EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Carlos Cintrón Jácome, et al.
Recurrido Certiorari
v. 2003 TSPR 65
General Emilio Díaz Colón 159 DPR ____
Peticionario
Número del Caso: CC-2001-868
Fecha: 24 de abril de 2003
Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional V
Panel integrado por su Presidenta, la Jueza Fiol Matta, la Jueza Rodríguez de Oronoz y el Juez González Román
Oficina del Procurador General: Lcda. Leticia Casalduc Rabell Procuradora General Auxiliar
Abogados de la Parte Recurrida: Lcdo. Arnaldo J. Irizarry Irizarry Lcdo. Iván Crespo Arroyo
Materia: Injunction Permanente, Sentencia Declaratoria, Daños y Perjuicios
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. 2 EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Recurrido
vs. CC-2001-868 Certiorari
General Emilio Díaz Colón
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR FUSTER BERLINGERI.
San Juan, Puerto Rico, a 24 de abril de 2003.
Nos toca decidir si los tribunales del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico tienen jurisdicción
para entender en una acción de restitución al empleo
y de daños y perjuicios por despido discriminatorio,
incoada por un trabajador de la Guardia Nacional de
Puerto Rico en contra de su patrono y el E.L.A.
respectivamente.
I
Carlos Cintrón Jácome (en adelante, “Cintrón”)
se desempeñaba como técnico de equipo pesado (“heavy
machinery technician”) para la Guardia Nacional de
Puerto Rico. El 19 de agosto de 1996, el patrono le notificó a Cintrón que se proponía tomar una acción
disciplinaria en su contra por haber participado
alegadamente en la desaparición de un vehículo de la
Guardia Nacional. Se le formularon cargos a Cintrón por
haber mutilado y haber hecho uso indebido de dicha
propiedad, y por haber emitido declaraciones juradas falsas
sobre el particular. Luego de brindársele oportunidad para
contestar las referidas imputaciones por escrito, el 18 de
noviembre de 1996 la Guardia Nacional le notificó a Cintrón
su despido del puesto que ocupaba allí, efectivo el 8 de
enero de 1997, y se le advirtió sobre su derecho a apelar
ante el Ayudante General de dicho cuerpo.
El 25 de agosto de 1997, Cintrón presentó la demanda
que aquí nos concierne contra el Ayudante General de la
Guardia Nacional, el General Emilio González, y el Estado
Libre Asociado de Puerto Rico ante el Tribunal de Primera
Instancia, Sala Superior de Ponce. En esencia, en ella
alegó que se desempeñaba como empleado regular y de
carrera, realizando tareas de civil en la Guardia Nacional
de Puerto Rico; que había sido despedido de su puesto sin
que se explicaran las razones de dicho despido; que las
acciones de la parte demandada violentaban lo dispuesto en
el acuerdo obrero-patronal que regía la conducta entre el
patrono y los empleados; que la actuación de los co-
demandados era nula e ilegal por ser contraria a la Ley
Orgánica de la Guardia Nacional y a la Ley de Personal de
Puerto Rico; que las actuaciones ilegales y negligentes de
los co-demandados eran inconstitucionales debido a que
siendo él miembro del Partido Popular Democrático, había
sido despedido por motivaciones político-partidistas por CC-2001-868 4
ser el Ayudante General de la Guardia Nacional miembro del
Partido Nuevo Progresista.
Cintrón solicitó al foro de instancia que declarara
que su despido había sido ilegal y en violación de sus
derechos constitucionales, que ordenara su inmediata
restitución al puesto que ocupaba, y que prohibiera a los
codemandados y a sus sucesores interferir con el goce y
disfrute de su empleo. También solicitó que se le
indemnizara a él y a su familia co-demandante por los daños
sufridos por razón del referido despido. En apoyo de su
reclamo, Cintrón alegó que la Guardia Nacional lo había
usado como chivo expiatorio, y que su despido se había
realizado sin celebrar la vista administrativa a que tenía
derecho. Alegó, además, que intentar agotar los remedios
administrativos hubiera sido inefectivo y no proveería un
remedio adecuado al agravio planteado.
El 11 de agosto de 1998, los demandados solicitaron al
tribunal de instancia que dictara una sentencia sumaria a
su favor. Alegaron que dicho foro carecía de jurisdicción
sobre la materia, que no se habían agotado los remedios
administrativos, que no se había planteado una causa de
acción que ameritara un remedio y que faltaba una parte
indispensable. Alegaron también que Cintrón era un
empleado federal, por lo que no tenía a su alcance la
acción civil que había entablado, y que el gobierno de los
Estados Unidos tenía que ser traído al pleito. Cintrón se
opuso a dicha solicitud el 6 de abril de 1999. Alegó que la CC-2001-868 5
Guardia Nacional de Puerto Rico lo había despedido sin
consultar al gobierno federal, y que él era un empleado del
E.L.A. En cuanto al agotamiento de remedios
administrativos, adujo que había solicitado una vista
administrativa el 4 de junio de 1997 pero no se le había
concedido. Solicitó que no se concediera la sentencia
sumaria porque su condición de empleado estatal o federal
estaba en controversia, lo cual requería una vista
evidenciaria.
El 26 de agosto de 1999, el E.L.A. sometió una moción
en apoyo a su solicitud de sentencia sumaria, con la que
acompañó una declaración jurada de Benjamín Colón Lara,
Oficial Ejecutivo de Asuntos Estatales de la Guardia
Nacional, mediante la cual el declarante aseguraba que el
puesto de Cintrón respondía directamente al gobierno
federal, quien era custodio exclusivo de su expediente.
Acompañó también una copia del formulario 50-B de la
Oficina Federal de Administración de Personal, titulado
“Notification of Personnel Action”, que describía el puesto
de Cintrón como “Heavy Mobile Equipment Repairer” e
indicaba que el departamento o agencia empleadora era el
Departamento del Ejército.
El 15 de diciembre de 1999, el tribunal de instancia
dictó una sentencia sumaria a favor de los demandados.
Determinó que los promoventes habían probado que Cintrón
era un empleado federal y que éste no había presentado
evidencia en contrario. Además, resolvió que carecía de CC-2001-868 6
jurisdicción sobre la materia porque la facultad del
Ayudante General de la Guardia Nacional de Puerto Rico para
contratar y despedir a Cintrón había emanado de normas
federales.
Cintrón solicitó la reconsideración del dictamen
referido, la cual fue denegada el 21 de enero de 2000.
Cintrón entonces apeló la sentencia ante el Tribunal de
Circuito de Apelaciones. El 29 de junio de 2001 dicho
tribunal revocó el dictamen del foro de instancia, y le
devolvió el caso para que continuaran los procedimientos
allí. Resolvió que el caso de autos trataba de una acción
de daños por despido injustificado y discriminatorio, sobre
la cual los tribunales de Puerto Rico tenían jurisdicción,
independientemente de que Cintrón fuese un empleado federal
y de que aplicaran al caso tanto leyes como jurisprudencia
federal.
El 29 de octubre de 2001, luego que se denegara su
solicitud de reconsideración, el E.L.A. recurrió de dicha
determinación ante nos, señalando que el Tribunal de
Circuito de Apelaciones había errado al contravenir una
alegada doctrina federal que prohíbe las causas de acción
contra oficiales militares que surjan en el curso del
servicio militar.
El 14 de diciembre de 2001 expedimos el recurso de
certiorari solicitado por el Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, a los fines de revisar la sentencia emitida
por el foro apelativo el 29 de junio de 2001. Luego de CC-2001-868 7
concedérseles sendas prórrogas, el Procurador General
sometió su alegato el 11 de abril de 2002; y la parte
recurrida sometió el suyo el 17 de julio de 2002. Pasamos a
resolver.
II
El E.L.A. en su alegato ante nos ha admitido que los
tribunales de Puerto Rico tienen jurisdicción sobre las
controversias que se plantean al amparo de leyes federales,
pero toma excepción en cuanto a aquellas surgidas
específicamente bajo las leyes de administración de
personal militar, aduciendo que el personal militar carece
totalmente de alguna causa de acción en contra de un
superior. El Procurador General representando al Estado ha
argumentado que el aspecto militar del puesto de Cintrón
era inseparable del aspecto civil porque se le consideraba
un integrante del departamento militar correspondiente y
estaba sujeto a sus reglamentos. Adujo, además, que
empleados como Cintrón no tienen una causa de acción contra
oficiales militares por incidentes que surjan en el curso
del servicio militar, aún cuando el reclamante invoque una
violación a sus derechos civiles. Alegó, por ende, que en
el caso de autos los tribunales de Puerto Rico carecen de
jurisdicción para adjudicar la acción de los demandantes.
No tiene razón el E.L.A. Veamos.
A. La Jurisdicción Concurrente CC-2001-868 8
Como se sabe, el principio fundamental que rige lo
relativo al poder de los foros judiciales para resolver las
cuestiones federales es el de la jurisdicción concurrente.
Los tribunales federales y los estatales de ordinario
tienen jurisdicción concurrente para entender en las
controversias sobre derecho federal. Yellow Freight Sys.
Inc. v. Donnelly, 494 US 820 (1990); Golf Offshore Company
v. Mobil Oil Corp., 453 US 473 (1981). Así lo hemos
reconocido claramente antes. Roberts v. U.S.O. Council of
P.R., 145 D.P.R. 58, 69 (1998).
En virtud del referido principio, los tribunales
estatales, incluyendo los de Puerto Rico, carecen de
jurisdicción sobre algún asunto federal únicamente cuando
la exclusividad de la jurisdicción federal sobre tal asunto
ha sido dispuesta expresamente por el Congreso de Estado
Unidos, o cuando ha sido declarada así por el Tribunal
Supremo de Estados Unidos en situaciones en que la
intención del Congreso de privar a los tribunales estatales
de jurisdicción sobre dicho asunto federal es palmariamente
clara. Véase, Wright-Miller and Cooper, Federal Practice
and Procedure, Vol. XIII, págs. 241-247 (1984). La
jurisdicción federal exclusiva es un asunto en extremo
excepcional.
En el caso de autos es claro que el Congreso de
Estados Unidos no ha dispuesto que reclamaciones como la
que aquí nos concierne de personas empleadas por la Guardia
Nacional están excluidas de la jurisdicción de los CC-2001-868 9
tribunales estatales. No hay legislación federal a tales
efectos. Más aun, es patente también que el Tribunal
Supremo de Estados Unidos no ha resuelto que el tipo de
acción que aquí nos concierne está excluida de la
jurisdicción de los tribunales estatales.
El máximo foro judicial federal se ha expresado en
varias ocasiones en que soldados de las fuerzas armadas de
Estados Unidos demandaron a sus superiores militares en
acciones federales de daños y perjuicios conocidas como
“Bivens actions”. Se trata de acciones civiles para
reclamar una indemnización del gobierno de los Estados
Unidos por los daños ocasionados por funcionarios
federales, que se incoa directamente al amparo de la propia
constitución federal, conforme a lo resuelto en Bivens v.
Six Unknown Federal Narcotics Agents, 408 US 388 (1971). En
los casos aludidos, el Tribunal Supremo de Estados Unidos
coincidió en que las acciones tipo Bivens no son
procedentes cuando se trata de reclamaciones monetarias de
soldados contra sus superiores militares. Véase, U.S. v.
Stanley, 483 US 669 (1987); Chappell v. Wallace, 462 US 296
(1983). Dicho Tribunal también se ha expresado en cuanto a
la improcedencia de acciones civiles federales incoadas por
soldados de las fuerzas armadas de Estados Unidos en contra
del gobierno federal al amparo del Federal Tort Claims Act,
por conducta alegadamente negligente de dichas fuerzas
armadas o de militares de alto rango. Véase, Feres v. U.S.,
340 US 135 (1950). Pero el Tribunal Supremo federal no se CC-2001-868 10
ha expresado en torno a acciones como la que aquí nos
concierne, que es esencialmente una reclamación no de un
soldado sino de un mero empleado de la Guardia Nacional, en
contra no del gobierno federal sino del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico.
Ausente una legislación federal que ocupe el campo en
casos como el de autos, y ausente también alguna decisión
del Tribunal Supremo de Estados Unidos que disponga
concretamente que en casos como el de autos la jurisdicción
federal es exclusiva, es claro que conforme al fundamental
principio federal sobre la jurisdicción concurrente, los
tribunales de Puerto Rico tienen jurisdicción sobre el caso
de autos.
No puede concluirse que los tribunales de Puerto Rico
carecen de jurisdicción sobre el asunto en cuestión, como
alega el Procurador General de Puerto Rico en este caso,
sólo a base de interpolar distintas opiniones del Tribunal
Supremo federal sobre otras materias análogas, por lógica
que sea esa interpolación. La doctrina de la jurisdicción
concurrente no nos requiere conjeturar sobre lo que hubiese
hecho dicho Tribunal de habérsele planteado el caso de
autos. Tampoco puede fundamentarse una decisión tan
excepcional, como también alega el Procurador General, sólo
en el hecho de que la Corte de Apelaciones de Estados
Unidos para el Primer Circuito supuestamente haya resuelto
un caso análogo del modo que el Estado nos pide que
adjudiquemos el de autos. Ello debido a que la naturaleza y CC-2001-868 11
funciones de ese distinguido foro son distintas de la
nuestras, y sus dictámenes no nos obligan.1
En resumen, pues, no debe este Tribunal declarar que
el poder judicial de Puerto Rico no tiene jurisdicción
sobre algún asunto, a menos que ello sea patentemente
claro, cosa que aquí no sucede, tratándose este caso de un
mero empleado de la Guardia Nacional de Puerto Rico que
reclama una indemnización del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, en lo que aquí nos concierne.
B. La acción en el caso de autos
Es menester precisar también la naturaleza de la
acción entablada por Cintrón en el caso de autos. Aunque su
demanda aquí dista mucho de tener una redacción adecuada,
un análisis cuidadoso de ésta revela que se trata
primordialmente de una acción estatal, es decir, una acción
al amparo de derechos y remedios que surgen mayormente del
ordenamiento jurídico de Puerto Rico. Veamos.
Cintrón alegó en su demanda dos hechos medulares, a
saber, 1) que fue despedido de su empleo en la Guardia
Nacional; y 2) que ese despido le había ocasionado graves
daños personales a él y a sus familiares. Cintrón alegó
también que el despido había sido ilegal por ser contrario:
1) al convenio colectivo que los empleados de la Guardia
Nacional tienen con su patrono; 2) a la Ley de Personal de
Puerto Rico; 3) a la Ley de la Guardia Nacional de Puerto
1 Véase, 28 U.S.C.A. 1258. CC-2001-868 12
Rico, 25 L.P.R.A. sec. 2053 et seq y sec. 2911 et seq; 4) y
a las constituciones de Puerto Rico y de Estados Unidos.
Con arreglo a lo anterior, Cintrón reclamó en esencia
dos remedio, a saber: 1) que se le ordenara a la co-
demandada Guardia Nacional que lo reinstalara en su empleo
y lo mantuviese allí; 2) que ordenara al Ayudante General y
al E.L.A. al pago de los daños y perjuicios que habían
sufrido los demandantes.
Como parte de sus alegaciones, Cintrón también
solicitó que se declarara inconstitucional la actuación de
los co-demandados e invocó para ello la Regla 59 de
Procedimiento Civil de Puerto Rico, que trata sobre
sentencias declaratorias, y la sección 1983 del título 42
del U.S.C. También invocó la Ley General de Injunctions de
Puerto Rico, 32 L.P.R.A. 3521 et seq.
Como puede apreciarse de todo lo anterior, la acción
de Cintrón se instó al amparo primordialmente del
ordenamiento jurídico de Puerto Rico. Su carácter esencial
como una acción estatal se resalta precisamente por el
hecho de que no se trajo de ningún modo a Estados Unidos o
a las fuerzas armadas de Estados Unidos como parte en el
pleito. En ningún lugar se solicitó tampoco que la
indemnización reclamada fuese pagada por el gobierno de
Estados Unidos. No se invocó el Federal Torts Claims Act ni
se aludió a las reclamaciones tipo Bivens. El mero hecho de
que la Guardia Nacional sea, como admite el Procurador
General, una entidad híbrida estatal y federal no CC-2001-868 13
“federaliza” de ningún modo la acción de Cintrón. Tampoco
lo hace el mero hecho de que Cintrón fuese un empleado
civil del Ejercito. Lo medular para determinar la
naturaleza de la acción en cuestión es identificar cuáles
son los derechos y remedios reclamados.2 Los del caso de
autos son primordialmente derechos y remedios que surgen
del ordenamiento jurídico de Puerto Rico. Se trata
esencialmente de una acción al amparo de la Constitución y
las leyes de Puerto Rico, sobre la cual los tribunales del
país no sólo tienen jurisdicción sino que deben ejercerla.
Véase, Junta Dir. Cond. Montebello v. Fernández, 136 D.P.R.
223, 234 (1994).
Por los fundamentos expuestos, se dictará una
sentencia para confirmar la del foro apelativo del 29 de
junio de 2001.3
JAIME B.FUSTER BERLINGERI JUEZ ASOCIADO
2 A pesar de que la cuestión puede en ocasiones convertirse en un asunto complejo, la norma más clara sobre el particular es la famosa expresión del Juez Holmes de que “a suit arises under the law that creates the action”. American Well Works Co. v. Layne, 241 US 257, 260 (1916). 3 No nos pronunciamos aquí sobre la controversia de si Cintrón cumplió con el requisito de agotar los remedios administrativos pertinentes, o sobre cualquier otro asunto que no sea estrictamente la cuestión jurisdiccional que se discute en la opinión, que ha sido el único asunto objeto de litigación en el caso de autos hasta este momento. CC-2001-868 14
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte de la presente, se confirma la sentencia del Tribunal de Circuito de Apelaciones, Circuito Regional V, Ponce y Aibonito, emitida el 29 de junio de 2001.
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Corrada del Río emitió opinión disidente a la cual se unieron los Jueces Asociados señores Rebollo López y Rivera Pérez.
Patricia Otón Olivieri Secretaria del Tribunal Supremo CC-2001-868 15
v. CC-2001-868 Certiorari
Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado SEÑOR CORRADA DEL RÍO a la cual se unen los Jueces Asociados señores Rebollo López y Rivera Pérez.
Nos corresponde determinar si existe una
causa de acción en daños y perjuicios a favor
de un miembro de la Guardia Nacional de Puerto
Rico contra sus oficiales superiores por
actuaciones incidentales al servicio militar.
Dado que la mayoría se enfoca en discutir
asuntos relacionados a la jurisdicción
concurrente entre el foro estatal y federal
para entender en el caso, sin considerar la
doctrina enunciada por el Tribunal Supremo de
Estados Unidos prohibiendo las causas de
acción por daños ocurridos dentro del curso
del servicio militar, disentimos. I
A principios del año 1996, la Guardia Nacional comenzó
una investigación con el propósito de esclarecer los
hechos relacionados a la desaparición de un vehículo
propiedad del gobierno federal, asignado a este cuerpo
militar. Como parte de la pesquisa, en febrero y marzo de
ese año se le tomaron dos declaraciones juradas al Sr.
Carlos Cintrón Jácome (en adelante “el demandante-
recurrido” o “Sr. Cintrón Jácome”). Este último ocupaba
el cargo de reparador de equipo militar en el referido
cuerpo.
En ambas ocasiones, el demandante-recurrido negó tener
conocimiento sobre lo que se le preguntaba. Sin embargo,
el 15 de marzo de 1996 éste ofreció una tercera
declaración jurada, en la cual relató los incidentes
referentes a la desaparición del vehículo y su
participación en los hechos.
Como resultado de la investigación, el 19 de agosto de
1996 la Guardia Nacional notificó al demandante-recurrido,
mediante carta firmada por el Coronel Francisco A.
Márquez,4 que se proponía tomar acción disciplinaria en su
contra. Se le informó que se le formularían cargos por
mutilación de propiedad del gobierno federal, uso indebido
de ésta, y por deliberadamente ofrecer declaraciones
juradas falsas. Además, se le advirtió que tenía derecho
a estudiar toda la prueba relacionada a su caso y a
recibir explicaciones adicionales sobre la acción
propuesta.
4 Para ese entonces, el Coronel Márquez ocupaba el puesto de “Surface Maintenence Manager” de la Guardia Nacional. Luego de ofrecérsele una oportunidad para expresar por
escrito su posición respecto a los cargos imputados, el 18
de noviembre de 1996, mediante memorando suscrito por el
Coronel Carlos A. Córdova, la Guardia Nacional notificó al
demandante-recurrido que sería despedido de su puesto como
reparador de equipo pesado en este cuerpo militar. La
notificación advertía, además, sobre los procedimientos
mediante los cuales podría apelar esta decisión.5
5 Anejo a esta notificación, la Guardia Nacional incluyó un documento intitulado Adverse Action Appeal Rights-Original Decision, el cual expresa:
If you consider this adverse action improper, you may appeal the decision by requesting an appellate review by the Adjutant General or an administrative hearing but not both. The appellate review involves an overall review of the official adverse action case file maintained in the Human Resources Office (HRO), together with any additional information you may provide. An administrative hearing affords you the opportunity to have a National Guard Hearing Examiner gather all available facts through an administrative hearing and then provide findings and recommendations to the Adjutant General who will then issue the appellate decision. Should you elect to appeal the decision, you have the right to be represented by an attorney or other representative of your choosing.
....
continúa...
... 2 continuación Así las cosas, el 25 de agosto de 1997 el Sr. Cintrón
Jácome presentó una demanda ante el Tribunal de Primera
Instancia, Sala Superior de Ponce (en adelante, “TPI”), al
amparo de la Regla 59 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A.
Ap. III, R. 59, y la Ley Federal de Derechos Civiles, 42
U.S.C. § 1983. La misma fue presentada contra el Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, la Guardia Nacional, y el
General Emilio Díaz Colón (en adelante, “los demandados-
peticionarios”), solicitando interdicto permanente,
sentencia declaratoria y daños y perjuicios. En síntesis,
alegó que dado que era un miembro reconocido y activo del
Partido Popular Democrático, había sido despedido por
motivaciones claramente político-partidistas, ya que el
General Emilio Díaz Colón era miembro reconocido del
Partido Nuevo Progresista. Los demandados-peticionarios
contestaron la demanda negando las alegaciones
relacionadas al despido.
Luego de varios trámites procesales, el 11 de agosto
de 1998, los demandados-peticionarios solicitaron al TPI
que dictara sentencia sumaria a su favor, basándose en los
The Adjutant General will render the appellate decision as soon as possible after the appellate review has concluded or after review of the hearing examiner´s report and recommendation. An appellate decision by the Adjutant General will cancel the adverse action , sustain it, or substitute a less severe penalty. The right to appeal extends no further than the Adjutant General of Puerto Rico. Véase Apéndice, a la pág. 75. siguientes argumentos: 1) que éste carecía de jurisdicción
sobre la materia, 2) falta de agotamiento de remedios
administrativos, 3) falta de una causa de acción que
justificara la concesión de un remedio, y 4) falta de
parte indispensable.
En esencia, los demandados-peticionarios trajeron a la
atención del TPI la situación del demandante-recurrido como
empleado federal, alegando en consecuencia que tenía que
acumularse como parte al Gobierno de Estados Unidos.
Igualmente, apuntaron a que sus labores como técnico de la
Guardia Nacional eran incidentales al servicio militar y,
por tanto, no justiciables en cualquier foro civil.
El 15 de noviembre de 1999, se celebró una vista
evidenciaria en la cual se presentó como único testigo al
Sr. Juan Marrero, quien en ese momento fungía como Oficial
de Personal Federal de la Guardia Nacional. En su
testimonio, Marrero explicó que, a tenor con el “National
Guard Technicians Act”, 32 U.S.C. § 709,6 el recurrido era
empleado del Ejército de Estados Unidos.
6 Esta ley dispone lo siguiente:
§ 709. Technicians: employment, use, status
(a) Under regulations prescribed by the Department of the Army...persons may be employed as technicians in
(1) the administration and training of the National Guard.... (2) the maintenance and repair of supplies issued to the National Guard or the Armed Forces. El 15 de diciembre de 1999, el TPI dictó sentencia
sumaria a favor de los demandados-peticionarios. Dicho
foro expresó que éstos habían probado satisfactoriamente
que el Sr. Cintrón Jácome era un empleado federal y que
éste no había provisto evidencia en contrario. También
resolvió que carecía de jurisdicción sobre la materia, ya
que la facultad del Ayudante General de la Guardia Nacional
para contratar y despedir al recurrido emanaba de normas
El Sr. Cintrón Jácome solicitó reconsideración, la cual
fue denegada el 21 de enero de 2000. Luego, el 15 de
febrero de 2000, éste presentó apelación ante el Tribunal
de Circuito de Apelaciones (en adelante, “TCA”). Mediante
sentencia emitida el 29 de junio de 2001, el TCA resolvió
que el foro estatal tenía jurisdicción sobre la materia,
basándose en nuestra decisión en Roberts v. USO Council of
P.R., 145 D.P.R. 58 (1998). En consecuencia, revocó al
foro de instancia y le devolvió el caso para la
continuación de los procedimientos.
Inconformes, los peticionarios recurren ante este
Tribunal, y señalan lo siguiente:
continúa... ... 3 continuación
(d) A technician employed under subsection (a) is an employee of the Department of the Army or the Department of the Air Force as the case may be, and an employee of the United States.(énfasis suplido). A. Erró el Honorable Tribunal de Circuito de Apelaciones al determinar que el Tribunal de Instancia tiene jurisdicción para adjudicar la causa de acción de autos[,] en contravención a la doctrina del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que prohíbe las causas de acción contra oficiales militares que surgen en el curso del servicio militar rendido.
Expedimos auto de Certiorari mediante Resolución de 14
de diciembre de 2001. Entendemos que el error señalado se
cometió. Veamos.
A. Ausencia de causa de acción en reclamaciones intramilitares por daños incidentales al servicio: Doctrina Feres
En el año 1950, el Tribunal Supremo de Estados Unidos
resolvió el normativo caso de Feres v. United States, 340
U.S. 135 (1950). En esa ocasión, el Supremo Federal tuvo
ante su consideración una demanda incoada por unos soldados
bajo el Federal Tort Claims Act (en adelante “FTCA”), 28
U.S.C. §§ 1346(b)(1), 2671-2680, por alegados daños
causados a éstos dentro del ámbito de la actividad militar.
El Tribunal Supremo resolvió que el gobierno federal no
está sujeto a demandas bajo la FTCA por daños ocurridos a
empleados militares en actos incidentales al servicio
militar.
Fundamentó su decisión en dos argumentos principales.
Primero, que las disposiciones de la FTCA son
inconsistentes con la naturaleza única de la relación entre el gobierno y las Fuerzas Armadas. Id., a las págs. 142-
143. Segundo, explicando que el Congreso, al aprobar la
referida ley, no creó nuevas causas de acción, sino que
meramente extendió responsabilidad al gobierno federal bajo
circunstancias que conllevarían responsabilidad privada.
Id., a la pág. 141. Por tanto, al considerar que bajo los
hechos en controversia no existiría una causa de acción
contra una persona privada, estimó el Tribunal que tampoco
la había contra el gobierno.7
El alcance de la doctrina tomó un giro importante
varias décadas después con el caso Chappell v. Wallace, 462
U.S. 296 (1983). En Chappell, el Supremo Federal entendió
en un reclamo de tipo Bivens8 por discrimen racial dentro
del ámbito del servicio militar, instado por cinco
oficiales no comisionados (“enlisted personnel”) de la
7 Se expresó el Supremo Federal de la siguiente manera:
[o]ne obvious shortcoming in these claims is that plaintiffs can point to no liability of a “private individual” even remotely analogous to that which they are asserting against the United States...Nor is there any liability “under like circumstances,” for no private individual has power to conscript or mobilize a private army with such authorities over persons as the Government vests in echelons of command. Feres v. U.S., supra, a las págs. 141-142. 8 Bivens v. Six Unknown Federal Narcotics Agents, 403 U.S. 388 (1971). Este caso resuelve que una violación de derechos constitucionales por parte de funcionarios federales puede dar lugar a una acción en daños contra estos, aun en ausencia de una ley que autorice tal remedio. Marina de Estados Unidos. Basándose en el razonamiento de
Feres, supra, el Tribunal resolvió que el personal militar
no tiene derecho a una causa de acción en daños contra sus
superiores. Chappell, supra, a la pág. 300. Al así
concluir, de forma unánime, expresó el Supremo federal que
esta prohibición responde a la estructura única que rige
las fuerzas armadas y la injerencia exclusiva del Congreso
en el campo militar. Id., a la pág. 301. Además, tomó en
consideración el hecho de que el Congreso ha legislado para
establecer sistemas de compensación por muerte y accidente,
así como procedimientos de quejas y agravios internos
disponibles al personal militar. Para sustentar lo
anterior, hizo alusión al “Uniform Code of Military
Justice”, 10 U.S.C. § 938,9 y a la sección 1552 del título
10 del U.S. Code, la cual crea una comisión para atender
quejas presentadas por miembros de las fuerzas armadas, y
le otorga facultades para ordenar promociones de rango y el
pago de sueldos de manera retroactiva.
9 § 938. Art. 138. Complaints of wrongs
Any member of the armed forces who believes himself wronged by his commanding officer, and who, upon due application to that commanding officer, is refused redress, may complain to any superior commissioned officer, who shall forward the complaint to the officer exercising general court- martial jurisdiction over the officer against whom it is made. The officer exercising general court- martial jurisdiction shall examine into the complaint and take proper measures for redressing the wrong complained of; and he shall, as soon as possible, send to the Secretary concerned a true statement of that complaint, with the proceedings had thereon. Posteriormente, con la decisión de United States v.
Stanley, 483 U.S. 296 (1987), la doctrina Feres se concretó
y definió de modo decisivo. En este caso, un militar
retirado demandó al gobierno por los daños que le ocasionó
el habérsele administrado la droga LSD, sin su conocimiento
o consentimiento, como parte de un experimento llevado a
cabo por el Ejército. El máximo foro federal expidió el
recurso por entender que debía aclarar su decisión en
Chappell, ya que la confusión imperante al respecto había
producido resultados inconsistentes entre diferentes
tribunales de circuito. U.S. v. Stanley, supra, a la pág.
676.
Así pues, con esta opinión el Tribunal Supremo de
Estados Unidos aprovechó para armonizar a Feres con su
progenie, aclarando que la relación oficial-subordinado no
es el fundamento crucial de la doctrina, sino el aspecto de
“incidental al servicio militar.” U.S. v. Stanley, supra, a
la pág. 680.10
Asimismo, la decisión no consideró determinante la ley
bajo la cual se reclaman los remedios, redondeando la
doctrina a base de la prohibición de causas de acción en
daños que surjan de actos “incidentales al servicio
10 Establece Stanley, supra, a la pág. 680, que “since Feres did not consider the officer- subordinate relationship crucial, but established instead an ‘incident to service’ test, it is plain that our reasoning in Chappell does not support the distinction Stanley would rely on.” (énfasis suplido). militar.”11 Explicó el Tribunal que, dado que la
Constitución otorga jurisdicción exclusiva al Congreso para
reglamentar los asuntos de disciplina militar, la intrusión
judicial en esos menesteres sería inapropiada. Al analizar
el texto de la Constitución, ese alto foro expresó:
[w]hat is distinctive here is the specificity of that technically superfluous grant of power, and the insistence (evident from the number of Clauses devoted to the subject) with which the Constitution confers authority over the Army, Navy, and militia upon de political branches. All this counsels hesitation in our creation of damages remedies in this field. U.S. v. Stanley, supra, a la pág. 682 (énfasis suplido).
Así pues, la conclusión que puede colegirse de Feres,
Chappell, y Stanley, leídos en conjunto, es que se prohíbe
11 A pesar de que los casos que la Corte citó para ilustrar la inconsistencia en la doctrina se resolvieron a base de diferentes leyes, la mayoría en Stanley, supra, no fundamenta su ratio decidendi a base de ley específica. Es decir, no auscultó los propósitos y
continúa... ... 8 continuación
peculiaridades de la ley bajo la cual se reclamaba para así concluir que las acciones en daños incidentales al servicio militar no se permitían específicamente bajo esa fuente legal.
Los casos que citó la opinión para señalar la inconsistencia de los tribunales de circuito fueron los siguientes: Jorden v. National Guard Bureau, 799 F.2d 99 (3rd Cir. 1986) (caso al amparo de 42 U.S.C. § 1983); Trerice v. Summons, 755 F.2d 1081 (4th Cir. 1985)(42 U.S.C. §§ 1985, 1986); Mollnow v. Carlton, 716 F.2d 627 (9th Cir. 1983) (Bivens y 42 U.S.C. §§ 1985, 1986); y Gaspard v. U.S., 713 F.2d 1097 (5th Cir. 1983)(Bivens y “FTCA”). Véase Stanley, supra, a la pág. 676. toda causa de acción en daños que surja de actos
incidentales al servicio militar, independientemente de la
relación entre las partes en controversia. Ello toda vez
que, los tribunales civiles deben prestar deferencia a las
decisiones militares, dada la peculiaridad de su estructura
y disciplina.
Por tanto, el asunto medular del caso de autos es
determinar si los daños que alega el demandante-recurrido
ocurrieron dentro del ámbito del servicio militar, para de
ese modo dilucidar propiamente si éste tiene una causa de
acción disponible.
B. Extensión de la doctrina Feres a casos dentro del contexto del servicio civil en la Guardia Nacional
La figura de la Guardia Nacional se encuentra
reglamentada expresamente en el texto de la Segunda
Enmienda a la Constitución de Estados Unidos,12 a través de
su precursor histórico: la “milicia”.13 Según el profesor
Tribe, la llamada “cláusula de la milicia” tiene el
propósito de preservar la autonomía estatal sobre la
Guardia Nacional. Véase Laurence H. Tribe, American
Constitutional Law 900 (3d. Ed. 2000). Por tal razón, se
12 Siendo necesaria para la seguridad de un Estado libre una milicia bien organizada, no se coartará el derecho del pueblo a tener y portar armas. Const. E.U.A., Enm. II. 13 Véase E. Roy Hawkins, The Justiciability of Claims Brought by National Guardsmen Under the Civil Rights Statutes for Injuries Suffered in the Course of Military Service, 125 Mil. L. Rev. 99, 102 (1989). tiende a caracterizar a la Guardia Nacional como una
entidad completamente estatal.
Sin embargo, a pesar de que parte de la responsabilidad
sobre este cuerpo militar es providencia de los estados, la
Constitución federal confiere al Congreso control exclusivo
sobre ciertos aspectos de su funcionamiento. De este modo,
la Constitución federal dispone:
El Congreso tendrá facultad:... Para dictar reglas para llamar la milicia a fin de hacer cumplir las leyes de la Unión, sofocar insurrecciones y repeler invasiones; Para proveer para la organización, armamento y disciplina de la milicia y el gobierno de aquella parte de ella que estuviere al servicio de los Estados Unidos, reservando a los estados respectivos el nombramiento de los oficiales y la autoridad para adiestrar a la milicia de acuerdo con la disciplina prescrita por el Congreso. Const. E.U.A., Art. I, § 8, cls. 15,16 (énfasis suplido).
Como se puede observar, la Guardia Nacional es una
agencia híbrida estatal y federal. Mientras que lo
pertinente a asuntos administrativos tales como el
nombramiento de oficiales y el entrenamiento de éstos es
responsabilidad estatal, el prescribir normas para
reglamentar todo lo referente a los procesos disciplinarios
de las tropas es materia exclusiva del Congreso.14 Esta
14 Al amparo de esta autoridad, el Congreso ha aprobado legislación con el propósito de prescribir normas de disciplina en la Guardia Nacional, además de crear el “National Guard Bureau”, cuerpo adjunto a los Departamentos del Ejército y de la Fuerza Aérea, cuya responsabilidad principal es el asegurarse de que la Guardia Nacional de cada estado o territorio cumpla con la reglamentación jurisdicción exclusiva se explica por la peculiaridad de la
relación oficial-subordinado, y los efectos perniciosos que
podrían resultar si se permitiera a los tribunales
involucrarse en asuntos de disciplina militar. E. Roy
Hawkins, supra, a la pág. 109.
Igualmente, el carácter “sui generis” de los empleados
de la Guardia Nacional refleja esta hibridez. La Guardia
Nacional combina personal militar y civil. Los empleados
civiles se conocen comúnmente como “técnicos” o
“technicians”, término que surge directamente del National
Guard Technicians Act, supra.15 Sin embargo, aunque las
funciones del personal civil corresponden a las de
cualquier empleado civil en otra organización estatal o
privada, su función se da en el particular contexto
militar. De hecho, se ha resuelto que el trabajo de un
técnico de la Guardia Nacional es una combinación de
militar y civil, pero que estos dos aspectos del trabajo
son inseparables. Wright v. Park, 5 F.3d. 586, 589 (1st
Cir. 1993)(énfasis suplido). Además, estos técnicos tienen
que simultáneamente ser miembros de la Guardia Nacional en
el rango especificado por el Secretario de la rama militar
pertinente. 32 U.S.C. § 709 (b).
Por ende, dado el carácter “inseparable” de las
funciones civiles y militares de estos técnicos, las
funciones de estos empleados civiles de la Guardia Nacional
federal referente a la disciplina y preparación de las tropas. Véase 10 U.S.C. §§ 10501 et seq. son incidentales al servicio militar, y como tal, cubiertas
por la doctrina resultante de Feres, Chappell y Stanley.
A esos efectos, nos parece ilustrativo el citado caso
de Wright v. Park, supra. En Wright, la Corte de
Apelaciones de Estados Unidos para el Primer Circuito,
atendió precisamente la controversia ante nuestra
consideración: la procedencia de una acción de daños y
perjuicios por alegada violación a los derechos civiles
contra oficiales militares superiores, por una persona
empleada con la Guardia Nacional a tenor de las
disposiciones del National Guard Technicians Act, supra.
El Primer Circuito concluyó que la naturaleza dual pero
indivisible del trabajo de los técnicos de la Guardia
Nacional hacen que cualquier acción dirigida a la función
civil del técnico sea una incidental al servicio militar,
por lo que estaría proscrita por Feres y su progenie.16
15 32 U.S.C. § 709. Este estatuto proveyó específicamente para que este personal se considere como empleados federales. Véase escolio 3, supra. 16 Explicó dicho foro:
While a technician´s job is a composite containing both civilian and military pieces, the job´s dual aspects are inseparable; they are like Chang and Eng joined at the chest. ....
Since a technician´s dual roles are too tightly imbricated to be pried apart at a litigant´s whim, appellant necessarily suffered the injury of which he complains in his military capacity. Wright, supra, a las págs. 589,591. A base de este estado de Derecho, procedemos a
dilucidar la controversia de autos.
III
La controversia de autos se suscitó mientras el
demandante-recurrido se desempeñaba como “técnico” de la
Guardia Nacional de Puerto Rico, cuerpo militar del cual
era miembro enlistado. Además, las labores que éste
realizaba, y de las cuales surgen los actos que dan base a
la reclamación de autos, eran incidentales a su membresía
en dicho cuerpo, tanto por su naturaleza como por la forma
en que están descritas en la ley que las crea.17 De igual
modo, el proceso disciplinario al que el demandante-
recurrido fue sometido se produjo dentro de la cadena de
mando inherente a la actividad militar. Así pues,
entendemos que en ausencia de un mandato legislativo en
contrario, no existe base racional para no extender al caso
de autos los postulados de la doctrina Feres.
Ciertamente, en el presente caso está presente la
premisa básica que sustenta a Feres y su progenie,
entiéndase, la no intervención de los tribunales con
asuntos incidentales a la actividad militar dada la
singularidad de la estructura y la disciplina de las
fuerzas armadas. Este postulado es tan fundamental que el
Tribunal Supremo de Estados Unidos ha aplicado la doctrina
Feres indistintamente de la ley por la cual se reclama, y
17 Véase escolio 3, supra. de la identidad y relación entre las partes en
controversia.18
Por consiguiente, sostenemos que la Guardia Nacional es
un cuerpo militar cuya jurisdicción disciplinaria recae
exclusivamente sobre el Congreso, no diferenciándose en
esto de las ramas militares tradicionales. Similarmente,
la capacidad en que se emplean los técnicos de este cuerpo,
a pesar de ser híbrida, es preponderantemente militar, y
por ello los actos de estos empleados se consideran
incidentales al servicio militar. Por tanto, aplicaríamos
al caso de autos la doctrina Feres.
Por el contrario, la opinión mayoritaria se centra en
discutir la presunción de jurisdicción concurrente de los
tribunales estatales y federales para atender casos
surgidos al amparo del derecho federal. Explica además que
la excepción a este principio es que haya una determinación
expresa en contrario por parte del Congreso, o que el
Tribunal Supremo Federal lo haya declarado así cuando
entienda que la intención del Congreso a esos efectos es
palmariamente clara. Así, concluye que ninguna de esas dos
circunstancias ocurren en el caso de autos, por lo que
podemos entender en el caso de marras. No estamos de
acuerdo.
El presente recurso no requiere que determinemos a qué
foro le corresponde atender el caso, sino determinar si
18 Recordemos que Stanley, supra, aclaró que el elemento fundamental de la doctrina Feres es que el daño por el cual se reclama sea uno incidental existe una causa de acción en daños a favor del demandante-
recurrido. En relación con la controversia que nos atañe,
el máximo foro federal resolvió clara y expresamente la
inexistencia de causas de acción por daños y perjuicios
dimanantes de actos ocurridos dentro del ámbito militar
(“incident to military service”). U.S. v. Stanley, supra,
a las págs. 680-681; Chappell v. Wallace, supra, a la pág.
300. A esos efectos, el Supremo Federal expresó que la
razón para dicha postura responde a que:
[c]enturies of experience have developed a hierarchical structure of discipline and obedience to command, unique in its application to the military establishment and wholly different from civilian patterns. Civilian courts must, at the very least, hesitate long before entertaining a suit which asks the court to tamper with the established relationship between enlisted military personnel and their superior officers; that relationship is at the heart of the necessarily unique structure of the Military Establishment. Chappell v. Wallace, supra, a la pág. 300. (énfasis suplido).
Por tanto, la discusión de si debe ser el foro federal
o el estatal el que atienda el caso es irrelevante, ya que
lo que ha resuelto el Tribunal Supremo Federal es que las
controversias por daños incidentales al servicio militar se
tienen que resolver dentro de las estructuras de justicia
militar pertinentes, de acuerdo a la reglamentación que el
Congreso, como cuerpo con jurisdicción exclusiva para
reglamentar la disciplina de la Guardia Nacional, apruebe
al servicio militar, y no la identidad o la al respecto. Así pues, no existen causas de acción por
actos de esa naturaleza en los tribunales civiles.
Del mismo modo, la mayoría expresa que el Tribunal
Supremo de Estados Unidos no se ha expresado en torno a
acciones como la de autos, caracterizando la controversia
ante nos como una entre un “mero empleado de la Guardia
Nacional” y el E.L.A. Reiteramos que esa no es la
controversia medular del caso.19 A la luz de Stanley,
supra, el asunto jurisdiccional de umbral es determinar si
la controversia surge de hechos incidentales al servicio
militar. En consecuencia, la pregunta de rigor para los
tribunales al evaluar la existencia de una causa de acción
en asuntos como el de autos no es ¿cúales son las partes en
controversia?, o ¿bajo el palio de que ley surge la causa
de acción?; sino, ¿es la controversia incidental al
servicio militar?
Por ende, al resolver como lo hizo, la mayoría al menos
debió explicar por qué entiende que los hechos en
controversia no se suscitaron dentro del ámbito militar.20
capacidad de las partes. 19 Expresó la mayoría en Stanley, supra, a la pág. 684, que: [t]he availability of a damages action under the Constitution for particular injuries (those incurred in the course of military service) is a question logically distinct from immunity to such an action on the part of particular defendants. (énfasis en el original). 20 Los tribunales han aplicado este estándar liberalmente. Por ejemplo, el máximo foro federal ha extendido la doctrina a casos en que los demandantes eran personas no militares subrogadas Más importante aún, debió explicar por qué entiende que
debemos separarnos de lo establecido por el más alto foro
federal, en el sentido de que no se fomenta que los
tribunales civiles entren a evaluar la sabiduría de las
decisiones tomadas dentro de la esfera militar, dada la
peculiar naturaleza y estructura disciplinaria de las
fuerzas armadas.21
en los derechos de militares, Stencel Aero Engineering Corp. v. United States, 431 U.S. 666 (1977); a reclamaciones por personal militar franco de servicio al momento de sufrir los daños, United States v. Shearer, 473 U.S. 52 (1985); y a reclamaciones de empleados militares por daños causados por empleados federales no militares, United States v. Johnson, 481 U.S. 681 (1987). 21 Además de Feres y su progenie, que se limita a pautar la ausencia de causas de acción por daños ocasionados dentro del ámbito del servicio militar, el Tribunal Supremo federal resolvió Gilligan v. Morgan, 413 U.S. 1 (1973). En ese caso, se cuestionó si el poder congresional sobre la milicia se socavaría de permitírsele a una corte de distrito federal examinar el patrón de entrenamiento, de armamento y órdenes en general de la Guardia Nacional, para así determinar si éste fue apropiado a la luz de unos hechos específicos. Resolviendo en la afirmativa, el Supremo federal expresó:
It would be difficult to think of a clearer example of the type of governmental action that was intended by the Constitution to be left to the political branches directly responsible—as the Judicial Branch is not-- to the electoral process. Moreover, it is difficult to conceive of an area of governmental activity in which the courts have less competence. The complex, subtle, and professional decisions as to the composition, training, equipping, and control of the military force are essentially professional military judgments, subject always to civilian
continúa... ... 18 continuación IV
En conclusión, sostenemos que si bien el TPI, ante los
hechos del caso de epígrafe, concluyó correctamente que
carecía de autoridad para adjudicar daños sobre el despido
del demandante recurrido, se fundamentó equivocadamente en
que el foro estatal no tiene jurisdicción para dilucidar
asuntos en que son de aplicación leyes y jurisprudencia
De igual modo, el TCA correctamente revocó este
pronunciamiento del TPI al resolver que, como regla
general, los tribunales de Puerto Rico pueden dilucidar y
adjudicar controversias tomando como base el derecho
federal. Sin embargo, tanto dicho foro como la mayoría de
este Tribunal se equivocan al concluir que existe una causa
de acción en los tribunales estatales por daños
incidentales al servicio militar, sin considerar la
doctrina Feres, explicada detalladamente en esta opinión.
Al así decidir, obviaron que es mediante los procedimientos
internos de justicia militar establecidos por el Congreso
para reglamentar el quehacer de las tropas, que un empleado
militar puede reclamar daños y perjuicios contra sus
superiores.
Por no resolver de este modo la mayoría, disentimos.
BALTASAR CORRADA DEL RÍO JUEZ ASOCIADO
control of the Legislative and Executive Branches. Id., a la pág. 10 (énfasis suplido).