Hon. Acevedo Vilá Y Otros v. Hon. Aponte Hernández Y Otros
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Opinion
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Hon. Aníbal Acevedo Vilá, Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico Apelación Hon. José Luis Dalmau Santiago, Senador del Distrito de Humacao 2006 TSPR 115
Demandantes 168 DPR ____
vs.
Hon. José F. Aponte Hernández, Presidente de la Cámara de Representantes
José Enrique Meléndez Ortiz, Secretario de la Cámara de Representantes
Hon. Kenneth McClintock Hernández, Presidente del Senado y
Senado de Puerto Rico, por conducto de su Presidente, Hon. Kenneth McClintock Hernández
Demandados
Número del Caso: MD-2006-6
Fecha: 3 de julio de 2006
Oficina del Procurador General:
Lcda. Sarah Y. Rosado Morales Procuradora General Auxiliar
Lcdo. Salvador J. Antonetti Sttutts Procurador General
Abogado de los Interventores:
Lcdo. Eudaldo Baez-Galib
Abogados de la Parte Demandada:
Lcdo. Angel J. Vargas Carcaña Lcdo. Kevin Miguel Rivera-Medina Lcdo. Richard W. Markus Lcdo. Manuel D. Herrero Lcdo. Carlos E. Pérez Acosta
Banco Gubernamental de Fomento:
Lcda. Heidi L. Rodríguez Benítez Lcda. Sara L. Vélez Santiago Materia: Mandamus
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Hon. Aníbal Acevedo Vilá, * Gobernador del Estado Libre Asociado * de Puerto Rico * * Hon. José Luis Dalmau Santiago, * Senador del Distrito de Humacao * * Demandantes * * vs. * * MD-2006-06 Hon. José F. Aponte Hernández, * Presidente de la Cámara de * Representantes * * Mandamus José Enrique Meléndez Ortiz, * Secretario de la Cámara de * Representantes * * Hon. Kenneth McClintock Hernández, * Presidente del Senado y * * Senado de Puerto Rico, por conducto * de su Presidente, Hon. Kenneth McClintock Hernández * * Demandados * * **************************************
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Presidente señor Hernández Denton
San Juan, Puerto Rico a 3 de julio de 2006.
Mediante esta petición de mandamus, en jurisdicción
original, comparecen ante nos el Gobernador del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, Hon. Aníbal Acevedo Vilá,
y el Senador por el Distrito de Humacao, Hon. José Luis
Dalmau Santiago. Nos solicitan que ordenemos al
Presidente de la Cámara de Representantes, Hon. José F.
Aponte Hernández, y al Secretario de dicho cuerpo MD-2006-6 2
legislativo, Lcdo. José Meléndez Ortiz, a que sometan a
la consideración del Primer Ejecutivo el Proyecto
Sustitutivo al P. de la C. 2193, el cual contiene el
texto de la “Ley de la Justicia Contributiva de 2006”,
según fue aprobada por la Asamblea Legislativa, para que
éste pueda ejercer su derecho constitucional de aprobar o
vetar la referida pieza legislativa.
En vista de que la Sección 19 del Artículo III de la
Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 1
L.P.R.A., claramente dispone que un proyecto de ley que
es aprobado por ambas cámaras se someterá al Gobernador,
se expide el auto de mandamus. Por ende, se ordena a los
demandados cumplir con su deber ministerial
constitucional de someter el citado proyecto de ley a la
atención del Gobernador.
I.
Los hechos que suscitaron este pleito no están en
controversia. El 21 de junio de 2006, la Cámara de
Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
aprobó el Proyecto Sustitutivo al P. de la C. 2193 con
treinta y un (31) votos a favor y dieciocho (18) votos en
contra. El aludido proyecto consignaba la versión de la
Cámara de Representantes sobre la denominada “Ley de la
Justicia Contributiva de 2006”.
Una vez dicho proyecto fue debidamente aprobado por
la Cámara, el 21 de junio, pasó a la consideración del MD-2006-6 3 Senado de Puerto Rico. El 25 de junio de 2006, una
mayoría de los miembros del Senado aprobó el proyecto sin
realizarle enmienda alguna. Además, se dispuso que la
medida fuera enrolada y entregada a la Oficina de Actas y
Récords de la Cámara de Representantes.
Posteriormente, se desató un debate entre la Cámara
de Representantes, el Senado y el Gobernador con relación
al significado de ciertas disposiciones del proyecto
aprobado. Como consecuencia de esto, el 27 de junio de
2006, la Cámara de Representantes convocó una sesión y
aprobó el “Sustitutivo al Proyecto Cameral 2193 de
Reforma Contributiva”. Mediante dicha actuación, el
cuerpo reconsideró y enmendó ciertas disposiciones de la
Ley de Justicia Contributiva de 2006 relacionadas con el
monto de las tasas de impuesto al consumo. El 28 de junio
de 2006, la Oficina de Actas y Récords de la Cámara de
Representantes remitió al Senado una comunicación
informando la reconsideración de la medida, pero este
último cuerpo no la recibió. Tampoco consintió a que se
devolviera el proyecto a la Cámara para su
reconsideración.
Como el proyecto originalmente aprobado por ambos
cuerpos no había sido remitido a su atención, el 28 de
junio de 2006, el Gobernador cursó sendas misivas al Hon.
José F. Aponte Hernández y al Lcdo. José E. Meléndez
Ortiz para requerirles que cumplieran con sus deberes MD-2006-6 4 ministeriales de certificar y someter la pieza
legislativa a su consideración.
En vista de que ambos funcionarios no accedieron a
lo solicitado, el Gobernador y el Hon. José Luis Dalmau
Santiago acuden ante nos mediante este recurso de
mandamus.1 Sostienen, esencialmente, que en atención a la
Sección 19 del Artículo III de la Constitución del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, 1 L.P.R.A., una vez el
proyecto de ley es debidamente aprobado tanto por la
Cámara como por el Senado, los presidentes de ambos
cuerpos tienen un deber ministerial de someter la medida
ante la consideración del Gobernador. Conforme a este
fundamento, solicitan que le ordenemos al Hon. José F.
Aponte Hernández y al licenciado Meléndez Ortiz a
enrolar, firmar y certificar el proyecto de ley aprobado
por la Asamblea Legislativa y a someterlo ante la
consideración del Primer Ejecutivo para que lo apruebe
mediante su firma o lo vete conforme a sus prerrogativas
constitucionales.
La petición formulada fue acompañada por una “Moción
en Auxilio de Jurisdicción”. En ésta, nos solicitan que
atendamos el recurso con carácter prioritario. Esto
debido a que algunas disposiciones del proyecto de ley en
1 La petición de autos, igualmente, va dirigida contra el Senado y su Presidente, Hon. Kenneth McClintock Hernández, bajo el fundamento de que éstos son partes indispensables para la configuración del remedio solicitado. Véase Petición de Mandamus, págs. 6-7. MD-2006-6 5 controversia entrarían en vigor el 1ro de julio de 2006,
de ser aprobada dicha medida por el Gobernador. Vista la
petición, concedimos un término simultáneo e
improrrogable al Presidente, al Secretario de la Cámara
de Representantes y al Presidente del Senado para que
expresaran sus posiciones en torno a este recurso.
En cumplimiento con lo ordenado, el Senado de Puerto
Rico, por conducto de su Presidente, Hon. Kenneth
McClintock Hernández, comparece ante nos allanándose al
remedio solicitado por el Gobernador en su petición de
mandamus. Señala, además, que está en la disposición de
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Hon. Aníbal Acevedo Vilá, Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico Apelación Hon. José Luis Dalmau Santiago, Senador del Distrito de Humacao 2006 TSPR 115
Demandantes 168 DPR ____
vs.
Hon. José F. Aponte Hernández, Presidente de la Cámara de Representantes
José Enrique Meléndez Ortiz, Secretario de la Cámara de Representantes
Hon. Kenneth McClintock Hernández, Presidente del Senado y
Senado de Puerto Rico, por conducto de su Presidente, Hon. Kenneth McClintock Hernández
Demandados
Número del Caso: MD-2006-6
Fecha: 3 de julio de 2006
Oficina del Procurador General:
Lcda. Sarah Y. Rosado Morales Procuradora General Auxiliar
Lcdo. Salvador J. Antonetti Sttutts Procurador General
Abogado de los Interventores:
Lcdo. Eudaldo Baez-Galib
Abogados de la Parte Demandada:
Lcdo. Angel J. Vargas Carcaña Lcdo. Kevin Miguel Rivera-Medina Lcdo. Richard W. Markus Lcdo. Manuel D. Herrero Lcdo. Carlos E. Pérez Acosta
Banco Gubernamental de Fomento:
Lcda. Heidi L. Rodríguez Benítez Lcda. Sara L. Vélez Santiago Materia: Mandamus
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Hon. Aníbal Acevedo Vilá, * Gobernador del Estado Libre Asociado * de Puerto Rico * * Hon. José Luis Dalmau Santiago, * Senador del Distrito de Humacao * * Demandantes * * vs. * * MD-2006-06 Hon. José F. Aponte Hernández, * Presidente de la Cámara de * Representantes * * Mandamus José Enrique Meléndez Ortiz, * Secretario de la Cámara de * Representantes * * Hon. Kenneth McClintock Hernández, * Presidente del Senado y * * Senado de Puerto Rico, por conducto * de su Presidente, Hon. Kenneth McClintock Hernández * * Demandados * * **************************************
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Presidente señor Hernández Denton
San Juan, Puerto Rico a 3 de julio de 2006.
Mediante esta petición de mandamus, en jurisdicción
original, comparecen ante nos el Gobernador del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, Hon. Aníbal Acevedo Vilá,
y el Senador por el Distrito de Humacao, Hon. José Luis
Dalmau Santiago. Nos solicitan que ordenemos al
Presidente de la Cámara de Representantes, Hon. José F.
Aponte Hernández, y al Secretario de dicho cuerpo MD-2006-6 2
legislativo, Lcdo. José Meléndez Ortiz, a que sometan a
la consideración del Primer Ejecutivo el Proyecto
Sustitutivo al P. de la C. 2193, el cual contiene el
texto de la “Ley de la Justicia Contributiva de 2006”,
según fue aprobada por la Asamblea Legislativa, para que
éste pueda ejercer su derecho constitucional de aprobar o
vetar la referida pieza legislativa.
En vista de que la Sección 19 del Artículo III de la
Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 1
L.P.R.A., claramente dispone que un proyecto de ley que
es aprobado por ambas cámaras se someterá al Gobernador,
se expide el auto de mandamus. Por ende, se ordena a los
demandados cumplir con su deber ministerial
constitucional de someter el citado proyecto de ley a la
atención del Gobernador.
I.
Los hechos que suscitaron este pleito no están en
controversia. El 21 de junio de 2006, la Cámara de
Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
aprobó el Proyecto Sustitutivo al P. de la C. 2193 con
treinta y un (31) votos a favor y dieciocho (18) votos en
contra. El aludido proyecto consignaba la versión de la
Cámara de Representantes sobre la denominada “Ley de la
Justicia Contributiva de 2006”.
Una vez dicho proyecto fue debidamente aprobado por
la Cámara, el 21 de junio, pasó a la consideración del MD-2006-6 3 Senado de Puerto Rico. El 25 de junio de 2006, una
mayoría de los miembros del Senado aprobó el proyecto sin
realizarle enmienda alguna. Además, se dispuso que la
medida fuera enrolada y entregada a la Oficina de Actas y
Récords de la Cámara de Representantes.
Posteriormente, se desató un debate entre la Cámara
de Representantes, el Senado y el Gobernador con relación
al significado de ciertas disposiciones del proyecto
aprobado. Como consecuencia de esto, el 27 de junio de
2006, la Cámara de Representantes convocó una sesión y
aprobó el “Sustitutivo al Proyecto Cameral 2193 de
Reforma Contributiva”. Mediante dicha actuación, el
cuerpo reconsideró y enmendó ciertas disposiciones de la
Ley de Justicia Contributiva de 2006 relacionadas con el
monto de las tasas de impuesto al consumo. El 28 de junio
de 2006, la Oficina de Actas y Récords de la Cámara de
Representantes remitió al Senado una comunicación
informando la reconsideración de la medida, pero este
último cuerpo no la recibió. Tampoco consintió a que se
devolviera el proyecto a la Cámara para su
reconsideración.
Como el proyecto originalmente aprobado por ambos
cuerpos no había sido remitido a su atención, el 28 de
junio de 2006, el Gobernador cursó sendas misivas al Hon.
José F. Aponte Hernández y al Lcdo. José E. Meléndez
Ortiz para requerirles que cumplieran con sus deberes MD-2006-6 4 ministeriales de certificar y someter la pieza
legislativa a su consideración.
En vista de que ambos funcionarios no accedieron a
lo solicitado, el Gobernador y el Hon. José Luis Dalmau
Santiago acuden ante nos mediante este recurso de
mandamus.1 Sostienen, esencialmente, que en atención a la
Sección 19 del Artículo III de la Constitución del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, 1 L.P.R.A., una vez el
proyecto de ley es debidamente aprobado tanto por la
Cámara como por el Senado, los presidentes de ambos
cuerpos tienen un deber ministerial de someter la medida
ante la consideración del Gobernador. Conforme a este
fundamento, solicitan que le ordenemos al Hon. José F.
Aponte Hernández y al licenciado Meléndez Ortiz a
enrolar, firmar y certificar el proyecto de ley aprobado
por la Asamblea Legislativa y a someterlo ante la
consideración del Primer Ejecutivo para que lo apruebe
mediante su firma o lo vete conforme a sus prerrogativas
constitucionales.
La petición formulada fue acompañada por una “Moción
en Auxilio de Jurisdicción”. En ésta, nos solicitan que
atendamos el recurso con carácter prioritario. Esto
debido a que algunas disposiciones del proyecto de ley en
1 La petición de autos, igualmente, va dirigida contra el Senado y su Presidente, Hon. Kenneth McClintock Hernández, bajo el fundamento de que éstos son partes indispensables para la configuración del remedio solicitado. Véase Petición de Mandamus, págs. 6-7. MD-2006-6 5 controversia entrarían en vigor el 1ro de julio de 2006,
de ser aprobada dicha medida por el Gobernador. Vista la
petición, concedimos un término simultáneo e
improrrogable al Presidente, al Secretario de la Cámara
de Representantes y al Presidente del Senado para que
expresaran sus posiciones en torno a este recurso.
En cumplimiento con lo ordenado, el Senado de Puerto
Rico, por conducto de su Presidente, Hon. Kenneth
McClintock Hernández, comparece ante nos allanándose al
remedio solicitado por el Gobernador en su petición de
mandamus. Señala, además, que está en la disposición de
firmar y enviar al mandatario el Proyecto Sustitutivo del
P. de la C. 2193, una vez los funcionarios de la Cámara
de Representantes cumplan con su deber ministerial de
completar el trámite de enrolado y firmar el texto
certificado, según aprobado por la Cámara de
Representantes en su Sesión Ordinaria de 21 de junio de
2006 y según aprobado, sin enmiendas, por el Senado de
Puerto Rico en su Sesión Ordinaria de 25 de junio de
2006.
De igual forma, compareció ante nos el Presidente de
la Cámara, Hon. José F. Aponte Hernández. En esencia,
sostiene que la petición de mandamus presentada por el
Gobernador no cumple con los requisitos establecidos por
este Tribunal para la expedición de este auto en
jurisdicción original. Igualmente, aduce que los
demandantes carecen de legitimación activa para impugnar MD-2006-6 6 la determinación de la Cámara de Representantes de Puerto
Rico, que la controversia no está madura y que este
pleito no es justiciable, debido a que el Gobernador
pretende socavar la voluntad y las prerrogativas de los
miembros de la Cámara de Representantes sobre el gobierno
interno del cuerpo y el trámite legislativo de las
medidas.
Comparecen además, el Banco Gubernamental de Fomento
mediante una petición de autorización para comparecer
como amicus curiae y siete miembros del Senado de Puerto
Rico con una petición de mandamus y solicitud de
intervención. La disposición del recurso mediante esta
Opinión hace innecesario expresarnos sobre dichos
escritos.
Con el beneficio de las comparecencias,2 y en
consideración al alto interés público que ha suscitado
esta controversia, procedemos a resolver la controversia
de autos con la premura que este asunto amerita.
II.
Al resolver este caso, partimos de la premisa de que
vivimos en un ordenamiento constitucional donde impera la
ley y no las voluntades individuales. Los que tenemos el
Comparecen además, el Banco Gubernamental de 2
Fomento mediante una petición de autorización para comparecer como amicus curie y siete miembros del Senado de Puerto Rico con una petición de mandamus y solicitud de intervención. La disposición del recurso mediante esta Opinión hace innecesario expresarnos sobre dichos escritos. MD-2006-6 7
privilegio de servir a nuestro país hemos jurado ser
fieles al mandato constitucional.3 A este Tribunal le
corresponde la ineludible obligación de asegurar la
estabilidad constitucional del país y la seguridad
jurídica de sus instituciones democráticas,
particularmente en momentos en que los otros poderes
constitucionales están en un conflicto que amenaza la
estabilidad económica, y la salud fiscal y crediticia del
país.
A.
Como cuestión de umbral, pasemos a examinar si
estamos ante una controversia susceptible de un remedio
judicial, en vista del criterio de la justiciabilidad.
Como hemos resuelto en el pasado, entre otros, un caso no
es justiciable cuando las partes demandantes no poseen
legitimación activa para incoar un recurso judicial
3 La Sección 16 del Artículo VI de nuestra Constitución dispone:
Todos los funcionarios y empleados del Estado Libre Asociado, sus agencias, instrumentalidades y subdivisiones políticas prestarán, antes de asumir las funciones de sus cargos, juramento de fidelidad a la Constitución de los Estados Unidos de América y a la Constitución y a las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. MD-2006-6 8 determinado. Acevedo Vilá v. Meléndez Ortiz, res. el 7 de
junio de 2005, 2005 TSPR 79.
La legitimación activa nos asegura que el promovente
de una acción posea un interés “de tal índole que, con
toda probabilidad, habrá de proseguir su causa de acción
vigorosamente y habrá de traer a la atención del tribunal
las cuestiones en controversia”. Noriega v. Hernández
Colón, 135 D.P.R. 406, 427 (1994); Hernández Agosto v.
Romero Barceló, 112 D.P.R. 407, 413 (1982). Para cumplir
con dicho objetivo, el demandante debe demostrar que: (1)
ha sufrido un daño claro y palpable; (2) el daño es real,
inmediato y preciso, no abstracto o hipotético; (3)
existe una relación causal razonable entre la acción que
se ejecuta y el daño alegado y (4) la causa de acción
surge al amparo de la Constitución o de alguna ley.
Acevedo Vilá v. Meléndez Ortiz, supra; P.P.D. v.
Gobernador I, 139 D.P.R. 643 (1995).
El Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico tiene legitimación activa para acudir al proceso
judicial a vindicar sus prerrogativas constitucionales
siempre que concurran los requisitos mencionados. Acevedo
Vilá v. Meléndez Ortiz, supra. De igual manera, igual
exigencia se imprime cuando se trata de los cuerpos
legislativos o cada uno de sus miembros. Hernández Agosto
v. Romero Barceló, supra. Un legislador tendrá
legitimación activa para cuestionar cualquier regla o MD-2006-6 9 proceso que coarte sus facultades constitucionales, Silva
v. Hernández Agosto, 118 D.P.R. 45 (1986). También tendrá
legitimación activa para impugnar la constitucionalidad
de una ley o actuación gubernamental cuando se vea
afectado directamente en su carácter personal. Noriega v.
Gobernador, 122 D.P.R. 650 (1988). Claro está, el
representante o senador no podrá acudir al tribunal para
trasladar a éste su fallido debate legislativo. Hernández
Torres v. Hernández Colón, 131 D.P.R. 593, 604 (1992). Es
decir, si el legislador puede o pudo haber obtenido un
remedio de sus compañeros mediante el proceso
legislativo, los tribunales no intervendrán en el asunto.
Véase L. Tribe, American Constitutional Law, 3rd ed.,
Vol. I, 2000, Sec. 3-20, pág. 463.
B.
En el caso de autos, comparece el Hon. Aníbal
Acevedo Vilá en su capacidad de Gobernador del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico. Sostiene que posee el
derecho constitucional de sancionar o vetar los proyectos
de ley tan pronto éstos se aprueban por ambos cuerpos de
la Asamblea Legislativa. Alega, además, que ha sufrido un
daño claro y palpable al impedírsele ejercer dicha
prerrogativa constitucional, toda vez que el Presidente y
el Secretario de la Cámara de Representantes no han
sometido el proyecto a su consideración, aun cuando fue
aprobado por la mayoría de los miembros de ambos cuerpos
legislativos. Petición de Mandamus, pág. 9. MD-2006-6 10 Evaluadas sus alegaciones a la luz de nuestra
normativa constitucional y de los criterios específicos
antes expuestos, entendemos que el Gobernador de Puerto
Rico tiene legitimación activa para presentar este
recurso.
En estas circunstancias, no es necesario
pronunciarnos sobre la legitimación activa del
codemandante, Hon. José Luis Dalmau Santiago, ni de los
otros Senadores que solicitan intervenir en este recurso.
Resuelto este criterio de umbral, pasemos a
considerar si el recurso de mandamus es el adecuado para
atender la controversia aquí presente.
III.
El recurso de mandamus es aquel que se expide para
ordenar a una persona o personas naturales, a una
corporación o a un tribunal de inferior jerarquía que
cumpla o ejecute un acto que forma parte de sus deberes y
atribuciones. Art. 649 del Código de Enjuiciamiento Civil
(1933), 32 L.P.R.A. sec. 3421. Este recurso, por mandato
expreso de ley, es uno altamente privilegiado y su
expedición es discrecional. Noriega v. Hernández Colón,
supra. Además, este Tribunal está facultado para
expedirlo como parte de su jurisdicción original. Véanse
Const. E.L.A., Art. V, Sec. 5, 1 L.P.R.A.; Ley de la
Judicatura de 2003, Art. 3.002(a), 4 L.P.R.A. sec. MD-2006-6 11 24s(a); Art. 650 del Código de Enjuiciamiento Civil
(1933), 32 L.P.R.A. sec. 3422.
La procedencia del mandamus depende inexorablemente
del carácter del acto que se pretende compeler mediante
dicho recurso. D. Rivé Rivera, Recursos Extraordinarios,
2da ed., San Juan, Ed. U.I.A., 1996, pág. 107. Sólo
procede para ordenar el cumplimiento de un deber
ministerial, que no admite discreción en su ejercicio,
cuando no hay otro mecanismo en ley para conseguir dicho
remedio. Báez Galib y otros v. C.E.E., 152 D.P.R. 382
(2000).
Un aspecto medular que debe ser evaluado para
determinar si procede o no el mandamus contra los
miembros de la Asamblea Legislativa es el carácter de la
función que se pretende compeler. Ello en vista de que no
procedería el auto para ordenar la ejecución de
actividades legislativas legítimas, toda vez que éstas
están protegidas por la inmunidad parlamentaria que surge
de la Sección 14 del Artículo III de nuestra
Constitución. Romero Barceló v. Hernández Agosto, 115
D.P.R. 368 (1984). Hemos resuelto en el pasado que las
actividades legislativas legítimas comprenden, entre
otros eventos, la formulación de las leyes, la
investigación, la fiscalización del Gobierno, el debate
de asuntos de interés público, y mantener informado al
pueblo sobre la marcha de la cosa pública. Id. MD-2006-6 12 Ahora bien, ello no significa que toda actividad que
se celebre o ejecute en la Asamblea Legislativa está
cubierta por la inmunidad parlamentaria, por lo que
debemos distinguir entre un acto legislativo y una acción
no legislativa. Silva v. Hernández Agosto, supra.
En vista de ello, al evaluar la actividad para fines
de la inmunidad parlamentaria, “lo determinante [será] la
naturaleza del acto y su relación con el proceso
deliberativo y de votación inherente a las funciones
parlamentarias”. Id., pág. 60. Examinemos este aspecto en
otras jurisdicciones con el propósito de ilustrar nuestro
razonamiento.
En Kavanaugh v. Chandler, 255 Ky. 182, 72 S.W. 2d
1003 (1934), el más alto foro judicial de Kentucky se
enfrentó a una situación muy similar a la de autos. Un
ciudadano presentó una petición de mandamus para obligar
al Presidente del Senado de ese estado a firmar unas
medidas que fueron aprobadas por ambos cuerpos de la
Asamblea Legislativa. Las medidas habían sido aprobadas
siguiendo el trámite legislativo ordinario y,
posteriormente, enroladas y firmadas por el Presidente de
la Cámara. En ese momento, los proyectos de ley fueron
enviados al Presidente del Senado, pero éste se negó a
firmarlos por entender que la Cámara había incumplido con
un requisito procesal posterior a la aprobación de las
medidas. Ante la negativa del Presidente del Senado de MD-2006-6 13 firmar las leyes, éstas se dieron por aprobadas y se le
enviaron al gobernador, quien también las firmó.
Al analizar la controversia planteada, dicho foro
concluyó que el Presidente del Senado estaba obligado por
mandato constitucional a firmar una ley una vez ésta
fuera aprobada por ambos cuerpos legislativos. La
Constitución de Kentucky obliga a los presidentes de los
cuerpos legislativos a firmar las leyes una vez éstas
sean debidamente aprobadas y se cumplan los trámites
formales dispuestos. Por esta razón, el tribunal razonó
que el acto de firmar una ley aprobada es una función
ministerial que no involucra acto alguno de discreción
legislativa.4 Al tratarse de un deber ministerial,
procedía la petición de mandamus para compeler al
legislador a descargar su obligación.5
Del mismo modo, otros tribunales estatales han
concurrido en el razonamiento de que, cuando se trata de
funciones de carácter imperativo por virtud de una ley o
4 “[S]ince the Constitution peremptorily directs that the officer shall sign the bills under the conditions specified, he has no discretion and his act is ministerial in character. It is familiar law that the courts may mandatorily require a public officer to perform his duty. (…) We have so held in relation to the executive. (…) And it is no usurpation of legislative powers or an invasion of the functions of that independent branch of the government for the court to compel its officers by the law upon them where the element of discretion does not enter. 255 Ky. 182, 72 S.W. 2d 1003, 1005 (1934).” 5 Como cuestión de hecho, en este caso se declaró sin lugar la petición de mandamus por otros fundamentos que no están relacionados a la controversia del presente recurso. MD-2006-6 14 una constitución, procede una petición de mandamus para
ordenar a un legislador a cumplir con su deber
ministerial.
