EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario Certiorari
v. 2013 TSPR 121
Omar Vélez Bonilla 189 DPR ____
Recurrido
Número del Caso: CC-2012-372
Fecha: 30 de octubre de 2013
Tribunal de Apelaciones Región Judicial de Ponce
Oficina del Procurador General:
Lcdo. Luis Román Negrón Procurador General
Lcdo. Ricardo Alegría Pons Procurador General Auxiliar
Abogada de la Parte Recurrida:
Lcda. Ana Rosa Montes Arraiza Sociedad para la Asistencia Legal
Materia: Procedimiento Criminal – Descubrimiento de prueba imposibilidad de producir prueba potencialmente exculpatoria; procedimientos para determinar si procede desestimación de la acusación por el Estado no proceder descubrir evidencia no disponible EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Peticionario
v. CC-2012-372 Certiorari
Omar Vélez Bonilla
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo
San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2013.
Whenever potentially exculpatory evidence is permanently lost, courts face the treacherous task of divining the import of materials whose contents are unknown and, very often, disputed.1
La justicia demanda la verdad porque
precisa de ella para manifestarse. "Baste recordar
que el propósito del juicio no es obtener una
convicción, sino la depuración de hechos en
búsqueda de la verdad".2 De ahí, que el debido
1 California v. Trombetta, 467 U.S. 479, 486 (1984). 2 Pueblo v. Rodríguez Sánchez, 109 DPR 243, 247 (1979); Pueblo v. Delgado López, 106 D.P.R. 441. (1977). CC-2012-372 2
proceso de ley constitucional exija que el acusado tenga
la oportunidad de examinar con tiempo suficiente, no sólo
la prueba que obra en su contra –en vías de impugnarla-,
sino aquella que obra a su favor, sea sustantiva o para
impugnación.3
Por eso, reiteradamente y en variadas
circunstancias hemos señalado que cuando el Estado falla
en descubrir evidencia que resulta material y
exculpatoria, el debido proceso de ley exige
inimpugnablemente la celebración de un nuevo juicio.4
Pero, ¿qué ocurre cuando la prueba que el Estado
falla en descubrir no puede clasificarse como
exculpatoria, sino que meramente tenía el potencial de
serlo? Esa es la controversia que nos ocupa en esta
ocasión.
I
Los hechos de este caso están muy bien expuestos en
la sentencia de la cual se recurre, por lo que pasamos a
reproducirlos casi en su totalidad. El 9 de agosto
de 2010 el Sr. Saúl García Batista trabajaba como cajero
de la gasolinera JJG Service Station en Yauco. A eso de
las diez de la noche, alegó el señor García Batista que
mientras cuadraba la caja registradora, un individuo se
le acercó y le compró una cajetilla de cigarrillos y una 3 U.S. v. Bagley, 473 U.S. 667 (1985); Giglo v. United State, 405 U.S. 150 (1977). 4 Pueblo v. Arzuaga, 160 D.P.R. 520 (2003); Pueblo v. Hernández Santana, 138 D.P.R. 577 (1995); Pueblo v. Hernández García, 105 D.P.R. 506 (1974). CC-2012-372 3
Coca Cola. A los pocos minutos, la misma persona regresó
armada con una pistola y le exigió que le entregara el
dinero de la caja registradora y que no se moviera. Luego
de un minuto o minuto y medio, el individuo alegadamente
se marchó con más de dos mil dólares producto del asalto
y abordó un vehículo Nissan Altima gris “charcoal” con
tablilla HND115.
Mientras el individuo se marchaba en el vehículo,
el señor García Batista señaló que lo observaba a través
del sistema de cámaras de seguridad. Acto seguido, el
empleado abordó su vehículo, una guagua del 1987, y
persiguió el Nissan Altima que alegadamente fue abordado
por el asaltante. Durante la marcha, el cajero impactó el
Nissan Altima con su guagua por la parte trasera, por lo
que el asaltante hizo cuatro disparos desde su ventana.
Luego, el cajero perdió de vista el vehículo del
asaltante mientras se alejaba en dirección hacia Sabana
Grande; entonces desistió de la persecución.
Posteriormente, la Policía de Puerto Rico
identificó en el Municipio de Yauco el Nissan Altima gris
con tablilla HDN115 en el que presuntamente escapó el
asaltante y que fue impactado por la parte trasera, según
descrito la noche de los hechos por el señor García
Batista. Acto seguido se arrestó al ocupante del mismo. A
los ocho días después de la noche de los hechos, en una
rueda de detenidos el señor García Batista identificó al
Sr. Omar Vélez Bonilla (recurrido) como el asaltante. Ese
mismo día, el Ministerio Público presentó tres denuncias CC-2012-372 4
contra el recurrido por el delito de robo5 y las otras
dos por infracciones a la Ley de Armas.6
Habiéndole encontrado causa probable para arresto y
presentadas las denuncias en su contra, el 31 de agosto
de 2010 el recurrido presentó una Moción solicitando
orden en la cual alegó la existencia de prueba
exculpatoria consistente en videocintas del día de los
hechos y solicitó el auxilio del tribunal para la
presentación de dicha evidencia. En esa moción, el
recurrido no argumentó en qué medida el vídeo requerido
constituía prueba exculpatoria y mucho menos sobre cuál
sería su importancia o alcance.
El 1 de septiembre siguiente se celebró la vista
preliminar. De la resolución correspondiente surge que el
Tribunal de Primera Instancia (TPI) tomó conocimiento de
la solicitud presentada por el recurrido. El Ministerio
Público, por su parte, formuló su oposición a dicha
solicitud, alegando, en síntesis, que el vídeo al cual se
hacía referencia no contenía prueba exculpatoria, sino
prueba que corroboraba la conexión del imputado con los
delitos por los cuales se le denunció. Además, manifestó
que no utilizaría ese vídeo durante la vista preliminar.
En esa ocasión el agente Ricardo Pontón Cruz (el agente
Pontón), testigo de cargo, informó que el vídeo en
5 Art. 198 del Código Penal de Puerto Rico de 2004, 33 L.P.R.A. sec. 4826. 6 Arts. 5.04 y 5.15 de la Ley Núm. 404-2000, 25 L.P.R.A. secs. 458c y 458n. CC-2012-372 5
cuestión no fue grabado por la Policía de Puerto Rico,
sino que se trataba de una grabación producto del sistema
de seguridad de la gasolinera. Explicó que, como parte de
la investigación, hizo una regrabación del vídeo en un
dispositivo removible (“USB”), pero que no había podido
reproducirlo en su oficina, por lo que no estaba
disponible para ser entregado al tribunal.
Luego de haber escuchado los alegatos de las
partes, el TPI denegó la solicitud del recurrido.
Fundamentó su determinación al destacar las
particularidades de la vista preliminar al amparo de las
Reglas 23 y 95 de las Reglas de Procedimiento Criminal, a
saber, que en la etapa de vista preliminar el Fiscal solo
viene obligado a presentar aquella prueba que establezca
un caso prima facie contra el acusado, que no existe el
derecho a descubrimiento de prueba por parte del
imputado, salvo las declaraciones juradas de los testigos
que allí declararon y circunstancias especiales del
debido proceso de ley. Además, expresó que le
correspondía a la Defensa poner al tribunal en
condiciones de determinar si el vídeo en cuestión
realmente era prueba exculpatoria.7
7 Según expresó el foro primario en su Resolución del 1 de septiembre de 2010, “[e]n el caso que nos ocupa, la defensa se limitó a exponer que el Ministerio Público debió entregarle el vídeo en su poder porque el mismo poseía prueba exculpatoria; sin embargo, no argumentó en qué medida este vídeo constituía prueba exculpatoria, así como tampoco sobre la importancia y el alcance de lo que podía evidenciar el vídeo. La defensa no ha demostrado con especificidad su argumento sobre la prueba exculpatoria. Una simple alegación general no rebate las exigencias procesales en la etapa de vista CC-2012-372 6
Así el trámite, el 10 de septiembre de 2010 el
Ministerio Público presentó las acusaciones
correspondientes. Al día siguiente, el recurrido presentó
la estilada Moción en razón de Regla 95 de las de
Procedimiento Criminal y el Debido Procedimiento de Ley.
Como parte de los requerimientos, solicitó toda
fotografía y/o vídeo que tenga en su poder el Ministerio
Público o la Policía tomada como resultado de o
relacionada con el caso de epígrafe.
El 18 de octubre de 2010 se celebró una vista en la
que se discutieron las mociones presentadas por las
partes. En esta, el Ministerio Público informó que tenía
el vídeo y que harían las gestiones necesarias para que
se trajera el equipo para poder verlo, ya que no lo
habían podido reproducir en la oficina.
El 29 de octubre de 2010 la Defensa presentó una
Moción informativa y solicitando remedios, en la cual
reiteró que el Ministerio Público no le había entregado
copia del vídeo de las cámaras de seguridad de la
gasolinera, el cual calificó como esencial para la
defensa del recurrido, y solicitó el auxilio del tribunal
para que le ordenara entregárselo. Nuevamente, en dicha
moción el recurrido no argumentó en qué medida el vídeo
requerido constituía prueba esencial para su defensa y
mucho menos sobre cuál sería su importancia o alcance. ____________________________________________________________________ preliminar, ni puede escaparse de la limitación establecida en las Reglas de Procedimiento Criminal y su jurisprudencia interpretativa”. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 34. CC-2012-372 7
Ese día, la Defensa también presentó una Moción al
amparo del Debido Proceso de Ley e Impugnando el
Procedimiento de Identificación. En la misma resumió el
testimonio del señor García Batista, y cuestionó el
arresto y la posterior identificación del recurrido por
parte de este. Sin embargo, nuevamente en esa moción el
recurrido no mencionó el referido vídeo, a pesar de que,
según alegaba, su contenido constituía prueba
exculpatoria.
El 12 de noviembre de 2010 la Defensa presentó una
Moción informativa urgente y solicitando remedios. En la
misma hizo constar la entrega de dos discos compactos
(CD's) por parte del Ministerio Público y las gestiones
infructuosas para poder ver su contenido. En esa moción,
el recurrido advirtió que desde la vista preliminar
estuvo requiriendo el auxilio del tribunal de instancia
para examinar el vídeo del día de los hechos. Sin
embargo, a pesar de lo anterior, nuevamente el recurrido
no argumentó en qué medida el requerido vídeo constituía
prueba exculpatoria y mucho menos cuál sería su
importancia o alcance.
Ese mismo día, el Ministerio Público presentó una
Oposición a la Moción al Amparo del Debido Proceso de Ley
e Impugnando Procedimiento de Identificación. Alegó, en
síntesis, que el criterio de que la validez de una
identificación sea a la luz de la totalidad de las
circunstancias se cumplió en este caso, que el señor CC-2012-372 8
García Batista identificó al recurrido mediante rueda de
detenidos y que dicho procedimiento no fue sugestivo.
Así las cosas, el 23 de noviembre de 2010 se
celebró una vista en la cual la Defensa indicó que no
podía ver el vídeo según entregado por el Ministerio
Público. En esa ocasión, el Fiscal se comprometió a
verificar si en su propia computadora se podía ver el
contenido de los CD entregados a la Defensa. Según la
discusión de la vista, el tribunal ordenó nuevamente al
Ministerio Público a hacer las gestiones necesarias para
reproducir el vídeo a la Defensa.
El 10 de diciembre de 2010 se celebró otra vista,
en la cual se volvió a atender el asunto del vídeo. En
esta ocasión la Defensa informó que ni siquiera el
técnico de computadoras del tribunal pudo reproducir el
vídeo, y que este era necesario para la vista de
supresión de identificación.
El 20 de enero de 2011 la Defensa presentó una
Moción Urgente Solicitando Orden, e Informativa y sobre
otros extremos. Sostuvo que luego de innumerables
gestiones e intentos fútiles, no habían logrado acceso al
vídeo del día de los hechos. Arguyó que al no tener
acceso a dicha prueba, la cual calificó como
exculpatoria, procedía la desestimación de los cargos
contra el recurrido. En esa ocasión nuevamente el
recurrido catalogó el vídeo de exculpatorio, pero no dio
detalle alguno en torno a su alcance o valor
exculpatorio. CC-2012-372 9
El 28 de enero de 2011, se celebró una vista y la
Defensa informó que, a pesar de todas las gestiones, aún
no habían podido ver el contenido del vídeo. Por su
parte, alegó que el vídeo era esencial para la defensa y
que, de entender que era exculpatorio, solicitaría que el
tribunal lo examinara. De la misma forma, informó que
había acordado acudir con el agente Pontón a la
gasolinera a intentar ver el vídeo desde el dispositivo
“USB” del agente. El agente indicó que la cinta del
establecimiento se había borrado, por lo que tenía que
verificar si se podía ver desde la copia que había
realizado.
El 2 de marzo de 2011, la Defensa informó al
tribunal sobre las gestiones realizadas hasta el momento
y que estas habían sido infructuosas. El dueño de la
gasolinera manifestó que no podían ver el vídeo en el
equipo del local porque había ocurrido otro asalto y
entendía que se podía borrar el vídeo de este último
incidente. Conscientes de que las cámaras de seguridad
del local borraban a los 30 días, el tribunal citó al
agente Pontón para que acudiera con su “USB” a la
gasolinera para ver si se podía reproducir el vídeo desde
el dispositivo.
Según ordenado, el 23 de marzo de 2011 las partes
acudieron al tribunal junto al agente Pontón, y allí se
les ordenó comparecer a la gasolinera ese mismo día para
ver el vídeo desde el equipo del local. Al día siguiente,
la Defensa presentó una Moción Incluyendo Documentos CC-2012-372 10
(Regla 95-A) en la que informó que no pudieron ver el
vídeo en la gasolinera, y que había acordado con el
Fiscal para que este se llevara el “USB” al Instituto de
Ciencias Forenses para que un especialista intentara
extraer el vídeo.
En la vista de supresión de identificación
celebrada el 27 de abril de 2011, la Defensa informó que
llevaba desde la etapa de vista preliminar solicitando el
vídeo y que aún no había tenido oportunidad de verlo. Por
otra parte, el Ministerio Público expresó que estaba
imposibilitado de reproducir el vídeo, y que estaba
esperando por los resultados del Instituto de Ciencias
Forenses.
En esa ocasión el Tribunal determinó que la Moción
de Supresión de Identificación no tiene nada que ver con
el vídeo y que esta ni lo mencionaba. Por ello, entendió
que no se debía postergar más la vista esperando por el
vídeo. A su vez, el TPI ordenó que si se lograba
reproducir el vídeo, la Defensa tendría derecho al mismo.
La Defensa contestó que el vídeo era necesario porque la
intervención que se hace con su cliente estuvo basada en
un número de tablilla que anotó un testigo, que intervino
con la persona que estuvo conduciendo el vehículo, y
alegó que la esencia de la supresión era si se veía o no
a la persona porque la situación fue muy rápida.
Entonces, el TPI determinó que en cuanto a discusión
sobre la supresión de identificación, se presumiría que
el vídeo no mostraba la tablilla del vehículo. Esto, CC-2012-372 11
haciendo la salvedad de que tal determinación podría
variar una vez las partes le presentara evidencia a estos
efectos.
El 11 de mayo de 2011, la defensa presentó una
Moción al Amparo del Debido Proceso de Ley y Solicitando
Desestimación en la que esbozó el derecho aplicable en
torno a prueba exculpatoria y reseñó jurisprudencia
norteamericana en la cual se atiende una situación muy
similar a la de autos.
Nuevamente, el 13 de mayo de 2011, la Defensa
presentó una Moción Informativa solicitándole al tribunal
de instancia que tomara conocimiento de que en ese día
habían comparecido a Fiscalía y le había hecho entrega de
los dos CD que habían recibido por parte del fiscal, a
los fines de que fueran examinados por el perito del
Instituto de Ciencias Forenses (ICF).
El 18 del mismo mes y año se celebró una vista para
dilucidar el asunto del vídeo. En esta, el Ministerio
Público informó que no tenía el vídeo solicitado, toda
vez que el sistema de seguridad de la gasolinera tiene
una duración de treinta días y pasado ese tiempo lo
grabado en el vídeo no se retiene. Además, informó que la
Sección de Evidencia Digital y Multimedios del ICF
indicaba que no se podía recuperar el vídeo del CD; que
había un vídeo captado en el “pen drive” del Agente
Pontón, pero que, después de haberle hecho una foto
secuencia, dicho vídeo correspondía a los hechos de otro
caso. El TPI por su parte, reconsideró las expresiones CC-2012-372 12
sobre la vista del 27 de abril de 2011 y mencionó
jurisprudencia norteamericana que atiende la situación en
la que una evidencia crítica para la defensa del acusado,
que fue solicitada a tiempo, no se produzca por el
Estado. Por ello, concedió un término de 15 días al
Ministerio Público para replicar a la Moción de
Desestimación.
El 15 de junio de 2011 el Ministerio Público
presentó su oposición a la segunda moción de
desestimación. Alegó, en síntesis, que las imágenes de
las cámaras de seguridad en cuestión nunca habían estado
disponibles al Ministerio Público ni a la Defensa, por lo
que les llamó la atención que la Defensa alegara que se
trataba de prueba exculpatoria. Señaló, además, que la
centralidad de las imágenes de las cámaras de seguridad
era mínima porque había un testigo presencial de los
hechos y no debían ser penalizados con la desestimación
del caso cuando había una imposibilidad física de
producir las imágenes.
Así el trámite, el 27 de junio de 2011 el TPI
celebró una vista para considerar la solicitud de
supresión de identificación. Surge del acta de la vista
que el tribunal de instancia acogió el planteamiento del
recurrido, pues determinó que la no disponibilidad de los
vídeos impidió a la Defensa presentar su caso de una
manera adecuada. El tribunal concluyó, además, que era
esencial para cumplir con el requerimiento del debido
proceso de ley el que los vídeos estuviesen disponibles CC-2012-372 13
para la Defensa. En vista de lo anterior, el Tribunal de
Primera Instancia desestimó el caso. Ahora bien, surge
del expediente que el foro primario fundamentó su
determinación en dos casos de la jurisprudencia federal.
Así lo expresa el acta de la vista del 27 de junio de
2011, en la cual se señala lo siguiente:
Luego del Tribunal escuchar los argumentos tanto de la Defensa como el Ministerio Público; y de acuerdo a lo que señala la Defensa en su Moción sobre la jurisprudencia en los casos del norte, People vs North Worth, Brady vs Maryland. Estos casos resuelven juicios en su fondo donde se ha informado que la no disponibilidad de cierta evidencia, en particular de ciertos vídeos en poder de la Policía, ya sea por causa intencional o negligencia, se resuelve que si estos vídeos fueron materiales para que la Defensa pudiera presentar su cas[o] de forma adecuada, es una violación al debido proceso de ley.8
Finalmente, el 27 de octubre de 2011, el TPI emitió
su resolución por escrito en la que concluyó lo
siguiente:
El deber de preservar evidencia material es parte del deber de producirla. A pesar que en el caso de epígrafe el tribunal declaró No Ha Lugar la producción de la vídeocinta para la etapa de la vista preliminar, dicho pedido en etapa de supresión de evidencia debe declararse Ha Lugar, pues la no disponibilidad por causas atribuibles al estado de una vídeocinta que alegadamente capta los hechos que motivan los cargos de epígrafe niegan el debido proceso de ley del acusado.9
Inconforme, el Ministerio Público presentó un
recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones en
8 Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 23. 9 Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 28. CC-2012-372 14
el que, en lo pertinente y en síntesis, planteó que había
errado el foro de instancia al concluir que la cinta de
vídeo contenía evidencia exculpatoria per se. No
obstante, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición
del recurso. En su sentencia, y después de hacer un
extenso recuento de la doctrina relacionada a la
importancia del proceso de identificación, el foro
apelativo intermedio dispuso como sigue:
En el recurso ante nuestra consideración, el Ministerio Fiscal no descubrió al recurrido el vídeo de las cámaras de seguridad de la gasolinera. Fundamentó su contención en la imposibilidad física para descubrirlo. A la luz de lo anterior, el TPI desestimó el caso contra el recurrido.... ........
Luego de evaluar la totalidad del expediente ante nuestra consideración, y habiéndose confirmado la negligencia del Estado para preservar dicho vídeo, en ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, no vemos motivo para intervenir con la determinación del foro primario.10
Ante la denegatoria del Tribunal de Apelaciones de
expedir el recurso, el Ministerio Público recurrió ante
este Tribunal mediante recurso de certiorari, el cual
expedimos. Los errores planteados en el recurso son los
siguientes:
1. Incidió el Tribunal de Apelaciones al inferir sin ninguna prueba que lo sustentara, que la cinta de vídeo tomada de la cámara del garaje “JJG Service” constituía prueba exculpatoria.
2. Incidió el Tribunal de Apelaciones al denegar la expedición del recurso, a pesar de que no hubo
10 Apéndice de la petición de certiorari, págs. 152-153. CC-2012-372 15
prueba de mala fe o conducta impropia del Estado en el manejo de la cinta de vídeo.
3. Incidió el Tribunal de Apelaciones al soslayar la normativa vigente sobre la materia. En particular el caso de Arizona v. Youngblood, 488 U.S. 51 (1988), que revocó el caso People v. Harmes, 560 P 2d 470, en el cual el Tribunal de Primera Instancia había fundamentado su decisión.
II
Como se ha dicho, en nuestra jurisdicción el
derecho del acusado al descubrimiento de prueba se rige
por lo dispuesto en las Reglas de Procedimiento Criminal
de Puerto Rico, específicamente las Reglas 94 y 95.11 Sin
embargo, existen instancias en las cuales el derecho al
descubrimiento de prueba tiene una base más amplia,
cimentada en la cláusula del debido proceso de ley de
nuestra Constitución.12
A. El deber constitucional de descubrir la evidencia exculpatoria
En el normativo Brady v. Maryland, 373 U.S. 83
(1963), caso citado por la ilustrada sala de instancia,
el Tribunal Supremo de Estados Unidos estableció que el
Estado tiene la obligación de descubrir toda evidencia
favorable que sea relevante a la inocencia o castigo del
acusado, independientemente de la buena o mala fe del
Ministerio Público. En este caso se advierte que el
11 34 L.P.R.A. Ap. II. 12 Pueblo v. Arzuaga, supra, pág. 534; Pueblo v. Hernández García, 102 D.P.R. 506, 511 (1974). En la jurisdicción federal, véase United States v. Agurs, 427 U.S. 97 (1976); Brady v. Maryland, 373 U.S. 83 (1963). CC-2012-372 16
incumplimiento por parte del Estado con relación a esta
norma constituye una violación al debido proceso de ley
consagrado en las Enmiendas Quinta y Decimocuarta de la
Constitución federal.
Ahora bien, como parte del deber de descubrir, el
Estado está obligado a preservar y entregar a la Defensa
toda evidencia exculpatoria que advenga a su conocimiento
o que recopile durante o con posterioridad al proceso
investigativo.13 En ese contexto, es menester recordar al
Ministerio Público que como bien se implica en la
definición que estableciéramos en Pueblo v. Echevarría
Rodríguez, supra, evidencia exculpatoria no es
necesariamente aquella que de por sí sola es capaz de
producir la absolución del acusado. No se requiere tal
potencial. Es más bien, toda evidencia que llanamente
pudiera favorecer al acusado, sin consideraciones en
torno a su materialidad o confiabilidad. Su
confiabilidad -cuán creíble es-, así como su materialidad
-cuánto aporta en favor del acusado-, es un asunto que
corresponderá evaluar al foro de instancia.
Por otra parte, en Pueblo v. Hernández García, 102
D.P.R. 506 (1974), adoptamos lo resuelto en Brady v.
Maryland, supra, y establecimos que el Ministerio Público
está obligado a descubrir cualquier tipo de evidencia que
sea relevante a la inocencia o el castigo del acusado,
independientemente de que la evidencia en cuestión cumpla
13 Pueblo v. Arzuaga, supra; California v. Trombetta, supra. CC-2012-372 17
o no con los criterios establecidos en las Reglas de
Procedimiento Criminal. Señalamos, entonces, que el
incumplimiento con esta norma constituye una violación al
debido proceso de ley constitucional.
Posteriormente, en Pueblo v. Rodríguez Sánchez, 109
D.P.R. 243 (1979), un caso en el que la Defensa
solicitaba unos informes que no se encontraban en
posesión del Ministerio Público, "nos adherimos a la
doctrina de Brady v. Maryland, ante y de United States v.
Agurs, 427 U.S. 97 (1976), al puntualizar que 'es
responsabilidad del Estado en su obligación de proveer un
juicio justo bajo la cláusula de debido proceso de ley, y
aun sin mediar solicitud de la defensa, revelar cualquier
evidencia exonerante en su poder o vicios de falsedad en
su prueba que de permanecer ocultos e ignorados
sofocarían la verdad en la sala de justicia'".14
B. Evidencia potencialmente exculpatoria
Ya hemos mencionado que prueba exculpatoria es, en
síntesis, toda aquella que resulta favorable al acusado y
que posee relevancia en cuanto a los aspectos de
culpabilidad y castigo. De forma que si la evidencia en
cuestión, por la razón que sea, no alcanza esas
características, la misma no califica como prueba
exculpatoria. Por otro lado, existen circunstancias en
las que no es posible determinar la calificación de
14 Pueblo v. Arzuaga, supra, págs. 536-537. CC-2012-372 18
evidencia pertinente que el Estado no preservó. En otras
palabras, situaciones en las que no es viable discernir
si la evidencia pertinente recolectada por el Estado en
la etapa investigativa y que ya no existe, obraba a favor
o en contra del acusado. Tal tipo de evidencia se
denomina evidencia “potencialmente exculpatoria”. En el
normativo Arizona v. Youngblood, 488 U.S. 51 (1988), el
Tribunal Supremo federal estableció el parámetro mínimo
con relación a un reclamo de debido proceso de ley, ante
la pérdida de evidencia “potencialmente exculpatoria”.
En Arizona v. Youngblood, supra, el Tribunal
Supremo federal se enfrentó a la situación de un niño de
diez años que fue brutalmente sodomizado. El día de los
hechos y conforme al protocolo establecido, al menor se
le tomó una muestra de material genético de su ano, para
someterla al correspondiente examen de ADN. Además, se
incautaron varias piezas de ropa del niño, aunque en ese
momento no se les sometió a pruebas ni se preservaron con
la diligencia debida. El problema surgió cuando el
material genético tomado el día de los hechos en el
cuerpo del menor no fue suficiente para poder realizar
las pruebas de ADN. Entonces, el Estado intentó utilizar
el material genético que se encontraba en la ropa
incautada, encontrando que por su negligencia -al no
refrigerarla- se habían estropeado las muestras y era
imposible recuperarlas.
Ante esta situación, el acusado Youngblood planteó
que el Estado había violado su debido proceso de ley al CC-2012-372 19
ser negligente y no preservar la evidencia que podría
favorecerle en su defensa. Sin embargo, el Tribunal
Supremo federal no aceptó tal planteamiento. Ciertamente
la Corte se encontraba ante una gran incertidumbre: de
las piezas de ropa del niño haber sido preservadas
diligentemente y habérsele realizado las pruebas de ADN,
estas hubieran mostrado la identidad de la persona que
había sodomizado al menor. De manera que en realidad esta
evidencia podía exonerar al acusado, pero de igual manera
podía inculparlo. Por eso, el Alto Foro federal determinó
que las piezas de ropa no eran evidencia exculpatoria,
sino potencialmente exculpatoria. Ante tal circunstancia,
el Tribunal determinó que a menos que el acusado pudiera
demostrar que el Estado actuó de mala fe, el no preservar
evidencia potencialmente exculpatoria no constituye una
violación al debido proceso de ley.15 Como el acusado
Youngblood no probó que las muestras se estropearon por
la mala fe del Estado, el Tribunal concluyó que no se le
había violado su derecho a un debido proceso de ley.
Situaciones como las de Youngblood, el propio
Tribunal Supremo federal las había adelantado en
California v. Trombetta, 467 U.S. 479, 486 (1984), al
señalar que “cada vez que evidencia potencialmente
exculpatoria se pierde permanentemente, los tribunales
15 ”We therefore hold that unless a criminal defendant can show bad faith on the part of the police, failure to preserve potentially useful evidence does not constitute a denial of due process of law.” Arizona v. Youngblood, supra, pág. 58. CC-2012-372 20
enfrentan la traicionera tarea de adivinar la importancia
de materiales cuyo contenido es desconocido y, muy
frecuentemente, disputado”. Por otro lado, notemos que
como habíamos mencionado, en Brady v. Maryland, supra, el
Tribunal Supremo federal determinó que era irrelevante la
buena o mala fe del Estado en la determinación de una
violación del debido proceso de ley por no descubrir
evidencia, cuando esta fuera evidencia exculpatoria. No
obstante, en Youngblood, el parámetro no es el mismo por
tratarse de evidencia no preservada a la cual no se le ha
podido determinar valor exculpatorio, si alguno. Así que
nos encontramos ante mera evidencia potencialmente
Ahora bien, en Youngblood, el Tribunal Supremo
federal no definió lo que constituía “mala fe” en el
contexto de evidencia potencialmente exculpatoria.
Aquellas jurisdicciones en las cuales la norma de
Youngblood se ha adoptado han sido las que se han visto
forzadas a definir el concepto. En general, en esas
jurisdicciones se ha definido “mala fe” como la actuación
intencional o el esfuerzo consciente de un agente o
funcionario del Estado de desaparecer la evidencia,
buscando afectar así el resultado del proceso criminal.16
El requisito de mala fe establecido en Arizona v.
Youngblood, supra, ha recibido fuertes críticas,
16 State v. Kohel, 320 Wis.2d 705 (2009); State v. McGill, 324 N.W.2d 378 (1982). CC-2012-372 21
principalmente porque puede producir resultados no
deseados.17 Esto pues, en muchos casos resulta
prácticamente imposible que en términos reales un acusado
pueda demostrar la mala fe del Estado, sin conocer la
razón que provocó la inaccesibilidad de la evidencia
potencialmente exculpatoria. Una búsqueda de los casos en
los que se ha tratado de probar la mala fe del Estado
demuestra que en solo 7 de 1,675 se ha tenido éxito.18
Claro está, con relación al requisito de mala fe
establecido en Arizona v. Youngblood, supra, es
importante señalar que este es el mínimo que cada estado
o territorio está obligado a reconocerle a un acusado. De
manera que si el acusado logra probar que en la no
preservación de evidencia potencialmente exculpatoria el
Estado actuó con mala fe, procedería sin más su
absolución.
III
Para poder determinar cuál será la norma a seguir
en el supuesto de prueba potencialmente exculpatoria, es
menester repasar primeramente cuáles han sido los
parámetros que hemos determinado en casos de evidencia
exculpatoria. Solo así podemos establecer los parámetros
17 N. Bay, Old Blood, Bad Blood, And Youngblood: Due Process, Lost Evidence, And The Limits of Bad Faith, 86 Wash. U. L. Rev. 241 (2008); E. Bawden, Here Today, Gone Tomorrow- Three Common Mistakes Courts Make When Police Lose Or Destroy Evidence With Apparent Exculpatory Value, 48 Clev. St. L. Rev. 335 (2000); M. Lembke, The Role Of Police Culpability In Leon And Youngblood, 76 Va. L. Rev. 1213 (1990).
18 Teresa N. Chen, The Youngblood Success Stories: Overcoming The “Bad Faith” Destruction of Evidence, 109 W. Va.L. Rev. 421 (2004). CC-2012-372 22
coherentes con relación a una evidencia que por no ser
exculpatoria exige un requerimiento mayor al acusado.
Materialidad de la prueba.
En Pueblo v. Rodríguez Sánchez, supra, y
fundamentándonos en United States v. Agurs, supra,
introducimos por primera vez el elemento de materialidad
de la prueba a descubrirse, al disponer que:
[e]l concepto de materialidad, y la obligación del fiscal de revelar ante la solicitud de la defensa, han de ser consubstanciales con el eminente interés en asegurar que toda evidencia significativa que tienda a establecer inocencia sea presentada al juzgador de los hechos.19
Por otro lado, en Pueblo v. Arzuaga, 160 D.P.R.
520, 539 (2003), aclaramos el concepto de materialidad
requerido en casos de evidencia exculpatoria al señalar,
basándonos en Kyles v. Whitley, 514 U.S. 419, 434 (1995),
y United States v. Bagley, 473 U.S. 667, 678 (1985), que:
el Ministerio Fiscal tiene el deber de revelar cualquier indicio de falso testimonio y de descubrir evidencia exculpatoria cuando tal falsedad o carácter exculpatorio es, o debió ser, conocida por éste. Ello, naturalmente, sin necesidad de una previa solicitud por parte de la defensa y sin importar si las Reglas de Procedimiento Criminal proveen o no para tal descubrimiento en la etapa específica de los procedimientos en que se encuentren. El no hacerlo podría acarrear la revocación de la convicción y la celebración de un nuevo juicio. [Énfasis en el original] Ello dependerá de la relevancia y materialidad de la evidencia suprimida; esto es, si la supresión de la evidencia de que se trata socava la confianza en el resultado del juicio. Esto deberá ser
19 Pueblo v. Rodríguez Sánchez, supra, pág. 247. CC-2012-372 23
analizado a base de un estándar de “probabilidad razonable”. (Énfasis suplido).
Como surge de nuestra jurisprudencia, en instancias
en las que hemos evaluado la alegada violación al debido
proceso de ley por incumplimiento del Estado en descubrir
evidencia claramente exculpatoria, hemos sido
consistentes en exigir que el acusado no solo demuestre
que la evidencia le era favorable, sino que la misma era
constitucionalmente material para su defensa. Esto,
analizado a base de un estándar de probabilidad
razonable. Siendo así, es claro que ese requisito de
materialidad no podría ser sino el mínimo a exigirse en
instancias como las del caso de autos.
Negligencia del Estado como requisito en la
alternativa.
Por otro lado, limitar las posibilidades del
acusado únicamente a la regla de Youngblood, o sea, a que
tenga que probar la mala fe del Estado, lo entendemos
cuando menos utópico, por la dificultad, sino
imposibilidad, que esto representa. Además, es injusto,
pues no debemos subestimar el hecho de que, como
finalmente ocurrió con el propio Sr. Youngblood tal
prueba, de haber sido debidamente preservada, tenía el
potencial de favorecer o incluso exonerar al acusado.20
20 Norman C. Bay, Old Blood, Bad Blood, and Youngblood: Due Process, Lost Evidence, and the Limits of Bad Faith, 86 Wash. U. L. Rev. 241 (2008). CC-2012-372 24
Considerando lo anterior, en circunstancias en las
que la evidencia no preservada por el Estado sea
potencialmente exculpatoria, entendemos más justo y
pragmático añadir un requisito en la alternativa al de
mala fe del Estado; este es, “negligencia”. En este
contexto, definimos “negligencia” como aquella
circunstancia en la que el Estado haya fallado en ejercer
el cuidado que una persona común ejercería.21
A. Análisis a seguir en el caso de evidencia no preservada
En el caso de un reclamo de violación al debido
proceso de ley por evidencia que no está disponible por
no haber sido debidamente cuidada o preservada, el TPI
deberá considerar los siguientes tres factores, en orden
de prelación:(1) determinar que la evidencia no está
disponible por una acción u omisión del Estado; (2)
determinar que la evidencia constituía evidencia
pertinente conforme se define en la Regla 401 de las
Reglas de Evidencia de Puerto Rico;22 y (3) determinar
que, según la teoría de la Defensa, de estar disponible
esta evidencia obraría a favor del acusado. Ahora bien,
debemos recordar que “evidencia potencialmente
exculpatoria” no es evidencia exculpatoria que no está
disponible. Como ya hemos señalado, “evidencia
potencialmente exculpatoria” es aquel tipo de prueba que
21 Black’s Law Dictionary, pág. 1057 (7th ed. 1999).
22 32 L.P.R.A. Ap. VI R. 401 . CC-2012-372 25
no está disponible y de la cual no podemos determinar a
ciencia cierta si hubiera obrado a favor o en contra del
acusado. Sin embargo, para que el acusado pueda cumplir
con este tercer parámetro, tiene que poner al tribunal en
posición de determinar, partiendo del supuesto de que
hubiera sido exculpatoria, cómo esta prueba pudo haberle
ayudado.
Además, en cuanto a este tercer factor propuesto y
conforme al estándar de probabilidad razonable, evidencia
“potencialmente exculpatoria” no significa aquella que
hubiera producido la absolución del acusado, sino que
hubiera sido suficiente como para minar o socavar la
confianza en el resultado. Esta es una evidencia que de
haberse presentado a posteriori hubiera llevado a pensar
a una persona prudente y razonable que el fallo o
veredicto, aunque podría sostenerse, “ya no es tan
confiable”.
B. Análisis en caso de evidencia “potencialmente exculpatoria”
En los casos en los que el acusado plantee una
violación al debido proceso de ley por la pérdida o
destrucción de prueba potencialmente exculpatoria, el
Ministerio Público debe exponer la razón de las
circunstancias que lo llevaron a perder o destruir la
evidencia en controversia. El acusado, a su vez, podrá
presentar la evidencia que entienda pertinente y
necesaria al asunto. De lo presentado, el tribunal CC-2012-372 26
determinará si las actuaciones del Estado son
constitutivas de mala fe o negligencia.
En los casos en que el tribunal encuentre que las
actuaciones del Estado son constitutivas de mala fe,
conforme hemos definido en esta Opinión, procedería la
desestimación. Mientras que en los casos en que el
tribunal entienda que el Estado fue negligente, será de
aplicación una presunción a favor del acusado, según se
establece en la 301(c) de las Reglas de Evidencia. Por su
parte, cuando el Ministerio Público pruebe que sus
acciones no se deben a la negligencia o mala fe, entonces
el TPI determinará que no ha habido violación al debido
proceso de ley.
IV
Pasemos, entonces, a resolver la controversia ante
nuestra consideración. Según los hechos del caso, nos
encontramos ante una aparente violación de la cláusula de
debido proceso de ley, por el no descubrimiento por parte
del Estado de evidencia no disponible; esto, por no haber
sido debidamente cuidada o preservada. Siendo así, y
conforme a los parámetros establecidos previamente, el
primer paso es determinar si la evidencia se encontraba
bajo la custodia y el control del Estado, y si bajo ese
control se echó a perder, se destruyó o desapareció. No
existe duda en cuanto a que el vídeo en cuestión, aunque
no fue grabado por la Policía, una vez incautado estuvo
en todo momento bajo el control del agente Pontón, de la CC-2012-372 27
División de Robos, y que fue él quien regrabó otro
material sobre la última copia viable que existía del
mismo.
Con relación al segundo parámetro a determinar,
tampoco existe duda en torno a que el referido vídeo
hubiera constituido evidencia pertinente al caso. Como
menciona el foro de instancia en su resolución, el vídeo
constituía “una grabación tomada por las cámaras de
seguridad del garaje JJG Service Station que grabaron
visuales de lo ocurrido”.23 Es claro que ese vídeo
constituía evidencia que hubiera cumplido con los
parámetros de la Regla 401 de las Reglas de Evidencia,
supra.24
El tercer punto a considerar es si la evidencia no
disponible tiene el potencial, según la teoría de la
Defensa, de favorecer al acusado. En el presente caso,
aunque desde antes de la celebración de la vista
preliminar el acusado estuvo reclamando que se le
entregara el vídeo por ser uno “exculpatorio”, lo cierto
es que en aquel entonces no lo fundamentó, así como
tampoco en sus múltiples mociones. No obstante, de las
23 Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 24.
24 La Regla 401 de las Reglas de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI R. 401, dispone:
REGLA 401. DEFINICIÓN DE EVIDENCIA PERTINENTE Evidencia pertinente es aquélla que tiende a hacer la existencia de un hecho, que tiene consecuencias para la adjudicación de la acción, más probable o menos probable de lo que sería sin tal evidencia. Esto incluye la evidencia que sirva para impugnar o sostener la credibilidad de una persona testigo o declarante. CC-2012-372 28
actas de las vistas argumentativas se desprende que la
Defensa fundamentó su solicitud del vídeo bajo el
argumento de que sería para impugnar el testimonio del
señor García Batista. Esto, ya que la identificación de
su cliente se basaba en el testimonio del señor García
Batista. La Defensa específicamente buscaba impugnar la
interacción del testigo con el acusado y si este tuvo la
oportunidad de observar la tablilla del vehículo. A estos
efectos, en la Minuta de la vista de supresión de
identificación del 27 de abril de 2011, la Defensa
argumentó que solicitó el vídeo porque la intervención
que se hizo con su cliente estaba basada en el número de
tablilla que un testigo anotó el día de los hechos. Nueve
días después, la policía intervino con el conductor del
vehículo correspondiente a la tablilla anotada. La
Defensa adujo que la esencia de solicitar la supresión
era precisamente suprimir la identidad, ya que el video
no estaba disponible para corroborar si el testigo tuvo
la oportunidad de anotar la tablilla por la brevedad de
los hechos.25
A los fines de atender la situación anterior, el
TPI hizo constar que dicho vídeo no mostraba la tablilla
del vehículo. La Defensa expresó que le preocupaba que se
sustituyese el video por el testimonio de una persona que
declararía que vio el auto, lo describa, ve la tablilla,
la memoriza o la escribe y le brinda dicha información a
25 Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 121. CC-2012-372 29
los agentes. Ahora bien, el tribunal determinó que puede
que todo eso no esté en el vídeo pero sí el haber hecho
la gestión de anotar la tablilla.26
Una vez satisfechos los requerimientos anteriores,
para que el acusado pueda demostrar una violación al
debido proceso de ley ante evidencia potencialmente
exculpatoria, tiene que probar que el Estado obró de mala
fe o, en su defecto, que actuó con negligencia. Por
ello, toda vez que el TPI no celebró vista a estos fines
y desestimó el caso, procede revocar los tribunales
inferiores y devolver el caso al Tribunal de Primera
Instancia para los procesos correspondientes conforme lo
aquí resuelto.
V
Por todo lo anterior, se revocan las
determinaciones de los foros a quo y se devuelve el caso
al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de
los procedimientos conforme a lo aquí resuelto.
Se dictará Sentencia de conformidad.
Erick V. Kolthoff Caraballo Juez Asociado
26 Íd. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente, se revocan las determinaciones de los foros a quo y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos conforme a lo aquí resuelto.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente señor Hernández Denton, la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez y la Jueza Asociada señora Pabón Charneco concurren con el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado señor Feliberti Cintrón está inhibido.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo