EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario Certiorari
v. 2012 TSPR 76
185 DPR ____ Vicente Rodríguez Maldonado
Recurrido
Número del Caso: CC-2010-810
Fecha: 20 de abril de 2012
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial Ponce
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Eliezer Rodríguez Cintrón
Oficina del Procurador General:
Lcda. Zaira Lebrón Anadón Subprocuradora General
Lcda. Daphne Cordero Guilloty Procuradora General Auxiliar
Materia: Procedimiento Criminal – Archivo de la denuncia bajo la Regla 246 de procedimiento Criminal
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico Peticionario Certiorari
v.
Vicente Rodríguez Maldonado Recurrido CC 2010-0810
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Rivera García
En San Juan Puerto Rico, a 20 de abril de 2012.
Este recurso nos brinda la oportunidad de
precisar los requisitos para el archivo definitivo
y sobreseimiento de un caso, luego de que las
partes lleguen a un acuerdo de transacción según
los dispone la Regla 246 de Procedimiento
Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. Específicamente, la
controversia que debemos evaluar gira en torno a
si un tribunal puede reinstalar una denuncia
archivada de acuerdo con la referida regla, cuando
no se satisficieron los requerimientos
establecidos en esta y se ha incumplido con los
términos de la transacción habida entre las CC-2010-0810 2
partes. Para resolver adecuadamente el recurso que nos
ocupa, reseñamos los hechos de mayor relevancia y los
incidentes procesales acaecidos.
I
El 24 de abril de 2008 el Ministerio Público presentó
una denuncia contra el Sr. Vicente Rodríguez Maldonado
(señor Rodríguez Maldonado o recurrido) por haber
infringido el Art. 205 del Código Penal de Puerto Rico,1
disposición que tipifica la usurpación. Específicamente,
se le imputó que el 10 de diciembre de 2007 penetró en un
domicilio ajeno sin el consentimiento expreso del dueño
para realizar actos de dominio. En consecuencia, el foro
primario determinó causa probable por el delito según
imputado.
En la vista celebrada el 11 de junio de 2009, las
partes informaron al tribunal que habían llegado a un
acuerdo de transacción. Indicaron además, que la propiedad
usurpada era objeto de un conflicto entre los miembros de
una Sucesión. Surge de la minuta de la referida vista que
la defensa comunicó al foro juzgador que se realizaron
unas ofertas de compraventa sobre ese mismo inmueble, que
finalizarían la controversia.2 Igualmente, el perjudicado y
el recurrido manifestaron al tribunal que habían llegado a
un acuerdo para transigir el delito. Este acuerdo
consistía en que el Ministerio Público solicitaría el
1 33 L.P.R.A. sec. 4833. 2 Véase Apéndice del recurso de certiorari, pág. 89. CC-2010-0810 3
archivo del cargo de usurpación luego de que el
perjudicado aceptara que Rodríguez Maldonado ocupaba la
propiedad en virtud de un contrato de arrendamiento
suscrito entre él y un tercero. Asimismo, pactaron que el
recurrido se obligaba a desalojar la propiedad el 30 de
noviembre de 2009.
En consecuencia, el perjudicado declaró bajo
juramento que le constaba que el acusado suscribió un
contrato de arrendamiento con un tercero y la fecha cuando
debía desalojar el inmueble en cuestión.3 Del mismo modo,
consignó que estaba de acuerdo en llegar a una transacción
del caso y que haría lo propio en la esfera civil con su
abogado y con la representación legal de la Sucesión.
Cónsono con lo enunciado y ya que las partes
llegaron a un acuerdo, la Fiscalía solicitó el archivo de
la causa criminal en conformidad con la Regla 246 de
Procedimiento Criminal, supra. Por consiguiente, el foro
de instancia decretó en sala el archivo del caso de
acuerdo con el citado precepto sin la imposición de las
costas.4 Empero, por error del foro primario, en la
sentencia consta que el archivo se decretó según la Regla
2475 de Procedimiento Criminal, en lugar de la Regla 246.6
3 Íd. 4 Específicamente, la minuta de la vista de 11 de junio de 2009 expresa: “A petición del Ministerio Público, el tribunal archiva el caso por la Regla 246 sin costas.” Apéndice del recurso de certiorari, pág. 90. 5 Esta norma autoriza el sobreseimiento de una acusación por el Secretario de Justicia o un fiscal previa aprobación del tribunal. Véase 34 L.P.R.A. Ap. II. CC-2010-0810 4
Subsiguientemente, el 15 de diciembre de 2009 el Tribunal
de Primera Instancia enmendó la referida sentencia para
corregir el error en su dictamen.7
Así las cosas, el 2 de diciembre de 2009 el señor
Rodríguez Maldonado presentó una solicitud para que se le
concedieran dos meses adicionales para desalojar el
inmueble ocupado. Adujo que en la residencia vivían
menores de edad y que aún no había encontrado otra
vivienda. Por su parte, mediante Resolución de 7 de
diciembre de 2009 el foro primario coligió que la
sentencia era final y firme, y que la petición sería
considerada como una enmienda a la sentencia.8 En atención
a ello, pautó una vista para el 25 de enero de 2010. La
Fiscalía expresó ese día que la solicitud de archivo del
caso por transacción fue prematura. Por ese fundamento,
solicitó que se dejara sin efecto la sentencia dictada el
11 de junio de 2009 y peticionó la continuación del
proceso criminal, incluyendo una acción para que se
encontrara al recurrido incurso en desacato. En
consecuencia, el tribunal dejó sin efecto la sentencia
sobre el archivo del caso y señaló juicio en su fondo para
el 11 de febrero de 2010.
Inconforme con ese proceder, el 9 de febrero de 2010
el señor Rodríguez Maldonado presentó una moción de
6 Véase Apéndice del recurso de certiorari, pág. 88. 7 Íd., pág. 44. 8 Íd. CC-2010-0810 5
reconsideración. En su escrito, arguyó que el foro
primario no tenía jurisdicción para dejar sin efecto una
sentencia final y firme. Además, adujo en su petición que
el Estado estaba impedido de procesarlo dos veces por el
mismo delito. Así las cosas, en la vista celebrada el 11
de febrero el Tribunal de Primera Instancia se reservó su
determinación sobre la moción de reconsideración y
reseñaló el juicio para el 23 de febrero de 2010. En esa
fecha, el Ministerio Fiscal manifestó su oposición a la
petición de reconsideración de la defensa y solicitó la
imposición de un desacato al recurrido por su
incumplimiento con el desalojo de la residencia en la
fecha convenida. Por su parte, el foro primario declaró
“no ha lugar” la moción de reconsideración y señaló el
juicio para el 31 de marzo de 2010.
Aún insatisfecho, el señor Rodríguez Maldonado acudió
al Tribunal de Apelaciones. Ese foro judicial, mediante
una sentencia de 16 de agosto de 2010, revocó el dictamen
del tribunal de instancia que había dejado sin efecto el
archivo de la causa de acuerdo con la Regla 246 de
Procedimiento Criminal, supra.9
No conteste con el proceder del foro a quo, el Pueblo
acudió oportunamente ante nos mediante un recurso de
certiorari y formuló los errores siguientes:
9 Es importante señalar que la decisión del Tribunal de Apelaciones, Panel de Ponce no fue unánime, pues el juez López Feliciano emitió un voto disidente. Véase Pueblo v. Vicente Rodríguez Maldonado, KLCE201000408. CC-2010-0810 6
Primero, erró el Tribunal de Apelaciones al revocar la determinación emitida por el Tribunal de Primera Instancia y decretar que, a pesar de que el Sr. Rodríguez Maldonado no cumplió con la condición suspensiva impuesta al archivo decretado al amparo de la Regla 246 de Procedimiento Criminal, el Tribunal a quo no podía reactivar el proceso criminal pues carecía de jurisdicción para atender la controversia.
Segundo, en la alternativa, erró al no decretar la nulidad del archivo, por no satisfacerse los criterios de la Regla 246, mucho más cuando su determinación descansó en la premisa equivocada de que el Ministerio Fiscal podría encauzar nuevamente al aquí recurrido por el mismo delito. Petición de certiorari, pág. 7.
Luego de examinar el recurso, expedimos el auto de
certiorari y ordenamos a las partes que presentaran sus
respectivos alegatos. Con el beneficio de la comparecencia
de ambas partes, procedemos a resolver.
II
Como norma general, no es una defensa para el
imputado de delito que la víctima haya condonado la ofensa
sufrida. Véase I LaFave, Wayne R. Substantive Criminal Law
Sec. 6.5 (2003). Ello es así porque la intervención del
Estado para combatir la actividad criminal representa, no
solo el interés particular del perjudicado, sino el
interés social de armonía que el delito enerva. Pueblo v.
Ramírez Valentín, 109 D.P.R. 13, 15 (1979). Por tal razón,
que el agresor compense efectivamente los daños al
ofendido no priva al Estado de ejercer su poder punitivo.
Íd. Empero, el principio de la reparación del daño forma
parte del panorama jurídico penal y, a su vez, provee una
alternativa a los rigores del procedimiento criminal en CC-2010-0810 7
cuanto busca la reconciliación de las partes y la
restauración del daño social ocasionado. Íd. Véase además,
E.C. Viano, La justicia restauradora: una nueva
perspectiva en derecho penal, victimología y criminología,
1 Rev. Der. Hum. y Transf. Conf. (2009). Así pues, en
varias jurisdicciones se permite que en los delitos
cometidos bajo circunstancias que denotan una ausencia de
peligrosidad por parte del actor, la reparación de los
daños causados extinga la responsabilidad penal. Pueblo v.
Ramírez Valentín, supra; Véase, LaFave, supra; H. Silving,
Criminal Justice, Buffalo, N.Y., WM. S. Hein & Co. Inc.,
1971, Vol. I, pág. 120, citando a E. Ferri, Criminal
Sociology, (Kelly y Lisle trads.) 1917, pág. 553. En esos
casos, por la naturaleza predominantemente privada del
daño, la necesidad de sancionar la actividad criminal
puede satisfacerse con la compensación del mal causado.
Pueblo v. Ramírez Valentín, supra. Por esa razón, mediante
la vía estatutaria y a modo de excepción, se ha permitido
la transacción de ciertos delitos bajo determinadas
circunstancias. En general, se consideran transigibles
solo aquellos delitos menos graves que cumplan con los
requisitos estatutarios establecidos y que a su vez
generen una causa de acción civil a favor del perjudicado.
LaFave, supra; Nota, Construction and Effect of Statute
Authorizing Dismissal of Criminal Action Upon Settlement
of Civil Liability Growing Out of Act Charged, 42 A.L.R.3d
315 (1972). CC-2010-0810 8
Actualmente, la Regla 246 de Procedimiento Criminal,
supra, establece los términos y las condiciones para la
transacción de delitos en nuestra jurisdicción. Es
pertinente señalar que esta regla tiene su génesis en los
Arts. 445 a 447 del derogado Código de Enjuiciamiento
Criminal de 1902. Estos artículos provinieron de las Secs.
1377 a 1379 del Código Penal de California, que a su vez
tienen su origen en una ley de 1813 del estado de Nueva
York. Véanse: Pueblo v. Vázquez, 120 D.P.R. 375 (1988);
People v. Moulton, 182 Cal. Rptr. 761, 765 (1982). A esos
efectos, en People v. Moulton, 131 Cal. App.3d Supp. 10,
17-18 (1982), se analizan los orígenes del acuerdo
transaccional:
All the statutes authorizing civil compromise of criminal actions trace their origins to a New York statute in effect in 1813, providing: “That in all cases where a person shall, on the complaint of another, be bound by recognisance to appear, or shall, for want of surety, be committed, or shall be indicted for an assault and battery, or other misdemeanor, to the injury and damage of the party complaining, and not charged to have been done riotously or with intent to commit a felony, or not being an infamous crime, and for which there shall also be remedy by civil action, if the party complaining shall appear before the magistrate who may have taken the recognisance, or made the commitment, or before the court in which the indictment shall be, and acknowledge to have received satisfaction for such injury and damage, it shall be lawful for the magistrate in his discretion to discharge the recognisance, & c. or for the court also in their discretion, to order a nolle prosequi to be entered on the indictment ....” (1 N.Y. R. L. (1813) p. 499, sec. 19.) (Énfasis en el original.)
En nuestras reglas de enjuiciamiento criminal, las
transacciones de delito solo eran posibles en aquellos CC-2010-0810 9
casos que involucraban la comisión de delitos menos
graves. Así, el Art. 445 del derogado Código de
Enjuiciamiento Criminal de 1902 expresaba lo siguiente:
Cuando sea detenida una persona para responder a una acusación de misdemeanor (delito menos grave), y el individuo perjudicado por el hecho que constituye delito tenga el recurso de indemnizarse del daño por medio de una acción civil, el asunto puede transigirse en la forma que dispone el artículo siguiente, excepto cuando el delito sea cometido: (1) Por un empleado judicial ó contra él, mientras esté en el ejercicio de las funciones de su cargo; (2) Tumultuosamente; (3) Con la intención de cometer un felony (delito muy grave). Comisión Conjunta codificadora legislativa de Puerto Rico, Code of Criminal Procedure/Código de Enjuiciamiento Criminal de Puerto Rico. San Juan, Puerto Rico, Negociado de Materiales, Imprenta y Transporte, pág. 289-291, 1935.
Por su parte, el Art. 446 de ese mismo cuerpo legal
establecía los requisitos para que se efectuara la
transacción en el ámbito penal, y a tales efectos disponía
lo siguiente:
Si la parte perjudicada comparece ante el tribunal al que hayan de ser remitidas las declaraciones en cualquier momento antes de la celebración del juicio, y reconoce plenamente que ha recibido reparación por el daño causádole, el tribunal puede decretar discrecionalmente y previo pago de las costas devengadas, que se suspendan todos los procedimientos en persecución del delincuente, y que éste quede exonerado de la culpa; pero en tal caso los fundamentos que tenga el tribunal para dictar el auto deben exponerse en éste, é [sic] insertarse en el acta del tribunal. Dicho auto imposibilita la instrucción de otro proceso por el mismo delito. Comisión Conjunta codificadora legislativa de Puerto Rico, Code of Criminal Procedure/Código de Enjuiciamiento Criminal de Puerto Rico, supra, pág. 291. CC-2010-0810 10
Asimismo, el derogado Art. 447 establecía que “ningún
delito público puede transigirse como tampoco suspenderse
ningún procedimiento ó [sic] proceso, para el castigo del
mismo, en virtud de una transacción, sino del modo
establecido en este capítulo”. Íd., pág. 291.
Tras la aprobación en 1963 de las Reglas de
Procedimiento Criminal se derogaron los citados artículos
del Código de Enjuiciamiento Criminal, pero su contenido
-en esencia- fue recogido en la Regla 246 de Procedimiento
Criminal, supra. Más adelante, esta norma fue enmendada
por la Ley Núm. 53 de 1 de julio de 1988.10 Esta
legislación, entre otros fines, requirió la participación
y anuencia del Ministerio Público en el proceso para el
archivo y sobreseimiento de un caso por transacción. De
esta forma, se revocó por la vía legislativa lo pautado en
Pueblo v. Vázquez, 120 D.P.R. 368 (1988), en torno a que
el Ministerio Público solamente debía ser oído en este
proceso, pero no se necesitaba -ni era un requisito- su
anuencia para que procediera el archivo de un delito por
transacción.
Subsiguientemente, tras la aprobación del Nuevo
Código Penal de Puerto Rico de 2004, el referido estatuto
fue enmendado nuevamente, esta vez por la Ley Núm. 317-
2004 (34 L.P.R.A. Ap. II), para atemperarla al Art. 98 del
Código Penal (reparación de los daños).11 D. Nevares-Muñiz,
10 34 L.P.R.A. Ap. II. 11 33 L.P.R.A. sec. 4726. Dicho artículo establece que: CC-2010-0810 11
Sumario de derecho procesal penal puertorriqueño, 9na ed.,
San Juan, Puerto Rico, Inst. para el Desarrollo del
Derecho, 2011, págs. 159-160. Esa enmienda añadió la
categoría de los delitos graves de tercero y cuarto grado
como parte de los delitos que se pueden transigir por
medio de la Regla 246.
Dentro de ese contexto, y por la importancia que
tiene para nuestro análisis, citamos in extenso el texto
de la norma procesal vigente:
Sólo podrán transigirse delitos menos graves, graves de cuarto grado o de tercer grado, cuando el imputado o el acusado se haya esforzado por acordar una compensación con el perjudicado y le haya restablecido en su mayor parte a la situación jurídica anterior al hecho delictivo, o lo haya indemnizado total o sustancialmente, en una situación en la que la reparación de los daños le exija notables prestaciones personales, con el consentimiento del perjudicado y del ministerio público. En aquellos casos en que esta regla permite la transacción, si la parte perjudicada compareciere ante el tribunal donde está pendiente la causa en cualquier momento antes de la celebración del juicio y reconociere plenamente que ha recibido reparación por el daño causádole, el tribunal podrá en el ejercicio de su discreción y con la participación del fiscal, decretar el archivo y sobreseimiento definitivo del caso, previo pago de las costas. El tribunal expondrá los fundamentos del sobreseimiento y archivo, los cuales se harán constar en las minutas. El sobreseimiento y archivo así decretado impedirá la formulación de otro proceso contra el acusado
“En los delitos graves de tercer grado, en los delitos graves de cuarto grado y en los delitos menos graves, cuando el autor se haya esforzado por acordar una compensación con el perjudicado y le haya restablecido en su mayor parte a la situación jurídica anterior al hecho delictivo, o lo haya indemnizado total o sustancialmente, en una situación en la que la reparación de los daños le exija notables prestaciones o renuncias personales, el tribunal podrá con el consentimiento del perjudicado y del fiscal decretar el archivo y sobreseimiento de la acción penal.” CC-2010-0810 12
por el mismo delito. (Énfasis nuestro.) 34 L.P.R.A. Ap. II. R. 246.
Ciertamente, del contenido de la transcrita Regla 246
se colige que no todo delito es susceptible de ser
transigido por la previa compensación a la víctima. Pueblo
v. Ramírez Valentín, supra. Este Tribunal ha aclarado que
los delitos “donde no sólo se lesionan particulares
intereses privados, sino que por el contrario se afectan
fundamentales postulados sociales y comunitarios el
procedimiento criminal es insoslayable”. Íd., pág. 18.
Cabe mencionar que esta norma no reconoce efectos
definitivos a la transacción entre la parte perjudicada y
el acusado para propósitos del archivo de la acusación
penal. Íd. Esto, pues dicha pauta concede discreción al
tribunal para decretar finalmente el archivo y
sobreseimiento del caso.
Consecuentemente, hemos apuntado que la discreción
del tribunal en los casos de archivo por transacción “no
es cosa baladí y denota en cambio, sabio criterio”. Pueblo
v. Ramírez Valentín, supra, pág. 17. Ello es así, ya que
es el juzgador quien “puede advertir circunstancias
concurrentes con el delito que reflejen elementos de
perversidad, temeridad o conducta tan crasamente
antisocial en el acto delictivo que deban ser corregidos a
través de la operación del mecanismo penal”. Íd. El empleo
de este sabio juicio es imperativo. Es necesario que el
foro juzgador vigile y escudriñe estos acuerdos para
evitar el archivo de delitos en virtud de transacciones CC-2010-0810 13
realizadas bajo cualquier tipo de coacción, chantaje o
soborno.
Conforme con esos pronunciamientos y según surge del
texto de la aludida regla, para que un acuerdo de
transacción por un delito sea efectivo y pueda entonces
archivarse definitivamente la causa pendiente, es
necesario que el acusado se esfuerce por acordar una
compensación para indemnizar total o sustancialmente al
perjudicado por el daño causado. Regla 246 de
Procedimiento Criminal, supra. Para acreditar este
esfuerzo, la referida norma exige que la parte afectada
comparezca al tribunal y confirme que ha recibido la
reparación del daño. Íd. Es decir, el tribunal podrá
decretar un archivo administrativo sujeto o condicionado a
que el recurrido cumpla con los términos convenidos en la
transacción, siempre y cuando no emita una sentencia de
sobreseimiento hasta tanto la parte perjudicada le haya
acreditado plenamente el cumplimiento total o sustancial
de esta.12
De esta forma, salvaguardando la seriedad y los
rigores del procedimiento criminal, el archivo y
sobreseimiento de un caso -según esta regla- no puede ser
realizado de forma caprichosa, insensata y ligera. Es por
tal razón que el tribunal que archive una causa de acuerdo
12 Tómese en cuenta que aunque no está definido en nuestro esquema procesal, el archivo administrativo es una modalidad generalizada por la cual los tribunales de instancia archivan temporalmente un caso que está inactivo, para que las estadísticas judiciales no lo reflejen como un caso pendiente de resolución. CC-2010-0810 14
con los rigores de esta norma, tiene que exponer los
fundamentos para el sobreseimiento y archivo, y así
hacerlos constar en las minutas. Regla 246, supra. Solo
después del cumplimiento de estos rigurosos requerimientos
legales el tribunal, en el ejercicio de su discreción y
con el consentimiento del Ministerio Fiscal, podrá
decretar el archivo y sobreseimiento de la causa criminal
que tiene ante su consideración. En consecuencia, debe
enfatizarse que, una vez cumplidas las exigencias para
proceder al archivo de un delito según este precepto de
ley, la formulación de otro proceso por el mismo delito
contra el acusado es improcedente en derecho. Por el
contrario, toda sentencia para archivar que no observe las
solemnidades y los requisitos prescritos en la enunciada
regla, se considerará nula.
Así lo reconocimos en Pueblo v. Tribl. de Distrito y
Colón, Int., 74 D.P.R. 834 (1953). En ese caso, el
Ministerio Público presentó una denuncia contra el señor
Colón por acometimiento y agresión grave. Sin embargo, ese
mismo día la víctima presentó una moción de archivo y
sobreseimiento según las disposiciones del derogado Art.
446 del Código de Enjuiciamiento Criminal de 1935. En su
escrito, adujo haber llegado a un “acuerdo amistoso” en el
que el acusado le indemnizó por los perjuicios sufridos
mediante el pago de “suficiente consideración de dinero”.
Íd., pág. 841. En respuesta, el tribunal archivó el caso
por el delito imputado y el fiscal que presentó la CC-2010-0810 15
denuncia estuvo de acuerdo. Subsiguientemente, otro fiscal
presentó una acusación contra Colón por los mismos hechos,
imputándole en el segundo cargo un delito de ataque para
cometer asesinato. Íd., pág. 842. El acusado formuló la
alegación de doble exposición y de cosa juzgada, y
solicitó el archivo de la acusación por el segundo cargo.
Así las cosas, llegada la controversia a nuestra
consideración, expresamos que ningún delito puede
transigirse sino del modo establecido en las citadas
reglas. Íd., pág. 852. Por consiguiente, concluimos allí
que el archivo del caso por transacción constituyó una
sentencia nula que no podía surtir efecto alguno, por lo
tanto, no procedía la alegación del acusado de doble
exposición o cosa juzgada. Íd., pág. 860.
Específicamente, ante la interrogante de si un
tribunal está facultado a dejar sin efecto una orden de
archivo de denuncia, ordenar que esta última sea
reinstalada y el caso sea llevado a juicio, en Pueblo v.
Ruiz, 61 D.P.R. 444 (1943), resolvimos en la afirmativa.
En esa ocasión concluimos que, aunque el sobreseimiento de
una denuncia o acusación “tiene el efecto legal de poner
fin a los procedimientos bajo tal denuncia o acusación; y
ni la una ni la otra pueden ser reinstaladas para
continuar el proceso de acuerdo con ellas”, ello no aplica
cuando la orden de sobreseimiento está todavía bajo el
control del tribunal que la dictó y se determina que
procede anularla, ya sea por motivo de fraude o de la CC-2010-0810 16
comisión de un error de hecho o de derecho. Íd., págs.
445-446. Véase Pueblo v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 904
(1960). Por consiguiente, determinamos que el foro
sentenciador podía dejar sin efecto su propia orden de
archivo para reinstalar así el caso previamente
sobreseído.
Más adelante, en Pueblo v. Tribunal Superior, supra,
reconocimos que el tribunal sentenciador “puede y debe
anular un sobreseimiento decretado por motivo de error en
la aplicación de la ley”. (Énfasis nuestro.) Íd., pág.
922. Específicamente, concluimos que el error de derecho
justifica la reconsideración de una sentencia dictada en
un proceso criminal. Íd.
En relación con esto último, es preciso destacar que
una sentencia ilegal es la que un tribunal dicta sin
jurisdicción o autoridad, en abierta contravención al
derecho vigente. Pueblo v. Lozano Díaz, 88 D.P.R. 834, 838
(1963); E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de
Puerto Rico y Estados Unidos, Bogotá, Ed. Forum, 1993,
Vol. III, pág. 562. Por consiguiente, una sentencia así
dictada es nula e inexistente, ya que los estatutos de
penalidad son jurisdiccionales. Pueblo v. Lozano Díaz,
supra. En atención a ello, una sentencia nula no puede
afectar, menoscabar ni crear derechos. Pueblo v. Tribl. de
Distrito y Colón, Int., supra, citando a State v. Bates,
61 Pac. 905, 83 A.S.R. 768, 772 (1900). Así pues, una
actuación judicial inválida no debe conllevar CC-2010-0810 17
consecuencias legales ni beneficios para ninguna de las
partes. Pueblo v. Lozano Díaz, supra.
En ese contexto, en Pueblo v. Lozano Díaz, supra,
sostuvimos que un tribunal tiene la facultad para corregir
sentencias contrarias a lo establecido en nuestro
ordenamiento jurídico. También hemos reiterado que esta
facultad puede ser ejercida a solicitud de parte
interesada o motu proprio con el propósito de ajustarlas a
la ley, tanto para corregir un error en que hayan podido
incurrir al imponerlas como para ajustarlas a cualquier
situación de hechos debidamente probados por una u otra
parte. Pueblo v. Román Feliciano, 181 D.P.R. 679 (2011).
III
El texto de la Regla 246 de Procedimiento Criminal,
supra, es claro y preciso al requerir, antes del archivo y
sobreseimiento de un caso, que se acredite ante el
tribunal que la persona afectada por la acción delictiva
ha sido indemnizada total o sustancialmente, recibiendo
así la reparación del daño causado. Según la ley
aplicable, no cabe hablar del cumplimiento de condiciones
suspensivas para que un archivo ya decretado mediante
sentencia de acuerdo con dicha regla advenga final y
firme. Por ello, pasamos de plano a discutir los méritos
del segundo error planteado por el Estado.
A la luz del marco fáctico enunciado, nos corresponde
resolver si en el caso de autos, el foro primario tenía la
facultad de dejar sin efecto el archivo de un delito al CC-2010-0810 18
amparo de la Regla 246 de Procedimiento Criminal, supra,
que especifica que los archivos así decretados impedirán
la formulación de un nuevo proceso. Las circunstancias
particulares apuntan a que el señor Rodríguez Maldonado
fue acusado de usurpar una propiedad ajena. Ambas partes
llegaron al acuerdo de que el recurrido abandonaría la
propiedad en determinada fecha. Empero, el Ministerio
Público solicitó el archivo sin que el recurrido hubiera
desalojado aún la propiedad. Así también, el juez del foro
primario ordenó el archivo y sobreseimiento de la denuncia
sin que el perjudicado reconociera que el desalojo ocurrió
y, por ende, que el daño fue reparado. Tal y como hemos
puntualizado, para que pueda operar la transacción de la
acción penal bajo la citada regla procesal es necesario
que la parte perjudicada reconozca plenamente que ha
recibido la reparación del daño causado por el imputado
del delito. Empero, surge de los hechos que tenemos ante
nuestra consideración que ese criterio no estuvo presente
cuando el tribunal accedió a la solicitud de archivo por
Ante el evidente error y a solicitud del Ministerio
Público, el foro de instancia actuó correctamente al dejar
sin efecto la sentencia de archivo al amparo de la
referida Regla 246 y pautar una fecha para la celebración
del juicio. Contrario a lo alegado por el recurrido, el
tribunal no estaba impedido de reconsiderar su craso
error. Ante el incumplimiento con las exigencias del CC-2010-0810 19
referido precepto procesal, la sentencia para el archivo
fue prematura y errónea. Por tal razón, el Ministerio
Público puede, en efecto, solicitar la reinstalación de la
denuncia o acusación para la continuación del
encausamiento criminal. En virtud de la amplia facultad de
reconsideración de sus propios dictámenes, el foro
juzgador puede y debe anular un sobreseimiento decretado
por error en la aplicación de la ley.
Por su parte, el reclamo de Rodríguez Maldonado
resulta muy acomodaticio e incide sobre la sana
administración de la justicia. Exige que, a pesar de no
haber cumplido con el desalojo acordado, este Foro
resuelva que la errada sentencia de archivo advino final y
firme, y que resolver lo contrario implicaría una
violación a sus derechos. Esa desatinada interpretación
del Derecho aplicable no puede tener espacio en nuestro
ordenamiento jurídico. Según hemos afirmado en el pasado,
es un principio fundamental de derecho que no se debe
permitir que una persona derive beneficio de su propia
estafa. Pueblo v. Ruiz, supra. La burla al sistema de
justicia que propone el alegato del señor Rodríguez
Maldonado no puede, bajo ningún concepto, ser ratificada
por esta Curia.
No cabe la menor duda que la sentencia de archivo y
sobreseimiento dictada por el foro primario a favor del
señor Rodríguez Maldonado fue nula. Cónsono con ello, la
continuación con los procedimientos judiciales en nada CC-2010-0810 20
afecta los derechos que le garantiza nuestro ordenamiento
jurídico al recurrido. En el caso de autos, el recurrido
nunca estuvo expuesto a los rigores de un juicio, como
alega. Al ser sometido a un juicio en su fondo, cumpliendo
con las exigencias del debido proceso de ley, el acusado
podrá interponer las defensas que procedan legalmente.
A la luz de la pauta que hemos afirmado, los foros
primarios deben cumplir rigurosamente con los requisitos
de la Regla 246 de Procedimiento Criminal, supra, previo a
acceder a una solicitud de archivo. Es decir, el decreto
de archivo y sobreseimiento de los casos debe ser
realizado solo después de conocer real y específicamente
el cumplimiento total o sustancial de lo convenido por las
partes en el acuerdo de transacción. De este modo,
salvaguardamos no solo los intereses particulares, sino
también los postulados sociales y comunitarios que imperan
en nuestro ordenamiento penal.
IV
Por todo lo anterior, revocamos la sentencia del
Tribunal de Apelaciones y ordenamos la devolución del
expediente de autos al foro primario para que continúe con
los procedimientos judiciales conforme a lo aquí resuelto.
Se dictará Sentencia de conformidad.
EDGARDO RIVERA GARCÍA JUEZ ASOCIADO EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico Peticionario
v. Certiorari CC-2010-0810 Vicente Rodríguez Maldonado Recurrido
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 20 de abril de 2012.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente, revocamos la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones. Por consiguiente, devolvemos los autos al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos según lo aquí resuelto.
Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez no intervino.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo