EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re: Queja Juan R. Marchand Quintero 2000 TSPR 134
Número del Caso: AB-2000-0014 y AB-2000-0021
Fecha: 14/09/2000
Oficina del Procurador General:
Hon. Gustavo A. Gelpí Procurador General
Abogado de la Parte Querellada:
Por Derecho Propio
Materia: Conducta Profesional
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Lcdo. Juan R. Marchand Quintero
AB-2000-21 AB-2000-14
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico a 14 de se ptiembre de 2000
La buena marcha del proceso judicial del país es responsabilidad ineludible de todo miembro de la profesión legal. Cánones de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX Parte II Criterio General. Formatted: Spanish (International Sort)
Los incidentes que motivaron la queja de epígrafe ya han
sidofueron examinados por este Tribunal en el caso de
Mélendez Vega v. Caribbean International News y otros, res.
el 29 de junio de 2000, 2000 TSPR _____, 2000 JTS ___108.
En aquella ocasión sostuvimos la corrección de la
descalificación del Licenciado. Juan R. Marchand Quintero
dictada por el Juez de Primera Instancia Hon. Víctor Rivera
González en el trámite AB-2000-21/AB-2000-14 3 AB-2000-21/AB-2000-14 4 AB-2000-21/AB-2000-14 5
del caso Núm. KDP 92-0574. La orden de descalificación
se fundó en una comunicación telefónica ex parte
mediante la cual el letrado participó al Juez la
existencia de una investigación periodística sobre sus
ejecutorias anteriores como juez de lo criminal. Dicho
acercamiento se hizo alegadamente con el propósito de
prevenir al Juez de que EL Vocero solicitaría su
recusación fundado en la probabilidad de publicación de
artículos como resultado de la investigación.
En esta ocasión, nos toca examinar los mismos hechos
que provocaron la descalificación bajo la lupa de
nuestra facultad disciplinaria. La controversia ante
nos se reduce, pues, a determinar si la comunicación del
letrado fue una cortesía profesional o si, por el
contrario, representa un acercamiento indebido contrario
a los postulados de ética profesional. Se impone una
breve recapitulación del contexto en el cual se produce
la llamada y del contenido de la misma.
I
En junio de 1992, la Fiscal Iris Meléndez Vega
presentó una acción de daños y perjuicios por libelo y
difamación contra Caribbean International News Corp.
(corporación que publica el diario El Vocero), Gaspar Formatted: Spanish (International Sort)
Roca, José A. Purcell, Martha Marrero y Héctor Santiago Rivera (en adelante El Vocero), Civil Núm. KDP-92-0574.
Ello por la publicación de una serie de
Para el mes de junio de 1992, la Fiscal Iris
Meléndez Vega presentó acción de daños y perjuicios por
libelo y difamación contra Caribbean International News
Corp. (corporación que publica el diario El Vocero),
Gaspar Roca, José A. Purcell, Martha Marrero y Héctor
Santiago Rivera (en adelante El Vocero), Civil Núm. KDP-
92-0574. Ello por la publicación de una serie de
artículos en el diario, los cuales imputaban a la Fiscal
Meléndez una alegada conducta constitutiva de
hostigamiento sexual a una subalterna del mismo sexo.
Desde los inicios del pleito, el licenciado Marchand
Quintero ha sido uno de los dos abogados que comparecen
en representación de El Vocero.
En los ocho (8) años que ha estado pendiente de
resolución el litigio, diversos incidentes
interlocutorios han sido objeto de recursos ante el
Tribunal de Circuito de Apelaciones (en adelante
Tribunal de Circuito) y ante este Tribunal. Tanto a
nivel de instancia como a nivel apelativo, el caso fue
reasignado en numerosas ocasiones. La mayoría de las
reasignaciones respondieron a inhibiciones voluntarias o solicitudes de recusación presentadas por el licenciado
Marchand Quintero.
En instancia, un total de seis (6) jueces y un (1)
Comisionado Especial habían intervenido en el caso sin
que se hubiese comenzado a celebrar la vista en su
fondo. Con relación a los incidentes que llegaron al
Tribunal de Circuito, cuatro (4) paneles íntegros y por
lo menos diez (10) jueces individuales se inhibieron de
participar en cualquier incidente relacionado al caso.
No es difícil prever que todos éestos tropiezos
provocaron una situación crítica de atraso para los
procedimientos del pleito.
En vista de ello y en aras de acelerar la solución
del caso, el 26 de enero de 2000, el Honorable. Carlos
Rivera Martínez, Juez Administrador del Centro Judicial
de San Juan, asignó el caso mediante orden
administrativa al Honorable. Víctor M. Rivera González.
Al día siguiente de serle asignado el caso, el
Hon.orable Rivera González coordinó por teléfono una
reunión con los abogados de las partes para el 1 de
febrero a las 4:00 P.M. El objeto de la vista era
evaluar si existía posibilidad de transigir las causas
de acción o, en la alternativa, evaluar la
disponibilidad de los abogados y las partes para señalar
el comienzo del juicio para dentro de las dos (2)
semanas siguientes. Llegado el día de la reunión, el licenciado Marchand
Quintero llamó a la oficina del Honorable Rivera
González. La llamada dse efectuó aproximadamente a las
12:30 del mediodía. El Juez no se encontraba en ese
momento por lo cual el licenciado Marchand Quintero dejó
un mensaje con la secretaria expresando que le urgía
comunicarse con el magistrado antes de la reunión. Poco
después de la 1:00 de la tarde, el Honorable Rivera
González llamó al licenciado Marchand Quintero en
respuesta al mensaje que éste le dejara. La
subsiguiente conversación entre el letrado y el Juez es
el hecho particular que se nos refiere para el ejercicio
de nuestra jurisdicción disciplinaria.
Al contestar el teléfono, el licenciado Marchand
Quintero comenzó por decirle al Juez Rivera González que
“no sabía cómo expresarle algo, que antes le había
sucedido con otro Juez” 1; que se le había hecho difícil
comunicárselo y que no quería que le cogiera “en frío”
durante la vista. Expresó entonces el letrado que
cuando informó a su cliente, el señor Gaspar Roca,
presidente de El Vocero, que el caso había sido asignado
al Juez Rivera González, el señor Roca le indicó,
“espérate un segundito, hablamos después, porque creo
que tengo algo”. El señor Roca quedó en que cotejaría y
luego le informaría.
1 Se refería al Hon. Ángel G. Hermida Nadal. Continuó el licenciado Marchand Quintero relatando
al Juez que el señor Roca le informó que sus ejecutorias
judiciales en la Sala de lo Criminal durante los años
1998 y 1999 eran objeto de una investigación por parte
del periódico. Añadió, que ya tenían una declaración
jurada. Prosiguió el letrado expresando al Juez que,
tras recibir la información del señor Roca, se había
comunicado personalmente con los investigadores de El
Vocero y destacó el hecho de que éstos eran ex agentes
del Negociado Especial de Investigaciones. Alegó el
licenciado que éstos le informaron que la investigación
“estaba caminando” y que ya tenían documentos,
entrevistas y fuentes informativas.
Como reacción a toda la información que se le
develaba por primera vez, el Juez Rivera González le
indicó al licenciado Marchand Quintero sentirse
agobiado. Además, se defendió asegurando que nunca
había utilizado su puesto para algo ilegal o impropio.
Finalmente, le confirmó al licenciado Marchand Quintero
que la prensa estaba en todo su derecho de investigar
para informar responsablemente y lo invitó a que
reprodujera lo expresado vía telefónica en la reunión
que se celebraría una par de horas más tarde ese mismo
día.
El licenciado recalcó que le preocupaba la
posibilidad de que surgieran artículos periodísticos durante el trámite del caso. Según el letrado, tanto la
eventual publicación como la no publicación de artículos
se prestaría a malas interpretaciones. La publicación
de artículos podía verse como que pretendían
“palanquear” el criterio profesional del Juez, mientras
que la no publicación podía interpretarse como una forma
de congraciarse con él.
Llegada la hora de la vista, a las 4:10 de la tarde,
se celebró la reunión en el salón de sesiones. Según le
había anticipado, el Juez Rivera González invitó al
licenciado Marchand Quintero a que expresara para récord
lo que previamente le había comunicado por teléfono.
Además, lo exhortó a que solicitara un remedio si
entendía que era adecuado. El licenciado Marchand
Quintero accedió a la invitación resumiendo para el
récord el incidente telefónico. Por estar dicha
conversación en la médula de la presente controversia,
reproducimos la versión del licenciado Marchand Quintero
conforme consta en la transcripción de la vista
celebrada el 1 de febrero:
Para efectos de récord, el Lcdo. Juan R. Marchand Quintero. Vuestro Honor, esta mañana, a eso de las 12:05, yo llamé al despacho de Vuestro Honor, no conseguí a nadie. Entonces, lo traté de nuevo como a esto de la una menos veinticinco y su secretaria me indicó que usted estaría de regreso a la 1:00. Puedo estar mal por cinco minutos, pero a la una y cuarto, una y veinte, cojo el teléfono, yo estaba solo en la oficina y era Vuestro Honor. Y le indiqué que esta misma mañana, hoy martes, me indicaron de El Vocero, que se está haciendo una investigación que envuelve las ejecutorias oficiales de Vuestro Honor. Se remontan a cuando usted estaba en la Sala de lo Criminal. Puedo equivocarme, pero estamos hablando de mediados o fines del ‘98, hasta mediados del ’99. Esa es, por lo que sé, esa es la ventana de estudio.
Yo me preocupé, inmediatamente y llamé, hice el contacto, cosa que nunca hago, con los investigadores de El Vocero, que son ex NIE y están haciendo ellos la investigación. Por lo que ellos me dijeron, tienen documentos, han hecho entrevistas, tienen fuentes informativas y la investigación está caminando.
Como yo le indiqué, Vuestro Honor, eso me pone a mí, inmediatamente, a mí como abogado, en una posición que le quise participar y es la siguiente. Primero, por haber gente que sabe que se está investigando, el no publicarse nada con el devenir del tiempo podría interpretarse como que de alguna forma El Vocero ha tratado con manos de seda o, ¡vamos!, con algún propósito malo de aventajarse. Y por el contrario, si estuviese el caso activo ante usted y decidiesen publicar lo que sea que decidan publicar, pues, la gente va a pensar, incluyendo obviamente la parte demandante y su distinguida representación, van a pensar que lo que estamos haciendo es de alguna forma palanqueando el criterio profesional de Vuestro Honor.
De una manera o de otra, es una situación sumamente delicada. Y, en el plano personal, como yo sé que estas cosas suceden, probablemente es a este servidor que le enviarían el producto final, porque es lo usual, de lo que es un borrador de publicación. Si es que lo hacen, es en esa etapa y antes, que me participarían o me incluirían en el equipo de trabajo para una publicación en específico.
Hablé de esto con mi cliente, con el señor Roca, que es parte demandada y tengo las instrucciones de hacer el contacto con usted, el cual hice en la conversación telefónica. Porque no es nuestro propósito tampoco radicar sin prevenir a nadie, sin avisarlo, en forma, vamos a decir, informar, como lo estamos haciendo, el hecho de que estamos solicitando la recusación.
Pero eso, básicamente, Vuestro Honor, esas son mis instrucciones en este momento, de notificarle al Tribunal, de que dada esta situación, entendemos, lo más sano, lo más sano, saludable, es solicitarle la recusación, cosa que sabemos que bajo la Regla 62 se hace con cierta formalidad. Y como yo le indiqué en la llamada telefónica, yo no tendría reparo alguno en obtener las declaraciones juradas de los que están investigando y poner en un sobre lacrado, en algún sitio donde... en un sitio neutro, no tiene que ser un notario, puede ser el depósito del Tribunal”. (Énfasis suplido.)
Tras concluir el relato del licenciado Marchand
Quintero, el juez añadió algunos detalles al recuento
los cuales el licenciado aceptó como acertados.
Entonces, el Juez procedió a ordenar que los
procedimientos se transcribieran y se sometieran a la
consideración de este Tribunal para que evaluáramos si
la conducta del letrado ameritaba ejerciéramos nuestra
jurisdicción disciplinaria. Finalmente, el Juez
descalificó al licenciado Marchand Quintero de continuar
representando a El Vocero en el caso y manifestó que no
habría de inhibirse por no tener prejuicio alguno en
relación con los hechos, partes o litigantes en el caso.
Siguiendo eConforme al trámite que de ordinario, se
da a toda queja en este Tribunal refirió la queja a, la
misma fue referida a la oficina del Procurador General
para su investigación y la preparación del informe
correspondiente. El Procurador General nos ha sometido
un informe detallando los hallazgos de su investigación. Hemos dado oportunidad de expresarse en torno su
contenido al licenciado Marchand Quintero. Además, el
Juez implicado, Hon. Victor M. Rivera González, ha
presentado iniciativa propia una comparecencia especial
en la cual acepta las disculpas que el letrado le
presentó en su comparecencia ante nos. Con el beneficio
de éstas comparecencias, nos encontramos en posición de
resolver.
II
Debemos examinar la conducta del licenciado
Marchand Quintero a la luz de dos (2) de los Cánones de
Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX : (1) la
prohibición de comunicaciones ex parte (Canon 11); y
(2) el deber de evitar hasta la apariencia de conducta
impropia (Canon 38).
El Canon 11 de Ética Profesional versa sobre las
indebidas atenciones e influencias hacia los jueces.
Dicho canon dispone:
Las marcadas atenciones y la hospitalidad inusitada por parte de un abogado hacia un juez traen consigo equívocas interpretaciones sobre los motivos tanto del juez como el abogado y deben evitarse. Un abogado no debe comunicarse ni discutir con el juez en ausencia de la otra parte sobre los méritos de un caso pendiente, y merece ser reprendido por cualquier acción encaminada a obtener especial consideración personal de un juez. Sumo cuidado debe tener el abogado que ocupa un cargo público o político en abstenerse de tratar de ejercer influencia o presión indebida en la tramitación de cualquier asunto sometido a la consideración judicial. (Énfasis suplido.)
De otra parte, el Canon 38 de los Cánones de Ética
Profesional, supra, impone al abogado el deber de evitar
hasta la apariencia de conducta impropia. En lo
pertinente a la controversia ante nos, dicho canon reza:
El abogado deberá esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios personales y debe evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia. En su conducta como funcionario del tribunal, deberá interesarse en hacer su propia y cabal aportación hacia la consecución de una mejor administración de la justicia…
Los cánones antes citados deben interpretarse en
conjunto tomando en consideración que las Reglas 63.1 y
63.2 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A.
Ap. III, los cuales enumeran las circunstancias por las
cuales un magistrado debe abstenerse de intervenir en un
caso y establecen específicamente a la recusación como
el vehículo procesal que debe utilizar la parte que
desee solicitar la inhibición de un juez.
Cuando una parte entienda que está presente alguna
de las circunstancias enumeradas en la en la Regla 63.1
de Procedimiento Civil, supra, y que procede la
inhibición del Juez en el caso, lo que debe hacer es
presentar inmediatamente una solicitud de recusación
formal al Tribunal. Ésta debe ser por escrito y estar
jurada. Así lo dispone claramente la Regla 63.2: Cualquier recusación deberá ser jurada y expondrá los hechos en que se funda. Dicha recusación deberá ser presentada tan pronto el solicitante advenga en conocimiento de la causa de recusación. (Énfasis suplido.)
A la luz de las disposiciones antes citadas resulta
forzoso concluir que la llamada del licenciado Marchand
Quintero fue poco prudente. Ello, aun si asumiéramos
como cierta la alegación del letrado de que la única
intención de la llamada fue tener una “cortesía” con el
Juez. Veamos.
El Canon 11 prohibe no sólo las comunicaciones ex
parte sobre los méritos de un caso, sino también “la
hospitalidad inusitada por parte de un abogado hacia un
juez”. Además, bajo el Canon 38 podría considerarse
contraria a la ética cualquier comunicación ex parte,
aunque no verse sobre los méritos de un caso, siempre y
cuando proyecte una apariencia de impropiedad. Ya hemos
resuelto que la prohibición establecida en el Canon 11
respecto a las influencias o presiones hacia jueces debe
interpretarse “como que prohibe también cualquier
actuación que diese lugar a una apariencia de indebidas
influencias”. Ello, aunque la actuación no haya sido
una mal intencionada. Véase In re: Rodríguez Torres,
104 D.P.R. 758, 766 (1976), según modificado en In re:
Rodríguez Torres, 106 D.P.R. 698 (1978). En aquella
ocasión dictaminamos que: [e]l pretender ejercer influencia – expresa o sutil, real o imaginaria- sobre organismos administrativos o judiciales adjudicativos, es incurrir en conducta impropia… In re Rodríguez Torres, supra.
No puede perderse de vista que, aunque el
licenciado Marchand Quintero no ocupa cargo público o
político alguno, representa en este caso a uno los
medios de comunicación de mayor difusión en el país. Es
innegable que la prensa ostenta un poder igual o mayor
que el de cualquier individuo que en un puesto público o
político. Por ello, al igual que éstos, el
representante legal de un periódico debe ejercer “sumo
cuidado… en abstenerse de tratar de ejercer influencia o
presión indebida en la tramitación de cualquier asunto
sometido a la consideración judicial.” Después de todo,
eEl propósito de la restricción incluida en el Canon 11,
supra, es evitar presiones por parte de abogados que por
cualquier circunstancia se encuentren en una posición de
poder.
El licenciado Marchand Quintero está plenamente
consciente de que se encuentra en dicha posición, así lo
admite en su comparecencia ante nos: “si uno es visto
como el abogado que representa a un reconocido poder
publicitario, entonces cualquier llamada telefónica
podría percibirse como algún tipo de táctica de presión,
sin importar su intención o contenido”. Sin embargo, en
este caso el contenido de la llamada constituye precisamente el segundo elemento que mueve nuestro ánimo
a resolver que el acercamiento del letrado fue impropio.
El licenciado Marchand Quintero llamó al Juez para
alertarle de que se conducía una investigación
periodística sobre sus ejecutorias y que con toda
probabilidad se publicarían artículos, presumiblemente
peyorativos, como resultado en El Vocero. Hasta el
momento en que se produce la llamada, ni siquiera
existía fundamento para que el Juez se inhibiera. No
puede causarle prejuicio o parcialidad alguna al
magistrado una situación que desconoce.
El letrado pretende solicitar la inhibición del
Juez a base de una mera especulación sobre la posible
ocurrencia de un evento futuro: la publicación de
artículos como resultado de la investigación de las
ejecutorias oficiales pasadas del Juez. Sin embargo,
hasta que no se materializa la publicación de los
artículos, ni siquiera existe una posible causa de
recusación. Como vimos, las Reglas de Procedimiento
Civil exigen para que se presente una recusación que el
motivo sea un hecho comprobado. La probabilidad de
ocurrencia de una situación hipotética no es suficiente.
En In re Criado Vázquez, 108 D.P.R. 642 , 643 (1979),
enfatizamos la importancia de que el abogado que
solicita la recusación tenga certeza sobre las bases en
que fundamenta una solicitud de recusación,
especialmente cuando se invocan fundamentos con implicaciones éticas para el magistrado. En lo
pertinente allí expresamos que:
El abogado, en el descargo de su responsabilidad como representante de su cliente, debe actuar sin temor cuando tiene motivos fundados para solicitar la inhibición de un juez. Debe, sin embargo, ser cauteloso sobre todo cuando el motivo de inhibición que invoca acusa conducta del juez reñida con la ética judicial. Y mientras más grave sea la imputación, mayor debe ser su ponderación de las bases de la misma. (Énfasis suplido.) In re Criado Vázquez, Id. a la pág. 643.
Aúun si interpretáramos que el mero hecho de que un
periódico investigue la conducta de un juez constituye
fundamento suficiente para solicitar su recusación, cosa
que este Tribunal ha rechazadorechazó expresamente en
Meléndez Vega v. Caribbean International News y otros,
supra, a la pág. ___1405, el licenciado Marchand
Quintero estaba obligado a presentar la recusación
formal al foro de instancia tan pronto adviniera en
conocimiento de la causa de recusación. Véase la Regla
63.2 de Procedimiento Civil, supra.
No es necesario anticiparle a un juez la existencia
de una posible causa de recusación. El acto mismo de
adelantarle este tipo de información sin haber radicado
la moción se presta a diversas interpretaciones. En el
mejor de los casos, se puede interpretar como que
pretende forzar la inhibición voluntaria del juez sin que se presente la solicitud formal. En el peor, podría
tomarse como una forma de amenaza o de influencia
indebida a un juzgador lo cual está tipificado como
delito grave bajo nuestro Código Penal.2
El propio licenciado Marchand Quintero en su
comparecencia ante nos acepta que “independientemente de
nuestra intención para hacer la llamada, la apariencia
2 El aArt. 247 Del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4443, tipifica como delito grave enl intentar:
…influir sobre algún juez, jurado o persona citada o sorteada como tal, o elegida o nombrada como arbitro, o persona autorizada por ley para oír y resolver una cuestión o controversia, por lo que respecta a su veredicto a [sic] decisión en cualquier causa o procedimiento que se hallare pendiente ante ella o que fuere a ser sometida a sus resolución, valiéndose a los efectos de algunos de los siguientes métodos:
(a) Cualquier comunicación, oral o escrita, tenida con dicha persona, excepto en el curso ordinario de los procedimientos. (b)(a) … (b) ... Formatted: Bullets and Numbering (c) Cualquier amenaza, intimidación, persuasión o súplica.[…] ()Énfasis suplido.
En la situación de autos, por ejemplo, podría interpretarse que el Juez Rivera González al ser confrontado con que se pretende solicitar formalmente su recusación, debe resolver si se inhibe o no voluntariamente. Ciertamente se trata de un incidente, “una causa”, que el juzgador debe resolver y no resulta irrazonable concluir que la llamada del licenciado Marchand Quintero tiene el potencial de influir indebidamente en esa decisión particular del magistrado de inhibirse motu proprio o negarse a hacerlo para que se le pruebe la necesidad de inhibirse en un procedimiento de recusación ordinario. misma de la llamada telefónica no fue la mejor”. No
podemos rebasar la elocuencia con la cual el Juez Rivera
González expresó en su resolución de descalificación la
diversidad de interpretaciones que puede generar este
tipo de acercamiento:
¿Qué se pretende con el adelanto de información que posiblemente pueda utilizarse como base para solicitar la recusación?
¿Se pretende persuadirlo para que se inhiba a iniciativa propia? ¿Puede considerarse lo expresado como una forma de intimidación o amenaza si el juez expresa su determinación de no inhibirse? ¿Genera este anticipo de información animosidad o agradecimiento hacia
quien lo provee?
En este caso en particular, nos impresiona que se le
adelantaron todos los detalles de la investigación al
Juez y se cualificó a los investigadores como expertos
en materia de investigación, ex agentes del N.I.E.,
antes de siquiera mencionar la intención de solicitar la
recusación. Luego, en un estilo más propio de una
película de intriga que de cortesía judicial, el
licenciado ofrece al Juez poner a su disposición “en un
lugar neutro” y en “un sobre lacrado” las declaraciones
juradas que apoyan la información que le adelanta.
Todo ello sin el conocimiento de la otra parte y a
sabiendas de la posición de poder en la que se encuentra su cliente y de la trayectoria procesal sumamente
accidentada y de retraso que lleva el caso. Además,
coinciden éestos elementos con el hecho de que se
publicaron artículos periodísticos sobre otros de los
jueces que se inhibieron o recusaron anteriormente. Sin
que se entienda que este es el curso apropiado, si lo
que se pretendía era meramente prevenir al Juez, hubiese
bastado una comunicación escueta a los efectos de que
presentarían una recusación basada en que existía una
investigación periodística en curso.3
No podemos sino concluir que, cuando menos, la
comunicación iba dirigida a forzar la inhibición
voluntaria del Juez Rivera González y a dilatar,
intencionalmente o no, aún más la resolución final del
caso. En su versión de los hechos vertida para récord,
el licenciado Marchand Quintero establece claramente que
sus instrucciones eran a los efectos de “solicitarle” al
propio Juez, mediante esa llamada, “su recusación”.
3 En In re Rivera Cruz, 126 D.P.R. 768 (1990) este Tribunal mediante resolución declinó ejercer su jurisdicción disciplinaria ante una situación parecida a la del caso de autos. Allí, sin embargo, la situación de hechos con la cuál nos enfrentamos aquel caso y entendemos, sin refrendar es claramente distinguible de la conducta del licenciado Marchand Quintero.
Primero, y sin que se entienda que estamos avalando este proceder, allí se comunicó de forma indirecta la intención de presentar una recusación si el juez implicado no se inhibía voluntariamente. En aquella ocasión se telefoneó al Juez Administrador del Tribunal para que éste a su vez transmitiera el mensaje al juez a ser recusado. Cabe señalar, que probablemente le hubiese tocado a dicho Juez Administrador dilucidar inicialmente el destino de una recusación presentada formalmente. En segundo lugar, en aquel caso los fundamentos invocados como base para la inhibición eran de pleno conocimiento del juez a ser recusado. En el caso de autos, el Juez Entendemos que lo que el licenciado pretendía era
solicitarle su inhibición voluntaria (ya que sólo otro
juez podría conceder una recusación) y, si fallaba esa
propuesta, presentar una recusación formal. ¿Hubiese
presentado el licenciado Marchand Quintero su solicitud
formal de recusación aunque el Juez se hubiese inhibido
voluntariamente esa tarde? Creemos que no.
Si se tienen motivos sólidos para recusar a un juez
lo más correcto es presentarlos primero de formal y
públicamente ante el Tribunal. Ello protege la imagen e
integridad de los jueces de recusaciones infundadas y
evita interrupciones innecesarias a los procedimientos
que se ventilan ante los jueces recusados. En la medida
en que la Regla 63.2 de Procedimiento Civil exige que la
solicitud de recusación sea escrita, jurada y radicada
ante el tribunal, la parte que recusa y su representante
legal quedan sujetos a sanciones por solicitudes
frívolas.
Si se quiere tener una consideración con el juez,
puede presentáarsele copia de cortesía de la recusación
o anunciarle en corte abierta el hecho de su
presentación. Avalar que se informe verbal e
informalmente a un juez de la intención y fundamentos
para solicitar una recusación no soólo se presta a que
se trate de amedrentare al magistrado con razones
infundadas, sino que resulta extremadamente conveniente
Rivera González ignoraba por completo la existencia de las supuestas para la parte y su abogado pues les brinda la
oportunidad de tratar depermite lograr la inhibición
deseada sin tener que asumir latomar responsabilidad
pública quepor sus alegaciones implican. No debe
olvidarse que en ocasiones los fundamentos invocados
como causas de inhibición ponen en duda no soólo la
capacidad del juez para resolver imparcialmente una
controversia particular, sino además su integridad
profesional y personal. Resulta contrario a la imagen
del tribunal y a la mejor administración de la justicia
discutir estos asuntos a puertas cerradas.
Diferimos del licenciado en que la comunicación ex
parte evita al magistrado “la triste situación de ser
abordado en corte abierta y ante terceros respecto a un
asunto tan delicado”. El que exista una causa para la
inhibición o se presente una recusación no debe ser una
situación vergonzosa para un juez. Por el contrario, se
trata simplemente la utilización de una herramienta más
del ordenamiento procesal para garantizar la solución
justa, rápida y económica de los pleitos. Lo que se
pretende es que no quede sombra de duda alguna que pueda
minar la confianza pública en el sistema de impartir
justicia. La transparencia de la gestión judicial debe
ser motivo de orgullo para un juez y la no participación
en un caso es sólo un deber más necesario para el
descargo adecuado de sus funciones.
causas de inhibición informadas por el licenciado Marchand Quintero. En resumen, resolvemos que resulta impropia la
comunicación ex parte de un abogado dirigida a
anticiparle a un juez la intención y fundamentos para
solicitarle su inhibición mediante presentación de
recusación. Tal tipo de acercamiento telefónico ex
parte de un abogado a un juez viola los Cánones 11 y 38
de Ética Profesional.El acercamiento telefónico ex parte
del licenciado Marchand Quintero violó los Cánones 11 y
38 de Ética Profesional.
No obstante, reconocemos que en la medida en que
este Tribunal declinó ejercer su jurisdicción
disciplinaria ante hechos similares en In re: Rivera
Cruz, 126 D.P.R. 768 (1990)supra, nuestro curso de
acción allí pudo haber creado en algunos abogados la
impresión de que dicha conducta resultaba permisible.
Igualmente, ha influido nos ha impresionado
favorablemente en nuestro ánimo tanto el que el letrado
haya aceptado la apariencia impropia de sus actos, como
el que éste se haya disculpado formalmente con el
magistrado Rivera González. NIgualmente no hemos podido
ignorar el hecho que en veintiséeis (26) años de
práctica privada activa de la abogacía, éste sea el
primer asunto disciplinario que se presenta contra el
licenciado Marchand Quintero.
Por los fundamentos antes expuestconsignados,
pautamos la norma aquí consignada para que se aplique de
forma prospectiva.se limita En consecuencia, intimamos a la clase togada de Puerto Rico a no incurrir en este
tipo de conducta. Se apercibe que el incumplimiento con
lo aquí pautado podría dar lugar al ejercicio de nuestra
jurisdicción disciplinaria y a la imposición de serias
sanciones.la sanción disciplinaria del licenciado
Marchand Quintero a una amonestación y un apercibimiento
de incurrir en este tipo de conducta en el futuro.
Se dictará sentencia de conformidad. . EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
SENTENCIAPER CURIAM
La buena marcha del proceso judicial del país es responsabilidad ineludible de todo miembro de la profesión legal. Cánones de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX Parte II Criterio General.
Los incidentes que motivaron la queja de epígrafe ya han sido examinados por este Tribunal en el caso de Mélendez Vega v. Caribbean International News y otros, res. el 29 de junio de 2000, 2000 TSPR _____, 2000 JTS ___. En aquella ocasión sostuvimos la corrección de la descalificación del Licenciado Juan R. Marchand Quintero dictada por el Juez de Primera Instancia Hon. Víctor Rivera González en el trámitePor los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam que antecede y con relación a la acción disciplinaria contra el licienciado Marchand Quintero, se dicta sentencia ordenando el archivo del caso. La norma antes consignada se aplicará de forma prospectiva. Intimamos a la clase togada de Puerto Rico a no incurrir en este tipo de conducta. Se apercibe que el incumplimiento con lo aquí pautado podría dar lugar al ejercicio de nuestra jurisdicción disciplinaria y a la imposición de serias sanciones. Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria de Tribunal Supremo. Los Jueces Asociados señores Rebollo López y Fuster Berlingeri no intervinieron.
Isabel Llompart Zeno Secretaria del Tribunal Supremo