EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Olga Margarita Molina González
Recurrida Certiorari
v. 2019 TSPR 191
Héctor Álvarez Gerena 203 DPR ____
Peticionario
Número del Caso: CC-2017-832
Fecha: 3 octubre de 2019
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Mayagüez – Utuado, Panel XI
Abogado de la parte peticionaria:
Lcdo. Jorge A. Hernández
Abogado de la parte recurrida:
Lcdo. Joaquín Martínez García
Materia: Derechos reales - Determinar a partir de qué momento el comunero/heredero que ostenta el uso y disfrute exclusivo del bien común, debe compensar a otro comunero/heredero que alega haber sido privado de su derecho propietario
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Recurrida
v. Núm.CC-2017-0832
Héctor Álvarez Gerena
Opinión del Tribunal emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez
San Juan, Puerto Rico, a 3 de octubre de 2019
El caso de epígrafe presenta la particularidad de una
comunidad ordinaria que está compuesta por dos
comuneros/herederos con distintos causantes, cuyos
respectivos caudales hereditarios no han sido objeto de
partición. Esta situación resulta en que -sobre un solo bien
inmueble- graviten derechos hereditarios distintos y se
constituya una comunidad, cuya división es objeto de la
presente controversia. Es en ese contexto que debemos evaluar
bajo qué circunstancias –y a partir de qué momento- el
comunero/heredero que ostenta el uso y disfrute exclusivo
del bien común debe compensar al otro comunero/heredero que
alega haber sido privado de su derecho propietario
I.
El Sr. Juan González Chanza estuvo casado con la Sra.
María Álvarez Valentín y, durante la vigencia del
matrimonio, adquirieron ciertos bienes, incluyendo la finca
que origina la controversia ante nuestra consideración. El CC-2017-0832 2
señor González Chanza y la señora Álvarez Valentín
fallecieron sin tener herederos forzosos. No obstante, el
señor González Chanza otorgó testamento abierto el 11 de
febrero de 1992. Mediante éste, legó todos sus bienes al
aquí peticionario, el Sr. Héctor Álvarez Gerena. La señora
Álvarez Valentín, por su parte, otorgó testamento abierto el
18 de diciembre de 1996 y legó todos sus bienes a la aquí
recurrida, la Sra. Olga Margarita Molina González.1 El señor
González Chanza falleció el 7 de febrero de 1994 y, a partir
de entonces, el señor Álvarez Gerena, pasó a ostentar un
derecho hereditario sobre los bienes de su causante, entre
los cuales se encontraba una finca perteneciente al
matrimonio y. El señor Álvarez Gerena convivió con la señora
Álvarez Valentín en dicha finca hasta que ésta falleció el
15 de junio de 2001.
El 20 de julio de 2005, la señora Molina González
presentó una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia
en la que alegó que, antes del fallecimiento de la señora
Álvarez Valentín, el señor Álvarez Gerena se había apoderado
de la totalidad de la finca sobre la cual tenía un derecho
hereditario. Según arguyó, el señor Álvarez Gerena tenía el
disfrute exclusivo de la propiedad y se había lucrado de ese
uso al alquilar parte de ésta para generar ingresos.
1 Aunque el señor Álvarez Gerena y la señora Molina González fueron denominados como legatarios en los testamentos de sus respectivos causantes, cabría pensar que, al legársele todos los bienes, nos encontramos más bien ante llamamientos como herederos a título universal. Véase Luis Roca-Sastre, Derecho de Sucesiones, Tomo I, 2da ed. Cap.4 (1994). CC-2017-0832 3
Asimismo, sostuvo que el peticionario había intentado
inscribir la finca únicamente a su nombre en el Registro de
la Propiedad. Por tal razón, solicitó al foro primario que
llevara a cabo la división correspondiente y le adjudicara
su participación del cincuenta por ciento (50%) de la
comunidad. Además, la señora Molina González solicitó que se
ordenara al señor Álvarez Gerena pagarle por el uso que le
había dado a la propiedad, así como parte de la renta que
había generado alquilando la misma.
El señor Álvarez Gerena contestó la demanda y negó tener
el uso exclusivo de la propiedad. Por el contrario, alegó
que, luego del fallecimiento del señor González Chanza, se
había mudado a la propiedad junto con su esposa para cuidar
y atender a la señora Álvarez Valentín sin recibir paga
alguna por esos servicios. Según indicó, permaneció en la
finca luego del fallecimiento de ésta para cuidar y proteger
la propiedad de la que era comunero y en la cual había
realizado mejoras con trabajo y dinero propio. Negó haber
alquilado la propiedad y consignó no tener objeción en que
se adjudicara a favor de la señora Álvarez Gerena el
cincuenta por ciento (50%) del valor de la finca, luego de
que ésta fuese tasada y se le acreditaran las mejoras
realizadas.2
2 Según alegó, dichas mejoras consistían de una segunda planta que constaba de tres (3) habitaciones, sala, cocina, comedor, dos (2) baños y un balcón. También alegó que había realizado mejoras en la cocina, entrada y balcón de la vivienda original. CC-2017-0832 4
Posteriormente, la señora Molina González enmendó su
demanda para, entre otras cosas,3 describir la propiedad y
solicitar que se adjudicara una renta mensual del valor de
ésta y se le concediera un crédito de la mitad de esa cuantía
por todos los años que el señor Álvarez Gerena había vivido
en la finca. El señor Álvarez Gerena, por su parte, contestó
la demanda enmendada y presentó una reconvención. Mediante
esta última, alegó que se había encargado del mantenimiento
de la propiedad desde el 1994 sin que la señora Molina
González ni la difunta señora Álvarez Valentín contribuyeran
de forma alguna.
En su reconvención, el señor Álvarez Gerena indicó que
los gastos de mantenimiento de la propiedad por todos esos
años se estimaban en $30,000.00, por lo que la señora Molina
González le adeudaba $15,000.00. Asimismo, sostuvo que había
fungido como administrador de la propiedad desde el 1994 y
no había recibido remuneración alguna en concepto de ello.
Por tanto, solicitó que se le ordenara a la señora Molina
González satisfacer la suma de $301,600 por los gastos de
administración del inmueble. Por último, solicitó al
tribunal que ordenara el rembolso de los gastos en los que
había incurrido relacionados con el sepelio de la señora
3 Surge de la demanda enmendada que el valor de la finca era de $130,000.00. En su demanda original, la señora Molina González había indicado que la propiedad tenía un valor de $200,000.00. El valor en el mercado de la propiedad, luego de que se llevara a cabo una tasación ordenada por el Tribunal de Primera Instancia fue de $132,000.00. Esa tasación fue estipulada por las partes. Véase Ap. en la pág. 28. CC-2017-0832 5
Álvarez Valentín; a saber, $5,000.00. Por último, informó
que la propiedad objeto del pleito adeudaba $12,101.84 en
concepto de contribución sobre la propiedad inmueble, por lo
que procedía que se ordenara a la señora Molina González
pagar la mitad de esa cuantía.
Luego de la celebración del juicio en su fondo y un
extenso desfile de prueba, el Tribunal de Primera Instancia
dictó una sentencia mediante la cual ordenó al señor Álvarez
Gerena pagar a la señora Álvarez Valentín $66,000.00 por su
participación en la propiedad, más la suma de $78,650.00 por
el beneficio que ésta debió haber recibido en concepto de
rentas “por los últimos veinte (20) años, para un total de
$144,650.00”. Sentencia del TPI, en la pág. 7, Ap. en la
pág. 53. Además, ordenó al Registrador de la Propiedad
inscribir la finca objeto del pleito a nombre de la señora
Molina González en un cincuenta por ciento (50%) y a nombre
del señor Álvarez Gerena en la misma proporción. Véase id.
Al así proceder, el foro primario concluyó que el señor
Álvarez Gerena se había apoderado de la propiedad desde el
año 1994 como su único dueño y no había permitido a la señora
Molina González utilizarla. Además, concluyó que el señor
Álvarez Gerena no había realizado mejoras a la propiedad ni
había realizado gestiones como administrador.
Consiguientemente, declaró no ha lugar la reconvención
presentada, por entender que no se presentó prueba alguna
para sustentar las alegaciones contenidas en ésta. CC-2017-0832 6
Insatisfecho con tal dictamen, el señor Álvarez Gerena
presentó una reconsideración en la que cuestionó que se
ordenara el pago de renta a favor de la señora Molina
González por los últimos veinte (20) años sin tomar en
consideración que la señora Álvarez Valentín había fallecido
en el año 2001. Además, señaló que el foro primario no había
incluido en sus determinaciones de hecho la fecha exacta en
la que la señora Molina González había reclamado el pago de
cánones o el uso de la propiedad común. Alegó que en ningún
momento la señora Molina González le solicitó formalmente el
pago de una renta. Por último, sostuvo que de la tasación de
la propiedad se desprendía que el valor del terreno había
aumentado con la construcción de una segunda planta.
Específicamente, sostuvo que de la tasación surgía de manera
clara que el valor de la estructura original existente en la
finca en el año 1994 -cuando falleció el señor González
Chanza- era $29,000.00 y que el valor del terreno es de
$32,600.00, por lo que a la señora Molina González sólo le
correspondía la mitad de la suma de esas cuantías.4
Luego de que el foro primario declarara no ha lugar su
reconsideración, el señor Álvarez Molina acudió ante el
Tribunal de Apelaciones y planteó que el foro primario había
errado al: (1) imponerle el pago de renta por los últimos
4 Posteriormente, el señor Álvarez Gerena presentó una Solicitud de Nuevo Juicio en la que alegó que había encontrado prueba testifical acreditativa de las mejoras que realizó en la propiedad. Indicó que no había podido presentar esa prueba en el juicio puesto que había perdido contacto con el testigo. El foro primario declaró no ha lugar la referida solicitud. CC-2017-0832 7
veinte (20) años sin hacer una determinación respecto a
cuándo la señora Molina González había solicitado dicho
pago; (2) no considerar el segundo piso de la estructura que
ubicaba en la finca como una mejora según surgía de la
tasación, y (3) no imponer a la señora Álvarez Molina gastos
relacionados con la conservación y administración del
inmueble. Véase Apelación, en la pág. 3, Ap. en la pág. 6;
Sentencia del TA, en la pág. 2. El foro apelativo intermedio,
sin embargo, confirmó en su totalidad el dictamen del
Tribunal de Primera Instancia. La reconsideración presentada
fue igualmente denegada.
