EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re: 2013 TSPR 91
189 DPR ____ Gumersindo Colón Hernández
Número del Caso: CP-2011-1
Fecha: 17 de julio de 2013
Oficina del Procurador General:
Lcdo. Luis Román Negrón Procurador General
Lcda. Tatiana Grajales Torruella Sub Procuradora General
Lcda. Yaizamarie Lugo Fontánez Procuradora General Auxiliar
Comisionada Especial:
Hon. Eliadís Orsini Zayas
Materia: Conducta Profesional – La suspensión del abogado será efectiva el 7 de agosto de 2013 fecha en que se le notificó al abogado de su suspensión inmediata.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re: CP-2011-1 Conducta Gumersindo Colón Profesional Hernández
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 17 de julio de 2013.
I
El Lcdo. Gumersindo Colón Hernández (licenciado Colón
Hernández) fue admitido al ejercicio de la abogacía el 14
de abril de 1978 y prestó juramento como notario el 15 de
junio de 1978. El 19 de enero de 2011, la Procuradora
General presentó una Querella sobre conducta profesional
contra este a raíz de una Queja instada en su contra.
Procedemos a relatar los acontecimientos que motivaron la
presentación de la Queja según surgen del expediente sobre
su gestión profesional.
El 10 de agosto de 2009, la Sra. María S. Rosario
Osorio (la quejosa o señora Rosario Osorio) instó una
Queja ante la Oficina de la Procuradora General contra el
licenciado Colón Hernández.1 Alegó que había contratado
sus servicios para presentar una Petición de Expediente de
Dominio sobre una finca. Planteó que el licenciado Colón
1 Cabe señalar que el 16 de noviembre de 2012 se presentó la Queja AB- 2012-445 contra el licenciado Colón Hernández. 3 CP-2011-1
Hernández le peticionó inicialmente la suma de quince mil
dólares ($15,000) y posteriormente cinco mil dólares
($5,000) adicionales. Alegó que comenzado el caso dejó de
comunicarse con ella y de informarle sobre los
procedimientos. También sostuvo que el licenciado Colón
Hernández no le contestaba las llamadas. Finalmente, el
tribunal emitió una Resolución desestimando la petición.
El 12 de noviembre de 2012, el licenciado Colón
Hernández contestó la Queja. Evaluada la misma, la
Oficina de la Procuradora General se comunicó con la
quejosa a fin de aclarar ciertas interrogantes surgidas.
En cumplimiento con lo ordenado la quejosa presentó una
comunicación donde reiteró lo expuesto en la Queja y
apuntó que la última reunión con el licenciado Colón
Hernández fue el 21 de julio de 2009, fecha en que se le
entregó copia de la Resolución del Tribunal de Primera
Instancia. Indicó que en esa ocasión el licenciado Colón
Hernández le expresó que apelaría y que necesitaría un
agrimensor cuyos honorarios debía sufragar. La señora
Rosario Osorio señaló que, contrario a lo intimado en su
contestación, el licenciado Colón Hernández no realizó
estudio de título alguno de la finca. La quejosa entendió
que el caso se trabajó incorrectamente o que el licenciado
Colón Hernández no contaba con suficiente conocimiento de
la materia. Finalmente, la quejosa sostuvo que el trabajo
realizado no valía los veinte mil dólares ($20,000) 4 CP-2011-1
pagados en honorarios de abogado, por lo que peticionó la
devolución de quince mil dólares ($15,000).
Por su parte, el licenciado Colón Hernández alegó que
el 25 de agosto de 2005 la quejosa lo contrató para
realizar la Petición de Expediente de Dominio de dos (2)
fincas. Acordaron un depósito de quince mil dólares
($15,000) para gastos y honorarios, a razón del quince por
ciento (15%) del valor de la propiedad. Se pactó,
conforme alegado, que trabajaría en una finca a la vez, a
saber la de diecisiete (17) cuerdas primero. Planteó que
su primera gestión fue contratar a un paralegal para que
realizara el estudio de título por índice de personas.2 No
obstante, alegó que no estuvo conforme con el trabajo
hecho por lo que acudió personalmente al Registro de la
Propiedad para hacer su propio estudio del tracto de la
finca. Luego de recibir cierta información de la quejosa,
el 5 de octubre de 2005 preparó un primer borrador de la
Petición de Expediente de Dominio y posteriormente se
comunicó con un agrimensor para que estudiara la finca y
sometiera su contrato. Resuelto el asunto del agrimensor,
el licenciado Colón Hernández presentó la Petición de
Expediente de Dominio en el año 2006 bajo el número
EJV2006-0-942. Expresó que para la presentación de la
Petición de Expediente de Dominio tuvo que solicitar tres
(3) Certificaciones, toda vez que las primeras dos (2) se
prepararon pero no le notificaron por lo que perdieron su 2 Dicha gestión tuvo un costo de ciento veinte dólares ($120.00). 5 CP-2011-1
vigencia.3 A su vez, señaló que durante el procedimiento
fue necesario emplazar a nueve (9) partes con interés,
seis (6) de ellas mediante edictos.4
Además de las gestiones descritas, el licenciado Colón
Hernández señaló que se reunió en dos (2) ocasiones en la
Fiscalía de Caguas así como con el Jefe de la Sección de
Expedientes de Dominio de la Oficina Asesora
Administración de Propiedades del Departamento de
Transportación y Obras Públicas quien no endosó la
Petición presentada toda vez que la propiedad objeto de la
misma invadía una servidumbre de 7.50 metros desde el
centro de la Carretera PR-173. Ante esta negativa el
licenciado Colón Hernández sostuvo varias reuniones que
lograron el endoso de la Petición siempre y cuando se
cumplieran con varios requisitos.
En cuanto a las alegaciones de la quejosa de falta de
comunicación, el letrado informó que se reunió en no menos
de cinco (5) ocasiones. Expresó que siempre atendía las
llamadas de la señora Rosario Osorio. Por último, apuntó
que nunca le prometió a la quejosa que ganarían el caso.
Sostuvo que fue preparado al juicio e incluyó a los tres
(3) testigos que exige la ley. Indicó que una vez
recibida la Resolución del Tribunal de Primera Instancia
3 Expresó que cada Certificación tuvo un costo de cincuenta y cinco dólares ($55.00) para un gasto total de ciento sesenta y cinco dólares ($165.00). Lo anterior según planteado no contaba los viajes realizados al Registro de la Propiedad. 4 Esta gestión tuvo un costo total de dos mil ochocientos dólares ($2,800) así como veintisiete dólares con cuarenta y cinco centavos ($27.45) en cartas certificadas. 6 CP-2011-1
la llamó a su Oficina para discutir la misma. Le informó a
las partes que lo resuelto daba espacio para una acción
civil contenciosa y se puso a la disposición de la
quejosa.
Así las cosas, la Oficina de la Procuradora General
hizo un requerimiento de información adicional al
licenciado Colón Hernández. En esta ocasión el licenciado
Colón Hernández informó haberle entregado el expediente a
la quejosa el 8 de marzo de 2010.
Evaluada la Queja el 2 de septiembre de 2010 la
Oficina de la Procuradora General presentó su Informe.
Luego de examinar tanto el Informe de la Procuradora
General, como la Contestación a Informe de la Honorable
Procuradora General, el 10 de diciembre de 2010 instruimos
a la Procuradora General a presentar la Querella
correspondiente. El 19 de enero de 2011, la Procuradora
contra el licenciado Colón Hernández imputándole un (1)
cargo por violación al Canon 23 de Ética Profesional, 4
L.P.R.A. Ap. IX.5
Mediante Orden, peticionamos al licenciado Colón
Hernández a contestar la Querella incoada en su contra.
5 La Procuradora General presentó el cargo siguiente:
CARGO I El licenciado Gumersindo Colón Hernández violentó los preceptos enunciados en el Canon 23 de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 23, el cual dispone que la naturaleza fiduciaria de las relaciones abogado y cliente estén fundadas en la honradez absoluta y que se debe dar pronta cuenta del dinero u otros bienes que vengan a su posición sin permitir que estos se mezclen con los suyos. 7 CP-2011-1
Finalmente, y luego de una solicitud de prórroga, el
licenciado Colón Hernández presentó su Contestación a la
Querella.
Luego de los trámites de rigor, el 20 de julio de 2011
designamos a la Hon. Eliadís Orsino Zayas, como
Comisionada Especial para atender el procedimiento de
autos. Tras celebrar una vista evidenciaria, la
Comisionada Especial rindió su Informe en el que determinó
que, aquilatada la prueba documental y testifical, el
licenciado Colón Hernández había incurrido en la conducta
imputada. Además, la Comisionada Especial expresó que de
los documentos y las admisiones del letrado se sostenía
que este también violó los Cánones 18, 24 y 38 de los de
Ética Profesional, supra.
Sometido el caso ante nuestra consideración, y
contando con el beneficio del Informe de la Comisionada
Especial y de la Procuradora General, así como la
contestación del licenciado Colón Hernández, resolvemos.
II
En el caso de autos se le imputa al licenciado Colón
Hernández violar el Canon 23 de los de Ética Profesional,
supra. Como expresáramos, la Comisionada Especial también
nos plantea la violación de los Cánones 18, 24 y 38 de los
de Ética Profesional, supra, tras examinar los documentos
y admisiones del licenciado Colón Hernández. Estas
violaciones no fueron imputadas al letrado en la Querella 8 CP-2011-1
de 19 de enero de 2011. Examinemos este planteamiento en
primer lugar.
Comencemos señalando que en In re Ríos Ríos, 175
D.P.R. 57 (2008), resolvimos que los abogados tienen un
interés propietario en el ejercicio de la profesión legal.
A tales efectos, los abogados son acreedores de las
garantías que ofrece la vertiente procesal del debido
proceso de ley en aquellos procedimientos disciplinarios
en que esté en juego su título.
Así, en In re Pérez Riveiro, 180 D.P.R. 193, 200
(2010), identificamos las garantías mínimas. Destacamos la
naturaleza cuasi penal de los procedimientos
disciplinarios y resolvimos que en estos, el debido
proceso de ley ―se satisface siempre que se le provea al
abogado querellado la oportunidad de responder y
defenderse de los cargos imputados y notificados, así como
de las teorías en las que se basen‖. Íd. pág. 200.
Asímismo, concluimos que:
... la práctica de enmendar tácitamente la querella, a base de la prueba presentada, para sancionar a un abogado por violaciones al Código de Ética Profesional que no fueron imputadas en la querella es incompatible con la naturaleza de los procedimientos disciplinarios de los abogados y viola el debido proceso de ley. Las enmiendas a las alegaciones mediante la prueba es un concepto propio de los procesos civiles […] que no tiene equivalente en el ámbito penal. Por lo tanto, aceptarlas en los procedimientos disciplinarios equivaldría a equipararlos con los procesos civiles ordinarios. Íd. 9 CP-2011-1
Empero, en In re Rodríguez Plaza, 182 D.P.R. 328, 342
(2011) y en In re Martínez Almodóvar, 180 D.P.R. 805
(2011), reconocimos que esta norma no es rígida ni
inflexible. Al respecto, hemos expresado que:
... a modo de excepción, en las instancias en donde el expediente ante la consideración del Tribunal refleje que, en cuanto a la conducta impropia adicional, se le han salvaguardado al querellado todas las garantías que emanan del debido proceso de ley, el Tribunal podrá —si lo estima apropiado— evaluar y atender esa conducta adicional en el mismo procedimiento disciplinario, sin necesidad de referirla al procurador general. Sólo así protegeremos efectivamente las garantías constitucionales del abogado querellado y no se menoscabará su oportunidad de preparar adecuadamente su defensa ni se le impedirá velar por su sustento. In re Martínez Almodóvar, supra, págs. 825-826. Por otro lado, La Regla 14 del Reglamento del Tribunal
Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, establece que le
corresponde al Comisionado Especial designado celebrar una
vista para recibir la prueba. Por lo tanto, sus
determinaciones fácticas merecen nuestra mayor deferencia.
Ahora bien, de igual manera hemos resuelto que, aunque
este Tribunal no está obligado a aceptar el Informe del
Comisionado Especial nombrado para atender una querella
contra un abogado, pudiendo adoptar, modificar o rechazar
tal Informe, de ordinario sostenemos las conclusiones de
hecho de un Comisionado Especial salvo que se demuestre
prejuicio, parcialidad o error manifiesto. In re Torres
Viñals, 180 D.P.R. 236 (2010).
Así las cosas, en su Informe la Comisionada Especial
concluyó que la utilización de un vehículo legal 10 CP-2011-1
inaplicable por el licenciado Colón Hernández a la
situación que atendía constituyó una violación al Canon
18; que solicitar honorarios al considerar factores
externos y en exceso al valor de su trabajo violó el Canon
24; y que finalmente se configuró la violación del Canon
38. También sometió el contenido del Contrato de Servicios
Profesionales para que determinemos si este viola el Canon
19.
Al examinar el expediente ante nos, no consideramos
apropiado atender las violaciones éticas adicionales
señaladas por la Comisionada Especial. Esto pues, tanto
los escritos de la Procuradora General como los del
licenciado Colón Hernández se limitan a exponer sobre la
imputada violación al Canon 23. Asimismo, aunque de la
Minuta de la Vista Inicial de 9 de febrero de 2012 surge
que la Comisionada Especial trajo a la atención del
querellado y de la Oficina del Procurador General estas
posibles violaciones éticas, añadió que si en la próxima
vista la Oficina de la Procuradora General le indicaba que
solo tenía prueba para sostener lo imputado, así lo
aceptaría. Así las cosas, la Oficina de la Procuradora
General manifestó que solo contaba con prueba para
sostener la violación al Canon 23. Por otro lado, tampoco
contamos con reacción alguna del querellado respecto al
Informe de la Comisionada Especial.
Aclarado lo anterior, examinemos las disposiciones
pertinentes. 11 CP-2011-1
Reiteradamente hemos señalado que los Cánones de
Ética Profesional establecen las normas mínimas de
conducta que rigen a los miembros de la profesión legal en
el desempeño de su delicada e importante labor. In re
Peña, Rojas, 185 D.P.R. 764 (2012), In re Birriel Cardona,
184 D.P.R. 301 (2012); In re Muñoz, Morell, 182 D.P.R. 738
(2011); In re Torres Viñals, supra.
En lo pertinente, el Canon 23 de los de Ética
Profesional, supra, dispone:
La naturaleza fiduciaria de las relaciones entre abogado y cliente exige que éstas estén fundadas en la honradez absoluta. En particular, debe darse pronta cuenta del dinero u otros bienes del cliente que vengan a su posesión y no debe mezclarlos con sus propios bienes ni permitir que se mezclen.
Cuando un abogado retiene fondos de sus clientes,
dicha acción constituye una práctica altamente lesiva a la
profesión legal. In re Rivera Lozada, 176 D.P.R. 215
(2009). Dicha conducta lesiona la naturaleza fiduciaria
que rige la relación entre el abogado y su cliente.
Además, afecta la imagen de dignidad e integridad que debe
guardar y proyectar todo abogado y la reputación de la
profesión legal en la comunidad. Ni la devolución del
dinero retenido al cliente, ni la falta de intención para
apropiárselos permanentemente eximen a un abogado de la
sanción disciplinaria correspondiente. En ese contexto
hemos expresado que la dilación en la devolución de los
fondos de por sí es causa suficiente para infringir el 12 CP-2011-1
Canon 23. Id.; In re Bonilla Berlingeri, 175 D.P.R. 897
(2009); In re Ríos Ríos, supra.
Con estos preceptos en mente, atendemos la violación
ética imputada.
III
El Contrato suscrito entre la querellante y el
licenciado Colón Hernández contiene una cláusula que
expresa lo siguiente: ―Un depósito de $15,000 para gastos
y adelanto. Honorarios serán el 15% del valor de cada
propiedad, que son dos‖. Así pactado, la querellante
entregó la suma de veinte mil dólares ($20,000) al
licenciado Colón Hernández.
Sostiene la Procuradora General que las partes
acordaron honorarios por contingencia y que al no
prevalecer, el letrado tiene derecho a ser compensado solo
por los gastos incurridos. Calcula estos gastos en no más
de cinco mil dólares ($5,000). Concluye que la retención
de los restantes quince mil dólares ($15,000) constituye
una violación al Canon 23 de Ética Profesional, supra. La
Comisionada Especial coincide con esta conclusión.
Por su parte, el licenciado Colón Hernández sostiene
que el Contrato suscrito era un contrato mixto por el que
recibiría quince mil dólares ($15,000) en concepto de
honorarios más un quince por ciento (15%) adicional por
contingencia. Esto pues, expresa el licenciado Colón Hernández
que:
[l]os honorarios finales serían en base al valor de tasación una vez finalizado el caso, pues el deseo de 13 CP-2011-1
nuestra cliente era vender las tierras. Nos había informado la misma que allí se estaba vendiendo la cuerda a sobre setenta mil dólares, lo que generaría una ganancia de sobre un millón de dólares. Y ella estaba dispuesta a pagar el 15% en honorarios sobre esa cantidad.6
Indica que el adelanto recibido era parte de los
honorarios de abogado. Añade que ―[p]or eso lo utilizamos
y se dispuso de los mismos‖.7
Evaluados estos hechos, y conforme reseñado, la
Comisionada Especial entendió que el licenciado Colón
Hernández incurrió en violaciones al Canon 23, supra.
Al igual que la Comisionada Especial, somos del
criterio que el Contrato de honorarios era de honorarios
contingentes y que el dinero dado por la quejosa era para
los gastos. La cláusula pertinente no permite otra
lectura. Tal como hemos expresado: a los fines de las
relaciones profesionales entre un abogado y su cliente se
conocen como honorarios contingentes de dicho profesional
el acuerdo entre las partes de que el abogado será
compensado si gana el caso y en proporción a la cuantía
concedida en la sentencia. Colón v. All Amer. Life and
Cas. Co., 110 D.P.R. 772 (1981). A tales efectos, las
únicas contingencias que contempla tal definición es que
el abogado o abogada gane el caso y que se pacten los
honorarios en proporción a una cuantía sobre la cantidad
de compensación que se consigne en la Sentencia.
6 Contestación a la Queja, pág. 3. 7 Contestación a Querella de la Honorable Procuradora General, pág. 1. 14 CP-2011-1
Por lo tanto, al descontar los gastos incurridos por
el letrado, este debe devolver la suma restante. El
licenciado Colón Hernández incurrió en violación al Canon
23 de Ética Profesional, supra, al mantener y disponer de
este dinero.
IV
Por los fundamentos antes expresados, suspendemos al
licenciado Colón Hernández del ejercicio de la abogacía
por el término de un (1) año a partir de la notificación
de la presente Opinión Per Curiam.
El licenciado Colón Hernández tiene el deber de
notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para
continuar representándoles y devolverá a éstos los
expedientes de los casos pendientes así como los
honorarios recibidos por trabajos no realizados. Deberá
también informar oportunamente de su suspensión a los
foros judiciales y administrativos del país. De igual
forma, debe certificar a este Tribunal dentro del término
de treinta (30) días el cumplimiento con lo aquí
dispuesto. A su vez, deberá devolverle a la señora Rosario
Osorio la suma de quince mil dólares ($15,000).
Se dictará Sentencia de conformidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re: CP-2011-1 Conducta Gumersindo Colón Profesional Hernández
SENTENCIA
Por los fundamentos antes expresados, suspendemos al licenciado Colón Hernández del ejercicio de la abogacía por el término de un (1) año a partir de la notificación de la presente Opinión Per Curiam.
El licenciado Colón Hernández tiene el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad para continuar representándoles y devolverá a éstos los expedientes de los casos pendientes así como los honorarios recibidos por trabajos no realizados. Deberá también informar oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos del país.
De igual forma, deberá certificar a este Tribunal dentro del término de treinta (30) días el cumplimiento con lo aquí dispuesto. A su vez, deberá devolverle a la señora Rosario Osorio la suma de quince mil dólares ($15,000).
Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente señor Hernández Denton concurre con el resultado sin opinión escrita. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez no intervino.
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo