In Re: Roberto Sueiro Del Valle

2016 TSPR 9

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: January 15, 2016
• Docket: AB-2005-130
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2016 TSPR 9

Roberto Sueiro del Valle 194 DPR ____

Número del Caso: AB-2005-130

Fecha: 15 de enero de 2016

Abogado del Promovido:

Por derecho propio

Abogado del Promovente:

Oficina del Procurador General:

Lcdo. Salvador J. Antonetti Stutts Procuradora General

Lcda. Sarah Y. Rosado Morales Procuradora General Auxiliar

Materia: Resolución con Votos Particulares de Conformidad

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re

Roberto Sueiro del Valle AB-2005-130

RESOLUCIÓN

San Juan, Puerto Rico, a 15 de enero de 2016

Examinada la “Queja” presentada por el Sr. Emmanuel Logroño y la “Contestación a Queja y Comparecencia” presentada por el Lcdo. Roberto Sueiro del Valle, se ordena el archivo de la queja. Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez emitió un Voto Particular de Conformidad al que se une el Juez Asociado señor Estrella Martínez. El Juez Asociado señor Martínez Torres emitió un Voto Particular de Conformidad. La Jueza Asociada Oronoz Rodríguez inhibida.

Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re AB-2005-130 Roberto Sueiro del Valle

Voto Particular de Conformidad emitido por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez al que se une el Juez Asociado señor Estrella Martínez

Por entender que la queja presentada contra el

Lcdo. Roberto Sueiro del Valle ameritaba que este Tribunal

se expresara sobre la constitucionalidad del Canon 14 del

Código de Ética Profesional, el cual incide en el derecho a

la libre expresión de los abogados en nuestra jurisdicción,

suscribo este voto particular de conformidad.

I

El licenciado Sueiro del Valle fue admitido al

ejercicio de la abogacía el 5 de enero de 1988 y al

ejercicio de la notaría el 27 de abril de 1990. El 9 de

junio de 2005, el Sr. Emmanuel Logroño Molina (querellante)

presentó una queja contra el licenciado Sueiro del Valle,

alegando, en lo pertinente, que éste había incurrido en

conducta antiética al emitir unas expresiones públicas

impropias relacionadas con el querellante. Esto, mientras

se ventilaba un pleito civil en el Tribunal de Distrito de

Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, en el cual

el licenciado Sueiro del Valle representaba a una de las AB-2005-130 2

partes y el querellante figuraba como demandado.1 Así, se le

imputó al licenciado Sueiro del Valle haber contravenido el

Canon 14 de Ética Profesional. Cód. Ética Profesional,

4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 14.

Antes de entrar a dilucidar las cuestiones propiamente

éticas, conviene repasar someramente los hechos que

suscitan la queja presentada por el señor Logroño Molina.

II

TMTV Corp. (TMTV), compareciendo a través de su

presidente –el Sr. Antonio “Tony” Mojena Zapico-, demandó

en el foro federal a Mass Productions, Inc., corporación

del señor Logroño Molina. El licenciado Sueiro del Valle

representó a TMTV en ese pleito. El mismo, en esencia,

versaba sobre la titularidad de los derechos de autor de la

serie televisiva “20 Pisos de Historia”. Se alegaba, pues,

que la serie televisiva “El Condominio” –producida por el

señor Logroño Molina- infringía los derechos de autor de

TMTV, puesto que era una apropiación indebida del concepto

original de “20 Pisos de Historia”.

Luego de los trámites de rigor, el Tribunal de

Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico

1 Véase TMTV, Corp. v. Mass Prods., Inc. (TMTV I), 345 F.Supp.2d 196 (D.P.R. 2004) (dictando sentencia sumaria parcial a favor de los demandantes y determinando que, en efecto, éstos eran los únicos titulares de los derechos de autor de los programas televisivos objeto de controversia). Véase, además, TMTV Corp. v. Mass Productions, Inc., 645 F.3d 464 (1st Cir. 2011); TMTV, Corp. v. Mass Productions, Inc., 853 F.Supp.2d 208 (D.P.R. 2012); TMTV, Corp. v. Mass Prods., Inc. (TMTV II), 453 F.Supp.2d 378 (D.P.R. 2006). AB-2005-130 3

emitió una sentencia sumaria parcial en la que adjudicó la

titularidad de los derechos concernidos a favor del

demandante, TMTV. Asimismo, determinó que, en efecto, los

demandados, mediante el programa “El Condominio”,

infringieron dichos derechos, en la medida en que ese

programa era un derivado de “20 Pisos de Historia”. Véase

TMTV I, 345 F.Supp.2d en la pág. 214.

Así las cosas, luego de emitida la sentencia sumaria

parcial por el foro federal, el señor Logroño Molina alegó

que el licenciado Sueiro del Valle fue entrevistado en el

programa televisivo Súper Xclusivo, en el que, a preguntas

del señor Leo Fernández, emitió las siguientes

declaraciones:

Sr. Fernández: ¿Se puede considerar injusta la sentencia para Sunshine [señor Logroño Medina] toda vez que el público le tiene mucho cariño a Sunshine y el hecho de que [en] la sentencia se reclame una cantidad millonaria y que pudiera también afectar la transmisión del programa El Condominio?

Lcdo. Sueiro del Valle: Yo creo que no, y creo que el tribunal así lo afirma en la sentencia, cuando tengas la oportunidad de leerla [sic]. Yo entiendo que Sunshine lo que hizo en este caso fue que se robó el programa de Tony Mojena y se lo llevó al canal 4. Yo entiendo que va mucho más allá de eso y Tony Mojena en su momento determinado habrá de hablar de eso. Y no te estoy hablando del plano jurídico, te estoy hablando ahora en el plano personal. Como todos ustedes saben, Sunshine en un momento determinado no estaba haciendo nada en la televisión y quien le dio la oportunidad fue Tony Mojena. Tony Mojena paga por todas estas cuestiones de “El Condominio”, perdóname de “20 Pisos de Historia”, que después se termina en lo que hoy conocemos como “El Condominio”. Sabiendo esto Sunshine, a Sunshine [sic] se le enviaron unas notificaciones, se le hicieron unas AB-2005-130 4

advertencias, se le dio la oportunidad de transar, que en un momento determinado a Sunshine se le dijo única y exclusivamente, mira con que tú retires X y Y personajes de la historia dejamos que tú sigas con “El Condominio” y que se negó, o sea, se le dieron más oportunidades [sic]. Antes del tribunal emitir una sentencia se citó para una vista transaccional, las cuales ellos denegaron y con soberbia dijeron que no les importaba hablar de transacción y en un momento determinado Sunshine nunca se reunió con Tony Mojena para ver si llegaban a un acuerdo transaccional. Quien tuvo la decencia de hacerlo fue Joe Ramos en un momento determinado. Por eso yo entiendo que esta sentencia no es injusta para él porque aunque él está creando un taller, y yo sé que para muchos puertorriqueños, en cuanto a programas de televisión respecta, este taller que se creó es uno ilegítimo desde el momento en que él se llevó un programa que no le pertenecía.

De igual manera, el señor Logroño Molina, en su queja,

indicó que, a principios de diciembre de 2004, el

licenciado Sueiro del Valle participó en el programa

televisivo Dame un Break, donde, a su vez, realizó las

siguientes expresiones:

Entrevistador: [. . .] ¿[o]tros [sic] personas, qué pasa con los que han entrado a lo que es la trama del concepto original?

Lcdo. Sueiro del Valle: Los personajes que se crean dentro de un concepto que ya le pertenece al concepto original y que se determinó que era de otra persona, no tiene[n] legalidad jurídica[,] por decirlo así. Te lo voy a decir con un ejemplo. Si Tony Mojena tiene un carro y viene una persona y se lo roba y esa persona le coloca asientos, gomas, aros, le modifica el motor, lo pinta, [y] al cabo del tiempo viene la policía, la incauta, interviene con la persona que se lo robó y luego se determina que le pertenece a Tony Mojena, Tony Mojena es dueño del carro entero, de las gomas, modificaciones. Esto ocurre con los personajes. Al que se tiene que AB-2005-130 5

responsabilizar es a Sunshine [señor Logroño Molina] que sabía que se estaba llevando un concepto que le pertenecía a otra persona y el riesgo se lo tomó él de que esos personajes y esos nuevos personajes [sic] y conceptos que estaba añadiendo a un trabajo derivado, que no era ningún trabajo derivado, que era exactamente lo mismo [sic], eso eventualmente le iba a pertenecer a Tony Mojena.

El señor Logroño Molina arguyó, pues, que ambas

expresiones atentaron contra su honra y dignidad, en la

medida en que lo caracterizaban como “ladrón”. Por tanto,

arguyó que las mismas debían ser censuradas por este

Tribunal, puesto que, además, contravenían las normas

éticas de la abogacía, en particular, el Canon 14 del

Código de Ética Profesional. Señaló, también, que el

licenciado Sueiro del Valle estaba impedido de hacer

expresiones públicas en torno a un caso sub judice.

El 5 de julio de 2005, el licenciado Sueiro del Valle

presentó su contestación a la queja. En ésta, alegó que la

sentencia sumaria parcial emitida por el foro federal, en

efecto, establecía que su cliente en dicho pleito era el

único titular de los derechos de autor concernidos y,

además, que el programa televisivo “El Condominio”

infringía dichos derechos. De otra parte, señaló que sus

expresiones en los medios de comunicación estuvieron

dirigidas a defender la reputación de su cliente, toda vez

que el caso en el foro federal fue discutido ampliamente en

la prensa del País. Además, añadió que coartar su derecho a

expresarse, en las circunstancias particulares del caso, AB-2005-130 6

bien podría atentar contra la función social de la abogacía

o, en cualquier caso, podría infringir su derecho

constitucional a la libre expresión.

En cuanto a las contenciones del señor Logroño Molina

de que las expresiones hechas por el licenciado Sueiro del

Valle ultrajaban su honra y su dignidad, el letrado se

limitó a señalar que la palabra “robo” –y la posible

caracterización como “ladrón”- fue utilizada como sinónimo

de “usurpar” e “infringir”. Es decir, no fue utilizada en

su acepción jurídica. Ello, según alega el licenciado

Sueiro del Valle, responde a que sus expresiones en los

medios de comunicación fueron hechas para proteger a su

cliente, así como para explicarles a personas legas la

compleja controversia ventilada –y adjudicada, en lo

esencial- en el foro federal.

El señor Logroño Molina, por su parte, presentó un

escrito en respuesta a la contestación del licenciado

Sueiro del Valle. En éste, reiteró lo aseverado en su

queja y, además, alegó que TMTV, a través de sus

representantes, fue quien procuró que los medios

noticiosos publicaran información relacionada al litigio.

Una vez más, reiteró que las expresiones del licenciado

Sueiro del Valle tildándolo de “ladrón” mancillaron su

buen nombre, su honra y su dignidad.

El 9 de agosto de 2005, le referimos la queja en

cuestión al Procurador General, para que éste diera curso

a la investigación de rigor y emitiera el informe

correspondiente. El 17 de octubre de 2005, el Procurador AB-2005-130 7

General presentó su informe, en el cual señaló, en

síntesis, que la conducta imputada no violaba el Canon 14,

dado que las expresiones hechas por el licenciado Sueiro

del Valle, analizadas en conjunto, estaban protegidas por

el derecho a la libertad de expresión, según consagrado en

la Constitución de Estados Unidos y la Constitución del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

El 12 de diciembre de 2006, este Tribunal emitió una

orden dirigida al licenciado Sueiro del Valle para que

mostrara causa por la cual no debía ser disciplinado a la

luz del Canon 14 de Ética Profesional. El licenciado

Sueiro del Valle compareció oportunamente y señaló, entre

otras cosas, que las expresiones hechas estaban protegidas

por el derecho a la libre expresión, según consagrado en

la Constitución federal y en la Constitución del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico. Además, impugnó la

constitucionalidad del Canon 14 aludiendo a las doctrinas

de vaguedad y amplitud excesiva. En la alternativa, arguyó

que sus expresiones no estaban prohibidas por dicho canon,

debido a que no fueron hechas para influenciar

indebidamente las incidencias de un pleito judicial

pendiente, sino para proteger los intereses legítimos de

su cliente.

En lo atinente a las protecciones constitucionales, el

licenciado Sueiro del Valle alegó que, según lo resuelto

por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en Gentile

v. State Bar of Nevada, 501 U.S. 1030 (1991), un abogado

puede hacer expresiones sobre un pleito pendiente, siempre AB-2005-130 8

y cuando sus manifestaciones no tengan posibilidad de

ocasionar un perjuicio sustancial. Así, adujo que el Canon

14, dada su redacción, no se ajustaba al estándar

establecido por el Tribunal Supremo federal en Gentile.2

Por tanto, el licenciado Sueiro del Valle solicitó que

declaráramos dicho canon inconstitucional. En la

alternativa, arguyó, como se dijo, que sus expresiones no

contravenían el canon en cuestión, toda vez que fueron

hechas para velar por los intereses de su cliente.

El 21 de febrero de 2007, el señor Logroño Molina

compareció nuevamente ante este Tribunal y reiteró su

postura. Argumentó, por tanto, que el Canon 14 no era

inconstitucional y que, en atención a las particularidades

fácticas del caso, el pleito federal no constituía un

“caso extremo”.

Habiendo repasado los pormenores fácticos, procede

evaluar la constitucionalidad del Canon 14 a la luz de las

disposiciones constitucionales pertinentes y su

jurisprudencia interpretativa. Es decir, nos corresponde

conciliar, en lo posible, nuestro Canon 14 con lo resuelto

2 El licenciado Sueiro del Valle señala que el Canon 14 contiene una prohibición casi absoluta, puesto que sólo reconoce como legítimas –esto es, protegidas- las expresiones que haga un abogado en “casos extremos”, aun cuando las expresiones pudieran no tener la posibilidad de ocasionar un perjuicio sustancial en determinado procedimiento adjudicativo. De igual forma, señala que dicho canon exhorta a que los abogados, incluso en “casos extremos”, se abstengan de hacer comentarios, lo cual puede interferir indebidamente con su derecho constitucional a la libertad de expresión. AB-2005-130 9

por el Tribunal Supremo federal en Gentile.3 Para ello,

pues, será preciso repasar los contornos normativos del

Canon 14 y, luego, examinar la doctrina constitucional

pertinente.

III

El Canon 14 de Ética Profesional regula el intrincado

asunto de la publicidad, a instancias de un abogado, en

pleitos civiles pendientes de adjudicación.4 Es decir,

establece el margen de libertad que tiene un abogado para

3 Como se sabe, las interpretaciones suscritas por el Tribunal Supremo de EEUU en lo atinente a la Constitución federal constituyen el ámbito mínimo que este Tribunal está obligado a respetar al interpretar cláusulas análogas de nuestra Constitución, como, por ejemplo, aquella que consagra el derecho fundamental a la libertad de expresión. Véase, por ejemplo, Pueblo v. Díaz, Bonano, 176 D.P.R. 601, 621-22 (2009); Díaz v. Col. Nuestra Sra. del Pilar, 123 D.P.R. 765, 770 (1989); Raúl Serrano Geyls, Derecho Constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico 1711, Vol. II (1988). Véase, además, José Julián Álvarez González, Derecho Constitucional de Puerto Rico y relaciones constitucionales con los Estados Unidos. Casos y materiales, pág. 75 (2010) (“[E]n función de la cláusula federal de supremacía . . . la extensión mínima de los derechos constitucionales puertorriqueños que tienen contraparte en la Constitución federal está delimitada por las interpretaciones que sobre ésta haya emitido el Tribunal Supremo federal”.). Valga señalar que en Gentile el Tribunal Supremo federal se expresó sobre el ámbito de protección constitucional que tiene un abogado al emitir expresiones públicas relacionadas a un proceso judicial pendiente, si bien se trataba de un caso de índole criminal. En cualquier caso, es menester precisar el alcance de lo resuelto en Gentile –dada su evidente pertinencia a la controversia que nos ocupa- con tal de identificar el ámbito mínimo de protección que ha de tener un abogado al expresarse sobre alguna materia relacionada a un proceso adjudicativo pendiente. 4 Cf. Cód. Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 13 (el cual regula la publicidad y la libertad de expresión de los abogados en pleitos criminales pendientes). AB-2005-130 10

comentar los pleitos en los cuales interviene, cuando

éstos aún no han sido adjudicados en propiedad. Dicho

canon dispone que

[e]l abogado debe abstenerse de publicar o de cualquier manera facilitar la publicación en periódicos o a través de otros medios informativos, detalles u opiniones sobre pleitos pendientes o que señalen la probabilidad de litigios futuros, pues tales publicaciones pueden obstaculizar la celebración de un juicio imparcial y perjudicar la debida administración de la justicia. En caso de que las circunstancias extremas de un pleito específico justifiquen ofrecer una información al público, será impropio el hacerlo anónimamente. Una referencia unilateral o ex parte a los hechos de un caso debe limitarse a citas tomadas de los récords y documentos archivados en los tribunales; pero aun en estos casos extremos, es preferible abstenerse de ofrecer tales declaraciones.

Cód. Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 14.

De entrada, es menester señalar que “[l]a

comunicación violatoria de este canon requiere que la

expresión del abogado se comunique al público y que verse

sobre un pleito pendiente, no sobre uno en el que se haya

emitido una sentencia que sea final y firme”. Sigfrido

Steidel Figueroa, Ética y responsabilidad disciplinaria

del abogado 213 (2010). Véase In re Nogueras Cartagena,

150 D.P.R. 667, 680 (2000) (resolviendo que para que

proceda una querella ética por infringir el Canon 14 es

preciso que se establezca que las expresiones hechas por

el abogado, en efecto, se publicaron). Así, el Canon 14

pretende, ante todo, evitar que los abogados ejerzan

presiones indebidas en los medios de comunicación AB-2005-130 11

tendentes a influenciar impropiamente las decisiones

judiciales o procedimientos adjudicativos, en la medida en

que éstos han de ceñirse a la prueba admisible y a las

normas de Derecho pertinentes. Steidel Figueroa, supra,

pág. 213.5

Dicho lo anterior en cuanto a las consideraciones de

política pública -y judicial- que inspiran el canon en

cuestión, conviene precisar sus distintos ámbitos

normativos. Esto es, especificar qué prohíbe el canon y

cuándo.

En primer lugar, el canon consagra palmariamente un

deber general de abstención relacionado con la publicación

de “detalles u opiniones sobre pleitos pendientes”. Esto,

en la medida en que se podría afectar la celebración de un

juicio imparcial y perjudicar la sana administración de la

justicia. De esta forma, pues, se subordina la libertad de

expresión del abogado –en tanto oficial de la corte- a los

intereses de mayor jerarquía que informan la labor de los

tribunales. Es menester enfatizar, también, que dicho

deber general de abstención es relativo, dado que se

5 Valga señalar que el deber ético consagrado en el Canon 14 adquiere mayor importancia en casos que se ventilan ante Jurado, dado que éste está compuesto, como norma general, por personas legas. Sin embargo, como se sabe, en nuestra jurisdicción no se ventilan pleitos civiles ante Jurado. No obstante, conviene no perder de vista esta distinción, puesto que la conducta de un abogado -admitido al ejercicio de la abogacía en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico- en jurisdicciones en las que sí se permiten pleitos civiles ante Jurado bien podría ser éticamente reprochable y, en consecuencia, sancionada por este Tribunal. Véase, por ejemplo, In re Scott, 175 D.P.R. 474 (2009); In re Rochet Santoro, 174 D.P.R. 123 (2008). AB-2005-130 12

condiciona el límite que supone a los posibles efectos

perjudiciales que determinada expresión de un abogado

pudiere causar en un pleito pendiente.

