Valentín Rivera v. Rosado Colomer

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: November 23, 2020
• Docket: CT-2020-24 Cons. CT-2020-25
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Olvin A. Valentín Rivera, en su capacidad oficial como Comisionado Electoral del Movimiento Victoria Ciudadana

Peticionario

v.

Hon. Francisco J. Rosado Colomer, en su capacidad oficial como Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, et als.

Promovidos 2020 TSPR 142

Olvin A. Valentín Rivera, en su 205 DPR _____ capacidad oficial como Comisionado Electoral del Movimiento Victoria Ciudadana

Recurrido

Hon. Francisco J. Rosado Colomer, en su capacidad oficial como Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, et als.

Peticionarios

Número del Caso: CT-2020-24 CT-2020-25

Fecha: 23 de noviembre de 2020

Abogados de la parte peticionaria:

Lcdo. Manuel A. Rodríguez Banchs Lcdo. Luis José Torres Asencio

Abogados de la Parte Recurrida:

Lcdo. Jason Caraballo Oquendo Lcdo. Félix R. Passalacqua Rivera CT-2020-24 Cons. CT-2020-25 2

Abogados de las partes con interés:

Comisionado Electoral del Partido Proyecto Dignidad

Lcdo. Germán R. Ufret Pérez

Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático

Lcdo. Jorge Martínez Luciano Lcdo. Emil Rodríguez Escudero Lcdo. Gerardo De Jesús Annoni

Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista

Lcdo. Carlos E. Rivera Justiniano Lcdo. Francisco J. González Magaz

Comisionado Electoral Partido Independentista Puertorriqueño

Lcdo. Juan Manuel Mercado Nieves

Abogados del Interventor:

Lcdo. Javier A. Vega Villalba Lcda. Myriam C. Ocasio Arana

Materia: Derecho electoral - El Escrutinio General no puede ser paralizado, excepto lo dispuesto por el Código Electoral.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Olvin A. Valentín Rivera, en su capacidad oficial como Comisionado Electoral del Movimiento Victoria Ciudadana

v. CT-2020-0024 Cons. CT-2020-0025 Hon. Francisco J. Rosado Colomer, en su capacidad oficial como Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, et als.

Promovidos

Olvin A. Valentín Rivera, en su capacidad oficial como Comisionado Electoral del Movimiento Victoria Ciudadana

Hon. Francisco J. Rosado Colomer, en su capacidad oficial como Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, et als.

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 23 de noviembre de 2020.

A tres (3) semanas de concluido el ejercicio del

derecho al voto por el Pueblo de Puerto Rico, es un hecho CT-2020-24 Cons. CT-2020-25 2

irrefutable que no se ha completado el Escrutinio General

de los votos de tan siquiera uno (1) de los ciento diez

(110) precintos. Ello, a pesar del claro mandato

legislativo de que tal escrutinio no puede ser

paralizado. Ante ese cuadro, resulta imperativo que este

Tribunal intervenga oportunamente para precisar el

alcance y los efectos jurídicos de la Sentencia emitida

por el Tribunal de Primera Instancia, en el caso ante

nos, y para descontinuar las acciones y omisiones

administrativas de algunos funcionarios electorales, que

han desvirtuado y dilatado irrazonablemente la naturaleza

del Escrutinio General que ordinariamente se realiza en

toda elección general.

Veamos los hechos que originan nuestra urgente

intervención.

I.

Como es de conocimiento público, el pasado 3 de

noviembre se celebraron las elecciones generales en

Puerto Rico, junto con el plebiscito. En consecuencia, la

Comisión Estatal de Elecciones (CEE) notificó unos

resultados preliminares del proceso electoral. Conforme

dicta el Código Electoral de Puerto Rico de 2020, Ley

Núm. 58-2020,

(http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferen

cia/PDF/58-2020.pdf) (Código Electoral), procedía el

inicio del Escrutinio General a los fines de lograr un

resultado final y oficial de nuestro evento electoral.

Ahora bien, al inicio del Escrutinio General, el

Comisionado Electoral del Movimiento Victoria Ciudadana

(MVC), Lcdo. Olvin A. Valentín Rivera, presentó una CT-2020-24 Cons. CT-2020-25 3

acción de mandamus ante el Tribunal de Primera Instancia

dirigida al Presidente de la CEE, Hon. Francisco Rosado

Colomer.1 Específicamente, solicitó la entrega de las

listas oficiales digitales de los solicitantes del voto

ausente y del voto adelantado. A su vez, solicitó, como

medida provisional, la paralización del Escrutinio

General y del conteo manual de los votos adelantados. En

la alternativa, solicitó la segregación de todos los

votos contados manualmente y que se mantuvieran íntegros

los sobres hasta el momento en que se produjera la

información solicitada.

En respuesta, el Presidente de la CEE y los

distintos comisionados electorales, presentaron sus

respectivos escritos. Tanto el Presidente de la CEE, como

los Comisionados Electorales del Partido Nuevo

Progresista (PNP) y del Proyecto Dignidad (PD) se

opusieron a la solicitud de mandamus. En síntesis,

plantearon que el Presidente de la CEE no se había negado

a la petición del Comisionado Electoral del MVC, sino que

no se le brindó un tiempo razonable para ello, lo que se

discutió en varias de las reuniones de la CEE. Además,

destacaron que cada partido político tiene un

representante en la Junta Administrativa de Voto Ausente

y Adelantado (JAVAA), lo que implicaba que el Comisionado

Electoral del MVC tenía conocimiento de la información

solicitada. A su vez, señalaron que las listas de los

votantes que habían solicitado voto ausente y adelantado

1Loscomisionados electorales de los restantes partidos políticos fueron incluidos como parte indispensable. CT-2020-24 Cons. CT-2020-25 4

ya habían sido entregadas a los representantes de cada

partido político desde mediados del mes de octubre y que

parte de la información solicitada no estaba disponible

porque se iría obteniendo durante el proceso del

Escrutinio General.2 En particular, el Comisionado

Electoral del PNP también indicó que no procedía la

paralización del Escrutinio General, según solicitada por

el Comisionado Electoral del MVC, por ser contraria al

mandato expreso del Código Electoral. Por su parte, el

(PPD) se unió a la solicitud de mandamus.

Tras celebrarse una vista mediante videoconferencia el

17 de noviembre de 2020, al día siguiente, el Tribunal de

Primera Instancia emitió la Sentencia objeto del presente

recurso. El tribunal precisó que, luego de reunirse las

partes, la controversia se centraba en la entrega de dos

(2) listas: “(1) lista actualizada de los electores que

solicitaron el voto ausente y el voto por adelantado; y

(2) listas de electores que la CEE ha avalado que han

votado bajo esas modalidades”.3 Así, al evaluar si existía

un deber ministerial por parte del Presidente de la CEE

en la entrega de tales listas, el foro primario hizo

referencia al Manual de Procedimientos de la Unidad de

Añadidos a Mano Elecciones Generales y Plebiscito 2020,

de 11 de noviembre de 2020. Acorde con este Manual, en el

proceso de investigar estos votos, se cotejan los mismos

2Durante el proceso, el Presidente de la CEE refirió a las partes y al tribunal una Certificación final de la lista de los solicitantes de voto por adelantado provista por la Oficina de Sistemas de Información y Procesamiento Electrónico (OSIPE).

3Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, pág. 4. CT-2020-24 Cons. CT-2020-25 5

con las listas de voto por correo, a domicilio,

adelantado y ausente. Basado en ello, el Tribunal de

Primera Instancia determinó que, en efecto, existía un

deber ministerial por parte de la CEE de entregar las

listas a los partidos políticos para que pudieran

realizar el Escrutinio General. De este modo, señaló que,

según la información provista en la vista, tales listas

se encontraban en los maletines de cada precinto. Así,

destacó que entregar las listas, una vez finalizado el

Escrutinio General, resultaría en un ejercicio de

futilidad. A fin de cuentas, la disposición del Tribunal

de Primera Instancia es la siguiente:

Cónsono con lo expresado, se declara HA LUGAR el recurso de mandamus. En consecuencia, se ordena a la CEE por conducto de su Presidente Hon. Francisco Rosado Colomer, que cumpla su deber ministerial de entregar a la parte demandante y a cada Comisionado electoral de los partidos políticos, las listas de los electores que votaron en todas las modalidades de voto ausente y adelantado inmediatamente se abran los maletines para cada uno de los precintos electorales, al iniciar el proceso de escrutinio general. (Énfasis suplido).4

Al siguiente día, el Comisionado Electoral del MVC

presentó una moción urgente en la que alegó que el

Presidente de la CEE no cumplió con la orden del tribunal

y que la información de que las aludidas listas estaban

en los maletines era falsa. Basado en ello, solicitó la

celebración de una vista de desacato. A raíz de tales

planteamientos, el Tribunal de Primera Instancia ordenó

la celebración de una vista mediante videoconferencia

para hoy lunes 23 de noviembre de 2020 a las 2:30 p.m.,

4Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, pág. 10. CT-2020-24 Cons. CT-2020-25 6

la cual quedó paralizada con nuestra intervención en este

caso.

Posteriormente, el viernes 20 de noviembre de 2020,

el Comisionado Electoral del PNP presentó una moción de

reconsideración de la sentencia antes resumida. Su

petición fue dirigida a aclarar el alcance y manejo de

tal dictamen en tres (3) aspectos principales: el acceso

a información confidencial de los electores; el manejo de

las listas por parte de los funcionarios y funcionarias

electorales y; la intromisión indebida con el proceso per

se del escrutinio. En particular, solicitó una orden

protectora para que las listas en cuestión se usaran

exclusivamente para el proceso de adjudicación de los

votos, que no se pudieran sacar ni física ni digitalmente

del lugar donde se está procesando dicha adjudicación y

que cuando se culminara el proceso fuesen decomisadas. A

ello, añadió que el tribunal debía aclarar que la orden

de tal divulgación o entrega no podía paralizar, atrasar

u obstaculizar el proceso de escrutinio que se estaba

llevando a cabo.

Ese mismo día, el Comisionado Electoral del PNP

presentó electrónicamente, a través del Sistema Unificado

de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), la Solicitud

de certificación intrajurisdiccional, junto con una

moción en auxilio de jurisdicción, dirigidos ambos

escritos a este Foro.5 En el auto de certificación, se

5Como cuestión de hecho, por motivo del plan de reducción de gastos de la Rama Judicial, se había decretado previamente un cierre total, para el 20 de noviembre de 2020, del Tribunal Supremo de Puerto Rico, lo que implicaba la imposibilidad de presentar físicamente tal petición. No obstante, sabido es el CT-2020-24 Cons. CT-2020-25 7

invoca la intervención de este Tribunal para interpretar

el alcance del dictamen del foro primario, toda vez que

fue objeto de diversas interpretaciones por parte de los

distintos funcionarios o representantes de los cinco (5)

partidos políticos al momento presentes. A su vez, eso ha

provocado un disloque innecesario sobre el proceso del

Escrutinio General, que ha impedido culminar exitosamente

y lo más pronto posible este ciclo electoral.

Al tomar conocimiento judicial de tal presentación y

en virtud del Art. 3.002(f) de la Ley de la Judicatura de

2003, Ley Núm. 201-2003, según enmendada, 4 LPRA sec.

24s(f), y el Art. 13.3 (4) del Código Electoral de Puerto

Rico de 2020, Ley Núm. 58-2020, el mismo viernes, 20 de

noviembre de 2020, procedimos a certificar el caso

Valentín Rivera v. Rosado Colomer, SJ2020CV06084.

Asimismo, se le concedió a las restantes partes hasta el

domingo, 22 de noviembre a las 11:00 a.m., para expresar

su posición respecto a este recurso.

Por su parte, el Presidente de la CEE también

presentó una petición de certificación, junto con una

moción en auxilio de jurisdicción y solicitud de

remedios. En sus escritos, el Presidente de la CEE

también sugiere varias medidas protectoras dirigidas a

salvaguardar el proceso en sí del Escrutinio General y

que el mismo no siga viéndose afectado por las

____________________________ carácter de urgencia y celeridad que le imprime el Derecho Electoral a controversias de alto interés público de esta naturaleza. Cónsono con ello, tomamos conocimiento del contenido de las solicitudes y conforme a nuestra facultad legal de motu proprio certificar recursos pendientes ante foros inferiores, así procedimos. CT-2020-24 Cons. CT-2020-25 8

interpretaciones encontradas dadas a la sentencia del

foro primario.

Luego de ello, en cumplimiento con lo ordenado, las

restantes partes comparecieron ante este Foro.

II

No debe existir duda alguna que la emergencia

electoral que tenemos ante nuestra consideración es una

de alto interés público y que requiere la pronta,

oportuna y efectiva intervención de este Tribunal.

Prácticamente, tenemos el proceso de Escrutinio General

paralizado y con ello nuestra democracia. Todo surge a

raíz de las distintas interpretaciones dadas por los

componentes electorales a un dictamen del foro primario

relacionado con la entrega de las listas de los electores

que votaron en todas las modalidades de voto ausente y

adelantado.

Ante el escenario al que hoy nos enfrentamos,

resulta imperativo asumir sin dilación alguna nuestra

facultad para certificar el caso ante la consideración

del Tribunal de Primera Instancia, Valentín Rivera v.

Rosado Colomer, SJ2020CV06084. De igual forma, haremos

por este medio lo propio con la solicitud de

certificación del Presidente de la CEE.

Por tanto, se declara ha lugar la Petición de

Certificación presentada por el Presidente de la CEE, sin

trámite ulterior de conformidad con la Regla 50 del

Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXI-B, R. 50, y

se consolida con el CT-2020-24.

III CT-2020-24 Cons. CT-2020-25 9

Como es sabido, el derecho al voto es una de las

garantías fundamentales de nuestro sistema democrático de

gobierno. PPD v. Admor. Gen. De Elecciones, 111 DPR 199,

207 (1981). A tales efectos, nuestra Constitución

establece expresamente que “[l]as leyes garantizarán la

expresión de la voluntad del pueblo mediante el sufragio

universal, igual, directo y secreto, y protegerán al

ciudadano contra toda coacción en el ejercicio de la

prerrogativa electoral”. (Énfasis suplido). Art. II, Sec.

2, Const. PR, LPRA, Tomo 1.

Con tal mandato constitucional como norte, el Código

Electoral regula todo lo concerniente a los procesos

electorales. De este modo, el Código Electoral reconoce

como derechos de los electores, entre otros, los

siguientes:

(1) El derecho a la libre emisión del voto y a que este se cuente y se adjudique conforme a la intención del Elector al emitirlo, y según se dispone en esta Ley.

(2) La supremacía de los derechos electorales individuales del ciudadano sobre los derechos y las prerrogativas de todos los Partidos, Candidatos Independientes y agrupaciones políticas.

(3) La administración de los organismos electorales de Puerto Rico dentro de un marco de estricta imparcialidad, uniformidad, pureza, transparencia y justicia.

(4) La más amplia accesibilidad del Elector, sin barreras y sin condiciones procesales onerosas, a toda transacción y servicio electoral, incluyendo el ejercicio de su derecho al voto.

(5) El derecho del Elector a que el sistema y los procedimientos electorales estén fundamentados en su más amplia participación y accesibilidad, tomando en consideración su dignidad y su credibilidad personal, y no en CT-2020-24 Cons. CT-2020-25 10

la desconfianza de los Partidos Políticos u otros electores.

(6) El derecho a un sistema electoral moderno y tecnológicamente avanzado con opciones que faciliten la realización de las transacciones electorales y el ejercicio del voto a distancia y en tiempo real. Art. 5.1 del Código Electoral, supra.

Como parte de estas salvaguardas, el Código

Electoral dispone que, aunque los registros, escritos,

documentos, archivos y materiales de la Comisión son

documentos públicos y que pueden ser examinados por

cualquier Comisionado Electoral o persona interesada, “la

Comisión no proveerá a persona alguna copia del Registro

General de Electores y sus versiones electrónicas, y

tampoco de las tarjetas de identificación electoral,

papeletas, actas de escrutinio o las hojas de cotejo

oficiales que hayan de utilizarse en una

votación.”(Énfasis suplido). Art. 3.6 del Código

Electoral, supra.

A su vez, con el elector como eje del sistema

electoral, el Código Electoral reconoce e instrumenta lo

que sería el voto ausente y el voto adelantado. Así, las

personas que se vean impedidas de acudir a los eventos

electorales físicamente cuentan con estas modalidades de

votar. Véase, Artículos 9.34 al 9.39 del Código

Electoral, supra. La Junta Administrativa de Voto Ausente

y Adelantado (JAVAA) es el ente electoral a cargo de

administrar el proceso de solicitud, votación y

adjudicación de los Votos Ausentes y Votos Adelantados.

Art. 9.40, supra.

En lo pertinente a la controversia que nos ocupa

hoy, algunas de estas modalidades de votar se pueden CT-2020-24 Cons. CT-2020-25 11

ejercer mediante el correo postal, lo cual está

detalladamente regulado en el Código. El proceso comienza

con el envío de la papeleta a los electores mediante el

Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS, por sus

siglas en inglés). Art. 9.36(2), supra; Art. 9.39 (3),

supra. Una vez recibida la papeleta, el elector devolverá

la papeleta a la CEE mediante el correo postal, la cual

deberá recibirse en o antes del último día del Escrutinio

General. Nótese la imposibilidad fáctica de tener listas

finales actualizadas previo al Escrutinio General. En ese

sentido, la necesidad de suplementación continua durante

el escrutinio general resulta evidente.

Como medida cautelar de evitar la doble votación, el

Código Electoral ordena que todo elector que cumpla con

el proceso de solicitar el voto adelantado o ausente,

aparezca en la lista impresa de electores del colegio de

su inscripción con un código representativo de que votó

adelantado o ausente, para así evitar que vote en el

colegio a la fecha de la elección. Arts. 9.36 y 9.39 del

Código Electoral, supra.

Por su parte, el Reglamento de voto ausente y voto

adelantado de primarias 2020 y elecciones generales y

plebiscito 2020, 13 de marzo de 2020, dispone que las

solicitudes de voto adelantado y ausente se ingresarán a

modo digital para la impresión de las listas de los

solicitantes al cierre del registro, las cuales se

entregarán al representante de cada partido político

veinte (20) días antes de la Elección General. Sec.

2.3(D)(6), supra. CT-2020-24 Cons. CT-2020-25 12

Por su parte, y concerniente a los recursos ante

nuestra consideración, el Artículo 10.7 del Código

Electoral, supra, regula y establece unos parámetros para

la adecuada administración del Escrutinio General al

disponer como sigue:

(1) Inmediatamente después que la Comisión reciba todas las papeletas y materiales de una votación, procederá a realizar un Escrutinio General. La persona que estará a cargo del Escrutinio General será seleccionada por el Presidente, pero requerirá la ratificación unánime de los Comisionados Electorales de los Partidos Políticos, Partidos por Petición y los Candidatos Independientes que fueron certificados por la Comisión para participar en el evento electoral.

(2) El Escrutinio General se realizará utilizando solamente las Actas de Escrutinio de cada Colegio de Votación. La Comisión corregirá todo error aritmético que encontrare en un Acta de Escrutinio y la contabilizará en su forma corregida.

(3) Si la Comisión no pudiera corregir los errores encontrados en un Acta de Escrutinio emitida por el sistema de votación electrónica o la máquina de escrutinio electrónico, o si hubiere una discrepancia entre la cantidad de votantes reflejada en la lista de votación, sea impresa o electrónica, y las papeletas escrutadas en el colegio de votación o en JAVAA por uno de los sistemas electrónicos, se deberá, por vía de excepción, recontar todas las papeletas del colegio de votación cuya acta refleje discrepancia.

(4) Durante el Escrutinio General solo se intervendrá con las papeletas protestadas, recusadas, no adjudicadas, los votos añadidos a mano y los votos ausentes y adelantados recibidos por correo. Estas papeletas serán evaluadas por la Comisión para su adjudicación o anulación. Una vez comenzado, el Escrutinio General continuará ininterrumpidamente hasta su terminación, excepto por los días de descanso que autorice la Comisión.

(5) El resultado final y oficial surgirá solo del Escrutinio General o el Recuento, cuando este último aplique, y deberá ser certificado por la Comisión, el Presidente y anunciado y publicado por este. Ese resultado será definitivo, mientras CT-2020-24 Cons. CT-2020-25 13

no haya sentencia final y firme de un Tribunal en contrario. (Énfasis suplido).

Como se puede apreciar, el Código Electoral es

diáfano al establecer que en el proceso del Escrutinio

General sólo se utilizarán las Actas de Escrutinio de

cada Colegio de Votación.6 Ello se refiere al proceso

general de los votos emitidos físicamente en los

respectivos colegios electorales. A lo que añade que sólo

se intervendrá con las papeletas protestadas, recusadas,

no adjudicadas, los votos añadidos a mano y los votos

ausentes y adelantados recibidos por correo. Es decir,

que en el proceso del Escrutinio General sólo se contará

con las actas mencionadas, a excepción de las instancias

establecidas por el Código Electoral, que incluyen los

votos añadidos a mano y los votos por correo.

De igual importancia, el Código Electoral es más

enfático aún al precisar de manera categórica que, una

vez se comience con el Escrutinio General, éste no podrá

ser interrumpido, salvo los días de descanso. Art.

10.7(4), supra. Tal mandato es reafirmado posteriormente

en el Artículo 13.4 del Código Electoral el cual precisa

que “[e]n ningún caso, una decisión del Tribunal de

Primera Instancia o la revisión por el Tribunal de

Apelaciones de una orden, decisión o resolución de la

Comisión tendrá el efecto de suspender, paralizar,

impedir u obstaculizar la votación, el escrutinio o el

escrutinio general de cualquier votación”.

6Eltérmino “Acta de Escrutinio de Colegio” es definido en el Código Electoral como el “[d]ocumento en el que se consigna el resultado oficial del escrutinio de votos en un colegio de votación”. Art. 2.3(1), supra. CT-2020-24 Cons. CT-2020-25 14

Por último, el Código Electoral también regula el

proceso de los electores añadidos a mano.

Específicamente, el Artículo 9.15 dispone que:

En cada centro de votación de Unidad Electoral, se establecerá un colegio especial para electores que no hayan sido incluidos en las listas de votantes y reclamen tener derecho al voto. Para votar Añadido a Mano, el Elector deberá demostrar su identidad proveyendo a los funcionarios de este colegio su Tarjeta de Identificación Electoral u otra de las identificaciones personales autorizadas por esta Ley para propósitos electorales. La Comisión reglamentará los demás requisitos y los procedimientos para garantizar el derecho al voto a esos electores con identidad verificada.

A esos fines se aprobó el Manual de Procedimientos de

la Unidad de Añadidos a Mano Elecciones Generales y

Plebiscito 2020, de 11 de noviembre de 2020. En este se

explica que el procedimiento de añadidos a mano es un

mecanismo disponible para los electores que no aparecen

en las listas de votación por un alegado error

administrativo de la CEE y quieren ejercer su derecho al

voto, lo cual se les permite, pero luego de una

investigación se determina si se le debe adjudicar el

voto.

Así, el Manual establece en su introducción que:

En la CEE se ha establecido la Unidad de Añadidos a Mano en el Escrutinio General o Recuento con el propósito de investigar los casos de los electores que votaron en el colegio especial de añadidos a mano de cada una de las unidades electorales en cada institución penal y juvenil en aquellos Hospitales designados por la Comisión y las diferentes modalidades de voto adelantado, además, los sobres recusados.

Como parte de tal proceso se detalla que corresponde

agrupar los casos a ser investigados en casos activos e

inactivos. En cuanto a los activos dispone: CT-2020-24 Cons. CT-2020-25 15

a) Cotejarán los activos contra las Certificaciones de "exclusiones", listas de voto por correo, voto a domicilio, voto adelantado en el precinto y voto ausente. De esta forma se podrá determinar si votaron adelantado, ausente, en colegio fácil acceso, domicilio o excluido por cualquier otra causal. Todo caso activo que aparezca en dichos listados de exclusión será rechazado siempre y cuando no haya un documento que demuestre lo contrario (Certificación de Inclusión de Secretaria). Art. IV(3)(c)(1)(a).

IV.

Las controversias ante nuestra consideración reflejan

que el lenguaje contenido en la Sentencia emitida por el

Tribunal de Primera Instancia ha sido objeto de diversas

interpretaciones en cuanto a su alcance y sus efectos en

el Escrutinio General. A fin de cuentas, esta divergencia

de interpretaciones ha ocasionado una impermisible

paralización de facto de todo el proceso de Escrutinio

General, lo cual no podemos permitir por ser una

consecuencia jurídica prohibida en ley. Este Tribunal no

va a permitir que ninguno de los participantes del

Escrutinio General tenga un poder de veto para atrasar la

implantación del mandato de todos los electores.

Por consiguiente, este Tribunal tiene como norte que

este ciclo electoral culmine de la manera más ágil y

transparente ante los ojos de nuestro Pueblo. Ese ha sido

el rol de este Tribunal en la historia de este ciclo

electoral y así continuaremos descargando nuestra

responsabilidad de trazar la ruta de garantizar que no se

atrase irrazonablemente la certificación final de los

candidatos electos, a fin de que cumplan con el mandato

del Pueblo.

Ante este escenario, resulta mandatorio precisar el

alcance de la aludida Sentencia a los fines de que sea CT-2020-24 Cons. CT-2020-25 16

cónsona con los procedimientos ordinarios del Escrutinio

General instrumentado por el Código Electoral. A su vez,

debemos aclarar y particularizar varias medidas

cautelares necesarias, a nuestro juicio, sobre este

asunto. No menos importante, no debe existir margen de

discreción alguno que permita que alguno de los actores

del proceso electoral intente descarrilar la voluntad del

Pueblo o atentar contra los postulados constitucionales

que protegen el derecho al voto. Reiteramos que este

Tribunal no tolerará que intereses partidistas o

particulares pretendan desnaturalizar el proceso

ordinario del Escrutinio General con la introducción de

mini juicios y otras prácticas dilatorias.

Según reseñamos, el Código Electoral recoge

detalladamente en su Artículo 10.7, supra, el propósito,

la naturaleza y el método del Escrutinio General. En lo

que más nos atañe, allí se especifica que el proceso de

Escrutinio General no puede ser paralizado. En ese

sentido, la administración del proceso tiene que

enmarcarse en los parámetros de ese articulado, el cual

delinea que en el Escrutinio General lo que se utilizan

son las Actas de Escrutinio de cada Colegio de Votación y

que sólo se intervendrá, entre otros asuntos, con los

votos añadidos a mano y los votos ausentes y adelantados

recibidos por correo.

Aunque no tenemos duda de que la intención del foro

de instancia no fue paralizar los trabajos del Escrutinio

General, el tracto procesal acontecido con posterioridad

ha tenido el efecto de mantenerlo paralizado. A modo de

ejemplo, la reproducción de seis (6) copias de cada lista CT-2020-24 Cons. CT-2020-25 17

sin que se comience el Escrutinio General es una acción

que dilata irrazonablemente el inicio del mismo. Como

también señalamos, el Código Electoral expresamente

rechaza la paralización del Escrutinio General, por lo

que tales trabajos tienen que continuar su marcha.

Así, apercibimos que ningún funcionario, en ninguna de

sus categorías, puede interferir o dilatar

injustificadamente el Escrutinio General que se lleva a

cabo.

Por tanto, en esta etapa de certificación, al

atender la moción de reconsideración presentada por el

Comisionado Electoral del PNP, así como las solicitudes

de certificación presentadas por este último y el

Presidente de la CEE, junto con las sugerencias de

medidas protectoras, y los escritos de todas las partes

comparecientes, se precisa el alcance y los efectos de la

sentencia del Tribunal de Primera Instancia. De este

modo, ordenamos y disponemos lo siguiente:

(1) El Escrutinio General, según mandata el Código

Electoral, no podrá ser paralizado, excepto por los

procesos de descanso rutinario. Así, el escrutinio

operará de forma continua y ágil; garantizando que se

cuente todo voto emitido por elector autorizado en Ley

para ejercer dicho voto y que el escrutinio se culmine

en un término razonable. Los Comisionados Electorales de

todos los partidos políticos en propiedad que componen

el pleno de la CEE y sus representantes en el proceso de

escrutinio, deberán actuar proactivamente para que el CT-2020-24 Cons. CT-2020-25 18

Escrutinio General continúe ininterrumpidamente. Esta

actuación deberá incluir el proveer la presencia de sus

funcionarios en las correspondientes mesas de

escrutinio, al momento de comenzar los trabajos cada día

y hasta el cierre de operaciones de dicho día, y que los

mismos procedan con el escrutinio. Se entenderá que el

partido que no tenga sus funcionarios presentes está

renunciando a su representación en balance en la mesa

correspondiente.

(2) Este Tribunal no va a permitir la paralización o

el poder de veto de ningún partido por encima del mandato

del Pueblo y de los procesos instrumentados en Ley. En

ese sentido, se instruye a la CEE que no podrá paralizar

la totalidad de las mesas donde se realiza el Escrutinio

General y que cualquier divergencia en una mesa

particular se atenderá a base de los niveles jerárquicos

que establecen las normas reglamentarias de la CEE.

(3) En la medida en que se detecte que un votante ha

emitido voto adelantado y voto añadido a mano, se deberá

referir dicho asunto al pleno de la CEE para que pueda

atender el asunto. La CEE referirá a las agencias de

investigación, tales como el Departamento de Justicia

estatal y federal y cualquier otra agencia con capacidad

similar, para que realicen la pesquisa que corresponda

y, de ser necesario, se procese dicha situación.

(4) El hallazgo de un intento de doble votación, no

evitará que continúe el Escrutinio General, procediendo

con la exclusión del voto emitido en el colegio de

añadido a mano del elector en controversia. Una vez CT-2020-24 Cons. CT-2020-25 19

remitida la situación al pleno de la CEE, se continuará

el proceso de escrutinio en la mesa.

(5) Las listas de cada precinto serán divulgadas a

los funcionarios electorales concernidos cuando se abra

el maletín correspondiente a ese precinto.

(6) En atención a las órdenes protectoras solicitadas,

se dispone que solamente los funcionarios de las mesas

correspondientes tendrán acceso a la lista concernida y

que sea objeto de trabajo del precinto en particular.

(7) A fin de salvaguardar la secretividad del

derecho al voto y con ello las garantías de

confidencialidad sobre la información sensitiva protegida

por el ordenamiento estatal y federal, se prohíbe el

traslado de las aludidas listas fuera del área de la sede

del Escrutinio General.7 Esto se hace para salvaguardar

los derechos de todos los electores.

(8) Una vez culminado el Escrutinio General, las

listas objeto de controversia en este recurso serán

custodiadas por la Comisión y su uso ulterior tendrá que

ser sustentado en derecho.

(9) A fin de no desvirtuar la naturaleza del

Escrutinio General, se precisa que los representantes de

los cinco (5) partidos tendrán acceso a las listas sin

necesidad de reproducir cinco (5) copias adicionales a

cada uno de los partidos. De ese modo, se permitirá una

Precisamente, ese es el reclamo de varios electores 7

que alegan emitieron su voto por adelantado y solicitan intervención en este pleito judicial para salvaguardar sus derechos constitucionales. Así, se declara con lugar, en ese extremo la Moción de intervención bajo la Regla 21.1 de Procedimiento Civil, presentada por la Sra. Julia Eva Pesquera Morales y otros. CT-2020-24 Cons. CT-2020-25 20

sola copia, adicional a la lista original. Una vez

utilizada, la copia será decomisada y la lista original

custodiada conforme a lo ordenado en el inciso anterior.

(10) Reiteramos que la discrepancia en una mesa no

será óbice para paralizar la totalidad del Escrutinio

General; tampoco el retiro voluntario o por falta de

recursos humanos de cualquier partido político. En caso

de que uno o varios partidos políticos retiren a su

personal o no se presenten por falta de recursos humanos,

será deber del Director de Escrutinio y de los miembros

de la Comisión, garantizar que los representantes del

partido político o los partidos políticos restantes

continúen el proceso de escrutinio junto a un

representante del interés público, cuya designación recae

en el Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones.

(11) Apercibimos a todos los funcionarios

electorales que laboran o son voluntarios en el

Escrutinio General que el incumplimiento con lo aquí

ordenado por este Tribunal conllevará el referido para el

inicio de un procedimiento de desacato y el referido a

las autoridades estatales y federales pertinentes.

Así modificada, se confirma la Sentencia del

Tribunal de Primera Instancia y se instruye a la CEE y a

todos sus componentes el fiel cumplimento con lo ordenado

en esta Opinión y Sentencia.

Notifíquese inmediatamente por correo electrónico y

por la vía telefónica esta Opinión Per Curiam y Sentencia

a todas las partes.

Se dictará Sentencia de conformidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Olvin A. Valentín Rivera, en su capacidad oficial como Comisionado Electoral del Movimiento Victoria Ciudadana

v. CT-2020-0024 Cons. Hon. Francisco J. Rosado CT-2020-0025 Colomer, en su capacidad oficial como Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, et als.

Olvin A. Valentín Rivera, en su capacidad oficial como Comisionado Electoral del Movimiento Victoria Ciudadana

Recurridos

Hon. Francisco J. Rosado Colomer, en su capacidad oficial como Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, et als.

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente Sentencia, en esta etapa de certificación, al atender la moción de reconsideración presentada por el CT-2020-24 Cons. CT-2020-25 2

Comisionado Electoral del PNP, así como las solicitudes de certificación presentadas por este último y el Presidente de la CEE, junto con las sugerencias de medidas protectoras, y los escritos de todas las partes comparecientes, se precisa el alcance y los efectos de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia. De este modo, ordenamos y disponemos lo siguiente:

(1) El Escrutinio General, según mandata el Código Electoral, no podrá ser paralizado, excepto por los procesos de descanso rutinario. Así, el escrutinio operará de forma continua y ágil; garantizando que se cuente todo voto emitido por elector autorizado en Ley para ejercer dicho voto y que el escrutinio se culmine en un término razonable. Los Comisionados Electorales de todos los partidos políticos en propiedad que componen el pleno de la CEE y sus representantes en el proceso de escrutinio, deberán actuar proactivamente para que el Escrutinio General continúe ininterrumpidamente. Esta actuación deberá incluir el proveer la presencia de sus funcionarios en las correspondientes mesas de escrutinio, al momento de comenzar los trabajos cada día y hasta el cierre de operaciones de dicho día, y que los mismos procedan con el escrutinio. Se entenderá que el partido que no tenga sus funcionarios presentes está renunciando a su representación en balance en la mesa correspondiente.

(2) Este Tribunal no va a permitir la paralización o el poder de veto de ningún partido por encima del mandato del Pueblo y de los procesos instrumentados en Ley. En ese sentido, se instruye a la CEE que no podrá paralizar la totalidad de las mesas donde se realiza el Escrutinio General y que cualquier divergencia en una mesa particular se atenderá a base de los niveles jerárquicos que establecen las normas reglamentarias de la CEE.

(3) En la medida en que se detecte que un votante ha emitido voto adelantado y voto añadido a mano, se deberá referir dicho asunto al pleno de la CEE para que pueda atender el asunto. La CEE referirá a las agencias de investigación, tales como el Departamento de Justicia estatal y federal y cualquier otra agencia con capacidad similar, para que realicen la pesquisa que corresponda y, de ser necesario, se procese dicha situación.

(4) El hallazgo de un intento de doble votación, no evitará que continúe el Escrutinio General, procediendo con la exclusión del voto emitido en el colegio de añadido a mano del elector en controversia. Una vez remitida la situación al pleno de la CEE, se continuará el proceso de escrutinio en la mesa. CT-2020-24 Cons. CT-2020-25 3

(5) Las listas de cada precinto serán divulgadas a los funcionarios electorales concernidos cuando se abra el maletín correspondiente a ese precinto.

(6) En atención a las órdenes protectoras solicitadas, se dispone que solamente los funcionarios de las mesas correspondientes tendrán acceso a la lista concernida y que sea objeto de trabajo del precinto en particular.

(7) A fin de salvaguardar la secretividad del derecho al voto y con ello las garantías de confidencialidad sobre la información sensitiva protegida por el ordenamiento estatal y federal, se prohíbe el traslado de las aludidas listas fuera del área de la sede del Escrutinio General. Esto se hace para salvaguardar los derechos de todos los electores.8

(8) Una vez culminado el Escrutinio General, las listas objeto de controversia en este recurso serán custodiadas por la Comisión y su uso ulterior tendrá que ser sustentado en derecho.

(9) A fin de no desvirtuar la naturaleza del Escrutinio General, se precisa que los representantes de los cinco (5) partidos tendrán acceso a las listas sin necesidad de reproducir cinco (5) copias adicionales a cada uno de los partidos. De ese modo, se permitirá una sola copia, adicional a la lista original. Una vez utilizada, la copia será decomisada y la lista original custodiada conforme a lo ordenado en el inciso anterior.

(10) Reiteramos que la discrepancia en una mesa no será óbice para paralizar la totalidad del Escrutinio General; tampoco el retiro voluntario o por falta de recursos humanos de cualquier partido político. En caso de que uno o varios partidos políticos retiren a su personal o no se presenten por falta de recursos humanos, será deber del Director de Escrutinio y de los miembros de la Comisión, garantizar que los representantes del partido político o los partidos políticos restantes continúen el proceso de escrutinio junto a un representante del interés público, cuya designación recae en el Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones.

(11) Se apercibe a todos los funcionarios electorales que laboran o son voluntarios en el Escrutinio General que el incumplimiento con lo aquí ordenado por este Tribunal

8 Precisamente, ese es el reclamo de varios electores que alegan emitieron su voto por adelantado y solicitan intervención en este pleito judicial para salvaguardar sus derechos constitucionales. Así, se declara con lugar, en ese extremo la Moción de intervención bajo la Regla 21.1 de Procedimiento Civil, presentada por la Sra. Julia Eva Pesquera Morales y otros. CT-2020-24 Cons. CT-2020-25 4

conllevará el referido para el inicio de un procedimiento de desacato y el referido a las autoridades estatales y federales pertinentes.

Así modificada, se confirma la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia y se instruye a la CEE y a todos sus componentes el fiel cumplimento con lo ordenado en esta Opinión y Sentencia.

Notifíquese inmediatamente por correo electrónico y por la vía telefónica esta Opinión Per Curiam y Sentencia a todas las partes.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Martínez Torres emite la siguiente expresión:

El fundamento de las opiniones disidentes de la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez y del Juez Asociado señor Colón Pérez no es jurídico, lamentablemente. Es, en realidad, esto que aparece en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=-HuGpc3I_pw “.

La Jueza Asociada señora Pabón Charneco emitió la siguiente expresión de conformidad, a la cual se unen los Jueces Asociados señores Rivera García y Feliberti Cintrón:

La protección del disfrute pleno de los derechos constitucionales no tiene descanso. Estos pueden ser vulnerados de noche, fuera de horas laborables o días festivos. Por ello, no cabe hablar de un Tribunal General de Justicia que cesa operaciones en estricto sentido. Más bien, se trata de una Rama de Gobierno que opera continuamente para salvaguardar los derechos que requieren de urgente atención. Como imperativo de nuestras funciones constitucionales no podemos pausar la consecución de la justicia. En otras palabras, no hay cabida para un “fin de semana largo” en nuestros calendarios. Asimismo, como Jueces y Juezas del Tribunal Supremo de Puerto Rico, y con pleno conocimiento de las responsabilidades que nuestro cargo conlleva, tenemos la obligación, dentro de nuestra capacidad humana, de estar disponibles por distintos medios para resolver las controversias que se nos presentan.

