EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Oficina de Etica Gubernamental Recurrida
v.
Carmenisa D. Rivera Santos Peticionaria _______________________________________ 2001 TSPR 3 Bethzaida Cintrón Lorenzo Peticionaria
Depto. de Asuntos del Consumidor Recurrido
Número del Caso: CC-2000-744 AC-2000-66
Fecha: 12/enero/2001
CC-2000-744 Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional II
Panel integrado por su Presidente, Juez Sánchez Martínez, la Jueza Ramos Buonomo y la Jueza Cotto Vives
Abogado de la Parte Peticionaria: Lcdo. Héctor Santiago Rivera
Oficina de Etica Gubernamental: Lcda. Gretchen Camacho Rossy Lcda. Wanda Torres Velázquez
Materia: Violación al Art. 3.3(b) de la Ley de Etica Gubernamental
AC-2000-66 Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional IV
Panel integrado por su Presidenta, la Juez López Vilanova y los Jueces Córdova Arone y Escribano Medina
Abogada de la Parte Peticionaria: Por Derecho Propio
Abogada de la Parte Recurrida: Lcda. Delia E. Pagán Robles
Materia: Impugnación de Traslado
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Oficina de Ética Gubernamental
Recurrida
v. CC-2000-744
Carmenisa D. Rivera Santos
Peticionaria ___________________________ Bethzaida Cintrón Lorenzo
Peticionaria
v. AC-2000-66
Depto. de Asuntos del Consumidor
Recurrido
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico a 12 de enero de 2001
I
El 8 de septiembre de 2000 la peticionaria, Carmenisa D. Rivera Santos, presentó un
recurso de certiorari ante este Tribunal al cual se le asignó el Núm. CC-2000-744; Oficina
de Ética Gubernamental v. Carmenisa D. Rivera Santos. En dicho recurso nos solicita la
revisión de una resolución emitida por el Tribunal de Circuito de Apelaciones (en adelante
Tribunal de Circuito) el 31 de julio de 2000 y archivada en autos copia de su notificación
el 8 de agosto de 2000.1 Como parte del expediente, la señora Rivera Santos acompañó una
moción en la que informó que el recurso ante este Tribunal debió ser presentado el 7 de
septiembre de 2000. Adujo que a esa fecha lo único que le faltaba era incorporar los
apéndices que se estaban fotocopiando en el negocio Post Net. Sin embargo, debido a la
emergencia surgida en el sistema eléctrico, el 7 de septiembre, al Post Net le fue imposible
entregarle los apéndices reproducidos. Alegó, que al ser dicha avería una situación de
fuerza mayor se le debía permitir presentar el recurso un día más tarde, el 8 de septiembre.
De otra parte, también el 8 de septiembre, la Lcda. Bethzaida Cintrón Lorenzo presentó
ante este Tribunal un recurso de apelación al cual se le asignó el Núm. AC-2000-66, Bethzaida
1 En dicho recurso la señora Rivera Santos alega que la interpretación del Art. 3.3(B) de la Ley de Ética Gubernamental hecha por la Oficina de Ética Gubernamental es una tan amplia que viola el principio de legalidad dispuesto en el Art. 8 del Código Penal. También sostiene que el esquema diseñado para adjudicar las querellas en dicha oficina es inconstitucional ya que viola el debido proceso de ley al no garantizar una adjudicación imparcial. Cintrón Lorenzo v. DACO.2 En esencia cuestionó la determinación del Tribunal de Circuito
de desestimar un recurso de revisión administrativa por craso incumplimiento con su
Reglamento. Esta resolución fue notificada a las partes y archivada en autos copia de su
notificación el 5 de julio de 2000. Oportunamente, es decir, el 20 de julio de 2000, la
licenciada Cintrón Lorenzo presentó una solicitud de reconsideración. Ésta fue declarada
sin lugar mediante Resolución de 4 agosto de 2000 y se archivó en autos copia de su
notificación el 8 de agosto de 2000.
El 11 de septiembre de 2000 la licenciada Cintrón Lorenzo presentó una moción
informativa aduciendo que no pudo presentar el recurso el 7 de septiembre ya que ese día
no hubo servicio de energía eléctrica, por lo que no pudo imprimirlo ni fotocopiarlo.
Como podemos observar, ambos recursos fueron presentados pasado el término
jurisdiccional de treinta (30) días que establece la Sec. 4.7 de la Ley Núm. 170 de 12 de
agosto de 1988, según enmendada, conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo
Uniforme, 3 L.P.R.A. sec. 2177 y las Reglas del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto
Rico de 1 de mayo de 1996, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A. Sin embargo, ignorar que el 7 de septiembre
de 2000 la zona norte de la Isla, desde Fajardo hasta Arecibo, se vio afectada por un
acontecimiento de fuerza mayor, por un caso fortuito, que no pudo ser previsto o que de
ser previsto fue inevitable, sería no sólo ir en contra de las disposiciones legales
pertinentes,3 sino exigirle a las peticionarias lo imposible, aún cuando este Tribunal,
en sus actuaciones reconoció que ese día sus labores no se pudieron llevar a cabo.4
Para propósitos de dilucidar el problema umbral de la supuesta falta de jurisdicción,
hemos procedido a consolidar ambos recursos, exclusivamente en cuanto a este aspecto. Los
planteamientos en los méritos continuarán dilucidándose en los casos individualmente.
II
El jueves, 7 de septiembre de 2000, la Autoridad de Energía Eléctrica (Autoridad)
emitió el siguiente comunicado de prensa relacionado con una avería causada por “la
interrupción masiva del servicio de electricidad,” en una línea de transmisión de 230 KVA
que afectó a la zona norte de la Isla, de Arecibo a Fajardo:5
Alrededor de medio millón de clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica se vieron privados del servicio de electricidad desde las 7:53 de esta mañana, cuando una de las líneas principales de transmisión salió de servicio, debido al impacto sufrido por árboles cercanos. Esta línea de transmisión,
2 Acogemos el recurso AC-2000-66 como uno de certiorari por ser el apropiado. 3 Véase, Art. 1058 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3022. 4 El 7 de septiembre se despacharon la mayor parte de los empleados del Tribunal ya que la falta de servicio eléctrico les imposibilitaba realizar sus funciones. 5 De esta forma calificó la Autoridad la interrupción ocurrida en el servicio de electricidad el 7 de septiembre de 2000. Comunicado de Prensa de la Autoridad de Energía Eléctrica de 14 de septiembre. identificada como la 50,200, tiene una capacidad de 230 KV (kilovoltios) y discurre entre la Central Termoeléctrica de Costa Sur y Manatí. La salida de servicio de dicha línea afectó mayormente la población de la franja comprendida entre Arecibo y Fajardo.
La Oficina de Prensa de la AEE indicó que el patrullaje aéreo de la línea, que los helicópteros de la AEE realizaron a lo largo de las 35 millas de extensión de la misma, detectó la avería en la vecindad de Peñuelas. Posteriormente a este incidente, en torno a las 8:16 de la mañana, las líneas 37,000 (115 KV) y 50,300 (230 KV), mediante las cuales se distribuyó la generación de electricidad que debía transmitir la línea averiada, sufrieron desperfectos que las sacó de servicio, también. La suma de estos incidentes provocó que la zona norte del país se viera desconectada, de la Central Aguirre, una de sus principales generadoras de electricidad y de la Central San Juan.
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Oficina de Etica Gubernamental Recurrida
v.
Carmenisa D. Rivera Santos Peticionaria _______________________________________ 2001 TSPR 3 Bethzaida Cintrón Lorenzo Peticionaria
Depto. de Asuntos del Consumidor Recurrido
Número del Caso: CC-2000-744 AC-2000-66
Fecha: 12/enero/2001
CC-2000-744 Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional II
Panel integrado por su Presidente, Juez Sánchez Martínez, la Jueza Ramos Buonomo y la Jueza Cotto Vives
Abogado de la Parte Peticionaria: Lcdo. Héctor Santiago Rivera
Oficina de Etica Gubernamental: Lcda. Gretchen Camacho Rossy Lcda. Wanda Torres Velázquez
Materia: Violación al Art. 3.3(b) de la Ley de Etica Gubernamental
AC-2000-66 Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional IV
Panel integrado por su Presidenta, la Juez López Vilanova y los Jueces Córdova Arone y Escribano Medina
Abogada de la Parte Peticionaria: Por Derecho Propio
Abogada de la Parte Recurrida: Lcda. Delia E. Pagán Robles
Materia: Impugnación de Traslado
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Oficina de Ética Gubernamental
Recurrida
v. CC-2000-744
Carmenisa D. Rivera Santos
Peticionaria ___________________________ Bethzaida Cintrón Lorenzo
Peticionaria
v. AC-2000-66
Depto. de Asuntos del Consumidor
Recurrido
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico a 12 de enero de 2001
I
El 8 de septiembre de 2000 la peticionaria, Carmenisa D. Rivera Santos, presentó un
recurso de certiorari ante este Tribunal al cual se le asignó el Núm. CC-2000-744; Oficina
de Ética Gubernamental v. Carmenisa D. Rivera Santos. En dicho recurso nos solicita la
revisión de una resolución emitida por el Tribunal de Circuito de Apelaciones (en adelante
Tribunal de Circuito) el 31 de julio de 2000 y archivada en autos copia de su notificación
el 8 de agosto de 2000.1 Como parte del expediente, la señora Rivera Santos acompañó una
moción en la que informó que el recurso ante este Tribunal debió ser presentado el 7 de
septiembre de 2000. Adujo que a esa fecha lo único que le faltaba era incorporar los
apéndices que se estaban fotocopiando en el negocio Post Net. Sin embargo, debido a la
emergencia surgida en el sistema eléctrico, el 7 de septiembre, al Post Net le fue imposible
entregarle los apéndices reproducidos. Alegó, que al ser dicha avería una situación de
fuerza mayor se le debía permitir presentar el recurso un día más tarde, el 8 de septiembre.
De otra parte, también el 8 de septiembre, la Lcda. Bethzaida Cintrón Lorenzo presentó
ante este Tribunal un recurso de apelación al cual se le asignó el Núm. AC-2000-66, Bethzaida
1 En dicho recurso la señora Rivera Santos alega que la interpretación del Art. 3.3(B) de la Ley de Ética Gubernamental hecha por la Oficina de Ética Gubernamental es una tan amplia que viola el principio de legalidad dispuesto en el Art. 8 del Código Penal. También sostiene que el esquema diseñado para adjudicar las querellas en dicha oficina es inconstitucional ya que viola el debido proceso de ley al no garantizar una adjudicación imparcial. Cintrón Lorenzo v. DACO.2 En esencia cuestionó la determinación del Tribunal de Circuito
de desestimar un recurso de revisión administrativa por craso incumplimiento con su
Reglamento. Esta resolución fue notificada a las partes y archivada en autos copia de su
notificación el 5 de julio de 2000. Oportunamente, es decir, el 20 de julio de 2000, la
licenciada Cintrón Lorenzo presentó una solicitud de reconsideración. Ésta fue declarada
sin lugar mediante Resolución de 4 agosto de 2000 y se archivó en autos copia de su
notificación el 8 de agosto de 2000.
El 11 de septiembre de 2000 la licenciada Cintrón Lorenzo presentó una moción
informativa aduciendo que no pudo presentar el recurso el 7 de septiembre ya que ese día
no hubo servicio de energía eléctrica, por lo que no pudo imprimirlo ni fotocopiarlo.
Como podemos observar, ambos recursos fueron presentados pasado el término
jurisdiccional de treinta (30) días que establece la Sec. 4.7 de la Ley Núm. 170 de 12 de
agosto de 1988, según enmendada, conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo
Uniforme, 3 L.P.R.A. sec. 2177 y las Reglas del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto
Rico de 1 de mayo de 1996, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A. Sin embargo, ignorar que el 7 de septiembre
de 2000 la zona norte de la Isla, desde Fajardo hasta Arecibo, se vio afectada por un
acontecimiento de fuerza mayor, por un caso fortuito, que no pudo ser previsto o que de
ser previsto fue inevitable, sería no sólo ir en contra de las disposiciones legales
pertinentes,3 sino exigirle a las peticionarias lo imposible, aún cuando este Tribunal,
en sus actuaciones reconoció que ese día sus labores no se pudieron llevar a cabo.4
Para propósitos de dilucidar el problema umbral de la supuesta falta de jurisdicción,
hemos procedido a consolidar ambos recursos, exclusivamente en cuanto a este aspecto. Los
planteamientos en los méritos continuarán dilucidándose en los casos individualmente.
II
El jueves, 7 de septiembre de 2000, la Autoridad de Energía Eléctrica (Autoridad)
emitió el siguiente comunicado de prensa relacionado con una avería causada por “la
interrupción masiva del servicio de electricidad,” en una línea de transmisión de 230 KVA
que afectó a la zona norte de la Isla, de Arecibo a Fajardo:5
Alrededor de medio millón de clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica se vieron privados del servicio de electricidad desde las 7:53 de esta mañana, cuando una de las líneas principales de transmisión salió de servicio, debido al impacto sufrido por árboles cercanos. Esta línea de transmisión,
2 Acogemos el recurso AC-2000-66 como uno de certiorari por ser el apropiado. 3 Véase, Art. 1058 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3022. 4 El 7 de septiembre se despacharon la mayor parte de los empleados del Tribunal ya que la falta de servicio eléctrico les imposibilitaba realizar sus funciones. 5 De esta forma calificó la Autoridad la interrupción ocurrida en el servicio de electricidad el 7 de septiembre de 2000. Comunicado de Prensa de la Autoridad de Energía Eléctrica de 14 de septiembre. identificada como la 50,200, tiene una capacidad de 230 KV (kilovoltios) y discurre entre la Central Termoeléctrica de Costa Sur y Manatí. La salida de servicio de dicha línea afectó mayormente la población de la franja comprendida entre Arecibo y Fajardo.
La Oficina de Prensa de la AEE indicó que el patrullaje aéreo de la línea, que los helicópteros de la AEE realizaron a lo largo de las 35 millas de extensión de la misma, detectó la avería en la vecindad de Peñuelas. Posteriormente a este incidente, en torno a las 8:16 de la mañana, las líneas 37,000 (115 KV) y 50,300 (230 KV), mediante las cuales se distribuyó la generación de electricidad que debía transmitir la línea averiada, sufrieron desperfectos que las sacó de servicio, también. La suma de estos incidentes provocó que la zona norte del país se viera desconectada, de la Central Aguirre, una de sus principales generadoras de electricidad y de la Central San Juan. Durante esta emergencia se pudo sobrellevar la demanda de electricidad en el resto de la Isla debido a la aportación al sistema eléctrico de la cogeneradora privada EcoEléctrica y de la Central Termoeléctrica de la AEE en Costa Sur.
La Oficina de Prensa señaló la naturaleza del sistema eléctrico integrado de la AEE que se distingue por poseer unos dispositivos de seguridad que se activan automáticamente en caso de averías o de agresiones repentinas, como se ha evidenciado durante el paso de huracanes, fuertes ráfagas de lluvia y embates de árboles u objetos contundentes.
La AEE confía restablecer el servicio de electricidad a los clientes afectados alrededor de las 3 de la tarde de hoy. (Énfasis suplido.)
El 8 de septiembre la Autoridad emitió un segundo comunicado de prensa en el cual
informó que el servicio de electricidad se restableció en un l00% a las 7:50 p.m. del jueves
7 de septiembre. Indicó, además, que esta situación no debería repetirse y nombró un comité
técnico para investigar a fondo los detalles relacionados con el incidente.
El 14 de septiembre la Autoridad emitió su último comunicado de prensa sobre este
asunto. Entre las conclusiones principales el Comité técnico destacó las siguientes:
• En la condición pre-disturbio el sistema se operaba dentro de los criterios normales. • Hubo averías genuinas y confirmadas de fase a tierra, tanto en la línea 50,200 como en la 50,300, ambas de 230 mil voltios de capacidad. • No hubo problemas de estabilidad del voltaje. • No hay indicios de problemas de inestabilidad de unidades generatrices. (Énfasis suplido.)
Como resultado de esta falla mayor en el sistema de energía eléctrica, en la Rama
Judicial se afectaron, además del Tribunal Supremo, los siguientes Centros Judiciales: San
Juan, Bayamón, Caguas y Arecibo.6 En un sentido real y práctico estos Centros Judiciales
no realizaron sus labores regulares, ya que sólo permanecieron abiertas algunas de las Salas
de Investigaciones y ventanillas para presentación de recursos y documentos. En el Tribunal
Supremo sólo permaneció abierta la ventanilla de radicaciones con tres personas para
atenderla, el resto del personal se despachó por la imposibilidad de poder realizar trabajo
alguno sin el servicio de energía eléctrica.
6 En estos Centros Judiciales se tomaron las siguientes medidas: En San Juan permaneció abierta para el público en general sólo la Sala de Investigaciones, donde también se recibieron documentos para radicación. En esta Sala se atendieron casos del Centro Judicial de Bayamón. En relación con el Centro Judicial de Bayamón propiamente los documentos para radicación III
Con relación a las obligaciones y a sucesos imprevistos o inevitables el Art. 1058
de Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3022, nos dice que “nadie responderá de aquellos sucesos
que no hubieran podido preverse, o que previstos, fueran inevitables.” Para analizar esta
disposición hemos utilizado los conceptos de fuerza mayor y caso fortuito.
Con relación a su contraparte, el Art. 1105 del Código Civil Español, se ha expresado
que éste “trata, sin nombrarlo, del ‘caso fortuito’” y que “el término que más frecuentemente
es utilizado en relación a él es el de ‘fuerza mayor’.... El Art. 1105 recoge su definición
tradicional como acontecimiento perjudicial y que excede absolutamente el concepto de
diligencia.” En cuanto a fuerza mayor se ha dicho que es el acontecimiento, que por su
propia naturaleza excede a priori del concepto de diligencia; así que basta enunciarlo para
saber que ante él toda diligencia hubiera sido irrelevante.” Comentario del Código Civil,
Tomo II, Ministerio de Justicia, Badosa Coll, pág. 43, Madrid (1991).
En Rivera v. Caribbean Home Const., Corp., 100 D.P.R. 106, 110 (1971), al hacer
referencia al Art. 1058 expresamos que “ese suceso eximente de responsabilidad – por razón
de que no puede preverse o que previsto no puede evitarse – se llama caso fortuito o fuerza
mayor. Este concepto amplio, que por estar basado en la equidad puede operar en todo campo
de derecho, tiene como su aplicación más importante la de eximir de responsabilidad en el
cumplimiento de las obligaciones.” (Énfasis suplido.) Como podrá observarse, este concepto
de equidad aplicable a las obligaciones lo hemos interpretado de forma amplia, haciéndolo
extensivo a todo campo de derecho. Hoy estamos aplicando este sabio principio de equidad
que permea todo nuestro ordenamiento a las normas procesales que, después de todo, tienen
como único propósito el viabilizar la consecución de los derechos sustantivos.
Con relación a los conceptos de fuerza mayor y caso fortuito, a principio del siglo
pasado, en Vidal & Cia., S. en C., v. Am.R.R. Co., 28 D.P.R. 204, 210 (1920) hicimos constar
que “[f]uerza mayor es el acontecimiento que no hemos podido precaver ni resistir; como
por ejemplo la caída de un rayo, el granizo, la inundación, el huracán, la irrupción de
enemigos, el acontecimiento de ladrones ...y es caso fortuito el suceso inesperado o la
fuerza mayor que no se puede precaver ni resistir... [t]ales ...[como] las inundaciones,
torrentes, naufragios, incendios, rayos, violencias, sediciones populares, ruinas de
edificaciones causadas por alguna desgracia imprevista y otros acontecimientos
semejantes.”
IV
En los casos ante nuestra consideración que versan sobre la aplicación de normas
procesales, las cuales deben siempre ser interpretadas de forma tal que en todo
tuvieron que recibirse en el Cuartel Municipal. De otra parte en Arecibo un alguacil recibió los documentos para radicación. procedimiento se haga justicia de manera justa, rápida y económica, ocurrió algo que no
se podía prever y que no se podía evitar –una interrupción masiva del servicio de
electricidad que afectó a toda la zona norte del país, la población de la franja comprendida,
entre Arecibo y Fajardo. Esta interrupción masiva fue ocasionada por un corto circuito
provocado en una línea de 230 voltios al hacer ésta contacto con unos árboles debido a las
condiciones de pre-disturbio que en esos momentos prevalecían en la Isla. No nos cabe la
menor duda que el 7 de septiembre la zona norte de la Isla experimentó un acontecimiento
que por su naturaleza y magnitud era catalogable como de fuerza mayor o caso fortuito.
Las inclemencias del tiempo ocasionadas por condiciones de pre-disturbio causaron que
árboles cercanos afectaran líneas principales de transmisión eléctrica que dejaron sin
servicio a medio millón de clientes de la Autoridad, es decir, aproximadamente a más de
millón y medio de personas. Esto fue un acontecimiento que no se pudo evitar ni prevenir.
Cuatro Centros Judiciales de las zona norte y el propio Tribunal Supremo, tuvieron que,
para todos los propósitos prácticos, suspender sus labores. No les fue posible realizar
trabajos análogos a los que los letrados en los casos ante nuestra consideración se vieron
imposibilitados de llevar a cabo.
No estamos ante un hecho aislado que afectara únicamente a las partes y para el cual
debieron haber tenido un plan de contingencia, una alternativa. No fue falta de diligencia,
ni el dejar las cosas para última hora lo que les impidió cumplir con los términos fijados
por ley.
Las peticionarias tenían treinta (30) días jurisdiccionales para presentar sus
recursos. Esto lo hubieran podido hacer si no hubiese sido por el imprevisto acontecimiento
de la interrupción masiva del servicio eléctrico en prácticamente toda la zona norte de
la Isla. Es claro que bajo estas circunstancias son de aplicación los preceptos de equidad
del Art. 1058 del Código Civil que eximen de responsabilidad, en estos casos, del
cumplimiento de los términos dispuestos en la Sec. 4.7 de la Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme. Reiteradamente hemos resuelto que en nuestro derecho permean los
principios de equidad, buena fe y razonabilidad. El derecho es razonable y no exige lo
que resulta imposible de cumplir.
Además, no debemos olvidar que “[l]a discreción permite salirse un tanto de la Ley
en busca de la justicia...” Pueblo v. Sánchez González, 90 D.P.R. 197, 200 (1964)... su
“adecuado ejercicio... está inexorable e indefectiblemente atado al concepto de
razonabilidad.” Pueblo v. Ortega Santiago, 125 D.P.R. 203, 211 (1990).
Por las razones antes expuestas, disponemos que bajo las circunstancias específicas
de estos casos, donde se interpuso un acontecimiento de fuerza mayor al cumplimiento de
las obligaciones procesales por parte de los peticionarios, son de aplicación las normas
de equidad establecidas en el Art. 1058 del Código Civil. El término jurisdiccional para
presentar los recursos vencía el día 8, no el 7 de septiembre de 2000. Por lo tanto, resolvemos que este Tribunal tiene jurisdicción para considerar, si en los méritos, estos
recursos deben ser expedidos.
Se dicta sentencia de conformidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
vi. CC-2000-744
Peticionaria ___________________________ Bethzaida Cintrón Lorenzo
SENTENCIA
Por las razones expuestas en la Per Curiam que antecede, se dicta sentencia en la cual el Tribunal dispone que bajo las circunstancias específicas de estos casos, donde se interpuso un acontecimiento de fuerza mayor al cumplimiento de las obligaciones procesales por parte de los peticionarios, son de aplicación las normas de equidad establecidas en el Art. 1058 del Código Civil. El término jurisdiccional para presentar los recursos vencía el día 8, no el 7 de septiembre de 2000. Por lo tanto, se resuelve que este Tribunal tiene jurisdicción para considerar, si en los méritos, estos recursos deben ser expedidos.
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Subsecretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Corrada del Río disiente por entender que este Tribunal carece de jurisdicción. El Juez Asociado señor Rebollo López no interviene. El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri no intervino.
Carmen E. Cruz Rivera Subsecretaria del Tribunal Supremo