EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Joy Ling Martínez De Andino Vázquez Certiorari Peticionario 2012 TSPR 10 v. 184 DPR ____ Ana Sonia Martínez De Andino Díaz
Recurrida
Número del Caso: CC-2011-123
Fecha: 18 de enero de 2012
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Mayagüez Panel IX
Juez Ponente:
Hon. Gretchen Coll Martí
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Felix A. Toro
Abogada de la Parte Recurrida:
Lcda. María del Carmen Gitany Alonso
Materia: Alimentos Locales
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Joy Ling Martínez De Andino Vázquez
Peticionario CC-2011-123 Certiorari v.
Ana Sonia Martínez De Andino Díaz
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo
San Juan, Puerto Rico, a 18 de enero de 2012.
En el presente caso nos corresponde
determinar si la declaración de incapacidad física,
mental o económica del padre y la madre de unos
menores, que es necesaria para reclamar alimentos
subsidiarios contra los abuelos, tiene que
realizarse en un procedimiento judicial previo a la
acción contra los abuelos. Por entender que tal
determinación puede realizarse en el mismo pleito
que se presente contra los abuelos, contestamos tal
interrogante en la negativa. CC-2011-123 2
I
La Sra. Joy Ling Martínez de Andino Vázquez (Madre
Custodia) presentó una demanda el 19 de febrero de 2010,
contra la abuela paterna de sus cuatro hijos menores de
edad, Sra. Ana Sonia Martínez de Andino Díaz (abuela
paterna), para solicitarle alimentos subsidiarios.1 Dicha
solicitud se sustentó en la alegada dificultad que esta
enfrenta en el sostenimiento de sus cuatro hijos por causa
de la incapacidad económica del padre y alimentante de los
menores, Sr. Fernando J. Amador Martínez de Andino
(Alimentante). Según la Madre Custodia, la condición de
salud del Alimentante, así como la solicitud que este
hiciera para el relevo total del pago de la pensión,
dificulta la provisión de alimentos para sus hijos.
La Madre Custodia, entre otras cosas, arguyó además
que la pensión original de $4,700.09 mensuales había
disminuido a $231 semanales lo que provocó serios cambios
en el modo de vida familiar. Asimismo, expresó que existía
una solicitud de ejecución de hipoteca contra la residencia
de los menores debido a que el Alimentante dejó de pagarla.
Ello en unión a lo expuesto por la Madre Custodia sobre el
hecho de que ella no trabaja y solo recibe ayuda de su
padre (abuelo materno).
La abuela paterna contestó la demanda y solicitó su
desestimación. Planteó que no existía causa de acción para
alimentos subsidiarios toda vez que los padres de los
1 Al momento de la presentación de la demanda las edades de los menores eran las siguientes: 17, 8, 6 y 4 años de edad. CC-2011-123 3
menores no han fallecido y no están incapacitados para
generar ingresos. Arguyó, además, que el Alimentante paga
la pensión alimentaria fijada. Cónsono con lo anterior, la
abuela paterna sostuvo que el cambio en la capacidad
económica de un padre alimentante no revierte la obligación
del pago de pensión alimentaria a los abuelos.
La Madre Custodia, por su parte, se opuso a la
solicitud de desestimación y alegó que su demanda procura
la designación de una pensión suplementaria para satisfacer
las necesidades de los menores, ya que la pensión original
reducida no es suficiente. En respuesta a lo anterior, la
abuela paterna presentó una réplica en la que reiteró su
solicitud de desestimación y su posición de que la demanda
de alimentos es prematura. Asimismo, recalcó que la
obligación subsidiaria de proveer alimentos no debe
utilizarse para suplementar los ingresos de un padre
alimentante o la pensión establecida. La abuela paterna,
además, se opuso a contestar un pliego de interrogatorio y
a producir documentos.
Posteriormente, la Madre Custodia reaccionó a lo
expuesto por la abuela paterna y señaló que esta se trajo
al pleito para cubrir las necesidades de sus hijos que no
pueden ser suplidas por los padres. Por consiguiente,
solicitó al tribunal la celebración de una vista para que
se examinaran las necesidades y las posibilidades de todas
las partes en el pleito y así, adjudicar lo que
corresponda. CC-2011-123 4
El 10 de mayo de 2010, el tribunal llevó a cabo una
vista en la que las partes presentaron sus respectivas
argumentaciones orales. Luego de evaluar dichas
argumentaciones, así como los escritos de las partes, el 28
de septiembre de 2010 el Tribunal de Primera Instancia
notificó una resolución mediante la cual denegó la moción
de desestimación. Dicho foro judicial concedió un término
de diez días a la abuela paterna para contestar el
descubrimiento de prueba y señaló vista en su fondo para el
29 de noviembre de 2010.