Así las cosas, el señor Álvarez Gerena acudió a este
Tribunal por vía de un recurso de certiorari.5 Mediante éste,
el señor Álvarez Gerena insistió en la improcedencia de
ordenarle pagar una cuantía en concepto de rentas por el uso
del inmueble para un periodo en el que la señora Molina
González ni tan siquiera era comunera, puesto que la señora
5 En éste, planteó los siguientes señalamientos de error:
Erró el honorable Tribunal de Apelaciones al avalar la sentencia del Tribunal de Primera Instancia en su determinación, al imponer al demandado el pago de renta por los últimos veinte (20) años a favor de la demandante, cuando ni de la sentencia ni de las determinaciones de hecho de la misma se desprende cuándo la demandante solicitó formalmente el pago de renta al demandado o la existencia de un pacto entre ellos.
Erró el Tribunal de Apelaciones al avalar la determinación del Tribunal de Primera Instancia de no reconocer y no imponer a la parte demandante una cuantía correspondiente a los gastos de conservación y de administración a favor de la parte demandada. CC-2017-0832 8
Álvarez Valentín no falleció hasta el año 2001. Alegó,
además, que la señora Molina González nunca le solicitó el
pago de una renta o exigió su derecho al uso y disfrute de
la propiedad, derecho que, según sostiene, nunca se le negó.
Examinada la petición de certiorari presentada, el 23
de febrero de 2018, emitimos una resolución mediante la cual
le concedimos a la parte recurrida un término de treinta
(30) días para que compareciera y mostrara causa por la cual
no debíamos expedir el recurso presentado para revisar el
primer señalamiento de error y revocar a los foros recurridos
en cuanto a éste.
En cumplimiento con dicha resolución, la parte
recurrida presentó su Oposición al recurso de certiorari. En
ésta, la señora Molina González plantea que, de conformidad
con las conclusiones del foro primario, no era necesario que
ésta realizara un requerimiento de pago en concepto de rentas
por el uso de la propiedad objeto del pleito. En la
alternativa, sostiene que la propia presentación de la
demanda en el año 2005 equivale a un requerimiento de pago.
Para sostener su posición, arguye que de las determinaciones
de hecho del foro primario surge que el señor Álvarez Gerena
se apoderó de la propiedad desde el año 1994 y que disfrutó
de su uso por más de veinte (20) años sin pagarle renta.
Aduce que la doctrina es clara en que la exclusión por parte
de un comunero de los demás comuneros del uso y disfrute del
bien acarrea una compensación a favor de los comuneros
excluidos. CC-2017-0832 9
Contando con el beneficio de la comparecencia de ambas
partes, procedemos a dirimir la controversia relacionada con
el primer señalamiento de error. Para ello, resulta
indispensable examinar las reglas que rigen la comunidad de
bienes en nuestro ordenamiento jurídico y los deberes y
responsabilidades de los comuneros de un bien hacia los demás
miembros de la comunidad.
II.
La figura de la comunidad de bienes está regulada por
el Título III de nuestro Código Civil. El Artículo 326 de
ese cuerpo establece que existe una comunidad de bienes
“cuando la propiedad de una cosa o de un derecho pertenece
pro indiviso a varias personas”. 31 LPRA sec. 1271. La
distribución de la comunidad se rige por una presunción de
igualdad en la participación y el concurso de sus partícipes,
tanto en los beneficios como en las cargas, será
proporcionado a sus respectivas cuotas. 31 LPRA sec. 1272.
Así, pues, una comunidad de bienes sobre un derecho
propietario se caracteriza por la pertenencia de una cosa
corporal por una pluralidad de sujetos en cuotas
cualitativamente iguales. Véase Eduardo Vázquez Bote, II
Derechos Reales en la pág. 9 (1993). En nuestro ordenamiento,
la comunidad se concibe como una de procedencia romana en la
que cada comunero tiene una cuota alícuota de la cosa. Véase
José R. Vélez Torres, Derecho de Obligaciones, en la pág.
145 (2da ed. 1997). CC-2017-0832 10
En cuanto a uso de los bienes de la comunidad, el
Artículo 328 del Código Civil dispone que “[c]ada partícipe
podrá servirse de las cosas comunes, siempre que disponga de
ellas conforme a su destino y de manera que no perjudique el
interés de la comunidad, ni impida a los copartícipes
utilizarlas según su derecho”. 31 LPRA sec. 1273. De otra
parte, el Artículo 329 pauta las obligaciones de los
partícipes de la comunidad en los gastos de conservación de
ésta. A esos efectos, establece que “[t]odo copropietario
tendrá derecho para obligar a los partícipes a contribuir
los gastos de conservación de la cosa o derecho común”. 31
LPRA sec. 1274.
En el pasado, este Tribunal ha tenido múltiples
oportunidades de examinar el alcance de estas disposiciones.
En De la Fuente v. A. Roig Sucesores, 82 DPR 514 (1961), se
determinó que el uso de un bien común para el beneficio
exclusivo de uno de los comuneros conlleva el pago de una
compensación a la comunidad. Véase Id. en la pág. 534.
Cónsono con esto, este Foro concluyó que un comunero estaba
impedido de tener el uso y disfrute exclusivo de un bien
perteneciente a la comunidad sin pagarle a los demás
comuneros por ese beneficio individual. En aquella ocasión,
se destacó que la obligación de resarcir a los demás
comuneros era “uno de los principios rectores de un régimen
pacífico y justo de la comunidad”. Id. A pesar de esta
conclusión, en De la Fuente, este Tribunal determinó que la
comunera-demandante no había presentado prueba suficiente CC-2017-0832 11
para que se pudiera fijar una compensación en concepto de
los presuntos daños que alegó haber sufrido por razón del
uso y disfrute exclusivo de uno de los bienes de la
comunidad. Por tal razón, se confirmó el dictamen recurrido
que declaró sin lugar la demanda de daños y perjuicios
incoada.
De otra parte, en Cintrón Vélez v. Cintrón de Jesús,
120 DPR 39 (1987), este Tribunal tuvo la oportunidad de
examinar los deberes y obligaciones de los comuneros en el
contexto particular de una comunidad hereditaria. Allí, unos
coherederos residieron en una propiedad que pertenecía al
causante antes y después del fallecimiento de éste. Los
coherederos que no residían en la referida propiedad
solicitaron un pago en concepto de su participación en el
inmueble. Según alegaron, los demás coherederos se habían
apoderado de los bienes de la comunidad y los habían
disfrutado para su exclusivo beneficio. Ante ese cuadro
fáctico, pesó en el ánimo de este Tribunal el hecho de que
los coherederos, quienes eran nietos del causante, habían
vivido con su abuelo previo a su fallecimiento y lo habían
cuidado durante su enfermedad. Así, este Foro razonó que,
aunque los nietos coherederos formaban parte de la comunidad
hereditaria “y poseyeron la casa del causante después de su
muerte, esa fue la vivienda de ellos por varios años antes
de la muerte del testador, o sea que tenían la posesión
exclusiva de la casa desde antes”. Id. en la pág. 50. CC-2017-0832 12
Al examinar la procedencia de imponer a los coherederos
que residían en el inmueble que componía la comunidad la
obligación de pagar una renta a los demás comuneros por su
uso y disfrute exclusivo, este Tribunal evaluó detenidamente
las normas que rigen la comunidad y la posesión en el Derecho
Civil. Como parte de ese análisis, determinó que, si bien el
derecho a poseer no es exclusivo de ningún comunero, la
posesión por parte de los coherederos que habían tenido el
uso y disfrute exclusivo de la residencia previo al
fallecimiento del causante no conllevaba un pago a los demás
coherederos en concepto de su participación. Véase Cintrón
Vélez, 120 DPR en la pág. 51. Específicamente, el Tribunal
razonó que “la tenencia real de alguna cosa común por un
comunero solo, antes que ser considerada como posesión para
él, debe de serlo como caso de ejercicio de la posesión de
todos a través de él (servidor de la posesión de los demás,
aparte de poseedor para sí por su parte)”. Id. en la pág.
51.6
Posteriormente, en Soto López v. Colón Meléndez, 143
DPR 282 (1997), este Tribunal dictaminó -en el contexto
particular de una comunidad post ganancial- que cuando un
6 Es decir, la posesión del bien inmueble por parte de los coherederos previo a la partición de la herencia no constituía propiamente una exclusión de los demás, máxime cuando éstos se encontraban utilizando exclusivamente el inmueble con anterioridad a la muerte del causante. Se reconoció, sin embargo, que, en el caso de una posesión exclusiva, los demás comuneros tendrían a su haber un interdicto o acción reivindicatoria para recobrar parte de la posesión a la que tenían derecho. Véase Cintrón Vélez, 120 DPR en la pág. 51. CC-2017-0832 13
comunero mantiene un monopolio sobre el bien común, negando
al otro su derecho al disfrute de éste, el comunero excluido
tendrá derecho a recibir una suma líquida de manera periódica
en concepto de su participación en la comunidad. Según se
explicó, ese derecho como comunero era superior al derecho
a solicitar una pensión excónyuge al amparo del Artículo 109
del Código Civil, 31 LPRA sec. 385. Véase Soto López, 143
DPR en la pág. 291. En ese caso, tanto el foro primario como
el Tribunal de Apelaciones se negaron a ordenar el pago de
una pensión excónyuge bajo el fundamento de que no existía
necesidad económica y que los bienes gananciales –de los
cuales la excónyuge que solicitaba la pensión era dueña de
la mitad- sobrepasaban los $500,000.00.
La excónyuge a quien se le negó una pensión planteó
ante este Tribunal que su otrora esposo actuaba como
administrador de facto de la comunidad de bienes, por lo que
ella tenía derecho a que se le asignara una pensión. Al
evaluar ese argumento, este Foro concluyó que el control
absoluto de un comunero de la comunidad conllevaba
necesariamente la negación del derecho al uso y disfrute de
la otra comunera. Véase Soto López, 143 DPR en la pág. 291.
Por tanto, si bien la excónyuge excluida del uso y disfrute
del bien común no tenía derecho al pago de una pensión
excónyuge, sí tenía derecho al pago de una suma líquida
periódica en concepto de su participación en la comunidad
post ganancial. Id. en la pág. 292. Este Tribunal aclaró,
sin embargo, lo siguiente: CC-2017-0832 14
Si con el pago de la suma que razonablemente reclama la recurrente para su adecuado sostén se excede la cantidad a la que por frutos ella tiene derecho en calidad de comunera, se procederá eventualmente a descontar dicho exceso, de lo que en su día recibirá al efectuarse la partición.
Id. en la pág. 292.
Es decir, el Tribunal determinó que, al momento de
efectuarse la partición de la comunidad, se evaluaría si
esos pagos periódicos a favor de uno de los comuneros, en
conjunto, excedían su participación total en la comunidad.
De ser así, correspondía descontar ese exceso de la mitad
del valor de los bienes de la comunidad.
Expresiones posteriores por parte de este Tribunal
sobre el deber de un comunero de compensar a los demás por
el uso exclusivo del bien común también se han dado en el
contexto de comunidades post gananciales o en situaciones
análogas. En Díaz v. Aguayo, 162 DPR 801 (2004), por ejemplo,
una comunera reclamó al otro comunero un pago en concepto
del uso y disfrute exclusivo de los bienes comunes. En ese
caso, pudimos abordar de manera puntual el efecto de ese uso
y disfrute en el cómputo final del crédito que le corresponde
a cada comunero al dividir la comunidad. Concretamente, los
comuneros en Díaz v. Aguayo habían sostenido una relación de
noviazgo durante la cual obtuvieron ciertos bienes, entre
ellos una residencia sobre la cual cada uno obtuvo una
participación del cincuenta por ciento (50%). Al finalizar
la relación de noviazgo, el señor Aguayo asumió los pagos de
la hipoteca y, posteriormente, se mudó a la residencia con
su esposa. CC-2017-0832 15
La señora Díaz, por su parte, presentó una demanda sobre
división de bienes y cobro de dinero en la que alegó que el
señor Aguayo debía compensarla por el uso exclusivo del bien
inmueble que poseían en común. El foro primario, al efectuar
el cálculo correspondiente a la división de la comunidad,
determinó que la señora Díaz adeudaba al señor Aguayo la
mitad de los pagos mensuales de la hipoteca que éste había
realizado a través de los años. Insatisfecha, la señora
Aguayo planteó ante el Tribunal de Apelaciones que el foro
de instancia había errado al reconocerle un crédito al señor
Díaz por el pago del préstamo hipotecario, cuando éste había
retenido el uso y disfrute exclusivo de los bienes en
comunidad. El Tribunal de Apelaciones, al confirmar el
dictamen recurrido, concluyó que el señor Aguayo había
poseído el bien inmueble en representación de la comunidad
y que la señora Díaz no se había opuesto a esa posesión ni
había interpuesto un recurso interdictal para reclamar su
derecho al uso y disfrute del bien.
Aún insatisfecha, la señora Díaz acudió ante este
Tribunal y planteó que el foro apelativo intermedio había
errado al dictaminar que el uso y disfrute exclusivo del
bien común por parte del señor Aguayo constituía una posesión
a nombre de ambos comuneros. Luego de un análisis exhaustivo
del derecho y la jurisprudencia aplicable, este Tribunal
revocó el dictamen del Tribunal de Apelaciones y concluyó
que “el uso exclusivo de un bien común por uno sólo de los
comuneros sin resarcir al otro es contrario a principios CC-2017-0832 16
elementales de derecho, basados en la equidad, que no
permiten el enriquecimiento injusto”. Aguayo, 162 DPR en la
pág. 814. Consiguientemente, este Foro dictaminó que el
señor Aguayo había poseído los bienes comunales de forma
exclusiva y que tal posesión había impedido el uso y disfrute
de la señora Díaz de su propiedad. Por tanto, correspondía
el pago de una compensación a favor de esta última. Id. en
la pág. 815.
Resulta preciso destacar que, en Díaz v. Aguayo, se
señaló que “al así resolver no descartamos la posibilidad de
que uno de los comuneros pueda prestar su consentimiento,
expresa o tácitamente, o llegar a un acuerdo para que el
otro comunero utilice gratuitamente la cosa común para su
exclusivo beneficio”. Id. en la pág. 814, n. 2.7 Estas
expresiones son cónsonas con la idea de que el uso exclusivo
por parte de uno de los comuneros no siempre acarreará el
pago de una compensación a los demás.
7 En una Opinión de Conformidad, el ex Juez Presidente señor Hernández Denton manifestó su inquietud en torno a qué exactamente constituía privar a un comunero del uso y disfrute del bien común y destacó que “no todo uso y disfrute de la cosa común por uno de los comuneros, sin la concurrencia de los demás, implica de por sí una infracción al Art. 328 del Código Civil de la cual surja un deber de compensar”. Aguayo, 162 DPR en la pág. 821 (J. Hernández Denton, Op. Conformidad). Citando a Scaevola, argumentó que, en ciertos casos, el hecho de que uno de los comuneros se sirva de la cosa común de manera exclusiva no necesariamente supone una exclusión de los demás. Id. El ex Juez Presidente también subrayó que “el comunero que es privado del uso y disfrute de su propiedad tiene derecho a ser resarcido por el que lo perjudicó conforme a criterios independientes, consecuentes y determinados. De esa manera, además, se hace justicia al que tiene que abonar el pago, pues está protegido contra decisiones arbitrarias”. Id. en la pág. 823. CC-2017-0832 17
Las complejidades subyacentes al dictamen en Díaz
Aguayo salieron a la luz en otra controversia referente a la
división de una comunidad post ganancial que fue resuelta
mediante sentencia, por estar igualmente dividido el
Tribunal. En Meléndez Berríos v. Maldonado Dieppa, 175 DPR
1007 (2009), se confirmó un dictamen del Tribunal de
Apelaciones mediante el cual se había determinado que una
comunera que había ostentado el uso exclusivo de un bien
inmueble debía compensarle al otro comunero por tal uso.
Ello, a partir del momento en que se había solicitado por la
vía judicial el pago de las rentas correspondientes. Según
razonó el foro apelativo intermedio, no fue hasta ese momento
que el comunero presuntamente excluido había exteriorizado
su intención de que su excónyuge le resarciera por el uso
exclusivo del inmueble.
En Maldonado Dieppa, el Tribunal de Apelaciones razonó
que, a diferencia de los hechos en Díaz v. Aguayo, el
comunero excluido de su participación había contraído nuevas
nupcias, mientras que su excónyuge había permanecido soltera
y no había impedido que éste utilizara el bien común. En la
Opinión de Conformidad que acompañó la sentencia dictada por
este Tribunal, se aclaró este hecho a los efectos de que, en
casos de una ruptura del vínculo matrimonial, la atribución
de la residencia familiar a uno de los cónyuges “no es
equiparable a un acto de exclusión formal”. Maldonado
Dieppa, 175 DPR, en la pág. 1020 (Rodríguez Rodríguez, J.,
Op. de Conformidad). Así, pues, en ese tipo de casos, se CC-2017-0832 18
debía presumir que el excónyuge no residente había
consentido al uso exclusivo de la residencia familiar hasta
tanto éste no interpelara al otro a pagar una renta por
concepto de ese uso.
III.
La jurisprudencia que antecede devela las dificultades
inherentes a determinar a partir de qué momento se entiende
que un comunero ha efectivamente excluido a otro de su
participación en el bien común y, por tanto, tiene el deber
de compensar. Ciertamente, ese análisis requiere un examen
detenido de los hechos de cada caso y, forzosamente, que se
tome en consideración la relación entre los comuneros. Como
se indicó, en Cintrón Vélez v. Cintrón de Jesús, 120 DPR 39
(1987), pesó en el ánimo de este Tribunal el hecho de que
los comuneros fuesen coherederos nietos del causante que
habían residido en el bien comunitario previo a su
fallecimiento y habían cuidado a éste durante su enfermedad.
Así, se entendió que la posesión se daba en función de su
condición como coherederos en representación de la comunidad
hereditaria.
De otra parte, en casos en los que se reputa una
exclusión del uso y disfrute por parte de un excónyuge, los
dictámenes de este Foro reflejan maleabilidades subjetivas
que han imposibilitado el desarrollo de una norma
definitiva. De estos dictámenes surge con meridiana
claridad, sin embargo, que, para tener derecho al pago de
una compensación, el comunero que alega haber sido excluido CC-2017-0832 19
de su participación en la comunidad deberá identificarse un
acto obstativo que suponga tal exclusión o un requerimiento
afirmativo del comunero que alega ser excluido.
En el caso ante nuestra consideración, los foros
recurridos concluyeron que el señor Álvarez Gerena debía
compensar a la señora Molina González por haberla excluido
del uso y disfrute de la propiedad de la cual ambos figuran
como comuneros por los últimos veinte (20) años. Al momento
en que el foro primario dictó sentencia, dicho periodo
comprendía los años de 1996 al 2016. Además de ordenar el
pago de una cuantía ascendente a $78,650.00 en concepto de
rentas por el uso exclusivo de la propiedad durante ese
periodo, el foro primario también ordenó el pago de la mitad
del valor de la propiedad a favor de la señora Molina
González.8
Mediante su dictamen, el Tribunal de Primera Instancia
concluyó que la señora Molina González tenía derecho a un
crédito en concepto de las rentas que hubiese tenido que
satisfacer el señor Álvarez Gerena por “los veinte (20) años
que ha venido utilizando la propiedad”. Sentencia del TPI,
en la pág. 4, Ap. en la pág. 50. El efecto de este proceder
fue imponerle el deber de compensar a la señora Molina
González por un periodo de tiempo en el que ésta ni siquiera
tenía el derecho al uso y disfrute de la propiedad en
cuestión porque no era comunera. Ello es así porque no fue
8 No obstante, ordenó que la propiedad se inscribiera en el Registro de la Propiedad con una participación de cincuenta por ciento (50%) a su favor. CC-2017-0832 20
hasta el 15 de junio de 2001 -día en que falleció la señora
Álvarez Valentín- que la señora Molina González heredó los
bienes de su causante, los cuales incluían una participación
en la residencia en cuestión.9 Es decir, no fue hasta el 15
de junio de 2001 que entre el señor Álvarez Gerena y la
señora Molina González se constituyó una comunidad ordinaria
de bienes.
Luego del fallecimiento del señor González Chanza, el
señor Álvarez Gerena adquirió un derecho hereditario sobre
sus bienes, incluyendo la participación correspondiente a
éste en el bien inmueble que compartió con la señora Álvarez
Valentín. En ese momento, la comunidad existente era entre
la viuda y el heredero. Una vez fallece la señora Álvarez
Valentín, la señora Molina González hereda sus bienes, entre
los cuales se encuentra la participación de ésta en el
inmueble, lo que resulta en la creación de una nueva
comunidad ordinaria compuesta de un bien común sobre el cual
gravitan derechos hereditarios distintos. Es a partir del
momento en que se crea esa nueva comunidad que la señora
Molina González adquiere un derecho a exigir la liquidación
y división de ésta en virtud de su participación sobre el
bien inmueble. Por tal razón, resulta completamente
9 Elseñor Álvarez Gerena y la señora Molina González no son coherederos de un mismo causante. Como se indicó, sus derechos hereditarios sobre el bien inmueble objeto de partición provienen de distintos causantes. Por tal razón, no podemos utilizar el análisis expuesto en Cintrón Vélez v. Cintrón de Jesús, 120 DPR 39 (1987) para concluir que el señor Álvarez Gerena poseyó el bien común en representación de una sucesión. CC-2017-0832 21
improcedente en Derecho requerirle al señor Álvarez Gerena
compensarla por el presunto uso exclusivo de ese bien para
periodos en que ésta ni tan siquiera ostentaba un derecho
hereditario que la vinculara a la comunidad.
Por otro lado, a pesar de haber advenido comunera en el
año 2001, no es hasta el 20 de julio de 2005 que la señora
Molina González reclama, mediante la presentación de una
demanda, la división de la comunidad y el pago de rentas
correspondientes al uso exclusivo del inmueble por parte del
señor Álvarez Gerena. Es a partir de este momento y hasta el
momento en que se decreta la división de la comunidad, por
vía de la sentencia del 27 de junio de 2016 objeto de nuestra
revisión, que la señora Molina González tiene derecho al
pago de una compensación en concepto del uso y disfrute
exclusivo por parte del señor Álvarez Gerena de la residencia
que compone la comunidad. Utilizando como base la fórmula
contenida en el informe de valoración del perito Sr. Rafael
Rodríguez Rivera que se presentó ante el Tribunal de Primera
Instancia, dicha cuantía asciende a $42,651.00.10
De otra parte, en cuanto el momento a partir del cual
la señora Molina González tiene derecho a ser compensada, de
ningún documento en el expediente surge que ésta haya
reclamado al señor Álvarez Gerena acceso al bien común y que
éste se lo haya negado a partir del fallecimiento de la
10La fórmula consiste en multiplicar los 131 meses y siete (7) días transcurridos durante ese periodo por $325.00, cantidad que el perito determinó correspondía a la mitad de la renta mensual de la propiedad. CC-2017-0832 22
señora Álvarez Valentín y hasta el momento en que presenta
la demanda e incluye tal reclamación. El expediente tampoco
contiene documento alguno tendente a indicar que el uso y
disfrute por parte del señor Álvarez Gerena del bien común
como su residencia principal haya tenido el efecto de excluir
a la señora Molina González de su participación. De hecho,
ni en la demanda presentada ante el Tribunal de Primera
Instancia ni en la demanda enmendada, la señora Molina
González alegó haberle solicitado al señor Molina González
el uso y disfrute del inmueble o el pago de una renta mensual
por el presunto control exclusivo de éste.
En virtud de lo anterior, los foros recurridos erraron
al determinar que el señor Álvarez Gerena debía pagar a la
señora Molina González a partir del momento en que éste se
mudó a la residencia de la difunta señora Álvarez Valentín.
Como se dijo, en ese momento no existía una comunidad de
bienes entre el señor Álvarez Gerena y la aquí recurrida,
por lo que esta última no ostentaba ningún derecho o interés
sobre la propiedad objeto de partición. Dicha comunidad de
bienes surge a partir del año 2001, cuando la señora Molina
González hereda la participación de la señora Álvarez
Valentín en el bien inmueble objeto de la presente
controversia. Al momento en que la señora Molina González
interpone una demanda solicitando la división de esa
comunidad y el pago de las rentas, en el año 2005, es que
ésta tiene derecho a una compensación en concepto del uso y
disfrute exclusivo del señor Álvarez Gerena del bien común. CC-2017-0832 23
Por último, resulta forzoso llamar la atención al hecho
de que la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, según
confirmada en su totalidad por el Tribunal de Apelaciones,
declara con lugar la división de la comunidad y condena al
señor Álvarez Gerena a satisfacer la suma de $66,000.00 en
concepto de la participación de la señora Molina González en
el bien inmueble que les pertenecía en común pro indiviso.
No obstante, en la sentencia también se ordena al Registrador
de la Propiedad inscribir en el Registro la finca objeto del
pleito a nombre de ambos comuneros, con una participación de
cincuenta por ciento (50%) para cada uno. Tal proceder no
solamente es erróneo en Derecho,11 sino que, además, al
tratarse de un bien inmueble, su inscripción exige el
otorgamiento de una escritura pública.12
IV.
Por los fundamentos que anteceden, se expide el auto de
certiorari presentado únicamente con relación al primer
11 Ello, en tanto y cuanto el pago de la cuantía correspondiente a la participación de la señora Molina González por parte del señor Álvarez Gerena tiene el efecto de extinguir la comunidad sobre ese bien inmueble y adjudicarle a el aquí peticionario la titularidad sobre el mismo. 12 Conviene recordar que, en nuestro ordenamiento registral,
cualquier inscripción en el Registro deberá hacerse mediante una solicitud a esos efectos por la parte interesada. Véase Art. 16 de la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 210 de 8 de diciembre de 2015, 30 LPRA sec. 6024. Efectuado el pago correspondiente a la participación de la señora Molina González, corresponderá al señor Álvarez Gerena -de así desearlo- solicitar la inscripción del inmueble a su favor en el Registro de la Propiedad. Ello, luego de llevar a cabo los trámites relacionados con el tracto sucesorio que sean necesarios para evidenciar su derecho propietario. CC-2017-0832 24
señalamiento de error y se revoca el dictamen recurrido en
lo concerniente al momento a partir del cual el señor Álvarez
Gerena estaba obligado a compensar a la señora Molina
González por el uso y disfrute exclusivo del bien común.
Conforme a lo aquí resuelto, el señor Álvarez Gerena deberá
compensar a la señora Molina González a partir del momento
en la que ésta solicitó la división de la comunidad mediante
la demanda que interpuso ante el Tribunal de Primera
Instancia en el año 2005. A esos efectos, se modifica la
compensación a $42,651.00 en concepto de rentas por el uso
y disfrute exclusivo de la residencia.13 Asimismo, se deja
sin efecto la orden de inscripción del inmueble en el
Registro de la Propiedad emitida por el Tribunal de Primera
Instancia.
Se dictará sentencia de conformidad.
Anabelle Rodríguez Rodríguez Juez Asociada
13Esta cuantía es adicional al pago del cincuenta por ciento (50%) del valor tasado del inmueble correspondiente a la participación de la señora Molina González en la comunidad. Conforme a las determinaciones de hecho del Tribunal de Primera Instancia esa participación equivale a $66,000.00. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte de esta Sentencia, se expide el auto de certiorari presentado únicamente con relación al primer señalamiento de error y se revoca el dictamen recurrido en lo concerniente al momento a partir del cual el señor Álvarez Gerena estaba obligado a compensar a la señora Molina González por el uso y disfrute exclusivo del bien común.
Conforme a lo aquí resuelto, el señor Álvarez Gerena deberá compensar a la señora Molina González a partir del momento en la que ésta solicitó la división de la comunidad mediante la demanda que interpuso ante el Tribunal de Primera Instancia en el año 2005. A esos efectos, se modifica la compensación a $42,651.00 en concepto de rentas por el uso y disfrute exclusivo de la residencia.
Asimismo, se deja sin efecto la orden de inscripción del inmueble en el Registro de la Propiedad emitida por el Tribunal de Primera Instancia.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Martínez Torres hace constar la siguiente expresión a la que se une la Jueza Asociada señora Pabón Charneco:
El Juez Asociado señor Martínez Torres vota conforme pues, en este caso, como se señala en la Opinión del Tribunal, no surge de los hechos ni de la prueba que se excluyera a la comunera del uso del inmueble antes de que esta reclamara una compensación. Eso lo diferencia de Meléndez Berríos v. Maldonado Dieppa, 175 DPR 1007 (2009) y Díaz v. Aguayo, 162 DPR 801 (2004). Por esa razón, la compensación a la comunera tiene que ser desde que CC-2017-0832 2
esta la reclamó, pues ese es el primer momento en el que surge que ella estaba impedida del uso de la propiedad comunal.
José Ignacio Campos Pérez Secretario del Tribunal Supremo