Mediante la Orden OAJP-2019-056, se decretó un cierre total de los tribunales el 20 de noviembre de 2020 por razones administrativas. Sin embargo, esto no impidió que CT-2020-24 Cons. CT-2020-25 5

la parte peticionaria presentara electrónicamente a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) un recurso de Certificación Intrajurisdiccional y una Moción Urgente en Auxilio de Jurisdicción sobre un asunto de alto interés público. Tampoco impidió la comunicación directa y constante entre todos los Jueces y las Juezas que componen este cuerpo colegiado a través de diversos medios y plataformas electrónicas, conforme ha sido nuestra costumbre durante la pandemia por coronavirus. Ciertamente la consideración de este asunto conllevó que algunos de nosotros detuviéramos actividades personales y familiares para examinar la controversia presentada, pero es que el cierre total decretado de ninguna forma debe dilatar nuestro deber de atender controversias, principalmente aquellas de índole electoral que pueden afectar derechos constitucionales o la estabilidad política del país.

Por otra parte, aprovecho para puntualizar que lo acordado por voto mayoritario durante el cierre administrativo fue expedir la Certificación Intrajurisdiccional y para nada se entró a resolver en los méritos la controversia. A fin de considerar la controversia en su fondo, todos los miembros de este Tribunal tuvimos el tiempo justo que ameritan estas controversias de alto interés público para estudiar detenidamente los planteamientos de las partes y, tras circularse la ponencia, determinar si estábamos o no de acuerdo con la postura promovida. De ahí que son ilusorias las expresiones de los compañeros que aluden a un atropellado curso de acción. Este Tribunal tiene la misma responsabilidad de actuar con el sentido de urgencia que le imparten nuestros jueces de instancia a controversias de esta naturaleza.

No podemos perder de perspectiva que las elecciones generales ocurrieron hace más de dos (2) semanas, y estando a casi un (1) mes de culminar el año, en este caso se justificaba un trámite judicial expedito. Las emergencias electorales no pueden esperar a ser evaluadas el próximo “día laborable”; deben atenderse con la celeridad que ameritan las circunstancias. CT-2020-24 Cons. CT-2020-25 6

El Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo emitió la siguiente expresión de conformidad:

Mejor que la sentencia de un tribunal es el acuerdo armonioso entre las partes. Ahora bien, un acuerdo requiere que la permanencia del conflicto no sea en realidad el propósito que se persigue, y que la buena fe realmente lo sea. Con relación a este asunto, esperamos no tener que volver a dictar sentencia.

La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez, la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez y el Juez Asociado señor Colón Pérez emitieron Opiniones Disidentes.

José Ignacio Campos Pérez Secretario del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Olvin A. Valentín Rivera, en su Capacidad Oficial como Comisionado Electoral del Movimiento Victoria Ciudadana

Hon. Francisco J. Rosado Colomer, en su capacidad oficial como Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, et als.

Recurridos CT-2020-0024 cons. con CT-2020-0025 Olvin A. Valentín Rivera, en su Capacidad Oficial como Comisionado Electoral del Movimiento Victoria Ciudadana

Hon. Francisco J. Rosado Colomer, en su capacidad oficial como Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, et als.

Opinión disidente que emitió la Jueza Presidenta ORONOZ RODRIGUEZ.

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de noviembre de 2020.

Otra vez Puerto Rico sufre la incertidumbre y la

tensión a causa de los acontecimientos diarios en la

Comisión Estatal de Elecciones (CEE). A tres semanas de

las elecciones, la intranquilidad es dual: no se conoce

con certeza quienes resultaron electos; y el proceso de

conteo está plagado de irregularidades y contratiempos. Es

evidente que no aprendieron la lección del proceso

primarista atropellado y tortuoso que vivimos en agosto de

2020. CT-2020-24 Cons. CT-2020-25 2

La confianza del pueblo en cada etapa del proceso

electoral es indispensable para la integridad de cualquier

elección. La democracia misma descansa en esa confianza.

La ciudadanía tiene el derecho total de participar en las

elecciones y conocer si el proceso electoral es válido o

no. De no serlo, la ciudadanía puede --y debe-- cuestionar

la pulcritud e integridad del mismo. Y es que para que los

ciudadanos participen, entiendan, evalúen y finalmente

acepten el resultado de un proceso electoral como

representativo de su voluntad, la información electoral

para contabilizar los votos legalmente emitidos tiene que

estar accesible. Este es un imperativo fundamental del

principio de transparencia para mantener y reforzar la

confianza del público en las elecciones.

Resulta inaudito que, a estas alturas, el Presidente

de la CEE se resista a reconocer que tiene que ceñirse a

las disposiciones normativas que rigen para conceder

certeza y preservar la pureza de los procesos. Ello se

agrava cuando se sabía que, a raíz de la emergencia de

salud pública y del recién aprobado Código Electoral el

número de electores que solicitaría el voto adelantado se

elevaría exponencialmente. En unas elecciones atípicas en

las que el universo de votos adelantados o ausentes

potenciales sobrepasa los 200,000,9 urge garantizar que el

9 Llama a la atención la cantidad significativa de electores que solicitaron emitir su voto por medio del mecanismo del voto ausente o del voto adelantado para los comicios generales de 2020 en comparación con los electores que emitieron sus votos de esa forma en las CT-2020-24 Cons. CT-2020-25 3

proceso del escrutinio de todos los votos sea de cara al

sol.

Eso es lo que se procura en este caso; un escrutinio

de frente, transparente, pulcro en el cual se logre: (1)

cotejar si todos los electores que votaron por adelantado

solicitaron dicho voto; (2) asegurar que ningún elector

votó dos veces y que, por ende, ningún elector cometió un

delito; y (3) que se pueda adjudicar correctamente el voto

añadido a mano que resta por contabilizar. Eso, por

supuesto, con el imperativo de promover que el proceso

electoral culmine de una vez.

Estoy de acuerdo con confirmar la determinación del

Tribunal de Primera Instancia y con que no se paralice ni

se obstruya del escrutinio general, no estoy conforme con

las modificaciones que realiza este Tribunal y que tienen

el efecto de limitar irrazonablemente el acceso a la

____________________________ elecciones generales de 2016. Sobre el particular, el Comisionado del Movimiento Victoria Ciudadana expresó:

Según información provista por la CEE a diversos medios de comunicación en el país, sobre 227,000 personas solicitaron voto adelantado o voto ausente para las elecciones generales de 2020. De esos solicitantes, ya la CEE ha reportado que un total de 169,364 personas votaron en las elecciones, según constan reportados los votos en las Unidades 74 (Voto Adelantado en Precinto) y 77 (Voto Adelantado a Domicilio, Voto Ausente y Voto por Correo). Dicha cifra, a la que aún falta sumar decenas de miles cTe votos correspondientes a unidades que la CEE reportó sin votos para la noche del evento, es seis (6) veces mayor que la emitida por este concepto en las elecciones de 2016 (26,936), y ya representa un 13.61% de la totalidad de votos reportados por la CEE para las elecciones generales de 2020, una cifra sustancialmente mayor que el 1.69% que dicha cifra representó para las elecciones generales de 2016. Alegato del Comisionado Electoral del Movimiento Victoria Ciudadana, págs. 9-10. CT-2020-24 Cons. CT-2020-25 4

información necesaria precisamente para llevar a cabo ese

proceso rigurosamente. Ante un escenario tan técnico y

complejo, no contamos con la pericia para asegurar que lo

que dispone el Tribunal en realidad asegurará que los

funcionarios electorales puedan cotejar que los votos han

sido adjudicados correctamente y que puedan verificar que

en efecto no existen incongruencias en los votos emitidos.

Confío en que, en consideración de las circunstancias, con

la accesibilidad provista, los representantes de cada

partido en las mesas correspondientes se encargarán de

alertar sobre cualquier irregularidad detectada en el

proceso.

Ahora bien, me distancio marcadamente de toda

expresión del dictamen mayoritario que intime que un

partido político no puede acudir a nuestros tribunales a

exigir transparencia total y absoluta a los funcionarios

gubernamentales responsables de viabilizar el ejercicio

del derecho fundamental a votar.

Además, rechazo enérgicamente el tracto caótico y

altamente irregular de este caso; máxime cuando nuestros

propios reglamentos viabilizan atenderlo con la celeridad

que exige el asunto, sin violentar nuestros propios

reglamentos o darle un trato preferente a algunas partes.

Aunque ciertamente estamos ante una controversia de alto

interés público que amerita resolverse con premura, el

proceder de este Tribunal al acoger un caso que no fue CT-2020-24 Cons. CT-2020-25 5

válidamente presentado, en lugar de proveer confianza,

lacera la imparcialidad que debe caracterizar a esta

institución y termina arrojando más sombra y restándole

fuerza a su determinación judicial.

I

De entrada, encuentro imperativo condenar el trámite

atropellado, irregular y confuso mediante el cual este

Tribunal acogió los recursos que hoy atendemos.

No hay duda que este Tribunal Supremo se considerará

siempre abierto o disponible para los fines de expedir

cualquier mandamiento. Así lo dispone expresamente la

Regla 9 del Reglamento del Tribunal Supremo. No obstante,

insistir que este Tribunal tiene la autoridad de “acoger”

recursos que “recibió” sin que su Secretaría estuviera en

funciones es contrario a la normativa y sienta un

precedente peligroso. No hay duda que tal proceder por

parte de este Tribunal da la impresión y, de hecho, crea

una clase privilegiada de ciudadanos o grupos con acceso

al Tribunal en todo momento, mientras que para la extrema

mayoría de los ciudadanos se les exige circunscribirse a

los horarios de operación de la Secretaría o a la

disponibilidad de un buzón de presentaciones, según

dispuesto por orden administrativa. Me explico.

La Regla 9 del Tribunal Supremo dispone que la

Secretaría del Tribunal estará abierta al público desde

las 8:30 a.m. hasta las 5:00 p.m. Estos horarios pueden, CT-2020-24 Cons. CT-2020-25 6

y como cuestión de hecho, se han extendido por orden

administrativa. De esta manera, según dispone el Código

Electoral de Puerto Rico de 2020, el 15 de octubre de

2020, se adoptó la OAJP-2020-068, mediante la cual anuncié

las medidas judiciales habilitadas para atender asuntos

electorales relacionados con las elecciones generales del

3 de noviembre de 2020. Entre otras disposiciones, la

orden administrativa extendió los horarios de operaciones

de los Centros Judiciales, del Tribunal de Apelaciones y

el Tribunal Supremo, los que permanecerían abiertos en

horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. durante los fines de

semana del 23 al 24 de octubre y el 30 al 31 de octubre de

2020, así como el día de las Elecciones Generales,

celebradas el 3 de noviembre de 2020.

En la citada orden administrativa se consignó que la

plataforma del Sistema Unificado de Manejo y

Administración de Casos (SUMAC) se ampliaba para, además

de recibir los casos electorales de naturaleza civil,

recibir denuncias en casos electorales de naturaleza

criminal. Al examinar esta orden administrativa, así como

todas las órdenes adoptadas con el fin de expandir las

materias atendidas mediante la plataforma del SUMAC, no

puede albergarse duda alguna que estamos ante una

plataforma para el manejo y la presentación de casos ante

el Tribunal de Primera Instancia. El Reglamento del

Tribunal Supremo no ha dispuesto para el perfeccionamiento CT-2020-24 Cons. CT-2020-25 7

de ningún recurso que no sea por la vía ordinaria, es

decir, su presentación en la Secretaría del Tribunal,

siendo llamado el Secretario del Tribunal a ejercer las

facultades de su cargo constatando que el caso no tiene

defectos, asignándole el número que corresponda,

entrándolo a los libros y turnando cualquier recurso para

la atención inmediata del Tribunal, de tratarse de un

auxilio de jurisdicción o recurso extraordinario, como

sería el caso de una certificación intrajurisdiccional,

conforme disponen las Reglas 23 y 24 del Reglamento del

Tribunal Supremo. De hecho, aún en medio de la pandemia,

este Tribunal no ha adoptado medida especial alguna que

altere las normas exigidas para el perfeccionamiento de

los recursos a ser presentados ante nuestra consideración.

Ante este trasfondo, no puedo estar de acuerdo con

que este Tribunal “acoja” una Moción de auxilio de

jurisdicción y una Petición de certificación

intrajurisdiccional presentada por la representación legal

del Comisionado del Partido Nuevo Progresista por la

plataforma de SUMAC el viernes, 20 de noviembre de 2020 la

cual ninguna Secretaría recibió ni tramitó como

corresponde. Tampoco puedo si quiera concebir que se

“acoja” y atienda otra Moción en auxilio de jurisdicción y

Petición de certificación intrajurisdiccional presentada

por la representación legal del Presidente de la Comisión

Estatal de Elecciones un sábado, cuando nada se había CT-2020-24 Cons. CT-2020-25 8

dispuesto sobre la disponibilidad de un buzón de

presentaciones. Las puertas de un tribunal no pueden estar

abiertas de forma selectiva para algunas partes, mientras

el resto de la población tiene que regirse por las normas

vigentes.

Comprendo que está en nuestra facultad atender con

premura un asunto de alto interés público como el que se

encuentra actualmente ante la consideración del Tribunal

de Primera Instancia. Una mayoría de este Tribunal cuenta

con mi apoyo para ejercer nuestras facultades y

prerrogativas para, al amparo del Art. 3.002(f) de la Ley

de la Judicatura de 2003, según enmendada, y el Art. 13.3

(4) del Código Electoral de Puerto Rico de 2020, Ley Núm.

58-2020, certificar motu proprio y traer de manera

inmediata un asunto pendiente ante el Tribunal de Primera

Instancia y que, a todas luces, es del más alto interés

público. No existiendo limitación reglamentaria en cuanto

al momento en que acordamos expedir un mandamiento, no

tengo objeción a atender la pregunta o preguntas medulares

en controversia y que se ventilan en el caso promovido por

el Movimiento Victoria Ciudadana ante el Tribunal de

Primera Instancia. Ello toda vez que coincido en que el

Pueblo de Puerto Rico se merece que sus instituciones le

brinden certeza sobre el ejercicio legítimo de su derecho

al voto, y en consecuencia, se garantice una transición CT-2020-24 Cons. CT-2020-25 9

pacífica, efectiva y adecuada a los funcionarios y

funcionarias electos por este.

No obstante, distinto es certificar un asunto a

petición de parte, cuando ningún recurso se ha

perfeccionado conforme a derecho para nuestra atención.

Es imperativo que nos abstengamos de utilizar de manera

desmedida las facultades que ostentamos y evitemos sentar

un precedente nefasto en un caso de tanta envergadura.

Como institución, hemos adoptado reglamentación y normas

internas que guían el ejercicio de nuestras facultades

constitucionales y nuestra discreción, precisamente para

que, al ejercerlas, no resulten arbitrarias o caprichosas.

Así, nuestro proceder no debe levantar la más mínima duda

de que actuamos de manera particular en reconocimiento de

alguna casta o grupo privilegiado de litigantes con acceso

irrestricto al Tribunal, mientras que a otras partes les

exigimos el cumplimiento con las formalidades y normas

procesales para que puedan lograr que sus reclamos sean

elevados ante nuestra consideración. 10

Habiéndose decretado un cierre administrativo para el

viernes, 20 de noviembre de 2020, es preciso aclarar que

este recurso no constituye un recurso de certificación

intrajurisdiccional emitido a petición de parte alguna, ya

que ningún recurso de esta naturaleza ha sido presentado

10 Este tribunal, nuevamente en un acto altamente irregular, en un mismo acto: certificó, consolidó y resolvió una certificación. Ni siquiera se les dio oportunidad a las partes de refutar este escrito. CT-2020-24 Cons. CT-2020-25 10

ante este Tribunal. Salvo que durante el horario regular

de operaciones de la Secretaría estos recursos se

perfeccionen conforme a la normativa reglamentaria que

rige a este Tribunal. Ninguna Secretaría, ni la del

Tribunal Supremo ni del Tribunal de Primera Instancia

tramitó caso alguno para ser elevado a la atención del

Tribunal con competencia. Es nuestra obligación mantener

la ecuanimidad en las normas procesales que le exigimos a

cada persona que toca nuestras puertas. Para ello, es

imprescindible que cada persona se ciña a lo dispuesto en

el Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Por

ello, este Tribunal no debe tomar “conocimiento judicial”

de los recursos aún no presentados ante el Tribunal

Supremo o aparentar que actúa en base a comunicados de

prensa, entrevistas en radio, reportes en las redes

sociales u otros medios de comunicación masiva.

Finalmente, preciso destacar que como Jueza

Presidenta soy la primera en promover la tecnología como

mecanismo para garantizar el acceso a nuestros foros

judiciales. En consecuencia, uno de los proyectos

principales en el que trabaja la Oficina de Administración

de los Tribunales es el desarrollo de una plataforma para

la presentación electrónica de los recursos apelativos, a

saber, tanto para el Tribunal de Apelaciones como el

Tribunal Supremo. Ahora, en ausencia de esta plataforma

digital para todos, sin distinción, no es permisible CT-2020-24 Cons. CT-2020-25 11

cambiar las reglas del juego a mitad para favorecer a

algunos. Las reglas del juego deben y tienen que ser las

mismas para todos y conocerse de ante mano. Sólo así

existe igualdad de condiciones para acceder a la justicia

y vindicar nuestros derechos. El modo en que tanto el

recurso del Comisionado del PNP y el del Presidente de la

CEE llegan ante nuestra atención será una mancha indeleble

sobre nuestra institución la cual, muy a mi pesar, resulta

totalmente innecesaria. En nuestra carrera por tratar de

salvar el desastre que ha sido la puesta en vigor de un

Código Electoral aprobado a pocos meses del evento

electoral, debimos haber sido firmes, juiciosos y

mesurados en nuestro proceder, de manera que cualquier

determinación que emitamos esté a la altura de lo que el

Pueblo necesita y espera del más Alto Foro.

A.

Corresponde al sistema gubernamental estructurar el

marco

marco normativo legal y administrativo que “propenda a la

realización de un proceso electoral justo, ordenado, libre

de fraude, honesto e íntegro”. PSP v. Com. Estatal de

Elecciones, 110 DPR 400, 405-406 (1980). Ello pues a

través del voto, el pueblo le confiere legitimidad a

nuestra sociedad democrática. Esos preceptos se consagran

a raíz de la garantía constitucional que tiene cada CT-2020-24 Cons. CT-2020-25 12

persona al sufragio universal, igual, directo y secreto.

Const. PR, Art. II, Sec. 2, LPRA, Tomo I.

De esa forma, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE)

—como organismo responsable de planificar y dirigir los

procedimientos electorales— tiene la obligación en Ley de

“[g]arantizar que los servicios, procesos y eventos

electorales se planifiquen organicen y realicen con

pureza, transparencia, seguridad, certeza, rapidez,

accesibilidad […] libre de fraude y coacción”. (Énfasis

suplido). Art. 3.1, Código Electoral.

Conforme a ese cuerpo normativo, el Presidente de la

CEE es “la máxima autoridad ejecutiva y administrativa de

la Comisión”. Art. 3.8, Código Electoral. Así, este es

“responsable de supervisar los servicios, procesos y

eventos electorales en un ambiente de absoluta pureza e

imparcialidad”. (Énfasis Suplido). Íd. En el desempeño de

esa encomienda, el Código Electoral le exige al Presidente

de la CEE “[c]umplir y hacer cumplir las disposiciones

de[l Código], la Constitución de Puerto Rico y de Estados

Unidos de América”, así como las disposiciones de “los

reglamentos electorales que, por virtud de ley, sean

aprobados por la Comisión y los acuerdos unánimes de los

Comisionados Electorales”. (Énfasis suplido). Art. 3.8(1),

Código Electoral.

En virtud de esas exigencias estatutarias, la CEE y

su Presidente están obligados a garantizar que los CT-2020-24 Cons. CT-2020-25 13

mecanismos instados por virtud de Ley para promover la

certeza y transparencia de los comicios se sigan

rigurosamente. Ese deber ministerial es indudable. Este, a

su vez, constituye un requisito indispensable para toda

sociedad democrática.

Cónsono con ese principio, el Reglamento de Voto

Ausente y Voto Adelantado de Primarias 2020 y Elecciones

Generales y Plebiscito 2020 (Reglamento de Voto Ausente)

dispone que las subjuntas de la Junta Administrativa de

Voto Ausente y Adelantado (JAVAA) están encargadas de,

entre otras responsabilidades:

Coordinar[] con la OSIPE la entrada de datos para la impresión de las listas de solicitantes al cierre del registro de voto ausente y adelantado por categoría, de las cuales se entregará preferiblemente en formato digital al representante de cada partido político, veinte (20) días antes de la celebración de la Primaria o Elección General y el Plebiscito. (Énfasis suplido). Sec. 2.3(D)(6), Reglamento de Voto Ausente.

El deber que se desprende de esa disposición

garantiza que los representantes de cada partido político

tengan ante sí herramientas que provean certeza y

promuevan la pureza de los procesos electorales. En este

caso en particular, no queda duda de que el Presidente de

la CEE actuó conforme a su deber ministerial al conceder —

por estipulación de este y de todos los Comisionados— una

de las dos peticiones que hizo el Comisionado del

Movimiento Victoria Ciudadana. Esto es, la entrega de una CT-2020-24 Cons. CT-2020-25 14

lista final certificada por los representantes de la JAVAA

de todos los partidos que comprendiera los electores que

solicitaron el voto adelantado y el voto ausente para las

elecciones generales del 2020.11

B.

Ahora bien, pertinente a la controversia ante

nosotros, correspondía que determináramos si el Tribunal

de Primera Instancia erró al exponer que existe un deber

ministerial de entregar listas de electores que, al

presente, se han identificado como que han votado por

cualquiera de las categorías de voto adelantado o voto

ausente.

Sobre el particular, el Manual de Procedimientos de la

Unidad de Añadidos a Mano Elecciones Generales y

Plebiscito 2020 (Manual de Añadidos a Mano) viabiliza el

mecanismo de los electores añadidos a mano, según lo

permite el Art. 9.15 del Código Electoral. Estos son

aquellos electores que no aparecen en la lista de votación

del colegio al que acudieron a votar y que alegan que esa

omisión corresponde a algún error administrativo por parte

de la CEE. A estos electores se les garantiza la

oportunidad de emitir su voto, sujeto al resultado de la

investigación de rigor que se realice. El fin de esa

investigación es determinar que ese elector, en efecto,

11Alegato del Comisionado Electoral del Movimiento Victoria Ciudadana, págs. 14-15. Según el Comisionado Electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), la CEE entregó las listas certificadas el 18 de noviembre de 2020. CT-2020-24 Cons. CT-2020-25 15

podía votar en ese colegio y evitar la duplicidad de los

votos por un solo elector.

En lo pertinente, el Manual de Añadidos a Mano impone

mecanismos para asegurar que un elector no haya votado dos

veces. Lo anterior, por ejemplo, cuando un elector emite

su voto a través del mecanismo del voto adelantado y,

adicionalmente, se presenta a uno de los colegios a votar.

Entre otros detalles, el Manual dispone la forma en que se

investigará cada caso, dependiendo a cuál de dos

categorías pertenece el elector que se persona: (1)

electores activos, o (2) electores inactivos, excluidos o

que no aparecen con récord en una primera búsqueda. El

Manual dispone que cuando el elector está activo en el

Registro General de Electores, la Junta:

Cotejará[] los activos contra las Certificaciones de "exclusiones", listas de voto por correo, voto a domicilio, voto adelantado en el precinto y voto ausente. De esta forma se podrá determinar si votaron adelantado, ausente, en colegio fácil acceso, domicilio o excluido por cualquier otra causal. Todo caso activo que aparezca en dichos listados de exclusión será rechazado siempre y cuando no haya un documento que demuestre lo contrario (Certificación de Inclusión de Secretaría). (Énfasis Suplido). Art. IV(3)(c)(a).

De lo anterior se desprende que, para propósitos del

mecanismo viabilizado para los electores Añadidos a Mano,

es esencial que exista una lista en la que consten los

electores de voto adelantado y ausente, por lo menos en

las categorías que allí se disponen. ¿Cómo más se iba a

determinar si un elector que emitió su voto mediante el CT-2020-24 Cons. CT-2020-25 16

mecanismo de Añadido a Mano no votó también a través del

voto adelantado o el voto ausente? Por lo tanto, para que

la Junta de Añadidos a Mano pueda realizar efectivamente

su labor, es imprescindible que esta cuente con la

documentación pertinente que le permita verificar si ese

voto puede adjudicarse. Lo anterior funciona como una

medida para detectar el intento de fraude y preservar la

transparencia de los procesos. En vista de lo anterior, es

innegable que la CEE y su Presidente tienen el deber de

asegurarse de que los funcionarios que forman parte del

escrutinio, en representación de cada partido político,

tienen acceso a las listas que permitan ejercer esas

funciones.

III

No existe duda de que el Código Electoral, supra,

impone la necesidad de que el Escrutinio General

transcurra de manera ininterrumpida hasta su terminación.

Art. 10.7, Código Electoral. No obstante, los tribunales

debemos estar disponibles para atender las controversias

que surjan al amparo de los cuestionamientos bona fide que

se levantan en aras de promover la transparencia en un año

electoral que, desafortunadamente, se ha caracterizado por

trazar un patrón de incompetencia administrativa sin

precedentes en nuestra Isla. Aunque coincido con que los

remedios que provee una Mayoría de este Tribunal

promovería la movilización del escrutinio, es menester CT-2020-24 Cons. CT-2020-25 17

reiterar que el interés de mantener cierta celeridad de

los procesos no puede funcionar como un subterfugio para

pasar por alto posibles violaciones o delitos que se

identifiquen en el proceso. Precisamente, el Presidente de

la CEE no hubiese entregado las listas certificadas de los

electores que solicitaron el voto adelantado y el voto

ausente —así como se le exige ahora que presente las

listas correspondientes, en las instancias dispuestas por

Ley— si el Comisionado del Movimiento de Victoria

Ciudadana no hubiese presentado ante nuestros tribunales

el recurso que originó la controversia que hoy atendemos.

En esa línea, es importante reiterar que la

“onerosidad” o la incapacidad administrativa para proveer

el acceso a información indispensable para que los

representantes de los partidos lleven a cabo sus funciones

como garantes del proceso no puede ser un impedimento –-o

servir de pretexto-- para facilitar un escrutinio

transparente. Reitero, la CEE tiene que viabilizar el

ejercicio del derecho al voto, pero además, tiene que

garantizar la integridad del proceso para que su

contabilización se de en un marco de transparencia total.

Tras el desasosiego y la vergüenza que ha causado

todo este ciclo electoral, el Poder Judicial –como ha

hecho antes-- tenía que proveer los remedios que devuelvan

al Pueblo la confianza en nuestra capacidad de llevar a

cabo estos ejercicios electorales sin mancha sobre sus CT-2020-24 Cons. CT-2020-25 18

resultados. Revelar y hacer accesible la información para

que los funcionarios electorales cuenten todos los votos,

es el antídoto para hacer desvanecer cualquier sombra que

se arroje sobre la pureza del proceso electoral. Que no

quede duda. Este asunto no es de poca monta. Se trata del

derecho fundamental que sirve como base para el resto de

nuestros derechos.

Maite D. Oronoz Rodríguez Jueza Presidenta EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Olvin A. Valentín Rivera, en su capacidad oficial como Comisionado Electoral del Movimiento Victoria Ciudadana

Hon. Francisco J. Rosado Colomer, en su capacidad oficial como Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, et als.

Promovidos CT-2020-0024 Certificación Cons. Intrajurisdiccional Olvin A. Valentín Rivera, en CT-2020-0025 su capacidad oficial como Comisionado Electoral del Movimiento Victoria Ciudadana

Hon. Francisco J. Rosado Colomer, en su capacidad oficial como Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, et als.

Opinión Disidente emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez

San Juan, Puerto Rico, a 23 de noviembre de 2020

Lo que está involucrado, pues, es algo más profundo que la corrección del resultado en un caso u otro. Está en juego la percepción de la comunidad sobre la competencia y la legitimidad del Tribunal Supremo, ingredientes esenciales de cualquier democracia constitucional. CT-2020-24 Cons. CT-2020-25 2

Efrén Rivera Ramos, Las tendencias del Tribunal Supremo Cuando escribió su libro azul rubén darío no era verde? no era escarlata rimbaud, góngora de color violeta? y víctor hugo tricolor? y yo a listones amarillos? se juntan todos los recuerdos de los pobres de las aldeas? y en una caja mineral guardan sus sueños los ricos?

Pablo Neruda, cuando escribió su libro azul

En época eleccionaria, sobre todo, desciende una

densa nube de pigmento azul añil y se asienta sobre este

Tribunal, nublando el entendimiento y discernimiento de la

mayoría. ¡Qué mejor ejemplo que este caso!

Comienzo apuntando que NUNCA en mis dieciséis años en

este Tribunal se había certificado una Resolución -

particularmente en casos de gran resonancia- sin que se

hiciera constar el criterio de quienes no estuvieron de

acuerdo; siempre que las expresiones disidentes se

circularan previo a que se certifique la Resolución.

Siempre se espera, aunque ello suponga un retraso de la

hora de certificación propuesta. Esa había sido la

práctica inmemorial de ESTE Tribunal y sus jueces, por lo

menos, hasta el viernes pasado.

En esta ocasión, la mayoría del Tribunal censuró la

expresión disidente de los jueces que no estábamos

contestes con el curso mayoritario, haciendo constar,

erróneamente, que no habíamos intervenido. El disenso

nuestro se basó en que, en propiedad, NO TENÍAMOS UN CASO CT-2020-24 Cons. CT-2020-25 3

ANTE NUESTRA CONSIDERACIÓN, por lo que “acoger” la

certificación de epígrafe era una actuación en claro

menosprecio del Reglamento de este Tribunal.12 Los casos se

presentan ante este Tribunal en su Secretaría antes de las

5:00 pm. Véanse, Reglas 17 y 48 del Reglamento del

Tribunal Supremo.13 Tal parece que hay unos litigantes

para con quienes la mayoría tiene una visión muy flexible

de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Si no teníamos un caso en propiedad, ¿qué certificamos?

¿un comunicado de prensa que algún juez leyó? ¿Por qué no

esperar al día de hoy, cuando ya se había anunciado que se

presentaría el caso ante este Tribunal?

El proceso atropellado de “acoger” la presente

certificación el pasado viernes en la noche -carente de

prudencia, viciado y contumaz de la mayoría- deslegitima

la Opinión que hoy se certifica y empaña aún más la imagen

de imparcialidad y seriedad de esta Institución.14 No puedo

12 La pretendida explicación contenida en la nota al calce cinco (5) resulta una excusa más patética que trágica. 13 En el contexto de un recurso de revisión, este Tribunal

había indicado lo siguiente interpretando nuestro Reglamento: “El recurso de revisión se formalizará presentado una solicitud en la Secretaría del Tribunal Supremo, con exclusión de todo otro lugar o método es parte vital de las garantías de certeza, rectitud y seguridad que deben rodear todos los procedimientos judiciales.” Tim Manufacturing v. Shelley Enterprises, 107 DPR 530, 534 (1978). 14 Como miembros de la clase togada, les recordamos a los

peticionarios que un recurso que tiene como propósito la revisión de actuaciones y determinaciones de un foro inferior ante un foro de mayor jerarquía no es una carta blanca para criticar sin fundamento las actuaciones del juez que presidió el caso. Ciertamente, el proceder del CT-2020-24 Cons. CT-2020-25 4

ser partícipe de este fusilamiento sistémico de nuestras

instituciones, que -como secuela del flujo y reflujo de la

marea- hemos estado observando en años recientes.

En lo concerniente a los méritos de la controversia

ante nuestra consideración, no hay duda: la interpretación

judicial de este nuevo Código Electoral y sus reglamentos-

el apego al texto y el amparo al espíritu de la ley o a

otras consideraciones universales de justicia- dependerá

de qué parte es la que saldrá favorecida ante cualesquiera

de los exámenes a los que se someta la controversia. Sin

ambages, ante estas circunstancias, el resultado

predeterminado -y no la normativa vigente o los principios

básicos de Derecho- traza el mapa y la estrategia. Ante

cada controversia de naturaleza electoral, un puñado de

jueces nos enfrentamos a un juego de laberinto en el cual

ya sabemos qué nos espera luego de superados los escollos

del camino. Esto, desde antes de adentrarnos al mismo:

basta emplear un somero análisis de las partes de

epígrafe. Si los postulados más elementales de la

democracia desconvienen y se presentan como obstáculos…

“such is life”.

El ejercicio de hermenéutica y las consecuentes

interpretaciones acogidas por la mayoría de este Tribunal

al momento de resolver una controversia se presenta como ____________________________ foro primario no se desvió de los contornos de la normativa vigente y no constituyó una actuación comprendida dentro de lo que generalmente se cataloga como pasión, prejuicio o parcialidad. CT-2020-24 Cons. CT-2020-25 5

consecuencia directa de la desastrosa redacción del Código

Electoral de Puerto Rico de 2020. Al interpretar las

disposiciones de éste, se sigue un patrón inconsistente e

incoherente - ¡vaya contradicción! - que, analizado ante

la totalidad de las circunstancias, no es fortuito.

Veamos.

En Gautier Vega et al. v. Com. Electoral PNP, 2020

TSPR 124, 205 DPR ____ (2020), este Tribunal validó el

acuerdo de los Comisionados Electorales que enmendaba el

Art. 5.17 del Código Electoral de Puerto Rico de 2020 para

extender el término para presentar recusaciones. Diez (10)

días después, en Suárez Molina v. Comisión Local de

Elecciones de Cataño, et al., 2020 TSPR 129, 205 DPR____

(2020), este Tribunal -lo que bien se catalogó como un

acto de malabarismo jurídico- resolvió que, ante el

principio de especialidad, en los casos de una recusación

contra un elector debía prevalecer el procedimiento

particular establecido para la revisión de la decisión de

la Comisión Local dispuesto en el Art. 5.16 del Código

Electoral de 2020. Ello, a pesar de que dicho artículo

contenía una frase que expresamente exceptuaba de su

aplicación las recusaciones por domicilio.

Para llegar a esta conclusión, una mayoría de este

Tribunal entendió que la inclusión de dicha excepción

constituyó un error de redacción del legislador al copiar

el texto de la ley anterior y que -sorprendentemente para CT-2020-24 Cons. CT-2020-25 6

nadie- la verdadera intención del legislador respondía a

la interpretación más cónsona con los argumentos

presentados por el Comisionado Electoral del Partido Nuevo

Progresista.

Por último, cinco (5) días después de resuelto lo

anterior, este Tribunal emitió la Opinión de Gautier Vega

v. Comisión Estatal del Elecciones v. Sánchez Alvarado,

2020 TSPR 131, 205 DPR ___. Nuevamente, nos encontrábamos

ante una controversia en la que el infausto Código

Electoral vigente carecía de respuesta que propendiera a

solucionar una alegada disyuntiva. Ante la interrogante

sobre el curso de acción a seguir en las instancias en las

que los electores que emitieron su voto mediante correo

postal omitieron incluir copia de una identificación

válida, este Tribunal determinó que el proceder del

Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) -

enmendar el borrador del Manual para el procedimiento de

voto adelantado por correo para las Elecciones Generales y

el Plebiscito de 2020 (Manual) a los efectos de

concederles a dichos electores un plazo para subsanar esa

deficiencia- fue válido y razonable.

Sin embargo, resulta inconcebible imaginar que

durante la aprobación del Código Electoral de Puerto Rico

de 2020 y su Reglamento no se previó el escenario que

originó la controversia ante nuestra consideración: es

decir, que el elector que ejerciera su derecho al voto por CT-2020-24 Cons. CT-2020-25 7

correo no incluyera una copia de su identificación

electoral o cualquier otra identificación con foto

autorizada por el Código Electoral. De hecho, estoy

convencida de que ese escenario fue ponderado y fue éste,

precisamente, el detonante de la inclusión expresa de la

advertencia que dictó que la validación de los votos

recibidos por correo “estar[ía] sujeta a que el Elector

haya incluido la copia de su tarjeta de identificación

electoral o cualquier otra identificación con foto vigente

autorizada por esta Ley”. Art. 9.39 del Código Electoral

de 2020. Esta disposición -que pretendía asegurar la

pureza y confiabilidad en la emisión y adjudicación de

votos adelantados por correo- se incluyó íntegramente en

el Reglamento de Voto Ausente y Voto Adelantado de 2020,

pero fue aniquilada por el Manual cuyo borrador fue

enmendado de manera ultra vires por el Presidente de la

CEE, y subsiguientemente aprobado.15

Así, ante la reiterada imposibilidad de interpretar y

aplicar adecuadamente las disposiciones del nuevo Código

Electoral, una mayoría de los integrantes de este Tribunal

ha recurrido a arrogarse las funciones propias del

Presidente de la CEE para dictaminar cómo han de

15 Lo anterior, puesto que parecería ser que la figura del Presidente de la CEE, según en el Código Electoral de 2020, es la de un ser omnipotente y todopoderoso. Véase Art. 3.8 del Código Electoral de 2020, inciso 18. (donde se le confiere la facultad para “[r]ealizar todos aquellos otros actos necesarios y convenientes para el cumplimiento de esta ley”.). CT-2020-24 Cons. CT-2020-25 8

conducirse los procedimientos relacionados con el

Escrutinio General. Esta presidencia ad hoc se instituye

sin precedentes, sin jurisdicción y sin fundamento

jurídico alguno. Cabe cuestionarse pues, si realmente se

procuró aclarar el contenido de la orden dictada por el

foro primario o si -por el contrario- la presunta falta de

claridad de la orden constituyó el subterfugio idóneo para

adquirir control de un proceso electoral plagado de

irregularidades que no pueden ser subsanadas por un

listado enumerado de instrucciones y amenazas

inejecutables.

Resulta evidente, entonces, que si bien el Código

Electoral aprobado precipitadamente fue diseñado para

favorecer y garantizar determinados resultados

electorales, ese diseño amañado que permite jugar con los

dados cargados no ha podido ser administrado eficazmente

por aquéllos que lo idearon, como lo han demostrado todas

las controversias presentadas ante este Tribunal. Como se

puede apreciar, las Opiniones emitidas por este Tribunal

en materia electoral en estos pasados meses han tendido a

favorecer las determinaciones de la Comisión Estatal de

Elecciones y las posturas del Comisionado Electoral del

Partido Nuevo Progresista, cuyos argumentos -curiosamente-

resultan ser intercambiables, tal como si se tratara de

Hidra de Lerna, el monstruo con varias cabezas de la

mitología griega. CT-2020-24 Cons. CT-2020-25 9

A la luz de lo anterior y tomando en cuenta lo que

hemos venido observando a partir del evento electoral del

3 de noviembre, parece ser que el presidente Trump y su

afamado abogado, Rudolph Giuliani, en esa búsqueda de

timos o anomalías electorales en la que están inmersos,

han perdido su tiempo buscándolas en los procesos de

Georgia, Pennsylvania, Michigan o Arizona cuando sólo

tenían que venir a Puerto Rico y allegarse a la Comisión

Estatal de Elecciones para encontrarlas.

Por todo lo anterior, DISIENTO ENÉRGICAMENTE de las

contorciones legales utilizadas para asumir jurisdicción

sobre la presente controversia. Sin realmente pautar

Derecho, la intervención de este Tribunal constituye más

bien un ejercicio impropio de paternalismo judicial que se

limita a emitir una especie de lista de cotejo con el

único fin de dictar a la Comisión Estatal de Elecciones

cómo ha de ejercer las funciones para las cuales fue

creada y que justifican su existencia en nuestro

ordenamiento electoral.

Anabelle Rodríguez Rodríguez Juez Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Olvin A. Valentín Rivera, en su capacidad oficial como Comisionado Electoral del Movimiento Victoria Ciudadana

Peticionario v. CT-2020-0024 Certificación Hon. Francisco J. Rosado Cons. Colomer, en su capacidad CT-2020-0025 oficial como Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones; et als.

Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor COLÓN PÉREZ.

En San Juan, Puerto Rico a 23 de noviembre de 2020.

Maletines apareciendo. Maletines por buscar.

Papeletas contadas. Papeletas sin contar.

Votos adjudicados. Votos sin adjudicar.

Actas cuadradas. Actas sin cuadrar.

Candidatos “ganadores” certificados. Candidatos ganadores sin certificar.

El fraude toca a las puertas. Algunos quieren permitirle entrar.

Una C.E.E. acéfala –- controlada en todas sus estructuras por el partido político en el poder, ello por disposición del nuevo Código Electoral -- mira hacia un lado. El silencio de la mayoría de un Tribunal.

Un gobierno ilegítimo, ¿el resultado final? Si irregulares son los procesos que se llevan a

cabo en la Comisión Estatal de Elecciones -- cuyos

directivos actuales ya nos tienen acostumbrados a actuar

al margen de la ley --, más irregular fue la forma en la

que una mayoría de esta Curia decidió acoger el recurso

de certificación sobre el cual hoy nos expresamos. Un

Tribunal Supremo en cierre administrativo (Orden

Administrativa, OAJP-2019-056); un recurso que no se

perfeccionó de acuerdo a las exigencias del Reglamento

que dirige los procesos ante este Foro16; y, una

Resolución emitida por este Tribunal el pasado 20 de

noviembre de 2020 donde, en ánimo de llevar un mensaje

incorrecto a la ciudadanía, se obviaron las expresiones

emitidas por los jueces disidentes17; sirvieron de

antesala para que, una vez más,18 mis compañeros y

16 Los recursos que se presentan ante este Tribunal, como lo es un recurso de certificación, deben presentarse en la Secretaría de este Foro, de lunes a viernes, en o antes de las 5:00 p.m. Véanse, Reglas 17 y 48 del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-B. En lo que respecta a este caso, ello todavía no ha sucedido aquí.

17 En dicha Resolución, quien suscribe y la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez hicimos constar la siguiente expresión, las cuales no fueron incluidas en el referido documento:

“Disentimos del atropellado curso de acción seguido por una mayoría de este Tribunal en el presente caso, pues, al momento en que se emite esta Resolución, ningún miembro de esta Curia tiene ante su consideración el recurso de certificación al que nuestros compañeros y compañera de estrado hacen referencia. Lo anterior por no cumplirse aquí con lo dispuesto en el Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico.”

18 La primera ocasión fue en Gautier Vega et al. v. Com. Electoral PNP, 2020 TSPR 124, 205 DPR ___ (2020), donde este Tribunal validó un acuerdo de los Comisionados Electorales que, de manera ultra vires, enmendaba el Art. 5.17 del Código Electoral de 2020, 58 LPR 2020, causando así que se extendiera el término para presentar recusaciones. Posteriormente, entiéndase aproximadamente una semana después, en Suárez Molina v. Comisión Local de Elecciones de Cataño, et al. 2020 TSPR 129, 205 DPR ___(2020), varios de mis compañeros y compañera de estrado resolvieron que el trámite para revisar una determinación adversa emitida por el presidente de una Comisión Local de Elecciones, en un proceso de recusación por domicilio, se llevaría a cabo conforme al procedimiento establecido para impugnar los demás tipos de recusaciones -- es decir, ante la Comisión Estatal de Elecciones --, lo cual es contrario a la excepción dispuesta en el Art. 5.16 del Código Electoral de 2020, supra. CT-2020-24 Cons. CT-2020-25 2

compañera de estrado -- accediendo a los caprichos del

Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista, el

señor Héctor Joaquín Sánchez Álvarez (en adelante, “señor

Sánchez Álvarez”) -- optasen por reescribir el

ordenamiento electoral puertorriqueño, esta vez con el

único fin de limitarle a determinados partidos políticos,

pero muy en particular al Movimiento Victoria Ciudadana,

el acceso a las listas actualizadas de los electores y

electoras que solicitaron voto ausente y voto por

adelantado en todas sus modalidades, así como las listas

de electores y electoras que, en efecto, votaron bajo

alguna de esas modalidades.19

De ese lamentable y errado proceder, -- mediante el

cual una mayoría de esta Curia obvia todo trámite legal y ____________________________ No siendo ello suficiente, el 28 de octubre de 2020 en Gautier Vega v. Comisión Estatal de Elecciones, 2020 TSPR 131, 205 DPR ___(2020), este Tribunal resolvió que la ausencia de la identificación del elector o electora al momento de enviar su voto adelantado por correo, no invalidaba el mismo sino que dicha deficiencia podía ser subsanada con posterioridad a ello; una vez la JAVAA así le notificara al respecto. Lo anterior, en clara contravención tanto del Código Electoral de 2020, supra, como el Manual de Procedimientos para el Voto Adelantado por Correo, cuerpos reglamentarios que requerían que identificación fuera enviada junto con la papeleta. Procederes que, a todas luces, fueron incorrectos, por lo que nos vimos en la obligación de disentir. 19 En específico, el partido Movimiento Victoria Ciudadana solicitó la siguiente información: (1) lista final de solicitudes de voto ausente y voto adelantado distribuidas por precinto, unidad y categoría; (2) total de papeletas enviadas y recibidas de Voto Ausente y Voto Adelantado por correo; (3) lista de solicitudes de viajeros recibidas entre el 1 y 4 de octubre de 2020; (4) lista de electores y electoras que votaron en todas las modalidades de Voto Adelantado; (5) número de solicitudes de Voto a Domicilio; (6) número de solicitudes de Voto Adelantado que fueron grabadas; (7) lista de solicitudes de Votos por Correo devueltos; (8) número de casos autorizados por JAVAA para recoger Votos a Domicilio manualmente; (9) lista de votantes adicionales de Voto a Domicilio; (10) desglose de todo lo contabilizado de Voto Adelantado por Precinto en cada modalidad. CT-2020-24 Cons. CT-2020-25 3

reglamentario, con el único fin de adquirir jurisdicción

en la causa de epígrafe -- enérgicamente disentimos.

Ello, por si solo, sería razón suficiente para disponer

del presente caso. Ahora bien, ante lo lamentablemente

sentenciado por este Foro en la Opinión Per Curiam que

hoy se emite, nos vemos en la obligación de expresarnos.

Al así hacerlo, tenemos bien presente que, en aras

de intentar salvaguardar la pureza del evento

eleccionario que se celebró en el País el pasado 3 de

noviembre de 2020, en el caso de marras -- tal como

correctamente lo ordenó el ilustrado Tribunal de Primera

Instancia, por voz de la Hon. Rebecca de León Ríos --

procedía el acceso a las listas actualizadas de los

electores y electoras que solicitaron voto ausente y voto

por adelantado en todas sus modalidades, así como de

aquellos electores que, en efecto, emitieron su voto a

través de alguna de éstas, según fue solicitado por el

Movimiento Victoria Ciudadana. Nada existe en el

expediente de la causa de epígrafe que nos mueva a variar

-- en esta etapa de los procedimientos -- ese criterio.

Y es que, contrario a lo alegado por algunas de las

partes en el presente litigio, la Jueza De Léon Ríos

nunca ordenó la paralización del escrutinio general que

la Comisión Estatal de Elecciones (en adelante “C.E.E.”)

había comenzado. Aquí solo hacía falta que el Presidente

de la C.E.E. ejecutara el claro mandato del foro CT-2020-24 Cons. CT-2020-25 4

primario. Como no supo hacerlo, su alter ego, el

Comisionado Electoral del P.N.P., señor Sánchez Álvarez,

acude ante nos en busca de guías para poder hacerlo;

pero, a su vez, busca también el permiso de esta Curia

para limitar el alcance de la directriz que emitió el

Tribunal de Primera Instancia. Hoy -- con instrucciones y

prohibiciones hechas a la medida de su solicitud y con

advertencias que pudieran dar lugar al procesamiento

criminal selectivo de los funcionarios y funcionarias que

colaboran en el escrutinio general -- lo consiguió.20 Ello

era totalmente innecesario. Eso era una tarea que, en

consenso, como históricamente había sucedido en la C.E.E.

en asuntos de similar naturaleza a los que hoy nos

20 En particular, llamamos la atención a algunas, de las once (11) advertencias esbozadas en la Opinión Per Curiam: (1) [L]os Comisionados Electorales de todos los partidos políticos en propiedad que componen el pleno de la CEE y sus representantes en el proceso de escrutinio; deberán actuar proactivamente para que el Escrutinio General continúe ininterrumpidamente. Esta actuación deberá incluir el proveer la presencia de sus funcionarios en las correspondientes mesas de escrutinio, al momento de comenzar los trabajos cada día y hasta el cierre de operaciones de dicho día, y que los mismos procedan con el escrutinio. Se entenderá que el partido que no tenga sus funcionarios está renunciando a su representación en balance en la mesa correspondiente. (2) Este Tribunal no va a permitir la paralización o el poder de veto de ningún partido por encima del mandato del Pueblo y de los procesos instrumentados en Ley.

[…]

(11) Apercibimos a todos los funcionarios electorales que laboran o son voluntarios en el Escrutinio General que el incumplimiento con lo aquí ordenado por este Tribunal conllevará el inicio de un procedimiento de desacato y el referido a las autoridades estatales y federales pertinentes. (Énfasis en el original). Véase, Opinión Per Curiam, págs. 18-21. CT-2020-24 Cons. CT-2020-25 5

ocupan, debieron haber realizado los Comisionados

Electorales de los distintos partidos políticos

representados en el mencionado organismo electoral.21

En la triste encrucijada que nuevamente se encuentra

nuestro País, como consecuencia del atropellado evento

electoral al que hemos hecho referencia,22 secuela del

accidentado proceso primarista que se vivió en la isla en

el Verano de 2020, medidas como las que adoptó el foro

primario a través de su Sentencia, son ese tipo de

providencias que verdaderamente buscan darle vida a ese

postulado constitucional que procura el garantizar “la

universal, igual, directo y secreto, y [el proteger] al

prerrogativa electoral”.23 CONST. ELA art. II, § 2, LPRA,

21 Como cuestión de hecho, la noche del viernes, 20 de noviembre de 2020, mediante un acuerdo verbal unánime entre todos los Comisionados Electorales de los distintos partidos políticos, se había acordado continuar la celebración del escrutinio general y las reglas para ello. Lo anterior, es un dato que abona a la frivolidad del recurso ante nuestra consideración. Véase, J. Colón Dávila, Confiados tres comisionados electorales en que el escrutinio general comenzará esta tarde, El Nuevo Día (20 de noviembre de 2020), https://www.elnuevodia.com/noticias/politica/notas/confiados-tres- comisionados-electorales-en-que-el-escrutinio-general-comenzara- esta-tarde/

22 Véase, Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Informe Cuerpo de Observadores Electorales: Elecciones Generales 3 de noviembre de 2020, Apéndice I. 23 La anterior cláusula constitucional impone a los funcionarios y las funcionarias gubernamentales a cargo de la dirección del País -- y en este caso, de la organización de los eventos electorales que se celebren en Puerto Rico -- una responsabilidad constitucional dual. Aponte Rosario et al. v. Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, 2020 TSPR 119, 205 DPR ___ (2020) (Colón Pérez, Opinión Disidente). De un lado, esos funcionarios y funcionarias tienen que abstenerse de interferir con el ejercicio del sufragio universal, CT-2020-24 Cons. CT-2020-25 6

Tomo 1. La anterior decisión, sin lugar a dudas,

fortalece nuestra democracia y, a su vez, es cónsona no

solo con lo dispuesto en nuestra Carta Magna, sino

también con todo lo establecido en nuestro ordenamiento

jurídico -- en materia de derecho electoral -- para la

atención del tipo de voto aquí en controversia.

Con ello, en sus alegatos ante esta Corte,

coincidieron el Partido Popular Democrático, el Partido

Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria

Ciudadana. No podía ser de otra forma.

Recordemos que, con el fin de garantizar no solo el

ejercicio del voto universal, igual y secreto, sino

también la transparencia e integridad de los

procedimientos que se realicen antes, durante y después

de los comicios electorales, recientemente se aprobó la

Ley Núm. 58-2020, conocida como el Código Electoral de

2020, 2020 LPR 58.24 Dicho cuerpo de ley reglamenta las

funciones y deberes del Presidente y todos los

funcionarios y funcionarias de la Comisión Estatal de ____________________________ igual, directo y secreto, y, por otra parte, éstos tienen un deber afirmativo de proteger a los ciudadanos y ciudadanas contra toda coacción en el ejercicio de tal derecho. PPD v. Gobernador I, 139 DPR 643, 670 (1995). Véase, también, Sánchez y Colón v. ELA I, 134 DPR 445, 448-49 (1993).

24Al discutir las disposiciones del Código Electoral de 2020, supra, lo hacemos teniendo en mente nuestras expresiones a los fines de que el mencionado cuerpo de ley fue “[p]roducto de un proceso legislativo atropellado y carente de transparencia”. Suárez Molina v. Comisión Local de Elecciones de Cataño, et al., supra. (Colón Pérez, opinión disidente). Como era de esperarse, “[l]a aprobación del nuevo Código Electoral, ha traído consigo una serie de controversias que han de atenderse teniendo como norte la pureza y confiabilidad del proceso electoral…”. Íd. CT-2020-24 Cons. CT-2020-25 7

Elecciones y demás organismos electorales, así como todo

proceso que incida sobre la celebración de los referidos

eventos. Véase, Suárez Molina v. Comisión Local de

Elecciones de Cataño, 2020 TSPR 129, 205 DPR ___(2020)

(Colón Pérez, opinión disidente).

Así pues, y en lo relacionado a la controversia que

nos ocupa, el inciso (3) del Art. 3.6 del precitado

Código dispone que los registros, documentos, escritos,

archivos y materiales bajo la custodia de la Comisión

Estatal de Elecciones -- en papel o versiones

electrónicas y digitales -- serán documentos públicos y

podrán ser examinados por cualquier Comisionado Electoral

o persona interesada. Art. 3.6 del Código Electoral de

2020, supra. Acto seguido, el inciso (3) aclara que la

referida dependencia gubernamental no proveerá a persona

alguna copia del Registro General de Electores y sus

versiones electrónicas, y tampoco de las tarjetas de

identificación electoral, papeletas, actas de escrutinio

u hojas de cotejo oficiales que hayan de utilizarse en

una votación. Íd.

Ahora bien, en su inciso (5) el discutido artículo,

expresa que “[l]os Comisionados Electorales [sí] tendrán

derecho a solicitar copia de los documentos de la

Comisión y éstos se expedirán libres de costo, dentro de

los diez (10) días siguientes a la solicitud. Estas

entregas solo se realizarán en copias de papel cuando no CT-2020-24 Cons. CT-2020-25 8

estén disponibles en versiones electrónicas o digitales”.

Íd. Ello, claro está, siempre y cuando no se trate de

información que pueda revelar el candidato o candidata

por el cual un ciudadano o ciudadana votó, pues dicha

secretividad está protegida por la Sección 2 del Art. II

de nuestra Constitución. CONST. ELA art. II, § 2, LPRA,

Tomo 1; escenario no presente en el caso de marras, pues

con su solicitud al foro primario el Movimiento Victoria

Ciudadana no buscaba que se revelase CÓMO votaron los

electores y electoras, sino más bien se revelase QUIENES

fueron los electores que votaron y bajo qué modalidad lo

hicieron. Ello, con el único fin de salvaguardar la

pureza del evento eleccionario recientemente celebrado en

nuestro País y evitar, a toda costa, un potencial fraude

electoral.

Es decir, el Código Electoral, supra, es claro al

establecer que a los Comisionados Electorales de los

distintos partidos políticos con presencia en la C.E.E.

se les puede proveer copia impresa o digital de los

documentos de la referida dependencia gubernamental. El

Art. 3.6 no impone trabas en cuanto a la cantidad,

momento o lugar -- aunque sí el propósito o manera -- en

que los Comisionados Electorales pueden utilizar las

mismas pues, precisamente, por eso permite proveer copias

ya sean digitales o impresas. En consecuencia, resulta

absurdo argüir -- como se plantea en la Opinión Per CT-2020-24 Cons. CT-2020-25 9

Curiam que hoy emite este Tribunal -- que las listas no

pueden ser copiadas, que solo pueden ser utilizadas

mientras estén custodiadas por la Comisión Estatal de

Elecciones en el área donde se celebre el escrutinio

general y que se permite una (1) sola copia por mesa.25

Dicho ello, conviene mencionar aquí que, con el fin

de que la Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto

Adelantado (en adelante, “JAVAA”) -– entidad que regula

lo concerniente al proceso de solicitud, votación y

adjudicación de todas las modalidades de voto ausente y

25 Sobre el particular, la Opinión Per Curiam realiza una serie de advertencias, a saber:

[…] (5) Las listas de cada precinto serán divulgadas a los funcionarios electorales concernidos cuando se abra el maletín correspondiente a ese precinto. (6) En atención a las órdenes protectoras solicitadas, se dispone que solamente los funcionarios de las mesas correspondientes tendrán acceso a la lista concernida y que sea objeto de trabajo del precinto en particular. (7) [S]e prohíbe el traslado de las aludidas listas fuera del área de la sede del Escrutinio General. Esto se hace para salvaguardar los derechos de todos los electores. (8) Una vez culminado el Escrutinio General, las listas objeto de controversia en este recurso serán custodiadas por la Comisión y su uso ulterior tendrá que ser sustentado en derecho. (9) A fin de no desvirtuar la naturaleza del Escrutinio General, se precisa que los representantes de los cinco (5) partidos tendrán acceso a las listas sin necesidad de reproducir cinco (5) copias adicionales a cada uno de los partidos. De ese modo, se permitirá una sola copia, adicional a la lista original. Una vez utilizada, la copia será decomisada y la lista original custodiada conforme a lo ordenado en el inciso anterior. (Énfasis en el original). Véase, Opinión Per Curiam, págs. 19-20. CT-2020-24 Cons. CT-2020-25 10

voto adelantado26 -- pudiese instrumentar los mencionados

métodos de votación, el 13 de marzo de 2020 se aprobó el

Reglamento de Voto Ausente y Voto Adelantado de Primarias

2020 y Elecciones Generales y Plebiscito 2020 (en

adelante, “Reglamento de Voto Ausente y Voto

Adelantado”). Conforme a la Sección 2.3(B) de este

reglamento, dicha Junta rendirá a la Comisión un informe

estadístico semanal clasificado por precintos y

categorías que contenga el total de solicitudes de voto

ausente y voto adelantado aprobados. Sección 2.3 del

Reglamento de Voto Ausento y Voto Adelantado.

De igual forma, la precitada sección creó tres

subjuntas bajo la supervisión de JAVAA, a saber: (1)

JAVAA voto ausente; (2) JAVAA votación adelantada; y (3)

JAVAA votación adelantada frente a Junta de Balance

Electoral. Dichos organismos tienen el deber de coordinar

junto a la Oficina de Sistemas de Información y

Procesamiento Electrónico (en adelante, “OSIPE”), la

entrada de datos para la impresión de las listas de

solicitantes del voto ausente y voto adelantado al cierre

del registro y entregar a los representantes de los

partidos políticos las mencionadas listas veinte (20)

días antes de la celebración de la Elección General y el

Plebiscito. Íd.

26 Estas modalidades se encuentran estatuidas en los Arts. 9.34 al 9.39 del Código Electoral de 2020, supra. CT-2020-24 Cons. CT-2020-25 11

En esa dirección, precisa discutir aquí que, en

cuanto a los votos añadidos a mano, el Manual de

Procedimientos de la Unidad de Añadidos a Mano Elecciones

Generales y Plebiscito de 2020 creó la Unidad de Añadidos

a Mano con el fin de delegarle la realización del

escrutinio general o recuento de esta modalidad. En su

Sección IV (3), el referido Manual reconoce que, en aras

de determinar si algún voto añadido a mano fue emitido

mediante alguna de las modalidades de voto ausente o voto

adelantado, o por un elector o electora que haya sido

excluido por cualquier otra razón, se requiere cotejar

los casos de aquellos electores que aparezcan activo

contra las certificaciones de exclusiones, así como las

listas referentes a los votos adelantados o votos

ausentes.27 Véase, Manual de Procedimientos de la Unidad

de Añadidos a Mano, pág. 10.

Dicho de otro modo, del Manual de Procedimientos de

la Unidad de Añadidos a Mano surge también el requisito y

la necesidad de proveer, a los Comisionados Electorales

de los distintos partidos políticos con presencia en la

27En apretada síntesis, y con el fin de ejemplificar la importancia de las mencionadas listas, aquella persona que solicitó voto adelantado o voto ausente pero que, finalmente, no pudo ejercitarlo a través de esas modalidades, no sería privada de su derecho al sufragio, pues el día de las elecciones podía acudir al colegio en cual constaba inscrito y emitir su voto. De ser ese el caso, su nombre debía constar en la lista de excluidos correspondientes a quienes solicitaron voto ausente y adelantado y, posteriormente, ésta o éste procedía a ejercer su voto en un colegio de electores añadidos a mano. Éste es uno de los escenarios en los que cobra relevancia el procedimiento contenido en el Manual de Procedimientos de la Unidad de Añadidos a Mano -- previamente discutido -- y por lo que resulta indispensable el acceso a las referidas listas ya que, entre otras cosas, se evita una posible doble votación. CT-2020-24 Cons. CT-2020-25 12

C.E.E., las listas referentes a los votos adelantados o

votos ausentes pues es mediante éstas, así como de otros

documentos, que se evita una votación doble por parte de

un mismo elector o electora. Consecuentemente, para

realizar el escrutinio general no basta con proveer las

actas de escrutinio de cada Colegio de Votación. Así lo

acordaron los Comisionados Electorales al aprobar de

forma unánime el precitado Manual.

En fin, y como hemos podido apreciar, la decisión

emitida por el Tribunal de Primera Instancia en lo que

respecta al caso ante nuestra consideración, siempre

estuvo sostenida y apoyada por el estado de derecho

vigente. De eso, no debe haber duda alguna. Solo hacía

falta alguien que la instrumentara correctamente.

En ese sentido, como señalamos anteriormente, somos

de la opinión que este Tribunal no debió haber

intervenido con la decisión emitida por el foro primario.

Mucho menos, si lo iba a hacer para -- entre otras cosas

-- incluir determinadas prohibiciones y serias

criminal selectivo de aquellos funcionarios o

funcionarias que colaboran en el escrutinio general y que

se vean en la obligación de detener el mismo en alguna

mesa por entender que determinado voto, de los emitidos

por nuestros electores y electoras el pasado 3 de

noviembre de 2020, se emitió ilegalmente, y levante su CT-2020-24 Cons. CT-2020-25 13

voz para así denunciarlo. Ese es, precisamente, el

trabajo de nuestros funcionarios de colegio: garantizar

la pureza de los procesos electorales ante su

consideración. En esos escenarios no debe haber espacio

para la censura, no al menos para el Juez que suscribe.

Es, pues, por todo lo anterior que enérgicamente

disentimos del curso de acción seguido por una mayoría de

este Tribunal en el presente caso.

II.

Establecido lo anterior, -- y de conformidad con la

normativa antes esbozadas --, urge, pues, que los

partidos políticos representados en la C.E.E. tengan

acceso a las listas de electores que ejercieron su

derecho constitucional al voto mediante alguna de las

categorías o modalidades de voto adelantado o ausente.

Las referidas listas -- las cuales deben ser divulgadas

cuando se abra el maletín correspondiente a cada precinto

electoral -- contribuirían a garantizar que personas que

ejercieron su voto mediante alguna de estas categorías no

hubieran, a su vez, votado el día de las elecciones en el

Colegio correspondiente.

En unas elecciones ordinarias, en las que poco más

de veinticinco mil (25,000) electores y electoras votan

de manera adelantada o ausente, esa posibilidad es

remota, y quizás está mayormente limitada a revisar las

listas de electores que votaron añadidos a mano, para CT-2020-24 Cons. CT-2020-25 14

evitar esas instancias. Sin embargo, en los comicios

electorales celebrados el pasado 3 de noviembre de 2020,

en los que –- dada la crisis de salud que enfrenta

nuestra isla, como consecuencia de la pandemia del COVID-

19 -- el voto adelantado o ausente sobrepasa los

doscientos mil (200,000) electores o electoras, y en los

cuales ya se han identificado escenarios en los que

alguno de éstos o éstas solicitó voto adelantado o

ausente y, además, emitió su voto en los colegios

regulares28 -- y no meramente en colegios añadidos a mano

-- urge garantizar que los funcionarios y funcionarias de

todas las colectividades tengan las herramientas que le

permitan evitar posibles instancias de doble voto que dan

paso a un potencial fraude electoral. A proveerles esas

herramientas, es que los tribunales estamos llamados.

III.

Así pues, y a modo de epílogo, parafraseando las

expresiones del Movimiento Victoria Ciudadana en su muy

bien trabajado alegato ante este Tribunal, estamos

seguros de que todo el País, incluyendo al Juez que

suscribe,

“[t]iene el deseo de que el escrutinio de las elecciones generales pueda llevarse a cabo con celeridad, pero también de una manera que permita que el escrutinio sirva para los fines para los que está contemplado y, más importante aún, que se de en circunstancias que permitan

28 Véase, Toñito Cruz asegura que tiene evidencia de miles de votos dobles, Radio Isla, 20 de noviembre de 2020, disponible en https://radioisla.tv/tonito-cruz-asegura-que-tiene-evidencia-de- miles-de-votos-dobles11/ (última visita el 22 de noviembre de 2020). CT-2020-24 Cons. CT-2020-25 15

al país confiar en sus resultados. En un cuatrienio con múltiples arrestos de [funcionarios públicos] por cargos de corrupción, a poco más de un año de la renuncia de un Gobernador y a meses de un proceso primarista plagado de quebrantos al compromiso constitucional con nuestro sistema electoral, y ante una cifra nunca antes vista de votos emitidos fuera del día de las elecciones generales, el camino para restituir la confianza del País en sus instituciones gubernamentales va por dar mayor transparencia al proceso electoral y no por afianzar su opacidad. En manos de este Tribunal queda[ba] esa posibilidad.”

Angel Colón Pérez Juez Asociado