Inconforme, el 26 de octubre de 2010 la abuela
paterna presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal
de Apelaciones. Dicho tribunal revocó la resolución del
foro primario el 15 de diciembre de 2010. El Tribunal de
Apelaciones concluyó que no existe una causa de acción para
solicitar alimentos subsidiarios contra la abuela paterna
debido a que no existía una determinación judicial previa
que declarara que los obligados principales –los padres- no
pueden cumplir con su obligación de alimentar. La Madre
Custodia solicitó oportunamente la reconsideración de la
determinación antedicha y el 25 de enero de 2011, el foro
intermedio notificó la denegatoria.
Inconforme aún, el 17 de febrero de 2011 la Madre
Custodia presentó oportunamente un recurso de certiorari en
este Tribunal. En su recurso señaló que el foro apelativo
intermedio erró:
[…] al revocar la resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia que denegó la solicitud de desestimación de la demanda en la CC-2011-123 5
que se reclamó alimentos subsidiarios a la abuela paterna para sus cuatro nietos cuando surge claramente que el padre ni la madre se encuentran aptos para prestar alimentos adecuados a los cuatro menores.
[…] al denegar la solicitud de reconsideración planteada por la peticionaria a pesar de los nuevos argumentos y evidencia documental que se le supliera en apoyo de la solicitud.
[…] al disponer la expedición del auto de Certiorari solicitado por la recurrida y ordenar la desestimación de la demanda sin conceder al Tribunal de [Primera] Instancia la oportunidad de recibir la prueba de las partes en violación a lo que postula la Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil y lo resuelto en Soto López v. Colón, 143 D.P.R. 282.2
El 3 de junio de 2011 expedimos el recurso. La
peticionaria y la recurrida presentaron sus respectivos
alegatos. Así, pues, con el beneficio de ambas
comparecencias, procedemos a resolver el recurso.
II
Para analizar en su justa perspectiva la controversia
aquí trabada, pasemos a examinar la naturaleza y obligación
de los abuelos de alimentar a sus nietos.
A.
De entrada, es importante señalar que los padres son
los llamados en primera instancia a proveer alimentos a sus
hijos. Dicha obligación está consagrada en los Arts. 118 y
153 del Código Civil de Puerto Rico.3 El Art. 153 dispone
expresamente que tanto el padre como la madre tienen,
respecto a sus hijos no emancipados, “el deber de
2 Petición de Certiorari, pág. 6. 3 31 L.P.R.A. secs. 466 y 601. CC-2011-123 6
alimentarlos… [y] educarlos e instruirlos con arreglo de su
fortuna…”. Además, esa obligación es indivisible y
aplicable a ambos padres. Incluso, el derecho de los hijos
a recibir alimentos no se extingue por razón del divorcio
de sus padres. Ello porque “la obligación de prestar
alimentos subsiste conjuntamente sobre el padre y la madre
aun después del divorcio”.4 De igual forma, al interpretar
en lo pertinente el Art. 1308 del Código Civil,5 hemos
señalado que la obligación de prestar alimentos podría
recaer sobre la nueva sociedad de gananciales que
cualquiera de los padres haya constituido por haberse
casado nuevamente.6 Claro está, los alimentos a los que se
refiere el artículo anterior son los dispuestos en el Art.
153 del Código Civil, que opera mientras los hijos son
menores de edad, ya que si el hijo es mayor de edad el
artículo aplicable es el 143 de dicho Código.
Precisamente, de los Arts. 143 y 144 del Código
Civil7 es que surge la obligación legal de los abuelos de
alimentar a sus nietos. Sin embargo, dicha obligación es de
naturaleza subsidiaria.8 En otras palabras, la obligación
“surge cuando los padres no pueden proveerles a sus hijos
los alimentos, ya sea porque están física o mentalmente
4 Vega v. Vega Oliver, 85 D.P.R. 675, 679 (1962). Véase, Art. 108 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 384. 5 31 L.P.R.A. sec. 3661. 6 Vega v. Vega Oliver, supra, págs. 679-682. 7 31 L.P.R.A. secs. 562 y 563. 8 Piñero Crespo v. Gordillo Gil, 122 D.P.R. 246, 252-253 (1988); Vega v. Vega Oliver, supra, pág. 682. CC-2011-123 7
incapacitados para hacerlo o porque no cuentan con
suficientes recursos económicos para cumplir con su
obligación”.9 La obligación de los abuelos puede surgir,
tanto cuando los padres no puedan suplir las necesidades
alimentarias de sus hijos en su totalidad como cuando solo
puedan cubrirlas parcialmente.10 En los casos en los que la
obligación se circunscriba a los abuelos, conforme a las
disposiciones citadas, esta incluye tanto a los paternos
como a los maternos.11
Así, en la demanda que se presente contra los abuelos
es necesario acreditar que los padres –llamados
preferentemente a la prestación alimentaria- carecen de los
medios suficientes para sufragarlos.12 Además, se debe
establecer que en la situación de que alguno de los padres
hubiese contraído matrimonio nuevamente bajo el régimen de
sociedad de gananciales, la nueva sociedad carece de bienes
suficientes para sufragar la obligación alimentaria.
B
Cuando los abuelos –maternos o paternos- vienen
obligados a asumir la obligación alimentaria, la naturaleza
de esa obligación está determinada por el Art. 145 del
Código Civil. Dicho artículo dispone la norma general de
9 Piñero Crespo v. Gordillo Gil, supra, pág. 253; Vega v. Vega Oliver, supra. 10 S. Torres Peralta, La Ley de Sustento de Menores y el Derecho Alimentario en Puerto Rico, San Juan, Publicaciones STP, 2006-2007, T. 1, pág. 5.60. Véanse además, Piñero Crespo v. Gordillo Gil, supra; Vega v. Vega Oliver, supra. 11 Piñero Crespo v. Gordillo Gil, supra. 12 Vega v. Vega Oliver, supra, pág. 682. CC-2011-123 8
que en los casos en los que la obligación de dar alimentos
recae sobre dos o más personas, el pago de la pensión se
dividirá entre cada uno de ellos en proporción a sus
respectivos caudales. Es decir, cuando dos o más personas
están obligadas a dar alimentos (ya sean hermanos, abuelos,
etc.) la misma será de naturaleza mancomunada, ya que cada
persona será responsable sólo de la porción de la deuda que
se le fijó en proporción a su caudal.13
Como excepción, el Art. 145 del Código Civil
establece que en situaciones de urgente necesidad o por
circunstancias especiales, el tribunal podrá imponer
provisionalmente, a solo uno de los obligados, el pago
total de la deuda, siempre y cuando cuente con suficientes
medios para satisfacerla, y sin menoscabar su derecho a
reclamar de los demás la proporción de la deuda que le
corresponda. Evidentemente, en estas situaciones la
obligación se convierte en solidaria. Por ello, en dichas
circunstancias “la reclamación puede dirigirse contra
cualquiera de los obligados por la totalidad de la deuda”.14
En ese proceso, los tribunales serán los que determinen lo
que constituye una situación de urgente necesidad o
circunstancias especiales en cada caso.15
C.
Los artículos del Código Civil que hemos citado no
establecen cómo se llevarán a cabo los procedimientos de
13 Piñero Crespo v. Gordillo Gil, supra, pág. 253. 14 Íd., pág. 255. 15 Íd. CC-2011-123 9
reclamación de alimentos contra los abuelos. Sin embargo,
en Piñero Crespo v. Gordillo Gil, 122 D.P.R. 246, 256
(1988) resolvimos que, a base de la naturaleza de la
obligación en la que concurren varios obligados, la
reclamación de alimentos puede dirigirse contra solo uno de
estos para reclamarle la porción de la deuda que le
corresponde. Es decir, los otros obligados no son partes
indispensables en la reclamación. Por ende, no existe
impedimento alguno para que se pueda presentar un pleito
contra un solo abuelo. No obstante, añadimos que,
[s]i los abuelos demandados entienden que se les está reclamando una suma en exceso a lo que debe ser su obligación, deberán entonces reclamar a los demás obligados mediante demanda contra tercero o, si ya ha recaído sentencia, recurriendo en alzada o mediante los remedios postsentencia que proveen las Reglas de Procedimiento Civil.
De conformidad con el primer párrafo del Art. 145, supra, una vez el tribunal determine que hay varios obligados y que pueden contribuir a la obligación de proveer alimentos, el pago de la deuda deberá repartirse necesariamente entre los obligados. Para ello el demandado deberá colocar al tribunal en condiciones de poder adjudicar la responsabilidad de los demás presuntos obligados, incluyéndolos en el pleito mediante los mecanismos procesales apropiados. El demandado podrá, además, levantar el asunto como una defensa afirmativa.16
Al reiterar la norma de que se puede presentar una
reclamación contra un solo abuelo, en Piñero Crespo v.
Gordillo Gil, supra, citamos con aprobación nuestra
decisión de Vega v. Vega Oliver, 85 D.P.R. 675 (1962), en
la que le impusimos una obligación alimentaria a un padre y
16 Íd., págs. 256-257. CC-2011-123 10
a un abuelo paterno, conforme a sus respectivas capacidades
económicas, sin que los abuelos maternos fueran parte en el
pleito.17
Ahora bien, ¿la declaración de incapacidad física,
mental o económica de los padres de los menores, que es
necesaria para reclamar alimentos subsidiarios contra los
abuelos, tiene que realizarse en un procedimiento judicial
previo a la acción contra los abuelos? La respuesta es en
la negativa.
A primera vista, el trasfondo fáctico del caso
normativo de Vega v. Vega Oliver, supra, nos brinda mayor
claridad para la decisión antedicha. En esa ocasión, la
madre con patria potestad de una menor inició una acción en
representación de su hija para que se le ordenara a su
padre, o en su defecto a su abuelo paterno, satisfacer una
pensión alimentaria de $150 mensuales. La madre alegaba que
la pensión era necesaria para cubrir los gastos de
mantenimiento y educación de la menor, y sería adicional a
la ayuda limitada que los abuelos maternos pudieran
prestarle. El padre alegó que sus ingresos no le permitían
pagar la referida pensión. Por su parte, el abuelo paterno
adujo, entre otras cosas, que la prestación de los
alimentos reclamados le correspondían al padre de la menor
y que este no adolecía de ninguna incapacidad ni
impedimento que le excusara de su obligación. El Tribunal
de Primera Instancia, luego de celebrar la vista
17 Íd., pág. 256. CC-2011-123 11
correspondiente y evaluar la capacidad económica de ambos
demandados, fijó la pensión mensual solicitada y condenó a
pagar $60 al padre y $90 al abuelo. Este Tribunal confirmó
dicha decisión.
De lo anterior podemos entonces colegir que se instó
una reclamación de alimentos contra un abuelo sin la
necesidad de una determinación judicial previa de
incapacidad de alguno de los padres. Más bien, en el caso
antedicho la determinación se realizó en el mismo pleito de
solicitud de alimentos. En ese caso, como la capacidad
económica del padre no le permitía sufragar la pensión en
su totalidad, y el abuelo paterno tenía capacidad económica
para suplirla, se le ordenó el pago de la pensión restante.
Por otro lado, como es sabido, el derecho a reclamar
alimentos es uno fundamental “que se acentúa cuando están
involucrados los alimentos de menores y que forma parte del
poder de parens patriae del Estado”.18 Este derecho tiene
profundas raíces constitucionales que provienen del derecho
a la vida.19 Por consiguiente, los casos de alimentos están
revestidos del más alto interés público, el cual no puede
ser otro que el interés de procurar el mejor bienestar del
menor.20
18 Toro Sotomayor v. Colón Cruz, 176 D.P.R. 528, 535 (2009). 19 Íd.; Torres Rodríguez v. Carrasquillo Nieves, 177 D.P.R. 728, 738 (2009); Figueroa Robledo v. Rivera Rosa, 149 D.P.R. 565, 572 (1999). Véase Art. II, Sec. 7, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1. 20 Toro Sotomayor v. Colón Cruz, supra; Torres Rodríguez v. Carrasquillo Nieves, supra. CC-2011-123 12
El alto interés público que cobija el derecho de un
menor a reclamar alimentos es tal, que “el Estado, como
parte de su política pública, ha legislado ampliamente para
velar por su cumplimiento”.21 Muestra de ello es la Ley Núm.
5 de 30 de diciembre de 1986, según enmendada, conocida
como Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de
Menores22, con la que el Estado creó un procedimiento
judicial expedito que brinda protección al mejor interés y
bienestar del menor por medio de trámites rápidos y
eficientes de fijación, modificación y cobro de pensiones
alimentarias.23 Es decir, el interés del Estado es que
siempre los procesos de alimentos sean los más convenientes
al bienestar de los menores desde el punto de vista de la
rapidez y la economía en el trámite.
Aunque la reclamación alimentaria dirigida a los
abuelos podría presentarse dentro del mismo caso de
alimentos instado contra la madre o el padre no custodio,
nada impide que dicha reclamación se presente en un
procedimiento separado o independiente.24 Ello porque la
necesidad de alimentos de los menores y la imposibilidad de
los padres en proveerlos, pueden surgir luego de culminado
el primer procedimiento, entre otras circunstancias.
Como ya hemos expuesto, la obligación de los abuelos
para alimentar a sus nietos es subsidiaria y le corresponde
21 Torres Rodríguez v. Carrasquillo Nieves, supra, pág. 739; Martínez v. Rodríguez, 160 D.P.R. 145 (2003). 22 8 L.P.R.A. sec. 501 et seq. 23 Torres Rodríguez v. Carrasquillo Nieves, supra, pág. 739. 24 Torres Peralta, op. cit., pág. 5.67. CC-2011-123 13
a quien solicita los alimentos demostrar que los padres y
las nuevas sociedades legales de gananciales, de estas
existir, no pueden proveer los alimentos necesarios en su
totalidad. No obstante, aunque la obligación de los abuelos
es subsidiaria, esta será contingente a que en el pleito se
demuestre la incapacidad mental o física de los padres o la
incapacidad de estos para poder sufragar los alimentos. Es
decir, dicha demostración puede realizarse en el mismo
proceso contra los abuelos.
Sostener lo contrario le impondría una carga onerosa
a la madre o al padre con la custodia, quien es la persona
que de ordinario presenta la reclamación de alimentos
subsidiarios en representación de sus hijos menores de
edad. Asimismo, atentaría contra el alto interés público
que cubre los procesos de alimentos de menores, así como
contra la economía procesal promovida por nuestro sistema.25
De igual forma, en la medida en que la reclamación de
alimentos subsidiarios tendrá el efecto de imponer a los
abuelos una obligación de alimentar, estos deben estar
presentes cuando el padre o la madre justifiquen su
incapacidad para satisfacer las necesidades de los menores.
Sin embargo, siempre que se intente traer a los abuelos a
un pleito de alimentos o se inste uno independiente, los
tribunales deben tener presente la norma esencial de que
los procedimientos de alimentos deben tramitarse con la
25 Véase Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V. CC-2011-123 14
debida rapidez.26 Por consiguiente, bifurcar los
procedimientos judiciales no es cónsono con dicha
normativa.
III
En el caso de autos, el Tribunal de Primera
Instancia, luego de evaluar los reclamos de las partes,
entendió que no procedía que se desestimara la causa de
acción presentada contra la abuela materna. No obstante,
el Tribunal de Apelaciones determinó que procedía la
desestimación del caso porque no había una determinación
judicial previa que estableciera que los padres están
incapacitados para cumplir con su responsabilidad de
alimentar a sus hijos menores. De esa forma, como no existe
dicha determinación, el foro apelativo consideró que no se
había activado la acción subsidiaria contra los abuelos.
La Madre Custodia alega que el Tribunal de
Apelaciones se equivocó al revocar al Tribunal de Primera
Instancia y desestimar la reclamación de alimentos contra
la abuela paterna. Además, argumenta que la información
provista en el proceso judicial es base suficiente para que
se permita la celebración de una vista en los méritos para
determinar la capacidad económica de los padres y, así,
determinar si procede la pensión alimentaria subsidiaria.
Precisamente, esa fue la decisión del Tribunal de Primera
Instancia y que el foro apelativo intermedio revocó.
Consideramos que la Madre Custodia tiene razón. Es evidente
que la decisión del foro primario fue una informada. Dicho
26 Piñero Crespo v. Gordillo Gil, supra, pág. 257. CC-2011-123 15
foro contó con el beneficio de los escritos y las
argumentaciones orales de las partes. De esa forma, con el
insumo de lo anterior, el Tribunal de Primera Instancia
decidió continuar con el proceso judicial.
Así, pues, luego de analizar cuidadosamente el
expediente y el Derecho expuesto, consideramos que la
actuación del foro primario fue acertada. Por consiguiente,
el Tribunal de Apelaciones erró al revocar la decisión del
Tribunal de Primera Instancia. Ciertamente la determinación
de incapacidad de unos padres para generar ingresos puede
realizarse dentro del mismo pleito en el que se le solicite
alimentos a un abuelo.
IV.
En armonía con lo antes señalado, se revoca la
Resolución del Tribunal de Apelaciones, Región Judicial de
Mayagüez, y se devuelve el caso al Tribunal de Primera
Instancia, Sala Superior de Mayagüez, para la continuación
de los procedimientos.
Se dictará Sentencia de conformidad.
Erick V. Kolthoff Caraballo Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SENTENCIA
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente, se revoca la Resolución del Tribunal de Apelaciones, Región Judicial de Mayagüez, y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez, para la continuación de los procedimientos.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco disiente sin opinión escrita.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo