EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Jeannette Collazo Dragoni
Peticionaria Certiorari
v. 2017 TSPR 120
Frank Noceda González 198 DPR ____
Recurrido
Número del Caso: CC-2016-402
Fecha: 26 de junio de 2017
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Bayamón y Aibonito
Abogado de la parte peticionaria:
Lcdo. Julio E. Gil de Lamadrid
Abogada de la parte recurrida:
Lcda. Liudmila Ortiz Marrero
Materia: Custodia: Jerarquía jurisdiccional que establece la Parental Kidnapping Prevention Act, 28 USC 1738A. Al cumplirse los requisitos de ese estatuto federal, 28 U.S.C. sec. 1738A(d), los tribunales de Puerto Rico mantienen jurisdicción continua para atender una modificación de custodia, aunque el estado de residencia del menor sea otro.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Peticionaria Certiorari v. CC-2016-0402
Frank Noceda González
Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez
En San Juan, Puerto Rico, a 26 de junio de 2017.
Este caso nos permite precisar la jerarquía
jurisdiccional que establece el Parental Kidnapping
Prevention Act (P.K.P.A.), 28 U.S.C. sec. 1738A, y
armonizar nuestras expresiones en Ortega v. Morales
Ortega, 131 DPR 783 (1992) y Santiago v. Kabuka, 166
DPR 526 (2005). En particular, resolvemos que, una
vez se satisfacen los requisitos de la 28 U.S.C.
sec. 1738A(d), los tribunales de Puerto Rico
mantienen jurisdicción continua para atender una
modificación de custodia, incluso si el estado de
residencia del menor es otro. A continuación,
reseñamos brevemente los hechos pertinentes del caso
que nos ocupa. CC-2016-0402 2
I
En el 2008, la Sra. Jeannette Collazo Dragoni
(peticionaria o señora Collazo Dragoni) presentó una
demanda de divorcio en contra de su esposo, el Sr. Frank
Noceda González (recurrido o señor Noceda González). Tras
varios trámites procesales, que incluyeron la
participación de la Procuradora de Asuntos de la Familia y
de un psicólogo del Tribunal, en el 2010 el foro primario
concedió la custodia legal de los menores a su padre, el
señor Noceda González. Por otra parte, estableció que la
patria potestad sería compartida entre éste y la señora
Collazo Dragoni. En desacuerdo, la señora Collazo Dragoni
acudió en revisión ante el Tribunal de Apelaciones, pero
ese foro confirmó la determinación del Tribunal de Primera
Instancia.1
En el 2013, el señor Noceda González presentó ante el
Tribunal de Primera Instancia una Solicitud de
Autorización de Traslado de Menores. Expresó que recibió
una oferta de empleo en el Estado de Florida, la cual
hacía necesario establecer su residencia en ese estado.
Solicitó al Tribunal que autorizara el traslado de los
menores a Florida puesto que aceptar la oferta sería en
los mejores intereses de sus hijos. En consideración a su
solicitud de traslado, el señor Noceda González también
pidió que se modificara la relación materno-filial, de
modo que resultare más beneficiosa para las partes. Por su
parte, la señora Collazo Dragoni solicitó la custodia de
1 Véase Sentencia del Tribunal de Apelaciones, KLAN 2011-00269. CC-2016-0402 3
los menores. Ambas solicitudes fueron referidas a la
Oficina de Relaciones de Familia.
Luego de examinar la prueba documental y testifical,
incluyendo estudios realizados por tres trabajadores
sociales y dos psicólogas, el Tribunal de Primera
Instancia concluyó que el mejor bienestar de los menores
se encontraba bajo la guardia y compañía del señor Noceda
González. Por esa razón, concedió a éste la custodia legal
y permanente de los tres menores y autorizó el traslado
inmediato de éstos al Estado de Florida. Finalmente, el
foro primario también impartió instrucciones sobre las
relaciones filiales con ambos padres.2
En desacuerdo, la señora Collazo Dragoni presentó un
recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. No
obstante, el foro apelativo intermedio confirmó al foro
primario, pues entendió que su determinación respondió al
mejor bienestar de los menores. El Tribunal destacó que,
aunque el traslado pudiese afectar la relación materno-
filial, la misma no estaba imposibilitada, pues el foro
primario determinó la manera en que ésta se llevaría a
cabo.3
Luego de varias mociones que buscaban impugnar la
determinación relacionada, en el 2015, el Tribunal de
Primera Instancia concedió un término a las partes para
que expresaran por qué los tribunales de Puerto Rico aún
ostentan jurisdicción. Ello, en atención a que los menores
2 El foro primario dispuso que dos de los menores pasarían treinta días del receso de verano con la señora Collazo Dragoni. Además, estableció que las vacaciones navideñas se alternarían entre ambos padres. Apéndice, pág. 33. 3 Véase Resolución del Tribunal de Apelaciones, KLCE-2014-01218. CC-2016-0402 4
residían fuera de Puerto Rico desde hacía más de seis
meses.
La señora Collazo Dragoni sostuvo que el foro
primario conservó su jurisdicción, que la residencia de
los menores en Florida no convierte ese estado en el
estado de residencia conforme con el P.K.P.A., y que no
existía ningún pleito pendiente en otra jurisdicción.
También pidió el traslado de los menores a Puerto Rico,
pues alegó que el señor Noceda González obtuvo el traslado
mintiéndole al Tribunal. Por su parte, el señor Noceda
González solicitó el archivo del caso por falta de
jurisdicción, pues el estado de residencia de los menores
es Florida. En cuanto a la solicitud de traslado de la
peticionaria, indicó que esos planteamientos ya habían
sido rechazados en trámites anteriores. Por tal razón,
exigió que le impusieran honorarios de abogado por
temeridad.
El Tribunal de Primera Instancia emitió una
Resolución en la cual resolvió que el estado con
jurisdicción es Florida, debido a que los menores residen
en ese estado desde hace más de seis meses. La señora
Collazo Dragoni presentó una moción de reconsideración,
pero la misma fue denegada por el Tribunal.
Inconforme, la señora Collazo Dragoni recurrió ante
el foro apelativo intermedio. Planteó que el foro primario
erró al declararse sin jurisdicción. Así también, reiteró
su alegación de que el señor Noceda González defraudó al
Tribunal al brindar información falsa. En cambio, el CC-2016-0402 5
recurrido sostuvo que el P.K.P.A. establece un esquema de
preferencia jurisdiccional mediante el cual se favorece el
estado de residencia del menor. Por otro lado, reiteró que
los señalamientos de fraude al Tribunal ya han sido
rechazados, por lo cual deben constituir cosa juzgada.
El Tribunal de Apelaciones denegó el recurso al
amparo de la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de
Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B. Concluyó que el foro
primario actuó conforme al P.K.P.A., el cual “establece
una preferencia jurisdiccional sobre el estado de
residencia de los menores de edad, para atender las
cuestiones relativas a los derechos de custodia de sus
padres o parientes”.4 Enfatizó que, como los menores
residen en Florida desde el 2014, esa jurisdicción está en
mejor posición de salvaguardar sus mejores intereses.
Luego de que su solicitud de reconsideración fuese
rechazada, la señora Collazo Dragoni presentó un recurso
de certiorari ante este Tribunal. Planteó que, conforme
con el principio de jurisdicción continua del P.K.P.A. y
nuestra jurisprudencia interpretativa, Puerto Rico es el
único foro con jurisdicción. Posteriormente, presentó una
solicitud en auxilio de jurisdicción. En consideración a
lo anterior, ordenamos al señor Noceda González mostrar
causa por la cual no debíamos revocar al Tribunal de
Apelaciones. Oportunamente, el recurrido presentó una
Moción en Cumplimiento de Orden. Consecuentemente,
denegamos el auxilio solicitado y, luego del trámite
4 Resolución del Tribunal de Apelaciones, KLAN-2016-00137, págs. 7-8. CC-2016-0402 6
correspondiente, expedimos el recurso. Con el beneficio de
la comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver.
II
A. Parental Kidnapping Prevention Act
El traslado interestatal de menores con el propósito
de obtener decretos de custodia favorables en otros foros
provocó que el Congreso promulgara el P.K.P.A. Mediante
esta ley, los tribunales de los estados están obligados a
darle entera fe y crédito a los dictámenes de custodia
emitidos por sus equivalentes. 28 U.S.C. sec. 1738A(a).
Sus objetivos principales son: “promover la cooperación
interestatal; facilitar la ejecución de los decretos de
custodia de otros estados, prevenir la competencia y el
conflicto interjurisdiccional y frenar que los parientes
remuevan unilateralmente a los menores para obtener
decretos judiciales favorables en otros foros”. Santiago
v. Kabuka, supra, pág. 534; véase también Ortega v.
Morales Ortega, supra, pág. 788.
Para precisar el alcance jurisdiccional del P.K.P.A.
conviene discutir sus ocho incisos. El inciso (a)
establece que, como norma general, un tribunal no podrá
modificar un dictamen de custodia emitido por otro estado
si éste fue consistente con la ley. 28 U.S.C. sec.
1738A(a).5 Por lo tanto, si un estado tenía jurisdicción de
forma compatible con la ley, los demás estados deberán
5 28 U.S.C. sec. 1738A(a) (“Las autoridades de cualquier estado deberán poner en vigor, de acuerdo a sus propios términos y no podrán modificar un decreto de custodia de otro estado, el cual fue emitido acorde con lo que dispone esta sección, excepto por lo dispuesto en el sub-inciso (f) de esta sección”.) (traducción nuestra) (énfasis suplido). CC-2016-0402 7
otorgarle entera fe y crédito a ese dictamen. En cambio,
el inciso (b) define varios conceptos mencionados en la
ley. En lo pertinente, define „estado de residencia‟ o
„home state‟ como el estado donde el menor ha residido por
seis meses consecutivos antes de la fecha en que
comenzaron los procedimientos de custodia. 28 U.S.C. sec.
1738A(b)(4). Cabe destacar que, al definir „Estado‟, la
ley federal expresamente extiende sus disposiciones al
Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 28 U.S.C. sec.
1738A(b)(8).
Para determinar si un dictamen de custodia emitido es
consistente con la ley, de modo que aplique la prohibición
del inciso (a), el inciso (c) establece que se examinará:
(1) si el tribunal que lo emitió tenía jurisdicción bajo
las leyes de su estado, y (2) si se cumplieron con una de
varias bases jurisdiccionales. 28 U.S.C. sec. 1738A(c).
Estas bases jurisdiccionales, que tienen un orden
preferencial, son: (A) jurisdicción del estado de
residencia del menor; (B) jurisdicción por contactos
significativos con el foro; (C) jurisdicción para
situaciones en las que el menor fue abandonado o se
encuentra en estado de emergencia; (D) jurisdicción cuando
no existe otro estado con jurisdicción o ha declinado
ejercerla, o (E) jurisdicción continua. Íd.; Santiago v.
Kabuka, supra, pág. 535. Por lo tanto, al momento de
examinar si un decreto original de custodia fue emitido
válidamente, se evaluará primero si se cumplía con el
requisito de residencia y así sucesivamente. CC-2016-0402 8
De gran importancia para la controversia ante nuestra
consideración, el inciso (d) establece que el estado que
haya emitido el decreto original de custodia, conserva
jurisdicción continua sobre el asunto para hacer valer y
revisar su determinación original. 28 U.S.C. sec.
1738A(d).6 Para conservar la jurisdicción se deben cumplir
los siguientes requisitos: (1) que el decreto original de
custodia sea compatible con las disposiciones del
P.K.P.A.; (2) que el foro original mantenga jurisdicción
bajo sus propias leyes, y (3) que dicho foro continúe
siendo el estado de residencia del menor o al menos de una
de las partes. Santiago v. Kabuka, supra, pág. 536. Una
vez establecida la jurisdicción continua, la misma
prevalece sobre cualquier otra base jurisdiccional.7
Por su parte, el inciso (e) establece otro requisito
para la validez de los decretos de custodia: notificación
adecuada a los padres y oportunidad de ser oídos previo a
la determinación. 28 U.S.C. sec. 1738A(e). Como excepción
al inciso (d), el inciso (f) reconoce a los tribunales la
autoridad para modificar una determinación de custodia
emitida originalmente por otro estado, si: (1) el estado
que pretende modificar el decreto ostenta jurisdicción, y
6 28 U.S.C. sec. 1738A(d) (“La jurisdicción de un tribunal de un estado que haya emitido una determinación de custodia de menores o de derechos de visita, compatibles con las disposiciones de esta sección, continúa mientras se cumplan los requisitos de la sección (c)(1) y ese estado se mantenga como estado de residencia del menor o de alguno de los litigantes”.) (traducción nuestra). 7 R. Serrano Geyls, Derecho de Familia de Puerto Rico y Legislación Comparada, San Juan, Ed. Programa de Educación Jurídica Continua Universidad Interamericana de Puerto Rico, 1997, Vol. 2, pág. 1328 (“En situaciones de modificación de decretos de custodia, ocupa la posición preferencial en dicho esquema la jurisdicción continua, siempre y cuando que los tribunales del foro que emitió el decreto inicial de custodia mantengan jurisdicción sobre la acción conforme a sus leyes”.) (énfasis suplido). CC-2016-0402 9
(2) el foro original perdió su jurisdicción para modificar
el decreto o renunció a ella. 28 U.S.C. sec. 1738A(f). Por
consiguiente, se trata de una excepción débil, pues exige
que el foro inicial pierda la jurisdicción o renuncie a
ella. Por otro lado, el inciso (g) previene los conflictos
interjurisdiccionales al prohibirle a los tribunales
ejercer jurisdicción si otro tribunal ejerció jurisdicción
conforme a la ley. 28 U.S.C. sec. 1738A(g). Finalmente, el
inciso (h) es prácticamente idéntico al (f), pues prohíbe
modificar el decreto inicial a menos que el tribunal
inicial haya perdido o renunciado su jurisdicción. 28
U.S.C. sec. 1738A(h).
B. Código Civil
Según vimos, uno de los requisitos para determinar si
el foro original conserva jurisdicción es analizar si
mantuvo jurisdicción bajo sus propias leyes. En Puerto
Rico, la disposición pertinente es el Artículo 107 del
Código Civil, 31 LPRA sec. 383, cuyo tercer párrafo
establece:
El cónyuge que haya sido privado de la custodia y la patria potestad tendrá derecho a recobrarlas si acreditare ante cualquier sala competente del Tribunal Superior el fallecimiento del otro ex cónyuge o demostrase a satisfacción del tribunal que a los mejores intereses y bienestar de los menores conviene la referida recuperación de la custodia y la patria potestad.
En reiteradas ocasiones hemos expresado que los
tribunales deberán analizar todas las circunstancias ante
su consideración, teniendo siempre como norte los mejores
intereses y el bienestar de los menores. Ortiz v. CC-2016-0402 10
Meléndez, 164 DPR 16 (2005); Santana Medrano v. Acevedo
Osorio, 116 DPR 298 (1985). Sobre el asunto
jurisdiccional, en Marrero Reyes v. García Ramírez, 105
DPR 90, 99 (1976), resolvimos que los tribunales pueden
atender casos de custodia en cualquiera de las siguientes
circunstancias: “(1) cuando se posee jurisdicción in
personam sobre [alguna de las partes]; (2) cuando el menor
está domiciliado en Puerto Rico; (3) cuando el menor está
físicamente presente o tiene su residencia habitual en
Puerto Rico; y (4) cuando el menor es ciudadano o nacional
de Puerto Rico”. Por consiguiente, vemos que el
ordenamiento puertorriqueño es abarcador con respecto a la
jurisdicción de nuestros tribunales en casos de custodia
de menores.
C. Jurisprudencia del Tribunal Supremo
En varias ocasiones hemos atendido controversias
sobre si los tribunales de Puerto Rico ostentan
jurisdicción, conforme con el P.K.P.A., para modificar un
decreto de custodia de menores. Tres de ellas ameritan
discutirse extensamente, pues explican por qué hay
confusión con respecto al esquema jurisdiccional del
P.K.P.A.
En Ortega v. Morales Ortega, supra, las partes
contrajeron matrimonio en el Estado de California en el
1979. En el 1984, el padre comenzó el procedimiento de
divorcio en ese estado. Con el conocimiento del padre,
mientras se tramitaba el pleito, la madre y el niño se
trasladaron a Puerto Rico. En el 1985, el Tribunal CC-2016-0402 11
Superior de California decretó el divorcio, estableció que
ambos padres compartirían la patria potestad pero concedió
la custodia a la madre. Tres años después, el padre
solicitó al Tribunal Superior de California que le
concediera la custodia del menor. La madre compareció y
solicitó la desestimación del caso, pues el menor residía
en Puerto Rico desde el 1984.
Luego de varios trámites procesales, el Tribunal de
California concedió la custodia al padre. Fundamentó su
decisión en que hubo un cambio sustancial en las
circunstancias del caso y sostuvo “que tenía jurisdicción
porque se trataba de un decreto original de California
donde [el padre] todavía reside”. Íd., pág. 786. Para
poner en vigor el dictamen, el padre presentó una
solicitud de exequátur en el Tribunal Superior de Puerto
Rico. No obstante, el Tribunal denegó la solicitud pues
entendió que el estado con jurisdicción era Puerto Rico.
Inconforme, el padre compareció ante este Tribunal y
sostuvo que el foro primario erró al interpretar el
P.K.P.A., pues su inciso (d) dispone que el estado que
emitió el decreto de custodia tiene jurisdicción para
hacer cualquier cambio a dicho decreto, si el menor o uno
de los padres aún reside en el estado.
Este Tribunal resolvió que, de todas las bases
jurisdiccionales, “[e]l P.K.P.A. expresa preferencia por
el estado de residencia del menor”. Ortega v. Morales
Ortega, supra, pág. 791. Destacamos que esta preferencia
se justificó por lo siguiente: CC-2016-0402 12
[S]e entiende que [el estado de residencia del menor] es el que puede determinar mejor lo que es más beneficioso para el niño. Es en dicho estado donde el niño ha hecho amistades, asiste a la escuela y recibe asistencia médica: donde su vida se ha desenvuelto. Por lo tanto, se entiende que es en el estado residencia del menor donde con mayor probabilidad está disponible la evidencia que se requiere para hacer una adecuada determinación de custodia, una que tome en cuenta lo que es más conveniente para el menor. De manera que de existir conflicto con respecto a cuál es el requisito jurisdiccional aplicable de acuerdo al P.K.P.A., siempre deberá prevalecer el del estado residencia del menor. Íd., pág. 792 (énfasis suplido).
Por lo tanto, este Tribunal confirmó la determinación del
foro primario, pues los tribunales de California ya no
tenían jurisdicción por no ser el estado de residencia del
menor.
Posteriormente, en Santiago v. Kabuka, supra, se
argumentó que, según el P.K.P.A., los tribunales de Puerto
Rico no tenían jurisdicción para atender una controversia
de custodia. En ese caso las partes contrajeron matrimonio
en St. Thomas, Islas Vírgenes, donde establecieron su
domicilio conyugal. El matrimonio tuvo un menor que vivió
con sus padres en St. Thomas hasta el 1999, cuando la
Corte Superior de las Islas Vírgenes decretó el divorcio.
El Tribunal acogió un acuerdo que regía las relaciones
paterno-filiales y de custodia, pero no lo fusionó
(“merged”) al dictamen de divorcio. Consecuentemente, la
madre y el menor se trasladaron a Puerto Rico.
En el 2004, la madre le solicitó al Tribunal de
Primera Instancia de Puerto Rico que asumiera jurisdicción
y le otorgara a ella la custodia legal del menor. El padre CC-2016-0402 13
reclamó la falta de jurisdicción de los tribunales de
Puerto Rico de acuerdo con el P.K.P.A. Asimismo, presentó
en el tribunal de Islas Vírgenes una petición para
modificar las condiciones de custodia. No obstante, el
tribunal de Islas Vírgenes denegó su solicitud y se
proclamó sin jurisdicción, pues el acuerdo de custodia no
se fusionó a la sentencia.
En cambio, el foro primario de Puerto Rico asumió
jurisdicción sobre el caso. Ese dictamen fue confirmado
por el Tribunal de Apelaciones, al considerar que Puerto
Rico es el estado de residencia del menor para fines del
P.K.P.A. En desacuerdo, el padre presentó un recurso de
certiorari ante este Tribunal.
En Santiago v. Kabuka, supra, citamos a Ortega v.
Morales, supra, y reiteramos que la ley establece un
esquema que favorece el estado de residencia del menor. No
obstante, aclaramos su relación con la jurisdicción
continua del inciso (d) del P.K.P.A.:
[S]i bien el PKPA da preferencia al estado de residencia del menor sobre cualquier otra jurisdicción, la ley confiere jurisdicción continua al estado o foro que haya emitido un decreto original de custodia para que haga valer o revise sus determinaciones originales. 28 U.S.C.A. sec. 1738A(d). Debe entenderse que ante la existencia de un decreto original que se ajuste a las disposiciones del estatuto, la jurisdicción continua es el criterio principal, aun cuando ésta no sea la jurisdicción de residencia del menor. Santiago v. Kabuka, supra, pág. 536 (énfasis suplido).
Ahora bien, concluimos que los tribunales de Islas
Vírgenes carecían de jurisdicción continua porque ese
ordenamiento no reconoce tal jurisdicción cuando los CC-2016-0402 14
acuerdos de custodia no son fusionados a la sentencia. Por
consiguiente, resolvimos que los tribunales de Puerto Rico
podían asumir jurisdicción por tratarse del estado de
residencia del menor. Íd., págs. 542-43.
Finalmente, en Infante v. Montalvo, 165 DPR 757
(2005), emitimos una Sentencia donde devolvimos el caso al
foro primario para que determinase si, al momento del
divorcio, Puerto Rico era el estado de residencia de la
menor. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez, quien
fue la juez ponente en Santiago v. Kabuka, supra, emitió
una Opinión de conformidad donde reafirmó que “bajo la
cláusula de continuidad del P.K.P.A., un tribunal de
Puerto Rico mantiene jurisdicción sobre un procedimiento
de custodia a pesar de no ser el estado de residencia del
menor”. Íd., pág. 760 (Op. conformidad, J. Rodríguez
Rodríguez). Cabe mencionar que en una nota al calce la
Juez señala que en Ortega v. Morales, supra, no examinamos
la cláusula de jurisdicción continua, sino la cláusula de
residencia del menor. Infante v. Montalvo, supra,
pág. 776 esc. 16.
III
En resumen, la peticionaria sostiene que los
tribunales de Puerto Rico conservan jurisdicción conforme
con el principio de jurisdicción continua. En cambio, el
recurrido plantea que Florida es el foro con jurisdicción,
pues es el estado de residencia de los menores. El
Tribunal de Primera Instancia acogió esta postura y se
pronunció sin jurisdicción. De igual modo, el Tribunal de CC-2016-0402 15
Apelaciones denegó expedir el recurso y explicó que la ley
federal y nuestra interpretación en Ortega v. Morales,
supra, establecen una preferencia jurisdiccional por el
estado de residencia. La peticionaria acude ante nosotros
y reitera que los tribunales de Puerto Rico poseen
jurisdicción continua para revisar el dictamen de custodia
emitido previamente. Le asiste la razón. Veamos.
En primer lugar, las disposiciones del P.K.P.A.
aplican ante un conflicto interjurisdiccional, es decir,
cuando se solicita que un tribunal modifique el decreto de
custodia emitido por otro estado. Por ejemplo, si el
recurrido solicita que se modifique la custodia en los
tribunales de Florida, o en cualquier otro estado, ese
tribunal debe examinar si tiene jurisdicción conforme con
el P.K.P.A. En un caso como este, donde el tribunal de
Puerto Rico emitió un decreto de custodia de forma
consistente con la ley, los tribunales de Florida están
prohibidos de modificar ese dictamen conforme con el
inciso (a) del P.K.P.A. 28 U.S.C. sec. 1738A(a). Ahora
bien, cuando no está presente ningún conflicto
jurisdiccional, no aplican las prohibiciones del P.K.P.A.
Por lo tanto, si los tribunales de Puerto Rico son los
únicos que han ejercido jurisdicción y solicitan que se
modifique su decreto de custodia, como ocurrió en este
caso, no estamos ante conflicto jurisdiccional alguno.8
8 Véase Infante v. Montalvo, supra, pág. 776 (“El Tribunal de Apelaciones erró al resolver bajo el P.K.P.A., cuando ante dicho foro no se había planteado conflicto jurisdiccional alguno, ya que no fue informado del pleito presentado por la recurrida ante un tribunal en la Florida”) (Op. conformidad, J. Rodríguez Rodríguez). CC-2016-0402 16
De todos modos, en este caso los tribunales de Puerto
Rico tienen jurisdicción continua conforme con las
disposiciones del P.K.P.A. debido a que: (1) el decreto
original, emitido en el 2010, fue compatible con las
disposiciones de la ley; (2) los tribunales de Puerto Rico
(foro original) tenían jurisdicción bajo nuestras leyes, y
(3) Puerto Rico sigue siendo el estado de residencia de
una de las partes, la peticionaria. Véase Santiago v.
Kabuka, supra, pág. 536. Sobre el primer aspecto cabe
destacar que, al momento de emitirse el dictamen de
custodia, Puerto Rico era el estado de residencia de los
menores; de modo que el decreto fue consistente con las
disposiciones del P.K.P.A. Por consiguiente, la
peticionaria tiene derecho a solicitarle a los tribunales
de Puerto Rico que modifiquen el dictamen de custodia
emitido en el 2010.
En Ortega v. Morales, supra, realizamos unas
expresiones que sugieren que el estado de residencia del
menor debe prevalecer sobre el estado con jurisdicción
continua. Estas fueron desacertadas, pues la ley es clara
al disponer en su inciso (a) que ningún estado podrá
modificar un decreto de custodia de otro estado, aun
cuando el menor resida en otro estado. Santiago v. Kabuka,
supra, pág. 536. La importancia jurisdiccional del estado
de residencia radica más bien en la determinación de si el
dictamen original de custodia fue emitido de forma
compatible con la ley, pues debemos evaluar si se
cumplieron con las bases jurisdiccionales del inciso (c). CC-2016-0402 17
De este modo, si el dictamen original cumplió con la base
jurisdiccional preferida (estado de residencia), los
tribunales de otro estado no podrán modificar ese
dictamen.
Cabe señalar que aunque el P.K.P.A. no limita de
forma alguna la facultad de nuestros tribunales de revisar
nuestro dictamen inicial de custodia, el inciso (f)
reconoce la posibilidad de que el tribunal con
jurisdicción continua renuncie a su jurisdicción. 28
U.S.C. sec. 1738A(f). El hecho de que nuestros tribunales
posean jurisdicción para revisar un dictamen de custodia
no necesariamente implica que deban ejercerla. En
ocasiones los mejores intereses del menor invitan al
tribunal a no ejercer su jurisdicción, pues el estado de
residencia actual del menor resulta ser el foro más
adecuado para dirimir la controversia. Véase Manuel E.
Moraza Choisne, Juridical Solutions in the U.S.A. for
Parental Kidnapping in Child Custody Cases, 24 Rev. Jur.
UIPR 309, 323 (1990) (“Even if a custody decree had been
issued by the original state, so that it has continuing
jurisdiction, the original state where the present parent
remained alone may decide to decline its preferred
jurisdictional basis because the new home state has a more
significant connection with the child and thus is
presumably better able to protect the child’s best
interests”.) (énfasis suplido).9
9 Aunque errado en su análisis del P.K.P.A., en Morales v. Ortega, supra, este Tribunal fundamentó elocuentemente por qué conviene que sea el estado de residencia del menor quien tome la determinación sobre custodia. CC-2016-0402 18
Como los tribunales de Puerto Rico conservaron
jurisdicción continua con respecto a su dictamen inicial,
los tribunales inferiores erraron al resolver que el foro
con jurisdicción es Florida. El lugar de residencia actual
de los menores no afecta lo anterior, pues el P.K.P.A. se
aprobó precisamente para evitar que un menor sea
trasladado a otra jurisdicción y se pretenda obtener un
dictamen más favorable en ese estado. Véase Íd., pág. 316
(“By making the physical possession of the child
irrelevant to the exercise of jurisdiction, child
snatching is thus discouraged”). En fin, resolvemos que,
si se cumplen los tres requisitos del 28 U.S.C. sec.
1738A(d), los tribunales de Puerto Rico tienen
jurisdicción continua para atender una modificación de
custodia, incluso si el estado de residencia del menor es
otro.
IV
Por los fundamentos que anteceden, revocamos la
Resolución del Tribunal de Apelaciones y devolvemos el
caso al Tribunal de Primera Instancia para que continúe
con los procedimientos de forma compatible con lo aquí
resuelto.
Se dictará sentencia de conformidad.
Maite D. Oronoz Rodríguez Jueza Presidenta EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Peticionaria v. Certiorari CC-2016-0402 Frank Noceda González
SENTENCIA
Por los fundamentos antes expuestos, en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte de la presente Sentencia, revocamos la Resolución del Tribunal de Apelaciones y devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para que continúe con los procedimientos de forma compatible con lo aquí resuelto.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco y el Juez Asociado señor Rivera García concurren sin opinión escrita. El Juez Asociado señor Estrella Martínez hace constar la siguiente expresión:
“El Juez Asociado señor Estrella Martínez concurre con la Opinión emitida por el Tribunal Supremo en el caso de referencia. En primera instancia, considera que la discusión y aplicación del Parental Kidnapping Prevention Act (P.K.P.A.), 28 U.S.C. sec. 1738A, es innecesaria en este caso, dado que no se ha suscitado una controversia interjurisdiccional, cuestión que se reconoce en la Opinión. Collazo Dragoni v. Noceda González, CC-2016-0402, CC-2016-0402 2
Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez, págs. 15-16. Si bien los menores, junto con su padre, residen en el estado de la Florida, del expediente surge que ninguna de las partes ha iniciado un procedimiento judicial en ese estado para dirimir cuestiones referentes a la custodia de los menores. Es decir, no hay controversia entre dos estados. La P.K.P.A. es de aplicación cuando hay dos jurisdicciones en conflicto. Véase P.K.P.A., 28 U.S.C. sec. 1738A(a). En este caso, todos los procedimientos se han realizado ante los tribunales de Puerto Rico y, por tanto, el Juez Asociado señor Estrella Martínez opina que la controversia se puede resolver simplemente acudiendo a la legislación y jurisprudencia local, la cual establece las circunstancias en las cuales un tribunal de Puerto Rico posee jurisdicción en un caso de custodia. Véanse Artículo 107 del Código Civil, 31 LPRA sec. 383; Marrero Reyes v. García Ramírez, 105 DPR 90, 99- 100 (1976).
Por otro lado, discrepa del criterio del Tribunal en cuanto a que las expresiones en el caso de Ortega, Jr. v. Morales Ortega, 131 DPR 783 (1992), fueron desacertadas. En ese caso se determinó que, bajo la legislación del estado de California y los hechos particulares que se suscitaron, el tribunal de ese estado carecía de jurisdicción para emitir un decreto modificando la custodia. Íd., pág. 795. En consecuencia, se concluyó que los tribunales de Puerto Rico no tenían que darle „entera fe y crédito al decreto de California‟, según lo establecido en el P.K.P.A. Íd. En ese sentido, no se discutió la cláusula de continuidad de jurisdicción del P.K.P.A., pues era inaplicable por razón de que el estado de California había perdido jurisdicción bajo sus propias leyes. Véase 28 U.S.C. sec. 1738A(d); Infante v. Montalvo, 165 DPR 757, 776 n.16 (2005) (Op. Conformidad, J. Rodríguez Rodríguez). En consecuencia, resulta equivocado concluir, como sucede en la Opinión que hoy emite este Tribunal, que en Ortega, Jr. v. Morales Ortega, supra, se estableció „que el estado de residencia del menor debe prevalecer sobre el estado con jurisdicción continua‟. Collazo Dragoni v. Noceda González, supra, pág. 16.”
Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo