EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
William I. Solís Bermúdez Alcalde de Culebra
Peticionario
v.
Oficina del Panel sobre el Fiscal Independiente Certiorari
Recurrido 2019 TSPR 11 -------------------------- 201 DPR ____ Luis Javier Hernández Ortiz Alcalde de Villalba
Oficina del Panel sobre el Fiscal Independiente
Recurrido
Número del Caso: CC-2019-35
Fecha: 24 de enero de 2019
Tribunal de Apelaciones:
Panel V
Abogados de la parte peticionaria:
Lcdo. Frank Torres Viada Lcda. Alexandra Rivera Ríos Lcdo. José a. Andreu Fuentes
Abogado de la parte recurrida:
Lcdo. Hiram R. Morales Lugo
Materia: Resolución del Tribunal con Voto particular de conformidad y Votos particulares disidentes
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
William I. Solís Bermúdez, Alcalde de Culebra
Recurrido Luis Javier Hernández Ortiz, CC-2019-0035 Certiorari Alcalde de Villalba
RESOLUCIÓN
En San Juan, Puerto Rico a 24 de enero de 2019.
Examinadas la Moción solicitando orden de paralización en auxilio de jurisdicción y la petición de certiorari presentadas por las partes peticionarias, se provee no ha lugar a ambas.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Estrella Martínez emitió un Voto Particular de Conformidad al que se unen el Juez Asociado señor Martínez Torres, la Jueza Asociada señora Pabón Charneco y el Juez Asociado señor Feliberti Cintrón.
La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez se une al Voto Particular Disidente del Juez Asociado señor Colón Pérez y hace constar la siguiente expresión:
La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez proveería ha lugar a la Petición de Certiorari y a la Moción solicitando orden de paralización en auxilio de jurisdicción. En particular, hubiese revocado la determinación del Tribunal de Apelaciones y CC-2019-0035 2
reinstalado la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia por entender que el proceso que realizaron la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD) y la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente fue uno ultra vires y por ende nulo. Surge claramente que estos no cumplieron con el Reglamento de la UPAD y que se le violó el debido proceso de ley a ambos funcionarios.
La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez se une al Voto Particular Disidente del Juez Asociado señor Colón Pérez y emite un Voto Particular Disidente.
El Juez Asociado señor Rivera García emite un Voto Particular Disidente.
El Juez Asociado señor Colón Pérez emite un Voto Particular Disidente al que se unen la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez y la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez.
José Ignacio Campos Pérez Secretario del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial CC-2019-35 Certiorari Independiente
Recurrida __________________________
Luis Javier Hernández Ortiz, Alcalde de Villalba
Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente
Recurrida
Voto Particular de Conformidad emitido por el Juez Asociado señor ESTRELLA MARTÍNEZ, al cual se unen el Juez Asociado señor MARTÍNEZ TORRES, la Jueza Asociada señora PABÓN CHARNECO y el Juez Asociado señor FELIBERTI CINTRÓN.
San Juan, Puerto Rico, a 24 de enero de 2019.
Estoy conforme con la revocación del dictamen del
Tribunal de Primera Instancia, tal como lo hizo el
Tribunal de Apelaciones, por considerar que los
funcionarios públicos electos no deben tener un trato
privilegiado en la faceta de investigación de posibles
irregularidades administrativas en comparación con otros
ciudadanos. Lo contrario equivaldría a imponer por fiat CC-2019-035 2
judicial un trato preferente a los Alcaldes
peticionarios que no poseen los ciudadanos sujetos a
investigaciones rutinarias.
El caso de autos tiene su génesis en un informe
referido por el Departamento de Justicia a la Oficina
del Panel sobre elFiscal Especial Independiente (OPFEI)
referente a unas alegadas actuaciones de los Alcaldes
de Culebra y Villalba. En particular, los hechos
atribuidos al Alcalde de Culebra se relacionan con la
utilización de fondos municipales para pagar el servicio
de unos aviones charter para transportar a familiares y
empleados a Saint Thomas con el propósito de celebrar
el Día del Profesional Administrativo. En cuanto al
Alcalde de Villalba, los hechos están relacionados a la
alegada utilización de unos vehículos de motor en la
campaña política donados por un contratista del
Municipio y a quien, a su vez, se le otorgaron contratos
sin cumplir con el requisito de una subasta pública.
Basada en ello, la OPFEI refirió los asuntos a su Unidad
de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD)
bajo su facultad de destituir o suspender
administrativamente a los alcaldes y alcaldesas. Ambos
Alcaldes fueron debidamente notificados de tal referido
y de la base del mismo, al igual que ambos tuvieron
oportunidad de responder en esta etapa preliminar del CC-2019-035 3
proceso.1 Luego de ello, el Panel asignó un “Abogado
Investigador de la UPAD” para realizar la investigación
administrativa disciplinaria. Una vez comenzó la
investigación, se suscitó la controversia de autos, pues
los Alcaldes, aquí peticionarios, cuestionaron su
validez ante el tribunal.
Así, a modo de síntesis, la controversia del caso
se reduce a determinar si la OPFEI tiene facultad
investigativa en la tramitación disciplinaria
administrativa de los alcaldes y alcaldesas con el
posible resultado de una suspensión o destitución de
sus puestos. Ello, a los fines de distinguir la etapa
investigativa de la adjudicativa en estos procesos. De
un examen del derecho aplicable, opino que claramente
la OPFEI, además de adjudicar las querellas
administrativas presentadas en contra de los alcaldes y
alcaldesas, también le fue delegada una función
investigativa. En virtud de ello, procedía la revocación
del dictamen del Tribunal de Primera Instancia, el cual
erróneamente no reconoció el poder delegado a la OPFEI
1Delexpediente se desprende que en todo momento ambos Alcaldes fueron debidamente advertidos que la etapa procesal en la que se encontraba el asunto ante la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD) era la investigativa y no la adjudicativa. Al extremo, que, a raíz de una negociación de estipulación entre las partes, el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente ordenó a que se enmendara la notificación inicial para disipar dudas que se trataba de una “notificación de inicio de investigación administrativa”. Véase, Apéndice de Petición de Certiorari, págs. 162-163, 308-309 y 339. CC-2019-035 4
para ejercer una función investigativa en estos procesos
administrativos. Veamos.
Originalmente, los asuntos disciplinarios en
contra de los alcaldes y las alcaldesas se atendían y
adjudicaban ante la Comisión para Ventilar Querellas
Municipales (Comisión). Esta entidad estaba facultada
para recibir y tramitar las querellas que se presentaran
ante su consideración. Véase, 21 LPRA secs. 4851 y 4852.
Según su andamiaje, especificaba que “[t]odo
procedimiento se iniciará con la presentación en la
Secretaría de la Comisión de un escrito de formulación
de querellas o cargos, debidamente jurado, acompañado
de la evidencia necesaria para poder aquilatar la
sustancialidad de la querella o cargo imputado y la
notificación al alcalde, acompañada de copia
certificada del escrito”. 21 LPRA sec. 4854. Es más,
detallaba que los procedimientos ante la Comisión no
podían ser utilizados como mecanismo de búsqueda de
información, sin que la querella estuviese debidamente
sustentada. 21 LPRA sec. 4858. A raíz de ello, se puede
apreciar que la Comisión no tenía facultad en ley para
realizar sus propias investigaciones y, así, estaba
limitada a trabajar sólo con los asuntos que otras
entidades o personas particulares le presentaban.
Ahora bien, en virtud del Plan de Reorganización
de la Comisión para Ventilar Querellas Municipales, Plan
de Reorganización 1-2012, la Asamblea Legislativa CC-2019-035 5
decidió eliminar la Comisión y transferir sus funciones
a la OPFEI. Así, esta última quedó facultada para
suspender o destituir administrativamente de empleo a
los alcaldes o alcaldesas que así lo ameritaran. A esos
fines, el Artículo 2 del Plan de Reorganización dispone
que:
Particularmente, la [OPFEI] tendrá facultad para suspender del empleo a un alcalde o alcaldesa cuando se ha encontrado causa para arresto por delito grave y los delitos contra la función pública y el erario; o delito menos grave que implique depravación moral. Además, la [OPFEI] podrá disponer la destitución de un alcalde o alcaldesa cuando resulte convicto(a) de delito grave y los delitos contra la función pública y el erario; o delito menos grave que implique depravación moral y dicha sentencia advenga final y firme. De igual forma, la [OPFEI] podrá decretar la suspensión o destitución de un Alcalde o Alcaldesa cuando éste(a) incurra en conducta inmoral o en actos ilegales que impliquen abandono inexcusable, negligencia inexcusable que resulte lesiva a los mejores intereses públicos en el desempeño de sus funciones, según dichos términos son definidos en este Plan. 3 LPRA Ap. XXII, Art. 2.
Del historial legislativo se desprende que la razón
de ser de la transferencia de tal potestad para
suspender o destituir a algún alcalde o alcaldesa de su
puesto fue que se reconoció que la mayoría de estas
querellas se originaban en la Oficina de Ética
Gubernamental y en el Departamento de Justicia, pero
terminaban bajo la investigación de la OPFEI. Ante esa
situación, se pretendió delinear un proceso más efectivo
y se reconoció el carácter neutral e independiente de
la OPFEI, así como su facultad en ley para realizar
investigaciones. Precisamente, en la declaración de
Política Pública se enfatiza que: “[e]sta CC-2019-035 6
reorganización tendrá como resultado una mejor
fiscalización a los gobiernos municipales, al igual que
investigaciones eficientes, eficaces e íntegras. De
igual forma, se eliminan redundancias y duplicidad de
procesos y funciones para que el Gobierno pueda
responder de manera ágil y efectiva al instrumentar la
política pública de esta Administración de cero
tolerancia frente a la corrupción”. (Énfasis suplido).
Íd.
A diferencia de la antigua Ley de la Comisión, el
Plan de Reorganización fue más específico y otorgó mayor
amplitud en cuanto a las injerencias de la OPFEI en esta
nueva faceta. De entrada, creó la UPAD, adscrita a la
OPFEI, con la encomienda de recomendar al Panel el curso
de acción en estos procesos disciplinarios. 3 LPRA sec.
99t-1. Cónsono con ello, la ley habilitadora le confiere
total discreción a la OPFEI para designar o contratar
el personal de la UPAD necesario para llevar a cabo sus
funciones y deberes. Íd. A su vez, el Plan de
Reorganización, a diferencia de la Ley de la Comisión,
reconoció expresamente que, ante cierta información, la
OPFEI tiene facultad para investigar. A tales efectos,
dispone que, entre los escenarios que la UPAD puede
emitir su recomendación a la OPFEI está el siguiente:
(c)Cuando el Panel reciba información, bajo juramento, que a su juicio constituya causa suficiente para investigar si un alcalde o alcaldesa ha incurrido en conducta inmoral, actos ilegales que impliquen abandono inexcusable, negligencia inexcusable que resulte lesiva CC-2019-035 7
a los mejores intereses públicos en el desempeño de sus funciones, según dichos términos son definidos en este Plan, iniciará un proceso para determinar si la magnitud de los hechos justifican la suspensión o destitución del alcalde o alcaldesa. La celebración del proceso estará a cargo de la UPAD la cual deberá notificar al Panel un informe con sus recomendaciones.
Si de la investigación realizada el Panel determina que en efecto el alcalde o alcaldesa incurrió en conducta inmoral, actos ilegales que impliquen abandono inexcusable, negligencia inexcusable que resulte lesiva a los mejores intereses públicos en el desempeño de sus funciones, emitirá una resolución suspendiéndolo o destituyéndolo del cargo. (Énfasis suplido). Íd.
Como podemos apreciar, el Plan de Reorganización
expresamente reconoce la facultad de la OPFEI de iniciar
una investigación cuando reciba información que
entienda constituye causa suficiente. Ello, adicional a
la facultad adjudicativa heredada de la Comisión, a la
cual expresamente no se le reconoció tal función
investigativa. Según mencioné, la Ley de la Comisión
solo hacía referencia a la tramitación de las querellas
y ello, con la salvedad de que tenían que ir acompañadas
con “la evidencia necesaria” para aquilatar su
sustancialidad. 21 LPRA sec. 4854. Es decir, el Plan de
Reorganización flexibilizó el inicio del trámite para
que, ante la información que se entienda suficiente, la
OPFEI y la UPAD puedan iniciar una investigación a los
fines de determinar si, en efecto, amerita la
celebración de un trámite adjudicativo. Esta
interpretación es cónsona con el propósito del Plan de
Reorganización que, a fin de cuentas, tiene como norte
que el Estado pueda responder y tramitar efectivamente CC-2019-035 8
los asuntos de corrupción. Al reconocer esta facultad
investigativa, a base de la información ya referida por
otro ente o persona individual, se garantiza que los
actos corruptos que no necesariamente sean criminales
puedan ser investigados desde la esfera administrativa
independiente de la OPFEI.
Asimismo, en diferentes dimensiones, podemos
percibir la amplitud de poderes que le fueron otorgados
a la OPFEI, en estos procesos administrativos, a
diferencia de los conferidos a la antigua Comisión. La
Comisión no podía decretar una suspensión preventiva
mientras se dilucidaba el proceso, pues en esas
circunstancias tenía que acudir al tribunal a
solicitarlo. 21 LPRA sec. 4856. En cambio, el Plan de
Reorganización vigente reconoce expresamente la
facultad de la OPFEI y la UPAD de decretar tal
suspensión. Claro está, un proceso adjudicativo de
suspensión conlleva reconocer unas garantías mucho
mayores a la fase preliminar de investigación. Sin
embargo, en el caso que nos ocupa, no nos encontramos
en esa etapa formal.
Por otro lado, el Plan de Reorganización no hace
referencia a lo que disponía la Ley de la Comisión, en
cuanto a solicitar al Secretario de Justicia la
asignación de un abogado para representar a un
querellante que sea un ciudadano particular, bajo la
premisa de que la Comisión no investigaba y los CC-2019-035 9
ciudadanos particulares tenían que suplir toda la
evidencia. Actualmente, bajo el Plan de Reorganización,
ello no sería necesario pues la investigación realizada
por la UPAD suple tal laguna.
Ante ese cuadro, no es correcta la interpretación
que a la OPFEI y la UPAD no se le puede reconocer esta
faceta investigativa, bajo el razonamiento de que el
Plan de Reorganización sólo le confirió los poderes de
la Comisión. Ciertamente, el Plan le confirió el poder
de llevar a cabo trámites administrativos para suspender
o destituir alcaldes o alcaldesas, poder que no tenía
previo a la aprobación de este Plan. No obstante, no
podemos obviar los nuevos elementos suministrados en el
Plan de Reorganización y el fin de tal transferencia.
Según discutido, la Comisión no logró ser efectiva para
el propósito que se buscaba, a saber, erradicar la
corrupción.2 De este modo, se le brindaron a la OPFEI
las herramientas para llevar a cabo ese cometido, por
lo que tal investigación es parte de las herramientas
legisladas. Ello, acorde con el carácter independiente,
neutral e investigativo que mandata la legislación a
la OPFEI. 3 LPRA sec. 99h. En ese sentido, una
investigación administrativa previa a la posible
formulación de cargos -tal como ocurre con otros
ciudadanos y empleados públicos- es un proceso normal y
2Su objetivo principal es evitar lesiones al interés público. Aponte v. Alcalde de San Lorenzo, 146 DPR 675 (1998). CC-2019-035 10
rutinario en nuestro Estado de Derecho que, como
cuestión de realidad, sirve de filtro y beneficia a
todos los componentes y, más importante aún, al interés
público.
Por tanto, discrepo de la postura de que, en este
contexto en particular, al recibirse una información
que da base a posibles cargos disciplinarios,
automáticamente se torne en un proceso adjudicativo
formal. Ello, privaría a la OPFEI de la naturaleza
independiente investigativa y de verificar si se
satisface el grado de prueba necesario en la esfera
administrativa. Además, resultaría un contrasentido
para los funcionarios públicos referidos a la OPFEI,
toda vez que los conduciría a un proceso disciplinario
automático, a pesar de que en esta etapa investigativa
ni siquiera ha mediado una formulación de cargos.
Tampoco se promovería la eficiencia procesal y el uso
adecuado de fondos públicos en la celebración de un
proceso adjudicativo formal, que pudiera resultar
innecesario, si la investigación revela que no se
satisface el grado de prueba requerido.
Por otra parte, el Reglamento de la Unidad de
Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD),
Reglamento Núm. 8194 de 10 de mayo de 2012 (Reglamento),
fue promulgado en virtud del Plan de Reorganización.
Aun cuando el Reglamento delinea el proceso a seguir a
los fines de la presentación, tramitación, evaluación, CC-2019-035 11
adjudicación y revisión de los procesos ante la UPAD,
en su Artículo 9 aclara, respecto a la jurisdicción de
la OPFEI y del UPAD, que “[n]ada de lo dispuesto en este
Reglamento, se interpretará como limitativo de la
discreción del Panel para conducir aquellos
procedimientos que estime necesarios o justos aun cuando
no estén expresamente dispuestos en este Reglamento”.
Ello, a tono con el mandato legislativo de las funciones
vitales de la OPFEI en la implementación de la política
pública anticorrupción, a saber: investigar, adjudicar,
disciplinar o iniciar acciones criminales contra los
funcionarios públicos concernidos, tal como he
descrito.
Debidamente analizados los planteamientos ante
nuestra consideración y por los fundamentos expuestos,
opino que procedía revocar el dictamen del Tribunal de
Primera Instancia, tal como lo hizo el foro apelativo
intermedio, aunque por fundamentos distintos. Un
dictamen en contrario ignoraría que a las leyes
habilitadoras se les debe brindar una interpretación
cónsona con la intención legislativa, la política
pública y el interés social que las inspira. Ayala
Hernández v. Consejo Titulares, 190 DPR 547, 561 (2014).
Una interpretación en contrario a la aquí expuesta no
sería acorde ni con la ley habilitadora ni con su
reconocimiento de discreción a la OPFEI en el manejo de
estos asuntos ni con el propósito en sí para el cual se CC-2019-035 12
le atribuyó jurisdicción a la OPFEI para tramitar el
proceso disciplinario en contra de los alcaldes y las
alcaldesas. Más aun, con el fin último de agilizar y
hacer más efectivas las gestiones gubernamentales para
erradicar la corrupción.
Luis F. Estrella Martínez Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
CC-2019-0035 Certiorari Luis Javier Hernández Ortiz, Alcalde de Villalba
v. Oficina del Panel sobre el Fiscal Independiente Recurrido
Voto Particular Disidente emitido por el Juez Asociado señor COLÓN PÉREZ al que se unen la Jueza Presidenta ORONOZ RODRÍGUEZ y la Juez Asociada señora RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ.
Por entender que este Tribunal por fiat judicial
no puede concederle a la Oficina del Panel sobre el
Fiscal Especial Independiente (en adelante, “el
Panel”), y en particular a su Unidad de Procesamiento
Administrativo Disciplinario (en adelante, “UPAD”),
poderes que en virtud de ley no posee, disentimos
enérgicamente del curso de acción seguido por una
mayoría de esta Curia en el día de hoy. CC-2019-0035 2 En esa dirección, somos de la opinión que
actuaciones como éstas, -- las cuales tienen el efecto
de dejar la vía libre al procesamiento selectivo, ilegal
y discriminatorio de todo tipo de funcionario público -
-, en nada contribuyen a mejorar la ya maltrecha imagen
de las instituciones encargadas del procesamiento
criminal en el País. Imagen que, precisamente, y en gran
parte, se ha deteriorado como consecuencia de incidentes
en extremo similares al asunto que nos ocupa. Lo
anterior, como mínimo, nos resulta lamentable.
I.
Los hechos que dieron margen al presente proceso
disciplinario adjudicativo no están en controversia. El
pasado 11 de abril de 2017, la Secretaria del
Departamento de Justicia, Hon. Wanda Vázquez Garced,
remitió al Panel un Informe de investigación preliminar
relacionado con alegadas actuaciones ilegales del
Alcalde de Villalba, Hon. Luis Javier Hernández Ortiz,
en el cual recomendaba la designación de un Fiscal
Especial Independiente (FEI) para realizar una
investigación sobre éste. La FEI designada para atender
el asunto, licenciada Leticia Pabón Cruz, realizó la
investigación correspondiente y rindió un informe al
Panel en el cual determinó que no existía prueba
suficiente para sostener cargos criminales en contra del
referido Alcalde. No obstante, el 4 de mayo de 2017 el
Panel refirió el Informe de investigación preliminar del CC-2019-0035 3 Departamento de Justicia a la UPAD para la evaluación y
recomendación correspondiente.
Así las cosas, el 10 de mayo de 2017 la Directora
de la UPAD, la señora Melanie Grandoné Godreau, notificó
una querella en contra del Alcalde de Villalba, Hon.
Luis Javier Hernández Ortiz. Contestada la querella,
ésta nombró al licenciado Rafael Sánchez Hernández como
abogado investigador de la UPAD, funcionario a quien se
le remitió la mencionada querella. Dicho abogado
investigador emitió, de forma ex parte, una Orden de
citación al mencionado Alcalde y una Orden de producción
de información en poder del Alcalde y de terceras
personas, so pena de ser encontrados incursos en
desacato.
De otra parte, y en un procedimiento separado, el
11 de diciembre de 2017 la Secretaria del Departamento
de Justicia remitió al Panel un Informe de investigación
preliminar relacionado con cierta conducta ilegal del
Alcalde de Culebra, Hon. William Solís Bermúdez, en el
cual también recomendó la designación de un FEI para
realizar una investigación sobre éste. La FEI nombrada
para atender el asunto, licenciada Cándida Sellés Ríos,
determinó que no existía prueba suficiente para sostener
cargos criminales en contra del referido Alcalde. Sin
embargo, el 3 de abril de 2018 el Panel refirió el
Informe de investigación preliminar a la UPAD para la
acción correspondiente. CC-2019-0035 4 Así pues, el 9 de abril de 2018 la Directora de la
UPAD notificó la querella en la que se le imputaron
distintos cargos basados en el Informe de investigación
preliminar sobre las actuaciones del Alcalde de Culebra,
Hon. William Solís Bermúdez. Contestada la querella,
ésta designó al licenciado Sánchez Hernández como
abogado investigador, para que realizara la
“investigación administrativa, [rindiera] un informe al
Panel con el resultado de su investigación y sus
recomendaciones”. Véase, Apéndice de Certiorari, pág.
172. En virtud de lo anterior, el abogado investigador
de la UPAD citó, de forma ex parte, al mencionado
Alcalde.
No conforme con dicho proceso, el 3 de agosto de
2018 el Alcalde de Culebra, Hon. William Solís Bermúdez,
radicó una petición de injunction y sentencia
declaratoria, ante el Tribunal de Primera Instancia, en
la cual solicitó que el procedimiento administrativo
disciplinario seguido por el Panel y la UPAD se declarara
ilegal y ultra vires. Lo anterior, por entender que el
abogado investigador de la UPAD no tenía la facultad
para emitir órdenes de citación y de producción de
documentos de manera ex parte y sin la intervención de
un oficial examinador. Además, solicitó que el foro
primario, mediante injunction preliminar, ordenara al
Panel y a la UPAD a conducir el procedimiento
administrativo disciplinario en estricto cumplimiento CC-2019-0035 5 con el Reglamento de la UPAD y con las exigencias del
debido proceso de ley.
El 21 de agosto de 2018, el Alcalde de Villalba,
Hon. Luis Javier Hernández Ortiz, presentó una demanda
en contra del Panel, bajo fundamentos similares a los
expuestos en la demanda presentada por el Alcalde de
Culebra, Hon. William Solís Bermúdez.
Enterado de lo anterior, el Panel se opuso a la
solicitud presentada por los referidos Alcaldes. En
esencia, alegó que su ley habilitadora, Ley Núm. 2 de
23 de febrero de 1988, infra, le confirió facultades
investigativas como ente regulador y fiscalizador de la
conducta de funcionarios gubernamentales. En esa
dirección, argumentó que su facultad de atender
querellas supone necesariamente ejercer funciones
investigativas para lo cual tiene autoridad expresa en
ley de designar o contratar el personal de la UPAD que
sea necesario para dichas funciones, lo cual, a su
juicio, incluye al abogado investigador.
Examinados los planteamientos de ambas partes, el
22 de diciembre de 2018 el Tribunal de Primera Instancia,
por voz del Hon. Anthony Cuevas Ramos, dictó Sentencia
en la cual determinó que el procedimiento seguido en
este caso en contra de los alcaldes de Culebra y
Villalba, Hon. William Solís Bermúdez y Hon. Luis Javier
Hernández Ortiz, fue contrario al Reglamento de la UPAD,
puesto que el abogado investigador encargado de evaluar
ambas querellas fue el mismo que continuó el proceso CC-2019-0035 6 adjudicativo, cuando lo que procedía era nombrar un
oficial examinador que se encargara de esta etapa del
procedimiento. A pesar de que posteriormente se
nombraron oficiales examinadores, a juicio del foro
primario ello no subsanó lo realizado por el abogado
investigador toda vez que el proceso administrativo aquí
en controversia tenía dos (2) etapas: una investigativa
y una adjudicativa, en la cual intervienen dos (2)
personas que realizan funciones distintas.
Según señaló el Juez sentenciador, el argumento de
que la parte demandante tenía un remedio adecuado en ley
es incorrecto, ya que el procedimiento administrativo
disciplinario no se hizo conforme al Reglamento de la
UPAD, por lo que fue ultra vires. De esta forma, dicho
procedimiento se tornó nulo, así como también toda la
evidencia e información recopilada.
En vista de lo anterior, el Tribunal de Primera
Instancia concedió el injunction preliminar solicitado
y le ordenó al Panel y a la UPAD que condujera el
procedimiento administrativo disciplinario aquí en
controversia en cumplimiento estricto con el mencionado
Reglamento y el debido proceso de ley. Además, el foro
primario resolvió que el abogado investigador de la UPAD
no tenía facultad para emitir órdenes de citación y
producción de documentos de manera ex parte y sin la
intervención de un oficial examinador que rigiera los
procedimientos. CC-2019-0035 7 Inconforme con la referida determinación, el Panel
acudió al Tribunal de Apelaciones mediante recurso de
apelación solicitando la revisión de la Sentencia
emitida por el foro primario. En esencia, el Panel señaló
que el Tribunal de Primera Instancia erró al no
desestimar las demandas por falta de jurisdicción, ello
por entender que eran la entidad con jurisdicción
exclusiva para atender y dilucidar los casos
administrativos ante dicha agencia. Además, señaló que
el foro primario intervino indebidamente en sus
funciones ministeriales y que erró al determinar que
éste no tenía facultad fiscalizadora e investigativa y
al conceder los remedios de injunction y sentencia
declaratoria. A dicha solicitud, los alcaldes de Culebra
y Villalba, Hons. William Solís Bermúdez y Luis Javier
Hernández Ortiz, se opusieron.
Examinados los alegatos de ambas partes, el foro
apelativo intermedio revocó la determinación del
Tribunal de Primera Instancia y desestimó las demandas
por entender que éste no poseía jurisdicción para
atender las mismas ya que los Alcaldes carecían de
legitimación activa para incoar el presente litigio.
Ello porque, a su juicio, el procedimiento disciplinario
ante la UPAD se trataba de una etapa meramente
investigativa y no adjudicativa.
Insatisfechos con la determinación del foro
apelativo intermedio, los alcaldes de Culebra y
Villalba, Hons. William Solís Bermúdez y Luis Javier CC-2019-0035 8 Hernández Ortiz, acuden ante nos. Argumentan que el
Tribunal de Apelaciones erró al determinar que éstos
carecían de legitimación activa para impugnar el
procedimiento disciplinario ante la UPAD y al concluir,
implícitamente, que la UPAD ostenta capacidad
investigativa. Les asiste la razón. Veamos por qué.
II.
Como es sabido, mediante la Ley Núm. 2 de 23 de
febrero de 1988, 3 LPRA sec. 99h et seq., se creó la
con el fin de promover y preservar la integridad de los
funcionarios e instituciones públicas del gobierno. No
obstante, en su versión original, dicha ley no
contemplaba la facultad de suspender o destituir a
funcionarios como los aquí en controversia, entiéndase
los alcaldes u otros funcionarios municipales.
Aprobada la Ley Núm. 182-2009 -- conocida como Ley
de reorganización y modernización de la Rama Ejecutiva
-- se adoptó el Plan de Reorganización 1-2012, el cual
transfirió al Panel las facultades, funciones y deberes
que ejercía la Comisión para Ventilar Querellas
Municipales sobre los alcaldes y otros funcionarios
municipales. Dicha Comisión era el cuerpo con
jurisdicción para atender las querellas contra cualquier
alcalde o funcionario municipal y tenía la autoridad
para suspender o destituir a éstos de probarse los hechos
alegados en las querellas que le fueran presentadas. Al
respecto, el derogado Art. 18.002 de la Ley de Municipios CC-2019-0035 9 Autónomos, Ley Núm. 81-1991, establecía que las
facultades de la referida Comisión se limitaban a
entender y resolver las querellas o cargos formulados
contra cualquier alcalde.3
Posteriormente -- y para atender todo lo
relacionado a la adjudicación de las querellas en contra
de los alcaldes o funcionarios municipales que le fueran
referidas -- se enmendó la ley habilitadora del Panel
con el propósito de crear la UPAD. El Art. 14 de dicha
ley expresa que la UPAD tiene a su cargo el deber de
recomendar al Panel el curso de acción a seguir en torno
a los procesos disciplinarios en contra de los alcaldes,
en tres (3) escenarios distintos, a saber: (1) cuando
se encuentre causa para arresto por delito grave y los
delitos contra la función pública y el erario; o delito
menos grave que implique depravación moral en contra de
un alcalde; (2) cuando recaiga sobre un alcalde una
convicción por dichos delitos; y (3) cuando el Panel
3 El derogado Art. 18.002 de la Ley de Municipios Autónomos expresaba:
Facultades de la Comisión: a) Entender y resolver las querellas o cargos formulados contra cualquier Alcalde por el Gobernador de Puerto Rico, el Director de la Oficina de Ética Gubernamental, la Asamblea o por cualquier persona.
b) Entender y resolver situaciones de fricción entre la Asamblea y el Alcalde.
c) Solicitar, a su discreción, al Secretario de Justicia de Puerto Rico la asignación de un abogado para representar a un querellante que sea ciudadano particular, previa determinación de que el caso en cuestión es exclusivamente de interés público.
d) Aprobar, enmendar y derogar los reglamentos de carácter interno para el funcionamiento de la Comisión. 21 LPRA sec. 4852 CC-2019-0035 10 reciba información que a su juicio constituya causa para
investigar si un alcalde ha incurrido
en conducta inmoral, actos ilegales que implique
abandono inexcusable o negligencia inexcusable que
resulte lesiva a los intereses públicos en el desempeño
de sus funciones. Art. 14 de la Ley Núm. 23 de febrero
de 1988, 3 LPRA sec. 99t-1.
De una lectura del inciso (c) del mencionado Art.
14, se desprende que, si los intereses públicos así lo
ameritan, se iniciará un proceso para determinar si la
magnitud de los hechos justifica la suspensión o
destitución del alcalde. Dicho proceso estará a cargo
de la UPAD, la cual notificará al Panel sus
recomendaciones. Incluso, la referida disposición
expresa que el quantum de prueba a utilizarse en el
proceso disciplinario conducido por la UPAD será el de
prueba clara, robusta y convincente.
En esa dirección, el 2 de abril de 2012 se adoptó
el Reglamento de la Unidad de Procesamiento
Administrativo Disciplinario, Reglamento Núm. 8194,
Departamento de Estado, 10 de mayo de 2012, con el
objetivo de establecer las normas y los procedimientos
de presentación, trámite, evaluación, adjudicación,
revisión y cumplimiento de los casos que se presenten
en torno a un alcalde o funcionario municipal electo.
En particular, el Reglamento dispone, en su Art. 10, que
el procedimiento adjudicativo, como norma CC-2019-0035 11 general, se iniciará con la presentación de una querella
ante la UPAD.4
Por otra parte, el Art. 18 del Reglamento describe
las responsabilidades del Director de la UPAD o
funcionario al cual se le remiten las querellas,
investigaciones o casos, como lo sería un abogado
investigador. Dicho articulado limita las
responsabilidades de este funcionario a las siguientes:
(1) evaluar el contenido de la querella y determinar si
cumple con lo establecido en el Reglamento y el Plan de
Reorganización Núm. 1; (2) recomendar al Panel el curso
de acción a seguir cuando la querella no cumpla con el
procedimiento establecido; (3) referir la querella a un
oficial examinador, cuando así proceda; (4) mantener y
preservar los documentos ante esa unidad de trabajo; (5)
presentar los informes que le sean requeridos por el
Panel o la Presidente; y (6) realizar cualesquiera otras
funciones inherentes a su posición.
4 El mencionado Art. 10 del Reglamento dispone:
El procedimiento adjudicativo, como norma general, se iniciará con la presentación de una querella ante la UPAD que pudiera constituir causa suficiente para investigar.
También, podrá iniciarse mediante el referido de los funcionarios autorizados a presentar querellas según dispuesto en este Reglamento, así como, cuando se presente en la UPAD, copia de una determinación de causa para arresto y/o acusación por la comisión de delito, ante el Tribunal de Primera Instancia o ante el Tribunal de Distrito Federal o sentencia (s) de cualquiera de dichos tribunales. Asimismo, con el referido o la presentación del resultado de una investigación o con una querella presentada bajo juramento por un ciudadano particular de conformidad con lo dispuesto en el Art. 11 que prosigue. Reglamento de la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario, Reglamento Núm. 8194, Departamento de Estado, 10 de mayo de 2012. (Énfasis suplido) CC-2019-0035 12 Mientras, el Art. 19 requiere que cuando el
Director o funcionario designado de la UPAD determine
que la querella cumple con los requisitos establecidos
por el Reglamento se notifique al Panel. Este último
designará un oficial examinador quien dirigirá el
procedimiento adjudicativo. Entre las facultades del
oficial examinador están: (1) disponer de los asuntos
procesales y evidenciarios; (2) expedir citaciones para
la comparecencia de testigos; (3) emitir órdenes para
la producción de documentos e información y órdenes
protectoras; (4) requerir la presentación de
cualesquiera documentos, alegatos o memorandos que
estime pertinentes; y (5) presentar al Panel su informe
con la recomendación. Entiéndase, autorizar lo
relacionado al descubrimiento de prueba y el manejo del
procedimiento disciplinario adjudicativo en contra de
los funcionarios de gobierno.
Contrario a lo que algunos pudiesen argumentar, o
a lo que alguno de los compañeros jueces que componen
este Tribunal pudiese estar intimando, de ningún lugar
en el Plan de Reorganización 1-2012 que creó la UPAD,
se desprende que el mencionado organismo gubernamental
o el Panel tendrían poderes mayores a los que tenía la
extinta Comisión para Ventilar Querellas Municipales.
Todo lo contrario. Una lectura detenida y cuidadosa de
la mencionada disposición legal revela que las
facultades que le fueron transferidas al Panel son
idénticas a las que tenía la Comisión para Ventilar CC-2019-0035 13 Querellas Municipales. Ello es, adjudicar las querellas
que le fueran referidas. En este caso, las querellas que
le fueron referidas por la Secretaria de Justicia, Hon.
Wanda Vázquez Garced, quien realizó la investigación
preliminar de los casos que hoy tenemos ante nuestra
consideración.
En esa dirección, precisa señalar aquí que de un
examen de las facultades de la Comisión -- que fueron
transferidas al Panel -- se puede colegir que éstas no
incluían el poder de investigar, fiscalizar o
reglamentar a los alcaldes o funcionarios municipales.
Ello, pues –- según ya mencionamos -- la Comisión no
tenía la facultad para actuar como agencia querellante,
sino que su autoridad estaba limitada a adjudicar las
querellas que le fueran referidas.5
III.
De otra parte, y por considerarlo en extremo
pertinente para la correcta disposición de la
controversia ante nos, conviene recordar aquí, a grandes
rasgos, lo reiteradamente dispuesto por este Tribunal
en torno a las doctrinas de legitimación activa y debido
proceso de ley.
5 Al seguir esta línea interpretativa no se priva al Panel del FEI de sus poderes investigativos. El Panel del FEI conserva esos poderes en aquellos escenarios en que así haya sido delegado por ley. Como hemos podido apreciar, tal no es el caso de los procedimientos disciplinarios en contra de los alcaldes u otros funcionarios municipales, donde -- por disposición del Plan de Reorganización 1-2012 que creó la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD) -- dicha dependencia gubernamental tiene los mismos poderes que tenía la extinta Comisión para Ventilar Querellas Municipales. Ni más poderes, ni menos poderes. Los mismos. CC-2019-0035 14 Respecto a la primera de esas doctrinas, hemos
sentenciado que una parte posee legitimación activa para
incoar un procedimiento judicial si cumple con los
siguientes requisitos: (1) que ha sufrido un daño claro
y palpable; (2) que el daño es real, inmediato y preciso
y no abstracto o hipotético; (3) que existe conexión
entre el daño sufrido y la causa de acción ejercitada;
y (4) que la causa de acción surge bajo el palio de la
Constitución o de una ley. Mun. de Fajardo v. Srio. de
Justicia, 187 DPR 245 (2012); Lozada Tirado v. Testigos
de Jehová, 177 DPR 893, 924(2010); Hernández Torres v.
Hernández Colón, 129 DPR 824, 835 (1992).
Mientras que, en virtud del debido proceso de ley,
en su vertiente procesal, hemos establecido que el
Estado está obligado a garantizar que la interferencia
con los intereses de libertad y propiedad del individuo
se hará mediante un procedimiento justo y equitativo.
Para satisfacer dicha exigencia, todo procedimiento
adjudicativo debe cumplir con los siguientes requisitos:
(1) notificación adecuada del proceso; (2) proceso ante
un juez imparcial; (3) oportunidad de ser oído; (4)
derecho a contrainterrogar a los testigos y examinar la
evidencia presentada en su contra; (5) tener asistencia
de un abogado; y (6) que la decisión se base en el
récord. Com. PNP v. CEE, 196 DPR 706, 713 (2016); Díaz
Carrasquillo v. García Padilla, 191 DPR 97 (2014); R &
G v. Sustache, 163 DPR 491 (2004). Ello incluye, claro CC-2019-0035 15 está, los procedimientos adjudicativos ante las agencias
administrativas.
Es, precisamente, a la luz de la normativa antes
expuesta que procedemos a examinar el proceso
disciplinario adjudicativo que hoy nos ocupa.
IV.
De entrada, es menester señalar que en el presente
caso, sin lugar a dudas, estamos ante un procedimiento
disciplinario que se encuentra en su etapa adjudicativa
y no en una etapa investigativa. Así claramente se
desprende de la notificación de querella contra el Hon.
William Solís Bermúdez, Alcalde de Culebra; así como la
notificación enviada al Hon. Luis Javier Hernández
Ortiz, Alcalde de Villalba. Incluso, así lo demuestra
el Art.10 del Reglamento de la UPAD antes mencionado.6
Tratándose de un procedimiento adjudicativo en
contra de los referidos Alcaldes, se activaban todas las
protecciones del debido proceso de ley. Protecciones que
en el presente caso no se observaron.
6De las notificaciones enviadas por el Panel, tanto al Hon. William Solís Bermúdez, como al Hon. Luis Javier Hernández Ortiz, claramente se desprende que las mismas constituían la querella que daría inicio a un procedimiento disciplinario adjudicativo en contra de éstos. Y no es para menos. Lo anterior, como mencionamos anteriormente, es cónsono con lo dispuesto en el Art. 10 del Reglamento de la UPAD, el cual establece que los procedimientos adjudicativos ante dicho organismo bien podrán iniciarse mediante referido por parte de los funcionarios autorizados a presentar dichas querellas, así como el referido o la presentación del resultado de una investigación o una querella presentada bajo juramento por un ciudadano en particular. Es decir, incluso cuando se tratase solamente de información que da base a posibles cargos disciplinarios, y no una querella -- lo cual no es el caso ante nos --, el Reglamento dispone expresamente que ello también podrá iniciar el procedimiento disciplinario adjudicativo. CC-2019-0035 16 Como ya mencionamos, el abogado investigador al
cual se le refirieron ambas querellas emitió órdenes de
citación y de producción de documentos de manera ex parte
sin referir las mismas a un oficial examinador, lo cual
-- conforme al Reglamento de la UPAD -- venía obligado
a hacer. Dicho funcionario no tenía facultad en ley para,
como lo hizo, emitir órdenes de citación y de producción
de documentos de manera ex parte. Ello correspondía
exclusivamente al oficial examinador.
Siendo ello así, las actuaciones del abogado
investigador, como toda la evidencia e información que
se haya recopilado, si alguna, constituyeron un acto
ultra vires y por lo tanto nulo, por excederse de sus
funciones, en contravención de su propio reglamento.
Tratándose aquí de un procedimiento adjudicativo, los
alcaldes de Culebra y Villalba tenían derecho a que el
procedimiento disciplinario en su contra se hiciera
conforme lo exige la ley habilitadora de Panel, el
Reglamento de la UPAD y las garantías del debido proceso
de ley. Al no hacerse así, los Alcaldes en cuestión
poseían legitimación activa para impugnar el
procedimiento disciplinario adjudicativo en su contra.
Cónsono con lo anterior, la determinación del
Tribunal de Apelaciones a los efectos de que éstos no
poseían legitimación activa, y por tanto el foro
primario carecía de jurisdicción, es claramente errónea.
Los procedimientos disciplinarios aquí en controversia
fueron unos adjudicativos, -- y no unos meramente CC-2019-0035 17 investigativos --, que activaban las garantías del
En fin, y a modo de epílogo, la manera en que se
condujeron los procesos disciplinarios adjudicativos
aquí en controversia, según fue probado ante el Tribunal
de Primera Instancia, nos levantan serias
preocupaciones.
Y es que lo allí sucedido -- a todas luces -- parece
ser contrario al debido proceso de ley que les asiste a
los señores alcaldes de Culebra y Villalba, Hon. William
Solís Bermúdez y Hon. Luis Javier Hernández Ortiz,
quienes, por poseer legitimación activa para ello, deben
y tienen la facultad para impugnar el mismo. De ahí la
necesidad de acoger tanto la Moción solicitando orden
de paralización en auxilio de jurisdicción, como la
Petición de certiorari presentadas por éstos.
Por no ser ese el curso de acción seguido por una
mayoría de este Tribunal en el día de hoy, como ya
adelantamos, enérgicamente disentimos.
Ángel Colón Pérez Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Recurrido Núm.CC-2019-0035 Luis Javier Hernández Ortiz, Alcalde de Villalba
Voto particular disidente emitido por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez
En San Juan, Puerto Rico, a 24 de enero de 2019.
Estoy conforme con el Voto particular disidente suscrito
por el Juez Asociado señor Colón Pérez por cuanto en éste
se recoge minuciosamente el historial de la Oficina del
Panel del Fiscal Independiente (FEI), la antigua Comisión
para Ventilar Querellas Municipales (Comisión) y cómo ambas
instituciones han operado en el pasado y cómo deberían
interactuar ahora, bajo el nuevo marco legal que tuvo como
resultado la eliminación de la Comisión y la transferencia
de sus facultades a la Oficina del FEI. CC-2019-0035 2
Ello no obstante, escribo estas breves líneas para
señalar que mi experiencia pasada como Secretaria de
Justicia y Procuradora General, cuando trabajé innumerables
referidos a la Oficina del FEI pero más importante, a la
antigua Comisión, me permiten aseverar sin reservas, que
las facultades investigativas que se arroga el FEI, no tan
sólo carecen de base o fundamento en el andamiaje legal
presente según se detalla en el Voto particular disidente,
sino que la Comisión para Ventilar Querellas Municipales
nunca tuvo esas facultades y solo se limitaba a ser un ente
adjudicativo. Por lo tanto, históricamente también, la
interpretación acomodaticia de la Oficina del FEI no se
sostiene. Lo cierto es, que era el Ejecutivo quien
investigaba los hechos y, de entenderlo procedente,
formulaba la querella y la sometía a la Comisión -con la
prueba necesaria, así como los memorandos de derecho
correspondiente- para que allí se celebrara la vista
adjudicativa y se adjudicara la querella presentada.
Las pretensiones de la Oficina del FEI, avaladas
desgraciadamente por una mayoría de los miembros de este
Tribunal, tergiversan nuestro ordenamiento legal y
peligrosamente le confieren unos poderes a un organismo
cuya viabilidad futura se discute en nuestro País. El
proceder de la Oficina del FEI de iniciar un procedimiento
investigativo se asemeja más a los llamados kangaroo courts
que, a un proceso serio, digno de una agencia encargada de CC-2019-0035 3
velar por los intereses de todos, incluyendo de los
“investigados”.
Anabelle Rodríguez Rodríguez Juez Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Recurrido CC-2019-0035 ___________________________
Voto Particular Disidente emitido por el Juez Asociado señor RIVERA GARCÍA.
¿Nuestro Poder Legislativo, a través del inciso (c) del
3 LPRA sec. 99t-1, facultó al Panel sobre el Fiscal Especial
Independiente (PFEI) para encaminar, motu proprio, una
investigación a fin de llevar a cabo un procedimiento
disciplinario para suspender o destituir a un alcalde o una
alcaldesa? ¿El informe que rinde la Secretaria o el Secretario
de Justicia, al referir al PFEI una presunta conducta
delictiva, es suficiente para activar el quehacer CC-2019-0035 2
investigativo de la Unidad de Procesamiento Administrativo
Disciplinario (UPAD) conforme al 3 LPRA sec. 99t-1(c)?
Es mi criterio que este foro judicial debió pronunciarse
para contestar estas interrogantes, cuya trascendencia es
innegable, y así pautar una norma clara en cuanto al
procedimiento administrativo que ha de conducir la UPAD, y que
el legislador erigió en aquellas circunstancias contempladas
en el 3 LPRA sec. 99t-1(c). En lo pertinente para este caso,
el estatuto en disputa establece lo siguiente:
(1) Se crea la [UPAD] […] adscrita a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente. El Panel designará o contratará, a su entera discreción, el personal de la UPAD que sea necesario para llevar a cabo las funciones que establecen en las secs. 99h a 99aa de este título. La UPAD tendrá a su cargo el deber de recomendar al Panel el curso de acción a seguir en torno a procesos disciplinarios contra Alcaldes y Alcaldesas, en cualquiera de los siguientes escenarios: . . . . . . . . (c) Cuando el Panel reciba información, bajo juramento, que a su juicio constituya causa suficiente para investigar si un alcalde o alcaldesa ha incurrido en conducta inmoral, actos ilegales que impliquen abandono inexcusable, negligencia inexcusable que resulte lesiva a los mejores intereses públicos en el desempeño de sus funciones, según dichos términos son definidos en este Plan, iniciará un proceso para determinar si la magnitud de los hechos justifican la suspensión o destitución del alcalde o alcaldesa. La celebración del proceso estará a cargo de la UPAD la cual deberá notificar al Panel un informe con sus recomendaciones. Si de la investigación realizada el Panel determina que en efecto el alcalde o alcaldesa incurrió en conducta inmoral, actos ilegales que impliquen abandono inexcusable, negligencia inexcusable que resulte lesiva a los mejores intereses públicos en el desempeño de sus funciones, emitirá una resolución suspendiéndolo o destituyéndolo del cargo. (Énfasis suplido). CC-2019-0035 3
Una Mayoría de mis compañeros decidió no aclarar si el PFEI
puede ordenar el inicio del proceso disciplinario al que el
inciso (c) de la sección citada hace referencia. Ello, tras un
referido de la Secretaria de Justicia. La negativa de
expresarnos sobre esta controversia tiene el efecto de
permitirle al PFEI interpretar cómo y cuándo debe comenzar un
procedimiento disciplinario contra un alcalde o alcaldesa en
esos casos. Particularmente, cuando la ausencia de una normativa
clara podría dar margen a que se interprete la disposición
aludida de forma inconsistente y en contravención a las
exigencias del mandato legislativo. Lamentablemente, perdimos la
oportunidad de pronunciarnos sobre un asunto revestido de alto
interés público, como es la destitución mediante un
procedimiento administrativo de un alcalde o alcaldesa electo a
través de un proceso democrático.
Por estas razones, disiento enérgicamente del curso de
acción tomado por la mayoría del Tribunal.
Edgardo Rivera García Juez Asociado