Por ejemplo, en State ex rel. Donnell v. Osburn, 147
S.W. 2d 1065 (1941), el Tribunal Supremo de Missouri tuvo
ante su consideración una disposición de la Constitución
de ese estado que le requiere al Presidente de la Cámara
de Representantes certificar los resultados de una
elección y ordenar su publicación oficial, una vez fueran
contabilizados los votos. No obstante lo anterior, el
Presidente de la Cámara de Representantes de Missouri se
negó a certificar los resultados de una elección para el
cargo de gobernador. En vista del mandato constitucional
expreso, el Tribunal Supremo de Missouri declaró con
lugar una petición de mandamus y le ordenó al Presidente
de la Cámara de Representantes a anunciar el ganador y a
publicar los resultados de la contienda electoral. Según
razonó el tribunal, el acto de declarar al gobernador
electo es uno ministerial y no legislativo,
independientemente de que quien lo lleve a cabo sea el
Presidente de la Cámara de Representantes.6
Asimismo, en Pennsylvania State Association of
County Commissioners v. Commonwealth of Pennsylvania, 545
Pa. 324, 681 A.2d 699 (1996), el Tribunal Supremo de
6 “It is our judgment that the duty commanded by [art. 5, Section 3] is imposed on the speaker and is clear, peremptory and ministerial and therefore one which may be directed by mandamus.” State ex rel. Donnell v. Osburn, 147 S.W. 2d 1065, 1069 - 1070. MD-2006-6 15 Pennsylvania declaró con lugar una petición de mandamus y
ordenó que la Rama Legislativa legislara, dentro de un
término específico, para conjurar un esquema
inconstitucional de financiamiento judicial. Según razonó
el tribunal, cuando se le ha ordenado a la legislatura a
actuar para curar un defecto constitucional que afecta
directamente la existencia de la rama judicial, la
legislatura no está inmune de ser demandada por razón de
la inmunidad parlamentaria. Si así fuera, el deber de la
Rama Judicial de interpretar la Constitución de
Pennslyvania sería coartado y sería ineficaz el sistema
de separación de poderes que es el principio fundamental
de la Constitución.7
Igualmente, en Ex parte Pickett, 24 Ala. 91 (1854),
el Tribunal Supremo de Alabama le ordenó al Presidente de
la Cámara de Representantes a certificarle al Contralor
de ese estado la suma a la cual tenía derecho otro
representante de la Cámara por concepto de dietas y
millaje. La ley establecía el procedimiento mediante el
cual se determinaría la compensación debida, por lo que
7 “Where the legislature has been directed by this court to act in order to remedy a constitutional defect in the scheme which funds the court system, funding if which is necessary for the continued existence of the judicial branch of government, the legislature is not insulated from suit by the speech and debate clause. If it were, this court’s duty to interpret and enforce the Pennsylvania Constitution would be abrogated, thus rendering ineffective the tripartite system of government which lies at the basis of our constitution.” Pennsylvania State Association of County Commissioners v. Commonwealth of Pennsylvania, 545 Pa. 324, 331 (1996). MD-2006-6 16 el deber del Presidente de la Cámara era un trámite
ministerial, no discrecional.
Del mismo modo, en State v. Moffitt, 5 Oh. 358
(1832), el Tribunal Supremo de Ohio concluyó que procede
un mandamus para obligar a los presidentes de ambos
cuerpos legislativos a certificar la elección de un juez,
conforme establecen las leyes y la constitución de ese
estado.8
Según hemos expuesto, es un principio aceptado por
las jurisdicciones estatales que aquellas funciones
meramente ministeriales, que no involucran el ejercicio
de discreción del legislador, y que forman parte del
aspecto mecánico del proceso legislativo, están sujetas
al recurso de mandamus. Como nos señala un reconocido
tratadista del proceso legislativo:
Cuando le sea requerido al presidente del cuerpo firmar un proyecto para autenticar su aprobación, el acto de firmar es simplemente ministerial y no un ejercicio de discreción legislativa; por tanto, el mandamus procederá para forzar su ejecución. Resolver lo contrario daría al presidente del cuerpo, de hecho, un poder de veto sobre los actos del cuerpo legislativo. (Énfasis suplido y traducción
8 Según concluyó el Tribunal Supremo de Ohio: “[The] act to provide for commissioning certain officers', 29 Ohio L. 409, contains this proviso, ‘That the election of all officers elected or appointed by the legislature shall be certified by the speakers of both houses.’ Should the two speakers refuse to sign such certificate (…), power is vested in this court to compel them to do it. By section 3 of the practice act, 29 Ohio L. 56, the Supreme Court is authorized to issue a mandamus in proper cases. And in case of such refusal, this would be undoubtedly a competent and proper remedy.” 5 Oh. 358, 361 (1832). MD-2006-6 17 nuestra.) Mason´s Manual of Legislative Procedures, Ed. 2000, Sec. 575(3), pág. 417.9 B.
En este caso, se somete ante nuestra consideración
una controversia de gran envergadura para requerir al
Presidente de la Cámara de Representantes y al Secretario
del referido cuerpo que ejecuten actos ministeriales, con
el fin de dar curso al ordenamiento constitucional que
gobierna la aprobación de las leyes. Se nos solicita que
ordenemos a estos funcionarios a enrolar el Sustitutivo
al P. de la C. 2193, certificar la aprobación de esta
medida por ambos cuerpos legislativos y someterla al
escrutinio del Primer Ejecutivo. Esta controversia
indudablemente impacta el interés público y nuestro
sistema republicano de gobierno. De sus comparecencias
ante nos, es evidente el conflicto entre los dos cuerpos
legislativos sobre el asunto de autos y la controversia
constitucional entre la Asamblea Legislativa y el Poder
Ejecutivo. En vista de la importancia y magnitud de los
planteamientos constitucionales respecto al proceso
legislativo y dada la imperiosa necesidad de mantener el
ordenamiento constitucional que garantiza nuestro sistema
republicano de gobierno, resolvemos que el mandamus es el
9 “When a presiding officer is required to sign a bill to authenticate its passage, the act of signing is simply ministerial and not an exercise of legislative discretion; therefore, mandamus will lie to compel its performance. To hold otherwise would give the presiding officer, in effect, a veto upon the acts of the legislative body.” MD-2006-6 18 recurso adecuado para examinar esta controversia.
Procedemos, por tanto, a evaluar sus méritos.
IV.
La Sección 19 del Artículo III de la Constitución
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, supra,
establece el procedimiento mediante el cual se aprueban
las leyes en nuestro ordenamiento jurídico. Al así
hacerlo, nuestra Asamblea Constituyente distribuyó el
poder de hacer las leyes entre la Rama Legislativa y la
Ejecutiva. Dicha disposición reza, en lo aquí pertinente,
de la siguiente manera:
Cualquier proyecto de ley que sea aprobado por una mayoría del número total de los miembros que componen cada cámara se someterá al Gobernador y se convertirá en ley si éste lo firma o si no lo devuelve con sus objeciones a la cámara de origen dentro de diez días (exceptuando los domingos) contados a partir de la fecha en que lo hubiese recibido. (Énfasis suplido.)
Este mandato constitucional también se relaciona con
el que surge de la Sección 4 del Artículo IV, mediante el
cual se faculta al Gobernador a sancionar o desaprobar
los proyectos de ley aprobados por la Asamblea
Legislativa.
La citada Sección 19 formaba parte del procedimiento
incorporado en la Carta Orgánica de 1917, la cual había
probado su eficacia en la práctica. Véase 4 Diario de MD-2006-6 19 Sesiones de la Convención Constituyente, pág. 2586 (2003)
(Informe de la Comisión de la Rama Legislativa). En ésta,
asimismo, se requería que la aprobación de los proyectos
de ley ocurriese por acción de una mayoría del número
total de los miembros de cada cámara. J. Trías Monge,
Historia Constitucional de Puerto Rico, Río Piedras, Ed.
U.P.R., 1982, Vol. III, pág. 162. En lo aquí pertinente,
la Carta Orgánica establecía:
Ningún proyecto de ley pasará a ser ley hasta que sea aprobado en cada Cámara en votación por lista por una mayoría de todos los miembros que la componen, y registrado en el libro de actas, y haya sido aprobado por el Gobernador dentro de los diez días siguientes. Art. 34 de la Carta Orgánica de 1917, 1 L.P.R.A., Documentos Históricos.
Una simple apreciación del referido texto nos señala
la ausencia de la expresión imperativa de que el proyecto
de ley “se someterá al Gobernador” para su aprobación,
incluida en nuestra Constitución. Sin embargo, la
referida expresión resultaba innecesaria ante el mandato
que se disponía más adelante en el mismo Art. 34 de la
Carta Orgánica:
El Presidente de cada Cámara firmará, en presencia de la Cámara que presida, todos los proyectos de ley y resoluciones conjuntas aprobados por la Asamblea Legislativa, después que sus títulos hayan sido leídos públicamente, inmediatamente antes de firmar; y el hecho de firmar se hará constar en el acta. (Énfasis suplido.) Id. MD-2006-6 20 Como podemos observar, el ordenamiento legal vigente
bajo la Ley Orgánica de 1917 disponía un mandato expreso
sobre los presidentes de ambos cuerpos legislativos para
firmar los proyectos de ley debidamente aprobados por la
mayoría de los miembros de cada cámara legislativa antes
de que el Gobernador los considerara como parte de sus
facultades. Nuestra Constitución carece de un texto
análogo al anterior.
No obstante, en el ejercicio interpretativo
constitucional, debemos entender que este último mandato
está incorporado a la antes citada Sección 19 del
Artículo III de nuestra Constitución.
La razón para concluir de este modo nos parece
obvia. La firma de un proyecto de ley por parte de los
respectivos presidentes de los cuerpos legislativos es un
mecanismo de autenticación de la medida aprobada, el cual
debe ser realizado antes de someter el proyecto de ley a
la consideración del Gobernador. En vista de que nuestra
Constitución ordena someter al Gobernador todos los
proyectos de ley aprobados por ambos cuerpos
legislativos, dicho mandato incluye por implicación que
estos proyectos sean preparados para su entrega. En fin,
nuestra Constitución no necesitaba un precepto similar al
incorporado en la Carta Orgánica de 1917, toda vez que la
expresión imperativa “se someterá al Gobernador”,
refiriéndose a todo proyecto de ley, aprobado finalmente
por una mayoría de ambos cuerpos, trae consigo la MD-2006-6 21 obligación de realizar aquellos actos ministeriales que
ordinariamente se llevan a cabo antes de trasladar las
medidas a la consideración del Primer Ejecutivo, como por
ejemplo, que sean enroladas y firmadas por los
presidentes del Senado y de la Cámara.10
No olvidemos que al interpretar los contornos de
nuestra Constitución, debemos garantizar su vigorosidad y
relevancia a los problemas socio-económicos y políticos
de nuestro tiempo. Nogueras v. Hernández Colón, 127
D.P.R. 405 (1990); López Vives v. Policía de P.R., 118
D.P.R. 219 (1987). Debemos, igualmente, “evitar que
interpretaciones inflexibles y el apego a viejos modelos
impidan su aplicabilidad a las eventualidades del futuro
y en pocos años tornen obsoleta una constitución diseñada
para guiar la vida de un pueblo por varios siglos”.
Nogueras v. Hernández Colón, supra, a la pág. 411. A
diferencia de las leyes, nuestra Constitución está
redactada en términos amplios que establecen principios
generales y no reglas específicas. Id., pág. 412. Nuestra
Constitución prescribe las formalidades más importantes
que debe seguir todo proyecto para convertirse en ley.
Néstor Rigual, El Poder Legislativo de Puerto Rico, pág. 10 Véase, a modo ilustrativo, Field v. Clark, 143 U.S. 649, 671 (1892), donde el Tribunal Supremo de Estados Unidos expuso: “A pesar de que la Constitución no requiere expresamente que los proyectos de ley aprobados por el Congreso contengan las firmas de los oficiales que presiden ambos cuerpos, el uso, la conducta ordenada del proceso legislativo y las normas bajo las cuales ambos cuerpos se han conducido desde la organización del gobierno requieren dicho modo de autenticación”. (Traducción nuestra.) MD-2006-6 22 91 (Ed. U.P.R., 1961). A tenor con ello, debemos
interpretar sus preceptos con vitalidad.
Conforme a lo señalado, y en virtud de la Sección 19
del Artículo III de nuestra Constitución, un proyecto de
ley que ha sido aprobado por una mayoría de los miembros
de la Cámara de Representantes y del Senado, y que de
esta manera se convirtió en una legislación de ambas
cámaras, deberá someterse al Gobernador para que éste, a
su vez, pueda aprobarlo o desaprobarlo. Este mandato
constitucional implica, a su vez, que el proyecto de ley
debidamente aprobado por la mayoría de ambos cuerpos
legislativos sea preparado para su entrega al Primer
Ejecutivo, lo que conlleva ejercer todo trámite
ministerial previo a este último acto.
En vista del lenguaje utilizado en dicha cláusula
constitucional, una vez ambos cuerpos han aprobado
finalmente una ley, la Asamblea Legislativa no tiene la
discreción de optar por no someter el proyecto al Primer
Ejecutivo. Asimismo, no son actos discrecionales el
enrolado y la certificación de la medida como pasos
previos a su traslado al Gobernador.
Como corolario de lo anterior, tanto la Cámara de
Representantes como el Senado tienen un deber ministerial
de someterle al Gobernador todo proyecto de ley aprobado
finalmente por éstos. Por ende, una cámara no tiene
autoridad para retener un proyecto de ley luego de que
éste ha sido debidamente aprobado. Resolver lo contrario MD-2006-6 23 equivaldría a “avalar una práctica mediante la cual una
cámara o una o varias personas, como presidentes de la
Legislatura, pudieran anular la votación inequívoca de
los representantes del Pueblo.” (Traducción nuestra.)
Campaign for Fiscal Equity, Inc. v. Marino, 661 N.E. 2d
1372, 1373 (1995).
Permitir que uno o ambos cuerpos de la Asamblea
Legislativa retengan un proyecto de ley luego de su
aprobación, resultaría en un limbo jurídico que socavaría
el poder constitucional que se le confiere al Ejecutivo
de aprobar o vetar las leyes. Véase a King v. Cuomo, 613
N.E. 2d 950 (1993). Como acertadamente señaló el Tribunal
Supremo del Estado de Nueva York al analizar una
disposición constitucional casi idéntica a la que aquí
examinamos:
La práctica [de no someterle al Gobernador un proyecto de ley una vez ha sido aprobado por ambas cámaras] mina tanto la integridad del proceso de aprobación de leyes como los principios [en los que se apoya la doctrina de separación de poderes]. Requerir que la Legislatura se adhiera a este mandato constitucional no equivale...a sobreponer la forma sobre la sustancia, sino a asegurarnos que la función de aprobación de las leyes se mantenga confiable, consistente, y expuesta al escrutinio del público. (Traducción nuestra.) Id., pág. 954.
En fin, somos del criterio que la Asamblea
Legislativa no tiene la discreción para elegir si le
presenta o no un proyecto de ley al Gobernador, una vez
dicho proyecto es aprobado finalmente tanto por la Cámara MD-2006-6 24 de Representantes como por el Senado. Esto en atención a
que, mediante la Sección 19 del Artículo III de nuestra
Constitución, se le impone un deber ministerial a dicho
organismo de someterle al Primer Ejecutivo todo proyecto
de ley debidamente aprobado por ambas cámaras.
Esto, además de ser la norma imperante en nuestra
jurisdicción, es cónsono con el entendido general que se
tiene acerca de este asunto en otras jurisdicciones. A
esos efectos, en un conocido tratado se expresa que “el
deber de firmar [un proyecto de ley aprobado por ambos
cuerpos legislativos] es uno ministerial y accionable
judicialmente.” I Norman J. Singer, Sutherland Statutes
and Statutory Construction, Sec. 15.1 (6ª ed., 2005). Por
ende, “el oficial que preside [la cámara] no tiene
discreción para rehusarse a [firmar el proyecto]”. Id.
(Traducción nuestra).
Por otra parte, tomamos conocimiento judicial de que
en Puerto Rico, tradicionalmente, cuando el Senado o la
Cámara de Representantes de Puerto Rico origina y aprueba
una medida, ésta se envía al otro cuerpo para su
consideración. Luego de los trámites de rigor, el otro
cuerpo puede realizar algún tipo de enmienda al proyecto
y proceder con su aprobación. Si se realizara alguna
enmienda, se devuelve el proyecto al cuerpo de origen
para que éste decida si acepta las enmiendas efectuadas.
Si este cuerpo no las acepta no existe un texto aprobado MD-2006-6 25 que, conforme lo dispone la Sección 19 del Artículo III
de la Constitución, pueda ser sometido al Gobernador, por
lo cual se convoca al Comité de Conferencia.
En dicho Comité, una delegación de legisladores, en
representación de ambos cuerpos, analiza las dos
versiones de la medida aprobada, y recomienda al pleno
una versión final del proyecto, la cual se somete a
votación ante ambos cuerpos. De aprobarse esta última
versión, se envía a la consideración del Gobernador. Todo
proyecto de ley que es aprobado por ambos cuerpos se
imprime en forma final enrolado, o sea, se eliminan los
números al margen y los blancos entre líneas, y se le
asigna el título de ley o resolución conjunta, según sea
el caso. El Secretario del último cuerpo que aprobó el
proyecto certifica dicho acto. La medida entonces está
lista para la firma de los presidentes de ambos cuerpos
legislativos. Una vez firmada, la pieza se somete al
Gobernador para su consideración. Véanse Néstor Rigual,
op cit., págs. 91-110; Oficina de Servicios Legislativos,
La Asamblea Legislativa y El Poder Legislativo, 1997,
págs. 41-45.
El aludido proceso depende, en gran medida, de la
reglamentación que hayan aprobado ambos cuerpos para
organizar el procedimiento legislativo. Esto en vista de
que la Sección 9 del Artículo III de nuestra Constitución
establece que: “Cada Cámara [...] adoptará las reglas MD-2006-6 26 propias de cuerpos legislativos para sus procedimientos y
gobierno interno”.
Como parte de esta facultad, ambos cuerpos pueden
reglamentar el proceso de reconsideración de una medida
legislativa. Véase, Mason´s Manual of Legislative
Procedures, op cit., Sec. 450, págs. 299-301. Mientras
cada cuerpo pueda reconsiderar la medida, según su propia
reglamentación, no surge aún el deber ministerial de
someter un proyecto de ley al Gobernador, según lo
dispone la Sección 19, Artículo III de la Constitución.
Ahora bien, debemos señalar que el poder inherente que
tiene cada cámara para reconsiderar una acción deja de
ser absoluto en el momento en que el asunto aprobado se
envía a la consideración de otra cámara. Véase Nestor
Rigual, op cit. págs. 108-109. A este respecto se ha
expresado que:
Una medida no puede ser reconsiderada a menos que esté en posesión del cuerpo. En cuerpos legislativos bicamerales, una medida que haya sido enviada a la otra cámara tiene que ser devuelta antes de que una reconsideración pueda ser efectiva. Mason´s Manual of Legislative Procedures, op cit., Sec. 454(1), pág. 304. (Traducción nuestra).
En igual sentido, véase, L.S. Cushing, Elements of
the Law and Practice of Legislative Assemblies, Boston,
Rothman & Co., 1989, Sec. 1274, pág. 508. Lo contrario
fomentaría la intromisión indebida de una cámara con los
procedimientos de su hermano foro legislativo. Por ello, MD-2006-6 27 hace casi cien años la Corte de Apelaciones del estado de
West Virginia razonó que:
Un principio fundamental de [derecho parlamentario] es que un cuerpo legislativo debe tener posesión y control de una medida para poder reconsiderar el voto mediante el cual se aprobó. Si ya [fue aprobada dicha medida], y ya no está bajo el control y posesión de dicho cuerpo, no se puede reconsiderar. Se ha perdido jurisdicción. El caso ya no está ante [el organismo]. Ni un cuerpo legislativo ni una corte pueden actuar sobre algo que no tiene ante sí. (Traducción nuestra.) Smith v. Mitchell, 72 S.E. 755, 758 (1911).
Con esto coincide el historiador Néstor Rigual al
explicar en su libro sobre el poder legislativo de Puerto
Rico que:
Si [la reconsideración] se formula después que el proyecto ha sido remitido o devuelto al otro Cuerpo, se requiere entonces que, junto con la solicitud de consentimiento para reconsiderar, se pida la devolución de la medida. La devolución para reconsiderar, se hace si el proyecto ha sido ya aprobado por una de las cámaras y se encuentra ante la consideración de la otra. Pero, si hubiere sido aprobado por ambas Cámaras, y todavía no firmado por el Presidente del Cuerpo de origen, porque éste deseare reconsiderarlo, entonces aquél solicita el consentimiento del otro cuerpo para entrar en la reconsideración. Néstor Rigual, op cit., pág. 109.
Una vez un proyecto ha sido debidamente aprobado por
una mayoría de los miembros que componen ambos cuerpos
legislativos, “la medida pasa a ser cosa única de la
Asamblea Legislativa [y] para que una cámara pueda entrar
a la reconsideración de aquélla, tiene que solicitar el MD-2006-6 28 consentimiento de la otra.” Id. pág. 109. No debemos
olvidar que por mandato constitucional, el Poder
Legislativo es ejercido por el Senado y la Cámara de
Representantes conjuntamente. Const. E.L.A., Art. III,
Sec. 1.
A tenor con esta discusión, un cuerpo pierde
autoridad para reconsiderar un proyecto de ley que pasó a
la atención del otro por tratarse ya de una medida que,
por así decirlo, pertenece a ambos cuerpos. Sin embargo,
ello puede hacerse en las ocasiones en que el otro cuerpo
consienta a devolver el proyecto al cuerpo de origen con
el propósito de que el mismo sea reconsiderado o
enmendado.
Con esta normativa en mente, pasemos a examinar los
hechos que generaron el caso ante nos.
V.
Los demandantes sostienen que, una vez una mayoría
de los miembros que componen tanto la Cámara de
Representantes como el Senado aprobaron el Proyecto
Sustitutivo al P. de la C. 2193 el 21 y el 25 de junio de
2006, respectivamente, los presidentes de ambas cámaras
tenían un deber ministerial de someter el proyecto ante
la consideración del Primer Ejecutivo. Les asiste la
razón.
Como hemos expresado, la Sección 19 del Artículo III
de nuestra Constitución establece mediante un lenguaje MD-2006-6 29 claro, imperativo e inequívoco que un proyecto de ley
debidamente aprobado por ambas cámaras debe ser sometido
al Gobernador. De conformidad con lo anterior, la
Asamblea Legislativa tiene el deber de presentarle el
proyecto al Primer Ejecutivo dentro de un término
razonable después de su aprobación.
En el caso de autos, el 21 de junio de 2006 la
Cámara de Representantes aprobó por mayoría de sus
miembros el proyecto en controversia. Ese mismo día, el
proyecto fue enviado a la consideración del Senado. El 25
de junio de 2006, el Senado, a su vez, aprobó, sin
enmiendas, la referida medida legislativa. En ese momento
el proyecto de la ley se convirtió en uno de ambos
cuerpos.
Sin embargo, el 27 de junio de 2006 la Cámara de
Representantes convocó una nueva sesión y, mediante el
mecanismo de reconsideración, aprobó una versión
enmendada del Proyecto Sustitutivo al P. de la C. 2193.
El próximo día, 28 de junio, la Oficina de Actas y
Récords de la Cámara de Representantes intentó introducir
al Senado una comunicación para informar la
reconsideración de la medida. No obstante, el Secretario
del Senado, por instrucciones del Presidente, no accedió
a recibirla por considerarla improcedente.
Posteriormente, una mayoría del Senado, en su sesión del
29 de junio de 2006, sostuvo la decisión del Presidente. MD-2006-6 30 Por ende, el Senado claramente no consintió a que se
devolviera el proyecto a la Cámara de Representantes.
En vista de la denegatoria del Senado a reconsiderar
la medida, el Proyecto Sustitutivo al P. de la C. 2193
fue aprobado finalmente por ambos cuerpos legislativos el
21 y 25 de junio. En este instante, se activó el mandato
constitucional de la Sección 19 del Artículo III, al ser
aprobado el referido proyecto de ley por la mayoría de
los miembros que componen cada cámara, sin la necesidad
de mayor trámite legislativo. Es decir, únicamente resta
por realizar aquellos trámites ordinarios que no
involucran discreción legislativa para preparar la medida
para su envío al Gobernador. En este momento surge el
deber ministerial de someterle el proyecto según aprobado
al Gobernador.
VI.
En vista de los fundamentos que anteceden, se expide
el auto de mandamus y se le ordena al Presidente de la
Cámara de Representantes, Hon. José F. Aponte Hernández,
cumplir con su deber ministerial y certificar el proyecto
Sustitutivo al P. de la C. 2193, según aprobado por ambos
cuerpos legislativos el 21 y 25 de junio de 2006, dentro
del plazo de veinticuatro (24) horas, contado a partir de
la notificación de esta Opinión y Sentencia.
Simultáneamente, y de manera subsidiaria, se ordena al
Secretario de la Cámara de Representantes, licenciado
José E. Meléndez Ortiz, que realice en dicho plazo todas MD-2006-6 31 aquellas gestiones necesarias para someter el citado
proyecto de ley a la consideración del Gobernador, Hon.
Aníbal Acevedo Vilá.
Si dentro del mencionado plazo no se le somete al
Gobernador la pieza legislativa por los referidos
funcionarios de la Cámara de Representantes, a los fines
de viabilizar la pronta resolución de la situación
surgida, a tenor con lo dispuesto en la Regla 51.3(a) de
las Reglas de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III,
R. 51.3(a),11 y en vista de lo informado a este Tribunal
por el Presidente del Senado, Hon. Kenneth McClintock
Hernández, “de que tiene la total disposición de cumplir
con su deber ministerial y de cumplir con el trámite
requerido por la Constitución”, dicho funcionario deberá
proceder a firmar el referido proyecto y remitirlo al
Gobernador de Puerto Rico, Hon. Aníbal Acevedo Vilá, de
manera inmediata, y así dar por cumplido el mandato de la
Sección 19 del Artículo III de la Constitución.
Se dictará Sentencia de conformidad.
Federico Hernández Denton
11 “Si una sentencia ordenare a una parte transferir el dominio de terrenos y otorgar escrituras y otros documentos, o realizar cualquier otro acto específico, y dicha parte dejare de cumplir dicha orden dentro del término especificado, el tribunal podrá ordenar que el acto se realice por otra persona por él designada, a expensas de la parte que incumple y cuando se haya realizado, tendrá el mismo efecto que si hubiere sido efectuado por la parte [...] El tribunal podrá, además, en casos apropiados, procesar a dicha parte por desacato.” (Énfasis suplido). MD-2006-6 32 Juez Presidente EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Hon. Aníbal Acevedo Vilá, * Gobernador del Estado Libre Asociado * de Puerto Rico * * Hon. José Luis Dalmau Santiago * Senador del Distrito de Humacao * * Demandantes * * vs. * MD-2006-06 * Hon. José F. Aponte Hernández, * Presidente de la Cámara de * Representantes * * José Enrique Meléndez Ortiz * Mandamus Secretario de la Cámara de * Representantes * * Hon. Kenneth McClintock Hernández, * Presidente del Senado y * * Senado de Puerto Rico, por conducto * de su Presidente, * Hon. Kenneth McClintock Hernández * * Demandados * * *******************************************
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 3 de julio de 2006.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte integral de la presente, se expide el auto de mandamus y se le ordena al Presidente de la Cámara de Representantes, Hon. José F. Aponte Hernández, cumplir con su deber ministerial y certificar el proyecto Sustitutivo al P. de la C. 2193, según aprobado por ambos cuerpos legislativos el 21 y 25 de junio de 2006, dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, contado a partir de la notificación de esta Opinión y Sentencia. Simultáneamente, y de manera subsidiaria, se ordena al Secretario de la Cámara de Representantes, licenciado José E. Meléndez Ortiz, que realice en dicho plazo todas aquellas gestiones necesarias para someter el citado proyecto de ley a la consideración del Gobernador, Hon. Aníbal Acevedo Vilá. MD-2006-6 2 Si dentro del mencionado plazo no se le somete al Gobernador la pieza legislativa, por los referidos funcionarios de la Cámara de Representantes, a los fines de viabilizar la pronta resolución de la situación surgida, a tenor con lo dispuesto en la Regla 51.3(a) de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 51.3(a), y en vista de lo informado a este Tribunal por el Presidente del Senado, Hon. Kenneth McClintock Hernández, “de que tiene la total disposición de cumplir con su deber ministerial y de cumplir con el trámite requerido por la Constitución”, dicho funcionario deberá proceder a firmar el referido proyecto y remitirlo al Gobernador de Puerto Rico, Hon. Aníbal Acevedo Vilá, de manera inmediata, y así dar por cumplido el mandato de la Sección 19 del Artículo III de la Constitución.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri emitió una Opinión de Conformidad y Concurrente. La Jueza Asociada señora Rodríguez Rodríguez emitió una Opinión de Conformidad. El Juez Asociado señor Rivera Pérez “disiente del curso de acción de la Mayoría por entender que no está madura la controversia ante nos, por no haber concluido el proceso ante la Asamblea Legislativa, relativo al proyecto de ley en cuestión. El Senado de Puerto Rico no puede convertirse en juez de lo actuado por la Cámara de Representantes al proponer reconsiderar parcialmente la medida aprobada por ambos cuerpos, negarse a recibir la comunicación de la cámara baja sobre esos extremos ni declararla como improcedente como cuestión de derecho. Cada cámara legislativa es juez de sus propios actos y procedimientos internos. El Senado está obligado constitucionalmente, a través de su Secretaría, a recibir la comunicación escrita del cuerpo legislativo donde se originó la medida, que propuso reconsiderarlo después de ser aprobada por ambos cuerpos, con el propósito de conceder o negar su consentimiento a tal reconsideración. Por no haber cumplido al presente el Senado con su obligación y deber constitucional, no ha concluido el proceso legislativo, no está madura la controversia y no existe, por el momento, el deber ministerial de la Asamblea Legislativa de someter el proyecto de ley al Gobernador a tenor con la Sección 19. Documentos Históricos, 1 L.P.R.A., Art. III, Sec. 19, pág. 381.”
Aida Ileana Oquendo Graulau Secretaria del Tribunal Supremo EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Hon. Aníbal Acevedo Vilá, * Gobernador del Estado Libre Asociado * de Puerto Rico * * Hon. José Luis Dalmau Santiago, * Senador del Distrito de Humacao * * Demandantes * * Vs. * MD-2006-06 * Hon. José F. Aponte Hernández, * Presidente de la Cámara de * Representantes * Mandamus * José Enrique Meléndez Ortiz, * Secretario de la Cámara de * Representantes * * Hon. Kenneth McClintock Hernández; * Presidente del Senado y * * Senado de Puerto Rico, por conducto * de su Presidente, * Hon. Kenneth McClintock Hernández * * Demandados * **************************************
Opinión de Conformidad y Concurrente emitida por el Juez Asociado SEÑOR FUSTER BERLINGERI.
Estoy conforme con lo que considero que son los dos
aspectos medulares del caso de autos examinados tanto en la
Opinión del Tribunal como en la Opinión de Conformidad de la
Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez.
En primer lugar, y lo más esencial, estoy conforme en
cuanto a que en el caso de autos la Cámara de Representantes de
Puerto Rico no podía reconsiderar el proyecto de ley que ya
había aprobado el 21 de junio de 2006, si no contaba con el
consentimiento del Senado de Puerto Rico. Cuando la 2 MD-2006-06
Cámara realizó tal reconsideración el 27 de junio de 2006, el
proyecto de ley que aquí nos concierne ya había sido aprobado
íntegramente, sin cambio alguno, por el Senado. Este otro cuerpo
de la Asamblea Legislativa le había impartido su aprobación al
proyecto en cuestión el 25 de junio de 2006. Por tanto, al
momento en que la Cámara de Representantes pretendió
reconsiderarlo, dos días más tarde, el proyecto referido ya
estaba fuera de su jurisdicción. Era entonces un proyecto de la
Asamblea Legislativa, y por ello, la Cámara de Representantes no
podía reconsiderarlo si el Senado no consentía a ello.
En segundo lugar, también estoy conforme en cuanto a que lo
que procede ahora, al amparo de la Sección 19 del Art. III de la
Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, es que se
someta al Gobernador de Puerto Rico el proyecto de ley que fue
aprobado por ambas cámaras legislativas. Como la reconsideración
por la Cámara de Representantes del proyecto aludido fue
inoficiosa, por la razón indicada en el párrafo anterior, sólo
subsiste válidamente el proyecto original según aprobado por la
Cámara y el Senado el 21 y 25 de junio respectivamente. Este
único proyecto válido debe ser sometido al Gobernador para su
consideración, según lo dispone claramente la propia
Constitución.
Por lo demás, no estimo necesarias las otras
consideraciones que aparecen en las opiniones referidas. El
hecho medular e innegable es que hubo un importante proyecto 3 MD-2006-06
aprobado por ambas Cámaras. Si el presidente de la Cámara lo
quiere firmar o no es para mí de poca consecuencia. Al amparo de
la innegable autoridad de este Foro, lo que procede es que
ordenemos remitirlo al Gobernador para su consideración, sin
mayores contemplaciones. Si tenemos autoridad para decidir que
la reconsideración en cuestión fue inoficiosa, ciertamente la
tenemos también para enviar al Gobernador el proyecto en
cuestión por nuestra cuenta, para que éste proceda a
considerarlo.
Jaime B. Fuster Berlingeri Juez Asociado EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Hon. Aníbal Acevedo Vila, Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y Hon. José Luis Dalmau, Senador Del Distrito de Humacao
Demandantes MD-2006-6 v.
Hon. José F. Aponte Hernández, Presidente de la Cámara de Representantes, et. al.
Opinión de Conformidad emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez
San Juan, Puerto Rico, a 3 de julio de 2006
Tenemos ante nuestra consideración una
controversia relacionada con el trámite legislativo
seguido para la aprobación del proyecto de reforma
contributiva, conocido como Ley de la Justicia
Contributiva de 2006. Debemos determinar si, una vez
un proyecto de ley es aprobado por ambas cámaras
legislativas, la cámara de origen puede reconsiderar
su votación original e introducir enmiendas al
proyecto ya aprobado, sin la anuencia del otro
cuerpo.
Estoy conforme con la determinación que hoy
anuncia este Tribunal, pero dada la importancia que MD-2006-6 2
reviste para nuestro ordenamiento constitucional la
controversia planteada en este caso, hemos decidido
suscribir esta Opinión de conformidad para expresar
nuestros criterios sobre las disposiciones constitucionales
que hoy interpretamos por primera vez.
I
Luego de un largo y controversial proceso, el pasado
21 de junio de 2006, la Cámara de Representantes de Puerto
Rico aprobó el Sustitutivo P. de la C. 2193, conocido como
la Ley de Justicia Contributiva de 2006. El mismo proveyó
para enmendar la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994,
conocida como el Código de Rentas Internas de Puerto Rico,
a los fines de establecer, entre otras cosas, un impuesto
general de ventas en Puerto Rico. El proyecto aprobado fue
remitido al Senado de Puerto Rico para su aprobación. El
25 de junio, el Senado de Puerto Rico aprobó el referido
proyecto sin enmiendas.
Así las cosas, y siguiendo el trámite ordinario, el
Senado de Puerto Rico envió, a través de su Secretaría, el
proyecto enrolado a la Cámara de Representantes.
Tomamos conocimiento judicial de que, inmediatamente
después de la aprobación por el Senado, comenzó una
discusión pública sobre y la tasa del impuesto sobre la
venta que fuera aprobada. Por un lado, el Gobernador de
Puerto Rico así como el Presidente del Senado señalaron
públicamente que el proyecto aprobado por ambas cámaras
proveía para un impuesto sobre la venta del 7%; mientras, MD-2006-6 3
que la Cámara de Representantes reclamaba que el por ciento
de impuesto aprobado fue de un 5.5%, que se distribuía en
un 4% para el gobierno central y un 1.5% para los
municipios.
Trabada así esta agria controversia, el pasado 27 de
junio de 2006, el Presidente de la Cámara de Representantes
convocó a dicho cuerpo a una sesión ordinaria para
reconsiderar la medida. Durante la misma, la portavoz de
la mayoría parlamentaria solicitó dejar sin efecto la
Sección 40.1 del Reglamento de la Cámara de
Representantes.12
El 28 de junio de 2006, el Gobernador de Puerto Rico
le envió una carta al Presidente de la Cámara de
Representantes solicitándole que le remitiera el proyecto
aprobado el 21 de junio de 2006 para su firma. El señor
Gobernador le indicó al Presidente de la Cámara que era su
deber ministerial firmar el proyecto aprobado y remitir el
mismo al Primer Ejecutivo. En su carta, el Gobernador
informó que era su intención firmar el Sustitutivo P. de la
C. 2193 una vez lo recibiera.
Al día siguiente, el Gobernador de Puerto Rico, Hon.
Aníbal Acevedo Vilá y el portavoz de la minoría en el
Senado de Puerto Rico, Hon. José Luis Dalmau Santiago
12 La sección 40.1 del Reglamento de la Cámara de Representantes reza, en lo pertinente, de la siguiente manera: A solicitud de cualquier Representante la Cámara podrá acordar la reconsideración de un asunto que haya sido resuelto, siempre que la solicitud se haga en la misma Sesión en que el asunto fue tratado o en el siguiente día de Sesión. (Énfasis nuestro.) MD-2006-6 4
acudieron ante nosotros mediante un recurso de mandamus.
Se incluyeron como demandados al Presidente de la Cámara de
Representantes, Hon. José F. Aponte Hernández, al
Secretario de la Cámara de Representantes, licenciado José
Enrique Meléndez, al Presidente del Senado, Hon. Kenneth
McClintock Hernández y al Senado de Puerto Rico.
En el escrito presentado se impugnó la acción de la
Cámara de Representantes de reconsiderar el Sustitutivo P.
de la C. 2193. Se solicitó como remedio que se expidiese
un mandamus ordenándoles a los presidentes de los cuerpos
legislativos a firmar el proyecto según fue aprobado
originalmente por ambas cámaras y remitirlo al señor
Gobernador. Presentado el recurso de mandamus les
concedimos a los demandados un término de dos días, hasta
el 1ero de julio de 2006, para que comparecieran a expresar
su criterio sobre el recurso instado.
Oportunamente los demandados comparecieron. Por un
lado, el Senado de Puerto Rico se allanó a la solicitud del
Gobernador. La Cámara de Representantes por su parte
compareció y argumentó, esencialmente, que el recurso no
era justiciable por plantear una cuestión política. Adujo
también que los demandados no tenían legitimación activa y
que la controversia no estaba madura por no haber culminado
aun el proceso de la aprobación de las enmiendas realizadas
al Sustitutivo P. de la C. 2193.
La controversia medular en este caso gira en torno al
proceso de aprobación de una medida legislativa, su MD-2006-6 5
naturaleza y sus requerimientos; así como sobre la facultad
de uno de los cuerpos para reconsiderar su votación y
enmendar el proyecto en cuestión, luego de que la otra
cámara aprobara el proyecto de ley que le fuera remitido
sin enmienda alguna. Ello, cuando la actuación de la
cámara de origen se da al final de la sesión legislativa,
específicamente, tres días antes del cierre de sesión y sin
haber solicitado previamente la anuencia del Senado de
Puerto Rico para proceder con la reconsideración.
Veamos entonces.
II
El auto de mandamus es uno altamente privilegiado y de
naturaleza discrecional. 32 L.P.R.A. sec. 3421. Véase,
Ortiz v. Muñoz, 19 D.P.R. 850 (1913); Dávila v.
Superintendente de Elecciones, 82 D.P.R. 264 (1960); Báez
Galib v. CEE II, 152 D.P.R. 382 (2000). El mismo está
concebido “para obligar a cualquier persona, . . . a
cumplir un acto que la ley particularmente le ordena como
un deber resultante de un . . . cargo o función pública,
cuando ese deber no admite discreción en su ejercicio, sino
que es ministerial.” (Escolio omitido.) D. Rivé Rivera,
Recursos Extraordinarios, Universidad Interamericana, 1989,
pág. 85.
Un acto es ministerial cuando la ley prescribe y
define el deber que tiene que ser cumplido de forma tal que
no encierra el ejercicio de la discreción o juicio. Por el
contrario, si la ley le permite al funcionario decidir si MD-2006-6 6
cumple o no el acto interpelado, entonces no estamos ante
un acto ministerial, y por consiguiente, está fuera del
ámbito del recurso de mandamus. La decisión de lo que es,
o no, "un deber ministerial" no es algo que se pueda
determinar mediante la aplicación de una fórmula
inflexible. Partido Popular v. Junta de Elecciones, 62
D.P.R. 745, 749 (1944). Tal determinación ha de surgir de
la evaluación de todos los elementos de juicio disponibles
para auscultar el propósito y significado del estatuto en
cuestión. Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 D.P.R.
407, 418 (1982).
La exigencia de que el deber ministerial esté definido
en una disposición legal “no impide ni exime a los
tribunales de la obligación de interpretar la Constitución
y las leyes. La procedencia del auto de mandamus no está
proscrita por el hecho de que se requiera una
interpretación judicial del deber ministerial invocado.”
Báez Galib v. CEE II, ante, pág. 392. Rosati v. Haran, 459
F. Supp. 1148, 1151 (D.N.Y. 1977). (“[M]andamus will not be
precluded solely because judicial construction is required
to clarify the duty. Thus, mandamus will lie not only
where a federal officer has failed to comply with a
specific statutory or regulatory directive, but also where
a constitutionally mandated duty has not been performed.”)
Por lo tanto, el hecho que tengamos que interpretar el
deber ministerial invocado no impide que se expida el auto
solicitado en circunstancias apropiadas. Por ello, no es MD-2006-6 7
determinante para que proceda el recurso que el deber
ministerial surja de forma clara y expresa de las
disposiciones legales aplicables, pues como hemos dicho
anteriormente “tal requisito reduciría nuestra función de
interpretar la Constitución y las leyes.” Hernández Agosto
v. Romero Barceló, ante, pág. 418.
La autoridad de este Tribunal para conceder el recurso
de mandamus en jurisdicción original es harto conocida. De
acuerdo a la Sección 5 del Artículo V de la Constitución
del Estado Libre Asociado "[e]l Tribunal Supremo . . .
podr[á] conocer en primera instancia de . . . aquellos
recursos y causas que se determinen por ley". Dávila v.
Superintendente de Elecciones, ante; Noriega v. Hernández
Colón, 135 D.P.R. 406, 447-48 (1994); Constitución del
Estado Libre Asociado, Art. V, Sec. 5; Código de
Enjuiciamiento Civil, Arts. 649-650, 32 L.P.R.A. secs.
3421- 3422.
Para ejercitar nuestra jurisdicción original en un
recurso de mandamus hemos establecido que deben cumplirse
los siguientes factores: que la petición de mandamus vaya
dirigida contra uno de los principales funcionarios del
gobierno, se levanten cuestiones de gran interés público y
que el asunto requiera una solución pronta y definitiva.
Dávila v. Superintendente de Elecciones, ante, págs. 274-
75; Rodríguez v. Gobernador, 129 D.P.R. 402, 409 (1991).
Asimismo, la ley dispone que no proceda la utilización
del mandamus cuando exista otro recurso adecuado y eficaz MD-2006-6 8
en el curso ordinario de la ley. 32 L.P.R.A. sec. 3423.
Véase, además, Álvarez de Choudens v. Tribunal Superior,
103 D.P.R. 235 (1975). Se requiere, además, que el
peticionario le haya hecho un requerimiento previo al
demandado para que éste cumpla con el deber que se le
exige, debiendo alegarse en la petición, tanto el
requerimiento como la negativa, o la omisión del
funcionario en darle curso. D. Rivé Rivera, op. cit., pág.
125.
A la luz de la normativa expuesta, podemos concluir
que en el presente caso procede la invocación de nuestra
jurisdicción original para establecer los méritos del auto
de mandamus solicitado.13 En el presente caso, el problema
planteado requiere una solución pronta y definitiva a
través de nuestra intervención directa en un asunto que es,
esencialmente, de naturaleza constitucional y que tiene
hondas repercusiones para la marcha ordenada de la cosa
pública.
III
La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, Art. III, Sec. 1, dispone que en Puerto Rico el Poder
Legislativo lo ejerce la Asamblea Legislativa, la cual está
compuesta por dos Cámaras, el Senado y la Cámara de
Representantes. Es decir, la Constitución delega todo el
poder legislativo en la Asamblea Legislativa; limitado
13 No está en controversia que la parte peticionaria ha cumplido con los requisitos procesales del auto de mandamus según detallados anteriormente. MD-2006-6 9
dicho poder únicamente por las restricciones que impone la
Carta de Derechos. Nogueras v. Hernández Colón, 127 D.P.R.
405 (1999). Véase, R. Serrano Geyls, Derecho
Constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico, San Juan,
Ed. Colegio Abogados, 1986, Vol. I, págs. 206-209 y 337-
338. La Asamblea Legislativa de Puerto Rico no es un
cuerpo de poderes enumerados. Por antonomasia, la Asamblea
Legislativa es el Poder gubernamental más político y, en
principio, el que debe ser más representativo de todos.
La función esencial de este Poder gubernamental, y que
condiciona su denominación, es efectivamente la de emitir
las leyes. Véase, La Nueva Constitución de Puerto Rico,
Escuela de Administración Pública, Universidad de Puerto
Rico, 1954, pág. 422.
La Constitución del Estado Libre Asociado, Art. III,
Sec. 17, prescribe las formalidades procesales que deben
seguir los cuerpos legislativos con todo proyecto para
procurar su aprobación.14 Los reglamentos de las respectivas
La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 14
Art. III, Sec. 17, es resabio del pasado colonial y de las antiguas cartas orgánicas. A pesar de que durante la Convención Constituyente se trató de flexibilizar el trámite de aprobación de leyes, se mantuvieron aun en el texto constitucional muchas de las disposiciones anteriores. Disposiciones que fueron en su origen, producto de la actitud de desconfianza en la gestión de los cuerpos legislativos que prevalecía en la sociedad del Siglo XIX. Informe de la Comisión de la Rama Legislativa de la Asamblea Constituyente, 4 Diario de Sesiones de la Asamblea Constituyente, pág. 2584. Véase además, Williams, State Constitutional Limits on Legislative Procedure: Legislative Compliance and Judicial Enforcement, 48 U. Pitt. L. Rev. 797 (1987). Con gran agudeza Trías Monge indica que la retención en el texto constitucional de alguna de las disposiciones provenientes de la Ley Orgánica MD-2006-6 10
Cámaras, aprobados éstos en virtud de lo dispuesto en la
Constitución, Art. III, sec. 9, implementan estas
disposiciones y proveen para el trámite correspondiente.
Así también lo hacen varias disposiciones del Código
Político. Véase, 2 L.P.R.A. secs. 182 et seq.
En la medida que la aprobación de una pieza
legislativa se aparte de lo dispuesto en la Constitución,
reglamento o estatuto, corresponderá a la Rama Judicial
pasar juicio sobre lo acontecido y determinar el efecto de
tal desviación. Solamente el incumplimiento con alguno de
los requisitos específicos dispuestos en la Constitución
para la aprobación de legislación justificaría un decreto
de que la medida fue aprobada en contravención a la Carta
Suprema. “Véase”, United States v. Flores Muñoz, 495 U.S.
385, 391, n. 4 (1990); L Tribe, American Constitutional
Law, Third Ed., Foundation Press, New York, 2000, sec. 3-
13, pág. 380.
Veamos entonces algunas de las características
sobresalientes del trámite de aprobación de medidas.
IV
A
El trámite para la aprobación de una pieza
legislativa, a grandes rasgos, es el siguiente:
El proceso de aprobación se inicia evidentemente, con
la presentación de proyectos y resoluciones en la Oficina
__________________________ fue producto de la “adoración irreflexiva de la antigua legislación orgánica.” J. Trías Monge, Cómo Fue, Memorias, La Editorial, Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, 2005, pág. 169. MD-2006-6 11
de Actas y Récords de la Cámara de Representantes o en su
contraparte, la Oficina de Trámite y Récords del Senado de
Puerto Rico. Presentado un proyecto de ley, se le asigna
al mismo un número a través del cual se habrá de conocer
durante todo el proceso legislativo, y se imprime el mismo
con la numeración asignada y la referencia a la Cámara que
lo origina.15 El proyecto numerado e impreso se remite a la
comisión con jurisdicción para su consideración. Véase
para una discusión más detallada del proceso en Puerto
Rico, N. Rigual, El Poder Legislativo de Puerto Rico, Ed.
Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, 1961, capt. 5.
Véase además, A. Mikva, E. Lane, An Introduction of
Statutory Interpretation and the Legislative Process, Aspen
Publishing, New York, 1997; Sutherland’s Statutory
Construction, N. Singer edition, Thomson-West, 6th ed.,
2002, vol. I, secs. 9.1 et seq.;
www.camaraderepresentantes.org.
La comisión a su vez determina el curso de acción que
habrá de proseguir el referido proyecto. Una vez la
comisión concluye sus trabajos y prepara su informe
favorable, con o sin enmiendas, se envía copia a la
Comisión de Reglas y Calendario. Ésta última decide si el
proyecto se lleva al hemiciclo para su discusión y eventual
votación y cuándo ello ocurre.
P. de la C. significa que se trata de un proyecto de ley 15
presentado originalmente en la Cámara de Representantes. P. del S., por el contrario, se refiere a un proyecto de ley presentado en el Senado de Puerto Rico. MD-2006-6 12
Aprobada la medida por el cuerpo de origen, se imprime
nuevamente tal y como fue aprobada, y el Secretario de ese
cuerpo envía copia de la misma al Secretario del segundo
cuerpo, con la petición de que sea considerada por dicho
El trámite que se prosigue en el segundo cuerpo es
idéntico al seguido en el primer cuerpo. Cuando la medida
se aprueba, se reimprime en su forma enrolada.16 Si la
medida fue aprobada sin enmiendas, se envía a los
Presidentes de ambas Cámaras para su firma y remisión al
Gobernador para la acción final.
Si por el contrario la medida es aprobada con
enmiendas, se envía al cuerpo de origen para su
concurrencia con las enmiendas introducidas. Una vez éste
concurra, la medida se firma por ambos presidentes y se
envía al Gobernador para el trámite final.17
16 Al final de la última página de todo proyecto enrolado, se imprime una línea para la firma del Presidente del Senado y otra para la del Presidente de la Cámara de Representantes. N. Rigual, El Poder Legislativo de Puerto Rico, Ed. Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, 1961, pág. 104. 17 Si el cuerpo de origen no concurre con las enmiendas, mediante moción en dicho cuerpo, se ordena el envío del proyecto a comité de conferencia. El comité de conferencia se compone de igual número de Senadores y Representantes. Éstos se ponen de acuerdo y preparan un informe con las enmiendas acordadas basadas en el texto en forma enrolada; o pueden si así lo estiman, demorar la acción de forma indefinida. Ahora bien, cuando se acuerdan las enmiendas, el Comité de Conferencia prepara un informe el cual es enviado directamente al hemiciclo para votación. Si se aprueba por ambos cuerpos, la medida es enrolada y se le añade la palabra conferencia al número legislativo. Una vez hecho eso, se firma por los presidentes de los cuerpos y se envía al Gobernador para el trámite final. MD-2006-6 13
Este último trámite, la firma de los presidentes de
los cuerpos legislativos no es un requisito de exigencia
constitucional, de la misma forma que no lo es bajo la
Constitución de los Estados Unidos.18 El mismo sin embargo,
es de importancia toda vez que la firma en un proyecto
enrolado atestigua que éste fue aprobado por cada cámara a
tenor con el procedimiento constitucional para la
aprobación de medidas. Sutherland, op. cit., sec. 15.1,
pág. 814. En ese sentido, son eminentemente acertadas las
siguientes expresiones del Tribunal Supremo de los Estados
Unidos en el caso seminal de Marshall Field & Co. v. Clark,
143 U.S. 649, 672 (1892):
The signing by the Speaker of the House of Representatives, and by the President of the Senate, in open session, of an enrolled bill, is an official attestation by the two houses, through their presiding officers, to the President, that a bill, thus attested, has received, in due form, the sanction of the legislative Branch of the government, and that it is delivered to him in obedience to the constitutional requirement that all bills which pass Congress shall be presented to him. (Énfasis nuestro.)
La firma del proyecto enrolado permite entonces
remitir el mismo al Gobernador para que éste pueda
descargar su obligación constitucional de, con su firma,
convertir la medida aprobada en ley si esa es su intención
18 Curiosamente, bajo la antigua Ley Orgánica del 1917, los presidentes de los cuerpos venían obligados a firmar las medidas aprobadas. Ley Orgánica del 1917, Art. 34, sec. 10. (“El Presidente de cada Cámara firmará, en presencia de la Cámara que presida, todos los proyectos de ley y resoluciones conjuntas aprobados por la Asamblea Legislativa, después que sus títulos hayan sido leídos públicamente, inmediatamente antes de firmar; y el hecho de formar se hará constar en el acta.”) MD-2006-6 14
o, por el contrario, vetar la misma. Constitución del
Estado Libre Asociado, Art. III, Sec. 19. Adviértase que
la Constitución dispone que sólo se conviertan en ley
aquellas medidas “aprobadas” por una mayoría de los
miembros que componen cada cámara.
En resumen, el proceso de verificación de la
aprobación de la ley mediante la firma del proyecto
enrolado por los presidentes de ambos cuerpos, constituye
el paso previo para que el Gobernador pueda descargar su
prerrogativa constitucional de aprobar o desaprobar la
medida remitida.
Pasamos ahora a discutir tres aspectos específicos del
proceso de aprobación de legislación que inciden sobre la
controversia formulada en este caso, son éstos: la firma y
remisión al Gobernador, la aprobación por el Gobernador y
finalmente, el proceso de reconsideración.
B
Descrito el trámite legislativo, veamos ahora si la
firma y remisión al Gobernador de un proyecto legislativo
son deberes ministeriales. Desde antaño se ha entendido
que la procedencia de un mandamus responde, no a la
naturaleza del puesto que ocupa la persona obligada, sino
al carácter de la acción solicitada. Este principio se
remonta al propio Marbury v. Madison, 1 Cranch 137 (1803),
donde expresó el Tribunal: “[i]t is not by the office of
the person to whom the writ is directed, but the nature of
the thing to be done, that the propriety or impropriety of MD-2006-6 15
issuing a mandamus is to be determined.” Ello significa
que la atribución de responsabilidades a un presidente
cameral no las convierte necesariamente en deberes
discrecionales.
La posición predominante en la jurisprudencia
estadounidense se ha encaminado a sostener que la firma y
remisión por parte del presidente legislativo es un deber
ministerial o discrecional según haya o falte el elemento
de discreción. Así, ha expresado el Tribunal Supremo de
Ohio que, debidamente aprobado un proyecto de ley, su firma
y remisión son deberes ministeriales. Según el Tribunal
Supremo de Ohio, por ejemplo:
the constitutional responsibility of the presiding officers of each house to sign a certification where all of the procedural requirements for passage have been met is a ministerial duty. It is mandatory. It cannot be used as a veto power or a power with which to thwart the prompt passage of legislation.
Maloney v. Rhodes, 345 N.E. 2d 407, 414 (Ohio 1976).
En cambio, los deberes de firmar y remitir un proyecto
de ley se han estimado discrecionales cuando la
determinación de si el proyecto fue debidamente aprobado
exige el ejercicio legítimo de discreción.19 El caso de Ex
parte Echols, 39 Ala. 698 (1866), nos sirve de ejemplo. Un
Representante de Alabama solicitó que el Tribunal ordenara
19 A modo de excepción, nos referimos al caso de Scarborough v. Robinson, 81 N.C. 409 (1879), cuyas expresiones podrían interpretarse en el sentido de establecer una regla per se de discrecionalidad. Obsérvese, sin embargo, que se trataba allí de una constitución estatal cuyo texto exigía la firma del proyecto, lo cual no ocurre en la Constitución del Estado Libre Asociado. MD-2006-6 16
al Speaker de la Cámara de Representantes a remitir cierto
proyecto de ley al Senado. El proyecto se había aprobado
con 47 votos a favor y 22 en contra. Empero, el Speaker lo
había declarado vencido, con el subsiguiente apoyo de la
Cámara, por entender que la Constitución exigía una súper-
mayoría de dos terceras partes. Al denegar el remedio
solicitado, el Tribunal expresó, citamos in extenso:
The speaker decided, that the bill had not passed by a vote of two-thirds of that branch of the legislature; and an appeal was taken from that decision, to the house, and the house sustained the decision of the speaker. This was a question certainly within the jurisdiction of the speaker and house to pass upon, and is not a mere ministerial duty, but one that pertains to their legislative functions, and is one over which the house has exclusive jurisdiction. No other department of the government can revise its action in this respect, without a usurpation of power.
. . .
This court will not interfere with either of the other coordinate departments of the government, in the legitimate exercise of their jurisdiction and powers, except to enforce mere ministerial acts required by law to be performed by some officer thereof; and not then, if the law leaves it discretionary with the officer or department. To this extent, and no farther, do the decisions of this court go, upon this branch of the subject.
El caso de State ex rel. Davisson v. Bolte, 52 S.W.
262 (Mo. 1899), también resulta ilustrativo. Allí, un
Senador de Missouri instó un mandamus para que se ordenara,
inter alia, que el Presidente de dicho cuerpo firmara un
proyecto de ley y lo enviara a la Cámara de Representantes.
El proyecto se había originado en el Senado y había sido
objeto de un informe de conferencia que aprobaron ambas
cámaras. No obstante, el Senado sometió el proyecto a una MD-2006-6 17
votación final, en la cual recibió 17 votos favorables de
los 34 Senadores electos. El Presidente pro tempore del
Senado declaró derrotado el proyecto al invocar una
disposición constitucional que exigía el apoyo mayoritario.
Tras citar extensamente de Ex parte Echols, 39 Ala. 698, el
Tribunal concluyó:
So, in the case at bar, the most that can be said in support of relator's contention is that the presiding officer of the senate was in error in ruling that the bill was not passed upon the confirmation by that body of the report of the conference committee with respect thereto, and in putting it to a vote of the senate. It was with respect to a matter which came strictly within the line of his duties as the presiding officer of the senate, and not merely ministerial. His action required the exercise of judgment and discretion, and was not simply perfunctory.
50 S.W., ante, pág. 265.
Conviene observar cómo los criterios de la
jurisprudencia citada armonizan con la función de las
firmas presidenciales en nuestro ordenamiento
parlamentario. Hemos visto que no se trata de un mecanismo
cuyo propósito es conceder a los líderes legislativos una
última oportunidad de evaluar, en los méritos, las medidas
que hayan recibido el apoyo correspondiente de los
representantes o senadores. Su propósito es atestiguar que
determinado proyecto fue aprobado debidamente. Resulta
lógico, entonces, que la discreción conferida se limite al
supuesto de que sea necesario juzgar si el proyecto fue
debidamente aprobado; y que ante el evidente acato de los
requisitos procesales, cese la discreción. MD-2006-6 18
Debemos tener presente, claro está, que alguna
discreción legislativa existe con respecto al momento de la
remisión de los proyectos. Al precisar su ámbito de
operación, resultan útiles las siguientes expresiones del
reconocido tratado Sutherland’s Statutory Construction:
Some state constitutions also prescribe the method and time within which presentment shall be made. Where there is no express constitutional provision most courts require that bills be presented to the executive with reasonable promptness after adjournment and in a manner that accords with reasonable business practice. Reasonable diligence in preparing bills for transmission and actually transferring them to the custody of the chief executive’s office should fulfill the constitutional requirement. (Énfasis nuestro.)
Op. cit., sec. 16.1 (citas omitidas).20 Por lo tanto,
somos del criterio que en esta esfera opera un estándar de
razonabilidad, por lo cual no es apropiado fijar de
antemano un término fijo; todo habrá de depender de las
circunstancias del momento. La razonabilidad, como la
Naturaleza, es una nube mutable que siempre y nunca es
igual. R.W. Emerson, Essays: First Series and Second
Series, Gramecy Books, New York, 1993, capt. 18.
20 Como reconoce la sección citada, el Tribunal Supremo de New Jersey resolvió, en Gilbert v. Gladden, 432 A.2d 1351, 1355 (N.J. 1981), que, “although the legislature is constitutionally required to present passed bills to the Governor, the timing of such presentment is discretionary, and a rule or practice delaying presentment is well within the legislative prerogative.” Este caso, empero, es muy distinto al de autos, pues en aquel se había impugnado un fenómeno muy particular, viz., “an unofficial custom of long duration, known as gubernatorial courtesy, whereby bills that have been passed in both houses of the Legislature are not presented to the Governor for signature or veto until the Governor requests them.” Id., pág. 1353. MD-2006-6 19
C
La Sección 19 del Artículo III de la Constitución del
Estado Libre Asociado, ordena que el proyecto de ley
aprobado sea remitido al Gobernador una vez firmado por los
presidentes de los cuerpos. Dispone la sección:
Cualquier proyecto de ley que sea aprobado por una mayoría del número total de los miembros que componen cada cámara se someterá al Gobernador y se convertirá en ley si éste lo firma o si no lo devuelve con sus objeciones a la cámara de origen dentro de diez días (exceptuando los domingos) contados a partir de la fecha en que lo hubiese recibido.
Cuando el Gobernador devuelva un proyecto, la cámara que lo reciba consignará las objeciones del Gobernador en el libro de actas y ambas cámaras podrán reconsiderar el proyecto, que de ser aprobado por dos terceras partes del número total de los miembros que componen cada una de ellas, se convertirá en ley.
Si la Asamblea Legislativa levanta sus sesiones antes de expirar el plazo de diez días de haberse sometido un proyecto al Gobernador, éste quedará relevado de la obligación de devolverlo con sus objeciones, y el proyecto sólo se convertirá en ley de firmarlo el Gobernador dentro de los treinta días de haberlo recibido.
Toda aprobación final o reconsideración de un proyecto será en votación por lista. (Énfasis nuestro.)
La disposición constitucional antes transcrita es un
claro ejemplo de que el poder de legislar, conforme la
estructura constitucional establecida, es un poder
compartido por los poderes políticos del Estado. El Art.
III, Sec. 19 de la Constitución a la sazón, impone deberes
y obligaciones recíprocas al Gobernador y a la Asamblea
Legislativa. E.g., The Pocket Veto Case, 279 U.S. 655, 678 MD-2006-6 20
(1929); Myers v. United States, 272 U.S. 52, 123 (1926);
INS v. Chadha, 462 U.S. 919, 951 (1983). Es entonces en
función de esa reciprocidad de tenor constitucional, que
hay que contextualizar y matizar la controversia ante
nuestra consideración.
D
La Sección 19, Art. III, antes citada, incorpora a la
Constitución el mecanismo de reconsideración. Durante el
debate de la Convención Constituyente sobre esta
disposición, se suscitó la siguiente discusión referente a
este asunto, citamos in extenso:
Sr. Presidente: ¿Alguna enmienda a la sección 13, [sección 19 de la Constitución]. . .? Sr. Fernández Méndez: Para una pregunta, señor Presidente. . .al Presidente de la Comisión. Sobre el artículo. . . . Señor Fernández Méndez: A los fines de que conste en [actas], señor Presidente, ¿cuál es la intención de la comisión? Desearíamos también que se nos informe si este artículo 13, tal como está, en alguna forma priva a la Asamblea Legislativa de la facultad de pedir al [jefe], ejecutivo, durante los diez días que tiene él para firmar una ley o para devolverla a la Asamblea Legislativa . . . si este artículo, tal como está redactado, le conserva el poder a la Asamblea Legislativa para, mediante resolución concurrente, pedir al [jefe] ejecutivo el proyecto que ya está en sus manos, para efectuar enmiendas la Asamblea Legislativa . . . Sr. Gutiérrez Franqui: Entendemos que en ninguna forma lo impide. Sr. Fernández Méndez: ¿Esa es la intención de la comisión? Sr. Gutiérrez Franqui: Y por el contrario lo permite. Sr. Fernández Méndez: ¿Lo permite? La segunda pregunta, ¿podría pedirse al [jefe] ejecutivo la devolución de un proyecto por una sola de las cámaras o se requeriría que ambas cámaras, por resolución concurrente, lo hicieran para que tuvieran la facultad de hacerlo? MD-2006-6 21
Sr. Gutiérrez Franqui: Compañero, yo entiendo que el procedimiento parlamentario tradicional, ni siquiera requiere la resolución concurrente, sino que es una mera petición de la cámara de origen al [jefe] ejecutivo, para que él devuelva un proyecto sobre el cual todavía no ha pasado, a los fines de reconsiderarlo e introducirle enmiendas. Sr. Fernández Méndez: No. Sr. Gutiérrez Franqui: Y se permite todavía que subsista ese procedimiento. Sr. Fernández Méndez: No, no, no. La razón por la cual hemos hecho la pregunta es porque...discrepamos del compañero en cuanto a la interpretación que él hace de que ésta sea una mera cuestión parlamentaria. Esta es una cuestión sustantiva, tan sustantiva que se ha sustanciado ante los tribunales y unos tribunales han resuelto que, si la constitución no lo provee, puede no tener el poder; y en otras, que se requiere la acción conjunta de ambas cámaras y que una sola no podría hacerlo. Por eso queríamos, señor Presidente, para ver si había necesidad de formular alguna enmienda con la venia del señor Presidente, saber cuál era la intención del comité, pero veo que la contestación a la pregunta primera nos es satisfactoria, pues vemos que puede hacerlo por resolución conjunta. Ahora, la segunda que hacemos es si podría hacerlo una sola cámara. Sr. Gutiérrez Franqui: Compañero, no creo que debemos dejar en [actas] la interpretación de que es por resolución conjunta. Es por petición de la cámara de origen, con el consentimiento de la otra cámara. Sr. Fernández Méndez: ¿Esa es la intención del comité? Sr. Gutiérrez Franqui: Y así puede seguirse haciendo. (Énfasis nuestro.)
3 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de
Puerto Rico, pág. 1949 (1961).
Resulta evidente que nuestro ordenamiento
constitucional permite que aún después de aprobada una
medida legislativa y estando ésta en las manos del
Gobernador para su firma, las Cámaras puedan solicitar del
Gobernador que la misma le sea devuelta para su MD-2006-6 22
reconsideración. Es decir, el mecanismo de reconsideración
es una prerrogativa constitucional que le asiste a la
Asamblea Legislativa, que se puede ejercer aun después de
que la medida haya salido del control de la Legislatura y
se encuentre ante el Gobernador para su firma o veto.
Si ello es así para aquel proyecto que ya salió del
control legislativo, soy del criterio que igual
prerrogativa le asisten a los cuerpos entre sí, aun después
que una medida haya sido aprobada por ambos cuerpos y esté
aguardando la firma para su remisión al Gobernador. Ahora
bien, de la misma forma que para pedir la devolución y
reconsideración de un proyecto aprobado que se encuentre en
manos del Gobernador se requiere que ambos cuerpos hayan
prestado su anuencia; así también, cuando se desee
reconsiderar un proyecto ya aprobado por los cuerpos pero
sin firmar, la cámara que así lo desee deberá solicitar la
anuencia del cuerpo hermano. Obtenido el consentimiento de
dicho cuerpo, procede se reconsidere la medida. Sólo de
esta forma sería válida tal reconsideración.
Cabe destacar que luego de aprobada una medida por
ambos cuerpos ya la misma no representa un proyecto de ley
de tal o cual cámara, sino la expresión de la Asamblea
Legislativa. En vista de lo cual, para variar la expresión
Legislativa del cuerpo se requiere de la anuencia de las
dos cámaras que lo componen. De esta forma se protege el
voto ya emitido por los miembros del hermano cuerpo, de lo MD-2006-6 23
contrario, estaríamos frente a la anulación por una de las
cámaras de los poderes de la otra y de sus miembros.
Esta es precisamente la posición que esboza don Néstor
Rigual en su obra sobre el proceso legislativo en Puerto
Rico. Rigual, quien fuera Secretario de la Cámara de
Representantes desde 1953 a 1968, indica lo siguiente sobre
la reconsideración, citamos in extenso:
El trámite de reconsideración de una medida aprobada puede hacerse en cualquier momento. Si se hace en la sesión subsiguiente, aunque el proyecto sea del otro Cuerpo, no es necesario pedir consentimiento a la Cámara de origen. Tampoco es menester solicitar devolución, si el proyecto se halla en el Cuerpo que interesa la reconsideración. Si ésta se formula después que el proyecto ha sido remitido o devuelto al otro Cuerpo, se requiere entonces que, junto con la solicitud de consentimiento para reconsiderar, se pida la devolución de la medida.
La devolución para reconsiderar, se hace si el proyecto ha sido ya aprobado por una de las Cámaras, y se encuentra ante la consideración de la otra. Pero, si hubiere sido aprobado por ambas Cámaras, y todavía no firmado por el Presidente del Cuerpo de origen, porque éste deseare reconsiderarlo, entonces aquél solicita el consentimiento del otro Cuerpo para entrar en la reconsideración.
En caso que la última Cámara que aprobó el proyecto acuerde reconsiderarlo después de haberlo devuelto a la Cámara de origen, entonces aquélla puede solicitar y obtener la devolución. En cambio, el caso es el opuesto cuando un proyecto de ley o resolución conjunta ha sido debidamente firmado en ambas Cámaras. Como la medida pasa a ser cosa única de la Asamblea Legislativa para que una Cámara pueda entrar en la reconsideración de aquélla tiene que solicitar el consentimiento de la otra.
Pero hay más. Aun habiendo sido firmado y remitido al Gobernador, un proyecto de ley puede ser reconsiderado, previa solicitud de una Cámara a la otra, interesando su consentimiento para pedir al Gobernador la devolución del proyecto. MD-2006-6 24
Obtenido tal consentimiento, se envía una comunicación al Gobernador de Puerto Rico urgiendo dicha devolución. Si hasta el momento de recibir la solicitud el Gobernador no ha tomado acción respecto del proyecto, corresponde al Ejecutivo ordenar la devolución, como cuestión de cortesía al Poder Legislativo. (Énfasis nuestro.)
La reconsideración por uno de los cuerpos legislativos
de un proyecto de ley ya aprobado no es un procedimiento
extraño a nuestro esquema constitucional.21 Sabiamente,
nuestros constituyentes previeron para ello. La pregunta a
formularse en esta ocasión y ante el cuadro traído a
nuestra consideración es entonces si se cumplió con el
trámite correspondiente en este caso.
Apliquemos entonces la doctrina antes descrita a los
hechos en controversia en este caso.
V
Iniciamos puntualizando que cada Cámara tiene amplia
facultad para adoptar las reglas que estime propias para
gobernar sus trámites internos; siempre y cuando, claro
está, éstas sean consistentes con el ordenamiento
constitucional. Mason’s Manual of Legislative Procedure
(“Mason’s Manual”), National Conference of State
Legislatures, West Group, Colorado, ed. 2000, sec. 10.3,
La interpretación en este sentido que hace en su obra don 21
Néstor Rigual sobre la reconsideración y a la que hicimos referencia extensamente, es de gran valor persuasivo habida cuenta que la misma es coetánea al momento inmediatamente posterior a la aprobación de la Constitución. Queda expuesta además por quien fuera precisamente en ese momento Secretario de la Cámara de Representantes. La interpretación contemporánea tiene siempre importancia en el ejercicio de la función judicial y es por ello que debemos considerarla. Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 407, 423 (1982). MD-2006-6 25
pág. 19 (“The power of each house of a state legislature to
make its own rules is subordinate to the rules contained in
the constitution.”) Cada Cámara está facultada para
enmendar o suspender en cualquier momento su propio
reglamento, o cualquier disposición del mismo. Mason’s
Manual, sec. 14.
Por lo tanto, nada impedía que la Cámara de
Representantes en la sesión del pasado 27 de junio dejara
sin efecto la Sección 40.1 del Reglamento de la Cámara de
Representantes donde se establecía bajo qué circunstancias
se podía solicitar la reconsideración de una medida ya
aprobada. No le corresponde al Poder Judicial pasar juicio
sobre esa determinación, pues es un asunto interno de cómo
se conducen los procedimientos en dicho cuerpo.
Ahora bien, lo que la Cámara no podía hacer era, sin
tener la previa autorización del Senado de Puerto Rico,
proceder con la reconsideración de la medida aprobada.
Indicamos anteriormente que el proceso de reconsideración
es de raigambre constitucional y que para que el mismo
opere se requiere que la cámara que desee reconsiderar
solicite el consentimiento de la otra cámara. Ausente tal
anuencia, como en efecto nos indicó el Senado de Puerto
Rico en su comparecencia, el procedimiento seguido por la
Cámara de Representantes de reconsideración del Sustitutivo
P. de la C. 2193 ofende la Constitución y como tal se
revela inoficioso. MD-2006-6 26
Siendo ello así y toda vez que no se ha sugerido que
el proceso de aprobación del Sustitutivo P. de la C. 2193,
seguido en la Cámara de Representantes el 21 de junio de
2006 incumplía con los parámetros constitucionales para la
aprobación de un proyecto de ley, es un deber ministerial
del Presidente de la Cámara de Representantes proceder a la
firma del mismo y que el Secretario de dicho cuerpo lo
remita al Gobernador dentro de un término razonable.22
VI
Esencial para nuestra convivencia democrática es el
respeto que una rama de gobierno le debe a la otra.
Respeto, que se traduce en el mutuo reconocimiento y
resguardo de las facultades y prerrogativas de cada cual.
Misión Industrial v. Junta de Planificación, 146 D.P.R. 64
(1998); Banco Popular v. Corte, 63 D.P.R. 66 (1944).
Este Tribunal ha respetado siempre ese equilibrio
constitucional. No hemos vacilado cuando las actuaciones
de una rama irrumpen sobre las facultades intrínsecas de
otra. Así, hemos sido enfáticos al rechazar la intromisión
indebida de la Asamblea Legislativa con el ejercicio de la
Estamos conforme, por varias razones, con el término de 24 22
horas que se ha concedido en esta ocasión para que el señor Presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico firme el proyecto aprobado y el Secretario de dicho cuerpo lo remita al Gobernador. Primero, adviértase que en este caso la legislación propuesta contemplaba que el impuesto sobre la venta que habrían de cobrar los municipios comenzaría a operar el 1ero de julio de 2006. Segundo, ya concluyeron los trabajos de la Asamblea Legislativa al concluir la primera sesión ordinaria. Finalmente, y más importante, la reforma contributiva legislada se revela necesaria para atender serios problemas fiscales y crediticios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, como han reconocido todas las partes. MD-2006-6 27
función judicial. Véase, Misión Industrial v. Junta de
Planificación, ante; Vélez Ruiz v. ELA, 111 D.P.R. 752
(1981); Torres v. Castillo Alicea, 111 D.P.R. 792 (1981);
PR Tabaco Corp. v. Buscaglia, 62 D.P.R. 811 (1944). De la
misma forma que hemos protegido celosamente nuestras
prerrogativas constitucionales, hacemos lo propio respecto
los otros poderes constitucionales.
De ahí que, en Aponte Hernández v. Acevedo Vilá, res.
16 de febrero de 2006, 166 D.P.R. ___, 2006 TSPR 24,
(Rodríguez Rodríguez, Op. disidente), rechazáramos
enfáticamente la actuación del Primer Ejecutivo cuando
redujo unilateralmente el presupuesto de la Asamblea
Legislativa. Consideramos en ese entonces que el proceder
del Gobernador ofendía la Constitución y lesionaba el fino
balance de poderes que la misma establece. Rehusamos
reconocerle al señor Gobernador facultades extraordinarias
no contempladas en la Constitución ni en las leyes, que
avalasen su actuación.
En esta ocasión es uno de los cuerpos legislativos, la
Cámara de Representantes, quien se ha excedido en sus
facultades y ha actuado al margen de la Constitución al
reconsiderar una medida aprobada de forma contraria a lo
provisto en nuestra Ley Suprema. Ofende además a la
Constitución que el Presidente de la Cámara de
Representantes rehúse firmar la pieza aprobada para su
remisión al Primer Ejecutivo. A la luz de los hechos en
este caso, la firma del proyecto aprobado constituye un MD-2006-6 28
deber ministerial al cual no puede rehusarse. Rechazamos
reconocerle a un cuerpo legislativo o su Presidente
facultades que no están contempladas en la Constitución en
perjuicio de los poderes constitucionales del Gobernador
así como del Senado de Puerto Rico y sus Senadores.
Anabelle Rodríguez Rodríguez Juez Asociada
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2006 TSPR 115, Counsel Stack Legal Research, https://law.counselstack.com/opinion/hon-acevedo-vila-y-otros-v-hon-aponte-hernandez-y-otros-prsupreme-2006.