Departamento De La Familia v. Cacho González
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Opinion
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Departamento de la Familia
Peticionaria Certiorari
v. 2013 TSPR 69
Ana Cacho González 188 DPR ____
Recurrido
Número del Caso: CC-2012-1116 cons con. CC-2012-1125
Fecha: 18 de junio de 2013
Tribunal de Apelaciones: Región Judicial de: Bayamón
CC-2012-1116 Oficina del Procurador General:
Lcdo. Luis Román Negrón Procurador General
Lcda. Lisa Durán Ortiz Procuradora General Interina
Lcda. Celia Molano Flores Procuradora General Auxiliar
Abogados de la Parte Recurrida:
Lcda. Sharon E. González Maldonado Lcdo. Luis Torres Asencio Lcda. Carmen Vargas Medina
Departamento de la Familia:
Lcda. Olga López Báez
CC-2012-1125 Departamento de la Familia:
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Luis José Torres Asencio
Materia: Sentencia con Opiniones de Conformidad
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Peticionaria
v. CC-2012-1116 Cons con. Ana Cacho González CC-2012-1125
Recurrida
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 18 de junio de 2013.
En esta ocasión nos vemos obligados a intervenir
con la trama judicial surgida a raíz del asesinato
del menor L.G.C. el 9 de marzo de 2010 en el hogar de
su madre, la Sra. Ana Cacho González. Recurren ante
nos el Departamento de la Familia (en adelante,
―Departamento‖) y el Procurador General de una
Sentencia del Tribunal de Apelaciones que revoca una
Resolución del Tribunal de Primera Instancia y
concede visitas supervisadas a la señora Cacho
González con relación a sus dos hijas menores de
edad. Debemos resolver: (1) si el Tribunal de Primera
Instancia resolvió adecuadamente las controversias
sobre el descubrimiento de prueba; (2) si es
admisible el testimonio de la perito del CC-2012-1116 Cons. con CC-2012-1125 2
Departamento, la Dra. Elsa Cardalda; (3) si procede
concederle a la señora Cacho González relaciones materno-
filiales sin la celebración de una vista para dilucidar este
particular; y (4) si procede relevar al Departamento de
continuar realizando esfuerzos razonables de reunificación
familiar.
Examinadas las comparecencias de las partes así como el
expediente del caso: (1) se ordena que el Tribunal de Primera
Instancia resuelva, de manera específica, el alcance del
descubrimiento de prueba; (2) se revoca el decreto de
inadmisibilidad del testimonio de la doctora Cardalda; (3) se
deja sin efecto la orden concediendo visitas supervisadas a
la señora Cacho González; (4) se confirma la orden de
celebración de una vista para auscultar la posibilidad de
conceder relaciones materno-filiales a la señora Cacho
González; (5) se confirma el dictamen con relación a la
celebración de una nueva vista de esfuerzos razonables y,
mientras tanto, se mantiene la custodia provisional de las
menores a favor de su padre, Sr. Ahmed Alí González; (6) se
modifica la orden de ampliación de los informes a los únicos
efectos de aclarar que estos deberán ser suplementados y
actualizados de acuerdo a las intervenciones realizadas hasta
el momento por los diferentes profesionales que han estado
atendiendo a las menores durante el proceso; y (7) se
devuelve al Tribunal de Primera Instancia para la
continuación de los procedimientos.
Dicho foro deberá atender con carácter expedito los
asuntos pendientes ante su consideración, en especial lo CC-2012-1116 Cons. con CC-2012-1125 3
relativo a la concesión de relaciones materno-filiales, con
la rapidez y sensibilidad que requieren los casos como el de
autos.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente señor
Hernández Denton emitió Opinión de Conformidad a la cual se
unen los Jueces Asociados señores Martínez Torres y Estrella
Martínez. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez emitió
Opinión de Conformidad a la cual se unen la Juez Asociada
señora Pabón Charneco y los Jueces Asociados señores Kolthoff
Caraballo y Rivera García. El Juez Asociado señor Feliberti
Cintrón no interviene.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Peticionaria CC-2012-1116 cons. con Certiorari v. CC-2012-1125
Ana Cacho González
Opinión de Conformidad emitida por el Juez Presidente SEÑOR HERNÁNDEZ DENTON a la cual se unen los Jueces Asociados SEÑOR MARTÍNEZ TORRES y SEÑOR ESTRELLA MARTÍNEZ.
En San Juan, Puerto Rico, a 18 de junio de 2013.
Por los fundamentos que exponemos a continuación,
estamos conformes con la Sentencia emitida en el presente
caso. No obstante, nos vemos obligados a suscribir esta
Opinión de Conformidad por entender que los procedimientos al
amparo de la antigua Ley Núm. 177-2003 (8 L.P.R.A. secs. 444-
450m), (Ley Núm. 177), hoy Ley para la Seguridad, Bienestar y
Protección de Menores, Ley Núm. 246-2011 (8 L.P.R.A. secs.
1101-1206), (Ley Núm. 246), están delimitados por los
derechos fundamentales y las protecciones constitucionales de
las relaciones entre padres e hijos. Por ello, consideramos
que el estándar probatorio al que debe estar sujeto el Estado
en este CC-2012-1116 Cons. con CC-2012-1125 2
tipo de procedimientos debe ser el de prueba clara, robusta y
convincente.
I.
La Sra. Ana Cacho González y el Sr. Ahmed Alí González
son los padres de los menores A.G.C., L.G.C. y A.C.G.C. El 9 de
marzo de 2010, estando bajo la custodia de la señora Cacho
González, el menor L.G.C. fue asesinado en su casa en Dorado.
Al día de hoy no se han presentado cargos criminales por los
hechos y la muerte del menor no ha sido esclarecida. A raíz de
esos hechos, el Departamento de la Familia (en adelante
―Departamento‖) activó un Plan de Seguridad a tenor con la Ley
Núm. 177, supra, mediante el cual reubicó a las menores A.G.C.
y A.C.G.C. en el hogar de su tía-abuela materna como medida
protectora; ambos padres aceptaron dicho plan. Las menores
continuaron relacionándose con sus padres bajo la supervisión
de la agencia. A su vez, el Departamento comenzó a brindar
servicios y evaluar a las menores y a los padres.
El 30 de marzo de 2010, tras la evaluación de las menores
y la recomendación de la psicóloga, Dra. Elsa Cardalda, y la
trabajadora social, Sra. Vanessa Santana Concepción, ambas del
Departamento, esta agencia presentó ante el Tribunal de Primera
Instancia una Petición de Emergencia al amparo de la Ley Núm.
177, supra. Solicitó que se le transfiriera la custodia de las
menores por entender que el bienestar emocional y la seguridad
física de las menores se encontraban en peligro inminente pues
la señora Cacho González no había podido aclarar lo ocurrido la
noche de la muerte de L.G.C. El Departamento también alegó que CC-2012-1116 Cons. con CC-2012-1125 3
la abuela materna y la señora Cacho González habían manipulado
e instruido a las menores para que ocultaran lo ocurrido la
noche de la muerte de L.G.C. y que esto, a su vez, les estaba
causando más daño emocional y psicológico. Finalmente, adujo
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Departamento de la Familia
Peticionaria Certiorari
v. 2013 TSPR 69
Ana Cacho González 188 DPR ____
Recurrido
Número del Caso: CC-2012-1116 cons con. CC-2012-1125
Fecha: 18 de junio de 2013
Tribunal de Apelaciones: Región Judicial de: Bayamón
CC-2012-1116 Oficina del Procurador General:
Lcdo. Luis Román Negrón Procurador General
Lcda. Lisa Durán Ortiz Procuradora General Interina
Lcda. Celia Molano Flores Procuradora General Auxiliar
Abogados de la Parte Recurrida:
Lcda. Sharon E. González Maldonado Lcdo. Luis Torres Asencio Lcda. Carmen Vargas Medina
Departamento de la Familia:
Lcda. Olga López Báez
CC-2012-1125 Departamento de la Familia:
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Luis José Torres Asencio
Materia: Sentencia con Opiniones de Conformidad
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Peticionaria
v. CC-2012-1116 Cons con. Ana Cacho González CC-2012-1125
Recurrida
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 18 de junio de 2013.
En esta ocasión nos vemos obligados a intervenir
con la trama judicial surgida a raíz del asesinato
del menor L.G.C. el 9 de marzo de 2010 en el hogar de
su madre, la Sra. Ana Cacho González. Recurren ante
nos el Departamento de la Familia (en adelante,
―Departamento‖) y el Procurador General de una
Sentencia del Tribunal de Apelaciones que revoca una
Resolución del Tribunal de Primera Instancia y
concede visitas supervisadas a la señora Cacho
González con relación a sus dos hijas menores de
edad. Debemos resolver: (1) si el Tribunal de Primera
Instancia resolvió adecuadamente las controversias
sobre el descubrimiento de prueba; (2) si es
admisible el testimonio de la perito del CC-2012-1116 Cons. con CC-2012-1125 2
Departamento, la Dra. Elsa Cardalda; (3) si procede
concederle a la señora Cacho González relaciones materno-
filiales sin la celebración de una vista para dilucidar este
particular; y (4) si procede relevar al Departamento de
continuar realizando esfuerzos razonables de reunificación
familiar.
Examinadas las comparecencias de las partes así como el
expediente del caso: (1) se ordena que el Tribunal de Primera
Instancia resuelva, de manera específica, el alcance del
descubrimiento de prueba; (2) se revoca el decreto de
inadmisibilidad del testimonio de la doctora Cardalda; (3) se
deja sin efecto la orden concediendo visitas supervisadas a
la señora Cacho González; (4) se confirma la orden de
celebración de una vista para auscultar la posibilidad de
conceder relaciones materno-filiales a la señora Cacho
González; (5) se confirma el dictamen con relación a la
celebración de una nueva vista de esfuerzos razonables y,
mientras tanto, se mantiene la custodia provisional de las
menores a favor de su padre, Sr. Ahmed Alí González; (6) se
modifica la orden de ampliación de los informes a los únicos
efectos de aclarar que estos deberán ser suplementados y
actualizados de acuerdo a las intervenciones realizadas hasta
el momento por los diferentes profesionales que han estado
atendiendo a las menores durante el proceso; y (7) se
devuelve al Tribunal de Primera Instancia para la
continuación de los procedimientos.
Dicho foro deberá atender con carácter expedito los
asuntos pendientes ante su consideración, en especial lo CC-2012-1116 Cons. con CC-2012-1125 3
relativo a la concesión de relaciones materno-filiales, con
la rapidez y sensibilidad que requieren los casos como el de
autos.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente señor
Hernández Denton emitió Opinión de Conformidad a la cual se
unen los Jueces Asociados señores Martínez Torres y Estrella
Martínez. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez emitió
Opinión de Conformidad a la cual se unen la Juez Asociada
señora Pabón Charneco y los Jueces Asociados señores Kolthoff
Caraballo y Rivera García. El Juez Asociado señor Feliberti
Cintrón no interviene.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Peticionaria CC-2012-1116 cons. con Certiorari v. CC-2012-1125
Ana Cacho González
Opinión de Conformidad emitida por el Juez Presidente SEÑOR HERNÁNDEZ DENTON a la cual se unen los Jueces Asociados SEÑOR MARTÍNEZ TORRES y SEÑOR ESTRELLA MARTÍNEZ.
En San Juan, Puerto Rico, a 18 de junio de 2013.
Por los fundamentos que exponemos a continuación,
estamos conformes con la Sentencia emitida en el presente
caso. No obstante, nos vemos obligados a suscribir esta
Opinión de Conformidad por entender que los procedimientos al
amparo de la antigua Ley Núm. 177-2003 (8 L.P.R.A. secs. 444-
450m), (Ley Núm. 177), hoy Ley para la Seguridad, Bienestar y
Protección de Menores, Ley Núm. 246-2011 (8 L.P.R.A. secs.
1101-1206), (Ley Núm. 246), están delimitados por los
derechos fundamentales y las protecciones constitucionales de
las relaciones entre padres e hijos. Por ello, consideramos
que el estándar probatorio al que debe estar sujeto el Estado
en este CC-2012-1116 Cons. con CC-2012-1125 2
tipo de procedimientos debe ser el de prueba clara, robusta y
convincente.
I.
La Sra. Ana Cacho González y el Sr. Ahmed Alí González
son los padres de los menores A.G.C., L.G.C. y A.C.G.C. El 9 de
marzo de 2010, estando bajo la custodia de la señora Cacho
González, el menor L.G.C. fue asesinado en su casa en Dorado.
Al día de hoy no se han presentado cargos criminales por los
hechos y la muerte del menor no ha sido esclarecida. A raíz de
esos hechos, el Departamento de la Familia (en adelante
―Departamento‖) activó un Plan de Seguridad a tenor con la Ley
Núm. 177, supra, mediante el cual reubicó a las menores A.G.C.
y A.C.G.C. en el hogar de su tía-abuela materna como medida
protectora; ambos padres aceptaron dicho plan. Las menores
continuaron relacionándose con sus padres bajo la supervisión
de la agencia. A su vez, el Departamento comenzó a brindar
servicios y evaluar a las menores y a los padres.
El 30 de marzo de 2010, tras la evaluación de las menores
y la recomendación de la psicóloga, Dra. Elsa Cardalda, y la
trabajadora social, Sra. Vanessa Santana Concepción, ambas del
Departamento, esta agencia presentó ante el Tribunal de Primera
Instancia una Petición de Emergencia al amparo de la Ley Núm.
177, supra. Solicitó que se le transfiriera la custodia de las
menores por entender que el bienestar emocional y la seguridad
física de las menores se encontraban en peligro inminente pues
la señora Cacho González no había podido aclarar lo ocurrido la
noche de la muerte de L.G.C. El Departamento también alegó que CC-2012-1116 Cons. con CC-2012-1125 3
la abuela materna y la señora Cacho González habían manipulado
e instruido a las menores para que ocultaran lo ocurrido la
noche de la muerte de L.G.C. y que esto, a su vez, les estaba
causando más daño emocional y psicológico. Finalmente, adujo
que las menores tenían conocimiento sobre los hechos ocurridos
la noche del asesinato, pero que estas ofrecieron información
limitada a las trabajadoras sociales que intervinieron en el
caso.
Ese mismo día, el foro primario celebró la vista de
Petición de Emergencia. En esta, la doctora Cardalda y la
trabajadora social Santana Concepción testificaron sobre los
hallazgos de sus intervenciones. El 30 de marzo de 2010, el
Tribunal de Primera Instancia concedió la solicitud de
remoción, suspendió provisionalmente las visitas de ambos
padres y emitió una orden de mordaza a todas las partes. Desde
ese día, la señora Cacho González no ha visto a sus hijas,
quienes inicialmente fueron ubicadas por el Departamento en dos
hogares de crianza separados y actualmente residen con su
padre.
Al mes siguiente se celebró la vista de ratificación de
remoción en la cual estuvieron presentes: (1) el Departamento,
acompañado por la trabajadora social Santana Concepción; (2) la
Procuradora Especial para los casos de maltrato de menores (en
adelante, ―la Procuradora Especial‖); (3) la señora Cacho
González; y (4) el señor Alí González, quien alegó ser parte
con interés en el proceso y solicitó la concesión de relaciones
paterno-filiales. Tras la admisión del Informe de Intervención
preparado por la trabajadora social Santana Concepción, la CC-2012-1116 Cons. con CC-2012-1125 4
señora Cacho González aceptó que el proceso de remoción fue
conforme a derecho y manifestó estar de acuerdo con que las
menores se reubicaran provisionalmente en alguno de los hogares
recomendados en el Informe de Intervención. No obstante,
impugnó la determinación de negligencia que surgía del mismo.
Por su parte, la Procuradora Especial alegó que la señora Cacho
González se había comunicado con la hija mayor mediante correo
electrónico, por lo que el tribunal le advirtió que no podía
comunicarse, directa ni indirectamente, con ninguna de las
menores.
Luego de la vista de ratificación, el foro primario
emitió una sentencia en la que determinó que la remoción de las
menores se llevó a cabo conforme a derecho y ordenó: (1) al
Departamento a ofrecer un Plan de Servicios a la señora Cacho
González, advirtiendo que el incumplimiento con dicho plan
conllevaría la privación de la custodia y patria potestad y el
cese de esfuerzos razonables de reunificación por parte del
Departamento; (2) la entrega provisional de la custodia legal
de las menores al Departamento; (3) la permanencia de las
menores en los respectivos hogares de crianza seleccionados por
el Departamento; (4) visitas paterno-filiales supervisadas; y
(5) la continuación de la orden de mordaza. Se pautó una vista
de seguimiento para una fecha posterior.
Luego de esto, el trámite del caso se caracterizó por la
presentación de numerosas mociones argumentativas e incluso,
procedimientos en alzada, centrados en cuatro controversias
medulares, a saber: el alcance del descubrimiento de prueba y
la admisibilidad de la prueba pericial, la concesión de CC-2012-1116 Cons. con CC-2012-1125 5
relaciones materno-filiales, el cese de esfuerzos razonables de
reunificación familiar por parte del Departamento y la custodia
permanente de las menores.
El Departamento, en cumplimiento con lo ordenado por el
foro primario, preparó un Plan de Servicios para la señora
Cacho González que incluía una evaluación sobre sus capacidades
protectoras, orientación sobre el maltrato de menores y el
abuso de sustancias controladas, entre otros aspectos. Además,
la señora Cacho González fue sometida a pruebas toxicológicas
que arrojaron resultados negativos al uso de varias sustancias
controladas. Tras la desaparición de las primeras evaluaciones
psicológicas realizadas a la señora Cacho González, esta fue
referida a la psicóloga, Dra. Ivonne Sanabria Burgos, quien
determinó que la señora Cacho González cuenta con las
capacidades protectoras adecuadas para proteger a las menores.
Por eso, recomendó el establecimiento de relaciones materno-
filiales y que la señora Cacho González continuara en
tratamiento psiquiátrico.
Por otro lado, las menores comenzaron a ser tratadas por
la doctora Cardalda y por el Dr. Serafín Orengo Vega,
psiquiatra del Programa Biosicosocial de la Escuela de Medicina
de la Universidad de Puerto Rico. Este último las encontró
estables dentro de sus circunstancias particulares. Finalmente,
el padre de las menores aceptó voluntariamente someterse al
Plan de Servicios del Departamento y este también obtuvo una
evaluación psicológica favorable.
Durante el transcurso del procedimiento judicial, la
señora Cacho González solicitó infructuosamente relaciones CC-2012-1116 Cons. con CC-2012-1125 6
materno-filiales en numerosas ocasiones. El Tribunal de
Apelaciones confirmó una de estas denegatorias. Entre tanto, a
pesar de mediar una orden de prohibición del tribunal, se alegó
que la señora Cacho González se continuó comunicando con la
mayor de las niñas. Por tal razón, esta última fue reubicada en
otro hogar de crianza.
Una vez la señora Cacho González completó el Plan de
Servicios, la nueva trabajadora social asignada al caso, la
Sra. Iralis De Jesús Juarbe, recomendó que se relevara al
Departamento de continuar con los esfuerzos de reunificación.
Esto, tras concluir que estaban presentes varios de los
criterios del Modelo de Seguridad utilizado por el Departamento
para determinar si un menor está en peligro. En vista de ello,
el Departamento presentó una moción a esos efectos que fue
apoyada por la Procuradora Especial. El Departamento argumentó
que procedía su solicitud dado que se configuraban las
condiciones contempladas en los sub incisos (f) y (g) del
inciso (3) del Art. 50 de la Ley Núm. 177, supra. Anunciada la
doctora Cardalda como perito del Departamento, la señora Cacho
González se opuso e impugnó infructuosamente la admisibilidad
de su testimonio por alegadamente haber incurrido en un rol
dual impermisible al actuar como psicóloga de evaluación y
psicóloga de tratamiento de las menores.
Durante las vistas sobre cese de esfuerzos de
reunificación familiar, testificaron por parte del Departamento
la trabajadora social De Jesús Juarbe y la doctora Cardalda.
Esta última concluyó que la señora Cacho González y la abuela
materna manipularon a las menores, por lo que reunificarlas CC-2012-1116 Cons. con CC-2012-1125 7
significaría exponerlas a más abuso psicológico.
Consiguientemente, recomendó que la custodia de las menores se
concediera al padre y que se prohibieran las relaciones
materno-filiales. De igual forma, la trabajadora social De
Jesús Juarbe testificó que, aunque la señora Cacho González
cumplió con el Plan de Servicios, esta ―no lo internalizó‖ pues
interponía sus intereses personales al de las menores. Ambas
coincidieron en que debía decretarse el cese de esfuerzos
razonables de reunificación. La señora Cacho González, por su
parte, presentó el testimonio de la Dra. Nydia Lucca Irizarry,
psicóloga clínica y forense, quien testificó que el enfoque
utilizado por la doctora Cardalda era desacertado. Para llegar
a esta conclusión, la doctora Lucca Irizarry tuvo acceso
únicamente a los informes rendidos al Tribunal y al currículum
vítae de las testigos.
El 8 de marzo de 2011, el foro primario emitió una
resolución declarando con lugar la solicitud del Departamento
sobre cese de esfuerzos razonables. Para ello, aplicó
retroactivamente una enmienda introducida a la Ley Núm. 177,
supra, luego de ocurrida las vistas sobre el cese de esfuerzos
de reunificación familiar. La misma proveía para que el
tribunal decretara el cese de los esfuerzos si a la luz de la
totalidad de las circunstancias determinaba que la
reunificación familiar no era en el mejor bienestar del menor.
Además, privó permanentemente a la señora Cacho González de la
custodia legal de sus hijas y prohibió toda relación materno-
filial y las relaciones con toda la familia materna. Concluyó,
entre otras cosas, que: (1) el hecho de que la señora Cacho CC-2012-1116 Cons. con CC-2012-1125 8
González es una posible sospechosa del asesinato del menor
L.G.C. incide directamente sobre la seguridad de las menores;
(2) la señora Cacho González no ha podido explicar la forma en
que ocurrió la muerte del menor L.G.C.; (3) la señora Cacho
González ha causado daño directo constitutivo de maltrato al
manipular a las menores para que no divulguen lo ocurrido la
noche del asesinato; y (4) la señora Cacho González no puede
garantizar la seguridad física ni emocional de las menores, por
lo que no tiene capacidades protectoras.
Tras una infructuosa Moción de Reconsideración, la señora
Cacho González acudió al Tribunal de Apelaciones. Ese foro
revocó el referido dictamen y devolvió el caso para la
celebración de una nueva vista de cese de esfuerzos razonables.
En particular, descartó el testimonio de la doctora Cardalda
por entender que esta incurrió en un impermisible rol dual como
psicóloga de evaluación y de tratamiento. Por consiguiente,
ordenó que luego de que se nombrara un evaluador psicológico,
se ampliaran los informes y se estableciera un nuevo Plan de
Servicios. También, sustituyó la custodia permanente concedida
al padre mediante Resolución el 8 de noviembre de 2011 por
custodia provisional. Por último, autorizó relaciones materno-
filiales supervisadas. Basó su determinación en que a la señora
Cacho González se le violó el debido proceso de ley al
aplicarse retroactivamente la enmienda introducida a la Ley
Núm. 177, supra, en diciembre de 2010; se violó el privilegio
psicoterapeuta-paciente de acuerdo a Ortiz v. Meléndez, 164
D.P.R. 16 (2005); la parte recurrida y su perito debieron tener
acceso al expediente del Departamento; y no se ponderó de CC-2012-1116 Cons. con CC-2012-1125 9
manera adecuada la concesión de la custodia permanente al
Insatisfechos con esta determinación, el Procurador
General y el Departamento comparecieron ante nos mediante
sendos recursos de certiorari. Consolidamos los recursos y
ordenamos a la señora Cacho González que mostrara causa por la
cual no se debía modificar el dictamen recurrido en cuanto a
los siguientes extremos: (1) la celebración de una nueva vista
de esfuerzos razonables de reunificación familiar; (2) la
admisibilidad del testimonio de la doctora Cardalda; y (3) la
concesión de visitas supervisadas a la señora Cacho González.
Así lo hizo. Tanto el Departamento como el Procurador General
presentaron réplicas al escrito presentado por la señora Cacho
González y esta presentó una breve dúplica.
Con el beneficio de la comparecencia de todas las partes,
expedimos ambos recursos.
II.
A. Derechos y deberes de los padres
La patria potestad ha sido definida como el conjunto de
derechos y deberes que corresponde a los padres sobre la
persona y el patrimonio de cada uno de sus hijos no emancipados
como medio de realizar la función natural que les incumbe de
proteger y educar a la prole. Rodríguez v. E.L.A., 122 D.P.R.
832, 836 (1988).
La custodia, por su parte, es la convivencia o control
físico que tiene un progenitor sobre sus hijos. La misma está
íntimamente relacionada a la patria potestad al punto que se
considera un componente de esta última. Ex parte Torres, 118 CC-2012-1116 Cons. con CC-2012-1125 10
D.P.R. 469 (1987). Es decir, ―los aspectos de custodia de
menores no son en estricta lógica separables de la patria
potestad, por ser aquella una de las varias consecuencias de
ésta‖. E. González Tejera, Bienestar del menor: Señalamientos
en torno a la patria potestad, custodia y adopción, 54 Rev.
Jur. U.P.R. 409, 428 (1985). Por tal razón, y aunque la patria
potestad es el concepto jurídico más abarcador de los tres,
esta puede asignarse a uno solo de los padres sin que ello
implique necesariamente la pérdida de la custodia o las
relaciones materno/paterno-filiales del otro. Por ejemplo, el
Art. 152 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secc. 591, establece
que, entre otras razones, la patria potestad puede ser ejercida
por un solo padre cuando el otro padre haya sido privado de la
misma. En fin, los tribunales ―[pueden] asignar la patria
potestad de los hijos menores a uno de los padres y la custodia
al otro, o la patria potestad compartida, con la custodia a uno
solo de los padres‖. González Tejera, supra, pág. 419.
Por último, las relaciones materno/paterno-filiales se
refieren a aquel derecho que corresponde naturalmente al padre
o a la madre para comunicarse y relacionarse con aquellos hijos
que por resolución judicial han sido confiados a la custodia de
otra persona. Sterzinger v. Ramírez, 116 D.P.R. 762, 775
(1985). Es un derecho de naturaleza personal y familiar de
contenido afectivo. Íd. Mediante su concesión, se busca
favorecer y facilitar las más amplias relaciones humanas entre
familiares, teniendo en cuenta el bienestar del menor. Íd. Este
derecho es de tal envergadura que, aunque los tribunales pueden
regularlos, no pueden prohibir las relaciones totalmente, salvo CC-2012-1116 Cons. con CC-2012-1125 11
la existencia de causas muy graves. Íd., pág. 775; Gorbea v.
Látimer, 34 D.P.R. 204 (1925). Además, el derecho a las
relaciones paterno/materno-filiales debe entenderse lo más
liberalmente posible. Centeno Alicea v. Ortiz, 105 D.P.R. 523,
527 (1977).
Como bien señalamos en Sterzinger v. Ramírez, supra:
[n]o debe ignorarse el hecho de que la incapacidad para ejercer la custodia no incapacita necesariamente para el ejercicio del derecho a visitar los hijos menores y que los mejores intereses de los niños requieren que se proteja el ejercicio de ese derecho. Después de todo, el no custodio puede advenir custodio, con el transcurso del tiempo y cambio en circunstancias. Por lo tanto, las relaciones paterno [materno] filiales adecuadamente cultivadas facilitarían esa transición entre custodios. Íd., pág. 774.
Vemos pues que las relaciones materno/paterno-filiales
representan lo mínimo que se puede poseer dentro del conjunto
de derechos que emanan de la paternidad y la maternidad. En
ausencia de la patria potestad o la custodia legal de un menor,
lo último que le queda a un padre o una madre es el derecho a
las relaciones filiales, por más limitadas que estas puedan
ser. Este puede ser el caso de padres o madres quienes, tras
ser encarcelados, han perdido la patria potestad y la custodia
legal de sus hijos. También es el caso del ex-cónyuge a quien,
tras el divorcio, solo se le reconoce relaciones filiales.
Al respecto, es importante tener presente que tanto en
Puerto Rico como en la jurisdicción federal, la relación entre
padres e hijos está protegida constitucionalmente. Rexach v.
Ramírez, 162 D.P.R. 130, 146 (2004). En Puerto Rico, los
derechos de los padres con relación a sus hijos, la patria
potestad, la custodia y las relaciones materno/paterno CC-2012-1116 Cons. con CC-2012-1125 12
filiales, se examinan bajo el marco del derecho constitucional
a la intimidad y la dignidad de todo ser humano, ambos de
origen explícito en nuestra Constitución. Art. II, Sec. 8,
Const. E.L.A., L.P.R.A. Tomo 1. Rexach v. Ramírez, supra, págs.
143-144; García Santiago v. Acosta, 104 D.P.R. 321, 324 (1975).
Recordemos que:
[e]n la sociedad democrática organizada alrededor de los derechos fundamentales del hombre, el Estado ha de reducir a un mínimo su intervención con […] las relaciones de familia. La intromisión en la vida privada sólo ha de tolerarse cuando así lo requieran factores superantes de salud, seguridad pública o el derecho a la vida y a la felicidad del ser humano afectado. García Santiago v. Acosta, supra, pág. 324.
A nivel federal, los derechos de los padres se examinan
primordialmente a la luz de la Decimocuarta Enmienda de la
Constitución de los Estados Unidos que garantiza que ninguna
persona sea privada de su vida, libertad o propiedad sin el
debido proceso de ley. Enmda. XIV, Const. E.E.U.U., L.P.R.A.
Tomo 1. Como es sabido, el debido proceso de ley tiene dos
vertientes: la sustantiva y la procesal. Cleveland Bd. of Educ.
v. Loudermill, 470 U.S. 532, 541 (1984). En la primera, se
busca salvaguardar los derechos fundamentales de las personas
requiriendo al Estado justificación al interferir con los
mismos. Íd. En la segunda, el Estado debe garantizar que la
interferencia con los intereses de libertad o propiedad de las
personas se lleve a cabo a través de un procedimiento que sea
justo e imparcial. Íd.
En particular, el derecho a la integridad familiar,
establecer un hogar, procrearse y criar a los hijos se analiza
tanto bajo la vertiente sustantiva como la procesal del debido CC-2012-1116 Cons. con CC-2012-1125 13
proceso de ley porque es un interés libertario fundamental
protegido por la Decimocuarta Enmienda. De hecho, el Tribunal
Supremo de los Estados Unidos ha expresado que: ―[t]he liberty
interest … of parents in the care, custody, and control of
their children … is perhaps the oldest of the fundamental
liberty interests recognized by this Court‖. Troxel v.
Granville, 530 U.S. 57, 65-66 (2000); Santosky v. Kramer, 455
U.S. 745, 753-754 (1982); Stanley v. Illinois, 405 U.S. 645,
651-653 (1972); Pierce v. Society of Sisters, 268 U.S. 510, 535
(1925). Además, la Corte Suprema federal le ha otorgado
protección a estos derechos al amparo de la cláusula de la
igual protección de las leyes de la Decimocuarta Enmienda, el
derecho de asociación consagrado en la Primera Enmienda1 y la
1 Sobre este particular la Corte Suprema de los Estados Unidos expresó:
[T]he Court has concluded that choices to enter into and maintain certain intimate human relationships must be secured against undue intrusion by the State because of the role of such relationships in safeguarding the individual freedom that is central to our constitutional scheme. In this respect, freedom of association receives protection as a fundamental element of personal liberty.
[…]
The personal affiliations that exemplify these considerations … are those that attend the creation and sustenance of a family—marriage; childbirth; the raising and education of children; and cohabitation with one's relatives. Family relationships, by their nature, involve deep attachments and commitments to the necessarily few other individuals with whom one shares not only a special community of thoughts, experiences, and beliefs but also distinctively personal aspects of one's life. Roberts v. U.S. Jaycees, 468 U.S. 609, 618, 620-621 (1984). CC-2012-1116 Cons. con CC-2012-1125 14
Novena Enmienda. Meyer v. Nebraska, 262 U.S. 390, 399 (1923);
Stanley v. Illinois, supra, pág. 651; Roberts v. United States
Jaycess, 468 U.S. 609, 617-621 (1984); Griswold v. Connecticut,
381 U.S. 479, 496 (1965).
Así pues, los derechos que emanan de la maternidad y la
paternidad se consideran fundamentales en ambas jurisdicciones
ya que ―a natural parent’s desire for and right to ‘the
companionship, care, custody and management of his or her
children’ is an interest far more precious than any property
right‖. Santosky v. Kramer, supra, pág. 759. (Énfasis suplido).
B. Derechos de los niños
Por otra parte, los hijos también ostentan derechos
frente a sus padres y el Estado. Por ejemplo, la Carta de
Derechos del Niño, Ley Núm. 338-1998 (1 L.P.R.A. sec. 412),
contiene un listado, no exhaustivo, cuyo propósito es destacar
la importancia que tiene la debida atención a los niños con el
fin principal de asegurar su bienestar y desarrollo pleno. De
especial importancia para el caso ante nuestra consideración,
destacamos los siguientes derechos enumerados en dicho
estatuto: (1) que se les garantice la vigencia efectiva de sus
derechos constitucionales y estatutarios; (2) vivir en un
ambiente adecuado en el hogar de sus padres; (3) no ser
separados de su hogar a menos que, a través de un proceso
judicial, se pruebe que la separación es para el bienestar y
mejor interés del menor; (4) ser protegidos por el Estado de
cualquier forma de maltrato o negligencia que provenga de sus
padres o de personas que los tengan bajo su cuidado; (5) ser
escuchados y recibir el debido reconocimiento en los procesos CC-2012-1116 Cons. con CC-2012-1125 15
judiciales que les afecten; (6) que se les designe un
representante que vele por sus mejores intereses en los
procesos judiciales sobre custodia y privación de la patria
potestad tras ser víctimas de maltrato o negligencia; y (7)
disfrutar del cuidado y protección del Estado cuando sus padres
o familiares no cumplan con esa responsabilidad. Ley Núm. 338-
1998, supra.
C. Deber de parens patriae del Estado y la intervención en casos de maltrato de menores
Ahora bien, como se desprende de la Carta de Derechos del
Niño, supra, el Estado tiene un deber de parens patriae que en
ocasiones es superior a los derechos de patria potestad,
custodia y relaciones filiales que los padres tienen sobre sus
hijos menores de edad. Negrón v. Lugo, 59 D.P.R. 870, 875
(1942). En vista de que los menores son los sujetos jurídicos
más vulnerables de nuestra sociedad, el Estado tiene autoridad
para protegerlos cuando se convierten en víctimas de maltrato.
Rivera Báez, Ex parte, 170 D.P.R. 678, 697 (2007). Cónsono con
ello, a través de los años se han adoptado varios estatutos
cuyo norte es asegurar la seguridad y el mejor bienestar de los
menores y facilitar la intervención del Estado en casos de
maltrato. Los estatutos pertinentes al caso de autos son la Ley
Núm. 177, supra, estatuto vigente al momento de la remoción de
las menores del hogar de la señora Cacho González y la Ley Núm.
246, supra, estatuto que entró en vigor durante el trámite
apelativo de este caso y que derogó la Ley Núm. 177, supra.2
2 Los hechos del caso de epígrafe se desarrollaron inicialmente al amparo de la Ley Núm. 177, supra. Bajo este estatuto el Departamento removió a las menores del hogar de su madre, CC-2012-1116 Cons. con CC-2012-1125 16
Surge del texto de la Ley Núm. 177, supra, que el
Departamento de la Familia es la agencia gubernamental
responsable de implantar la política pública enunciada en esta
pieza legislativa. La ley establece la responsabilidad y
obligación del Departamento de intervenir en casos de maltrato
de menores y realizar los esfuerzos necesarios para fortalecer
y mejorar la prevención, identificación, investigación y manejo
de las situaciones de maltrato de menores. Con este fin, se le
facultó para iniciar ante los tribunales los procedimientos que
fuesen necesarios para proteger el bienestar de los menores. 8
L.P.R.A. secs. 440-450m. Actualmente, dicha obligación mantiene
toda su vigencia según la nueva Ley Núm. 246, supra, con un
leve cambio de enfoque el cual busca validar los derechos de
los menores frente al de los padres y evitar que el mejor
interés del menor sea postergado por los intereses de los
padres, madres o custodios maltratantes. Véase Exposición de
Motivos de la Ley Núm. 246, supra.
El procedimiento que debe llevar a cabo el Departamento es
similar bajo ambos estatutos. En apretada síntesis, tras acudir
al Tribunal de Primera Instancia para obtener la custodia legal
provisional de un menor maltratado, el Departamento debe
adoptar un Plan de Servicios y un Plan de Permanencia para
proveer estabilidad y seguridad al menor y ofrecer atención _________________________ adjudicó la custodia provisional y permanente, realizó esfuerzos razonables y consiguió el cese de esfuerzos de reunificación familiar. Por su parte, el Tribunal de Apelaciones basó su fallo revocatorio en la Ley Núm. 246, supra, pues esta entró en vigor durante el trámite apelativo. En vista de esto, nos referimos a ambos estatutos pero resolvemos las controversias planteadas al amparo de la Ley Núm. 246, supra. Véase, Rivera Báez, Ex parte, supra, pág. 696. CC-2012-1116 Cons. con CC-2012-1125 17
social al menor y su familia. Además, durante el proceso, el
Departamento debe llevar a cabo esfuerzos razonables por un
período de tiempo determinado para reunificar al menor con su
familia. Esto pues, a pesar del cambio de enfoque, la primera
alternativa sigue siendo la reunificación familiar. Exposición
de Motivos de la Ley Núm. 246, supra. En los casos en que no
sea posible la reunificación familiar, en aras de salvaguardar
el bienestar y los intereses del menor involucrado, el
Departamento puede iniciar un procedimiento de privación de la
custodia legal, la patria potestad o ambos.
Esto está en armonía con nuestros pronunciamientos sobre
los esfuerzos que debe realizar el Estado para facilitar la
reunificación familiar: el ―poder de parens patriae debe
dirigirse, en su máxima plenitud a fomentar la integridad de la
familia, propiciando aquellos sentimientos de amor, de
seguridad y de existencia feliz que fluyen naturalmente en el
hogar donde se nace‖. García Santiago v. Acosta, supra, págs.
324-325; Rivera Báez, Ex parte, supra, pág. 715. Es evidente,
pues, la política a favor de la reunificación familiar y de la
realización de esfuerzos razonables tendentes a este fin,
limitada en todo caso por el bienestar y los mejores intereses
de los menores. Estrella v. Figueroa, 170 D.P.R. 644, 661-662
(2007).
La exigencia de llevar a cabo esfuerzos razonables estriba
en que: ―[el derecho fundamental a que los padres se relacionen
con sus hijos] se continúa reconociendo incluso cuando a los
padres se les priva temporalmente de la custodia de sus hijos y
cuando éstos no son del todo aptos para cuidar de los menores‖. CC-2012-1116 Cons. con CC-2012-1125 18
Rexach v. Ramírez, supra, pág. 146. Sin embargo, esta exigencia
no puede ser llevada al extremo, por lo que el Departamento no
está obligado a realizar esfuerzos razonables de forma
indefinida y tampoco debe retener la custodia legal del menor
por un largo período de tiempo. Rivera Báez, Ex parte, supra.
D. Estándar de prueba
Como vemos, los procedimientos al amparo de la antigua Ley
Núm. 177, supra, hoy la Ley Núm. 246, supra, pueden incidir
permanentemente sobre los derechos fundamentales de los padres.
Por ende, debemos examinar el estándar de prueba requerido
cuando el Estado pretende ponerle fin a los mismos.
Ciertamente, las situaciones que involucran el maltrato de
menores y la intervención del Estado con el núcleo familiar
suscitan múltiples controversias que representan un gran reto
tanto para las agencias gubernamentales a cargo de estos
asuntos, como para los jueces que atienden estos casos. En
particular, la tarea de los tribunales es una extremadamente
difícil pues hay que hacer un balance fino entre los derechos y
el bienestar de los menores y los derechos constitucionales de
los padres.
Esta tarea se complica aún más ya que ninguna de las leyes
examinadas ni la jurisprudencia de este Tribunal indican el
estándar de prueba que el Estado debe satisfacer en este tipo
de procedimiento. Esta realidad nos mantiene al margen de la
jurisprudencia federal ya que, en 1982, la Corte Suprema de los
Estados Unidos analizó el asunto. Veamos.
En Santosky v. Kramer, supra, el más alto foro federal
decidió al crisol de la Decimocuarta Enmienda que cuando el CC-2012-1116 Cons. con CC-2012-1125 19
Estado desea privar a sus ciudadanos, permanente e
irrevocablemente, de los derechos constitucionales que emanan
de la paternidad o la maternidad, lo tiene que hacer mediante
la presentación de evidencia clara, robusta y convincente. Esta
decisión declaró inconstitucional la legislación del estado de
New York que permitía que el Estado declarara no aptos
(―unfit‖) a los padres mediante preponderancia de la evidencia
en un procedimiento de terminación de los derechos de los
padres.
Expresó la Corte Suprema: ―[a] majority of the States have
concluded that a ‘clear and convincing evidence’ standard of
proof strikes a fair balance between the rights of the natural
parents and the State's legitimate concerns. We hold that such
a standard adequately conveys to the factfinder the level of
subjective certainty about his factual conclusions necessary to
satisfy due process‖. Santosky v. Kramer, supra, pág. 770.
(Énfasis suplido) (Citas internas omitidas). Esta decisión se
fundamentó, primordialmente, en las expresiones emitidas un año
antes en Lassiter v. Department of Social Services, 452 U.S.
18, 27 (1981):
[t]he fundamental liberty interest of natural parents in the care, custody, and management of their child does not evaporate simply because they have not been model parents or have lost temporary custody of their child to the State. Even when blood relationships are strained, parents retain a vital interest in preventing the irretrievable destruction of their family life. If anything, persons faced with forced dissolution of their parental rights have a more critical need for procedural protections than do those resisting state intervention into ongoing family affairs. When the State moves to destroy weakened familial bonds, it must provide the parents with fundamentally fair procedures. CC-2012-1116 Cons. con CC-2012-1125 20
Por lo tanto, la garantía constitucional del debido
proceso de ley impone al Estado el deber de presentar prueba
clara, robusta y convincente sobre los hechos alegados cuando
busca poner fin a los derechos que tienen los padres sobre sus
hijos menores de edad.
Hemos reiterado en múltiples ocasiones que las
protecciones que reconoce el Tribunal Supremo federal
referentes a las disposiciones constitucionales aplicables a
Puerto Rico constituyen el mínimo de protección que estamos
obligados a reconocer al interpretar nuestra Carta de Derechos.
Pueblo v. Díaz, Bonano, 176 D.P.R. 601, 621 (2009); Pueblo v.
Meléndez Rodríguez, 136 D.P.R. 587, 598 (1994); U.N.T.S. v.
Soler Zapata, 133 D.P.R. 153, 162-163 (1993). Por lo tanto, el
estándar probatorio en procedimientos para ponerle fin a los
derechos que emanan de la maternidad y la paternidad
establecido en Santosky v. Kramer, supra, es el mínimo federal
vinculante en nuestra jurisdicción.
Esta no sería la primera vez que se exige un estándar
probatorio más riguroso para acciones civiles en nuestro
ordenamiento jurídico. Se exige prueba clara, robusta y
convincente para refutar la presunción de validez del voto
emitido, para imponerle una medida disciplinaria a un miembro
de la profesión legal y para demostrar malicia real o
negligencia en casos de difamación. In re Caratini Alvarado,
153 D.P.R. 575 (2001); Clavell v. El Vocero de P.R., 175 D.P.R.
690 (1984); P.P.D. v. Administrador, 111 D.P.R. 199 (1981).
Sobre este particular se ha establecido que: ―cuando se trata
de la negación de un derecho fundamental… el debido proceso de CC-2012-1116 Cons. con CC-2012-1125 21
ley exige que el valor y suficiencia de la prueba sean medidos
con un criterio más riguroso que el de la preponderancia de la
prueba‖. In re Caratini Alvarado, supra, pág. 584. (Énfasis
suplido). Sin duda, los derechos constitucionales en pugna en
procedimientos al amparo de la Ley Núm. 246, supra, son
comparables, o incluso, superan aquellos envueltos en los casos
en que hemos adoptado el estándar de prueba intermedio.
Consiguientemente, por mandato constitucional, también procede
su aplicación.
E. Aplicabilidad del estándar de prueba clara, robusta y convincente en nuestro ordenamiento
Dado el intenso debate generado en torno a la sabiduría de
la decisión federal en Santosky v. Kramer, supra,3 conviene
hacer varias aclaraciones sobre la aplicabilidad del estándar
probatorio de prueba clara, robusta y convincente a casos como
el de autos.4 Por un lado, como estamos en un caso donde el
3 Véase, por ejemplo, R. Mandel, The Evidence is ―Clear and Convincing‖: Santosky v. Kramer Is Harmful to Children, 26(4) Child. Legal Rts. J. 1 (2006); M. Levine, Do Standards of Proof Affect Decision Making in Child Protection Investigations? 22 Law & Hum. Behav. 341 (1998); M. Rizzo, The Economics of Termination of Parental Rights: Santosky v. Kramer, 2 Sup. Ct. Econ. Rev. 277 (1983); J. Burns, Family Law II, 1983 Ann. Surv. Am. L. 1013 (1983); B. Shulman, Fourteenth Amendment: The Supreme Court‘s Mandate for Proof Beyond a Preponderance of the Evidence in Terminating Parental Rights, 73 J. Crim L. & Criminology, 1595 (1982); R. Wainger, Santosky v. Kramer: Clear and Convincing Evidence in Actions to Terminate Parental Rights, 36 U. Miami L. Rev. 369 (1982). 4 En Rivera v. Minnich, 483 U.S. 574, 582 (1987), el Tribunal Supremo federal negó extender este estándar probatorio a los procedimientos de filiación. Basó su determinación en la diferencia inherente entre un procedimiento que busca ponerle fin a los derechos existentes de los padres con respecto a sus hijos y aquellos que buscan la imposición de los deberes y obligaciones que emanan de la paternidad y la maternidad. Le dio especial importancia a que: ―‗natural parents have no ‗double jeopardy‘ defense‘ against the State´s repeated efforts to terminate parental rights … The imposition of a higher CC-2012-1116 Cons. con CC-2012-1125 22
Estado busca privar a una madre de sus derechos
constitucionales con relación a sus hijas, no procede
expresarnos sobre el estándar probatorio aplicable en un pleito
civil sobre relaciones de familia entre partes privadas. Como
bien señala la Corte Suprema de los Estados Unidos ―we have
repeatedly noticed what sets parental status termination
decrees apart from mine run civil actions, even from other
domestic relations matters such as divorce, paternity, and
_________________________ standard of proof protects the parents, and to some degree the child, from renewed efforts to sever their familial ties. In contrast, a paternity suit terminates with the entry of a final judgment that bars repeated litigation of the same issue under normal principles of civil litigation‖. Rivera v. Minnich, supra, pág. 582. (Citas internas omitidas). CC-2012-1116 Cons. con CC-2012-1125 23
child custody‖. M.L.B. v. S.L.J., 519 U.S. 102, 127-128
(1996).5
5 La distinción entre los casos civiles de familia entre partes privadas y procedimientos de terminación de los derechos de los padres instados por el Estado también ha sido objeto de debate. Véase, por ejemplo, la Opinión disidente del Juez Clarence Thomas en M.L.B. v. S.L.J., supra, págs. 141-142. (―The distinction that the majority seeks to draw between the case we confront today and the other civil cases that we will surely face tomorrow is far more ephemeral … The majority seeks to provide assurances that its holding will not extend beyond parental termination suits. The holdings of Santosky and Lassiter —both of which involved parental termination— have not, we are told, been applied to other areas of law. This is not comforting. Both Santosky and Lassiter are cases that determined the requirements of due process (not equal protection) in the parental rights termination area. As the Court has said countless times, the requirements of due process vary considerably with the interest involved and the action to which it is subject. It is little wonder, then, that the specific due process requirements for one sort of action are not readily transferable to others. I have my doubts that today's opinion will be so confined‖. (Citas internas omitidas). Véase, además, J. Wriggins, Parental Rights Termination Jurisprudence: Questioning the Framework, 52 S. C. L. Rev. 242, 253-254, 261 (2000-2001)(―The majority opinion in M.L.B. sharply distinguishes between adjudication of child custody disputes between parents and termination of parental rights adjudication. The state‘s role in these two situations, by implication, is also significantly different … Decisions terminating parental rights must be based on clear and convincing evidence, while parents‘ disputes over child custody, like other civil cases, are decided based on a preponderance of the evidence … However … the two situations are not necessarily different with respect to the impact of custody orders on indigent parents … This distinction may not be as great as it seems … [A] stronger explanation is needed to explain why the constitutional protections that apply to litigation of termination of parental rights do not apply to parental disputes about child custody‖. (Citas internas omitidas). CC-2012-1116 Cons. con CC-2012-1125 24
Por otro lado, a diferencia del esquema regulador
analizado en Santosky v. Kramer, supra, tanto la Ley Núm. 177,
supra, como la Ley Núm. 246, supra, proveen un mecanismo
ambiguo y poco abarcador dado las numerosas y variadas
situaciones que pueden surgir durante este tipo de
procedimiento. Ninguna es clara en cuanto al procedimiento para
la terminación de los derechos de los padres y sus efectos.6
Además, no proveen, expresamente, para un proceso bifurcado
como el estatuto de Nueva York analizado en Santosky v. Kramer,
supra. Por tal razón, es necesario llevar a cabo un análisis
integral de la Ley Núm. 246, supra, para delinear cuándo el
Estado debe estar sujeto al estándar probatorio de prueba
clara, robusta y convincente.
De entrada, debemos señalar que el estándar de prueba
clara, robusta y convincente solo aplica cuando el Estado
pretenda ponerle fin a los derechos constitucionales que emanan
_________________________ Por tal razón, hay Estados que por legislación o jurisprudencia han adoptado un estándar probatorio más riguroso al de preponderancia a ciertos casos civiles entre partes privadas cuando están involucrados los derechos de los padres. Véase, Gabriel v. Pritchard, 173 Vt. 452788 A.2d 1 (Vt. 2001), citando a Mullin v. Phelps, 162 Vt. 250647 A.2d 714, 721 (Vt. 1994); In re Marriage of Jones, 160 Ill. App. 3d 593 (1987)(Refiriéndose a la sección 610(b) del Marriage and Dissolution of Marriage Act de Illinois, Ill. Rev. Stat. 1985, ch. 40, par. 610(b)).
6 La legislación sobre este particular y las razones para poder ponerle fin a los derechos de los padres varía de estado en estado. D. Kramer, Legal Rights of Children, Vol. 3, 2nd Ed. § 28.02 (1995). No obstante, ―[r]egardless of whether the termination statues focus on harm to the child or on parental inadequacies, they lead to termination of parents‘ custodial rights‖. H. Sigmond, Involuntary Termination of Parental Rights: The Need for Clear and Convincing Evidence. 22 Am. Univ. L. Rev. 771, 779 (1980); S. Morgan, Child Custody & Visitation, Vol. 4, §28.02[1] (2012). CC-2012-1116 Cons. con CC-2012-1125 25
de la paternidad y maternidad. Este estándar probatorio más
riguroso no aplica a la intervención de emergencia e inmediata
del Departamento con la custodia o las relaciones
paterno/materno-filiales de forma provisional y temporera. Así
pues, los procedimientos al amparo del Art. 23 sobre custodia
de emergencia, el Art. 37 sobre procedimientos de emergencia y
el Art. 39 sobre la vista de ratificación de la custodia legal
provisional, están sujetos al estándar de preponderancia. 8
L.P.R.A. seccs. 1133, 1147, 1149. Por el contrario, para que el
tribunal pueda privar permanentemente a los padres de la patria
potestad, la custodia o las relaciones materno/paterno filiales
sobre sus hijos menores de edad, deberá estimar probadas las
alegaciones del Estado mediante prueba clara, robusta y
convincente, según requerido constitucionalmente.
Ahora bien, según expuesto anteriormente, la Ley Núm. 246,
supra, exige al Departamento realizar esfuerzos razonables de
reunificación familiar. También establece una serie de
situaciones en las que el Departamento no tiene que realizarlos
y otras que ameritan el cese de los mismos. Por ello, debemos
analizar si el Estado debe estar sujeto al estándar más
riguroso en esta etapa de los procedimientos. Para esto, es
útil examinar el estatuto de Nueva York analizado por la Corte
Suprema federal en Santosky v. Kramer, supra.
Bajo el estatuto de Nueva York, en los procedimientos de
terminación de los derechos de los padres, el Estado debía
probar, durante la fase de determinación de hechos, una serie
de alegaciones mediante preponderancia. En esencia: CC-2012-1116 Cons. con CC-2012-1125 26
[a]t the factfinding hearing, the State must establish, among other things, that for more than a year after the child entered state custody, the agency ‗made diligent efforts to encourage and strengthen the parental relationship.‘ The State must further prove that during that same period, the child´s natural parents failed ´substantially and continuously or repeatedly to maintain contact with or plan for the future of the child although physically and financially able to do so.´ Should the State support its allegations by ‗a fair preponderance of the evidence´, the child may be declared permanently neglected.
The State seeks to establish a series of historical facts about the intensity of its agency‘s efforts to reunite the family, the infrequency and insubstantiality of the parents´ contact with their child, and the parents´ inability or unwillingness to formulate a plan for the child‘s future.
The factfinding does not purport – and is not intended – to balance the child‘s interests in a normal family home against the parents‘ interest in raising the child. Nor does it purport to determine whether the natural parents or the foster parents would provide the better home. Rather, the factfinding hearing pits the State directly against the parents. The questions disputes and decided are what the State did – ‗made diligent efforts,‘ – and what the natural parents did not do – ‗maintain contact with or plan for the future of the child.‘ The State marshals an array of public resources to prove its case and disprove the parents‘ case. Victory by the State not only makes termination of parental rights possible; it entails a judicial determination that the parents are unfit to raise their own children. Santosky v. Kramer, supra, págs. 748-749, 762, 759-760. (Citas internas omitidas). (Énfasis suplido).
Analizado lo anterior, el Tribunal Supremo concluyó que el
estándar estatutario de preponderancia para esta etapa no era
constitucional dado que una vez el Estado probara estas
alegaciones podía entonces terminar permanente e
irrevocablemente los derechos de los padres sobre sus hijos. CC-2012-1116 Cons. con CC-2012-1125 27
Determinó que el estándar más riguroso de prueba clara, robusta
y convincente balanceaba adecuadamente los derechos
constitucionales de los padres y los intereses legítimos del
Estado. Santosky v. Kramer, supra, pág. 700.
Tras la declaración de inconstitucionalidad, las secciones
pertinentes de la legislación del estado de Nueva York fueros
modificadas. La sección sobre la vista de determinación de
hechos ahora dispone que el Estado debe probar mediante prueba
clara, robusta y convincente, entre otros hechos, que se han
realizado esfuerzos diligentes para fomentar y fortalecer la
relación paternal y especificar cuáles han sido estos esfuerzos
o que realizarlos sería detrimental para el mejor bienestar del
menor y especificar las razones para llegar a esa conclusión.
N.Y. FCT. Law secs. 614, 622.7 Luego de cumplir con este
estándar de prueba, se celebra la vista dispositiva en la cual,
utilizando el criterio del mejor bienestar del menor, se
determina en dónde ubicar al menor y el plan de permanencia a
seguir. N.Y. FCT. Law secs. secc. 631.8
7 Otras jurisdicciones requieren que el estado pruebe este tipo de alegaciones mediante prueba clara, robusta y convincente también. A modo de comparación, el estatuto de Colorado permite la terminación de los derechos de los padres si la corte determina mediante este estándar más riguroso: (1) que los padres no cumplieron razonablemente con el Plan de Tratamiento aprobado por la corte o que el mismo fue inefectivo; (2) que los padres son ‗unfit‘; y (3) que es improbable que la conducta de los padres cambie dentro de un tiempo razonable. C.R.S. sec. 19-3-604(1). ―Prior to termination of the parent‘s rights to the child, the parent must be shown to have failed to achieve the goals set out in the treatment plan before termination can be approved‖. Kramer, op. Cit. § 28.15. Véase también, S. Morgan, Child Custody & Visitation, Vol. 4, §28.02[1][o] (2012). 8 El estándar de prueba requerido en la parte dispositiva de estos procedimientos no fue directamente atendido por la Corte Suprema en Santosky v. Kramer, supra. Por tal razón, el CC-2012-1116 Cons. con CC-2012-1125 28
El hecho de que en la vista de determinación de los hechos
se prueben las causales para ponerle fin a los derechos de los
padres no implica que la corte esté obligada a hacerlo. ―[E]ven
if such allegations of the petition are proven, [mediante el
estándar de prueba clara, robusta y convincente] the court is
not required to terminate parental rights. Instead, a
dispositional hearing is held on the question of what
disposition (i.e. termination, dismissal of proceedings,
suspended judgment) would be in the best interest of the
child‖. S. Morgan, Child Custody & Visitation, Vol. 4, §
28.04[1] (2012). Es decir, en la parte dispositiva, la corte
puede otorgar otros remedios basados en el mejor bienestar del
menor. A tales efectos, puede suspender o posponer el
procedimiento, ubicar al menor con un recurso familiar sin
ponerle fin a todos los derechos de los padres sobre sus hijos,
entre otros. N.Y. FCT. Law secs. 632-634. Los diferentes
remedios estaban reconocidos al momento en que se decidió
Santosky v. Kramer, supra. Esto es así en otras jurisdicciones
también. D. Kramer, Legal Rights of Children, Vol. 3, 2nd Ed. §
28.05.9
_________________________ estándar probatorio para esta etapa procesal varía de estado en estado. Véase sobre este particular, A. Haralambie, Handling Child Custody, Abuse and Adoption Cases, Vol. 2, 3rd. Ed., 659- 662 (2009); Kramer, op. cit., §§ 28.02, 28.15; B. Hill, The State‘s Burden of Proof at the Best Interests State of a Termination of Parental Rights, 2004 U. Ch. Legal F. 557, 565- 567 (2004); Sigmond, supra, 781-782. 9 Ello responde, en parte, al reconocimiento de que no toda situación en la que el Estado busca ponerle fin a los derechos de los padres es igual. En muchas ocasiones, ―[a]t the time of the termination proceeding, plans for the future of the child may or may not have been formulated and, if formulated, may not include an immediate adoption into a new family unit‖. Morgan, op. cit., § 28.01. Incluso, como en el caso de autos, CC-2012-1116 Cons. con CC-2012-1125 29
En nuestro caso, el Art. 3 de la Ley Núm. 246 define
esfuerzos razonables como:
todas aquellas acciones, actividades y servicios que se ofrecen para asistir, desarrollar y fomentar una relación valiosa entre el padre, a [sic] la madre o persona responsable de un menor y a los propios menores dentro y fuera del hogar … Los esfuerzos razonables van dirigidos a evitar la remoción de los menores de su familia, reunificar la misma y lograr una alternativa de hogar permanente cuando no sea posible la reunificación familiar. 8 L.P.R.A. sec. 1101.
Esta definición es similar a la establecida en la derogada Ley
Núm. 177, supra.10 Los referidos esfuerzos se deben llevar a
cabo posterior a la remoción del menor de su hogar. No
obstante, de estar presentes alguna o varias de las situaciones
establecidas en el Art. 49 de la Núm. 246, supra, equivalente
al Art. 50 de la derogada Ley Núm. 177, supra, el Departamento
no está obligado a realizar los esfuerzos razonables de
reunificación familiar o, de haberlos provisto, puede solicitar
el cese de los mismos.11 Tras una determinación a estos
efectos, el tribunal celebrará una vista de permanencia para
determinar dónde se ubicará al menor. Íd. _________________________ frecuentemente ―the termination of parental rights may be sought against one parent and not the other‖. Íd., § 28.01[2]; Haralambie, op. cit., 656. 10 El Art. 2 de la Ley Núm. 177, supra, definía esfuerzos razonables como: ―todas aquellas actividades y servicios que se ofrecen al padre, a la madre o persona responsable de un/a menor y a los propios menores dentro y fuera del hogar, en coordinación con entidades públicas y privadas, para garantizar su seguridad y bienestar. Estos esfuerzos van dirigidos a evitar la remoción de los/as menores de su familia, reunificar la misma y lograr una alternativa permanente de ubicación cuando no sea posible la reunificación familiar.‖ 11 Incluso, la propia ley dispone que, de estar presente alguna de las situaciones de los incisos (d) al (m), ―el tribunal no tendrá discreción y deberá relevar de esfuerzos al Departamento‖. 8 L.P.R.A. 1159. CC-2012-1116 Cons. con CC-2012-1125 30
Al examinar las disposiciones referentes a las
determinaciones relacionadas con los esfuerzos razonables, es
forzoso concluir que estas son determinantes y permiten al
Departamento privar a los padres, permanentemente, de la patria
potestad sobre sus hijos menores de edad, la custodia legal y
las relaciones materno/paterno filiales. Por tal razón, esta
etapa se puede equiparar al ―factfinding phase‖ del estatuto de
Nueva York. Veamos.
Por un lado, y con respecto a los procedimientos de
privación permanente de la custodia legal de los padres, el
Art. 42 de la Ley Núm. 246, supra, provee para una vista de
disposición en la cual, luego de determinar que no es viable el
regreso del menor al hogar de donde fue removido o a un hogar
de un familiar, se le otorgará la custodia permanente al
Departamento o se podrá iniciar el procedimiento para la
privación de la patria potestad. 8 L.P.R.A. sec. 1152. Por su
parte, el Art. 49 sobre esfuerzos razonables establece que la
referida vista de permanencia se debe llevar a cabo dentro de
los 15 días siguientes a la determinación de que no proceden
los esfuerzos razonables o que estos deben cesar. 8 L.P.R.A.
sec. 1159. Cónsono con lo anterior, el Art. 52 permite que el
Departamento inicie el procedimiento de privación de la patria
potestad cuando:
(b) El Tribunal ha hecho una determinación conforme a las disposiciones de esta ley de que no procede realizar esfuerzos razonables y ordena que no se presten servicios de reunificación.
[…] CC-2012-1116 Cons. con CC-2012-1125 31
(c) El Tribunal determina que el padre y/o la madre no ha hechos esfuerzos de buena fe para rehabilitarse y reunirse con el menor. 8 L.P.R.A. sec. 1162. (Énfasis suplido).
Finalmente, el Art. 53 establece que: ―una vez advenga final y
firme la privación de la patria potestad, el Departamento podrá
iniciar inmediatamente el proceso de adopción‖. 8 L.P.R.A. sec.
1163.
Ciertamente, el relevo o cese de esfuerzos razonables de
reunificación familiar es concluyente cuando el Departamento se
propone privar a los padres de la patria potestad, la custodia
o las relaciones materno/paterno-filiales. Analizados en
conjunto estos artículos, es indiscutible que la determinación
sobre la procedencia de esfuerzos razonables de reunificación
familiar o el decreto de cese de los mismos, al igual que en la
legislación del estado de Nueva York, tiene como consecuencia
inmediata la posible terminación permanente de los derechos
constitucionales de los padres. Por tal razón, el debido
proceso de ley exige al Estado probar, mediante prueba clara,
robusta y convincente, los hechos que justifican decretar el
relevo o el cese de esfuerzos razonables de reunificación
III.
Con este marco doctrinal, pasemos a examinar detenidamente
las tres controversias ante nuestra consideración, a saber: (1)
la admisibilidad del testimonio pericial de la doctora Cardalda
y el alcance del descubrimiento de prueba; (2) el decreto de
cese de esfuerzos razonables de reunificación familiar; y (3) CC-2012-1116 Cons. con CC-2012-1125 32
la concesión de relaciones materno-filiales a la señora Cacho
González.
A. Admisibilidad del testimonio de la doctora Cardalda y el alcance del descubrimiento de prueba
En cuanto a la admisibilidad del testimonio de la doctora
Cardalda, resulta aplicable el Art. 34 de la Ley Núm. 246,
supra, antes el Art. 34 de la Ley Núm. 177, supra, que
establece que:
[e]n los procedimientos por maltrato, maltrato institucional, negligencia y/o negligencia institucional de un menor al amparo de esta Ley, no existirá privilegio en las comunicaciones, según se dispone en las Reglas de Evidencia de Puerto Rico, excepto las de abogado-cliente. Dicha comunicación privilegiada, excluyendo las de abogado-cliente, no constituirá razón para dejar de ofrecer informes como los que requiere o permite esta Ley, para cooperar con el servicio de protección al menor en las actividades que contempla esta Ley o para poder aceptar u ofrecer evidencia en cualquier procedimiento judicial relacionado con el maltrato, maltrato institucional, maltrato por negligencia y/o maltrato por negligencia institucional hacia un menor.
Contrario a lo señalado por el foro intermedio, lo
resuelto en Ortiz v. Meléndez, supra, es distinguible del caso
de referencia. En Ortiz, este Tribunal resolvió que un
psicoterapeuta que ofrece tratamiento a un menor cuya custodia
está en disputa no puede luego testificar en el pleito de
custodia, por ser esta comunicación privilegiada según las
Reglas de Evidencia. No obstante, nos encontramos ante un
procedimiento instado por el Estado al amparo de legislación
especial sobre maltrato de menores. Esta legislación especial
específicamente dispone que, salvo una limitada excepción, los
privilegios evidenciarios no pueden ser invocados en este tipo
de procedimiento. Art. 34 de la Ley Núm. 246, supra. Por lo CC-2012-1116 Cons. con CC-2012-1125 33
tanto, es forzoso concluir que por virtud del principio de
hermenéutica que establece que una ley de carácter especial
prevalece sobre otra de carácter general, el testimonio de la
doctora Cardalda era admisible. Art. 12 del Código Civil, 31
L.P.R.A. sec. 12.
No obstante, nos vemos precisados a distinguir la
admisibilidad de un testimonio pericial de su valor probatorio.
La Regla 702 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI, regula la
admisibilidad y valor probatorio de testimonio pericial. Esta
dispone que:
Cuando conocimiento científico, técnico o especializado sea de ayuda para la juzgadora o el juzgador poder entender la prueba o determinar un hecho en controversia, una persona testigo capacitada como perita -conforme a la Regla 703 de este apéndice– podrá testificar en forma de opiniones o de otra manera.
El valor probatorio del testimonio dependerá, entre otros, de:
(a) si el testimonio está basado en hechos o información suficiente;
(b) si el testimonio es el producto de principios y métodos confiables;
(c) si la persona testigo aplicó los principios y métodos de manera confiable a los hechos del caso;
(d) si el principio subyacente al testimonio ha sido aceptado generalmente en la comunidad científica;
(e) las calificaciones o credenciales de la persona testigo; y
(f) la parcialidad de la persona testigo.
La admisibilidad del testimonio pericial será determinada por el Tribunal de conformidad con los factores enumerados en la Regla 403 de este apéndice. CC-2012-1116 Cons. con CC-2012-1125 34
Así pues, para determinar la admisibilidad del testimonio
de la doctora Cardalda se debe determinar si cumple con el
análisis requerido por la Regla 403 de Evidencia, 32 L.P.R.A.
Ap. VI, y si su testimonio sería de ayuda para el juzgador.
Entendemos que su testimonio cumple con estos requisitos, por
lo cual es admisible. Sin embargo, el hecho de que el
testimonio de la doctora Cardalda sea admisible en evidencia,
no determina el valor probatorio de su testimonio de acuerdo a
la Regla 702 de Evidencia, supra, y su jurisprudencia
interpretativa.
Vinculado a lo anterior, es necesario hacer unos
pronunciamientos breves en torno al alcance del descubrimiento
de prueba. Surge del expediente que, una vez la señora Cacho
González contrató los servicios de la doctora Lucca Irizarry
como perita asesora, esta presentó una Solicitud de Producción
de Documentos y Objetos al amparo de las Reglas de
Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, y el Art. 49 de la Ley
Núm. 177, supra. La solicitud incluía, entre otros, los
informes, notas, expedientes, registro de reuniones y planes de
trabajo de la doctora Cardalda y la trabajadora social De Jesús
Juarbe. No obstante, tras un intercambio de varios escritos
argumentativos entre las partes, el Tribunal de Primera
Instancia dispuso que: ―[e]l Departamento de la Familia
descubrirá únicamente aquello que por ley y jurisprudencia se
permite en casos de Ley 177‖. Apéndice del Certiorari del
Procurador General, pág. 985.
Esto, sin duda, no resolvió la controversia entre la
partes y dejó al arbitrio del Departamento la interpretación de CC-2012-1116 Cons. con CC-2012-1125 35
la ley sobre cuáles documentos debía producir. En vista de
esto, la doctora Lucca Irizarry tuvo que testificar basándose
únicamente en los informes oficiales rendidos al tribunal por
los diferentes recursos del Departamento y sus respectivos
currículum vítae. Ello pudo haber limitado la oportunidad de la
señora Cacho González de impugnar efectivamente la prueba
pericial presentada en su contra por el Departamento. El
Tribunal de Apelaciones, por su parte, optó por otorgar ―acceso
al expediente‖ a la parte recurrida. Es decir, tampoco llevó a
cabo un análisis ponderado sobre a cuáles documentos y objetos
en manos del Departamento debía tener acceso la señora Cacho
González y a cuáles no. Dado estos escuetos dictámenes, no
estamos en posición de evaluar los fundamentos, si alguno, de
las respectivas decisiones de los foros inferiores, por lo que
el Tribunal de Primera Instancia debe atender adecuadamente la
controversia sobre el alcance del descubrimiento de prueba de
acuerdo a la Ley Núm. 246, supra, las Reglas de Procedimiento
Civil, supra, las Reglas de Evidencia, supra, y la
jurisprudencia de este Tribunal sobre este particular.
B. Cese de esfuerzos razonables
En el caso ante nos, las vistas de cese de esfuerzos
razonables se llevaron a cabo entre septiembre y noviembre de
2010.12 Surge del expediente que el Tribunal de Primera
12 Para ese momento, el Art. 50 de la Ley Núm. 177, supra, disponía, en su parte pertinente, que:
3) No se harán esfuerzos razonables para reunir a un menor con su padre, madre o persona responsables de este en las siguientes circunstancias:
[…] CC-2012-1116 Cons. con CC-2012-1125 36
Instancia fundamentó el cese de esfuerzos razonables en los
incisos 3(f), 3(g) y 3(j) del Art. 50 de la Ley Núm. 177,
supra. Bajo el inciso 3(f) y 3(g), el Departamento puede cesar
de realizar esfuerzos si el padre, la madre o persona
responsable del menor incurre en conducta que, de procesarse
por la vía criminal, constituirían los delitos enumerados en el
Art. 50 2(e) según definidos en el Código Penal de Puerto Rico
o si el padre, la madre o persona responsable del menor fuera
coautor, encubriere o conspirara para cometer alguno de estos
delitos.
No obstante, como bien señala el Tribunal de Apelaciones,
esta determinación del foro primario fue errónea pues no se
_________________________
(f) El padre, la madre o persona responsable del menor incurre en la conducta o las conductas que se especifican en el inciso (e) y (f) de la sección 2 del presente Artículo. [A su vez, los incisos (e) y (f) mencionados disponen lo siguiente:
(e) El padre, la madre o persona responsable del menor incurre en conducta o conductas que, de procesarse por la vía criminal, constituirían los delitos de: asesinato en primer grado o segundo grado, agresión en su modalidad agravada menos grave o agravada grave, mutilación […] incitación a un menor para cometer un delito.
(f) El padre, la madre o persona responsable del menor que fuera co-autor, encubriere o conspirare para cometer uno o varios de los delitos enumerados en el inciso (e) anterior, según definidos por … el Código Penal de Puerto Rico].
(g) El padre, la madre o persona responsable del menor incurre en conducta que de procesarse por la vía criminal constituiría delito al ayudar, intentar, conspirar, solicitar o aconsejar a la comisión de delitos que atentan contra la salud e integridad física, mental, emocional del menor […]. CC-2012-1116 Cons. con CC-2012-1125 37
desfiló prueba tendente a demostrar que la señora Cacho
González fuera coautora o que esta encubriera o conspirara para
matar a su hijo L.G.C. Hasta el momento, la señora Cacho
González tampoco ha sido encausada penalmente por ser autora,
coautora, encubridora o conspiradora de los hechos que rodearon
la muerte de su hijo L.G.C. El Tribunal de Primera Instancia
dedujo que la señora Cacho González había incurrido en la
conducta mencionada simplemente porque esta no ha podido
explicar la forma en que ocurrió la muerte del menor L.G.C. y
por la alegada manipulación ejercida sobre las menores para que
estas no divulguen lo ocurrido la noche del asesinato. Erró al
así proceder.
Con relación al inciso 3(j) del Art. 50 de la Ley Núm.
177, supra, este se incluyó con el propósito de permitir al
tribunal decretar el cese de los esfuerzos si a la luz de la
totalidad de las circunstancias determinaba que continuar
dichos esfuerzos no es en el mejor bienestar del menor. Esta
enmienda entró en vigor el 17 de diciembre de 2010, luego de
celebradas las vistas del caso de autos. Por tal razón,
coincidimos con el foro intermedio en que el Tribunal de
Primera Instancia no debió determinar, sin recibir prueba, que
a la luz de la totalidad de las circunstancias el cese de
esfuerzos de reunificación familiar redundaría en el mejor
bienestar de las menores. La señora Cacho González no tuvo
oportunidad de presentar su posición sobre este nuevo criterio
añadido a la ley luego de la celebración de las vistas. Por el
contrario, fue mediante una Moción Informativa presentada por
el Departamento que el foro de primera instancia tuvo ante su CC-2012-1116 Cons. con CC-2012-1125 38
consideración este nuevo inciso. Aunque los casos de esta
naturaleza están revestidos del más alto interés público y
corresponde a los tribunales velar por el bienestar de los
menores, ello no debe servir de justificación para violar
derechos fundamentales como el derecho a un procedimiento justo
e imparcial en donde se garantice el debido proceso a todas las
partes. Cleveland Bd. of Educ. v. Loudermill, supra; Hernández
González v. Secretario, 164 D.P.R. 390, 395-396 (2005).
A base de lo anterior, es forzoso concluir que procede la
celebración de una nueva vista de cese de esfuerzos razonables
en la cual la señora Cacho González tenga todas las garantías
que le cobijan bajo la Constitución federal y nuestra
Constitución. Como ya adelantamos, somos del criterio que por
imperativo constitucional, el Estado debe estar sujeto al
estándar de prueba clara, robusta y convincente en esta vista.
C. Concesión de relaciones materno-filiales
En el caso ante nos, los padres, bajo la supervisión del
Departamento, continuaron relacionándose con las menores
mientras estas estuvieron en el hogar de su tía-abuela materna.
El 30 de marzo de 2010, en la vista sobre la Petición de
Emergencia, la señora Cacho González se allanó a que la
remoción de las menores fue conforme a derecho y se
suspendieron, provisionalmente, las relaciones filiales. Luego,
en la vista de ratificación, la señora Cacho González volvió a
expresar que, aunque cuestionaba la determinación de
negligencia que surgía del Informe de Intervención de la
trabajadora social, estaba de acuerdo con la reubicación de las
menores y con que se actuó debidamente con la remoción inicial. CC-2012-1116 Cons. con CC-2012-1125 39
Por tal razón, se ratificó que la remoción de las menores fue
conforme a derecho y se mantuvo la suspensión provisional de
las relaciones materno-filiales.
El 14 de junio de 2010, la señora Cacho González presentó
la primera de varias solicitudes de relaciones materno-
filiales. En la misma, adujo que llevaba más de tres meses
cumpliendo con el Plan de Servicios preparado por el
Departamento por lo que deseaba que se restableciera la
comunicación con sus hijas. La segunda solicitud fue presentada
el 20 de julio de 2010; la tercera, luego de que las menores,
en noviembre de 2010, expresaran ante el foro primario el deseo
de ver a su madre. El Departamento y la Procuradora Especial se
opusieron a todas las solicitudes.
A raíz de esto, el Tribunal de Primera Instancia solicitó
al Departamento que evaluara la posibilidad de permitir las
relaciones materno-filiales. En cumplimiento con dicha orden,
el Departamento presentó una Moción Informativa en la que
expuso que el equipo multidisciplinario del Programa
Biosicosocial recomendaba que, por el momento, las menores no
se relacionaran con su madre, pero que las relaciones materno-
filiales no se descartaban en un futuro. La señora Cacho
González entonces solicitó acceso al Informe del Programa
Biosicosocial13 en dos ocasiones, reiteró su solicitud de
relaciones materno-filiales y requirió la celebración de una
vista para que el tribunal dilucidara el asunto.
13 Este Informe no fue incluido como Anejo en ninguna de las peticiones de certiorari por lo que no ha podido ser evaluado por este Tribunal. CC-2012-1116 Cons. con CC-2012-1125 40
El 30 de diciembre de 2010, sin la celebración de una
vista sobre el particular, el foro primario dictó una Orden
declarando No ha Lugar a la petición de la señora Cacho
González. En la misma consignó: ―[e]l tribunal le requirió al
Departamento de la Familia que evaluara la posibilidad de
relaciones materno-filiales. Estos informaron que el Programa
Biosicosocial que da servicios a las menores no las recomiendan
favorables‖. La señora Cacho González solicitó la revisión de
esta determinación, pero el Tribunal de Apelaciones denegó la
expedición del certiorari. Por consiguiente, la suspensión
provisional siguió vigente hasta el 8 de marzo de 2011 cuando
el Tribunal de Primera Instancia, mediante la resolución
recurrida, prohibió totalmente las relaciones materno-filiales
y con el resto de la familia materna.
De este tracto procesal se puede colegir que la señora
Cacho González se allanó, inicialmente, a la suspensión
provisional de las relaciones materno-filiales mientras
completaba el Plan de Servicios preparado por el Departamento.
Tras someterse al referido plan, esta comenzó a solicitar
nuevamente algún tipo de contacto con las menores, aunque fuera
mediante visitas supervisadas. No obstante, el Tribunal de
Primera Instancia, en parte por las alegaciones de que la
señora Cacho González ―no internalizó‖ el Plan de Servicios,
optó por denegar las múltiples solicitudes sin celebrar una
vista.
Un examen minucioso del expediente del caso demuestra que
la prueba desfilada se ha centrado en dos aspectos: (1) privar
a la señora Cacho González de la custodia legal de las menores CC-2012-1116 Cons. con CC-2012-1125 41
y (2) conceder al Departamento el cese de los esfuerzos de
reunificación familiar. Además, no surge del expediente que se
haya desfilado prueba sobre los efectos que podrían tener las
relaciones materno-filiales mediante visitas supervisadas.
Tanto la doctora Cardalda como la trabajadora social De Jesús
Juarbe se limitaron a argumentar, de manera muy general, que
conceder relaciones materno-filiales expondría a las menores a
manipulación y abuso psicológico. No hubo ponderación alguna
sobre diferentes alternativas que podrían minimizar estos
alegados riesgos sin tener que prohibir todo tipo de contacto
entre las menores y su madre y el resto de la familia materna.
Por ello, debemos concluir que erró el Tribunal de Primera
Instancia al mantener la prohibición total de las relaciones
materno-filiales impuesta desde el 30 de marzo de 2010 y
extenderla al resto de la familia materna.
Es importante resaltar que no es lo mismo demostrar que el
mejor bienestar del menor se salvaguarda removiendo la custodia
a un padre o madre maltratante o que se decrete el cese de
esfuerzos razonables que debe realizar el Departamento, a que
se examine el beneficio o no de establecer algún tipo de
relaciones filiales, como lo serían visitas supervisadas.
Enfatizamos que este derecho solo puede prohibirse cuando
existan causas graves que lo justifiquen pues, en nuestro
ordenamiento, las relaciones filiales deben evaluarse lo más
liberalmente posible. Sterzinger v. Ramírez, supra, pág. 775;
Centeno Alicea v. Ortiz, supra, pág. 527; Gorbea v. Látimer,
supra. En ausencia de la patria potestad o la custodia legal de CC-2012-1116 Cons. con CC-2012-1125 42
un menor, lo último que le queda a un padre o una madre es el
derecho a las relaciones filiales.
Reiteramos que para que el Estado pueda intervenir con los
derechos que emanan de la maternidad y la paternidad de forma
permanente, este debe probar los hechos que dan pie a la
intervención mediante prueba clara, robusta y convincente por
exigencia constitucional. A pesar de que la señora Cacho
González se allanó al proceso en un principio, el Departamento
debía cumplir con el aludido estándar cuando se propuso
suspender las relaciones materno-filiales permanentemente.
Recordemos que cuando la señora Cacho González se allanó a la
remoción, las circunstancias eran distintas: las menores,
inicialmente, iban a ser ubicadas en casa de su tía-abuela
materna y esta medida era de carácter provisional.
Por su parte, el Tribunal de Apelaciones erró al ordenar
las relaciones materno-filiales sin llevar a cabo un análisis
sobre los posibles efectos de esta determinación. Por ende,
estamos de acuerdo con que procede la celebración de una vista
para determinar si procede reanudar las relaciones materno-
filiales o si procede mantener la suspensión provisional
establecida en el 2010. Según discutido previamente, el Estado
debe estar sujeto al estándar de prueba clara, robusta y
convincente. Para esto, es conveniente la actualización de los
informes de las menores ya que los últimos son del 31 de marzo
de 2011.14 Surge de la petición de certiorari del Departamento
14 Esto es cónsono con el Art. 41 de la Ley Núm. 246, 8 L.P.R.A. sec. 1151 (antes Art. 41 de la Ley Núm. 177, supra), el cual establece que durante el proceso, el Departamento debe rendir informes periódicos que contengan recomendaciones en CC-2012-1116 Cons. con CC-2012-1125 43
que profesionales de la conducta todavía están interviniendo
con las menores, por lo que solo procede suplementar los mismos
a base de las intervenciones realizadas hasta el momento.
Asimismo, el Programa Biosicosocial también debe preparar un
Informe con los hallazgos encontrados al presente. Además, dado
que la única evaluación de la señora Cacho González es del 11
de septiembre de 2010, la misma debe ser actualizada para el
beneficio del tribunal.
IV.
Por las razones expuestas anteriormente, estamos conformes
con lo resuelto por este Tribunal. Sin embargo, añadimos que el
estándar probatorio al que debe estar sujeto el Estado en este
tipo de procedimiento es el de prueba clara, robusta y
Federico Hernández Denton Juez Presidente
_________________________ cuanto a la extensión, modificación o cese del plan de servicios o de los esfuerzos razonables. Íd. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
v. CC-2012-1116 cons. con Ana Cacho González CC-2012-1125
Opinión de Conformidad emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez a la que se unen la Jueza Asociada señora Pabón Charneco y los Jueces Asociados señor Kolthoff Caraballo y señor Rivera García.
San Juan, Puerto Rico, a 18 de junio de 2013
Estoy conforme con la Sentencia que emite el Tribunal.
En ésta atendemos de manera adecuada el complejo
procedimiento en el caso ante nosotros. Los hechos que
generan la controversia que atendemos en el día de hoy
surgen de la lamentable muerte del menor L.G.C. el 9 de
marzo de 2010, en el hogar de su madre y aquí recurrida, la
Sra. Ana Cacho González, hechos aun sin esclarecer. Luego
de este trágico evento, se ha generado una controversia que
requiere llevar a cabo un fino balance entre los derechos
de los niños, los derechos de los padres y el deber parens
patriae indelegable del Estado en casos de maltrato de
menores. Sin embargo, dentro del contexto del caso ante
nuestra consideración y reconociendo la responsabilidad del
Estado en defensa del mejor interés del menor, difiero del
criterio expresado por el Juez Presidente señor Hernández
Denton en su Opinión de Conformidad de exigir el estándar CC-2012-1116 cons. con CC-2012-1125 2
probatorio de prueba clara, robusta y convincente al Estado
cuando se solicita el cese de esfuerzos razonables o el
suspender las relaciones paterno/materno-filiales.
Ciertamente, estamos obligados a reconocer las
protecciones constitucionales federales referentes a
disposiciones constitucionales que le aplican a Puerto Rico
y que han sido reconocidas por el Tribunal Supremo federal.
Sin embargo, luego de un análisis cuidadoso del
procedimiento ante la consideración del Tribunal Supremo
Federal en Santosky v. Kramer, infra, entiendo que no nos
encontramos ante un procedimiento que requiera exigir
prueba clara, robusta y convincente en este momento.
Existe una clara distinción entre el procedimiento llevado
a cabo en Santosky v. Kramer,15 infra, y el procedimiento
ante nuestra consideración, ya que el procedimiento en
Santosky afectaba permanentemente el derecho a la patria
potestad de los padres, derecho distinguible al de requerir
esfuerzos razonables o solicitar relaciones
paterno/materno-filiales. La discusión en Santosky no
estuvo dirigida a establecer una carta blanca de protección
a cualquier derecho ―que emana de la maternidad y la
paternidad‖, Opinión de Conformidad del Juez Presidente
15 No podemos olvidar la fuerte crítica y el intenso debate que ha generado esta opinión del Tribunal Supremo federal. Véase Rebecca Mandel, The Evidence is “Clear and Convincing”: Santosky v. Kramer Is Harmful to Children, 26(4) Child. Legal Rts. J. 1 (2006); Raymond C. O‘Brien, An Analysis of Realistic Due Process Rights of Children Versus Parents, 26 Conn. L. Rev. 1209 (1994); Mario J. Rizzo, The Economics of Termination of Parental Rights: Santosky v. Kramer, 2 Sup. Ct. Econ. Rev. 277 (1983); Robert A. Wainger, Santosky v. Kramer: Clear and Convincing Evidence in Actions to Terminated Parental Rights, 36 U. Miami L. Rev. 369 (1982). CC-2012-1116 cons. con CC-2012-1125 3
señor Hernández Denton, en la pág. 14, sino al concepto de
la patria potestad.
Con respecto a la admisibilidad del testimonio de la
doctora Elsa Cardalda y el alcance del descubrimiento de
prueba, compartimos la posición de la Opinión de
Conformidad del Juez Presidente señor Hernández Denton.
También soy del criterio de que procede la celebración de
una nueva vista tanto para la determinación de si procede
reanudar las relaciones materno-filiales como para
determinar si cesan los esfuerzos razonables de
reunificación. Ahora bien, como estas determinaciones no
afectan de manera permanente e irrevocable el derecho a la
patria potestad de la señora Cacho González, no estamos
obligados a exigirle al Estado prueba clara, robusta y
convincente en este momento. Exigir este estándar en esta
etapa de los procedimientos expande innecesariamente lo
resuelto por el Tribunal Supremo federal en Santosky.
Finalmente, también creo conveniente la actualización de
los informes de las menores, ya que los últimos informes
disponibles son del 31 de marzo de 2011, y el Artículo 41
de la Ley Núm. 246, 8 L.P.R.A. sec. 1151, establece que el
Departamento de Familia debe rendir informes periódicos.
I
Los hechos y el tracto procesal que originan la actual
controversia están adecuadamente detallados en la Opinión
de Conformidad emitida por el Juez Presidente señor
Hernández Denton, por lo que entendemos innecesario y CC-2012-1116 cons. con CC-2012-1125 4
redundante repetirlos en este momento. Veamos el derecho
aplicable a este caso.
II
A
En Santosky v. Kramer, 455 U.S. 745 (1982), el
Tribunal Supremo federal sostuvo que ―[b]efore a State may
sever completely and irrevocably the rights of parents in
their natural child, due process requires that the State
support its allegations by at least clear and convincing
evidence‖. Id. en las pág. 747-748 (énfasis suplido). Al
requerir este estándar de prueba en procedimientos
iniciados por el Estado que buscan romper de manera
permanente el derecho de los padres o madres con relación a
sus hijos, el Tribunal reconoció que la libertad individual
en asuntos de la familia constituye un interés libertario
fundamental protegido por la Decimocuarta Enmienda. Id. en
la pág. 753.16
La controversia en Santosky versaba sobre la
constitucionalidad de un estatuto del estado de Nueva York
que bifurcaba en dos vistas el procedimiento para terminar
de forma permanente el derecho del padre o la madre con sus
hijos. Esta determinación significa la pérdida del derecho
a la custodia, el derecho a visitas, el derecho a
comunicarse con el niño o la niña o el derecho a recuperar
16 Expresó el Tribunal Supremo federal: ―[F]reedom of personal choice in matters of family life is a fundamental liberty interest protected by the Fourteenth Amendment‖. Santosky v. Kramer, 455 U.S. en la pág. 753. CC-2012-1116 cons. con CC-2012-1125 5
en algún momento la custodia del menor.17 En la primera
vista el Estado debía probar, por preponderancia de la
prueba, que el menor ha sido descuidado de forma negligente
según definido por el derecho del estado de Nueva York.
Esta vista se conoce como una de determinación de hechos.
En la siguiente vista, el Tribunal debía determinar, según
el mejor interés del menor, bajo quién debía ubicarse el
menor. A esta segunda vista se le conoce como una vista de
disposición.
Enfrentados por el procedimiento de terminación
permanente de sus derechos con sus hijos, el señor y la
señora Santosky cuestionaron la validez constitucional del
estándar de prueba requerido por el estatuto de Nueva York.
Tras reconocer el interés libertario de los padres, el
Tribunal Supremo federal procedió a delinear un balance
entre los tres factores distintivos sobre el debido proceso
de ley requerido en estos procedimientos, según
establecidos en Mathews v. Eldridge: el interés privado
afectado por el procedimiento; el riesgo a error creado por
el Estado debido al procedimiento; y el interés
gubernamental que apoya el uso del procedimiento en
cuestión. Véase Id. en la pág. 754; Mathews v. Eldridge,
424 U.S. 319, 335 (1976).
17 Según resalta la opinión del Tribunal Supremo federal, aquellos padres en el Estado de Nueva York a quienes se les quitaban los derechos con relación a sus hijos tan sólo tenían disponible dos razones estrechas para dejar sin efecto una determinación del tribunal: fraude o el descubrimiento de nueva evidencia. Véase Id. en la pág. 749 n. 1. CC-2012-1116 cons. con CC-2012-1125 6
Luego de evaluar cada uno de estos factores, concluyó
que un estándar de evidencia que requiera prueba clara,
robusta y convincente, transmite al juzgador el nivel de
certeza necesaria en sus conclusiones de hecho que
satisface el debido proceso de ley. Santosky, 455 U.S. en
la pág. 769. Además, determinó que le corresponde a los
estados establecer de manera precisa un estándar de prueba
de igual o mayor peso. Como se puede apreciar, la
preocupación principal que atendía el Tribunal Supremo
federal era la irrevocabilidad y terminación permanente del
derecho a la patria potestad de los padres basada solamente
en la preponderancia de la prueba. Ahora bien, existen
marcadas diferencias entre los hechos y el procedimiento
del caso ante nosotros y el caso que tuvo el Tribunal
Supremo federal ante su consideración.
III
En Puerto Rico, a través del derecho a la intimidad,
se ha reconocido constantemente el derecho fundamental de
los padres a relacionarse con sus hijos. Véase Rexach v.
Ramírez, 162 D.P.R. 130 (2004). Los padres ―de ordinario
tienen derecho a decidir sobre el cuido, la custodia y el
control de sus hijos‖. Estrella, Monge v. Figueroa Guerra,
170 D.P.R. 644, 663 (2007) citando a Rivera v. Morales,
167 D.P.R. 280, 290 (2006). Ahora bien, no hay derecho
fundamental que sea absoluto, y por lo tanto, ―los derechos
de los padres pueden limitarse en aras de proteger un
interés apremiante del Estado, como lo es [el] bienestar de
los menores‖. Rexach, 162 D.P.R. en la pág. 147. (énfasis CC-2012-1116 cons. con CC-2012-1125 7
suplido). Además, en numerosas ocasiones hemos expresado
que ―[a]un cuando el derecho de un progenitor a tener
consigo a sus hijos es de superior jerarquía, éste tiene
que ceder ante la facultad de parens patriae del Estado de
salvaguardar y proteger el bienestar del menor‖. Pena v.
Pena, 164 D.P.R. 949, 959 (2005). Véase Ortíz v. Meléndez,
164 D.P.R. 16 (2005); Rexach v. Ramírez Velez, 162 D.P.R.
130, 148 (2004).
Cabe indicar que los hechos de este caso comenzaron al
amparo de la hoy derogada Ley Núm. 177 de 1 de agosto de
2003, conocida como la Ley para el Bienestar y la
Protección de la Niñez (Ley Núm. 177). Sin embargo, en el
trascurso de los procedimientos la Asamblea Legislativa
primero enmendó el Artículo 50 de la Ley Núm. 177 por medio
de la Ley Núm. 205 de 17 de diciembre de 2010 y
posteriormente adoptó la Ley Núm. 246 de 16 de diciembre de
2011, conocida como la Ley para la Seguridad, Bienestar y
Protección de Menores (Ley Núm. 246), derogando la Ley Núm.
177. Por lo tanto, discutiremos ambos estatutos.
El deber de parens patriae del Estado ―con respecto a
los niños es bien conocido y consiste de promover su
bienestar, como seres humanos y como ciudadanos
potenciales, y de velar por el establecimiento del ambiente
más adecuado posible para el desarrollo de su
personalidad‖. Muñoz v. Torres, 75 D.P.R. 507, 512-513
(1953). Acorde con este deber, la Asamblea Legislativa ha
adoptado legislación que habilita la intervención oportuna
del Estado en aquellos casos de maltrato infantil. Como CC-2012-1116 cons. con CC-2012-1125 8
norte, la legislación busca prevenir la terrible situación
de abuso a los menores que acarrea un sinnúmero de
repercusiones en la calidad de vida de los niños y niñas
que lo sufren. Sin embargo, reconoce también como política
pública el deseo de lograr una reunificación familiar,
siempre y cuando ésta sea en el mejor bienestar del menor.
Exposición de Motivos, Ley Núm. 246 de 16 de diciembre de
2011 (énfasis suplido). Según ambas leyes en cuestión, el
―mejor bienestar del menor‖ consiste de un ―balance entre
los diferentes factores que pueden afectar la seguridad,
salud, bienestar físico, mental, emocional, educativo,
social y cualquier otro dirigido a alcanzar el desarrollo
óptimo del menor‖. 8 L.P.R.A. sec. 1101(x).18
Por otro lado, el estatuto define maltrato como:
[T]odo acto u omisión intencional en el que incurre el padre, la madre o persona responsable del menor de tal naturaleza que ocasione o ponga a éste en riesgo de sufrir daño o perjuicio a su salud e integridad física, mental y/o emocional, incluyendo abuso sexual, según es definido en esta Ley. También, se considerará maltrato el incurrir en conducta obscena y/o la utilización de un menor para ejecutar conducta obscena; permitir que otra persona ocasione o ponga en riesgo de sufrir daño o perjuicio a la salud e integridad física, mental y/o emocional del menor; abandono voluntario de un menor, que el padre, madre o persona responsable del menor explote a éste o permita que otro lo haga obligándolo o permitiéndole realizar cualquier acto, incluyendo pero sin limitarse a, utilizar al menor para ejecutar conducta obscena, con el fin de lucrarse o de recibir algún beneficio; incurrir en conducta que, de procesarse por la vía criminal, constituiría delito contra la salud e integridad física, mental, emocional, incluyendo abuso sexual del menor. Asimismo, se considerará que un menor es víctima de maltrato si el padre, la madre o persona responsable del menor ha incurrido en la conducta descrita o ha
18 La definición de ―mejor interés del menor‖ en la Ley Núm. 177 refleja una idéntica redacción. CC-2012-1116 cons. con CC-2012-1125 9
incurrido en conducta constitutiva de violencia doméstica en presencia de los menores, según definido en la Ley 54-1989, según enmendada.
Id. sec. 1101(v)(énfasis suplido).
Ahora bien, tanto la Ley Núm. 177 como la Ley Núm. 246
establecen el procedimiento judicial que se debe seguir
cuando una investigación refleja que existe una situación
de maltrato. Cuando los hechos de maltrato lo ameritan, el
Departamento de Familia puede solicitar la protección del
menor mediante una remoción en un procedimiento de
emergencia. Véase Art. 37 de la Ley Núm. 246, 8 L.P.R.A.
sec. 1147. En ese caso, el tribunal hará una determinación
fundamentada en el mejor interés del menor, concediendo la
custodia de emergencia al Departamento, decretando
cualquier permiso para llevar a cabo el tratamiento médico
necesario y cualquier otra orden necesaria para garantizar
el mejor bienestar del menor. Id. Dentro de quince (15)
días de otorgada la custodia de emergencia al Departamento,
el Tribunal de Primera Instancia debe celebrar una vista de
ratificación. Si la prueba presentada en la vista de
ratificación muestra que prevalecen las circunstancias que
motivaron la remoción de emergencia, el tribunal ―podrá
conceder la custodia legal provisional al Departamento‖. 8
L.P.R.A. sec. 1149.19
Una vez el menor ha sido removido, la Ley Núm. 177
requería que el Departamento de Familia llevara a cabo
19 Es relevante resaltar que el Artículo 39 de la Ley Núm. 246 ahora permite presentar la solicitud de exoneración de llevar a cabo los esfuerzos de reunificación en la Vista de Ratificación de Custodia y el tribunal podrá llevar a cabo ambas vistas a la vez. Véase, 8 L.P.R.A. sec. 1149. CC-2012-1116 cons. con CC-2012-1125 10
esfuerzos razonables ―para reunificar al menor con su
familia por un período que no excederá de los doce (12)
meses‖, salvo en unas limitadas excepciones.20 Art. 50 Ley
20 La Ley Núm. 177 disponía que: 3. No se harán esfuerzos razonables para reunir a un menor con su padre, madre o persona responsable de éste en las siguientes circunstancias: (a) Los esfuerzos para cambiar el comportamiento del padre, de la madre o persona responsable del menor no han sido exitosos luego de doce (12) meses de haberse iniciado el plan de servicios según la evidencia presentada en el caso. (b) Cuando un padre, una madre o persona responsable del menor ha manifestado no tener interés en la reunificación con el menor. (c) Cuando se certifique por un profesional de la salud que el padre, la madre o persona responsable del menor sufre de una incapacidad o deficiencia mental de tal magnitud que le impide beneficiarse de los servicios de reunificación y no será capaz de atender adecuadamente el cuido del menor. (d) El menor ha sido removido del hogar con anterioridad y luego de haberse adjudicado la custodia del menor al padre, a la madre o persona responsable de éste, el menor, un hermano/a o cualquier otro miembro del núcleo familiar es nuevamente removido por haber sido víctima de maltrato y/o negligencia. (e) El padre y la madre han sido privados de la patria potestad respecto a otros de sus hijos y no han podido resolver los problemas que causaron la pérdida de la patria potestad. (f) El padre, la madre o persona responsable del menor incurre en la conducta o las conductas que se especifican en el inciso (e) y (f) de la sección 2 del presente Artículo. (g) EL padre, la madre o persona responsable del menor incurre en conducta que de procesarse por la vía criminal constituiría delito al ayudar, intentar, conspirar, solicitar o aconsejar a la comisión de delitos que atentan contra la salud e integridad física, mental, emocional del menor, según se dispone en la Ley Núm. 115. (h) el padre, la madre o persona responsable del menor incurre en conducta obscena según definida por la Ley Núm. 115. (i) Cuando se certifique por un profesional de la salud que el padre y/o la madre o persona CC-2012-1116 cons. con CC-2012-1125 11
Núm. 177. Posteriormente, en las vistas de seguimiento, el
Departamento tenía la obligación de rendir informes con una
evaluación periódica y recomendaciones con respecto a la
continuación, modificación o el cese de los esfuerzos
razonables. Art. 41, Ley Núm. 177, 8 L.P.R.A. sec. 447j
(derogado por la Ley Núm. 246). Sólo cuando se determinara
que luego de llevar a cabo los esfuerzos razonables de
reunificación no se recomendaba el regreso del menor al
hogar de su padre, madre o persona responsable, se podía
iniciar un procedimiento para la privación de patria
potestad. Art. 42, Ley Núm. 177, 8 L.P.R.A. sec. 447k
(derogado por la Ley Núm. 246).
La Ley Núm. 246 mantuvo esencialmente el mismo esquema
que la Ley Núm. 177 para aquellos casos donde es necesaria
la privación, restricción o suspensión de la patria
potestad a un padre o una madre. El Artículo 51 de la Ley
Núm. 246 establece que el Departamento podrá solicitar
dentro de cualquier procedimiento instado para proteger al
menor víctima de maltrato, la privación de la patria
potestad del padre o la madre. 8 L.P.R.A. sec. 1161. De
presentarse una petición a esos efectos, ―será obligatoria
la celebración de una vista‖ dentro de quince (15) días de
notificarse la solicitud de privación, restricción o
suspensión de patria potestad. En esta vista el
_________________________ responsable del menor padece de un problema crónico de abuso de sustancias controladas que impide que se pueda regresar la custodia del menor a uno de éstos dentro de un período de doce (12) meses de haberse iniciado los procedimientos. Art. 50 (3). Ley Núm. 177, 8 L.P.R.A. sec. 447s(3) (derogada por la Ley Núm. 246). CC-2012-1116 cons. con CC-2012-1125 12
Departamento tendrá que probar la existencia de maltrato
y/o negligencia según definido en la Ley Núm. 246 o
cualquiera de las circunstancias descrita en el Artículo
166B del Código Civil de Puerto Rico.21 Id.
El Artículo 52 de la Ley Núm. 246 enumera aquellas
circunstancias en la que el Departamento podrá iniciar un
procedimiento de privación, restricción o suspensión de la
patria potestad. 8 L.P.R.A. sec. 1162. Relevante para el
caso ante nosotros, en su inciso (b) dispone que se podrá
iniciar el procedimiento de privación de patria potestad
tras una determinación de que no procede realizar esfuerzos
razonables o se ordena el cese de los mismos. Ahora bien,
en la petición, según el Artículo 53, el Departamento
tendrá que incluir una exposición de los hechos que
constituyen base suficiente para la petición de privación
de patria potestad. 8 L.P.R.A. sec. 1163. Como la
solicitud de privación, suspensión o restricción de patria
potestad es una dentro de un procedimiento bajo la Ley Núm.
21 El Artículo 166b dispone para la privación de patria potestad por causa de defecto o condición mental o emocional. 31 L.P.R.A. 634b. Esta referencia al Artículo 166b nos parece un error legislativo ya que este artículo sólo se refiere a la privación de patria potestad de un padre o madre cuando éste muestra alguna enfermedad, defecto o condición mental, emocional, alcoholismo o adicción a sustancias controladas. Por otro lado, el Artículo 166a de nuestro Código Civil dispone de todas las causales por las cuales se puede privar, restringir o suspender la patria potestad. 31 L.P.R.A. 634a. Para probar cualquiera de estas causales será necesario que el Estado cumpla con el estándar de prueba clara, robusta y convincente. Sin embargo, debido a la calara letra de la ley, una solicitud de privación de la patria potestad bajo cualquiera de éstas causales no puede ser iniciado dentro de un procedimiento instado para proteger al menor víctima de maltrato bajo la Ley Núm. 246, sino mediante un procedimiento independiente. CC-2012-1116 cons. con CC-2012-1125 13
246, el Estado sólo puede alegar hechos que constituyan
maltrato y/o negligencia o que el padre o la madre de quien
se busca afectar su patria potestad padece de una
enfermedad, defecto o condición mental o emocional, o que
padece de una condición de alcoholismo o adicción a
sustancias controladas. Véase Cód. Civ. P.R. Art. 166b. 31
L.P.R.A. sec. 643b.
En el año 2011, la Ley Núm. 246 presenta un cambio de
política pública con respecto a la obligación del
Departamento a llevar a cabo los esfuerzos razonables de
reunificación. La nueva Ley para la Seguridad, Bienestar y
Protección de Menores condiciona los esfuerzos razonables a
aquellas situaciones donde sea viable ―y se pueda
garantizar la seguridad, bienestar y el mejor interés de
los menores‖. 8 L.P.R.A. sec. 1159. Además, la nueva ley
reduce el período de tiempo durante el cual el Departamento
deberá llevar a cabo los esfuerzos razonables a no más de
seis (6) meses. Este cambio, según refleja la Exposición
de Motivos de la Ley Núm. 264, tiene el propósito ―de
asegurar que los procedimientos en los casos de maltrato de
menores se atiendan con diligencia, dejando a un lado la
interpretación liberal a favor de la reunificación familiar
y enfocándose en lograr la seguridad y protección, asimismo
el bienestar físico, emocional y psicológico del menor, por
encima de cualquier otro interés‖. Exposición de Motivos,
Ley Núm. 246. Sin embargo, no se enmendó la política
pública de que al ―asegurar el mejor interés y la
protección integral de los menores...[se] deben proveer[] CC-2012-1116 cons. con CC-2012-1125 14
oportunidades y esfuerzos razonables que permitan preservar
los vínculos familiares‖. Artículo 2, Ley Núm. 246.
De cualquier modo, ambos estatutos disponen para que
el Departamento lleve a cabo esfuerzos razonables dirigidos
a la reunificación familiar que no se pueden cesar hasta
que un tribunal determine alguna de las circunstancias
establecidas por ley.
B
Por otro lado, la relación paterno/materno-filial
―[s]e refiere a aquel derecho que corresponde naturalmente
al padre o a la madre para comunicarse y relacionarse‖ con
sus hijos. Sterzinger v. Ramírez, 116 D.P.R. 762, 775
(1985). Como bien resalta el Juez Presidente señor
Hernández Denton, este es un derecho de naturaleza personal
y familiar de contenido afectivo. Opinión de Conformidad
del Juez Presidente señor Hernández Denton, en la pág. 11.
Este Tribunal ha reconocido que el derecho de los
padres y madres a poder ―mantener relaciones con sus hijos
es tan importante que los tribunales pueden regular las
relaciones paterno-filiales, pero no pueden prohibirlas
totalmente, a menos que existan casusas muy graves para
hacerlo‖. Sterzinger, 116 D.P.R. en la pág. 775 (énfasis
suplido). Ahora bien, al momento de decidir un caso sobre
las relaciones paterno/materno-filiales, el Tribunal debe
considerar ―todos los factores que tenga a su alcance para
lograr la solución más justa‖. Id. en la pág. 778. Y
finalmente, al llevar a cabo un delicado balance de todos
los intereses involucrados, debe ―inclinar la balanza del CC-2012-1116 cons. con CC-2012-1125 15
lado del bienestar del menor‖. Id. en la pág. 779 (énfasis
suplido).
IV
Comparemos ahora el procedimiento ante nosotros y
aquel que evaluó el Tribunal Supremo federal en Santosky.
Es necesaria esta comparación ya que, según la Opinión de
Conformidad del Juez Presidente señor Hernández Denton, nos
encontramos ante un procedimiento donde aplica la doctrina
del ámbito mínimo federal y el debido proceso de ley
requiere prueba clara, robusta y convincente en cualquier
determinación con respecto a las relaciones
paterno/materno-filiales o de cese de esfuerzos razonables
bajo la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de
Menores.22 No obstante, en la medida de que el derecho
puertorriqueño se beneficia tanto del derecho
angloamericano como de conceptos y figuras del derecho
civilista, es necesario definir la aplicabilidad de
Santosky al Derecho de Familia puertorriqueño.
En primer lugar, la doctrina del ámbito mínimo federal
nos obliga a reconocer aquellas protecciones referentes a
disposiciones constitucionales federales aplicables a
Puerto Rico. En este caso, según la Opinión de Conformidad
del Juez Presidente señor Hernández Denton, esto requiere
reconocer, como mínimo, un estándar de prueba clara,
robusta y convincente a los padres en todo procedimiento
que afecte algún derecho sobre sus hijos. Sin embargo, al
estudiar cuidadosamente el caso de Santosky v. Kramer, 455
22 Véase Opinión de Conformidad del Juez Presidente señor Hernández Denton. CC-2012-1116 cons. con CC-2012-1125 16
U.S. 745 (1982), y el derecho de los padres que se protegía
bajo la decimocuarta enmienda federal, notamos que la
conclusión a la que llega el Juez Presidente no es
necesariamente correcta. Santosky versaba sobre un
procedimiento que conllevaba un ―termination of parental
rights‖. Según el Black‘s Law Dictionary la frase
termination of parental rights significa: ―[a] legal
severing of a parent‘s rights, privileges, and
responsibilities regarding his or her child. Termination
of a parent‘s rights frees the child to be adopted by
someone else‖. Black‘s Law Dictionary, pág. 712
(2001)(énfasis suplido). De la misma manera, el término
parental rights significa: ―A parent‘s right to make all
decisions concerning his or her child, including the right
to determine the child‘s care and custody, the right to
educate and discipline the child, and the right to control
the child‘s earnings and property‖. Id. en la pág. 521. En
otras palabras, el derecho que se encontraba ante la
consideración del Tribunal Supremo federal y al cual se le
reconoce que se encuentra protegido por la decimocuarta
enmienda con el requisito de exigir un estándar de prueba
clara, robusta y convincente, es el derecho de los padres y
madres a tomar las decisiones concernientes a sus hijos con
respecto a su cuidado, custodia, educación, disciplina y
patrimonio, cuando se busca terminar de forma permanente
ese derecho.
Para aplicar la protección que reconoce el Tribunal
Supremo federal, debemos estudiar el Derecho de Familia CC-2012-1116 cons. con CC-2012-1125 17
puertorriqueño y determinar a qué concepto civilista le es
aplicable esta protección. En nuestro ordenamiento existen
tres conceptos principales que recogen los derechos y
deberes de los padres y madres con sus hijos. Éstos son:
la patria potestad, la custodia y las relaciones
paterno/materno filiales. Véase Domínguez Mejías v.
E.L.A., 122 D.P.R. 832 (1988); Ex parte Torres, 118 D.P.R.
469 (1987); Sterzinger v. Ramírez, 116 D.P.R. 762 (1985).
Hemos definido la patria potestad como ―el conjunto de
persona y el patrimonio de cada uno de sus hijos no
emancipados, como medio de realizar la función natural que
les incumbe de proteger y educar a la prole‖. Id. en la
pág. 836 (citando a J.M. Castán Vázquez, La Paria Potestad,
Madrid, Ed. Rev. Der.).
Por otro lado, la custodia ―es un componente de la
patria potestad‖ que le impone al padre o la madre el deber
de mantener a sus hijos no emancipados en su compañía. Ex
parte Torres, 118 D.P.R. 469 (1987). Esto quiere decir que
todo padre o madre que ostente la patria potestad sobre su
hijo o hija, necesariamente ostenta la custodia sobre él o
ella. Finalmente, reconocimos en Sterzinger v. Ramírez,
supra, que en el caso de que un padre o una madre no
ostente la custodia de su hijo o hija, éste posee un
derecho a ―continuar las relaciones de familia‖ con tal
hijo o hija. Sterzinger, 116 D.P.R., en la pág. 775.
En resumen, en el Derecho de Familia puertorriqueño,
de corte civilista, el derecho de los padres consiste de CC-2012-1116 cons. con CC-2012-1125 18
tres conceptos distintos. En primer lugar, y sin duda el
de mayor alcance, la patria potestad. Como parte de la
patria potestad sobre sus hijos, los padres también poseen
la custodia de éstos, y ante la situación donde no poseen
esta última, se les reconoce un derecho a mantener
relaciones filiales.
Con estas definiciones ante nosotros no podemos más
que concluir que el concepto que estaba ante la
consideración del Tribunal Supremo federal en Santosky no
era otra cosa más que un procedimiento de privación de la
patria potestad. Esto se entiende de la propia Opinión
federal por dos razones. En primer lugar, el estatuto del
estado de Nueva York en controversia disponía del
procedimiento para que el Estado lograra liberar al menor
para una adopción.23 Y segundo, el Tribunal Supremo federal
explica que, en efecto, el procedimiento que estaba ante su
consideración ―denies the natural parents physical custody,
as well as the rights ever to visit, communicate with, or
regain custody of the child‖. Santosky, 455 U.S. en la pág.
749 (énfasis suplido).
Así mismo lo resume el profesor Efraín González Tejera
al explicar los efectos de la privación de la patria
potestad bajo el Derecho Civil. Nos dice el profesor
González Tejera que:
23 Nos explica la Opinión mayoritaria en Santosky que: ―[I]f convinced that ‗positive, nurturing parent-child relationships no longer exist‘, the State may initiate ‗permanent neglect‘ proceedings to free the child for adoption‖. Santosky v. Kramer, 455 U.S. en la pág. 748 (citas omitidas). CC-2012-1116 cons. con CC-2012-1125 19
Contrario a la privación de custodia, la pérdida de la patria potestad significa la ruptura total de relaciones entre el padre y el hijo. El padre que pierde la patria potestad pierde el derecho a visitar a su hijo y a comunicarse con él. Pierde, asimismo, el derecho a ser oído en la toma de decisiones críticas en torno al hijo, como lo sería todo lo relativo a su educación, religión y salud. Efraín González Tejera, Bienestar del menor: Señalamientos en torno a la patria potestad, custodia y adopción, 54 Rev. Jur. U.P.R. 409, 411 (1985)(énfasis suplido). El propio Tribunal Supremo federal ha reconocido las
particularidades de los procedimientos de terminación de
patria potestad, enfatizando el hecho de que un decreto en
tal procedimiento es final e irrevocable. Véase M.L.B. v.
S.L.J, 519 U.S. 102, 118 (1996)(citando a Santosky v.
Kramer, 455 U.S. en la pág. 759). Finalmente, el Tribunal
Supremo federal reconció que ―[i]n contrast to matter
modifiable at the parties‘ will or based on changed
circumstances, termination adjudications involve the
awesome authority of the State ‗to destroy permanently all
legal recognition of the parental relationship‘. Our
Lassiter and Santosky decisions, recognizing that parental
termination decrees are among the most severe form of state
action, have not served as precedent in other areas‖.
M.L.B. 519 U.S. en las págs. 127-128 (énfasis suplido).
Por otro lado, al cuestionarse el estándar de prueba
requerido en un procedimiento de patria potestad, ya el
profesor González Tejera había reconocido correctamente la
aplicabilidad de Santosky en Puerto Rico. Explica el
profesor:
En Puerto Rico, en casos de privación de patria potestad, no ha habido expresión jurisprudencial o doctrinal en torno al standard de persuasión. No CC-2012-1116 cons. con CC-2012-1125 20
obstante, la norma sentada en Santosky v. Kramer, al efecto de que el debido proceso de ley exige en estos casos el standard de ―prueba clara y convincente‖, nos parece conveniente y necesaria. Los intereses envueltos en casos de privación o suspensión de patria potestad son más importantes que en la determinación de responsabilidad civil ordinaria. En caso de privación de patria potestad es menester no solamente proteger al padre contra una decisión errónea, sino también al hijo porque ambos tienen intereses análogos en evitar un fallo equivocado. González Tejera, supra, pág. 428 (énfasis suplido).
Como se puede observar, la crítica ha limitado el
estándar de Santosky a casos relativos a patria
potestad, más no a controversias como la presente.
V
En el caso ante nuestra consideración nos encontramos
en un procedimiento iniciado bajo la Ley Núm. 177, estatuto
que le provee las herramientas al Estado para implementar
su deber parens patriae en la protección de la salud
física, emocional y psicológica de los menores.
Particularmente, el estado de los procedimientos en la cual
nos encontramos es lo que bajo la Ley Núm. 177 y la Ley
Núm. 246 se conoce como una vista de seguimiento. Véase
Art. 41 Ley Núm. 177, 8 L.P.R.A. sec. 447j (derogado por la
Ley Núm. 246); 8 L.P.R.A. sec. 1151. En ningún momento el
Departamento de la Familia ha presentado una solicitud de
privación, restricción o suspensión de la patria potestad
de la señora Cacho González con respecto a sus dos hijas.
El tracto procesal de este caso está correctamente
resumido en la Opinión de Conformidad del Juez Presidente
señor Hernandez Denton y podemos apreciar ante qué
procedimiento nos encontramos. Por una parte, en numerosas CC-2012-1116 cons. con CC-2012-1125 21
ocasiones la señora Cacho González ha solicitado que se le
permita sostener relaciones materno-filiales con sus hijas.
Mientras tanto, una vez completado el Plan de Servicios por
la señora Cacho González, la trabajadora social asignada al
caso, la Sra. Iralis De Jesús Juarbe, ―recomendó que se
relevara al Departamento de continuar con los esfuerzos de
reunificación‖. Opinión de Conformidad del Juez Presidente
señor Hernández Denton, en la pág. 6. Ante esto, el
Departamento presentó una moción para solicitar el relevo
de llevar a cabo los esfuerzos razonables de reunificación.
Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia nunca tuvo
ante su consideración procedimiento alguno que buscara la
privación de la patria potestad de la señora Cacho
González. Tanto la Ley Núm. 177 como la Ley Núm. 246
describen las situaciones en las que el Departamento podría
solicitar la privación de la patria potestad, incluyendo
aquella situación donde un tribunal determine que ya no se
procede realizar esfuerzos razonables. Véase 8 L.P.R.A.
sec. 1162; Art. 53 Ley Núm. 177, 8 L.P.R.A. sec. 447v
(derogado por la Ley Núm. 246). Pero equiparar el
procedimiento donde se determina la procedencia de conceder
relaciones paterno/materno-filiales y la conveniencia de
continuar ofreciendo esfuerzos razonables de reunificación
con un procedimiento de privación de la patria potestad es
un error insoslayable.
En primer lugar, cualquier determinación con respecto
a las relaciones materno-filiales de la señora Cacho
González con respecto a sus dos hijas no es final e CC-2012-1116 cons. con CC-2012-1125 22
irrevocable. La determinación de un tribunal con respecto
a las relaciones materno-filiales, al ser una determinación
relacionada a la custodia del menor, ―no constituye[] cosa
juzgada ya que puede[] ser modificado[] de ocurrir un
cambio en los hechos y las circunstancias que así lo
justifique‖. Figueroa Hernández v. Del Rosario Servoni, 147
D.P.R. 121, 129 (1998)(énfasis suplido). Por lo tanto, no
estamos ante una determinación que destruya permanentemente
el reconocimiento legal al vínculo legal de la señora Cacho
González y sus hijas. Véase M.L.B. v. S.L.J, 519 U.S. 102.
Como bien reconoce el Tribunal Supremo federal, Santosky no
debe ser el precedente a seguir en estas determinaciones.
Id. en la pág. 128.
Lo mismo ocurre con la solicitud del Departamento de
cesar los esfuerzos razonables de reunificación. Al no
verse afectada la patria potestad directamente al evaluar
la petición, no hay un requisito constitucional de exigir
prueba clara, robusta y convincente en este procedimiento.
La determinación de un tribunal de cesar los esfuerzos
razonables de reunificación sólo permite al Departamento
ejercer su facultad discrecional de presentar una petición
de privación de patria potestad. En su solicitud el
Departamento viene obligado a exponer aquellos hechos que
constituyen base suficiente para la privación de la patria
potestad, así sean maltrato o negligencia según definidos
en la Ley Núm. 246 o cualquier situación reconocida en el
Artículo 166b por el Código Civil que justifica la
privación. Una vez presentada la solicitud, la Ley Núm. CC-2012-1116 cons. con CC-2012-1125 23
246 exige la celebración de una vista donde se deberá
probar, según el requisito constitucional establecido en
Santosky, con prueba clara, robusta y convincente aquellos
hechos alegados en la petición que constituyan alguna
causal para la privación, restricción o suspensión de la
patria potestad. Sólo en aquel procedimiento posterior
donde el Departamento solicita la privación de la patria
potestad, es que el Estado está obligado por la
decimocuarta enmienda, a probar cualquiera de las
circunstancias reconocidas tanto en el Código Civil, Cód.
Civ. P.R. Art. 166b, 31 L.P.R.A. sec. 634b, como en la Ley
Núm. 246, para privar, restringir o suspender la patria
potestad, 8 L.P.R.A. sec. 1162. A diferencia del estatuto
en controversia en el caso de Santosky, la Ley Núm. 246 no
divide el procedimiento en dos vistas, la primera de
determinación de hechos y la segunda vista de disposición.
Más bien, una vista del Tribunal de Primera Instancia para
evaluar una petición de privación, restricción o suspensión
de la patria potestad fundamentaba en los Artículos 51, 52
y 53 de la Ley Núm. 246 consiste de la determinación de
hechos y la determinación sobre disposición del mejor
bienestar del menor. En este procedimiento posterior,
alegar que un tribunal decretó el cese de esfuerzos
razonables no será un hecho suficiente ni concluyente para
decretar la privación, suspensión o restricción de la
patria potestad por sí sólo. Si el Departamento no alega y
prueba hechos de maltrato, negligencia o alguna de las
circunstancias descritas en el Código Civil, el tribunal se CC-2012-1116 cons. con CC-2012-1125 24
verá obligado a declarar sin lugar la petición de
privación, suspensión o restricción de la patria potestad.
Por otro lado, no olvidemos que el procedimiento en
Santosky tenía la grave e irremediable consecuencia que su
determinación afectaba de forma completa e irrevocable el
derecho de la patria potestad de los padres sobre sus
hijos. Véase Santosky v. Kramer, 455 U.S. 745, 747 (1982).
En el procedimiento ante nosotros, si un tribunal
determinase que procede el cese de esfuerzos razonables de
reunificación por parte del Departamento, un cambio en las
circunstancias de la señora Cacho González podría llevar al
mismo tribunal a decretar eventualmente la continuación de
los esfuerzos razonables. Por lo tanto, ninguna
determinación de los procedimientos que se encuentran en
estos momentos ante este Tribunal afecta de forma completa
e irrevocable el derecho a la patria potestad de la señora
Cacho.
VI
Por lo tanto, estoy conforme con lo resuelto por la
Sentencia que emite este Tribunal en el día de hoy, pero
difiero del criterio del Juez Presidente con respecto a
requerir de ahora en adelante prueba clara, robusta y
convincente en todo procedimiento que afecte algún derecho
del padre o la madre. Reiteramos, que el requisito de
prueba clara, robusta y convincente que reconoció el
Tribunal Supremo federal en Santosky v. Kramer como parte
del debido proceso de ley que exige la decimocuarta
enmienda es de aplicación en nuestra jurisdicción pero sólo CC-2012-1116 cons. con CC-2012-1125 25
a aquellos procedimientos que buscan la privación,
restricción o suspensión de la patria potestad. Exigir
este estándar en todo procedimiento que afecte algún
derecho del padre o la madre contraviene la política
pública promovida por este Tribunal y plasmada en la
legislación dirigida a la protección de los menores. Soy
del criterio que, en cualquier otro procedimiento el Estado
sólo debe probar que la determinación promueve el mejor
bienestar del menor, bajo el estándar ordinario de
preponderancia. De lo contrario, el deber parens patriae
del Estado quedará sumamente diluido, limitando
excesivamente el poder de intervención en casos de maltrato
sin poder proteger el mejor bienestar del menor. El exigir
un estándar inferior al de prueba clara, robusta y
convincente en los procedimientos anteriores a una
solicitud de privación de la patria potestad no contraviene
el enfoque primario de reunificación familiar tanto de la
derogada Ley Núm. 177 como de la Ley Núm. 246. Más bien,
le permite al Estado actuar oportunamente para proteger a
aquellos menores que sufren de maltrato.
Por lo tanto, difiero de la aplicación expansiva de
exigir el estándar de prueba clara, robusta y convincente
en procedimientos a los cuales Santosky no es de
aplicación. Procede devolver los procedimientos al
Tribunal de Primera Instancia y que aplique el estándar de
preponderancia de la prueba para llegar a una determinación
tanto en la vista para determinar si procede conceder de CC-2012-1116 cons. con CC-2012-1125 26
relaciones materno-filiales como en la vista de cese de
esfuerzos razonables.
Anabelle Rodríguez Rodríguez Juez Asociada
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2013 TSPR 69, Counsel Stack Legal Research, https://law.counselstack.com/opinion/departamento-de-la-familia-v-cacho-gonzalez-prsupreme-2013.