Cabe señalar, sin embargo, que la redacción de esta

primera oración del canon es un tanto confusa. Por

ejemplo, bien pudiera entenderse que, ante la mera

posibilidad de que las expresiones de un abogado

perjudiquen o mancillen la imparcialidad de un juicio, el

deber de abstención señalado opere con independencia del

probable efecto de las expresiones que el abogado

profiera. Es decir, que el abogado viene obligado a

abstenerse aun cuando sus expresiones no tiendan a

“obstaculizar la celebración de un juicio imparcial y

perjudicar la debida administración de la justicia”. 4

L.P.R.A. Ap. IX, C. 14. Tal lectura, empero, supondría

restringir injustificadamente la libertad de expresión de

los abogados. Ello, en la medida en que dicha restricción

no daría cuenta de las consideraciones de interés público

que han de informar cualquier regulación a la expresión de

la clase togada. Por ende, descartamos esa posibilidad. En

cambio, entendemos que la conjunción “pues”, en la primera

oración del canon, “[d]enota causa, motivo o razón”, Real

Academia Española, Diccionario de la lengua española 1080

(22ma ed. 2010), http://lema.rae.es/drae/?val=pues. En

consecuencia, la posible obstaculización a la celebración

de un juicio imparcial, así como el probable efecto

perjudicial a la debida administración de la justicia, han

de ser la “causa, motivo o razón” en virtud de la cual AB-2005-130 13

opere el deber de abstención identificado. Así, éste

limita las expresiones de un abogado cuando éstas tiendan

a menoscabar los intereses públicos que tutela la

restricción, según interpretada por este Tribunal.

De otra parte, en su segunda oración, el canon hace

referencia a “circunstancias extremas” que podrán

justificar que el abogado emita ciertas expresiones

públicas, si bien será impropio que lo haga anónimamente.

Dispone el canon, también, en su tercera oración, que

cualquier referencia “unilateral o ex parte” a los hechos

del caso deberá limitarse a citas de los récords y

documentos que obren en los archivos del tribunal. Por

último, el canon, en esa misma oración, exhorta a los

abogados a que, aún en esos “casos extremos”, se abstengan

de ofrecer declaración alguna. Ello parece indicar que

como norma general, el abogado deberá abstenerse de emitir

expresiones públicas, aun cuando éstas pudieran no afectar

o incidir en la imparcialidad del pleito judicial

pendiente. Es decir, cabría pensar, entonces, que la

censura a las expresiones del abogado, salvo en casos

extremos, es un fin en sí mismo, y no un mecanismo para

tutelar intereses legítimos del Estado como, por ejemplo,

la imparcialidad de los procesos adjudicativos en el País.

Se percibe, pues, cierta tensión entre uno y otro

aspecto del canon que nos ocupa. Por un lado, el canon

establece, primero, un deber general de abstención, el

cual, como se dijo, supone una limitación relativa,

subordinada al legítimo interés del Estado en procurar que AB-2005-130 14

los procesos judiciales se lleven a cabo de manera

imparcial y de propender a la sana administración de la

justicia. Así, pues, parecería ser que cualquier otra

expresión que no amenace con causar algún perjuicio

sustancial en un proceso judicial pendiente será válida.

Por otro lado, sin embargo, el canon dispone, sin

especificar cuáles son, que las declaraciones públicas que

emita un abogado sólo serán aceptables en ciertas

“circunstancias extremas”, con independencia del efecto

que éstas tengan sobre la integridad del proceso judicial

al que se refieren. Es decir, puesto que se subordina la

justificación de las expresiones a las “circunstancias

extremas”, todo parecería indicar que, como regla general,

el abogado estará impedido de hacer declaraciones al

público, aun cuando éstas no tuvieren la probabilidad de

afectar sustancialmente la imparcialidad de determinado

pleito pendiente o atentar contra la eficiente

administración de la justicia. Tal apreciación, además, se

ve reforzada por la exhortación que consagra el canon:

“aun en estos casos extremos, es preferible abstenerse de

ofrecer tales declaraciones”. Nótese, una vez más, cómo el

canon guarda silencio en torno a cuáles son los casos

extremos en los que será preferible abstenerse de emitir

declaraciones. Asimismo, el canon tampoco provee criterios

que permitan determinar qué constituye un caso extremo, ni

cuándo es aceptable determinar que las circunstancias son

extremas y justifican el ejercicio de la libertad de

expresión por parte del abogado. La exigua jurisprudencia AB-2005-130 15

de este Tribunal sobre el particular no ha remediado la

insuficiencia del canon.6 De otra parte, este Tribunal no

ha tenido oportunidad de dirimir satisfactoriamente la

tensión señalada.

IV

No fue hasta 1990 cuando este Tribunal, por primera

vez, aludió al canon que nos ocupa, en In re Secretario de

Justicia, 126 D.P.R. 463 (1990). En aquella ocasión, el

asunto versaba sobre unas expresiones hechas por el

entonces Secretario de Justicia, Lcdo. Héctor Rivera Cruz,

mientras fungía como gobernador interino, relacionadas con

las actuaciones del Juez federal José A. Fusté en el caso

Cordero v. De Jesús Méndez, 867 F.2d 1 (1er Cir. 1989),

que se ventilaba en el foro federal. Sin embargo, por

6 Tal insuficiencia es de particular importancia debido a los intereses constitucionales concernidos. No se debe perder de vista que nuestro Código de Ética Profesional data de 1970. Por tanto, es evidente que le compete a este Tribunal, al amparo de su poder inherente para reglamentar la profesión legal, atemperar los cánones de conducta profesional a las exigencias que imponga el devenir de la doctrina constitucional, con tal de mitigar cualquier insuficiencia normativa. Véase, por ejemplo, Álvarez González, supra, págs. 1057-61; Luis M. Villaronga, Derecho Constitucional, 64 Rev. Jur. U.P.R. 765, 795- 96 (1995). Ello, en aras de evitar que nuestros preceptos éticos se tornen obsoletos. Maricarmen Ramos de Szendrey, Responsabilidad Profesional, 61 Rev. Jur. U.P.R. 961, 966-67 (1992) (“[L]a obsolescencia, inclusive de índole constitucional, que adolece nuestro Código de Ética Profesional apunta a la necesidad imperiosa de que se efectúe una reestructuración de todo lo concerniente al ordenamiento disciplinario en sus aspectos procesales y sustanciales. Es al Tribunal Supremo en primera instancia, en virtud de su facultad inherente para reglamentar todo lo concerniente a la abogacía, . . ., a quien[] [le] corresponde esta inaplazable tarea”.) (citas omitidas). AB-2005-130 16

tratarse del Secretario de Justicia, este Tribunal no

atendió la presunta infracción al Canon 14. En vez, optó

por atender, como cuestión de umbral, las consideraciones

que informan el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria

en el contexto de la doctrina de separación de poderes,

puesto que el querellado emitió sus expresiones mientras

se desempeñaba como funcionario público en la Rama

Ejecutiva. In re Secretario de Justicia, 126 D.P.R. en la

pág. 466. De esta forma, pues, reiteramos la doctrina de

abstención que habíamos articulado en In re Secretario de

Justicia, 118 D.P.R. 827, 850 (1987), según la cual este

Tribunal se abstendrá de sancionar disciplinariamente a un

funcionario público de la Rama Legislativa o Ejecutiva

cuando

(1) el promovente no justifique satisfactoriamente un interés legítimo ético y perjuicio real directo; (2) el asunto, aunque de carácter ético, sea prematuro; (3) los hechos no estén debidamente documentados o sustanciados, o (4) no sean materia ético-adjudicable por corresponder propiamente al debate del Poder Legislativo o Ejecutivo, o pertenecer a la arena de la política partidista.

Id.

De esta forma, por tanto, este Tribunal no tuvo que

atender la alegada violación al Canon 14, puesto que

entendió que, en efecto, las expresiones objeto de

controversia fueron emitidas por el licenciado Rivera Cruz

no como abogado, sino en calidad de gobernador interino. AB-2005-130 17

En consecuencia, se archivó la queja presentada por el

Juez Fusté.

Como se ve, la primera invocación jurisprudencial del

canon, dadas las particularidades del caso, no permitió

que este Tribunal entrara a dilucidar sus contornos

normativos, con tal de arrojar luz sobre cómo éste habría

de operar.

En cambio, en In re Clavell Ruiz, 131 D.P.R. 500

(1992), este Tribunal tuvo la oportunidad de enfrentarse,

si bien someramente, a la norma consagrada en el Canon 14.

En aquel entonces, se resolvió que el licenciado Clavell

Ruiz infringió el Canon 14 al radicar reiteradamente

querellas y promover investigaciones inmeritorias. En lo

que respecta a la norma que contiene el canon, nos

limitamos a señalar que

[e]n protección de la debida administración de la justicia y para evitar la obstaculización de procesos judiciales imparciales, todo abogado debe abstenerse de facilitar de cualquier forma la publicidad, a través de cualquier medio informativo, de su opinión con respecto a pleitos pendientes o a hechos que señalen la probabilidad de casos en el futuro. Id. en las págs. 509-10 (citas omitidas).

De lo anterior, es innegable colegir que el énfasis

primordial del Canon 14, según interpretado por este

Tribunal, es procurar la sana administración de la

justicia y velar por la imparcialidad de los procesos

judiciales. Ello, además, constituye un interés primordial

para el País. Sin embargo, tal apreciación soslaya el AB-2005-130 18

derecho fundamental de los abogados a expresarse

libremente, aun cuando el ejercicio de este derecho esté

sujeto a límites particulares en virtud del rol que esos

profesionales desempeñan. Es decir, al analizar el alcance

normativo del Canon 14 es preciso no perder de vista que

éste no puede utilizarse como un mecanismo para conculcar

los derechos constitucionales de la clase togada

indebidamente. Además, el énfasis en el adecuado

funcionamiento de nuestro sistema de justicia no atiende

la tensión que subyace la totalidad del Canon 14, tal y

como la articuláramos en el segundo acápite de esta

opinión.

Posteriormente, este Tribunal aludió al Canon 14 en

sólo dos ocasiones. Véase In re Nogueras Cartagena, 150

D.P.R. 667 (2000); In re Sánchez Ramos, 174 D.P.R. 453

(2008). En ambas ocasiones, empero, el asunto estuvo

atravesado, nuevamente, por cuestiones atinentes a la

doctrina de separación de poderes.

En In re Nogueras Cartagena, se trató de expresiones

hechas por un abogado mientras se desempeñaba como

vicepresidente del Senado de Puerto Rico. Las expresiones

se relacionaban con un pleito que se ventilaba ante los

tribunales del País y en el cual el licenciado Nogueras

Cartagena había intervenido como representante legal de

algunos de los co-demandantes. En los méritos, este

Tribunal determinó que el licenciado Nogueras Cartagena no

había transgredido los deberes éticos impuestos por el

Canon 14. No obstante, este Tribunal censuró enérgicamente AB-2005-130 19

al licenciado Nogueras Cartagena, pero al amparo del Canon

38 de Ética Profesional, puesto que también se alegó –y

probó- que el licenciado Nogueras había incurrido en

conducta reprochable, según lo dispuesto por ese canon. In

re Nogueras Cartagena, 150 D.P.R. en la pág. 681. Sobre

las complejidades inherentes al Canon 14 y las tensiones

que hemos identificado en las normas que contiene, nada se

dijo.

En In re Sánchez Ramos, de otra parte, la controversia

giraba en torno a unas expresiones vertidas públicamente

por el entonces Secretario de Justicia, Lcdo. Roberto

Sánchez Ramos, con relación a una decisión judicial,

mediante la cual se determinó “no causa para arresto” ante

una denuncia presentada contra el ex-gobernador de Puerto

Rico, Dr. Pedro Rosselló González. Mediante dichas

expresiones, el Secretario de Justicia cuestionó la

imparcialidad de la determinación judicial y atribuyó ésta

a las presuntas “conexiones” e “influencias” del doctor

Rosselló González. Este Tribunal, al atender el asunto,

una vez más, enmarcó la alegada infracción ética en la

doctrina de separación de poderes, por tratarse de un

funcionario de la Rama Ejecutiva. Así, al amparo de la

doctrina reconocida en In re Secretario de Justicia, 118

D.P.R. en la pág. 850, este Tribunal se abstuvo de ejercer

sus prerrogativas disciplinarias.

Es preciso señalar que, en esa ocasión, el licenciado

Sánchez Ramos, al defenderse de la querella en su contra,

invocó oportunamente su derecho a la libre expresión, AB-2005-130 20

tutelado tanto por la Constitución federal como por la

puertorriqueña. Sin embargo, no hubo que atender en los

méritos dicho planteamiento constitucional, dado que la

doctrina reconocida en In re Secretario de Justicia

disponía, sin más, del asunto. Nótese, sin embargo, que

las expresiones vertidas públicamente por el licenciado

Sánchez Ramos –mientras fungía como Secretario de

Justicia– estaban dirigidas a criticar la gestión judicial

en un proceso criminal que, para todos los efectos, había

concluido.7 Las circunstancias de aquel caso difieren

sustancialmente del que nos ocupa, toda vez que en esta

ocasión estamos ante expresiones que meramente se

relacionan con un pleito civil que, al momento de hacerse,

no había concluido del todo. No obstante, conviene aludir

al caso en cuestión, puesto que, en su opinión concurrente

y disidente, el entonces Juez Asociado señor Rebollo López

entendió que la controversia ameritaba resolverse en los

méritos y, por ende, atendió los reclamos constitucionales

esbozados por el querellado. In re Sánchez Ramos, 174

D.P.R. en las págs. 470-502 (Rebollo López, J., Opinión

7 Dado que las expresiones hechas por el licenciado Sánchez Ramos versaban sobre las actuaciones de los tribunales del País, a éste se le imputó haber infringido los Cánones 9 (el cual consagra determinados deberes del abogado para con los tribunales) y 38 (que prohíbe hasta la apariencia de conducta impropia) de Ética Profesional. In re Sánchez Ramos, 174 D.P.R. en la pág. 472. O sea, no se le imputaron infracciones al Canon 14, puesto que las circunstancias no lo ameritaban. En consecuencia, al invocar oportunamente sus derechos constitucionales, el licenciado Sánchez Ramos impugnó la constitucionalidad de tales cánones, tanto de su faz como en su aplicación. Id. en la pág. 474. AB-2005-130 21

Concurrente y Disidente). En lo pertinente, dicha opinión

concurrente y disidente constituye la primera y única vez

que este Tribunal -a través de uno de sus miembros- ha

abordado lo resuelto por el Tribunal Supremo federal en

Gentile, que, como veremos, es de cardinal importancia

para la controversia que nos compete. Ello, dado que

Gentile versa sobre el ámbito de libertad de expresión que

ha de tener un abogado cuando éste se expresa sobre un

pleito judicial pendiente. Por ende, conviene analizar la

impronta doctrinal de Gentile con tal de sentar las bases

desde las cuales habrá que examinar la interpretación de

nuestro Canon 14, según consagrada en el segundo acápite

de esta opinión.

V

En Gentile, el Tribunal Supremo federal se enfrentó a

la Regla 177 de conducta profesional del Tribunal Supremo

de Nevada, que, en aquel momento, regulaba la publicidad

sobre juicios pendientes en dicho estado.8 Así, en Gentile,

8 La Regla 177 disponía:

[1] A lawyer shall not make an extrajudicial statement that a reasonable person would expect to be disseminated by means of public communication if the lawyer knows or reasonably should know that it will have a substantial likelihood of materially prejudicing an adjudicative proceeding; however, a lawyer may make a statement if the lawyer has a good faith belief, based upon the totality of facts and circumstances known to the lawyer at the time, that the content of the statement is admissible at a subsequent hearing or trial or properly arguable from anticipated evidence; and AB-2005-130 22

una mayoría de ese Tribunal federal determinó que la Regla

177, según interpretada por el Tribunal Supremo de Nevada,

era inconstitucionalmente vaga.9 En particular, se

determinó que la disposición de la regla referente a las

expresiones que podía hacer un abogado sin temor a ser

disciplinado no proveía un aviso claro sobre la conducta

permitida y, por consiguiente, tampoco proveía un aviso

claro sobre la conducta prohibida.

La Regla 177, en esencia, le permitía al abogado

expresarse, en forma general, sobre la naturaleza del

pleito en el que intervenía, siempre y cuando procurara no

abundar sobre particulares.10 El Tribunal Supremo federal,

(a) The statement protects the public from substantial future harm; or (b) The statement is one that a reasonable lawyer would believe is required to protect a client from the substantial undue prejudicial effect of publicity not initiated by the lawyer or the lawyer‟s client and is limited to such information as is necessary to mitigate the adverse publicity; or (c) The statement reveals governmental corruption or abuse of power.

Nevada Rules of Professional Conduct, R. 177, disponible en https://www.law.cornell.edu/ethics/nv/code/NV_CODE.HTM (derogada el 1 de mayo de 2006, y reemplazada por la actual Regla 3.6). 9 La mayoría para efectos de este resultado se expresó a través del tercer acápite de la opinión del Juez Asociado Kennedy, a quien se le unieron los Jueces Asociados Marshall, Blackmun, Stevens y la Jueza Asociada O‟Connor. 10 Véase Nevada Supreme Court Rule 177(3)(a), Nv. St. S. Ct. R.P.C. 177(3)(a) (“Notwithstanding subsection 1 and 2(a-f), a lawyer involved in the investigation or litigation of a matter may state without elaboration: (a) the general nature of the claim or defense . . . .”) (abrogada el 1 de mayo de 2006, y reemplazada por la actual Regla 3.6). AB-2005-130 23

al explicar por qué la referida regla adolecía de

vaguedad, hizo hincapié en la utilización de los términos

“general” y “abundar” o “elaborar”, señalando que éstos no

eran susceptibles de ser interpretados uniforme y

consistentemente por un abogado razonable. De esta forma,

pues, un abogado no sabría con certeza qué tipo de

expresión estaba prohibida y cuál no. Gentile, 501 U.S. en

las págs. 1048-1049. En consecuencia, y en lo pertinente,

el Tribunal Supremo federal, por voz del Juez Asociado

Kennedy, expresó que

The right to explain the “general” nature of the defense without “elaboration” provides insufficient guidance because “general” and “elaboration” are both classic terms of degree. In the context before us, these terms have no settled usage or tradition of interpretation in law. The lawyer has no principle for determining when his remarks pass from the safe harbor of the general to the forbidden sea of the elaborated.

De otra parte, una mayoría distinta del Tribunal

Supremo federal en Gentile –esta vez mediante la voz del

Juez Presidente Rehnquist- puntualizó que los abogados, a

diferencia de cualquier otro ciudadano común, están

sujetos a restricciones éticas que bien pueden incidir en

el ámbito de su libertad de expresión, cuando ésta ataña

casos que se ventilan en los tribunales. Los abogados, en

tanto funcionarios del tribunal, son instrumentos de la

justicia, con lo cual no pueden, con sus expresiones,

socavar la justicia misma a la que sirven. Véase Nebraska AB-2005-130 24

Press Assn. v. Stuart, 427 U.S. 539, 601 n. 27 (1976)

(Brennan, J., Op. Concurrente) (“As officers of the court,

court personnel and attorneys have a fiduciary

responsibility not to engage in public debate that will

redound to the detriment of the accused or that will

obstruct the fair administration of justice.”) (citado con

aprobación en Gentile, 501 U.S. en la pág. 1074

(Renhquist, J., Opinión)). Esto es, existen

consideraciones que trascienden y limitan la libertad de

expresión de los abogados y que están íntimamente

relacionadas con la función social que éstos ejercen en

pos de la justicia.

De otra parte, se señaló que, dado el acceso especial

que tienen los abogados a determinada información, sus

expresiones extrajudiciales tienden a percibirse como

informadas, fidedignas y ciertas, lo que les impone un

deber mayor de circunspección al momento de expresarse

públicamente sobre casos pendientes en los que

intervienen. Asimismo, esta limitación evita que se afecte

perniciosamente la sana administración de la justicia y

los derechos de un acusado o una parte. En ambos casos, es

indudable que el Estado y la ciudadanía tienen un interés

legítimo en que así sea.

En resumidas cuentas, Gentile establece que se pueden

restringir las expresiones de un abogado que tengan una

“probabilidad considerable de perjudicar sustancialmente” AB-2005-130 25

un proceso adjudicativo, nada más.11 Ese fue el estándar

adoptado por la Regla 177 de Nevada, el cual, sin embargo,

fue interpretado inconstitucionalmente por el máximo foro

judicial de ese Estado. Gentile, pues, valida el estándar

que establecía dicha regla, pero en ningún momento la

mayoría del Tribunal Supremo federal resuelve

taxativamente que ese estándar ha de ser el mínimo

aceptable constitucionalmente.12 Más bien, el Tribunal

11 Hemos optado por traducir el estándar de “substantial likelihood of materially prejudicing”, validado en Gentile, como “probabilidad considerable de perjudicar sustancialmente”, por entender que la traducción literal de aquél podría no reflejar con precisión el significado del mismo. Nótese, por ejemplo, que “material”, en la lengua española, no coincide semánticamente con el adverbio “materially”, en tanto éste significa “in a noticeable or important way”, Oxford Learner‟s Dictionary, “materially”, http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definitio n/englien/materially?q=materially. Por consiguiente, al traducir el estándar en cuestión, se prefirió utilizar, en español, por su mayor coincidencia semántica, “sustancialmente” para traducir “materially” y “considerable”, dada su significación análoga, para “substantial”. 12 La Juez Asociada O‟Connor, quien proveyó el quinto voto para ambos segmentos de la opinión de la mayoría, emitió un voto concurrente en Gentile que parece indicar una inclinación a restringir aún más la expresión de los abogados sobre pleitos pendientes. Gentile, 501 U.S. en las págs. 1081-82 (“I agree with much of the Chief Justice‟s opinion. In particular, I agree that a State may regulate speech by lawyers representing clients in pending cases more readily than it may regulate the press. Lawyers are officers of the court and, as such, may legitimately be subject to ethical precepts that keep them from engaging in what otherwise might be constitutionally protected speech. . . . . I agree with the Chief Justice that the „substantial likelihood of material prejudice‟ standard articulated in Rule 177 passes constitutional muster.”) (énfasis suplido). Véase, además, Scott Croft H., Free Speech & Fair Trials-Striking the Balance: A Case Comment and Analysis of the Maryland Trial Publicity Rule as Applied in Attorney Grievance Commission of Maryland v. Douglas F. Gansler, 19 Geo. AB-2005-130 26

Supremo federal examinó la interpretación que del estándar

en cuestión hizo el foro estatal y determinó que ésta era

vaga. Gentile, 501 U.S. en la pág. 1034 (“The matter

before us does not call into question the

constitutionality of other States' prohibitions upon an

attorney's speech that will have a „substantial likelihood

of materially prejudicing an adjudicative proceeding,‟ but

is limited to Nevada's interpretation of that standard.).

Empero, al analizar la Regla 177, el Tribunal Supremo

federal da las pistas que han de guiar la labor de los

tribunales al evaluar estándares distintos que pretendan

establecer un ámbito de prohibición más abarcador. Cabe

entonces la posibilidad de que existan –y sean

constitucionalmente válidas- reglas de conducta

profesional tanto más rigurosas. En otras palabras, el

estándar de “probabilidad considerable de perjudicar

sustancialmente” pasa el crisol constitucional, pero no es

el único válido o posible.

En cualquier caso, según interpretamos lo resuelto

por el máximo foro federal, aun cuando se utilice otro

estándar, lo indispensable ha de ser que la prohibición

relativa a la libertad de expresión de los abogados (1) no

adolezca de vaguedad y/o amplitud excesiva –lo cual es

imperativo constitucional insoslayable en materia de

J. L. Ethics 345, 351 (2006) (“The breadth of O‟Connor‟s framing of potential limits on lawyer speech, however, seems to indicate a potential willingness to circumscribe that speech even further than the „substantial likelihood‟ standard suggests.”). AB-2005-130 27

libertad de expresión- y (2) que tal prohibición esté

estrechamente relacionada con intereses trascendentales

que informan la profesión legal y que el Estado

legítimamente pretende vindicar, entre otros: procurar que

los procedimientos judiciales sean imparciales y velar por

la sana administración de la justicia.13 Además, la

prohibición o restricción de que se trate ha de ceñirse a

determinado procedimiento adjudicativo en curso. Así, no

cabe hablar de limitaciones justificadas por sí mismas;

por tanto, toda limitación que ataña la libertad de

expresión de un abogado sobre un procedimiento

adjudicativo pendiente debe relacionarse indefectiblemente

con las particularidades de éste.

Coligiéndose lo anterior de lo resuelto en Gentile,

ello constituye, a lo sumo, el mínimo irreductible que

estamos obligados a respetar, en virtud de la cláusula de

supremacía de la Constitución federal. Entiéndase, en

virtud de la doctrina del ámbito mínimo federal no estamos

obligados a adoptar, tal cual, el estándar de

“probabilidad considerable de perjuicio sustancial”; más

bien, lo indispensable es que al adoptar un estándar

distinto conciliemos adecuadamente, por un lado, los

intereses legítimos del Estado, en este caso, en la sana

administración de la justicia y, por otro, la libertad de

expresión de los abogados.

13 Valga señalar que cabría pensar en otros intereses que bien podrían permitir limitaciones distintas – sujetas a otros estándares- en diferentes contextos, como, por ejemplo, el publicitario. Ello, sin embargo, no es pertinente a la controversia que nos atañe. AB-2005-130 28

Habiendo precisado las pautas normativas, de índole

constitucional, que han de guiar nuestra labor

adjudicativa, procede evaluar la constitucionalidad del

Canon 14 a la luz de lo anterior.

VI

Como se sabe, cuando se examinan estatutos que

limitan o interfieren con la libertad de expresión, en

atención al contenido de ésta, a menudo se invocan las

doctrinas de amplitud excesiva y vaguedad. Véase Pueblo v.

Hernández Colón, 118 D.P.R. 891 (1987); véase, además,

Dora Nevares Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño: Parte

general 75-76, 114-17 (5ta ed. 2005). Éstas, en esencia,

constituyen técnicas interpretativas que le permiten a los

tribunales “evad[ir] resolver la validez de ciertas

restricciones de[] contenido de . . . expresión”. José

Julián Álvarez González, Derecho Constitucional de Puerto

Rico y relaciones constitucionales con los Estados Unidos

1061 (2010). Ello, puesto que la determinación de amplitud

excesiva o vaguedad remite a un examen formal del estatuto

o regulación que se cuestiona, sin entrar a dirimir el

contenido de la expresión, esto es, la protección que

amerita ésta. Así, en aras de atender el planteamiento del

querellado en torno a la inconstitucionalidad del Canon

14, en función de la discusión normativa que precede,

conviene deslindar dichas doctrinas.

A AB-2005-130 29

La doctrina de amplitud excesiva da cuenta de aquellos

casos en que determinada reglamentación “aspira []

prohibir o castigar expresiones que no gozan de la

protección constitucional[,] pero que[,] por razón de

haber sido redactada o interpretada imprecisamente[,]

tiene el efecto de prohibir o castigar expresiones

constitucionalmente protegidas”. Muñiz v. Admdor. Deporte

Hípico, 156 D.P.R. 18, 34 (2002) (Hernández Denton, J. Op.

Concurrente). Véase, también, Ronald D. Rotunda & John E.

Nowak, Treatise on Constitutional Law. Substance and

Procedure 42, T. V (5ta ed. 2013). En otras palabras, esta

doctrina “permite que se invalide [de su faz] una norma de

conducta dirigida contra la expresión por abarcar lenguaje

constitucionalmente protegido, a pesar de que la expresión

en el caso en que esa norma se aplica no sea protegida”.

Álvarez González, supra, pág. 1061. Por tanto, un ataque

bajo esta doctrina supone examinar formalmente el texto de

una regulación con tal de determinar si éste prohíbe -

conjuntamente con la expresión que puede legítimamente

regularse- una cantidad considerable de expresión

constitucionalmente protegida. Se ha de determinar si la

amplitud de la que adolece la regulación de su faz es, en

efecto, sustancial.14

14 Sobre el requisito de amplitud sustancial, véase, por ejemplo, Broadrick v. Oklahoma, 413 U.S. 601, 615- 16 (1973). Véase, también, Álvarez González, supra, pág. 1061; Erwin Chemerinsky, Constitutional Law. Principles and Policies 944 (3ra ed. 2006) (“[T]he requirement for substantial overbreadth applies in all cases, whether the law regulates conduct that communicates or „pure speech.‟”) (citando a Board of AB-2005-130 30

De otra parte, la aplicación de la doctrina de

amplitud excesiva supone una excepción a las normas

ordinarias de legitimación activa que rigen la

adjudicación constitucional. Véase, por ejemplo, Broadrick

v. Oklahoma, 413 U.S. 601, 612-14 (1973). Esto es, “bajo

la doctrina de amplitud excesiva un litigante cuya

actividad no está protegida puede invocar los derechos de

terceros cuya actividad estaría protegida”, aun cuando

éstos no formen parte de la controversia que pende ante el

foro judicial. Álvarez González, supra, pág. 1068. Véase,

además, Erwin Chemerinsky, Constitutional Law. Principles

and Policies 943-44 (3ra ed. 2006). En consideración de lo

anterior, este Tribunal ha dicho que esta doctrina ha de

ser utilizada excepcionalmente y como último recurso en

“aquellos casos en donde una interpretación limitada o una

invalidación parcial del estatuto no excluyan la amenaza

sobre las expresiones constitucionalmente protegidas”.

Pueblo v. García Colón I, 182 D.P.R. 129, 150-51 (2011).15

En lo que respecta a la metodología que debe

utilizarse al examinar determinada reglamentación en

función de esta doctrina, el primer paso es interpretar la

Airport Commrs. of Los Angeles v. Jews for Jesus, Inc., 482 U.S. 569, 574 (1987); City Council v. Taxpayers for Vincent, 466 U.S. 789 (1984)). 15 Sobra la posibilidad de invalidar parcialmente un estatuto con tal de evitar la invalidación facial, véase, en general, Brockett v. Spokane Arcades, Inc., 472 U.S. 491 (1985). Véase, también, Chemerinsky, supra, pág. 948 (“The Court also avoids the „strong medicine‟ of overbreadth by attempting to sever the unconstitutionally overbroad part of the law from the remainder of the statute.”). AB-2005-130 31

reglamentación impugnada.16 García Colón I, 182 D.P.R. en

la pág. 204; U.S. v. Stevens, 559 U.S. 460, 474 (2010).

Para ello, además, será preciso tomar en consideración las

interpretaciones autorizadas anteriores de la

reglamentación de la que se trate.17 García Colón, 182

D.P.R. en la pág. 204. Luego, procede determinar si la

reglamentación, según interpretada, resulta ser

excesivamente amplia, en la medida en que prohíbe una

cantidad sustancial de expresión constitucionalmente

protegida. Id. en las págs. 204-05. De ser ese el caso,

habrá que examinar la posibilidad de suscribir una

interpretación razonable que pueda subsanar los vicios

constitucionales, entiéndase, la redacción deficiente. Id.

en la pág. 205.

B

La doctrina de vaguedad, por su parte, pretende

evitar que se limite o prohíba determinada expresión sin

que haya guías y normas claras y precisas para ello. En

cierta medida, pues, esta doctrina es “un presupuesto del

debido proceso de ley que prohíbe que se aplique contra

una persona una norma cuyos términos no revelan

adecuadamente qué se persigue prohibir”. Álvarez González,

16 Véase, supra, acápite II de esta Opinión. 17 Tal y como se discutió anteriormente, el Canon 14 de Ética Profesional apenas ha sido interpretado, razón por la cual no contamos con el beneficio de un acervo interpretativo que nos asista en la delimitación de su ámbito normativo. No obstante, véase, supra, el acápite III de esta Opinión, para una exposición de la exigua jurisprudencia de este Tribunal sobre el particular. AB-2005-130 32

supra, pág. 1061. Por consiguiente, esta doctrina opera

(1) la disposición legal falla en proveerle a un ciudadano de inteligencia promedio un aviso suficiente de las conductas que proscribe y penaliza, y (2) el estatuto no le provee a los funcionarios encargados de ponerla en vigor unas guías razonables, de forma tal que se preste para una aplicación arbitraria y discriminatoria interfiriendo así con los derechos fundamentales garantizados por la Constitución.

García Colón I, 182 D.P.R. en la pág. 149 (citando a Boys and Girls Club v. Srio. de Hacienda, 179 D.P.R. 746 (2010); Pueblo v. APS Healthcare of P.R., 175 D.P.R. 368, 378 (2009); Pacheco Fraticelli v. Cintrón Antonsanti, 122 D.P.R. 229, 239–240 (1988); Vives Vázquez v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 139, 145–146 (1973)).

De lo anterior, conviene enfatizar que la

determinación de vaguedad se hace en función de un

estándar objetivo, a saber: si una persona de inteligencia

promedio queda debidamente advertida de la expresión que

la regulación prohíbe. Véase, por ejemplo, U.N.T.S. v.

Srio. de Salud, 133 D.P.R. 153, 161 (1993); Velásquez

Pagán v. A.M.A., 131 D.P.R. 568, 577 (1992); Vives Vázquez

v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 139, 145-46 (1973).

Véase, además, O.E.G. v. Cordero, Rivera, 154 D.P.R. 827

(2001); Grayned v. City of Rockford, 408 U.S. 104, 108-14

(1972); Cameron v. Johnson, 390 U.S. 611, 616 (1968). Sin

embargo, en tanto la controversia que nos ocupa atañe

expresiones hechas por un abogado en su carácter

profesional, dicho estándar objetivo ha de ajustarse en

función de las circunstancias particulares que informan el AB-2005-130 33

ejercicio de la abogacía. Es decir, en este caso, se trata

de si un abogado promedio queda debidamente advertido de

la expresión que el Canon 14 prohíbe.

C

Por último, es menester señalar que, al amparo de

ambas doctrinas, los tribunales están facultados para

mitigar la vaguedad o amplitud excesiva de determinado

estatuto a través de su labor interpretativa. Claro está,

siempre y cuando dicha vaguedad o amplitud excesiva sea

subsanable mediante una interpretación razonable que se

ajuste, además, a los parámetros constitucionales

aplicables. Ello, puesto que bien podría suscitarse el

caso en que la vaguedad o la amplitud excesiva de la que

adolece determinada reglamentación no puedan ser

subsanadas mediante interpretación judicial. En estos

casos, entonces, procedería decretar la invalidación

facial de la reglamentación en cuestión.18

VII

Habiendo repasado someramente las doctrinas de

amplitud excesiva y vaguedad, las cuales permiten que se

18 Aun cuando en otros contextos cabría distinguir entre los efectos de la aplicación de una doctrina u otra, este Tribunal ha permitido la impugnación facial al amparo de ambas. Véase, por ejemplo, Pueblo v. García Colón I, 182 D.P.R. 129, 149 (2011); U.N.T.S. v. Srio. de Salud, 133 D.P.R. 153, 160 (1993). Véase, también, Kolender v. Lawson, 461 U.S. 352 (1983); Village of Hoffman Estates v. Flipside, Hoffman Estates, Inc., 455 U.S. 489, 494 (1982); Young v. American Mini Theaters, 427 U.S. 50 (1976). Para una discusión respecto a las particularidades de estas doctrinas en el ámbito del derecho a la libertad de expresión, véase Álvarez González, supra, pág. 1068. AB-2005-130 34

cuestione la constitucionalidad de estatutos o

reglamentación que pretendan limitar el derecho a la

libertad de expresión, procede evaluar el Canon 14. Para

ello, sin embargo, conviene seccionar las diversas normas19

que contiene dicho canon, aun cuando todas éstas giren en

torno al asunto de la publicidad de procedimientos

adjudicativos pendientes. Así, procederemos a evaluar cada

norma del canon en cuestión por separado, aplicando, según

proceda, la doctrina de vaguedad o la doctrina de amplitud

excesiva.20

A

La primera oración del Canon 14 establece que el

abogado deberá abstenerse de publicar, o de cualquier

manera facilitar, la publicación –a través de medios de

19 Cabe recordar que las “diversas normas” que contiene el Canon 14 fueron debidamente identificadas e interpretadas en el segundo acápite de esta opinión. En esencia, éstas son: (1) el deber de abstención que consagra la primera oración del canon; (2) la prohibición de expresiones anónimas que contiene la segunda oración, y, en la tercera oración, (3) la limitación que dispone que las referencias unilaterales o ex parte han de ceñirse a las constancias de los récords y documentos archivados en los tribunales, y (4) la exhortación a abstenerse aun en éstos casos. Aunque ciertamente estas normas están íntimamente relacionadas entre sí, no es menos cierto que son distinguibles. Formular tales distinciones, además, facilita el análisis constitucional, puesto que permite evaluar a cabalidad cada aspecto normativo del canon. 20 Nótese que “[e]stas doctrinas a menudo aplican a una misma situación . . .”. Álvarez González, supra, pág. 1061. Véase, también, John E. Nowak & Ronald D. Rotunda, Treatise on Constitutional Law 56 (5ta ed. 2013) (“The problem of vagueness in statutes regulating speech is based on the same rationale as the overbreadth doctrine and the Supreme Court often speaks of them together.”) (citas omitidas). AB-2005-130 35

comunicación o informativos- de detalles u opiniones sobre

pleitos pendientes o futuros. Como se dijo anteriormente,

según los propios términos del canon, la limitación que

supone dicho deber de abstención se justifica, “pues tales

publicaciones pueden obstaculizar la celebración de un

juicio imparcial y perjudicar la debida administración de

la justicia”. 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 14. Es decir, la

limitación a la libertad de expresión que supone esta

primera norma del canon está debidamente justificada en

función de los intereses trascendentales que informan la

labor del abogado, en tanto oficial de los tribunales, a

saber: la imparcialidad de los procesos y la sana

administración de la justicia. Así, el deber de abstención

al que se refiere el Canon 14 sólo aplica cuando un

abogado emite expresiones relacionadas con un

procedimiento adjudicativo en el que interviene. En esos

casos, el abogado deberá velar por que las expresiones que

emita no menoscaben los intereses trascendentales que

justifican la regulación que consagra el canon. De esta

forma, pues, se subsana la posible amplitud excesiva del

canon, puesto que éste, según interpretado por este

Tribunal, sólo aplica a los casos en que un abogado se

expresa sobre un pleito en el que interviene.

Sin embargo, es menester señalar que dado que la

interpretación anterior no provee criterios específicos

que permitan que un abogado promedio pueda colegir qué

tipo de expresión, en efecto, está prohibida por razón de

que pueda obstaculizar la celebración de un juicio AB-2005-130 36

imparcial o perjudicar la administración de la justicia,

es imperativo que este Tribunal subsane la vaguedad

manifiesta del Canon 14. Por consiguiente, lo razonable

sería colegir que un abogado que esté participando, o haya

participado, en la investigación o litigación de un pleito

o proceso adjudicativo, no deberá hacer una manifestación

extrajudicial que sepa, o deba saber, que será difundida a

través de los medios de comunicación y que pueda, o haya

podido, perjudicar sustancialmente el pleito o proceso

adjudicativo en curso en el que interviene, o intervino.

Valga destacar, también, que, en lo pertinente, la

limitación del canon es de carácter temporal. Es decir,

aplica sólo mientras el pleito o proceso adjudicativo esté

pendiente.21 Una vez termine éste, la prohibición cesa. De

otra parte, deberá entenderse que un pleito o proceso

adjudicativo culmina cuando se emite una determinación

final en cualquiera de éstos, la cual dirime la

controversia sobre la que verse la expresión del abogado.22

21 No obstante, es menester señalar que el Canon 14 dispone que el deber de abstención ha de aplicar en situaciones en que las expresiones versen sobre particulares que “señalen la probabilidad de litigios futuros”. 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 14. Sin embargo, dados los hechos que nos ocupan, es innecesario que, en esta ocasión, este Tribunal se exprese sobre la aplicabilidad del referido deber de abstención con relación a la probabilidad de pleitos futuros. 22 Valga señalar que, de ordinario, se entenderá que un procedimiento judicial ha culminado cuando la sentencia adviene final y firme. Sin embargo, en los casos en que un abogado haga expresiones sobre una sentencia final, mas no firme, tal circunstancia habrá de ser un factor a tomarse en consideración a la hora de evaluar si éstas –las expresiones- se ajustan a los parámetros éticos correspondientes. AB-2005-130 37

Un abogado, por tanto, en aras de ajustarse a las

pautas éticas que contiene el Canon 14, deberá evaluar,

primero, si sus expresiones extrajudiciales serán o

podrían ser difundidas públicamente y, segundo, si éstas

podrían, o hubieran podido, perjudicar sustancialmente el

pleito o proceso adjudicativo al que se refieren y en el

cual el letrado interviene o intervino. Conviene

enfatizar, además, que el perjuicio sustancial al que se

refiere la norma anterior se ha de apreciar en virtud de

los intereses que legitiman la prohibición de expresión

que nos atañe, a saber: velar por la imparcialidad de los

procedimientos y la sana administración de la justicia. De

otra parte, las expresiones que se examinen bajo este

estándar habrán de evaluarse en el contexto en el que

fueron proferidas. Asimismo, factores tales como la

reputación del cliente y el interés público de la

controversia habrán de tomarse en consideración.23 Después

de todo, se trata de una formulación puntual de la

responsabilidad del abogado de procurar la materialización

eficiente de la justicia, si bien ajustada al contexto que

nos ocupa, en el que intereses apremiantes confluyen. Por

tanto, lo fundamental es determinar si un abogado

promedio, en similares circunstancias, y atendiendo a las

particularidades del pleito o proceso adjudicativo del que

se trate, supo o debió saber que sus expresiones

23 Por ejemplo, un abogado podrá hacer manifestaciones extrajudiciales que sean necesarias para proteger a sus clientes del efecto perjudicial causado por la publicidad reciente no iniciada por el abogado o sus clientes. AB-2005-130 38

extrajudiciales podrían haber afectado la integridad del

pleito o proceso adjudicativo en el que intervino.

En caso de que el abogado determinase que, en efecto,

sus expresiones serán o podrían ser difundidas

públicamente y que existe la posibilidad de que puedan

perjudicar la integridad de un pleito o proceso

adjudicativo en el que interviene, entonces se activará el

deber general de abstención antes identificado, el cual

constituye la primera norma dispuesta en el Canon 14,

conforme la interpretación de éste suscrita por este

Tribunal.

En síntesis, en virtud de lo anterior, es menester

concluir que el deber general de abstención que contiene

la primera oración del Canon 14 satisface el mínimo

requerido que intima Gentile. Esto, en la medida en que

dicho deber de abstención está sujeto al efecto que las

expresiones hechas por el abogado puedan tener sobre la

imparcialidad de un pleito o proceso adjudicativo o sobre

la sana administración de la justicia; esto es, sobre la

integridad de determinado pleito o proceso adjudicativo en

el que el abogado interviene.

De otra parte, la segunda oración del Canon 14

establece que “[e]n caso de que las circunstancias

extremas de un pleito específico justifiquen ofrecer una

información al público, será impropio hacerlo

anónimamente”. Cód. Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, AB-2005-130 39

C. 14 (énfasis suplido). En primer lugar, dicha oración

señala que las expresiones que haga un abogado podrán

justificarse en atención a “circunstancias extremas”, sin

especificar cuáles son éstas o qué criterios podrán

utilizarse para identificarlas. De su faz, pues, tal

oración resulta inconstitucionalmente vaga, puesto que

limita la libertad de expresión del abogado sin proveer

guías y normas claras.

Sin embargo, aun pudiendo proveer criterios para

identificar qué circunstancias han de reputarse como

“extremas”, como ya se dijo, esta limitación es, a lo

sumo, excesivamente amplia ya que bien podría prohibir

expresiones hechas por un abogado aun cuando éstas no

afecten el pleito o procedimiento adjudicativo en el que

interviene, o intervino. No se debe perder de vista que

las limitaciones al ejercicio de la libertad de expresión

de un abogado han de justificarse exclusivamente en virtud

de los intereses apremiantes que informan y delimitan la

profesión legal –por ejemplo, velar por la imparcialidad

de los procedimientos y la sana administración de la

justicia-. Así, no son constitucionalmente válidas

limitaciones que se justifiquen en sí mismas, y que no

tomen en consideración el derecho constitucional a la

libertad de expresión del abogado y lo ponderen en

relación con la integridad de los pleitos o procedimientos

judiciales en los que éste interviene.

Por tanto, esta segunda oración del Canon 14 es

inconstitucional, por ser vaga. Empero, aun pudiendo AB-2005-130 40

subsanar la vaguedad señalada, la formulación de la

oración en cuestión bien pudiera ser excesivamente amplia,

toda vez que la prohibición que consagra no se ajusta a

los intereses que precisamente legitiman cualquier

prohibición a la libertad de expresión de los abogados.

Por último, la oración que nos ocupa prohíbe que el

abogado emita expresiones extrajudiciales de manera

anónima. Ello, a todas luces, nos parece una limitación

constitucionalmente válida de la libertad de expresión del

abogado, que incide, si acaso, mínimamente sobre ésta. De

otra parte, obligar al abogado a identificarse cuando se

exprese no perjudica injustificadamente su libertad de

expresión. Más bien, esa obligación adelanta intereses de

particular importancia para la sana administración de la

justicia y el eficiente funcionamiento de nuestro sistema

judicial, a saber: la honestidad, la transparencia y la

honradez. Esto, en la medida en que el abogado que haga

expresiones extrajudiciales no podrá esconderse en el

anonimato y, así, evadir la posibilidad de ser sancionado

disciplinariamente, si ello procediera. En consecuencia,

ajustándose al deber general de abstención identificado en

la primera oración del Canon 14 –y al estándar

identificado que condiciona su aplicación–, el abogado,

bajo ninguna circunstancia, deberá expresarse anónimamente

sobre pleitos o procedimientos adjudicativos pendientes en

los que intervenga.

C AB-2005-130 41

Resta evaluar la tercera y última oración del Canon

14. Ésta dispone que “[u]na referencia unilateral o ex

parte a los hechos de un caso debe limitarse a citas

tomadas de los récords y documentos archivados en los

tribunales . . .”. 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 14. De otra

parte, establece que aun en los casos extremos en los que

presuntamente se justificaría que un abogado se exprese,

“es preferible [que éste se] absten[ga] de ofrecer []

declaraciones”. Id. Como se ha dicho, esta oración

contiene, a lo sumo, dos normas distintas, si bien una de

ellas, en propiedad, es una exhortación. Por un lado, se

condicionan las posibles declaraciones unilaterales o ex

parte del abogado a las constancias en los récords o

archivos del caso en el que interviene, sin importar el

efecto que dichas expresiones pudieren tener sobre la

integridad de éste. Por otro lado, se exhorta al abogado a

que, en relación con un pleito o procedimiento

adjudicativo en el que interviene, o intervino, se

abstenga de hacer declaraciones, aun cuando pueda estar

legitimado para ello.

En cuanto a la primera porción de la oración que nos

atañe, es inevitable concluir que la misma es

inconstitucional, al ser excesivamente amplia. Ante todo,

limitar las expresiones permitidas del abogado a citas que

consten en el expediente judicial de determinado pleito o

proceso adjudicativo tiene el efecto de prohibir expresión

que bien pudiera estar protegida, en atención al estándar

discutido en esta opinión, el cual es el presupuesto del AB-2005-130 42

deber de abstención que consagra la primera oración del

Canon 14. Es decir, limitar las expresiones del abogado a

citas textuales de los autos del pleito o proceso

adjudicativo en el que interviene, o intervino, podría

incidir sobre aquellas expresiones extrajudiciales de éste

que razonablemente no puedan afectar la imparcialidad de

dicho pleito o proceso, o afectar la sana administración

de la justicia.

De otra parte, la exhortación final de la oración es

palmariamente incompatible con el deber general de

abstención y el estándar establecido en el análisis

precedente. Por ende, a tenor con tal análisis, la tercera

oración del Canon 14 debe tenerse por no puesta.

VIII

Vista la totalidad del expediente, y las

particularidades fácticas del caso, no procede sancionar

al licenciado Sueiro del Valle al amparo del Canon 14. Las

expresiones extrajudiciales emitidas, públicamente, por el

licenciado Sueiro del Valle se limitaron a expresar lo que

había ocurrido en el foro federal y se hicieron luego de

los medios de difusión se interesaran en el litigio.

Además, dichas expresiones no podían razonablemente

incidir sustancialmente en la imparcialidad del pleito en

cuestión o afectar adversamente la sana administración de

la justicia. Recuérdese, por ejemplo, que cuando el

licenciado Sueiro del Valle emitió sus expresiones, el

foro federal había emitido una sentencia sumaria parcial,

la cual había adjudicado los pormenores sobre los que éste AB-2005-130 43

se expresó. Aun cuando las palabras utilizadas por el

licenciado Sueiro del Valle no hayan sido las más

adecuadas, sus expresiones no contravienen la norma ética

consagrada en el Canon 14. Tampoco podemos perder de vista

que dichas expresiones pretendían, ante todo, proteger los

intereses y la reputación de su cliente en los medios de

comunicación, dado el interés que el pleito suscitó en la

prensa del País. Así, procedía ordenar el archivo de la

queja presentada contra el licenciado Sueiro del Valle.

IX

Toda vez que este Tribunal no ha enmendado los Cánones

de Ética Profesional, considero que no podemos cruzarnos

de brazos. Es decir, nos compete atender aquellos asuntos

inherentes a la regulación de la profesión legal, máxime

cuando éstos inciden en el ejercicio cabal de derechos

constitucionales, tutelados al amparo tanto de nuestra

Constitución como de la Constitución federal. Así, por los

fundamentos antes expuestos, estoy conforme con el

proceder de la mayoría de este Tribunal.

Anabelle Rodríguez Rodríguez Juez Asociada EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Voto particular de conformidad emitido por el Juez Asociado señor Martínez Torres al cual se unió la Jueza Asociada señora PABÓN CHARNECO.

En San Juan, Puerto Rico a 15 de enero de 2016.

Estoy conforme con el archivo de la queja

presentada contra el Lcdo. Roberto Sueiro Del

Valle.

I.

Hoy queda clara, una vez más, la urgencia de

que aprobemos un nuevo Código de Ética Profesional

que se ajuste a las exigencias de la profesión

legal en el Siglo XXI. Resulta lamentable que

debido a la dejadez de este Tribunal por décadas,

algunas de nuestras normas éticas vigentes no se

ajusten al estándar mínimo garantizado por la

Constitución federal, según establecido por el AB-2005-130 2

Tribunal Supremo federal en Gentile v. State Bar of Nevada,

501 US 1020 (1991).

A diferencia de otras ocasiones donde se podía

responsabilizar a las otras dos ramas de gobierno porque

normas arcaicas se mantuvieran vigentes por años, en este

caso eso se debe única y exclusivamente a la falta de

atención de este Tribunal al tema de la responsabilidad

profesional de los abogados en Puerto Rico. Adviértase que

nuestro poder inherente sobre este asunto particular veda

cualquier acción de la Asamblea Legislativa y el Gobernador

dirigida a la adopción de un Código de Ética Profesional que

rija la abogacía y la notaría en Puerto Rico. En palabras más

coloquiales, la bola está en nuestra cancha.

Para llevar a cabo esta reforma comprensiva de nuestro

ordenamiento ético no tenemos que reinventar la rueda. Las

Reglas Modelo de Conducta Profesional de la American Bar

Association (ABA), las cuales rigen de manera uniforme en la

mayoría de las jurisdicciones de Estados Unidos, incluso, en

el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de

Puerto Rico, tienen que ser la ruta a seguir. Estas son

producto de un grupo de trabajo compuesto por estudiosos de

la materia que se encargan de revisarlas y sugerir enmiendas

periódicamente para atender las nuevas necesidades y los

desarrollos de la profesión legal. Además, la ABA cuenta con

el Center for Professional Responsibility, una división

permanente que se encarga, entre otras cosas, de auspiciar

conferencias, publicar libros y una revista jurídica sobre el

tema de responsabilidad profesional. Igualmente, brinda apoyo AB-2005-130 3

a las jurisdicciones que adoptan las Reglas Modelo de

Conducta Profesional de la ABA. No encuentro razón para no

beneficiarnos de ese proceso, así como de todas las

publicaciones y de la jurisprudencia que ya ha interpretado

estas normas.24

En estos momentos el Secretariado de la Conferencia

Judicial y Notarial se encuentra en medio de un proceso de

evaluación de los comentarios presentados por la comunidad

legal en reacción al Proyecto de Código de Conducta

Profesional de Puerto Rico y al Proyecto de Reglas de

Procedimiento para Asuntos Disciplinarios de la Abogacía y la

Notaría, publicados en el 2013. Véanse In re: Extensión

Términos I, 190 DPR 314 (2014); In re: Proy. Conducta Prof. y

Regl. Disc., 189 DPR 1032 (2013). Confío que tan pronto

recibamos el informe del Secretariado podamos adoptar, en el

mayor grado posible, las Reglas Modelo de la ABA.

Por supuesto, al adoptar un cuerpo de normas como

estas siempre habrá que hacerle ajustes menores para

atemperarlos a nuestras necesidades. Lo primordial es que la

regla general en ese proceso tiene que ser adoptar la

totalidad de las Reglas Modelo de la ABA. Descartar

disposiciones particulares debe ser la excepción y solo debe

proceder luego de que se ofrezca una justificación racional.

Ese proceso tampoco puede desnaturalizar la esencia y

coherencia interna de las Reglas Modelo entremezclándolas con

Para una discusión sobre la influencia de la ABA sobre la 24

reglamentación de la conducta profesional en Puerto Rico, véase Guillermo Figueroa Prieto, Propuesta para la reglamentación de la conducta profesional en Puerto Rico, 81 Rev. Jur. UPR 1 (2012). AB-2005-130 4

disposiciones provenientes de otros ordenamientos que no

guardan una relación estrecha con nuestro sistema jurídico.

Eso solo tiene el efecto de dar vida a un “Frankenstein” que

causará más problemas que los que resuelve. Asimismo, hay que

tener presente que en el Derecho, como en otras disciplinas,

cada palabra es importante y cumple un propósito particular.

Por eso, al momento de adoptar las Reglas Modelo hay que

prestar especial atención a la traducción precisa de cada

término, pues un error, o incluso, la omisión de una palabra,

puede tener como efecto cambiar el significado de la norma,

con las consecuencias que ello supone.

II.

En lo pertinente a este caso, la Regla Modelo 3.6 es la

disposición análoga a nuestro Canon 14 de Ética Profesional.

Esta Regla ha sido actualizada en varias ocasiones para

ajustarse al estándar constitucional aplicable. A pesar de

que ese estándar es mucho menos restrictivo que nuestro

actual Canon 14, también ha sido objeto de críticas por no

ser lo suficientemente flexible a la luz del derecho a la

libre expresión garantizado por la Constitución federal.

Véase Erwin Chemerinsky, Silence Is Not Golden: Protecting

Lawyer Speech Under the First Amendment, 47 Emory L.J. 859

(1998). No obstante, a pesar de esos señalamientos, “el

estándar de la Regla Modelo 3.6 ha prevalecido y ha sido

adoptado, aunque con ciertas variaciones, por todas las

jurisdicciones de los Estados Unidos”. Celeste Hilerio

Echevarría, Análisis sobre la libertad de expresión de los

abogados y jueces de Puerto Rico, 83 Rev. Jur. UPR 329, 336 AB-2005-130 5

(2014). No me cabe duda alguna de que si ya hubiéramos

adoptado el lenguaje de esta Regla Modelo, la disposición

del caso que hoy nos ocupa habría sido mucho más sencilla.

III.

Por último, me preocupa el trámite interno que siguió la

queja que originó este procedimiento disciplinario. Esta se

presentó en el 2005 y no es hasta el 2016, más de diez años

después, que disponemos finalmente de ella. Los abogados en

Puerto Rico no pueden estar sujetos a la incertidumbre que

produce un procedimiento disciplinario tan extenso, máxime

cuando lo que está en juego es su licencia para practicar la

abogacía en la Isla. Espero que cuando aprobemos un nuevo

Código de Ética Profesional en un futuro cercano, también

adoptemos las medidas necesarias para garantizar que este

tipo de demora injustificada no se repita y que los

procedimientos disciplinarios en este Tribunal se tramiten

con mayor agilidad y eficiencia.

Rafael L. Martínez Torres Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

RESOLUCIÓN NUNC PRO TUNC

San Juan, Puerto Rico, a 25 de enero de 2016

Se enmienda nunc pro tunc la Resolución emitida el 15 de enero de 2016 a los fines de corregir el último párrafo para que lea como sigue:

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez emitió un Voto Particular de Conformidad al que se une el Juez Asociado señor Estrella Martínez. El Juez Asociado señor Martínez Torres emitió un Voto Particular de Conformidad al que se une la Jueza Asociada señora Pabón Charneco. La Jueza Asociada Oronoz Rodríguez inhibida.

Se corrige además, la primera página del voto particular de conformidad emitido por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez para que lea: Voto Particular de Conformidad emitido por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez al que se une el Juez Asociado señor Estrella Martínez.

Se acompaña la página con la corrección correspondiente para que sea notificada nuevamente conjuntamente con la presente. El original de la página sustituida deberá permanecer en el expediente. AB-2005-130 2

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo