradición ni cuestionó que él fuera la persona buscada, que fuera un prófugo o que, en efecto, hu-biera sido acusado de delito en Pennsylvania, según se alegó en la documentación sometida ante el tribunal.
El Ministerio Público, por su parte, argüyó que éste no era un caso que versara sobre la pena de muerte y la Cons-titución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sino más bien un caso que se regía por la Cláusula de Extradi-ción de la Constitución de Estados Unidos —Art. VII, Sec. 2, Const. EE. UU. (1 U.S.C.A. y 18 U.S.C.A. sec. 3182)— y lo dispuesto en Puerto Rico v. Branstad, 483 U.S. 219 (1987). Concluida la vista, el caso quedó sometido ante el Tribunal de Primera Instancia.
Un año más tarde, el foro primario emitió una resolu-ción en la cual determinó lo siguiente. Primero, que la cláusula de extradición dé la Constitución de Estados Uni-dos no aplica a Puerto Rico. Segundo, que la legislación federal de extradición “no establece pautas en torno a la controversia del caso de autos”, dejando a los estados la autoridad para que legislen sobre esta materia. Tercero, que la Ley Uniforme de Extradición debe interpretarse acorde con el mandato de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que prohíbe la pena de muerte. Finalmente, concluyó que la extradición de Martínez Cruz sólo podía llevarse a cabo en la medida que existieran ga-rantías de que Pennsylvania no solicitaría la pena de muerte para él, de éste ser hallado culpable. En ausencia [748]*748de tales garantías, se prohibió la extradición de Martínez Cruz.(1) En específico indicó dicho foro:
Por todos los argumentos anteriores se declara que si no hay garantías del estado peticionario de que no pediría la pena de muerte en este caso no se podrá trasladar al señor Martínez hacia el Estado de Pennsylvania, ya que esto iría en clara violación de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. De no ofrecerse esa garantía, se declara ha lugar el recurso presentado por la defensa.
Ineonforme, el Procurador General recurrió ante el Tribunal de Apelaciones. El foro apelativo intermedio celebró una vista oral en el caso y el 17 de octubre de 2005 dictó la sentencia cuya revisión se ha solicitado. En ella, dicho foro confirmó la determinación del foro primario bajo iguales fundamentos.
Insatisfecho, el Procurador General presentó una peti-ción de certiorari ante este Tribunal el 10 de noviembre de 2005 y posteriormente el recurrido presentó su alegato.(2) El Procurador General señaló la comisión de los errores siguientes:
Erró el Tribunal de Apelaciones al resolver que autorizar la extradición del recurrido sin la condición de que en caso de ser hallado culpable no se imponga la pena de muerte, está reñido [749]*749con la sección 7 de la Carta de Derechos, Artículo II de la Constitución de Puerto Rico, que prohíbe la pena de muerte. Erró el Tribunal de Apelaciones al ignorar el derecho positivo claramente aplicable al caso y resolver a base de consideracio-nes de derecho internacional claramente inaplicables y de con-sideraciones morales en torno a la pena de muerte. Apelación, pág. 10.
Poco después, el Colegio de Abogados y la American Civil Liberties Union (ACLU) solicitaron comparecer como amigos de la corte ante este Tribunal. Accedimos a las so-licitudes presentadas y le concedimos un término a ambas partes para que presentaran sus correspondientes escritos.
El caso quedó finalmente sometido ante nuestra consi-deración el 8 de febrero de 2006. Contando entonces con la comparecencia de las partes antes mencionadas, pasamos a resolver la controversia.
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La amplia discusión pública generada en torno a este caso exige unos señalamientos introductorios que permi-tan aclarar la controversia real que pende ante nuestra consideración.
A poco que separamos el grano de la paja, advertimos que lo que se encuentra ante nuestra consideración es una controversia sobre los deberes y las obligaciones del Gober-nador del Estado Libre Asociado bajo la Ley Uniforme de Extradición y su contraparte federal, una vez recibe del gobernador de un estado de Estados Unidos una petición para extraditar a una persona que se alega ha cometido algún delito en dicho estado y ha huido a Puerto Rico.
En estricto rigor, por lo tanto, éste no es un caso sobre la pena de muerte y la prohibición constitucional para su im-posición en Puerto Rico, o sobre la vitalidad de la Consti-tución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Lamenta-blemente, la exposición pública que ha prevalecido hasta este momento ha ofuscado la controversia que hoy debe-mos atender.
Veamos entonces.
[750]*750HH HH I — i
A. La Cláusula de Extradición de la Constitución de Es-tados Unidos y la legislación federal aprobada para su im-plantación
La extradición es un proceso sumario mediante el cual un Estado (el “Estado asilo”) le entrega a otro Estado (el “Estado reclamante”) una persona que se encuentra en su jurisdicción y quien se alega ha cometido o ha sido convicto de algún delito en el Estado reclamante, con el propósito de que pueda ser sometido a las leyes penales de este Estado. S. Spear, The Law of Extradition, International and Interstate, 3ra ed., Albany, Weed, Parsons & Co., pág. 70 (“The surrender by one sovereign state to another, on its demand, of persons charged with the commission of crimes within its jurisdiction, that they may be dealt with according to its laws”).
El proceso de extradición interestatal tiene sus orígenes en la época de las colonias norteamericanas, cuando por consideraciones de respeto mutuo y cortesía (comity) entre las colonias, éstas suscribieron entre sí acuerdos de esta naturaleza. Spear, op. cit, págs. 283-286. Posteriormente, el Art. IV de los Artículos de Confederación reconoció la importancia del procedimiento al proveer en su texto para la extradición a la colonia reclamante de personas acusa-das de crímenes que hubiesen huido a otra colonia para evitar el procedimiento criminal. Al promulgarse la Cons-titución de Estados Unidos, se incorporó a dicho docu-mento en su Art. IV, Sec. 2, Cl. 2,(3) sustancialmente, la misma disposición que existía ya en los Artículos de Con-federación respecto la extradición. Véase F. Kopelman, Ex[751]*751tradition and Rendition: History-Law-Recommnedations, 14 B.U.L. Rev. 591, 628-629 esc. 7 (1934).
La Cláusula de Extradición de la Constitución de Estados Unidos no es autoejecutable, por lo que se requiere de legislación —tanto federal como estatal— para su implementation.(4) A esos fines, se aprobó la Ley de Extradición de 1793. Spear, op. cit, págs. 295-299. Este estatuto, con modificaciones menores, ha permanecido vigente. La ley federal dispone:
Whenever the executive authority of any State or Territory demands any person as a fugitive from justice, of the executive authority of any State, District, or Territory to which such person has fled, and produces a copy of an indictment found or an affidavit made before a magistrate of any State or Territory, charging the person demanded with having committed treason, felony, or other, crime, certified as authentic by the governor or chief magistrate of the State or Territory from whence the person so charged has fled, the executive authority of the State, District, or Territory to which such person has fled shall cause him to be arrested and secured, and notify the executive authority making such demand, or the agent of such authority appointed to receive the fugitive, and shall cause the fugitive to be delivered to such agent when he shall appear, If no such agent appears within thirty days from the time of the arrest, the prisoner may be discharged. 18 U.S.C.A. sec. 3182.(5)
La legislación federal no ocupa el campo en esta materia, por lo que los estados, los territorios y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico pueden establecer mediante [752]*752legislación su propio procedimiento, como en efecto han hecho.
Aun cuando los estados, los territorios y el Estado Libre Asociado pueden legislar así, lo cierto es que el proceso legislado no puede ser más oneroso al presentado en la legislación federal o a lo dispuesto en la Constitución de Estados Unidos. Véase L. Abramson, Extradition in America: Of Uniform Acts and Governmental Discretion, 33 Baylor L. Rev. 793 (1981) (“States are free to effect extradition under less stringent requirements, but are not permitted to make extradition any more difficult”).
El propósito que persigue esta cláusula, así como la legislación aprobada para su implementación, es dual: por un lado, se pretende evitar que un estado se convierta en un santuario para los criminales que pretenden burlar las leyes penales de una jurisdicción huyendo al “Estado asilo”, y por el otro, procura evitar la balcanización de la administración del sistema de justicia penal entre las jurisdicciones que coexisten en Estados Unidos. California v. Superior Court, 482 U.S. 400, 406 (1987) (“The obvious objective of the Extradition Clause is that no State should become a safe haven for the fugitives from a sister State’s criminal justice system”); Michigan v. Doran, 439 U.S. 282, 287 (1978). Véase, además, Karkosat, Fleeing Injustice: Examining the Interstate Extradition Clause as Applied to Political Refugees, 68 U. Cinn. L. Rev. 123 (1999) (“The dual purpose of the Extradition Clause is to preclude any state from becoming a heaven for fugitives from another state and to prevent any division of the criminal justices system among the states”).
Para efectuar ese propósito, la ley federal y las leyes aprobadas por los estados, los territorios y el Estado Libre Asociado tienen que interpretarse de una manera ex-pansiva, irrestricta y consecuente entre sí para adelantar sus objetivos. En Biddinger v. Commissioner of Police, 245 U.S. 128, 132-133 (1917), se indicó correctamente:
[753]*753Such being the origin and purpose of these provisions of the Constitution and statutes, they have not been construed narrowly and technically by the courts as if they were, penal laws, but liberally to effect their important purpose. (Enfasis nuestro.)
En igual sentido, véase Appleyard v. Massachusetts, 203 U.S. 222, 228 (1906).
El Tribunal Supremo de Estados Unidos interpretó por primera vez la Cláusula de Extradición en Kentucky v. Dennison, 65 U.S. (24 How.) 66 (1861). Allí se resolvió, primero, que la cláusula imponía una obligación de carácter mandatario sobre el gobernante del Estado asilo de remitir al Estado reclamante el prófugo cuya extradición se solicitaba.!6) Segundo, que bajo la ley federal de extradi-ción el recurso extraordinario de mandamus no estaba dis-ponible a los tribunales federales para obligar a los funcio-narios ejecutivos del Estado asilo a cumplir con su obligación de extraditar.!7)
Por más de un siglo, este fue el estado de derecho pre-valeciente en Estados Unidos. Ello, hasta que el estado de Iowa rehusó entregar a las autoridades del Estado Libre [754]*754Asociado de Puerto Rico a Ronald Calder, un empleado del Federal Aviation Administration en San Juan, para que enfrentara cargos criminales por asesinato y tentativa de asesinato. Calder había arrollado a un matrimonio luego de un altercado entre él y el esposo de la víctima. Se adujo que Calder arrolló al matrimonio, hiriendo gravemente al esposo y provocando la muerte de su esposa, quien se en-contraba en estado grávido. El incidente fue particular-mente estremecedor pues, como se alegó, Calder utilizó su automóvil para pasar sobre el cuerpo de la difunta en va-rias ocasiones. Calder fue acusado en Puerto Rico y, antes de celebrarse la vista preliminar, huyó a Iowa.
Calder se opuso a su extradición alegando que un “hombre blanco” en Puerto Rico no podría recibir un juicio justo e imparcial (“a white American man ... could not receive a fair trial in the Commonwealth of Puerto Rico”). Puerto Rico v. Branstad, 483 U.S. 219, 222 (1987). Adujo que el sistema judicial en Puerto Rico era corrupto y que los tes-tigos en su contra “habían sido sobornados”. (Traducción nuestra.) Íd. Véase J.P. Dinan, Puerto Rico v. Branstad: The End of Gubernatorial Discretion in Extradition Proceedings, 19 Toledo L. Rev. 649, 660 (1988). Véase, además, R.E. Davis, Puerto Rico v. Branstad Resotration of Integrity for the Cosntitution’s Extradition Clause, 19 Cumb. L. Rev. 109 (1989). El gobernador de Iowa rehusó extraditar a Calder a Puerto Rico. Eventualmente el caso llegó al Tribunal Supremo de Estados Unidos donde se solicitó la re-vocación de Kentucky v. Dennison, ante, para que el tribunal federal en Iowa pudiera forzar, a través del recurso extraordinario de mandamus, la entrega de Calder a las autoridades de Puerto Rico.
Acogiendo los argumentos esbozados por el Gobierno del Estado Libre Asociado, el Tribunal Supremo federal, en Puerto Rico v. Branstad, ante, revocó aquella determina-ción de Kentucky v. Dennison, ante, que impedía que el Gobierno federal compeliera al gobernador de un estado, mediante mandamus, a rendir a las autoridades del Es-tado reclamante un fugitivo de la justicia que había bus-[755]*755cado refugio en el Estado asilo. Por otro lado, el Tribunal dejó intacta la norma general de Dennison de que las obli-gaciones impuestas por la ley federal de extradición son ministeriales. Se indicó: “We reaffirm the conclusion that the commands of the Extradition Clause are mandatory, and afford no discretion to the executive officers or courts of the asylum State.” Branstad, ante, pág. 227.
En Puerto Rico v. Branstad, ante, el Tribunal Supremo federal rehusó resolver si la Cláusula de Extradición apli-caba a Puerto Rico. Ese Tribunal resolvió, sin embargo, que la ley federal de extradición sí aplicaba a Puerto Rico. Branstad, ante, pág. 229 (“We need not decide today what applicability the Extradition Clause may have to the Commonwealth of Puerto Rico, however, for the Extradition Act clearly applies”). Lo cierto es que, independientemente de si aplica o no la Cláusula de Extradición al Estado Libre Asociado, el Tribunal en Branstad hace referencia indistin-tamente a la Cláusula de Extradición como a la ley federal para llegar a su resultado. Ello, después de todo, no sor-prende, pues la segunda lo que pretende hacer es impar-tirle eficacia a la primera; su entretejido es evidente.
De Puerto Rico v. Branstad, ante, debemos colegir, en lo que respecta a la controversia ante nuestra consideración, primero, que el gobernante del Estado asilo no tiene discreción —cumplidos los requisitos procesales de la petición de extradición— para rendir ante los funcionarios ejecutivos del Estado reclamante al fugitivo que ha buscado asilo en su jurisdicción. Segundo, que la ley federal de extradición aplica a Puerto Rico, por lo que nuestros tribunales están obligados a velar por su cumplimiento.
B. La Ley Uniforme de Extradición Criminal de Puerto Rico
El procedimiento de extradición en el Estado Libre Asociado está regulado por la Ley Uniforme de Extradición. Esta ley fue aprobada en 1960 y calca sustancialmente las disposiciones del Uniform Extradition Act de [756]*7561936, promulgado por la Conferencia Nacional de Comisio-nados sobre Leyes Uniformes Estatales (“National Conference of Commissioners on Uniform State Laws”). Sánchez v. Superintendente, 104 D.P.R. 862, 864 esc. 1 (1976). D. Nevares-Muñiz, Sumario de derecho procesal penal puerto-rriqueño, 7ma ed., San Juan, Inst. para el Desarrollo del Derecho, 2004, pág. 251.
La Ley Uniforme de Extradición procura hacer viable en Puerto Rico el mandato de la cláusula de extradición de la Constitución de Estados Unidos. La ley ordena que sus disposiciones sean interpretadas de manera compatible con lo provisto en otras jurisdicciones que hayan adoptado la ley uniforme, de suerte que se adelanten los propósitos que animan la ley y que persigue la Cláusula de Extradición. 34 L.P.R.A. sec. 1881bb.(8)
En muy pocas ocasiones hemos tenido oportunidad de expresarnos sobre la Ley Uniforme de Extradición. E.g., Sánchez v. Superintendente, ante; Galíndez v. Rodríguez Fortier, 102 D.P.R. 714 (1974). El estatuto, en su primera sección, le impone al Gobernador “el deber de hacer que se arreste y se entregue a las autoridades ejecutivas de cualquier estado a toda otra persona que habiendo sido acusada de traición, delito grave u otro delito en dicho estado, hubiere huido de la justicia y se encontrare en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. 34 L.P.R.A. sec. 1881a. A todas luces esta sección le exige al Gobernador el deber inexcusable y, por ende, de carácter ministerial, de rendir a las autoridades del estado reclamante el prófugo de la justicia que ha huido a Puerto Rico para burlar el procesamiento penal que enfrenta en dicha jurisdicción.
El procedimiento que se ha de seguir está minuciosamente detallado en la Ley Uniforme de Extradición Criminal. Este se inicia, como ya apuntamos, mediante la [757]*757presentación de una demanda de extradición por el gober-nador del estado reclamante al Gobernador de Puerto Rico. La demanda debe estar acompañada de la acusación pre-sentada por el Gran Jurado, por el fiscal o por una decla-ración jurada suscrita ante un magistrado del estado recla-mante, conjuntamente con cualquier mandamiento de arresto emitido por dicho estado. La acusación o declara-ción jurada debe imputar a la persona reclamada la comi-sión de un delito bajo las leyes del estado reclamante. Dichos documentos deben estar autenticados por las autoridades correspondientes. 34 L.P.R.A. sec. 1881b.
Recibida la solicitud, el gobernador puede requerir del Secretario de Justicia que la investigue y le rinda un informe.(9) 34 L.P.R.A. sec. 1881c. Ello lo efectúa el Departamento de Justicia a través de su División de Extradiciones. Una vez el Gobernador ha autorizado la ex-tradición, se inicia el proceso judicial a través de la presentación de una demanda formal de extradición ante el Tribunal de Primera Instancia, en la que se solicita del tribunal que expida una orden de arresto contra el fugitivo. 34 L.P.R.A. secs. 1881f-1881h.
En Sánchez v. Superintendente, ante, pág. 867, citando amplia jurisprudencia federal y de los estados de Estados Unidos, reconocimos que una vez el Gobernador accede a la petición de extradición, se activa una presunción de que hay identidad entre el acusado y la persona requerida por el Estado reclamante, y que el procedimiento de extradición es legal y válido. Competerá entonces a la persona requerida rebatir tal presunción.
Según la Ley Uniforme de Extradición, el detenido tiene derecho a atacar la legalidad del arresto y cuestionar el procedimiento mediante la presentación de un re-[758]*758curso de habeas corpus. 34 L.P.R.A. sec. 1881L Sánchez v. Superintendente, ante; Galíndez v. Rodríguez Portier, ante. Al atender una petición de esta naturaleza, el tribunal del Estado asilo sólo deberá examinar lo siguiente: Primero, si los documentos de extradición de su faz son correctos. Segundo, si la persona reclamada había sido acusada de un delito en el Estado reclamante. Tercero, si el reclamado era la persona a quien se refiere la solicitud de extradición. Cuarto, si la persona cuya extradición se solicitaba podía ser considerada un fugitivo. California v. Superior Court, ante; Michigan v. Doran, ante; Munsey v. Clough, 196 U.S. 364 (1905).
Solamente si surgiera evidencia, más allá de duda razonable, de que no se cumple con alguno de los criterios anteriormente mencionados, procedería dar lugar a la petición de habeas corpus y dejar en libertad a la persona reclamada. South Carolina v. Bailey, 289 U.S. 412, 422 (1933) (“Stated otherwise, he should not have been released unless it appeared beyond reasonable doubt that he was without the State of South Carolina when the alleged offense was committed and, consequently, could not be a fugitive from her justice” (énfasis nuestro)).
Lo que no puede hacer el tribunal del Estado asilo —en este caso Puerto Rico— es especular sobre el proceso que se ha de celebrar en el estado reclamante y fundamentar su determinación en consideración al resultado final del proceso penal que enfrentaría la persona reclamada. Esta es la norma que priva en la jurisdicción norteamericana y la cual adoptamos como nuestra, ante el mandato legislativo que la Ley Uniforme de Extradición se interprete de manera compatible con las otras jurisdicciones en Estados Unidos. 18 L.P.R.A. sec. 1881bb. En South Carolina v. Bailey, ante, pág. 420, se indicó: “It was wholly beyond the province of the judge to speculate, as he seems to have done, concerning the probable outcome of any trial which might follow rendition to the demanding state.” (Én-[759]*759fasis nuestro.) Véanse, además: Pacileo v. Walker, 449 U.S. 86, 87 (1980); Sweeney v. Woodall, 344 U.S. 86 (1952). Adviértase que el procedimiento de extradición es sumario.
En resumen, la Ley Uniforme de Extradición regula minuciosamente el procedimiento de extradición. Esta claramente establece un precepto de carácter imperativo que requiere del Gobernador de Puerto Rico que proceda con la entrega del fugitivo si la solicitud que recibe se atiene a los requisitos exigidos en la ley y su jurisprudencia interpretativa.
La ley contiene, como apuntamos, su propio canon de hermenéutica, que ordena que su interpretación sea cón-sona con la interpretación de los tribunales federales o es-tatales que hayan examinado estatutos similares, inclu-yendo la ley federal de extradición. Véase 18 U.S.C. sec. 3182. De esta forma se procura la uniformidad en la apli-cación de la ley penal por los distintos estados; además, se provee para la cohesión interna entre las distintas jurisdic-ciones que interrelacionan en Estados Unidos. De ahí que miremos hacia la jurisprudencia estadounidense para transmitirle contenido a la Ley Uniforme de Extradición. Adviértase que, en última instancia, las leyes de los esta-dos, de los territorios y del Estado Libre Asociado, que re-gulan el proceso de extradición, lo que pretenden es hacer viable el mandato de la Cláusula de Extradición de la Constitución de Estados Unidos.
Destacamos, pues, que la revisión judicial en estos casos es particularmente limitada ante la naturaleza sumaria del procedimiento y como secuela de los principios en que descansa la extradición, y que deben guiar la interpretación de la ley.
Con este marco doctrinal de trasfondo, pasemos a eva-luar los méritos de la controversia traída a nuestra atención.
[760]*760IV
Como señalamos, el Tribunal de Apelaciones concluyó que ya que la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico prohíbe que se imponga como castigo la pena de muerte, extraditar a Pennsylvania al señor Meléndez Cruz, donde podría enfrentar dicha pena conforme lo per-mite la legislación de ese estado, sería una violación de nuestra Constitución, y el Gobernador tiene un deber de velar por el cumplimiento de nuestras leyes. En este caso, solamente se podrá extraditar a Martínez Cruz si Pennsylvania accede a no solicitar la pena de muerte. Dicho de otro modo, se objeta, verdaderamente, la ley penal de Pennsylvania por ésta autorizar en ciertas circunstancias, la impo-sición de la pena de muerte.
A. La posición del Tribunal de Apelaciones es contra-ria al derecho estatutario puertorriqueño y al derecho federal. Su primer error es que se fundamenta en una es-peculación y un hecho incierto sobre lo que pueda ocurrir en el Estado reclamante una vez se lleve a cabo el proceso penal que pende contra Martínez Cruz. Como hemos po-dido apreciar, es improcedente especular sobre el posible resultado del proceso que habrá de enfrentar un prófugo en la jurisdicción que le reclama, para determinar si se le da curso o no a una petición de extradición. South Carolina v. Bailey, ante. Además, a la hora de evaluar una petición de habeas corpus en un proceso de extradición, es impropio fijar la decisión a tomar en términos de cuál es el estado de derecho vigente en la jurisdicción que hace el reclamo.
Al aplicar los requerimientos de la Ley Uniforme de Ex-tradición debemos concluir que el estado de Pennsylvania cumplió a cabalidad con éstos. De otra parte, Martínez Cruz no ha impugnado los documentos de extradición, tampoco ha argüido que no es un prófugo de la justicia o que no pesan cargos criminales en su contra en Pennsylvania, o que él no es la persona buscada. Ante estos hechos, ahí debió concluir el análisis del foro primario, así como el [761]*761del tribunal apelativo, pues procedía como cuestión de de-recho denegar la petición de habeas corpus instada.
El recurrido no rebatió en forma alguna la presunción de legalidad y validez que quedó activada una vez el Go-bernador de Puerto Rico accedió a la petición de extradi-ción del primer ejecutivo de Pennsylvania. En su conse-cuencia, procede darle curso a la extradición de Martínez Cruz.
Adviértase que la Ley Uniforme de Extradición le im-pone al gobernante una obligación ministerial de entregar a la persona requerida una vez se determina que la solici-tud recibida cumple con los requisitos de ley. La pondera-ción de los tribunales inferiores de otros factores, exógenos a los mencionados previamente, se revela contraria al or-denamiento legal vigente.
Cabe destacar también que a igual resultado llegamos si analizamos esta controversia desde el crisol de la ley de extradición federal. El Gobernador de Puerto Rico, después de todo, tiene el deber ineludible de cumplir con la ley federal cuando ésta aplica a unos hechos en particular, tales como los que se encuentran ante nuestra consideración.
Aquí resulta conveniente y necesario reseñar lo resuelto en New Mexico ex rel. Ortiz v. Reed, 524 U.S. 151 (1998), donde se configuró un conflicto entre la ley federal de ex-tradición y una disposición de la Constitución de Nuevo México. En este caso Reed, convicto en Ohio, huyó a Nuevo México mientras se encontraba libre bajo palabra. Ohio so-licitó la extradición y el gobernador de Nuevo México accedió. Reed entonces presentó un recurso de habeas corpus en una corte de distrito estatal de Nuevo México e impugnó su extradición a base de que no era un fugitivo, sino que huyó de Ohio bajo coacción (duress). Ello en virtud de que se le iba a revocar su libertad bajo palabra, en vio-lación al debido proceso de ley, y además, que él temía por su vida si era encarcelado nuevamente en Ohio. El tribunal concedió el habeas corpus', determinación que fue ava-lada por la Corte Suprema de Nuevo México.
[762]*762Mediante una breve sentencia per curiam, el Tribunal Supremo revocó a la Corte Suprema de Nuevo México. Ésta se había valido del argumento de que Reed no era un “fugitivo”, sino más bien un “refugiado de la justicia” (refugee from justice) para conceder el habeas corpus solicitado. Al resolver, el Tribunal Supremo indicó:
We accept, of course, the determination of the Supreme Court of New Mexico that respondent’s testimony was credible, but this is simply not the kind of issues that may be tried in the asylum State. In case after case we have held that claims relating to what actually happened in the demanding State, the law of the demanding State, and what may he expected to happen in the demanding State when the fugitive returns, are issues that must be tried in the courts of that State, and not in those of the asylum State. (Énfasis nuestro y citas omitidas.) New Mexico ex reí. Ortiz v. Peed, ante, pág. 153.
La Corte de Nuevo México había fundamentado su de-terminación de no extraditar a Reed en una disposición de su Constitución (“the right of seeking and obtaining safety”), que a su juicio impedía que Reed fuera entregado a las autoridades de Ohio, ya que ésta privaba sobre la Cláusula de Extradición. Al descartar este fundamento, el Tribunal Supremo indicó, y citamos in extenso:
The Supreme Court of New Mexico also held that the New Mexico Constitution’s provision guaranteeing the right “of seeking and obtaining safety” prevailed over the State’s duty under Article IV of the United States Constitution. But long ago ... we held that the duty imposed by the Extradition Clause of the asylum State was mandatory. In Puerto Rico v. Branstad, 483 U.S. 219, 227 (1987), we reaffirmed “the conclusion that the commands of the Extradition Clause are mandatory, and afford no discretion to the executive officers or the courts of the asylum State .... And in California v. Superior Court of Cal, San Bernardino Cty, 482 U.S. 400, 405-406 (1987), we said:
“The Federal Constitution places certain limits on the sovereign powers of the States, limits that are an essential part of the Framers’ conception of national identity and Union.” (Citas omitidas.) New Mexico ex rel. Ortiz v. Reed, ante, pág. 154.
De la misma forma que Nuevo México no podía invocar [763]*763la cláusula de su Constitución como detente para la apli-cación de la Cláusula de Extradición de la Constitución de Estados Unidos y de la ley federal de extradición, para negarse a la extradición de Reed, mal puede Puerto Rico invocar la suya para impedir la extradición de Martínez Cruz o para condicionarla.
B. De ordinario y en estricto rigor, nuestro análisis concluiría aquí. Antes bien, la insistencia de buscar apoyo en la cláusula prohibitiva de la pena capital de nuestra Constitución y matizar toda la discusión en redor de ésta, exige los comentarios siguientes.
1. Antes de examinar la disposición constitucional invo-cada, debe tenerse en su justa perspectiva la tarea inter-pretativa que enfrentamos. Este no es un caso de derecho internacional. El Tribunal de Apelaciones, así como los amigos de la corte, destinan gran parte de sus respectivas argumentaciones a discutir la pena de muerte desde la perspectiva del derecho internacional. Sobre esa base ar-guyen que es improcedente acceder a la petición de Pennsylvania. Lo cierto es, sin embargo, que la controver-sia ante nuestra consideración no plantea problema alguno de derecho internacional. Como correctamente señaló el Procurador General,
“[a]quí de lo que se trata es de un problema doméstico (o municipal, para usar la terminología de derecho internacio-nal), entre partes de los Estados Unidos; esto es, entre Pennsylvania y Puerto Rico”. Apelación, pág. 20.
El Estado Libre Asociado coexiste con otras jurisdiccio-nes estatales y territoriales en una comunidad jurídica. En el campo de la extradición, estos vínculos suscitan varios problemas prácticos, los cuales discutiremos más adelante, ya que existe un tránsito relativamente inhibido de personas. No podemos obviar estos problemas al examinar nuestra cláusula prohibitiva de la pena capital. Además, la controversia de marras nos obliga a sopesar el respeto que merecen las normas jurídicas y las expectativas razonables de los estados y territorios estadounidenses.
[764]*764El Estado Libre Asociado se ha valido del mismo proceso de extradición que ahora impugna uno de sus ciudadanos. Si el gobernador de Iowa estaba obligado a respetar nues-tro ordenamiento jurídico y entregar a Ronald Calder, mal podríamos examinar nuestra Constitución sin mostrar un respeto análogo al ordenamiento de Pennsylvania y a la confianza que dicho estado ha tenido en la vigencia del derecho federal de extradición con posterioridad a la deci-sión de Puerto Rico v. Branstad, ante.
2. Enmarcada así nuestra tarea interpretativa, pasa-mos a examinar el argumento esgrimido de que la Ley Pini-forme de Extradición Criminal, según aplicada a los he-chos en este caso, está reñida con la prohibición de la pena capital contenida en la Constitución del Estado Libre Asociado.
No hay duda que la Carta de Derechos de la Constitu-ción del Estado Libre Asociado es un documento de avan-zada que representa los valores más estimables del Pueblo de Puerto Rico. Así, la See. 7 de la Carta de Derechos, L.P.R.A., Tomo 1, con su proscripción de la pena de muerte, es una disposición de profundo contenido moral que repre-senta el respeto a la vida que profesa nuestra ciudadanía, compartido éste por la inmensa mayoría de la comunidad internacional occidental.
Sin embargo, cabe observar que el Art. II, Sec. 7, Cláusula 2 de nuestra Constitución, L.P.R.A., Tomo 1, no atiende expresamente al problema de la extradición. Dicha cláusula no tiene, ni puede tener, efecto extraterritorial. Después de todo, “[l]a autoridad política del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se extenderá a la Isla de Puerto Rico y a las islas adyacentes dentro de su jurisdicción”. Art. I, Sec. 3, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1999, pág. 256. Su texto sólo prohíbe la imposición de la pena de muerte en el derecho penal de Puerto Rico; es decir, sólo en nuestro ordenamiento jurídico penal, sin más.(10)
[765]*765Por otro lado, exigir del estado de Pennsylvania, como ha hecho el tribunal apelativo —y a lo que nos invitan tanto el recurrido como los amigos de la corte— a que se comprometa de antemano a no aplicar su derecho penal en función de nuestra Constitución, es una intromisión inde-bida con los procesos judiciales de ese estado. Ayer, el go-bernador de Iowa nos exigía que procesáramos al señor Calder por un cargo más razonable (“a more realistic charge”); hoy, nosotros exigiríamos a Pennsylvania que im-ponga una pena más razonable. Ambas condiciones consti-tuyen, claramente, una interferencia con la soberanía de cada jurisdicción para administrar su sistema de justicia penal.
Difícilmente podemos avalar tal resultado. De la misma forma que exigimos de otras jurisdicciones estatales res-peto para los procesos penales del Estado Libre Asociado, así también existe la obligación legal y moral de hacer lo propio con los procesos penales de dichas jurisdicciones.
También inciden poderosamente en nuestra interpreta-ción los efectos prácticos de la posición que adelantan los amigos de la corte y el recurrido, y de la cual se hizo eco el foro apelativo intermedio. El curso de acción propuesto por el foro a quo convertirá a Puerto Rico en el paraíso de los más serios delincuentes de otros estados. Ellos, ante la po-sibilidad de enfrentar en su estado la pena de muerte, co-menzarán su peregrinaje hacia nuestras playas en bús-queda de su santuario. Aquí les habremos inmunizado contra el procesamiento penal.
Hay que destacar otra dificultad práctica con la posición del foro apelativo, del peticionario y de los amigos de la corte. Al negarse el Estado Libre Asociado a extraditar a un fugitivo, procederá que éste sea dejado en libertad, pues no hay autoridad legal alguna para que una persona que no ha sido acusada de delito permanezca encarcelada. [766]*766Como resultado de la anterior, unos delitos quedarán im-punes y unas víctimas no obtendrán cumplida justicia. Este resultado es insostenible.
3. En fin, un justo balance de las consideraciones ex-puestas nos impide concluir que la Ley Uniforme de Extra-dición Criminal está en conflicto con el Art. II, Sec. 7, Cláu-sula 2 de la Constitución del Estado Libre Asociado, ante.
V
Por los fundamentos que anteceden, procede revocar la decisión del Tribunal de Apelaciones y ordenar la desesti-mación y el archivo de la petición de “habeas corpus” pre-sentada por el recurrido.
Se dictará sentencia de conformidad.
El Juez Asociado Señor Rivera Pérez concurrió con el resultado sin opinión escrita. La Jueza Asociada Señora Fiol Matta disintió sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri no intervino.