Asociación De Maestros De Puerto Rico, Asociación De Maestros De Puerto Rico – Local Sindical, Por Si Y en Representación De Sus Miembros; Ashleyann Jiménez Rosado, Maestra De La Escuela Fernando Callejo De Manatí; Glorimar Nazario Ortiz, Maestra De La Escuela Fernando Callejo De Manatí; Janet Adorno Feliciano, Maestra De La Escuela Fernando Callejo De Manatí; Karen M. Valentín Torres, Maestra De La Escuela Fernando Callejo De Manatí; Karolyn Caraballo Meléndez, Maestra De La Escuela Fernando Callejo De Manatí; Marisol Rivera Cabrera, Maestra De La Escuela Fernando Callejo De Manatí; Maritza Cabán Laboy, Maestra De La Escuela Dolores González De Arroyo; Milagros Larregui Vázquez, Maestra De La Escuela Fernando Callejo De Manatí; Miosoty García Menéndez, Maestra De La Escuela Fernando Callejo De Manatí; Myrna M. Mateo Santos, Maestra De La Escuela Fernando Callejo De Manatí; Nilsa F. Corretjer Ruiz, De La Escuela Fernando Callejo De Manatí; Yamilette Otero Miranda, Maestra De La Escuela Fernando Callejo De Manatí; Zuleimarie Sánchez Del Valle, Maestra De La Escuela Fernando Callejo De Manatí; Y Otros v. Hon. Daniel R. Vélez Carrera en Su Carácter Oficial Como Secretario Interino Del Departamento De Educación; Departamento De Educación; Estado Libre Asociado De Puerto Rico

• Court: Tribunal De Apelaciones De Puerto Rico/Court of Appeals of Puerto Rico
• Decided: October 1, 2025
• Docket: TA2025AP00256
• Status: Published

Opinion

Estado Libre Asociado de Puerto Rico TRIBUNAL DE APELACIONES PANEL II

ASOCIACIÓN DE MAESTROS Apelación DE PUERTO procedente del RICO, ASOCIACIÓN DE Tribunal de MAESTROS DE Primera Instancia, PUERTO RICO - LOCAL Sala Superior de SINDICAL, por si y en San Juan representación de sus miembros; Ashleyann Jiménez Rosado, Maestra de la TA2025AP00256 Escuela Fernando Callejo de Manatí; Glorimar Nazario CIVIL NÚM.: Ortiz, Maestra de la Escuela SJ2024CV11717 Fernando Callejo de Manatí; Janet Adorno Feliciano, Sala: 904 Maestra de la Escuela Fernando Callejo de Manatí; Sobre: Mandamus Karen M. Valentín Torres, Maestra de la Escuela Fernando Callejo de Manatí; Karolyn Caraballo Meléndez, Maestra de la Escuela Fernando Callejo de Manatí; Marisol Rivera Cabrera, Maestra de la Escuela Fernando Callejo de Manatí; Maritza Cabán Laboy, Maestra de la Escuela Dolores González de Arroyo; Milagros Larregui Vázquez, Maestra de la Escuela Fernando Callejo de Manatí; Miosoty García Menéndez, Maestra de la Escuela Fernando Callejo de Manatí; Myrna M. Mateo Santos, Maestra de la Escuela Fernando Callejo de Manatí; Nilsa F. Corretjer Ruiz, de la Escuela Fernando Callejo de Manatí; Yamilette Otero Miranda, Maestra de la Escuela Fernando Callejo de Manatí; Zuleimarie Sánchez Del Valle, Maestra de la Escuela Fernando Callejo de Manatí; y OTROS

Parte Apelante

v.

HON. DANIEL R. VÉLEZ CARRERA en su carácter oficial como Secretario Interino del Departamento de Educación; DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN; ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

Parte Apelada TA2025AP00256 2

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, el Juez Rodríguez Flores y la Jueza Díaz Rivera.

Díaz Rivera, Jueza Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 1 de octubre de 2025.

Comparece ante nos la Asociación de Maestros de Puerto Rico

y la Asociación de Maestros de Puerto Rico – Local Sindical

(apelante) y nos solicita que revisemos y revoquemos una Sentencia

emitida y notificada el 2 de julio de 2025, por el Tribunal de Primera

Instancia (TPI o foro primario), Sala Superior de San Juan. Mediante

dicho dictamen, el TPI desestimó el recurso de Mandamus al amparo

de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, infra, por dejar de exponer

una reclamación que justifique la concesión de un remedio.

I.

El 27 de diciembre de 2024, la parte apelante presentó un

recurso de Mandamus. Mediante dicho recurso, solicitó al foro

primario que ordenara al Secretario de Educación al cumplimiento

cabal y estricto con su deber ministerial, impuesto por la Ley de la

Carrera Magisterial, Ley Núm. 158 de 18 de julio de 1999, según

enmendada (18 LPRA sec. 310 et seq.) (Ley Núm. 158-1999) y el

Reglamento Núm. 6761 de 5 de febrero de 2004 – Reglamento de la

Carrera Magisterial (Reglamento Núm. 6761), con el propósito de

que reciba y trámite las solicitudes de reconocimientos de nivel y

revisión salarial de la Carrera Magisterial 2025.

Luego de varios incidentes procesales, el 11 de febrero de

2025, el Gobierno de Puerto Rico por sí y en representación del

Departamento de Educación (apelado) presentó una Moción de

Desestimación. En síntesis, alegó que procede la desestimación del

recurso porque falla en cumplir con los requisitos para la expedición

de un auto de mandamus. Esto, por no especificar un deber

ministerial incumplido por la parte apelada. Añadió que, procede la

desestimación al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, TA2025AP00256 3 infra, por dejar de exponer una reclamación que justifique la

concesión de un remedio. Asimismo, planteó que, aun si el Tribunal

entendiera que, de la Ley de Ajuste Salarial para los Maestros y

Maestras Conforme a la Ley de la Carrera Magisterial, Ley Núm. 9

de 7 de marzo de 2022 (3 LPRA sec. 9117 et seq.) (Ley Núm. 9-2022),

emana un deber ministerial de habilitar una plataforma o un

procedimiento para el recibo de las solicitudes de revisión de nivel o

revisión salarial al amparo de la Ley Núm. 158-1999, el Tribunal

está impedido de expedir el auto de mandamus porque el caso no

está maduro y, por tanto, carece de jurisdicción.

Por su parte, el 25 de febrero de 2025, la parte apelante

presentó una Oposición a Moción de Desestimación. A grandes

rasgos, sostuvo que no procede la desestimación del recurso de

Mandamus. Acentuó que la Ley Núm. 9-2022, supra, impone al

Secretario de Educación el deber de recibir y tramitar, en o antes del

15 de enero de 2025, las solicitudes de reconocimiento de nivel y

revisión salarial. Manifestó que hasta la fecha no ha recibido ni

tramitado las solicitudes de reconocimiento de nivel y revisión de

salarios 2025. Además, argumentó que es imperativo recurrir al

recurso de mandamus, el cual es el idóneo para compeler y exigir el

cumplimiento de un deber impuesto por la Ley Núm. 9-2022, supra,

Ley Núm. 158-1999, supra, y el Reglamento Núm. 6761, supra.

El 19 de marzo de 2025, la parte apelada presentó una Réplica

a la Oposición a Moción de Desestimación. En vista de ello, el 11 de

abril de 2025, la parte apelante presentó una Oposición a Réplica a

la Oposición a Moción de Desestimación. Acto seguido, el 30 de abril

de 2025, la parte apelada presentó Dúplica a la Oposición a Moción

de Desestimación.

El 2 de julio de 2025, el foro primario emitió una Sentencia

mediante la cual desestimó el recurso de Mandamus al amparo de

la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, infra, por dejar de exponer una

reclamación que justifique la concesión de un remedio. En dicho TA2025AP00256 4

dictamen, el TPI sostuvo que el recurso adolecía de una cita correcta

y clara sobre la fuente de derecho del cual surge el deber ministerial

presuntamente incumplido, lo que hace el recurso uno

improcedente de su faz. Agregó que, el deber ministerial de la

agencia está atado a requisitos que deben ocurrir en primer orden

y, en conjunto con la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y a

la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF),

quienes no son parte del pleito.

Asimismo, señaló que el deber ministerial condicionado es el

de realizar el cálculo y la identificación de fondos recurrentes para

la activación del cumplimiento de la Ley Núm. 158-1999, supra, en

o antes de que culmine el año fiscal 2024-2025. Razonó que, no se

trata de una orden para realizar un acto de manera automática; sino

que, está condicionado a la identificación de fondos para el pago de

deudas, por lo que hay un orden de prelación que ordena a la parte

apelada, como primer paso, el pago de deudas arrastradas por la

Ley 158-1999, supra, que fueron incurridas antes del año fiscal

2021-2022.

Inconforme, el 17 de julio de 2025, la parte apelante presentó

una Solicitud de Reconsideración. Ese mismo día, el foro primario

emitió una Resolución Interlocutoria mediante la cual declaró No Ha

Lugar la Solicitud de Reconsideración. Inconforme aun, el 18 de

agosto de 2025, la parte apelante compareció ante nos mediante un

recurso de Apelación y alegó la comisión de los siguientes errores:

PRIMER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL RESOLVER QUE NO EXISTE UN DEBER MINISTERIAL DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN EN RECIBIR, REVISAR Y TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE REVISIÓN SALARIAL Y RECONOCIMIENTO DE NIVEL, SEGÚN DISPONE LA LEY DE CARRERA MAGISTERIAL, SUPRA, SEGÚN ENMENDADA Y EL REGLAMENTO 6761.

SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL DESESTIMAR EL RECURSO DE MANDAMUS AL AMPARO DE LA REGLA 10.2 DE PROCEDIMIENTO CIVIL, POR ENTENDER QUE EL MISMO NO EXPONE UNA TA2025AP00256 5 RECLAMACIÓN QUE JUSTIFIQUE LA CONCESIÓN DE UN REMEDIO.

Examinado el recurso de Apelación, el 27 de agosto de 2025,

emitimos una Resolución mediante la cual le concedimos un término

de veinte (20) días a la parte apelada para presentar su posición al

recurso. Luego de varios incidentes procesales, innecesarios

pormenorizar, el 18 de septiembre de 2025, la parte apelada

presentó un Alegato en Oposición. Contando con el beneficio de la

comparecencia de todas las partes, procedemos a resolver.

II.

A. Mandamus

El auto de mandamus es un recurso altamente privilegiado y

discrecional mediante el cual se exige a una persona natural o

jurídica el cumplimiento de un deber ministerial dentro de las

atribuciones o deberes del cargo que ocupa. Artículo 649 del Código

de Enjuiciamiento Civil (32 LPRA sec. 3421). Un deber ministerial

se refiere a un mandato específico que no admite ejercicio de

discreción en su cumplimiento. Kilómetro 0, Inc. v. Pesquera López

et al., 207 DPR 200 (2021). Dicho auto no confiere nueva autoridad

y la parte a quien obliga deberá tener la facultad de poder cumplirlo.

Artículo 649 del Código de Enjuiciamiento Civil, supra.

Este recurso de mandamus se caracteriza por ser un remedio

extraordinario, que no podrá dictarse en los casos en que este

disponible otro recurso adecuado y eficaz en el curso ordinario de la

ley. Colón Cortés v. Pesquera, 150 DPR 724 (2000). Así pues, el auto

de mandamus solamente debe expedirse cuando la persona a quien

va dirigido está obligada al cumplimiento de un acto que la ley

particularmente ordene como deber resultante de un empleo, cargo

o función pública. Artículos 650 y 651 del Código de Enjuiciamiento

Civil (32 LPRA sec. 3422 y 3423). Ello significa, que únicamente

procede para ordenar el cumplimiento de un deber ministerial, que TA2025AP00256 6

no implica discreción en su ejercicio. Báez Galib v. C.E.E., 152 DPR

382 (2000).

La expedición del auto de mandamus no se invoca como

cuestión de derecho, sino que descansa en la sana discreción del

foro judicial. Dicha expedición "no procede cuando hay un remedio

ordinario dentro del curso de ley, porque el objeto del auto no es

reemplazar remedios legales sino suplir la falta de ellos". AMPR v.

Srio. Educación, ELA, 178 DPR 253 (2010). Así, la procedencia del

mandamus depende inexorablemente del carácter del acto que se

pretende compeler mediante dicho recurso. Íd., pág. 263. Sólo

procede para ordenar el cumplimiento de un deber ministerial, que

no admite discreción en su ejercicio, cuando no hay otro mecanismo

en ley para conseguir dicho remedio. Acevedo Vilá v. Aponte

Hernández, 168 DPR 443 (2006).

El requisito fundamental para expedir el recurso de

mandamus reside, pues, en la constancia de un deber claramente

definido que debe ser ejecutado. Es decir, “la ley no sólo debe

autorizar, sino exigir la acción requerida”. AMPR v. Srio. Educación,

ELA, supra, pág. 263. Por tal razón, aquella persona que se vea

afectada por el incumplimiento del deber podrá solicitar el recurso.

Íd.

Ahora bien, antes de radicarse la petición de mandamus, se

requiere que el peticionario le haya hecho un requerimiento previo

al demandado para que éste cumpla con el deber que se le exige,

debiendo alegarse en la petición, tanto el requerimiento como la

negativa, o la omisión del funcionario en darle curso. Sólo se exime

de este requisito: 1) cuando aparece que el requerimiento hubiese

sido inútil e infructuoso, pues si de haberse hecho hubiese sido

denegado; o 2) cuando el deber que se pretende exigir es uno de

carácter público, a diferencia de uno de naturaleza particular, que

afecta solamente el derecho del peticionario. Noriega v. Hernández

Colón, 135 DPR 406 (1994). TA2025AP00256 7 De otro lado, como requisito de forma, no solamente se

requiere que la petición esté dirigida a la persona obligada al

cumplimiento de un acto, sino que debe estar juramentada por la

parte que promueve su expedición. Báez Galib v. Roselló González,

147 DPR 371 (1998). Así lo dispone la Regla 54 de Procedimiento

Civil (32 LPRA Ap. V), cuando establece que: “el auto de mandamus,

tanto perentorio como alternativo, podrá obtenerse presentando una

solicitud jurada al efecto”.

Entre los factores a tomarse en consideración cuando se

solicita de un tribunal la expedición de un auto de mandamus se

encuentran: el posible impacto que éste pueda tener sobre los

intereses públicos que puedan estar envueltos; evitar una

intromisión indebida en los procedimientos del poder ejecutivo, y

que el auto no se preste a confusión o perjuicios de los derechos de

terceros. AMPR v. Srio. Educación, ELA, supra, pág. 268.

B. Desestimación

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) le

permite al demandado solicitar que se desestime la demanda en su

contra antes de contestarla. R. Hernández Colón, Práctica Jurídica

de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, LexisNexis

de Puerto Rico, Inc., 2010, pág. 266. La precitada regla dispone lo

siguiente:

Toda defensa de hechos o de derecho contra una reclamación se expondrá en la alegación responsiva excepto que, a opción de la parte que alega, las siguientes defensas pueden hacerse mediante una moción debidamente fundamentada: (1) falta de jurisdicción sobre la materia; (2) falta de jurisdicción sobre la persona; (3) insuficiencia del emplazamiento; (4) insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento; (5) dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio; (6) dejar de acumular una parte indispensable. Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra.

Así pues, entre las defensas mediante las cuales una parte

puede solicitar la desestimación de la causa instada en su contra se

encuentra el “dejar de exponer una reclamación que justifique la

concesión de un remedio”. Regla 10.2 (5) de Procedimiento

Civil, supra. Véase, además, Costas Elena y otros v. Magic Sport y TA2025AP00256 8

otros, 213 DPR 523 (2024); Bonnelly Sagrado v. United Surety, 207

DPR 715 (2021).

Ante una moción de desestimación fundamentada en la

referida regla, “el tribunal tomará como ciertos todos los hechos bien

alegados en la demanda y que hayan sido aseverados de manera

clara y concluyente, y que de su faz no den margen a dudas”. Cobra

Acquisitions, LLC v. Municipio de Yabucoa, 210 DPR 384 (2022).

Véase, además, Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR

409 (2008); Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 DPR 497

(1994). Luego, debe determinar si, a base de esos hechos que aceptó

como ciertos, la demanda establece una reclamación plausible que

justifique la concesión de un remedio. Costas Elena y otros v. Magic

Sport y otros, supra.

Asimismo, deberá interpretar las alegaciones de forma

conjunta, liberal y de la manera más favorable posible en favor del

demandante. Bonnelly Sagrado v. United Surety, supra; Torres v.

Torres et al., 179 DPR 481 (2010). De hecho, tampoco procede la

desestimación de la demanda si esta es susceptible de ser

enmendada. Clemente v. Dept. de la Vivienda, 114 DPR 763 (1983).

Al atender este tipo de moción, el tribunal deberá tener en

cuenta que, conforme lo dispone la Regla 6.1 de Procedimiento Civil

(32 LPRA Ap. V), la demanda sólo tiene que contener “una relación

sucinta y sencilla de la reclamación demostrativas de que el

peticionario tiene derecho a un remedio”, por lo que la norma

procesal que rige establece que las alegaciones solo buscan

“notificarle a la parte demandada a grandes rasgos, cuáles son las

reclamaciones en su contra.” Torres v. Torres et al., supra, pág.

501. Es por esto que una demanda no será desestimada, salvo que

se demuestre “que el demandante no tiene derecho a remedio

alguno, bajo cualesquiera hechos que pueda probar”. Consejo de

Titulares v. Gómez Estremera et al., 184 DPR 407 (2012); Aut. Tierras

v. Moreno & Ruiz Dev. Corp, supra, pág. 428. Por consiguiente, el TA2025AP00256 9 asunto a considerar es, “si a la luz de la situación más favorable al

demandante, y resolviendo toda duda a favor de éste, la demanda es

suficiente para constituir una reclamación válida”. Pressure Vessels

P.R. v. Empire Gas P.R., supra, pág. 505. Finalmente, este

mecanismo procesal no debe ser utilizado en aquellos casos que

envuelven un alto interés público, excepto que no haya duda de que,

de los hechos alegados en la demanda, no es posible conceder un

remedio adecuado al demandante. Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz

Dev. Corp, supra, pág. 429.

III.

En el caso ante nos, la parte apelante aduce que erró el TPI al

resolver que no existe un deber ministerial del Secretario de

Educación en recibir, revisar y tramitar las solicitudes de revisión

salarial y reconocimiento de nivel, según dispone la Ley de Carrera

Magisterial, supra, y el Reglamento 6761, supra. Asimismo, expresó

que erró el TPI al desestimar el recurso de mandamus al amparo de

la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, por entender que el

mismo no expone una reclamación que justifique la concesión de un

remedio.

Según el derecho que antecede, el auto de mandamus es un

recurso altamente privilegiado y discrecional mediante el cual se

exige a una persona natural o jurídica el cumplimiento de un deber

ministerial dentro de las atribuciones o deberes del cargo que ocupa.

Artículo 649 del Código de Enjuiciamiento Civil, supra. Un deber

ministerial se refiere a un mandato específico que no admite ejercicio

de discreción en su cumplimiento. Kilómetro 0, Inc. v. Pesquera

López et al., supra. Así pues, el recurso de mandamus se caracteriza

por ser un remedio extraordinario, que no podrá dictarse en los

casos en que esté disponible otro recurso adecuado y eficaz en el

curso ordinario de la ley. Colón Cortés v. Pesquera, supra.

Luego de analizar puntillosamente el recurso de Mandamus,

coincidimos con el foro primario en la determinación a la que arribó TA2025AP00256 10

en la Sentencia apelada. Ciertamente, el recurso de Mandamus

carece de una cita clara y correcta sobre la fuente del derecho del

cual surja el deber ministerial presuntamente incumplido. Por

consiguiente, el recurso de Mandamus presentado por la parte

apelante resulta improcedente de su faz.

Así, en el recurso de Mandamus la parte apelante alega que la

parte apelada tiene el deber ministerial de recibir, revisar y tramitar,

en o antes del 15 de enero de 2025, las solicitudes de reconocimiento

de nivel y revisión salarial. Asimismo, sostiene que el Secretario de

Educación tiene el deber de habilitar un portal, al amparo de la Ley

Núm. 9-2022, supra, para recibir dichas solicitudes. Sin embargo,

la parte apelante no cita una fuente legal precisa de la cual surja el

deber ministerial alegado.

En consecuencia, no incidió el foro primario al desestimar el

recurso de Mandamus al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento

Civil, supra. Esto, pues tomando como ciertos todos los hechos bien

alegados en el recurso y ante la falta de un deber ministerial

incumplido, este no establece una reclamación plausible que

justifique la concesión de un remedio. Costas Elena y otros v. Magic

IV.

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la

Sentencia apelada.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís Secretaria del Tribunal de Apelaciones