EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Sharon Torres Torres, por sí y en representación de su hija menor de edad G.A.S.T. Certiorari Apelante 2018 TSPR 44 v. 199 ____ Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Apelado
Número del Caso: AC-2018-14
Fecha: 19 de marzo de 2018
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan
Abogados de la parte peticionaria:
Lcdo. José Torres Valentín Lcda. Karen Lee Ayala Vázquez
Oficina del Procurador General:
Lcdo. Luis Román Negrón Procurador General
Lcda. Liany Vega Nazario Procuradora General Auxiliar
Lcda. Stephanie Ortiz Suárez Procuradora General Auxiliar
Materia: Resolución del Tribunal con Opinión Disidente
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Sharon Torres Torres, por sí y en representación de su hija menor de edad G.A.S.T.
Apelante
v. AC-2018-0014
Estado Libre Asociado de Puerto Rico y y y Otros
Apelados
Sala de Despaciados seño
r Rivera García y señor Colón Pérez.
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 19 de marzo de 2018.
Por estar igualmente dividido el Tribunal, se acoge la presente Apelación como un recurso de Certiorari, por ser el recurso adecuado, se expide el auto solicitado y se confirma la Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones, Región Judicial de San Juan, el 4 de diciembre de 2017.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Martínez Torres hace constar la siguiente expresión a la que se une la Jueza Asociada señora Pabón Charneco:
El Juez Asociado señor Martínez Torres está conforme con la sentencia emitida que confirma al Tribunal de Apelaciones por los fundamentos expuestos en su Voto particular de conformidad en el caso de Juan Vera González por sí y en representación del menor J.X.V.L. v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico; Departamento de Educación, certificada en el día de hoy. AC-2018-0014 2
El Juez Asociado señor Colón Pérez emite una Opinión Disidente a la que se une la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez, la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez y el Juez Asociado señor Estrella Martínez. El Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo no intervino.
Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Sharon Torres Torres, por sí y en representación de su hija menor de edad G.A.S.T.
Peticionaria
v. AC-2018-0014 Certiorari Estado Libre Asociado de Puerto Rico y Otros
Recurridos
Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor COLÓN PÉREZ a la que se unen la Jueza Presidenta ORONOZ RODRÍGUEZ, la Juez Asociada señora RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ y el Juez Asociado señor ESTRELLA MARTÍNEZ.
En San Juan, Puerto Rico a 19 de marzo de 2018.
Por entender que el presente caso -- uno amparado
en la ley federal Individuals with Disabilities
Education Act, 20 USC sec. 1401 et seq. (en adelante,
“IDEA”) -- no está paralizado por el proceso de quiebra
bajo el Título III de PROMESA, infra, disentimos del
curso de acción tomado por este Tribunal. Veamos.
I.
Comparece ante nos la señora Sharon Torres Torres
(en adelante, “señora Torres Torres”), quien es madre
de una menor diagnosticada con autismo. El 22 de agosto
de 2013, ésta presentó una querella en contra del
Departamento de Educación (en adelante, “Departamento”) AC-2018-0014 2
mediante la cual solicitó el reembolso de los costos
incurridos por tener que matricular a su hija en el Colegio
Piaget durante el año escolar 2013-2014. Ello, pues adujo que
el Departamento no había podido brindar a la menor los
servicios educativos especializados necesarios para su
condición, según lo requiere la ley federal IDEA, supra.
Luego de varios trámites procesales no necesarios aquí
pormenorizar, el 30 de marzo de 2014 la Jueza Administrativa
asignada por el Departamento para atender este caso denegó
la solicitud de la señora Torres Torres, tras concluir que
esta última no había demostrado que la ubicación
seleccionada por ella fuera más adecuada que las opciones
provistas por el Departamento. Dicha decisión fue
oportunamente notificada a las partes.
Inconforme con tal proceder, la señora Torres Torres
recurrió ante el Tribunal de Apelaciones, donde sostuvo que
procedía el reembolso de los gastos incurridos en la
educación de su hija. Evaluados los planteamientos de ésta
última, dicho foro revocó la mencionada determinación
administrativa y ordenó al Departamento reembolsar a la
señora los gastos educativos de la menor.
Así las cosas, y de conformidad con lo decidido por el
foro apelativo intermedio, el 10 de febrero de 2017 la señora AC-2018-0014 3
Torres Torres presentó una demanda en contra del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico (ELA), mediante la cual solicitó el
pago de honorarios de abogado por los gastos incurridos
durante la tramitación de la querella. Enterado de ello, el
31 de mayo de 2017 el ELA presentó una moción sobre
paralización de los procedimientos, en la cual adujo que los
procedimientos en el caso de marras habían quedado
paralizados por la presentación de la petición de quiebra
al amparo de la Ley PROMESA, infra. La señora Torres Torres
se opuso a dicha solicitud de paralización y arguyó que las
acciones derivadas de legislación federal están exentas de
las disposiciones de la Ley PROMESA, infra, ello de
conformidad con lo dispuesto en las secciones 7 y 304 (h)
del referido estatuto federal. Examinados los planteamientos
de ambas partes, el Tribunal de Primera Instancia ordenó el
archivo administrativo del caso.
Luego de ser denegada su solicitud de reconsideración
ante el foro primario, la señora Torres Torres recurrió ante
el Tribunal de Apelaciones, argumentando que su reclamación
de honorarios de abogado surgía de la ley federal IDEA,
supra, y, por tanto, no le era de aplicación lo dispuesto
en la Ley PROMESA, infra. Dicho tribunal, tras evaluar los
alegatos de ambas partes, confirmó el dictamen del Tribunal
de Primera Instancia, tras razonar que la exención invocada
por la peticionaria sólo era aplicable a reclamaciones que AC-2018-0014 4
involucraban fondos federales, por lo que no era de
aplicación a este caso, pues los honorarios de abogado no
serían pagados con esos fondos. Ante la negativa del foro
apelativo intermedio, la señora Torres Torres solicitó la
reconsideración de la referida determinación. No obstante,
la misma fue denegada.
Inconforme, la peticionaria recurre ante nos mediante
el recurso que nos ocupa y sostiene que el Tribunal de
Apelaciones erró en su determinación, pues según lo
dispuesto en las secciones 7 y 304 (h) de la Ley PROMESA,
infra, no procedía la paralización de los procedimientos
relacionados a su reclamación de honorarios de abogado al
amparo de la Ley IDEA, supra. Examinada detenidamente la
petición de la señora Torres Torres, entendemos le asiste
la razón. Nos explicamos.
II.
A.
Como es sabido, la Individuals with Disabilities
Education Act (IDEA), supra, es una ley federal que tiene
como propósito asegurar que los niños y niñas con necesidades
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Sharon Torres Torres, por sí y en representación de su hija menor de edad G.A.S.T. Certiorari Apelante 2018 TSPR 44 v. 199 ____ Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Apelado
Número del Caso: AC-2018-14
Fecha: 19 de marzo de 2018
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan
Abogados de la parte peticionaria:
Lcdo. José Torres Valentín Lcda. Karen Lee Ayala Vázquez
Oficina del Procurador General:
Lcdo. Luis Román Negrón Procurador General
Lcda. Liany Vega Nazario Procuradora General Auxiliar
Lcda. Stephanie Ortiz Suárez Procuradora General Auxiliar
Materia: Resolución del Tribunal con Opinión Disidente
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Sharon Torres Torres, por sí y en representación de su hija menor de edad G.A.S.T.
Apelante
v. AC-2018-0014
Estado Libre Asociado de Puerto Rico y y y Otros
Apelados
Sala de Despaciados seño
r Rivera García y señor Colón Pérez.
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 19 de marzo de 2018.
Por estar igualmente dividido el Tribunal, se acoge la presente Apelación como un recurso de Certiorari, por ser el recurso adecuado, se expide el auto solicitado y se confirma la Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones, Región Judicial de San Juan, el 4 de diciembre de 2017.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Martínez Torres hace constar la siguiente expresión a la que se une la Jueza Asociada señora Pabón Charneco:
El Juez Asociado señor Martínez Torres está conforme con la sentencia emitida que confirma al Tribunal de Apelaciones por los fundamentos expuestos en su Voto particular de conformidad en el caso de Juan Vera González por sí y en representación del menor J.X.V.L. v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico; Departamento de Educación, certificada en el día de hoy. AC-2018-0014 2
El Juez Asociado señor Colón Pérez emite una Opinión Disidente a la que se une la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez, la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez y el Juez Asociado señor Estrella Martínez. El Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo no intervino.
Juan Ernesto Dávila Rivera Secretario del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Sharon Torres Torres, por sí y en representación de su hija menor de edad G.A.S.T.
Peticionaria
v. AC-2018-0014 Certiorari Estado Libre Asociado de Puerto Rico y Otros
Recurridos
Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor COLÓN PÉREZ a la que se unen la Jueza Presidenta ORONOZ RODRÍGUEZ, la Juez Asociada señora RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ y el Juez Asociado señor ESTRELLA MARTÍNEZ.
En San Juan, Puerto Rico a 19 de marzo de 2018.
Por entender que el presente caso -- uno amparado
en la ley federal Individuals with Disabilities
Education Act, 20 USC sec. 1401 et seq. (en adelante,
“IDEA”) -- no está paralizado por el proceso de quiebra
bajo el Título III de PROMESA, infra, disentimos del
curso de acción tomado por este Tribunal. Veamos.
I.
Comparece ante nos la señora Sharon Torres Torres
(en adelante, “señora Torres Torres”), quien es madre
de una menor diagnosticada con autismo. El 22 de agosto
de 2013, ésta presentó una querella en contra del
Departamento de Educación (en adelante, “Departamento”) AC-2018-0014 2
mediante la cual solicitó el reembolso de los costos
incurridos por tener que matricular a su hija en el Colegio
Piaget durante el año escolar 2013-2014. Ello, pues adujo que
el Departamento no había podido brindar a la menor los
servicios educativos especializados necesarios para su
condición, según lo requiere la ley federal IDEA, supra.
Luego de varios trámites procesales no necesarios aquí
pormenorizar, el 30 de marzo de 2014 la Jueza Administrativa
asignada por el Departamento para atender este caso denegó
la solicitud de la señora Torres Torres, tras concluir que
esta última no había demostrado que la ubicación
seleccionada por ella fuera más adecuada que las opciones
provistas por el Departamento. Dicha decisión fue
oportunamente notificada a las partes.
Inconforme con tal proceder, la señora Torres Torres
recurrió ante el Tribunal de Apelaciones, donde sostuvo que
procedía el reembolso de los gastos incurridos en la
educación de su hija. Evaluados los planteamientos de ésta
última, dicho foro revocó la mencionada determinación
administrativa y ordenó al Departamento reembolsar a la
señora los gastos educativos de la menor.
Así las cosas, y de conformidad con lo decidido por el
foro apelativo intermedio, el 10 de febrero de 2017 la señora AC-2018-0014 3
Torres Torres presentó una demanda en contra del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico (ELA), mediante la cual solicitó el
pago de honorarios de abogado por los gastos incurridos
durante la tramitación de la querella. Enterado de ello, el
31 de mayo de 2017 el ELA presentó una moción sobre
paralización de los procedimientos, en la cual adujo que los
procedimientos en el caso de marras habían quedado
paralizados por la presentación de la petición de quiebra
al amparo de la Ley PROMESA, infra. La señora Torres Torres
se opuso a dicha solicitud de paralización y arguyó que las
acciones derivadas de legislación federal están exentas de
las disposiciones de la Ley PROMESA, infra, ello de
conformidad con lo dispuesto en las secciones 7 y 304 (h)
del referido estatuto federal. Examinados los planteamientos
de ambas partes, el Tribunal de Primera Instancia ordenó el
archivo administrativo del caso.
Luego de ser denegada su solicitud de reconsideración
ante el foro primario, la señora Torres Torres recurrió ante
el Tribunal de Apelaciones, argumentando que su reclamación
de honorarios de abogado surgía de la ley federal IDEA,
supra, y, por tanto, no le era de aplicación lo dispuesto
en la Ley PROMESA, infra. Dicho tribunal, tras evaluar los
alegatos de ambas partes, confirmó el dictamen del Tribunal
de Primera Instancia, tras razonar que la exención invocada
por la peticionaria sólo era aplicable a reclamaciones que AC-2018-0014 4
involucraban fondos federales, por lo que no era de
aplicación a este caso, pues los honorarios de abogado no
serían pagados con esos fondos. Ante la negativa del foro
apelativo intermedio, la señora Torres Torres solicitó la
reconsideración de la referida determinación. No obstante,
la misma fue denegada.
Inconforme, la peticionaria recurre ante nos mediante
el recurso que nos ocupa y sostiene que el Tribunal de
Apelaciones erró en su determinación, pues según lo
dispuesto en las secciones 7 y 304 (h) de la Ley PROMESA,
infra, no procedía la paralización de los procedimientos
relacionados a su reclamación de honorarios de abogado al
amparo de la Ley IDEA, supra. Examinada detenidamente la
petición de la señora Torres Torres, entendemos le asiste
la razón. Nos explicamos.
II.
A.
Como es sabido, la Individuals with Disabilities
Education Act (IDEA), supra, es una ley federal que tiene
como propósito asegurar que los niños y niñas con necesidades
especiales tengan acceso a una educación pública, adecuada
y gratuita, que satisfaga sus necesidades particulares. 20
USC sec. 1400 (d). Esta ley creó una causa de acción que
permite a los padres, madres o encargados de estudiantes con
necesidades especiales presentar una queja administrativa
para reclamar por asuntos relacionados a la identificación, AC-2018-0014 5
evaluación o acomodo, o la provisión de una educación pública
apropiada y gratuita para cada niño. Íd., sec. 1415 (b)(6).
Asimismo, el estatuto le concede a los padres y madres de
estos estudiantes la facultad de solicitar honorarios de
abogado razonables en una reclamación al amparo de las
disposiciones antes mencionadas. Íd., sec. 1415 (i)(3).
Sobre las referidas disposiciones de la Ley IDEA,
supra, este Tribunal se ha expresado anteriormente en dos
ocasiones. Así pues, en Declet Ríos v. Dpto. de Educación,
177 DPR 765 (2009), este Foro tuvo ante su consideración si
un oficial examinador del Departamento de Educación tenía la
facultad de imponer honorarios de abogado al ELA tras
culminar un proceso adjudicativo al amparo de la Ley IDEA,
supra. Esta Curia resolvió dicha interrogante en la
negativa, tras realizar un análisis de la disposición
federal y concluir que ésta facultaba expresamente a los
tribunales -- estatales y federales -- para conceder el
remedio dispuesto en la misma.
Por otro lado, en Orraca López v. E.L.A., 192 DPR 31
(2014), este Tribunal tuvo la oportunidad de dilucidar cuál
era el plazo prescriptivo aplicable a la reclamación de
honorarios de abogado al amparo de la Ley IDEA, supra. Al
no disponerse un término prescriptivo en la propia ley, el
Tribunal debía dilucidar si procedía aplicar por analogía el
término de treinta (30) días dispuesto por la Ley de AC-2018-0014 6
Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), 3 LPRA sec.
2172, para la revisión de determinaciones administrativas,
o el término de tres (3) años establecido en el Art. 1867
del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5297, para
reclamar el pago de honorarios de abogado. Allí, se resolvió
que el término más análogo era el segundo. Ello, tras
concluir que la reclamación de honorarios de abogado al
amparo de la Ley IDEA, supra, no es de naturaleza accesoria
al procedimiento administrativo, sino que se trata de una
causa de acción independiente al mismo.
Ahora bien, por su particular importancia para la
correcta disposición de la controversia que nos ocupa,
precisa señalar aquí que, si bien las dos opiniones reseñadas
identifican la reclamación de honorarios de abogado en
virtud de la Ley IDEA, supra, como una independiente del
procedimiento administrativo y como tal dicho reclamo debe
hacerse en los tribunales, ambas reconocen que la causa de
acción (para el reclamo de honorarios de abogado) surge
directamente de dicha ley federal. Véanse Declet Ríos v.
Dpto. de Educación, supra; Orraca López v. E.L.A., supra.
Es decir, para efectos procesales la reclamación de
honorarios de abogado bajo la Ley IDEA, supra, es
independiente de la reclamación del reembolso de gastos
educativos, toda vez que la primera debe hacerse ante los
tribunales y la segunda a través de un procedimiento AC-2018-0014 7
administrativo. Sin embargo, sustantivamente hablando la
reclamación de honorarios de abogado es parte del derecho
concedido por la Ley IDEA, supra, a los padres de niños con
necesidades especiales.
B.
De otra parte, y por también considerarlo en extremo
importante para la correcta disposición de las controversias
ante nuestra consideración, conviene recordar que el
Congreso de Estados Unidos de América aprobó la Puerto Rico
Oversight, Management, and Economic Stability Act (PROMESA),
48 USC sec. 2101 et seq., con el propósito de establecer los
contornos para la regulación de la deuda pública en Puerto
Rico. Para adelantar tales propósitos, la referida
disposición legal estableció el procedimiento que debe
seguir el Estado Libre Asociado de Puerto Rico para presentar
una petición de quiebra.
Sobre ese particular, la sec. 301 (a) del Título III
de PROMESA, supra, incorporó a la referida disposición legal
las secciones 362 y 922 del Título II del Código de Quiebras
de los Estados Unidos de América, las cuales traen consigo
la paralización automática de los pleitos que se ventilan
contra un deudor al momento en que se radica la referida
petición de quiebra; hecho que se consumó en nuestro país
el pasado 3 de mayo de 2017, cuando la Junta de Supervisión
y Administración Fiscal, en representación del Estado Libre AC-2018-0014 8
Asociado de Puerto Rico, presentó ante la Corte de Distrito
de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, una
petición de quiebra al amparo de la Sec. 301(a) del Título
III de PROMESA, supra.
La referida paralización automática es una de las
protecciones más básicas que el legislador estadounidense
instituyó en el Código de Quiebras para los deudores que se
acogen a éste. Midlantic Nat’l Bank v. new Jersey Dep’t of
Envtl. Protection, 474 US 494, 503 (1986); Soares v. Brockton
Credit Union, 107 F.3d 969, 975 (1er Cir. 1997). Véase,
además, In re Crespo Torres, 532 B.R. 195 (2015). En lo que
finaliza el pleito de quiebra, la misma impide, entre otras
cosas, el comienzo o la continuación de cualquier proceso
judicial, administrativo o de otra índole que fue o pudo
haber sido interpuesto en contra del deudor, o para ejercitar
cualquier acción cuyo derecho nació antes de que se iniciara
la quiebra. 11 USC sec. 362; Marrero Rosado v. Marrero
Rosado, 168 DPR 474, 490-491 (2006). Véase, además, In re
Coupel, 556 B.R. 746 (2016).
Ahora bien, es norma reiterada que tanto los tribunales
federales como los estatales tenemos la facultad inicial de
interpretar la paralización y su aplicabilidad a los casos.
Rafael Lacourt Martínez v. Junta de Libertad Bajo Palabra,
2017 TSPR 144, 198 DPR ___ (2017); Laboratorio Clínico
Irizarry v. Departamento de Salud, 2017 TSPR 145, 198 DPR AC-2018-0014 9
___ (2017); In re Mid-City Parking, Inc., 332 B.R. 798, 803
(N.D. III. Ill. 2005) (Nonbankruptcy forums in both the state
and federal systems have jurisdiction to at least initially
determine whether pending litigation is stayed). Véanse,
además, In re Lenke, 249 B.R. 1 (10) (D. Az. 2000); In re
Singleton, 230 B.R. 533, 538-539 (6th Cir. 1999). Realizado
dicho análisis, habrá escenarios en donde procederá la
paralización automática, y habrá escenarios donde no
procederá.
Así las cosas, y en lo pertinente al caso que nos ocupa,
es menester señalar que la Ley PROMESA, supra, establece en
su sección 7 lo siguiente:
Except as otherwise provided in this chapter, nothing in this chapter shall be construed as impairing or in any manner relieving a territorial government, or any territorial instrumentality thereof, from compliance with Federal laws or requirements or territorial laws and requirements implementing a federally authorized or federally delegated program protecting the health, safety, and environment of persons in such territory. (Énfasis suplido) 48 USC sec. 2106.
Además, en el contexto particular de una petición de
quiebra, la sección 304 (h) de la referida ley dispone que:
This chapter may not be construed to permit the discharge of obligations arising under Federal police or regulatory laws, including laws relating to the environment, public health or safety, or territorial laws implementing such Federal legal provisions. This includes compliance obligations, requirements under consent decrees or judicial orders, and obligations to pay associated administrative, AC-2018-0014 10
civil, or other penalties. (Énfasis suplido) Sec. 304 (h), 48 USC sec. 2164.
Como se puede apreciar, de las precitadas disposiciones
surge claramente que la Ley PROMESA, supra, no puede servir
como fundamento para incumplir obligaciones gubernamentales
que surjan de legislación federal. Por tal razón, las
reclamaciones al amparo de leyes federales están exentas de
la paralización por la presentación de una petición de
quiebra en virtud de este estatuto.
Sobre este particular, cabe señalar que, en un caso en
extremo similar al que nos ocupa, la Jueza Federal Laura
Taylor Swain, permitió la continuación de cierto litigio
para el pago de honorarios de abogado en el pleito al amparo
de la Ley IDEA, supra, no aplicando así la paralización
dispuesta en el Titulo III de PROMESA, supra. Véase,
Memorandum Order Granting Urgent Motion for Relief from the
Automatic Stay Filed by Bernice Beauchamp-Velázquez, Case
No. 17 BK 3283-LTS, Docket entry no. 1125.
Es, pues, a la luz de la normativa antes expuesta que
procedemos a disponer de la controversia que nos ocupa.
III.
Como mencionamos anteriormente, en el presente caso ha
quedado claramente demostrado que la señora Torres Torres
presentó una demanda en contra del ELA en la cual reclamó
el pago de honorarios de abogado al amparo de la Ley IDEA. AC-2018-0014 11
En la medida en que la reclamación de honorarios de abogado
de la señora Torres Torres surge de una ley federal, a la
luz de la normativa antes expuesta, la misma no está sujeta
a la paralización por un procedimiento de quiebra al amparo
del Título III de PROMESA, supra.1 Siendo ello así, el error
señalado por la señora Torres Torres fue cometido.
No empece a lo anterior, varios miembros de este
Tribunal han optado por confirmar la errada determinación
del Tribunal de Apelaciones y, en consecuencia, mantener
paralizado el presente caso. Nuevamente, no hay promesa para
1 Aun cuando entendemos que lo contemplado en este Voto Particular Disidente es suficiente para disponer del presente caso, precisa aclarar aquí -- pues podría dar lugar a confusión -- que el término “discharge”, según utilizado en la sección 304 (h) de PROMESA, supra, alude al mecanismo mediante el cual una deuda puede ser dispensada durante un procedimiento de quiebra. Esta dispensa, a su vez, opera como un injunction que impide, entre otras cosas, el comienzo o la continuación de cualquier reclamación monetaria por parte de un acreedor en contra del deudor. Véase 11 USC sec. 524(a)(“A discharge under this Section . . . operates as an injunction against the commencement or continuation of an action, the employment of process, or an act, to collect, recover or offset any such debt as a personal liability of the debtor.”). A pesar de que esta dispensa es distinguible de la paralización automática -- en tanto y cuanto la dispensa también puede conllevar un relevo de la deuda -- en términos procesales, su efecto en este caso sería exactamente el mismo.
En el presente pleito, resulta evidente que la deuda en concepto de honorarios de abogados bajo la ley IDEA es una que, conforme al texto claro de la ley PROMESA, no podrá ser objeto de dispensa en ningún momento durante la tramitación del procedimiento de quiebra. En atención a ello, y al estar en igual posición que un tribunal federal para determinar inicialmente la aplicabilidad y extensión de la paralización automática preceptuada en la ley PROMESA, supra, estimo improcedente hacer extensible la paralización automática a la causa de acción incoada por la peticionaria.
Y es que un análisis pragmático de las disposiciones legales atinentes justifica eximir de tal paralización el presente reclamo. Ello, puesto que el ELA nunca podrá ser relevado de satisfacer esta deuda y la paralización representaría un escollo más para una parte que ya prevaleció en su reclamo principal bajo la ley IDEA y pretende ser compensada por los gastos incurridos durante el trámite del mismo, derecho reconocido en el propio estatuto federal. AC-2018-0014 12
asegurar que los niños y niñas con necesidades especiales
tengan acceso a una educación pública, adecuada y gratuita,
que satisfaga sus necesidades particulares. Una vez más,
disentimos.
IV.
Así las cosas, por los fundamentos antes expuestos,
expediríamos el recurso de certiorari y revocaríamos la
determinación del Tribunal de Apelaciones de paralizar el
pleito.
Ángel Colón Pérez Juez Asociado