H.R., Inc v. Vissepó & Diez Construction Corp.

2014 TSPR 39

• Court: Supreme Court of Puerto Rico
• Decided: March 18, 2014
• Docket: CC-2012-1089
• Status: Published

Opinion

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

H.R., Inc.

Recurrida Certiorari

v. 2014 TSPR 39

Vissepó & Diez Construction 190 DPR ____ Corp., et al.

Peticionario

Número del Caso: CC-2012-1089

Fecha: 18 de marzo de 2014

Tribunal de Apelaciones: Región Judicial de Aguadilla

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Luis Martínez Lloréns

Abogados de la Recurrida:

Lcdo. Carlos M. Sánchez La Costa Lcdo. Juan Raúl Mari Pesquera

Materia: Arbitraje – Criterios para determinar si ha habido renuncia al derecho de arbitraje pactado mediante contrato.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Recurrida v. CC-2012-1089 Certiorari

Vissepó & Diez Construction Corp., et al.

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo

San Juan, Puerto Rico, a 18 de marzo de 2014.

I.

Los hechos de este caso están muy bien expuestos en

la sentencia de la cual se recurre, por lo que

pasamos a reproducirlos casi en su totalidad.

El 28 de marzo de 2011, H.R., Inc. (H.R. o

recurrida) presentó una demanda sobre vicios de

construcción, incumplimiento de contrato, y daños y

perjuicios. En términos generales, alegó que

suscribió un contrato de obra con Vissepó & Diez

Construction Corp. (Vissepó o peticionaria) el 26

de diciembre de 2000, para la construcción del CC-2012-1089 2

Hotel Rincón of the Seas por $8,247,767.00, y que dicha

parte incumplió con las obligaciones que contrajo al

suscribir el referido contrato.1

En febrero de 2005, luego de dos años de comenzar a

operar el referido hotel, H.R. detectó un consumo en

exceso de lo normal en su facturación de agua. A

principios del 2006, descubrió que la razón para el exceso

de consumo eran varias roturas en las tuberías soterradas

y otros problemas con la obra realizada por Vissepó y un

subcontratista de Vissepó. En particular, la recurrida

alegó que los defectos eran atribuibles a que no se

siguieron las especificaciones de los planos de

construcción en las labores realizadas por Vissepó. Entre

las tareas cuestionadas se encuentran la instalación de

las tuberías subterráneas del establecimiento, el relleno

del terreno y la construcción de la cisterna. Además, H.R

adujo que el incumplimiento de Vissepó ocasionó roturas y

cuantiosos gastos por la pérdida de agua y las

reparaciones necesarias. Por todos los percances producto

1 El contrato utilizado fue el modelo AIA A101-1997, comúnmente utilizado en este tipo de obra y el cual contiene la siguiente cláusula sobre arbitraje:

4.6 ARBITRATION

4.6.1 Any claim arising out of or relate to the Contract, except Claims relating to aesthetic effect and except those waived as provided for in Sections 4.3.10, 9.10.4 and 9.10.5, shall, after decision by the “Owner´s Representative” or 30 days after submission of the Claim to the “Owner Representative”, be subject to arbitration. Prior to arbitration, the parties shall endeavor to resolve disputes by mediation in accordance with the provisions of Section 4.5. CC-2012-1089 3

de la obra realizada por Vissepó, la recurrida solicitó

$1,250,000.00 en su demanda.

Así las cosas, el 4 de marzo de 2011 la peticionaria

presentó una moción en la que anunció su representante

legal y solicitó una prórroga para presentar su alegación

responsiva. Acto seguido, el 9 de mayo de 2011, la

peticionaria presentó su Contestación a la Demanda. En

esencia, Vissepó negó las imputaciones de negligencia o

incumplimiento contractual y admitió la alegación número 6

de la demanda, en cuanto a la existencia del contrato AIA

A101-1997 otorgado por las partes para realizar las obras

de construcción. Sin embargo, a pesar de tener

conocimiento del contrato desde el 2000, no mencionó que

la controversia debía ser dilucidada mediante arbitraje,

ni solicitó la suspensión de los procedimientos hasta que

se procediera con los métodos alternos como fue pactado en

el contrato de construcción.

Cabe señalar que, como parte del descubrimiento de

prueba, las partes se cursaron pliegos de interrogatorios

y producción de documentos, los cuales fueron contestados.

En dichos trámites, las partes procedieron a preparar un

informe del manejo del caso al amparo la Regla 37.1 de

Procedimiento Civil e intercambiaron literalmente miles de

documentos. Además, H.R. notificó a Vissepó el informe de CC-2012-1089 4

su perito el Ing. Gregorio Hernández, el cual Vissepó tuvo

en su posesión por varios meses.2

El 16 de noviembre de 2011 se celebró la vista de

estado de los procedimientos, en la cual H.R. informó al

tribunal que había producido todos los documentos que

entendió relevantes. Asimismo, manifestó que ya se habían

preparado otros informes sobre las deficiencias en la obra

realizada por Vissepó. Por su parte, el representante

legal de Vissepó solicitó un término para que su perito

rindiera un informe y para deponer al perito de la parte

demandante.3

Luego de nueve meses de haber contestado la demanda y

de varios incidentes procesales relacionados al

descubrimiento de prueba, Vissepó presentó un documento

titulado Contestación Enmendada a la Demanda. Esto sin

solicitar permiso del tribunal mediante moción o contar

con el consentimiento escrito de la parte demandante, como

lo requiere la Regla 13.1 de Procedimiento Civil.4 En su

2 Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 167.

3 Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 196.

4 La Regla 13.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V R. 13.1, establece:

Cualquier parte podrá enmendar sus alegaciones en cualquier momento antes de habérsele notificado una alegación responsiva, o si su alegación es de las que no admiten alegación responsiva y el pleito no ha sido señalado para juicio, podrá de igual modo enmendarla en cualquier fecha dentro de los veinte (20) días de haber notificado su alegación. En cualquier otro caso, las partes podrán enmendar su alegación únicamente con el permiso del tribunal o mediante el consentimiento por escrito de la parte contraria; y el permiso se concederá liberalmente cuando la justicia así lo requiera. (…) CC-2012-1089 5

contestación enmendada reclamó por primera vez su derecho

a arbitraje y adujo que el tribunal de instancia carecía

de jurisdicción para atender la controversia de autos

debido a que H.R. no había agotado los remedios para la

resolución de reclamaciones, según pactado por las

partes.5

Asimismo, el 23 de enero de 2012 Vissepó presentó una

Moción Solicitando Sentencia Sumaria por Falta de

Jurisdicción, en la cual planteó nuevamente el asunto

sobre los métodos alternos. En síntesis, la peticionaria

sostuvo que las condiciones del contrato eran claras,

libres de toda ambigüedad y disponían la utilización de

métodos alternos de resolución de disputas, en particular

el arbitraje, como condición precedente a la presentación

de un pleito ante el tribunal. Adujo que ello privaba de

jurisdicción al tribunal de instancia y, por lo tanto,

procedía la desestimación de la demanda instada en su

contra.

Posteriormente, el 31 de enero de 2012, H.R. se opuso

a que el Tribunal de Primera Instancia aceptara la

Contestación Enmendada a la Demanda de la peticionaria por

estar en violación a las Reglas de Procedimiento Civil.

Además, presentó una Oposición a Moción Titulada “Moción

de Sentencia Sumaria por Falta de Jurisdicción”.

Esencialmente, la recurrida adujo que los actos de la

5 Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 28-29. CC-2012-1089 6

peticionaria, anteriores a la presentación de la Demanda6

y durante los trámites procesales ante el tribunal de

instancia, demostraron que Vissepó renunció a la

resolución de las reclamaciones por medio del arbitraje.

En su oposición, H.R. indicó que Vissepó no levantó

oportunamente la resolución del conflicto por medio del

arbitraje como una defensa afirmativa. Añadió que

paralizar el caso le causaría severos daños de índole

económico debido a la organización de la prueba

descubierta durante los procedimientos, la contratación de

peritos y el descubrimiento de prueba que ahora está en

posesión de Vissepó, la cual no tendría derecho en el

proceso de arbitraje. A su vez, las partes presentaron sus

respectivas réplicas y dúplicas.

Por su parte, el 7 de febrero de 2012, Vissepó

anunció la contratación del Ing. Emiliano Ruiz como su

perito y presentó una Demanda Contra Tercero para traer al

pleito a los subcontratistas, Efraín González, S.E., y HQJ

Plumbing Contractors, Inc. El 28 de junio de 2012, el

tribunal de instancia celebró una vista argumentativa y

las partes tuvieron la oportunidad de discutir sus

respectivas alegaciones. Así las cosas, el foro primario

dictó la Resolución el 30 de julio de 2012. En lo

6 La recurrida aduce que en una fecha anterior a la presentación de la demanda, la peticionaria le cursó un escrito en el cual le informaba sobre una deuda pendiente y que no atendería ninguna reclamación por sus trabajos hasta tanto se saldara la misma por completo. Además, expresó que “[e]n cualquier momento podremos acudir al Tribunal”. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 194. CC-2012-1089 7

pertinente, la ilustrada sala de instancia determinó, como

parte de sus conclusiones de derecho, lo siguiente:

7. No obstante la moción de sentencia sumaria radicada por Vissepó & Diez alegando falta de jurisdicción, en este caso no estamos ante un problema de falta de jurisdicción, sino ante una renuncia de una defensa afirmativa por parte del demandado Vissepó & Diez. Es importante recalcar que el demandado Vissepó & Diez es un contratista experimentado en este tipo de contratación bajo AIA, y tenía (o debió tener) conocimiento sobre sus defensas afirmativas que surgen del contrato del 26 de diciembre de 2000, incluyendo los métodos alternos de resolución de disputas. No obstante, Vissepó & Diez no levantó a tiempo la defensa de los métodos alternos de resolución por lo que la renunció.

8. Además, la conducta de Vissepó & Diez al participar activamente en el descubrimiento de prueba, presentando interrogatorios, presentando requerimientos de documentos, descubriendo prueba, participando en vistas y anunciando que nombró un perito y que tomará deposiciones y, más importante, radicando una demanda de tercero el 2 de febrero de 2012, es inconsistente con su reclamo del uso de métodos alternos.

Además denegó la Sentencia Sumaria determinando que:

9. Por último, como demuestra la Declaración Jurada del Sr. Arnaldo Ruiz y los anejos a la Oposición, existen controversias sustanciales de hechos sobre si Vissepó & Diez renunció a los métodos alternos de resolución de disputas en el Contrato antes de la radicación de la Demanda en este caso.

Inconforme con el referido dictamen, el 14 de agosto

de 2012, la peticionaria presentó una Moción de

Reconsideración. El tribunal de instancia emitió una orden

en esa misma fecha, notificada el 15 de agosto de 2012, en

la que denegó la solicitud de reconsideración. CC-2012-1089 8

Insatisfecho con dicha determinación, el 30 de agosto

de 2012, Vissepó recurrió ante el Tribunal de Apelaciones

mediante un recurso de certiorari. En esencia, alegó que

el TPI erró al determinar que la resolución por métodos

alternos pactados en el contrato es una defensa afirmativa

que se renuncia si no se plantea en su primera alegación

responsiva. Además, alegó que el TPI erró al considerar su

actuación en el pleito como una renuncia al proceso de

arbitraje.

El 31 de octubre de 2012, el Tribunal de Apelaciones

emitió su resolución en la cual denegó el recurso. Aún

inconforme, el 7 de diciembre de 2012 la peticionaria

presentó un recurso de certiorari ante este Tribunal y

señaló la comisión de los errores siguientes:

Erró el Tribunal de Apelaciones al relevar a H.R. de sus obligaciones contractuales resolviendo que la Regla 6.3 de Procedimiento Civil establece que el arbitraje y otros métodos alternos de resolución de conflictos pactados contractualmente constituyen defensas afirmativas que se renuncian si no se levantan expresamente en la primera contestación a la demanda.

Erró el Tribunal de Apelaciones al resolver qué V&D [Vissepó] actuó inconsistentemente y renunció a su derecho a exigir que H.R. cumpliese su obligación contractual de agotar los métodos alternos por haber hecho unas gestiones como parte de un descubrimiento de prueba inicial y al radicar una demanda contra tercero.

Erró el Tribunal de Apelaciones al denegar la contestación enmendada a la demanda.

Erró el Tribunal de Apelaciones al denegar la expedición del auto solicitado, confirmando así el dictamen del TPI mediante el cual se declaró sin lugar la solicitud de sentencia sumaria presentada por V&D [Vissepó]. CC-2012-1089 9

Con el beneficio de las comparecencias de las

partes, procedemos a resolver.

II.

Nuestro ordenamiento jurídico permite que las partes

en un contrato puedan obligarse a llevar ante un árbitro,

mediante el proceso de arbitraje, las posibles

controversias futuras derivadas de su relación

contractual. Es por ello que el arbitraje es una figura

jurídica inherentemente contractual y es solamente

exigible cuando las partes así lo hayan pactado.7

En este sentido, en Puerto Rico existe una vigorosa

política pública a favor del arbitraje.8 Esta política se

recoge en la Ley Núm. 376 de 8 de mayo de 19519 y está

motivada por el interés del Estado de facilitar la

solución de disputas por vías más rápidas, flexibles y

menos onerosas que los tribunales para la resolución de

controversias que emanan de la relación contractual entre

las partes.

A su vez, la política a favor del arbitraje no es

extraña en otras jurisdicciones. En la esfera federal, el

7 S.L.G. Méndez Acevedo v. Nieves Rivera, 179 D.P.R. 359, 366-367 (2010).

8 Quiñones v. Asociación, 161 D.P.R. 668, 673 (2004); Véanse, además, Crufon Const. v. Aut. Edif. Púbs., 156 D.P.R. 197, 205 (2002); Medina v. Cruz Azul de P.R., 155 D.P.R. 735, 738 (2001); PaineWebber, Inc. v. Soc. de Gananciales, 151 D.P.R. 307, 313 (2000).

9 Ley Núm. 376 de 8 de mayo de 1951, 32 L.P.R.A. sec. 3201 et seq. CC-2012-1089 10

proceso de arbitraje está regulado por la Ley Federal de

Arbitraje, 9 U.S.C. sec. 1 et seq. La misma aplica a

contratos interestatales y establece que las cláusulas de

arbitraje en los contratos son válidas, irrevocables y

mandatorias. Cuando se pacta un proceso de arbitraje en un

contrato, los tribunales carecen de discreción para

determinar su eficacia y tienen que dar cumplimiento al

arbitraje según acordado. 10

En lo pertinente al arbitraje, hemos determinado

consistentemente que las partes que voluntariamente se

someten a un procedimiento de arbitraje deben agotar los

remedios contractuales antes de acudir a los tribunales,

salvo que exista justa causa para obviarlo.11 Ello responde

a varias razones, tanto del derecho de obligaciones y

contratos como de orden público.12 De esta forma, las

partes acuerdan voluntariamente limitar la jurisdicción

sobre su persona de los tribunales, para dar paso al

proceso de arbitraje.13 Esto pues, se favorece la voluntad

10 S.L.G. Méndez Acevedo v. Nieves Rivera, supra, 368 (2010); Véanse, además: Municipio Mayagüez v. Lebrón, 167 D.P.R. 713, 721; Cone Mem. Hosp. v. Mercury Constr. Corp., 460 U.S. 1, 24 (1983).

11 Vélez v. Serv. Legales de P.R., Inc., 144 D.P.R. 673 (1998); Véanse, además: Pagán v. Fund. Hosp. Dr. Pila, 114 D.P.R. 224 (1983); Quiñones v. Asociación, supra.

12 Vélez v. Serv. Legales de P.R., Inc., supra, pág. 682. 13 Cabe señalar que las cláusulas de selección de foro no afectan la jurisdicción de los tribunales sobre la materia. En Unisys v. Ramallo Brothers, 128 D.P.R. 842 (1991), aclaramos que: “[l]as partes mediante contrato no pueden otorgar ni privar de jurisdicción sobre la materia a un tribunal. Solo el Estado, a través de sus leyes, puede hacerlo así.” Unisys v. Ramallo Brothers, supra, pág. 862 n.5. No obstante, la falta de jurisdicción sobre la persona es un derecho individual que puede ser renunciado. CC-2012-1089 11

de las partes cuando estas deciden cuál es el mecanismo

idóneo para la resolución de sus disputas. Así pues, el

arbitraje constituye un medio más apropiado y deseable que

los tribunales para la resolución de controversias que

emanan de la relación contractual entre las partes, ya que

es menos técnico, más flexible y menos oneroso.14

No obstante, hemos reconocido limitadas excepciones

a la regla del cumplimiento previo de la obligación de

arbitrar, entre ellas cuando las partes voluntariamente

renuncian a dicho derecho. En lo pertinente, en McGregor-

Doniger v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 864 (1970),

establecimos que “[e]l peso de establecer tal renuncia

recae sobre el interventor. Existe una política vigorosa

en favor del arbitraje y una marcada renuencia de los

tribunales en concluir que se ha incurrido en una renuncia

del derecho de arbitraje. Toda duda que pueda existir debe

ser resuelta a favor del arbitraje”.15

Sin embargo, tanto en McGregor-Doniger, supra, como

en PaineWebber, Inc. v. Soc. de Gananciales, 151 D.P.R.

307 (2000), distinto al caso de autos, la parte reclamó

que el asunto se debía dilucidar ante un árbitro y no en

el tribunal desde su primera alegación responsiva, en la

14 Pérez v. Autoridad Fuentes Fluviales, 87 D.P.R. 118, 127 (1963).

15 McGregor-Doniger v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 864, 869 (1970). Este caso fue posteriormente revocado por Walborg Corp. v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 184 (1975), en cuanto a otros extremos. Véanse además: PaineWebber, Inc. v. Soc. de Gananciales, supra; S.L.G. Méndez Acevedo v. Nieves Rivera, supra. CC-2012-1089 12

contestación a la demanda. Esto fue el factor determinante

y así lo expresamos en McGregor-Doniger v. Tribunal

Superior, supra, como sigue:

Este caso se distingue del de Cornell & Company v. Barber & Ron Company, 360 F.2d 512 (D.C. Cir. 1966), en que en este último no se invocó el arbitraje en la contestación y además se llevaron a cabo múltiples actuaciones de participación activa en el litigio inconsistentes con el derecho de arbitraje. Gahon Iron Works & Mfg. Co. v. J. D. Adam Co., 128 F.2d 411 (7th Cir. 1942) no es de aplicación pues resolvió que el demandante había renunciado al derecho de arbitraje al optar por litigar la cuestión en los tribunales. Las actuaciones de la peticionaria no constituyeron una renuncia de su derecho de arbitraje pues en su primera alegación en el caso invocó tal derecho y solicitó la suspensión de los procedimientos hasta que se procediese al arbitraje pactado en el contrato. Sus actuaciones subsiguientes fueron limitadas y no inconsistentes con su posición inicial de insistir en el arbitraje. Hilti, Inc., supra; Robert Lawrence Co. v. Devonshire Fabrics, Inc., 271 F.2d 402, 412 (2d Cir. 1959); Almacenes Fernández, S.A. v. Golodeltz, 148 F.2d 625, 627 (2d Cir. 1945).16

En Painewebber, Inc. v. Soc. de Gananciales, supra,

reafirmamos nuestras palabras anteriores cuando expresamos

lo siguiente:

En McGregor-Doniger v. Tribunal Superior, ante, como en el caso que nos ocupa, se alegaba que la contestación a la demanda, la alegación de defensas especiales y la toma de deposiciones allí ocurridas eran actos inconsistentes con el derecho de arbitraje y que, por lo tanto, tales actuaciones de participación activa en el litigio constituían una renuncia del derecho de arbitraje. Resolvimos que “[l]as actuaciones de la peticionaria no

16 McGregor-Doniger v. Tribunal Superior, supra, págs. 869-870. (Énfasis en el original y nuestro). CC-2012-1089 13

constituyeron una renuncia de su derecho de arbitraje pues en su primera alegación en el caso invocó tal derecho y solicitó la suspensión de los procedimientos hasta que se procediese al arbitraje pactado en el contrato”. McGregor-Doniger, ante. Reiteramos en el día de hoy lo expresado hace treinta (30) años en el caso antes citado.17 (Énfasis en el original y nuestro).

Como adelantamos, es derecho conocido que cuando las

partes pactan el arbitraje y este derecho es reclamado en

la primera alegación responsiva, lo que procede es detener

los procedimientos ante el tribunal y enviar el asunto a

arbitraje.18 Pero, esta no es la situación que nos ocupa en

el caso de epígrafe. Hoy nos corresponde resolver la

situación cuando un demandado plantea por primera vez el

derecho a arbitraje posterior a contestar la demanda,

durante el descubrimiento de prueba, y luego de múltiples

gestiones en el proceso judicial.

Aunque en Puerto Rico se ha dado tratamiento de

defensa afirmativa al reclamo de arbitraje por parte del

demandado, lo cierto es que la Asamblea Legislativa nunca

ha incluido el arbitraje como defensa afirmativa. No

obstante, en el pasado este Tribunal ha reconocido que una

vez planteado en la contestación a la demanda, se debe

paralizar el procedimiento en los tribunales, por lo que

se ha creado cierta confusión.

17 PaineWebber, Inc. v. Soc. de Gananciales, supra, págs. 312-313.

18 Ibid. CC-2012-1089 14

Como hemos mencionado antes, por décadas se ha

enfatizado una fuerte política pública a favor del

arbitraje, sin embargo esta no es una preferencia absoluta

sobre cualquier otra política pública.19 En ocasiones los

tribunales debemos dejar sin efecto la cláusula de

arbitraje, a pesar de ser válida, porque la parte que

reclama el derecho a arbitraje ha actuado

inconsistentemente con este reclamo. Así ha sido

reconocido consistentemente por los tribunales federales

cuando un demandado, conociendo su derecho a arbitrar,

decide ignorar el mismo y participar activamente en el

litigio en los tribunales.20 No obstante lo anterior, la

tarea de determinar si un demandado ha renunciado a su

derecho de arbitraje no debe ser tomada livianamente, sino

que este análisis debe realizarse a la luz de la fuerte

política pública a favor del arbitraje.21

En Estados Unidos, la determinación de

arbitrabilidad de una controversia no está basada en un

criterio rígido uniforme, sino que es tomada caso a caso,

según la jurisdicción. Por ejemplo, algunas jurisdicciones

atienden el asunto como si el arbitraje se tratara de una

defensa afirmativa, que es renunciada si no se reclama en

19 Walborg Corp. v. Tribunal Superior, supra, 187 (1975).

20 A party waives right to arbitrate when he actively participates in lawsuit or takes other action inconsistent with that right. Cornell & Co. v. Barber & Ross Co., 360 F.2d 512, 513 (1966).

21 PaineWebber, Inc. v. Soc. de Gananciales, supra, pág. 312. CC-2012-1089 15

la primera alegación responsiva.22 Por otra parte, hay

jurisdicciones que consideran que únicamente omitir tal

reclamación en la contestación de la demanda no constituye

una renuncia, aunque la participación activa del litigante

en el tribunal sí es interpretada como una renuncia al

arbitraje.23

Como ya hemos visto, podemos concluir que a nivel

federal se aplica una gran variedad de factores para

determinar cuándo la conducta exhibida por la parte

demandada constituye una renuncia al proceso de arbitraje.

Los factores más comúnmente utilizados son: si las partes

han participado activamente en el litigio en corte; si han

realizado actos inconsistentes con el proceso de

arbitraje; si el proceso de litigación ha sido

sustancialmente iniciado; si las partes se encuentran en

una etapa avanzada en la preparación para el pleito al

momento en que se reclama el arbitraje; cuánto tiempo se

han demorado las partes en solicitar que se detengan los

procedimientos en el tribunal con el fin de hacer valer la

cláusula de arbitraje; el perjuicio causado a la parte

contraria por la demora del demandado en reclamar el

arbitraje; si el demandado ha reclamado el arbitraje en su

22 State ex rel. Barden and Roberson Corp. v. Hill, 208 W.Va 163, 168- 169 (2000); Finlayson v. Waller, 64 Idaho 618, 134 P2d 1069 (1943); Galion Iron Works & Mfg. Co. v. J. D. Adams Mfg. Co., 128 F.2d 411 (1942); The Belize v. Steamship Owners Operating Co., Inc., 25 F Supp 663 (1938, DC).

23 Zuckerman Spaeder, LLP v. Auffenberg, 646 F.3d 919 (DC cir., 2011); Cornell & Co. v. Barber & Ross Co., 360 F.2d 512 (1966). CC-2012-1089 16

contestación a la demanda; si el demandado ha presentado

una reconvención contra el demandante; si el demandado ha

presentado una demanda contra tercero por el mismo asunto;

si el demandado se ha beneficiado del proceso en los

tribunales y si el reclamante busca litigar nuevamente

asuntos en los méritos del caso sobre los cuales el

tribunal no le dio la razón.24

Si bien no existe un criterio estricto uniforme en

cuanto a qué actos constituyen una renuncia al derecho a

arbitrar, ciertamente la mayoría de las jurisdicciones han

definido que la conducta exhibida en corte es crucial para

determinar si el demandado ha renunciado al arbitraje. Tan

es así que varios tribunales apelativos a nivel federal

han determinado que una cláusula que estipule que las

partes no podrán renunciar al arbitraje por medio de su

conducta se entendería nula si las partes participan

activamente en el litigio en corte.25

En cuanto a Puerto Rico, recientemente, el 23 de

septiembre de 2013, el Tribunal federal para el Distrito

de Puerto Rico dictó una sentencia que ciertamente resulta

persuasiva. En Pérez v. Horizon Lines, Inc., 2013 WL

5346856, citando a Jones Motor Co. v. Chauffeu, 671 F.2d

38 (1982), y en el contexto de una controversia de si

24 Véanse, Leadertex, Inc. v. Morganton Dyeing & Finishing Corp., 67 F.3d 20 (2d Cir.1995); Pérez v. Horizon Lines, Inc., 2013 WL 5346856.

25 Gray Holdco, Inc. v. Cassady, 654 F.3d 444 (3rd Cir. 2011); National Union Fire Ins. Co of Pittsburgh, P.A. v. NCR Corp., 376 Fed Appx 70 (2nd Cir. 2010). CC-2012-1089 17

correspondía o no dar paso a un arbitraje, el Tribunal de

Distrito expresó lo siguiente:

Entre los factores que resultan pertinentes al evaluar una renuncia se considerará si el reclamante ha participado en el pleito en corte, si se ha puesto en marcha sustancialmente la maquinaria propia de la litigación y en qué momento la parte demandada le comunicó a la demandante su intención de recurrir al arbitraje, si las partes ya se habían adentrado en la preparación del litigio, si los demandados se hubieran beneficiado del proceso de descubrimiento de prueba [propio del ámbito judicial e inexistente en el del arbitraje] y si la tardanza afectó, indujo a error o perjudicó a la otra parte. Id. at 44. En Jones Motor, el Primer Circuito determinó que la renuncia se había configurado cuando los demandantes se adentraron considerablemente en el proceso de descubrimiento de prueba y prepararon el caso con miras a obtener una sentencia sumaria. Id. El Tribunal concurre con lo decidido en Jones Motor.26 (Traducción y subrayado nuestro).

Una situación muy particular se ha visto en la

jurisdicción de New York, en la cual el Tribunal Supremo

estatal ha considerado que el factor determinante al

26 “Relevant factors to consider when assessing waiver include whether the party has actually participated in the lawsuit, whether the litigation machinery has been substantially invoked and the parties were well into preparation of a lawsuit by the time an intention to arbitrate was communicated by the defendant to the plaintiff, whether defendants had taken advantage of judicial discovery procedures not available in arbitration, and whether the other party was affected, misled, or prejudiced by the delay. Id. at 44. In Jones Motor, the First Circuit found waiver when the defendants engaged in considerable discovery and prepared their case for summary judgment. Id. The court agrees with the holding in Jones Motor”. Pérez v. Horizon Lines, Inc., supra, p.13, citando a su vez a Jones Motor Co. v. Chauffeu, 671 F. 2d 38, 43 (1982). CC-2012-1089 18

momento de tomar la decisión es el tipo de participación

del litigante en el proceso en corte.27 Dicho tribunal hace

una distinción entre litigación defensiva y afirmativa. El

propósito de esta diferenciación es el siguiente: si el

litigante invoca el proceso judicial defensivamente, no se

entiende renunciado el derecho de arbitraje. Por otra

parte, si el litigante utiliza el sistema judicial de

manera afirmativa, el derecho a arbitraje se infiere

renunciado. Se entiende invocado afirmativamente el

proceso judicial cuando el litigante solicita

fehacientemente los beneficios de la litigación de manera

claramente inconsistente con su posterior reclamo de

arbitraje.28

Por otra parte, se entiende utilizado defensivamente

el proceso judicial cuando el demandado únicamente

interactúa con el sistema judicial con el propósito de

atender una acción en su contra. A modo de ejemplo, y sin

pretender hacer un listado exhaustivo, se considera que

actúa defensivamente el demandado siempre que contesta los

requerimientos del demandante, sin cursar requerimiento

alguno por su parte; o cuando simplemente da estricto

cumplimiento a las órdenes del tribunal.

27 Tengtu Intl. Corp. v. Pak Kwan Cheung, 24 A.D.3d 170, 172 (2005).

28 Matter of Waldman v. Mosdos Bobov, Inc., 72 A.D.3D 983 (2010). Véanse, además: Stark v. Molod Spitz DeSantis & Starks, P.C., 9 N.Y.3d 59, 66 (2007); Flores v Lower E. Side Serv. Ctr., Inc., 4 N.Y.3d 363, 372 (2005); Sherrill v Grayco Bldrs., 64 N.Y.2d 261, 272 (1985); Fein v General Elec. Co., 40 A.D.3d 807 (2007). CC-2012-1089 19

De igual forma, no se renuncia al derecho de

arbitraje en aquellas situaciones en las cuales exista una

necesidad urgente de preservar el status quo y se requiere

una acción inmediata que no puede esperar por el

nombramiento de un árbitro. Entiéndase, aquellos recursos

interdictales en los cuales el promovente interesa detener

acciones que puedan afectar el status quo. En estos casos,

la presentación del recurso en el sistema judicial no será

interpretada como acciones inconsistentes con el posterior

reclamo de arbitrar.

A la luz de todo lo anterior, nos parece razonable,

justo y conveniente adoptar el escrutinio utilizado en la

jurisdicción de Nueva York para determinar si un litigante

ha renunciado al derecho de arbitraje por su conducta. Por

ello, hoy determinamos que para que una parte prevalezca

en su alegación de que la parte demandada renunció no

basta con alegar que la parte demandada no reclamó su

derecho a arbitrar entre las defensas afirmativas. Además,

la parte deberá probar que la parte demandada ha realizado

actos afirmativos sin reclamar previamente su derecho a

En conclusión, el simple acto de contestar la

demanda sin mencionar el derecho a arbitraje no implica

per se una renuncia a tal derecho. Para que este derecho

se entienda renunciado, el demandado deberá, además,

haber utilizado afirmativamente el sistema judicial,

conociendo que tenía un derecho a arbitrar, el cual no CC-2012-1089 20

reclamó previamente. Sin embargo, ello no impide que los

tribunales puedan decretar, por ejemplo, que por la razón

de la etapa avanzada de los procedimientos, el demandado

incurrió en mala fe o incuria al alegar su derecho a

III.

Pasemos ahora a resolver la controversia según lo

antes expuesto. En la situación que nos ocupa no hay duda

de que las partes otorgaron un contrato en el cual se

obligaron a someter a métodos alternos cualquier disputa

que surgiera de su relación contractual. Así lo

establecieron en las cláusulas 4.4, 4.5 y 4.6 del

contrato.

No obstante, haciendo caso omiso de esto, H.R.

acudió al Tribunal de Primera Instancia y radicó una

demanda en contra de Vissepó a raíz de los daños sufridos

por deficiencias en los trabajos contratados. Por su

parte, Vissepó contestó la demanda reconociendo la

existencia del contrato, sin mencionar ni reclamar su

derecho a arbitraje. Así las cosas, ambas partes

utilizaron el proceso judicial afirmativamente al realizar

descubrimiento de prueba e intercambiar miles de

documentos. Como parte del descubrimiento de prueba,

Vissepó recibió el informe del perito de H.R. y tuvo

oportunidad de estudiarlo por varios meses. Luego de esto,

anunció la contratación de un perito para refutar el CC-2012-1089 21

informe de la parte demandante. Además, Vissepó presentó

una demanda contra tercero para responsabilizar al

subcontratista en el proceso judicial por las deficiencias

sufridas por H.R. Todos estos actos tienden a demostrar

que Vissepó pretendía litigar el asunto en el tribunal. La

conducta de Vissepó resulta claramente incompatible con su

posterior reclamo de paralizar los procedimientos por

falta de jurisdicción y comenzar un proceso de arbitraje.

Ciertamente, Vissepó renunció a su derecho de

arbitraje, toda vez que sometió interrogatorios a H.R.,

solicitó descubrimiento de prueba, presentó un perito y

radicó una demanda contra tercero. Como ya expresamos, un

demandado no renuncia a su derecho a arbitrar al contestar

la demanda o, incluso, responder las solicitudes de

descubrimiento de la parte demandante, siempre y cuando lo

haga de modo defensivo. Sin embargo, al momento en el que,

sin haber reclamado previamente tal derecho, el demandado

-como es en el caso de autos- utiliza el proceso

afirmativamente, renuncia a poder invocar posteriormente

su derecho contractual a dilucidar la controversia ante un

árbitro.

A la luz de la conducta exhibida, determinamos que

Vissepó renunció a su derecho de arbitraje al haber

utilizado el proceso judicial de forma afirmativa,

beneficiándose del mismo sin reclamar previamente el

arbitraje. CC-2012-1089 22

IV.

Por todo lo anterior, se confirman las

determinaciones de los foros a quo y se devuelve el caso

al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de

los procedimientos conforme a lo aquí resuelto.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Erick V. Kolthoff Caraballo Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Recurrida

v. CC-2012-1089 Certiorari Vissepó & Diez Construction Corp., et al.

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede la cual se hace formar parte íntegra de la presente, se confirman las determinaciones de los foros a quo y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos conforme a lo aquí resuelto.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco emitió Opinión Concurrente a la cual se unió el Juez Asociado señor Rivera García.

Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

H.R., Inc. Certiorari

v. CC-2012-1089

Opinión Concurrente emitida por la Jueza Asociada señora Pabón Charneco a la cual se une el Juez Asociado señor Rivera García

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de marzo de 2014.

Por entender que el arbitraje como método alterno de

resolución de disputas es una defensa afirmativa y que no

es necesario adoptar el escrutinio esbozado por la Opinión

Mayoritaria, solamente concurro con el resultado de los

pronunciamientos que anteceden.

El 26 de diciembre de 2000, las partes suscribieron

un STANDARD Form of Agreement between Owner and

Contractor, para la construcción del Hotel Rincón of the

Seas. En este Acuerdo se estableció lo siguiente:

§4.5.1 Any Claim arising out of or related to the Contract, except Claims relating to aesthetic effect and except those waived as provided for in Sections 4.3.10, 9.10.4 and 9.10.5 shall, after initial decision by the “Owner´s Representative” or 30 days after submission of the Claim to the “Owner´s Representative”, be subject to mediation as a CC-2012-1089 2

condition precedent to arbitration or the institution of legal or equitable proceedings by either party.

§4.6.1 Any Claim arising out of or related to the Contract, except Claims relating to aesthetic effect and except those waived as provided for in Sections 4.3.10, 9.10.4 and 9.10.5, shall, after decision by the “Owner´s Representative” or 30 days after submission of the Claim to the “Owner´s Representative”, be subject to arbitration. Prior to arbitration, the parties shall endeavor to resolve disputes by mediation in accordance with the provisions of Section 4.5.

Así las cosas y a pesar de estas Cláusulas, el 28 de

marzo de 2011, H.R., Inc. (en adelante “recurrida”),

presentó ante el Tribunal de Primera Instancia, una

Demanda por Vicios de Construcción, Incumplimiento de

Contrato y Daños y Perjuicios contra Vissepó & Diez

Construction Corp. (en adelante “peticionario”). En

síntesis, alegó que el peticionario y sus subcontratistas

no cumplieron con lo dispuesto en el contrato causándole

unos daños ascendentes a un millón doscientos cincuenta

mil dólares ($1,250,000.00).

En la Contestación a la Demanda presentada el 9 de

mayo de 2011, el peticionario negó las imputaciones de

negligencia e incumplimiento contractual, pero no hizo

ninguna alusión a las Cláusulas de Mediación y Arbitraje a

las que hicimos referencia anteriormente. Aproximadamente

ocho (8) meses después, el 18 de enero de 2012, el

peticionario presentó una Contestación Enmendada a la

Demanda, en la que alegó que el tribunal carecía de

jurisdicción para atender la causa de acción ante su CC-2012-1089 3

consideración. Esto debido a que no se cumplieron las

disposiciones contractuales acordadas: antes de presentar

una reclamación en los tribunales, la misma debía ser

sometida ante el representante designado, recurrir a

mediación y en su defecto a arbitraje.

Posteriormente, el 23 de enero de 2012, el

peticionario presentó una Moción de Sentencia Sumaria por

Falta de Jurisdicción en la que alegó que el tribunal

carecía de jurisdicción porque no se agotaron los métodos

alternos de resolución de disputas. Por su parte, el 10

de febrero de 2012, la recurrida presentó una Oposición a

Moción Titulada Moción de Sentencia Sumaria por Falta de

Jurisdicción. En la misma, alegó que los actos anteriores

a la presentación de la Demanda, así como el no levantar

los métodos alternos de resolución de disputas como

defensa afirmativa, constituyeron una renuncia a este

derecho.

Mediante una Resolución emitida el 30 de julio de

2012, el Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar

la Moción presentada por el peticionario. Concluyó que

los métodos alternos de resolución de disputas contenidos

en el Contrato constituían defensas afirmativas. Siendo

así y considerando que el peticionario es un contratista

con experiencia y que no levantó esta defensa a tiempo,

determinó que la misma había sido renunciada. Según el

Tribunal, esto fue reafirmado por la conducta del

peticionario al participar activamente en el CC-2012-1089 4

descubrimiento de prueba. Además de contestar la Demanda,

presentó una Demanda contra Tercero, interrogatorios,

requerimiento de documentos y participó en vistas.

Finalmente, el Tribunal determinó que había controversias

de hechos en torno a la alegación de los recurridos de que

los peticionarios renunciaron a los métodos alternos de

resolución de disputas antes de la presentación de la

Demanda. Utilizando los mismos fundamentos, luego de

declarar No Ha Lugar la Moción de Reconsideración, el

Tribunal de Apelaciones denegó el Certiorari presentado

por el peticionario.

Así las cosas, recurren ante nos y solicitan que

revisemos la determinación del Tribunal de Apelaciones y

concluyamos que el arbitraje no es una defensa afirmativa,

la cual queda renunciada si no se incluye en la primera

alegación responsiva.

A.

La Ley Núm. 376 de 8 de mayo de 1951, 32 LPRA Sec.

3201, et seq. (Supl. 2013), establece que las partes

pueden acordar por escrito someter a arbitraje cualquier

controversia existente o futura, siendo este acuerdo uno

válido y exigible. Por consiguiente, reiteradamente este

Tribunal ha reconocido que el arbitraje es una figura

contractual. S.L.G. Méndez-Acevedo v. Nieves Rivera, 179

DPR 359, 367 (2010); U.C.P.R. v. Triangle Engineering CC-2012-1089 5

Corp., 136 DPR 133, 144 (1994); Rivera v. Samaritano &

Co., Inc., 108 DPR 604, 606-607 (1979).

Asimismo, se ha reiterado que hay una fuerte política

pública a favor del arbitraje como método alterno de

resolución de disputas. A tenor con este planteamiento,

hemos expresado que “toda duda que pueda existir sobre si

procede o no el arbitraje debe resolverse a favor de

éste.” S.L.G. Méndez-Acevedo v. Nieves Rivera, supra, en

la pág. 368 (Citas omitidas). Sin embargo, la viabilidad

del mecanismo está sujeta a que las partes lo hayan

pactado y la forma en que lo han hecho. Íd.

Ciertamente, hemos sido enfáticos en nuestras

expresiones a favor del arbitraje dado los beneficios que

se pueden colegir al utilizarlo como un método alterno de

resolución de disputas. El profesor Demetrio Fernández

Quiñones, ha expresado que esta es la alternativa más

formal en relación a la adjudicación y al litigio

judicial. D. Fernández Quiñones, El arbitraje obrero-

patronal, Colombia, Ed. Forum, 2000, pág. 9. Según el

profesor Fernández Quiñones, el carácter seductivo del

arbitraje yace en que es una alternativa más ágil y

económica en comparación con un litigio en nuestro sistema

de justicia. Íd., en las págs. 9-10. En otras palabras,

[p]ersigue el uso de la institución eliminar la solemnidad, los inconvenientes y dificultades del proceso judicial. También tiene como facultad imponerle un carácter excluyente al proceso judicial. Ello se deriva de que una cláusula de arbitraje es un contrato que impide a los jueces y tribunales conocer de los CC-2012-1089 6

conflictos o cuestiones litigiosas sometidas a arbitraje. Íd. en la pág. 10 (Citas omitidas).

Además, constituye un medio más apropiado y deseable que los tribunales para la resolución de controversias que emanan de la relación contractual entre las partes, ya que es menos técnico, más flexible y menos oneroso. Vélez v. Serv. Legales de P.R., Inc., 144 DPR 673, 682 (1998) (citando a Pérez v. Autoridad Fuentes Fluviales, 87 DPR 118 (1963)).

En síntesis, la presunción a favor del arbitraje que

tanto ha sido resguardada por nuestro ordenamiento, está

sustentada bajo la creencia de que este permite que las

partes resuelvan sus conflictos de una manera efectiva,

ágil y económica.

B.

Las Regla 6.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.

R. 6.3, establece una lista no taxativa de defensas que

una parte deberá expresar afirmativamente al momento de

responder una alegación. De acuerdo al tratadista Rafael

Hernández Colón, las defensas afirmativas son aquellas

que:

presentan planteamientos sustentados por cuestiones de hecho o de derecho que no consisten en negaciones de los hechos alegados en la reclamación contra la cual se formulan. En concreto, una defensa afirmativa es la afirmación que hace el demandado con hechos o argumentos, que de ser ciertos, derrotan el reclamo del demandante, incluso si todas las alegaciones del demandante fueran presumidas correctas. Son defensas que principalmente comprenden materia de naturaleza sustantiva y/o materia constitutiva de excusa por la cual la parte demandada no deba responder a las reclamaciones instadas en su contra. Estas defensas se incluyen en la contestación y van dirigidas a derrotar de un todo o modificar parcialmente lo que pretende la reclamación. CC-2012-1089 7

Las defensas afirmativas no constituyen contrarreclamaciones. Sólo tienen el propósito de derrotar la reclamación contra la cual se formulan. R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, 5ta. ed., LexisNexis de Puerto Rico, Inc., 2010, págs. 250-251 (Supl. 2012) (Citas omitidas).

A manera de ejemplo, la Regla 6.3, supra, enumera

varias defensas afirmativas29 y dispone que deberán ser

planteadas de forma clara, expresa y específica. Esto

implica que no pueden alegarse de modo general, sino que

la parte tiene que ser específica al momento de

presentarla. Además, luego de las modificaciones que

sufrió la Regla 6.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.

R. 6.2, la alegación de la defensa también deberá ir

acompañada de una relación de hechos que la fundamenten.30

Es decir, no basta con mencionarla, sino hay que

fundamentarla. De lo contrario, se entenderá que la parte

ha renunciado a la defensa. Regla 6.3, supra. Véase

además Presidential v. Transcaribe, 186 DPR 263, 280

(2012).

Por consiguiente, una defensa afirmativa deberá ser

incluida al momento de contestar la alegación, no puede

plantearse en ninguna otra etapa posterior del proceso

29 La Regla 6.3, supra, enumera las siguientes defensas afirmativas: (a) transacción; (b) aceptación como finiquito; (c) laudo y adjudicación; (d) asunción de riesgo; (e) negligencia; (f) exoneración por quiebra; (g) coacción; (h) impedimento; (i) falta de causa; (j) fraude; (k) ilegalidad; (l) falta de diligencia; (m) autorización; (n) pago; (o) exoneración; (p) cosa juzgada; (q) prescripción adquisitiva o extintiva; (r) renuncia y cualquier otra materia constitutiva de excusa o de defensa afirmativa. Por este último inciso, no hay duda de que las defensas afirmativas son numerus apertus. J. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed., JTS, 2011, T.II, pág. 405. 30 Véase Comité Asesor Permanente de Reglas de Procedimiento Civil, Informe de Reglas de Procedimiento Civil, Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial del Tribunal Supremo de Puerto Rico, marzo de 2008, pág. 76. CC-2012-1089 8

judicial. Hernández Colón, op. cit., pág. 251 (Citas

Omitidas).31 Véase además Díaz Ayala et al. v. E.L.A., 153

DPR 675, 695 (2001). Como excepción a esta regla, se

podrá presentar posteriormente si la parte advino en

conocimiento de ella durante el descubrimiento de prueba.

Regla 6.3, supra. Esta es la única circunstancia que las

Reglas de Procedimiento Civil contemplan para que se

permita enmendar la alegación e incluir una defensa

afirmativa. Ciertamente, esto está sujeto a que se

demuestre que la omisión no se debió a falta de

diligencia. Comité Asesor Permanente de Reglas de

Procedimiento Civil, Informe de Reglas de Procedimiento

Civil, supra, en la pág. 76 (citando a López v. J. Gus

Lallande, 144 DPR 774 (1998)).

No obstante, la jurisprudencia ha establecido que el

tribunal podrá considerar una defensa afirmativa que no ha

sido planteada en la contestación a la primera alegación, 31 Véase Marín v. Fastening Systems, Inc., 142 DPR 499, 510 (1997), donde este Tribunal hizo los siguientes pronunciamientos:

En el caso de autos, en la moción suplementaria no se solicitaron remedios nuevos o adicionales. De todas maneras, aunque la moción suplementaria de la querellante hubiese constituido una enmienda a la querella de la naturaleza antes descrita, el derecho a presentar las defensas afirmativas previamente renunciadas al no haberse contestado la querella original, no quedó automáticamente restablecido al presentarse dicha enmienda y requerirse una nueva contestación a la querella. Una enmienda a la querella no le brinda al querellado, como concluye el Tribunal de Circuito de Apelaciones en este caso, una nueva oportunidad para contestar la querella en su totalidad y levantar todas las defensas afirmativas que tenga. A lo único que tiene derecho el querellado al contestar la querella enmendada es a presentar las defensas nuevas que surgen como consecuencia de las enmiendas. (Citas omitidas)

Asimismo, en Figueroa v. Banco de San Juan, 108 DPR 680, 687-688 (1979), expresamos que no se puede utilizar una acción independiente para traer una cuestión sustantiva que debió haberse traído como defensa afirmativa. CC-2012-1089 9

si esta es producto de una enmienda a las alegaciones

mediante la prueba presentada en el juicio, la cual no es

objetada por las partes. J.E. Candal & Co. v. Rivera, 86

DPR 508, 515-516 (1962).32 Véase además Valle v. Sucn.

Wiscovitch, 88 DPR 86, 91 (1963).

Es importante señalar que excepto por la falta de

jurisdicción, las defensas afirmativas tienen que ser

levantadas por las partes. En nuestro ordenamiento el

derecho es rogado, siendo impropio que un tribunal actúe

como un abogado de la parte. Álamo v. Supermercado Grande,

Inc., 158 DRP 93, 105 n.10 (2002).

Ahora bien, la Regla 6.3, supra, es equivalente, en

parte, a la Regla 8(c) de Procedimiento Civil Federal.33

Cuevas Segarra, op. cit., pág. 402. Véase además

Presidential v. Transcaribe, supra, en la pág. 280. En la

misma, el arbitraje está establecido expresamente como una

defensa afirmativa. Así, varias jurisdicciones le han

dado este tratamiento y han concluido que la parte

renuncia a su derecho si no incluye el arbitraje como

defensa afirmativa en su primera alegación responsiva.

Para una aplicación del arbitraje como defensa afirmativa,

32 En este caso, las expresiones fueron bajo el contexto de la defensa de usura, la cual según dispuesto en el Art. 1652 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA Sec. 4594, no es un derecho renunciable. 33 El texto de la Regla 8(c), supra, dispone lo siguiente: (1) In General. In responding to a pleading, a party must affirmatively state any avoidance or affirmative defense, including: (a) accord and satisfaction; (b) arbitration and award; (c) assumption of risk; (d) contributory negligence; (e) duress; (f) estoppel; (g) failure of consideration; (h) fraud; (i) illegality; (j) injury by fellow servant; (k) laches; (l) license; (m) payment; (n) release; (o) res judicata; (p) statute of frauds; (q) statute of limitations; and (r) waiver. CC-2012-1089 10

véase Spataro v. Hirschhorn, 837 N.Y.S.2d 258 (N.Y. 2007);

State ex rel. Barden and Robeson Corp. v. Hill, 539 S.E.2d

106 (W.Va. 2000); U.S. v. Commercial Union Ins. Group, 294

F. Supp. 768 (N.Y. 1969).

Por otro lado, al igual que nuestra Regla, la regla

federal tampoco contiene una lista taxativa de todas las

defensas afirmativas. Por consiguiente, los tratadistas

norteamericanos Wright & Miller han expresado que cuando

el demandado tiene alguna duda sobre la clasificación de

una defensa, es conveniente que la levante como una

defensa afirmativa para evitar que posteriormente se

entienda ha renunciado a este derecho. 5 Wright & Miller,

Federal Practice and Procedure, Sec. 1278 (2004).

C.

Como bien señala la Opinión Mayoritaria, este

Tribunal le ha otorgado un tratamiento de defensa

afirmativa al arbitraje como método alterno de resolución

de disputas. En McGregor-Doniger v. Tribunal Superior, 98

DPR 864 (1970), el demandado alegó que las defensas

especiales presentadas por la peticionaria, al igual que

la toma de deposiciones constituyeron una renuncia a su

derecho de arbitraje. Ante esto, el Tribunal concluyó lo

siguiente:

Las actuaciones de la peticionaria no constituyeron una renuncia de su derecho de arbitraje pues en su primera alegación en el caso invocó tal derecho y solicitó la suspensión de los procedimientos hasta que se procediese al arbitraje pactado en el contrato. Sus actuaciones subsiguientes fueron limitadas y no inconsistentes con su posición inicial de CC-2012-1089 11

insistir en el arbitraje. Íd. en las págs. 869- 870 (Citas omitidas) (Énfasis suplido).

Posteriormente, en Paine Webber, Inc. v. Soc. de

Gananciales, 151 DPR 307 (2000), el Tribunal reiteró lo

dispuesto en McGregor-Doniger v. Tribunal Superior, supra.

En este caso, luego de culminado el descubrimiento de

prueba y que los demandantes presentaran una solicitud de

desestimación, los demandados reiteraron que lo que

procedía era desestimar el litigio para iniciar el

procedimiento de arbitraje según pactado. Es importante

destacar que desde la Contestación a la Demanda, los

demandados plantearon la defensa de arbitraje y

solicitaron que se desestimara la causa de acción

presentada. La parte demandante fue la que suscribió el

Contrato de Adhesión que contenía la Cláusula de Arbitraje

en cuestión, sin embargo, estaba reclamando que los

demandados renunciaron a este derecho. Por consiguiente,

el Tribunal concluyó que cualquier perjuicio que pudiera

estar sufriendo era autoinfligido y ordenó la paralización

de los procedimientos para que las partes se sometieran al

arbitraje pactado.

Esta jurisprudencia refleja que este Tribunal ha sido

consistente en reconocer que una parte no ha renunciado a

la defensa de arbitraje cuando invocó el derecho en su

primera alegación responsiva. Asimismo, no hay duda de

que el arbitraje como método alterno de resolución de

disputas es cónsono con el tratamiento que en nuestra

jurisdicción se le ha otorgado a una defensa afirmativa. CC-2012-1089 12

Esto porque cuando una parte reclama que la controversia

debe presentarse en el contexto de un arbitraje en vez de

un proceso judicial, no está negando los hechos alegados

en la reclamación. Por el contrario, es un asunto de

materia sustantiva en la medida que el peticionario está

solicitando que se valide lo acordado contractualmente con

la otra parte y se permita resolver la controversia en un

foro alterno al judicial.

Si bien es cierto que el arbitraje no está

expresamente incluido en las defensas enumeradas en la

Regla 6.3, supra, anteriormente este Tribunal ha utilizado

el inciso (r) de esta regla y ha reconocido otras materias

constitutivas de defensa afirmativa aparte de las

enumeradas. En Valle v. Sucn. Wiscovitch, supra, en la

pág. 90, este Tribunal reconoció que la falta de

cooperación de un asegurado es una defensa afirmativa en

el contexto de un litigio sobre una póliza de seguro de

responsabilidad pública. Al respecto, se expresó que

“[c]laramente está incluida en la cláusula final de la

Regla 6.3 de Procedimiento Civil de 1958 que dispone:

ʽcualquier otra materia constitutiva de excusa o de

defensa afirmativa´”. Íd.

Asimismo, en Insurance Co. of P.R. v. Tribunal

Superior, 100 DPR 405, 408 (1972), reconocimos que la

defensa de inmunidad gubernamental en cuanto a los

intereses por temeridad son una defensa renunciable si la

parte no la levanta al contestar la demanda. Por otra CC-2012-1089 13

parte, la inmunidad condicionada también ha sido

reconocida jurisprudencialmente como una defensa

afirmativa. Acevedo v. Srio. Servicios Sociales, 112 DPR

256, 263 (1982). Para ejemplos adicionales sobre

actuaciones similares de este Tribunal, véase Díaz Ayala

et al. v. E.L.A., 153 DPR 675, 695-696 (2001) (falta de

cubierta de una póliza de seguros); Villanueva v.

Hernández Class, 128 DPR 618, 652 (1991) (defensa del

comentario imparcial); Odriozola v. S. Cosmetic Dist.

Corp., 116 DPR 485, 506 (1985) (mitigación de daños).

A tenor con lo que hemos expuesto hasta el momento,

somos del criterio que debemos ser consistentes con las

expresiones anteriores de este Tribunal y concluir que por

virtud de la Regla 6.3 (r), supra, el arbitraje es una

defensa afirmativa. Esto implica que cuando una parte

quiere establecer que el asunto sobre el cual versa la

causa de acción debe ser dilucidado mediante un

procedimiento de arbitraje, deberá así hacerlo al momento

de contestar su alegación o se entenderá que ha renunciado

a este derecho. Esto es así a menos que a pesar de que la

parte haya actuado diligentemente, advenga en conocimiento

de la existencia de la defensa afirmativa luego de haber

presentado la alegación responsiva. En el caso del

arbitraje esto es improbable, debido a que como hemos

expresado, esto es una figura contractual producto de un

acuerdo válido y exigible entre las partes. No obstante,

la Regla 6.3, supra, así lo permite. Además de esto, como CC-2012-1089 14

discutimos anteriormente, la jurisprudencia ha dispuesto

que una defensa afirmativa puede ser considerada por el

tribunal si es presentada sin objeción mediante la prueba

en el juicio. Sin embargo, no contemplamos cómo una parte

puede avalar una petición de remitir la controversia a

arbitraje cuando ya están en una etapa tan avanzada de los

procedimientos.

Además de ser consistente con nuestros

pronunciamientos anteriores, concluir que el arbitraje es

una defensa afirmativa también es cónsono con el propósito

mismo de un método alterno de resolución de disputas.

Como bien expresó el Profesor Demetrio Quiñones, lo

valioso del arbitraje es que le permite a las partes

resolver las controversias de una manera más ágil y

económica.

La Opinión Mayoritaria nos invita a que adoptemos

pronunciamientos de la jurisdicción de Nueva York y

concluyamos que para determinar si una parte renunció a su

derecho de arbitraje no se puede considerar simplemente si

lo levantó como defensa afirmativa, sino evaluar si la

parte actuó afirmativamente en el procedimiento judicial.

Para esto, se arguye además, que los tribunales en su

discreción, pueden determinar si la parte incurrió en

incuria o tuvo mala fe al momento de alegar su derecho de

A la luz de toda nuestra jurisprudencia, la cual

hemos esbozado anteriormente, no nos parece razonable CC-2012-1089 15

adoptar el escrutinio propuesto. Resulta difícil concebir

que mientras el arbitraje tiene su razón de ser en la

agilidad y economía que le provee a las partes en

comparación con un procedimiento judicial, se adopte un

escrutinio que promueve litigios innecesarios, incrementa

los costos y es perjudicial para las partes.

En síntesis, además de ser innecesario, este

escrutinio complica los procedimientos en la medida que

abre las puertas para que las partes no sean diligentes en

el reclamo del derecho que adquirieron contractualmente.

Asimismo, crea una categoría discrecional para que caso a

caso los tribunales determinen si la participación de la

parte que reclama el derecho de arbitraje en el foro

judicial ha sido lo suficientemente afirmativa como para

poderse concluir que ha renunciado a su derecho. Sin

duda, esto va a generar una cantidad significativa de

litigios tanto a nivel de instancia como en los tribunales

apelativos. Consecuentemente, va a incrementar los costos

y prolongar innecesariamente la determinación de si la

causa de acción debe continuar en el foro judicial o

remitirse a arbitraje. En fin, adoptar el escrutinio

propuesto crea más inconvenientes que las dificultades

judiciales que resuelve.

El demandado que omite levantar el arbitraje como

defensa afirmativa crea una falsa expectativa en el

demandante a los efectos de que ha renunciado a su derecho

y por lo tanto, la controversia va a ser dilucidada en el CC-2012-1089 16

foro judicial. Por consiguiente, permitir que

posteriormente se levante la defensa de arbitraje hace que

todos los esfuerzos, tanto del demandante como de su

representación legal, sean en vano. Todo esto es

contrario al mandato provisto por las Reglas de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R.1, en tanto disponen

que deben ser interpretadas de manera que permitan

resolver las controversias con justicia, agilidad y

economía procesal. Véase Olmeda Nazario v. Sueiro Jiménez,

123 DPR 294, 299 (1989). Adoptar el escrutinio propuesto

por la Mayoría de este Tribunal, lacera este principio en

la medida que permite se active la maquinaria judicial,

pase el tiempo, se inviertan esfuerzos y recursos y, luego

bajo el pretexto de que el demandado solo ha actuado

defensivamente, se paralicen los procedimientos para

entonces comenzar un proceso de arbitraje.

Por consiguiente, reiteramos que el arbitraje debe

ser considerado como una defensa afirmativa. No es propio

otorgarle un tratamiento distinto y contradecir nuestros

pronunciamientos en McGregor-Doniger v. Tribunal, supra y

Paine Webber, Inc. v. Soc. de Gananciales, supra. Con

esta determinación promovemos la diligencia de las partes

al momento de responder las alegaciones que se han instado

en su contra, y más importante aún, garantizamos la

economía de los procedimientos judiciales. Validar el

arbitraje como defensa cuando una parte contestó la

reclamación que se ha instado en su contra sin invocarlo, CC-2012-1089 17

es sin duda un paso para extender la resolución de las

controversias y causarle perjuicios a las partes.

En la situación de hechos que nos ocupa, las partes

firmaron un Contrato donde pactaron el arbitraje para

aquellas controversias que se suscitaran entre el

contratista y el dueño de la propiedad. Sin embargo, la

recurrida hizo caso omiso de esta disposición y presentó

una Demanda ante el Tribunal de Primera Instancia. Por su

parte, en la Contestación a la Demanda, la peticionaria no

invocó la cláusula contractual como defensa. No es hasta

ocho (8) meses después que presentó una Contestación

Enmendada a la Demanda y alegó que el tribunal no tenía

jurisdicción debido a que la reclamación no fue sometida

al proceso de arbitraje.

Habiendo determinado que el arbitraje es una defensa

afirmativa y que la misma no fue levantada por el

peticionario al responder su primera alegación responsiva,

podemos concluir que renunció a este derecho. El acuerdo

era conocido por las partes antes de contestar la Demanda,

por lo que no pueden argumentar que advinieron en

conocimiento durante el descubrimiento de prueba.

Asimismo, dado que en este caso no ha habido un juicio en

sus méritos, tampoco podemos considerar que hubo una

enmienda conforme a la prueba presentada.

Lo que correspondía era presentar el arbitraje como

defensa afirmativa y conforme la Regla 6.2, supra, incluir CC-2012-1089 18

aquellos hechos que sustentaran esta alegación. Sin

embargo, esto no fue lo que ocurrió. Por contrario, el

peticionario no levantó la defensa de arbitraje, participó

en el descubrimiento de prueba y en el Informe para el

Manejo del Caso conforme requiere la Regla 37.1 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 37.1. Según la

Declaración Jurada presentada por el Sr. Arnaldo Ruiz

Rodríguez, Secretario de H.R., Inc., la paralización de

los procedimientos les causaría pérdidas considerables por

todo lo que han invertido en el descubrimiento de prueba y

preparación para el juicio.34 Con la determinación de que

el arbitraje es una defensa afirmativa, además de estar

resolviendo cónsono con la jurisprudencia y las reglas

aplicables, evitamos que se susciten este tipo de

situaciones perjudiciales para las partes.

No hay duda de que en Puerto Rico hay una fuerte

política pública a favor del arbitraje. Sin embargo,

validar el escrutinio propuesto por la Opinión Mayoritaria

solo promovería la falta de diligencia de las partes en

reclamar su derecho. Asimismo, crearía toda una categoría

discrecional en la que los tribunales tendrían que entrar

a dilucidar si la actuación de la parte solamente ha sido

defensiva o en efecto han participado afirmativamente en

el proceso judicial renunciando a su derecho de arbitraje.

Finalmente, no sería cónsono con la política pública de

34 Véase Apéndice en las págs. 61-63 (Declaración Jurada de Arnaldo Ruiz Quiñones). CC-2012-1089 19

agilidad y economía que se pretende promover a través de

los métodos alternos de resolución de disputas.

Por los fundamentos expuestos anteriormente, concurro

con confirmar la Sentencia del Tribunal de Apelaciones, la

cual confirma la denegatoria de la Sentencia Sumaria

presentada por el peticionario ante el Tribunal de Primera

Instancia.

Mildred G. Pabón Charneco Jueza Asociada