EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Damaris Molina Maldonado y otros
Peticionarios Certiorari
v. 2010 TSPR 34
Luis A. Rivera Torres y otros 178 DPR ____
Recurridos
Número del Caso: CC-2008-410
Fecha: 10 de marzo de 2010
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Arecibo/Fajardo/Aibonito Pane l IX
Jueza Ponente: Hon. Yvonne Feliciano Acevedo
Abogados de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Harold D. Vicente-Colón Lcdo. Sergio Criado Mangual
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Miguel A. Colón Hernández
Materia: Consignación de Pago Sentencia
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del pr oceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio p úblico a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Peticionarios CC-2008-410
v.
Luis A. Rivera Torres y otros
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 10 de marzo de 2010.
La Sra. Damaris Molina Maldonado por sí y en
representación de sus hijas y el Sr. Héctor
Camacho Cosme nos solicitan que revisemos una
Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones.
En la referida Sentencia, el foro apelativo
intermedio dictaminó que la co-demandada,
Cooperativa de Seguros Múltiples, en adelante
C.S.M., no tiene que pagar los intereses pre-
sentencia que sobrepasen el límite de cubierta
por ocurrencia de una póliza de seguro aunque el
Tribunal de Primera Instancia la haya declarado
temeraria.
I CC-2008-410 2
El 19 de marzo de 2001, a las cinco y cuarenta de la
madrugada (5:40 am), el Sr. Nelson Luis Camacho Alvarado se
encontraba detenido entre el área dedicada para paradas de
emergencias (paseo) y el área verde de la carretera número
22, en dirección de este a oeste, en el kilómetro 78.4 del
Municipio de Arecibo. Ello, debido a que su vehículo de
motor confrontó problemas mecánicos. Mientras el señor
Camacho Alvarado se encontraba en el área indicada, el Sr.
Luis Rivera Torres conducía un vehículo de motor marca
Dodge Van Ram, cuyo titular registral es el Sr. Domingo
Rivera Torres, hermano del conductor.
El agente José Cruz Morán, quien estaba destacado en
la investigación de accidentes de tránsito, se encontraba
patrullando por la mencionada carretera con el Sargento
Hernández y vieron el vehículo del señor Camacho Alvarado
detenido en el área de emergencia. Luego, pasados unos
quince (15) minutos, el agente Cruz Morán recibió una
comunicación por radio indicándole que en el área donde se
encontraba el vehículo ocurrió un accidente.
Cuando llegaron al área del accidente, observaron el
cuerpo sin vida del señor Camacho Alvarado yaciendo sobre
el pavimento. El señor Luis Rivera Torres se encontraba en
el lugar y le informó a los agentes que perdió el control
del vehículo e impactó al vehículo del señor Camacho CC-2008-410 3
Alvarado y que éste salió corriendo tratando de protegerse
pero lo atropelló ocasionándole la muerte en el acto.
Luego del accidente, el agente Cruz Morán preparó el
informe del accidente de tránsito y el de persona muerta.
Para realizar el informe se llevó a cabo una investigación
en la cual se tomaron las medidas del área, la ubicación de
los vehículos, así como el lugar donde yacía el cuerpo del
señor Camacho Alvarado.
El 4 de marzo de 2002, la señora Molina Maldonado, por
sí y en representación de sus hijas y el señor Camacho
Cosme presentaron una demanda en contra de los señores
Rivera Torres por los daños y perjuicios sufridos por éstos
a raíz de la muerte del señor Camacho Alvarado. 1 El 29 de
octubre de 2002, el co-demandado, señor Luis Rivera Torres,
presentó su contestación a la demanda. En ésta, negó haber
incurrido en cualquier tipo de responsabilidad por el
accidente así como por cualquier daño ocasionado por éste.
La demanda fue enmendada para incluir a la C.S.M. como
parte demandada. Ello, por existir para la fecha del
accidente una póliza de seguro expedida a nombre del co-
demandando, señor Luis Rivera Torres, la cual proveía
cubierta de responsabilidad civil.
1 La señora Molina Maldonado es la viuda del occiso, con quien contrajo nupcias en el 1995. Durante el matrimonio procrearon dos (2) hijas, ambas menores de edad. El señor Camacho Cosme era tío del occiso, pero quedó probado que éste fungió como su padre de crianza y que mantenian estrechas relaciones familiares. CC-2008-410 4
Durante el juicio, la parte demandante demostró que el
difunto, Camacho Alvarado, laboraba en “Master Mix of
Puerto Rico” donde desempeñaba varias funciones. La co-
demandante, señora Molina Maldonado, labora como ama de
casa y el único sustento del hogar eran los ingresos que su
difunto marido devengaba. Se demostró que el occiso Camacho
Alvarado era un hombre familiar cuyas prioridades eran en
beneficio de ésta.
El informe pericial económico, estableciendo la partida
por lucro cesante, fue estipulado por las partes. Por ello,
no fue necesaria la declaración del perito durante el
juicio. El referido informe establece que, el lucro cesante
por la muerte del señor Camacho Alvarado asciende a la
cantidad de $187,127.00. También, el informe realizado por
el agente Cruz Morán fue estipulado por las partes y
presentado como evidencia durante el juicio y nunca se
suscitó controversia alguna sobre tal informe.
En el juicio quedó probado que la única causa adecuada
que provocó la muerte del esposo, padre y sobrino de los
demandantes fue la negligencia del señor Luis Rivera Torres
por conducir sin precaución y a exceso de velocidad. Por
ello, el 6 de julio de 2006, el Tribunal de Primera
Instancia emitió una Sentencia a favor de la parte
demandante concediéndoles las cuantías indemnizatorias
siguientes: a la señora Molina Maldonado $20,000.00; a sus
hijas $100,000.00 a cada una; al señor Camacho Alvarado CC-2008-410 5
$25,000.00; pérdida de ingresos de la señora Molina
Maldonado y de las niñas Camacho Molina $187,127.00;
pérdida del automóvil $3,500.00 y $1,600.00 por gastos
fúnebres. La suma total de los daños ascendió a
$437,227.00.
El Tribunal de Primera Instancia encontró temerarios a
los demandados por haber negado obstinadamente la
negligencia que provocó el accidente, por lo que los
condenó a pagar $15,000.00 por concepto de honorarios de
abogado. Es pertinente mencionar que los demandados no
aportaron ningún tipo de prueba para controvertir la
alegación de negligencia la cual el Tribunal de Primera
Instancia, según expresó en su Sentencia, quedó demostrada
incontrovertiblemente. Los demandados no presentaron ningún
recurso post-sentencia y la sentencia advino final y firme.
El 5 de octubre de 2006, la C.S.M. presentó una moción
para consignar en el Tribunal de Primera Instancia la
cantidad de $500,000.00. Tal cantidad corresponde al límite
máximo de cubierta por ocurrencia pactado en la póliza de
seguro. La C.S.M. alegó que ese era el tope de su
responsabilidad y que mediante la consignación extinguía su
obligación. El 20 de octubre de 2006, los demandantes
presentaron una moción en oposición a la moción de
consignación e igualmente solicitaron la ejecución de la
Sentencia. El 27 de noviembre de 2006, el Tribunal de
Primera Instancia declaró NO HA LUGAR la moción en CC-2008-410 6
oposición de los demandantes. Ello, por entender que la
consignación realizada por la C.S.M. procedía en derecho.
Inconformes con tal determinación, los demandantes
acudieron ante el Tribunal de Apelaciones mediante
certiorari alegando que, además de la indemnización antes
mencionada, procedía conceder las cuantías siguientes:
intereses pre-sentencia $170,000.00; honorarios de abogados
$15,000.00; intereses post-sentencia $22,304.00; intereses
per diem $111.52. Por ello, la suma total reclamada por los
demandantes asciende a $645,210.06. El Tribunal de
Apelaciones acogió el recurso y dispuso, en parte, lo
siguiente:
[S]e le ordena a la Cooperativa el pago de honorarios de abogado por temeridad aunque excedan el límite de la póliza. Además, la Cooperativa deberá pagar los intereses legales durante el periodo anterior a la sentencia sobre la cuantía que no excedan de los límites de la póliza, pero los que se deriven después de dictada la sentencia, los sufragará, aunque excedan tales límites de la póliza.
En cumplimiento con el mandato del Tribunal de
Apelaciones, el Tribunal de Primera Instancia procedió a
celebrar una vista para discutir la moción sobre ejecución
de sentencia. En la vista quedó demostrado que la única
controversia existente entre las partes son los intereses
pre-sentencia. El foro judicial primario le solicitó a las
partes que prepararan memorandos para evaluar si la
consignación fue conforme a Derecho. Evaluados los
respectivos escritos, el Tribunal de Primera Instancia CC-2008-410 7
determinó que los demandados adeudaban la cantidad de
$102,816.78 por concepto de intereses pre-sentencia e
intereses post-consignación sobre el balance adeudado.
Inconforme con tal determinación, la C.S.M. presentó
una moción de reconsideración la cual fue declarada NO HA
LUGAR. Por ello, presentó un recurso de certiorari ante el
Tribunal de Apelaciones alegando que el Tribunal de Primera
Instancia incurrió en el error siguiente:
Erró el T.P.I. al no observar las directrices de éste (sic) Tribunal en su sentencia revocatoria y conceder intereses presentencia en exceso de los límites de la póliza emitida por la peticionaria.
Los demandantes se opusieron a la expedición del
recurso de certiorari. No obstante, el Tribunal de
Apelaciones expidió y revocó el dictamen emitido por el
Tribunal de Primera Instancia. Inconformes con tal
determinación, los demandantes y aquí peticionarios nos
solicitan que revoquemos la Sentencia emitida por el foro
apelativo intermedio. Ello, por entender que el Tribunal de
Apelaciones incurrió en el error siguiente:
Erró el Tribunal de Apelaciones al determinar que la C.S.M. solamente es responsable por el pago de los intereses pre-sentencia hasta el límite de su póliza en contravención a su propia determinación y a la jurisprudencia establecida por este Tribunal Supremo.
II
Se revoca la Sentencia recurrida.
Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del
Tribunal Supremo. El Juez Presidente señor Hernández Denton CC-2008-410 8
emite Opinión de Conformidad a la cual se une la Jueza
Asociada señora Rodríguez Rodríguez. El Juez Asociado señor
Rivera Pérez emite Opinión de Conformidad a la cual se unen
la Jueza Asociada señora Pabón Charneco y el Juez Asociado
señor Kolthoff Caraballo. La Jueza Asociada señora Fiol Matta
concurre con el resultado sin opinión escrita. El Juez
Asociado señor Martínez Torres inhibido.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Damaris Molina Maldonado y/otros
Peticionarios
v. CC-2008-410 Certiorari
Luis A. Rivera Torres y/otros
Opinión de Conformidad emitida por el Juez Presidente SEÑOR HERNÁNDEZ DENTON a la cual se une la Juez Asociada SEÑORA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ.
Estamos conforme con la Sentencia emitida
en el día de hoy, en tanto revoca el dictamen
del Tribunal de Apelaciones, Región Judicial de
Arecibo (Martínez Torres, J., Cotto Vives, J.,
Miranda de Hostos, J. Ponente) y reinstala la
sentencia dictada por el Tribunal de Primera
Instancia. No obstante, ante el claro error de
derecho que cometió el foro apelativo
intermedio en este caso, estimamos necesario
expresarnos brevemente para recalcar la norma
vigente sobre la responsabilidad de las
aseguradoras por los intereses pre-sentencia de CC-2008-410 2
manera que no quede duda sobre la forma en que debe ser
aplicada.
En el caso de autos, el foro apelativo intermedio
determinó que la aseguradora demandada, Cooperativa de
Seguros Múltiples, responde por los intereses pre-sentencia
solamente hasta el límite de la póliza de seguros.
Inconforme con esta determinación, los demandantes acuden
ante nos y solicitan que revoquemos dicha sentencia por ser
contraria a la jurisprudencia de este Tribunal.
En Roldán Medina v. Serra, 105 D.P.R. 507 (1976),
resolvimos que, debido a que la responsabilidad que surge
de la temeridad es individual, una aseguradora responde por
su conducta temeraria mientras defiende a un asegurado. A
base de ello concluimos que si la cuantía de la sentencia
sobrepasa el límite de la póliza, entonces los intereses
pre-sentencia se calcularán sobre dicho límite y, aunque lo
sobrepasen, deberán pagarse. A tales efectos, resolvimos
que una aseguradora “no puede ser responsabilizada por
intereses impuestos a base de temeridad que excedan los
computados sobre las sumas que venga obligada a pagar bajo
la póliza”. Íd., págs. 516-517. Es decir “los intereses
devengados durante el periodo anterior a la sentencia que
se impongan a la aseguradora están limitados a aquellos que
correspondan a la cuantía de la sentencia que no exceda de
los límites de la póliza.” Íd. pág. 517. De hecho, allí
modificamos la sentencia del tribunal de instancia para
imponer a la aseguradora los intereses por temeridad sobre CC-2008-410 3
el límite de la póliza, por lo que la aseguradora tuvo que
pagar una cantidad mayor a lo dispuesto por ésta.
En vista de lo anterior, entendemos que el Tribunal de
Apelaciones incurrió en un patente error al determinar que
la Cooperativa de Seguros Múltiples es responsable de los
intereses pre-sentencia solamente hasta el límite de la
póliza. Evidentemente, la norma establecida en Roldán
Medina v. Serra, supra, opera de forma idéntica cuando el
monto de la sentencia es inferior al límite de la póliza,
como ocurre en el caso de autos. Es decir, en este caso
corresponde calcular los intereses pre-sentencia sobre el
monto de la sentencia y la aseguradora deberá pagarlos,
aunque el total de lo que venga obligada a pagar finalmente
sobrepase el límite de la póliza.
En fin, por entender que les asiste la razón a los
demandantes, procede revocar la sentencia recurrida y
reafirmarnos en la normativa establecida en Roldán Medina
v. Serra, supra.
Federico Hernández Denton Juez Presidente EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Peticionarios CC-2008-410 v.
OPINION DE CONFORMIDAD DEL JUEZ ASOCIADO SEÑOR RIVERA PEREZ A LA CUAL SE UNEN EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR KOLTHOFF CARABALLO Y LA JUEZA ASOCIADA SEÑORA PABON CHARNECO.
Aunque la C.S.M. nunca cuestionó la imposición
de la temeridad, para resolver la presente
controversia procede discutir por qué una
litigación temeraria es sancionable judicialmente.
Veamos.
La temeridad es una actuación sancionada por
las Reglas 44.1(d) y 44.3 de Procedimiento Civil. 2
El propósito que persiguen estas reglas es
“desalentar la radicación de demandas frívolas,
evitar la posposición irrazonable en el
cumplimiento de las obligaciones existentes y
2 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 44.1(d), 44.3. CC-2008-410 2
estimular el pago de las sentencias en el menor tiempo
posible”.3
Hemos expresado que una parte es temeraria cuando
entabla un pleito frívolo y obliga a la parte contraria a
incurrir en gastos innecesarios. 4 De igual forma, se puede
incurrir en temeridad cuando una parte se defiende en un
pleito de forma injustificada frente a la acción instada en
su contra; no admite su responsabilidad, obligando así a
que la controversia sea dilucidada ante un tribunal en sus
méritos; o cuando niega la veracidad de un hecho a pesar de
éste ser de su pleno conocimiento.5
Las Reglas de Procedimiento Civil, 6 sancionan entre
otras cosas, a los litigantes temerarios con la imposición
de intereses legales. La Regla 44.3 de Procedimiento Civil
dispone dos tipos de intereses legales, estos son:
intereses pre-sentencia e intereses post-sentencia. El
interés post-sentencia está disponible para toda parte
victoriosa, no importa si la parte contraria actuó con
temeridad o no. 7 El propósito de dicha penalidad es
promover que las sentencias que envuelvan cuantías
monetarias sean satisfechas a la mayor brevedad posible.
3 32 L.P.R.A. Ap. III, 44.3(a). 4 P.R. Oil Co. v. Dayco, 164 D.P.R. 486, 511 (2005); Torres Ortiz v. E.L.A., 136 D.P.R. 556, 565 (1994). 5 Oficina de Ética Gubernamental v. Román González, 159 D.P.R. 401, 418 (2003). 6 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 1 et seq. 7 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 44.3(a). CC-2008-410 3
El caso de marras versa sobre una reclamación de daños
y perjuicios, en estos casos los intereses pre-sentencia
concedidos a la parte victoriosa, cuando la parte contraria
ha procedido con temeridad, se calculan a partir de la
presentación de la demanda y hasta que se dicte sentencia.8
La tasa de interés aplicable será la que haya fijado la
Junta Financiera del Comisionado de Instituciones
Financieras al momento de emitirse la sentencia. 9 El
interés pre-sentencia se fija sobre la totalidad de la
sentencia sin incluir las costas ni los honorarios de
abogado.10
En síntesis, las Reglas de Procedimiento Civil, supra,
sancionan la litigación temeraria con el propósito de
evitar inconvenientes en el buen funcionamiento de los
tribunales. Lo antes expuesto, promueve una sana
administración de la justicia y protege al litigante de
buena fe, tratando de evitar que pase injustificadamente
por un proceso judicial así como incurrir en gastos
innecesarios. Una parte temeraria asume voluntariamente el
riesgo y las consecuencias que lleva el litigar un caso de
esa manera.
Debido a que la C.S.M. nunca cuestionó que el Tribunal
de Primera Instancia la haya declarado temeraria, la única
8 Gutiérrez v. A.A.A., 167 D.P.R. 130 (2006); Reyes v. Banco de Santander de P.R., 583 F. Supp. 1444 (1984). 9 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 44.3(a). 10 Gutiérrez v. A.A.A., supra. CC-2008-410 4
controversia ante nuestra consideración es si la sanción
de pagar intereses pre-sentencia por haberse encontrado a
la C.S.M. temeraria puede rebasar el límite de cubierta
por ocurrencia en una póliza de seguro. Para ello, nos es
forzoso discutir el alcance del deber de representación
legal que una aseguradora tiene ante su asegurado. Veamos.
La finalidad en las pólizas de seguro de
responsabilidad civil es que la aseguradora indemnice los
daños causados por su asegurado a un tercero o a la
propiedad de éste, ya sea mediando culpa o negligencia. 11
Otro de los deberes de la aseguradora es ofrecerle
representación legal al asegurado en las acciones 12 judiciales que se entablen en su contra. La
representación legal se torna innecesaria si la aseguradora
transige la reclamación extrajudicialmente. En síntesis, el
asegurado ostenta una expectativa de que en cualquier
eventualidad futura en que incurra en algún acto u omisión
negligente esté protegido por la póliza de seguro.13
El Artículo 20.010 del Código de Seguros dispone, en
parte, lo siguiente: “[e]l asegurador que expidiere una
póliza asegurando a una persona contra daños o perjuicios
por causa de responsabilidad legal por lesiones corporales,
11 Las aseguradoras no responden por los daños causados intencionalmente por un asegurado. 12 Pagán Caraballo v. Silva Ortiz, 122 D.P.R. 105 (1988); Morales v. Roldán, 110 D.P.R. 701 (1981). 13 26 L.P.R.A. § 2001; PFZ Properties v. General Accident, 136 D.P.R. 881 (1994). CC-2008-410 5
muerte, daños a la propiedad de una tercera persona, será
responsable cuando ocurriere una pérdida cubierta por dicha
póliza. . .”. 14 Por ello, como norma general, el asegurador
asume incondicionalmente la defensa legal de su asegurado.
Las aseguradoras tienen el deber de otorgarles
representación legal a sus asegurados en pleitos que se
entablen en contra de éstos últimos, siempre y cuando, el
riesgo esté cubierto por la póliza de seguro. 15 Tal
obligación de las aseguradoras frente a sus asegurados
surge de la relación contractual existente entre éstos. La
obligación es latente, no importa si las alegaciones
contenidas en la reclamación son frívolas, falsas o sin
fundamento alguno. La referida obligación de proveer
representación legal sucumbe cuando las reclamaciones en
contra de un asegurado no tienen relación alguna con los
riesgos cubiertos por la póliza de seguro.16
Además, el Artículo 20.030 del Código de Seguros, 17 le
provee a una persona que haya sufrido algún daño y/o
prejuicio, por algún acto culposo o negligente, tres (3)
14 Íd. 15 Torres Pérez v. Colón García, 105 D.P.R. 616 (1977); Vanguard Insurance v. Ruchl, 295 Minn. 327, 332, 204 N.W. 2d 426 (1973). Una aseguradora debe de notificar al asegurado su intención de rechazar responsabilidad y de su negativa a ofrecerle representación legal. De esta forma, se le da el tiempo necesario para que el asegurado pueda contratar una representación legal. Appleman, Insurance Law and Practice, § 4686, pág. 168 (Berdal ed.) 16 González v. Commonwealth Insurance, 140 D.P.R. 673 (1996); PFZ Properties v. General Accident, supra. 17 26 L.P.R.A. § 2003. CC-2008-410 6
alternativas para dirigir el curso de acción legal a
seguir, estas son: (1) dirigirse de forma directa en contra
del asegurado; (2) dirigirse de forma directa en contra del
asegurador; o (3) dirigirse en contra de ambos, entiéndase
asegurador y asegurado. 18 El Código de Seguros, supra,
permite que un perjudicado entable una causa de acción
sustantiva y directa en contra de una aseguradora cuando
ocurre una pérdida, cubierta por la póliza de seguro,
independientemente de la causa de acción en contra del
asegurado, quien fue el causante del daño.19
En suma, una persona que sufra daños y/o perjuicios
causados por la negligencia o culpa de una persona
asegurada puede entablar una acción directa en contra del
culposo o negligente. No obstante, en esta jurisdicción se
permite estatutariamente que se entable una acción directa
en contra de la aseguradora o en contra del asegurado y de
la aseguradora simultáneamente. 20 La forma de entablar la
reclamación judicial es discrecional de la persona que haya
sufrido los daños y/o perjuicios. 21 Tal proceder se
fundamenta en la responsabilidad absoluta del asegurador.22
18 Íd.; Neptune v. Wackenhut Corp., 120 D.P.R. 283 (1988). 19 26 L.P.R.A. § 2003; Trigo v. The Travelers Insurance, 91 D.P.R. 868 (1965). 20 26 L.P.R.A. § 2003. 21 Véase, Pérez Sánchez v. Advisors Investors, 130 D.P.R. 530 (1992); Alonso García v. Flores Hermanos, 107 D.P.R. 789 (1978). 22 26 L.P.R.A. § 2003. CC-2008-410 7
Una mayoría de los estados de la Unión concurren en
que la existencia de buena fe o no en la representación
legal de un asegurado es inmaterial para los efectos de la
responsabilidad absoluta del asegurador. 23 Por ello, es que
se permite pactar en las pólizas de seguro claúsulas en las
cuales se le otorga todo el poder discrecional sobre el
manejo de un caso judicial entablado en contra de su
asegurado. 24 Lo anterior, es consistente con el Artículo
20.010 del Código de Seguros, supra, en cuanto a la
responsabilidad absoluta del asegurador y también con el
Artículo 20.030, del mismo cuerpo legal referente a
litigios en contra del asegurado y/o el asegurador.
Hemos expresado que una aseguradora viene obligada a
otorgarle, además de la cubierta, representación legal a un
asegurado. 25 El incumplimiento de lo anterior conlleva la
sanción del pago de las costas del litigio así como lo que
el Tribunal de Primera Instancia disponga sobre honorarios
de abogado.26 Ello se debe a que el deber de defender a los
asegurados crea un deber de fiducia entre la aseguradora y
23 Véase, Empire State Surety Co. v. Pacific Nat. Lumber Co., 200 F 224 (1912); Tozer v. Ocean Accident & Guaranty Corp., 99 Minn. 290, 109 N.W. 410 (1906); Barry R. Ostrager & Thomas R. Newman, Handbook on Insurance Coverage Disputes, en las págs. 717-726 (10th ed. Aspen Law & Business 2000). 24 PFZ Properties v. General Accident, supra; Employers Casualty v. Moore, 60 Ariz. 544, 142 P 2d 414 (1943). 25 Pagán Caraballo v. Silva Ortiz, supra. Véase también, PFZ v. General Accident, supra; Morales v. Roldán, supra. 26 Íd. CC-2008-410 8
el asegurador. 27 Tal relación requiere honestidad entre las
partes contratantes, entiéndase el asegurado y asegurador.
La confianza y la expectativa de que una aseguradora
defienda a su asegurado en una acción judicial instada en
su contra por un riesgo cubierto en su póliza de seguros
crea, implícitamente, la relación fiduciaria entre el
asegurado y la aseguradora bajo una póliza de
responsabilidad civil.28
El que una aseguradora tenga el deber de representar
legalmente a su asegurado no significa que la aseguradora
tenga una obligación de litigar la controversia en sus
méritos. En la póliza de responsabilidad civil toda
aseguradora se reserva el derecho a transigir cualquier
reclamación instada en contra de un asegurado si lo 29 determina prudente. En síntesis, la aseguradora
voluntariamente y a base de su experiencia decide si lo más
prudente es transigir la reclamación instada en contra de
su asegurado o litigar la controversia en sus méritos. La
referida potestad es de la aseguradora. Por lo expuesto, es
previsible que una aseguradora, mediante sus actos y
27 Baxter v. Royal Indemnity Company, 285 So. 2d 652, 655 (1973); Tyler v. Grange Insurance, 473 P. 2d 193, 197 (1970); Bennet v. Corrady, 305 P. 2d 823, 827 (1957). 28 Íd. 29 Existe una excepción, en acciones civiles donde el demandado posee una póliza de responsabilidad civil profesional la aseguradora no puede transigir la reclamación sin la aquiescencia del asegurado, independientemente de la cuantía reclamada. Lcdo. Rolando Cruz, Derecho de Seguros, § 24.2, en la pág. 302 (JTS 1999). CC-2008-410 9
decisiones, incurra en algún tipo de negligencia, la cual
podría culminar en algún daño o perjuicio para su
asegurado.
Cuando un asegurado sufre un daño que era previsible y
fue causado por un acto u omisión negligente de su
aseguradora, ésta vendrá obligada a reparar los daños
sufridos por su asegurado. 30 Por el contrario, si las
consecuencias de los actos u omisiones de la aseguradora no
fueran previsibles entonces ésta no incurriría en
negligencia ante su asegurado y no tendría el deber legal
de responder por los daños sufridos por su asegurado. 31
Hemos expresado que las consecuencias de un acto negligente
que deben preverse son las que están dentro de las
probabilidades y no dentro de las posibilidades.32
En síntesis, cuando una aseguradora expide una póliza
de responsabilidad civil tendrá el control sobre cualquier
reclamación civil cubierta por la póliza de seguro que se
entable en contra de su asegurado.
Debido a la situación en que se encuentran las
aseguradoras, a los efectos de decidir si transige una
reclamación instada en contra de uno de sus asegurados o
por el contrario decide litigarla judicialmente, es que se
espera un alto grado de cuidado y prudencia por parte de
30 Lcdo. Rolando Cruz, Derecho de Seguros, § 25.5, pág. 318 (JTS 1999). 31 Íd. 32 Faulkner v. Nieves, 76 D.P.R. 434 (1954). CC-2008-410 10
las aseguradoras. El grado de prudencia y cuidado tiene que
ir dirigido a salvaguardar los intereses de su asegurado. 33
Una aseguradora que asume la defensa de un asegurado no
debe de anteponer sus propios intereses a los de su
asegurado. Tal actuación desvirtuaría el propósito de las
pólizas de seguros las cuales pretenden brindar una
expectativa de tranquilidad al asegurado en caso de ocurrir
cualquier evento cubierto por la póliza de seguro.34
Aunque la aseguradora contrata la representación legal
del asegurado, ésta viene obligada a emplear, con los
asuntos e intereses del asegurado, el grado de cuidado que
una persona prudente y razonable ejercitaría en la defensa
de sus propios intereses. 35 Si la aseguradora no cumple de
buena fe con tal norma de conducta será responsable ante su
asegurado por cualquier cuantía en exceso del límite por
ocurrencia pactado en la póliza de establecerse mediante
sentencia una indemnización mayor.36
La responsabilidad del asegurador por el monto
completo de la sentencia obtenida al no emplear el debido
cuidado en la defensa de su asegurado dimana de su
33 Southern Farm Bureau Cas. Ins. v. Parker, 341 S.W. 2s 36 (1961); Trade General Insurance v. Rudco Oil & Gas, 129 F. 2d 621 (1942); 142 A.L.R. 799. 34 26 L.P.R.A. § 2001; Lcdo. Rolando Cruz, Derecho de Seguros, § 23.1, en la pág. 289 (JTS 1999). 35 Lino Roldán v. Kenneth Serra, 105 D.P.R. 507 (1976). 36 Stilwell v. Parsons, A. 2d 397 (1958); Auto Mut. Indemnitiy Co.v. Shaw, 184 So. 852, 134 Fla. 815 (1939); CC-2008-410 11
violación a una obligación contractual de la cual surge un
derecho del asegurado o del cumplimiento negligente de tal
obligación. 37 De un contrato de seguro emana un convenio
entre las partes contratantes, entiéndase el asegurador y
la aseguradora, de que ninguna de las partes envueltas en
la relación contractual podrá realizar gestión alguna que
perjudique los derechos de la otra parte. 38 Por lo
expuesto, una aseguradora que conduzca y dirija la
representación legal de un caso en contra de su asegurado
debe de actuar de buena fe para salvaguardar los intereses
de éste último. 39 La aseguradora viene obligada a emplear
el grado de diligencia y cuidado razonable según las
circunstancias particulares de cada caso.40
El Artículo 1056 del Código Civil de Puerto Rico
dispone lo siguiente: “[l]a responsabilidad que proceda de
negligencia es igualmente exigible en el cumplimiento de
toda clase de obligaciones pero podrá moderarse por los
Ballard v. Ocean Accident, C.C.A. 1936 Wis. 86 (1936); 86 F. 2d 449. 37 Chttick v. State Farm Mut., D.C. Del. 1959, 179 F. Supp. 276 (1959). 38 Morales v Automatic Vending, 103 D.P.R. 281 (1975); Gruenberg v. Aetna Ins., 9 Cal. 3d 566, 510 P. 2d 1032, 108 Cal. Rptr. 480 (1973); Crisci v. Security Ins., 50 Cal. 2d 654, 426 P. 2d 163 (1967). 39 Southern Farm Bureau Cas. Ins. Co. v. Parker, supra; Traders General Ins. v. Rudco Oil & Gas Co., supra. 40 Íd. CC-2008-410 12
tribunales según las cosas”. 41 Además, el Artículo 1057 del
Código Civil dispone lo siguiente:
La culpa o negligencia del deudor consiste en la omisión de aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación y corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. Cuando la obligación no exprese la diligencia que ha de prestarse en su cumplimiento, se exigirá la que correspondería a un buen padre de familia.42
Una aseguradora incurre en negligencia en la defensa
de su asegurado cuando la aseguradora no exhibe el patrón
de conducta correspondiente a un buen padre de familia.
Entiéndase, el de una aseguradora prudente y razonable en
el descargue de sus funciones. 43 Para determinar si una
aseguradora actuó negligentemente en la defensa de los
intereses de su asegurado hay que ponderar, a modo
ilustrativo, los factores siguientes: si el caso pudo haber
sido transigido dentro del límite de la póliza; 44 que la
investigación realizada por la aseguradora sea inadecuada o
incompleta; la aseguradora haya manejado negligentemente la
negociación de una posible transacción; falta de
preparación adecuada para asumir la defensa de su
asegurado; no se invocaron a tiempo las defensas
disponibles y/o la aseguradora contrató los servicios de un
abogado sin experiencia en todas las áreas del derecho
41 31 L.P.R.A. § 3020. 42 31 L.P.R.A. § 3021. 43 Lcdo. Rolando Cruz, Derecho de Seguro, § 25.5, en la pág. 315 (JTS 1999). CC-2008-410 13
aplicables; la aseguradora no levantó ninguna defensa
afirmativa disponible en beneficio de su asegurado; la
aseguradora no contestó la demanda o cualquier alegación
responsiva; que deje de descubrir evidencia intrínseca para
el caso; dejar de recurrir en alzada a un tribunal de mayor
jerarquía dentro del término disponible para ello cuando
una sentencia adversa con toda probabilidad podría ser
revocada.45
Hemos establecido, como norma general, que una
aseguradora responde en exceso del límite por ocurrencia al
verse obligada a pagar las costas y los honorarios de
abogados cuando falta a su deber de proveerle
representación legal bona fide a su asegurado. Lo anterior,
siempre y cuando el riesgo que motivó la reclamación esté
cubierto por la póliza. 46 Una mayoría de los estados de la
Unión reconocen la obligación del asegurador en el pago
total de la sentencia, no importa si la cuantía excede el
monto del límite por ocurrencia pactado en la póliza de
seguro. Además, la aseguradora podría ser sancionada y
tener que pagar las costas, los intereses pre-sentencia y
los honorarios de abogados según el tribunal estime
pertinente en el ejercicio de su sana discreción
44 Morales v. Automatic Vending, supra. 45 Lcdo. Rolando Cruz, Derecho de Seguros, § 25.4, en las págs. 317-318 (JTS 1999). 46 PFZ Properties v. General Accident, supra. CC-2008-410 14
judicial. 47 De igual forma, la aseguradora viene obligada a
pagar todos los intereses post-sentencia haya actuado de
buena fe o de mala fe.48
¿En el caso de marras, la C.S.M. tiene la obligación
de pagar intereses pre-sentencia sobre el límite por
ocurrencia pactado en la póliza de seguro por haber sido
encontrada temeraria? Nos es forzoso contestar tal
interrogante en la afirmativa. Veamos.
La Regla 44.3 de Procedimiento Civil, supra, dispone,
en parte, lo siguiente:
(b) El tribunal también impondrá a la parte que haya procedido con temeridad el pago de interés al tipo que haya fijado la Junta en virtud del inciso (a) de esta regla y que esté en vigor al momento de dictarse la sentencia desde que haya surgido la causa de acción en todo caso de cobro de dinero y desde la radicación de la demanda, en caso de daños y perjuicios, y hasta la fecha en que se dicte sentencia, excepto cuando la parte demandada sea el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus municipios, agencias, instrumentalidades o funcionarios en su carácter oficial. . .
Cuando un tribunal en su sana discreción encuentra a
una parte temeraria está imponiendo una sanción procesal.
Uno de los propósitos de la sanción es compensar, en lo
posible, los daños y/o prejuicios sufridos por la parte que
47 Barry R. Ostrager & Thomas R. Newman, Handbook on Insurance Coverage Disputes, en las págs. 717-726 (10th ed. Aspen Law & Business 2000); George J. Couch, Cyclopedia of Insurance Law, § 56:38, en las págs. 55-57 (2ed. L.C.P. & B.W. 1983). 48 Íd.; 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 44.3(a). CC-2008-410 15
no ha sido temeraria. 49 Concluimos que la obligación de
satisfacer una sanción por haber sido hallado temerario es
una que surge de la conducta del litigante. En el caso ante
nos, la C.S.M. por haber ejercido el control absoluto en la
litigación del caso. Tal obligación es una separada y
distinta a la obligación de la aseguradora de reparar los
daños causados por su asegurado hasta el límite máximo de
cubierta por ocurrencia pactado en la póliza de
responsabilidad civil. Cuando un Tribunal de Primera
Instancia en el ejercicio de su sana discreción concluye
que una de las partes actuó de forma temeraria, procede la
imposición de los intereses por temeridad y honorarios de
abogados para sancionar tal actuación. 50 De otra parte, los
intereses forman parte de la sentencia y pueden cobrarse
aunque éstos no se mencionen en la sentencia.51
No podemos perder de perspectiva que la industria de
seguros está revestida de un alto interés público, máxime,
cuando algunas pólizas de seguro se han convertido en
requisitos obligatorios para poder cumplir con ciertas y
determinadas obligaciones. No hemos encontrado fundamento
legal que impida imponer el pago de honorarios de abogado a
una aseguradora que haya sido encontrada temeraria aunque
sobrepase el límite por ocurrencia pactado en la póliza de
49 Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 D.P.R. 294 (1990); Santos Bermúdez v. Texaco P.R., 123 D.P.R. 351 (1989); Fernández v. San Juan Cement, 118 D.P.R. 713 (1987). 50 Torres v. E.L.A., 136 D.P.R. 556 (1994). 51 Mun. de Mayagüez v. Rivera, 113 D.P.R. 467 (1982). CC-2008-410 16
seguro. 52 De igual forma, no encontramos fundamento legal
alguno que impida el sancionar a una aseguradora con la
imposición de intereses pre-sentencia en exceso al límite
por ocurrencia pactado en la póliza de seguro cuando ésta
ha sido temeraria y tuvo el control de la representación
legal otorgada a su asegurado.
La Regla 44.3 de Procedimiento Civil, supra, establece
claramente una sanción a la parte temeraria. De igual
forma, la Asamblea Legislativa decidió excluir de su
aplicación al Gobierno, los municipios, las agencias,
instrumentalidades o funcionarios en su carácter oficial.
No obstante, en ninguna de las disposiciones contenidas en
las Reglas de Procedimiento Civil, supra, encontramos que
una aseguradora pueda ser liberada de la sanción por
temeridad.
En el caso ante nos, cuando los agentes de la policía
se presentaron a la escena del accidente el co-demandado,
señor Luis Rivera Torres, admitió haber perdido el control
del vehículo e impactar al señor Camacho Alvarado
causándole la muerte en el acto. Además, el informe del
accidente fue estipulado entre las partes y presentado
como evidencia sin que surgiera controversia alguna
durante el juicio. De igual forma, el informe pericial
económico, estableciendo el lucro cesante de los
52 Íd. Tampoco, hemos encontrado fundamento legal que impida imponer el pago de intereses post-sentencia a una aseguradora aunque éstos sobrepasen el límite por ocurrencia pactado en la póliza de seguro. Íd. CC-2008-410 17
demandados por la cantidad global de $187,127.00, fue
estipulado por las partes.
Es pertinente reseñar que los demandados nunca
refutaron la alegación de negligencia, la cual el Tribunal
de Primera Instancia dictaminó en su Sentencia que fue
probada de forma incontrovertible. Por lo expuesto, la
actuación de la representación legal provista por la
C.S.M. fue claramente temeraria, como bien dictaminó el
foro primario. La C.S.M. no admitió su responsabilidad, lo
que produjo que la controversia se dilucidara ante el foro
primario a pesar de que la negligencia incurrida por su
asegurado era de su pleno conocimiento 53 y litigó el caso
de forma obstinada. El no sancionar a la C.S.M. con el
pago de intereses pre-sentencia que sobrepasen el límite
de cubierta por ocurrencia, sería premiarla por una
actuación contumaz ante los tribunales de justicia. De
igual forma, implicaría el sancionar a una persona, el
asegurado, quien en el caso ante nos, según se desprende
del expediente judicial, no tuvo ningún tipo de injerencia
sobre la representación legal brindada por la C.S.M..
Concluimos que en el presente caso la C.S.M. está obligada
a pagar la totalidad de los intereses pre-sentencia aunque
estos sobrepasen el límite de cubierta por ocurrencia
pactado en la póliza de seguro.
El propósito de la norma aquí pautada es que se
cumpla con la Regla 44.3 de Procedimiento Civil, supra, CC-2008-410 18
para sancionar la litigación temeraria, evitando así la
presentación de pleitos frívolos. 54 Una aseguradora se
libera de la temeridad cuando a su mejor entender, el
accidente fue causado por su asegurado y así se lo hace
constar al Tribunal de Primera Instancia en su primera
alegación, no importa el parecer de su asegurado. 55 Cuando
la aseguradora entiende que el valor de la reclamación
excede el límite por ocurrencia pactado en la póliza tiene
el deber de consignar el importe máximo que tenga que
pagar debido a su obligación contractual con su asegurado.
Lo anterior, evita que una aseguradora sea encontrada
incurso en temeridad, además de agilizar los
procedimientos judiciales. 56 Una oferta de sentencia es el
recurso idóneo, si se presenta en la primera oportunidad.
Dicha oferta de sentencia no elimina la temeridad de la
aseguradora antes de realizar la oferta pero pude ser
considerada como un atenuante ante la sanción a imponerse
por temeridad.57
53 Oficina de Ética Gubernamental v. Román González, supra. 54 Es importante reseñar que una cláusula en una póliza de seguro en la cual se disponga que la aseguradora no responderá por intereses en exceso al límite por ocurrencia pactado en la póliza no es absoluta. Ello, porque las aseguradoras no pueden renunciar o liberarse de la sanción por temeridad mediante una cláusula. 55 Véase, Lino Roldán v. Kenneth Serra, supra; Viuda de Passalacua v. Cancel, 90 D.P.R. 501, 503 (1964); U.S. Casualty v. Tribunal Superior, 89 D.P.R. 785, 789 (1964). 56 Lino Roldán v. Kenneth Serra, supra. 57 Íd. CC-2008-410 19
Permitir a una aseguradora que tiene el control de la
representación legal de ésta y/o de su asegurado litigar
temerariamente y sólo responder por los intereses pre-
sentencia hasta el tope del límite por ocurrencia pactado
en la póliza de seguro es permitir una injusticia. Se
llegaría al absurdo de incentivar a las aseguradoras a
litigar todo tipo de reclamación entablada en su contra y/o
en contra de un asegurado, aunque sea de forma temeraria.
Ello, en contravención a los principios cardinales de
nuestro sistema procesal civil.58
De esa forma, se desvirtuaría el propósito del
contrato de seguro. Podría producirse la anomalía en que el
asegurado viniere obligado a pagar una cantidad mayor por
los intereses pre-sentencia que la aseguradora, por la
temeridad de ésta última, de limitarse los intereses pre-
sentencia al tope del límite por ocurrencia pactado en la
póliza de seguro. No podemos ignorar que en un caso como el
de autos la aseguradora fue quien tuvo el control de la
defensa de su asegurado. Tal situación resulta ser muy
onerosa para el asegurado. Ello, debido a que la
aseguradora no estaría obligada a responder por su
temeridad y conducta violatoria a su deber de fiducia para
con el asegurado.
No se puede perder de perspectiva que las
aseguradoras, en la mayoría de los casos, se encuentran en
una posición más aventajada que la otra parte contra quien
58 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 1. CC-2008-410 20
litiga. Ello, por ser expertos en la industria de seguros
así como por contar con abogados entrenados en tal área del
derecho. Es razonable que una aseguradora responda por su
temeridad y su conducta negligente. Lo anterior evita que
un asegurado se vea obligado a pagar una suma en exceso al
límite de cubierta por ocurrencia pactado en la póliza de
seguro debido a la conducta temeraria observada por la
aseguradora a través de la representación legal que
seleccionó para atender su causa.59
Efraín E. Rivera Pérez Juez Asociado
59 Cuando en la demanda se reclama una cantidad mayor al límite por ocurrencia pactado en la póliza de seguro, el asegurado puede conseguir una representación legal para salvaguardar sus intereses respecto a la cantidad en exceso al límite de cubierta. En tales casos la imposición de intereses pre-sentencia sobre el límite pactado en la póliza de seguro podría no recaer en la aseguradora si la actuación temeraria es de la representación legal pagada por el asegurado para beneficio exclusivo de éste.